ELPAÍS/Galicia* : El fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo de Galicia, Álvaro García Ortiz, no oculta su perplejidad ante los continuos cambios en la legislación urbanística. En una entrevista concedida ayer a la Cadena SER, consideró que estas normas están sometidas a una mutación constante que dificulta su trabajo diario. García Órtiz reconoció que uno de los problemas a los que se enfrenta es el análisis de la legislación. No obstante, el fiscal admitió que no puede emitir un juicio de valor sobre la actitud del legislador hacia la defensa del medio ambiente, sino que su labor se limita a aplicar la ley. En esta línea, apuntó que cuanta mayor seguridad haya, "mejor para todos".
Álvaro García aseguró que los fiscales son favorables a la seguridad jurídica porque facilita el trabajo en el campo del urbanismo. Asimismo, aclaró que la fiscalía no debe hacer valoración sobre políticas concretas, pero sí sobre actuaciones concretas, cuestión que lleva a cabo en los tribunales.
Como ejemplo, el caso del municipio lucense de Barreiros. La Xunta está equipando una urbanización declarada ilegal, una decisión que García Ortiz califica de paradójica. "Es una paradoja que se da en ocasiones en el derecho urbanístico: desde el punto vista penal se siguen unas actuaciones y desde el punto de vista político esa ilegalidad que la fiscalía persigue no se traduce en la demolición de la obra", indicó. Aun así, precisó que no es la primera vez ni será la última que esto ocurra.
Por otra parte, el fiscal de Medio Ambiente apuntó que, con motivo de la crisis, ha cambiado la tipología de las denuncias que llegan a su departamento. Ahora hay menos delitos urbanísticos y más medioambientales.
* El País - 7.12.10
Foto: Barreiros (Lugo), edificios denunciados - lavozdegalicia.es
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TOMÁS MARTÍNEZ BOIX* : Ha comenzado recientemente uno de los juicios más interesantes. Me refiero al macrojuicio sobre la corrupción en Marbella. Esa apertura del juicio oral en la Audiencia de Málaga, con una sala de juicios en la que todos los bancos quedaban ocupados por acusados, producía atroz desasosiego. Todos, todos los individuos que estaban allí sentados eran gente implicada; una situación vergonzosa que se devoraba a sí misma. ¿Qué sucede cuando un pueblo cae en una corrupción así de generalizada? Vale decir que aquí no solo estaba sentada la clase política -anteriores alcaldes y ediles partidarios de una u otra ideología- sino también técnicos, sobre todo técnicos bien formados en derecho urbanístico. Y uno entre todos, Roca, sobresalía como el abogado urbanista mejor preparado del momento. Además, para dar un toque humano, también cabían folclóricas, tonadilleras y hasta algún futbolista retirado. Leo asombrado que cuando se produjo la moción de censura en el Ayuntamiento Marbellí, desplazando al anterior alcalde, la nueva corporación proclamó como objetivo la redacción de un nuevo Plan General. He aquí la clave del asunto. Nada menos que el ayuntamiento queda acusado por los fiscales, por ser asociación mafiosa montada para delinquir. Y su objetivo resulta curioso: el expolio fraudulento se ejercía desde la redacción de un Plan General.
¡Qué ironía! Hasta ahora el fin de una banda era asaltar un banco o apropiarse del dinero ajeno. Pero ¿redactar un Plan General? No me negarán que este hecho resulta al menos sorprendente.
Ello no tendría mayor interés si no fuera porque libera la punta de un iceberg donde cabe esa extraña situación que relaciona desarrollo urbano y corrupción política. Mal muy grave resulta que se haya convertido en "normal" la relación entre el "boom inmobiliario" y la corrupción. ¿Qué podemos descubrir que no se sepa? En primer lugar son los ayuntamientos las instituciones más fáciles de corromper. Aunque sus órganos de control es decir las administraciones autonómicas tampoco, en algunos sitios, van a la zaga. La falta de control por organismos superiores de los ayuntamientos salta a la vista. El primer elemento indómito viene a ser la capacidad municipal de decidir. Por tanto la "autonomía municipal" en cuestiones urbanas y el reducido control por parte de las autonomías y del gobierno, pueden ser el inicio de la mancha de corrupción. Sobre todo si se ayuda de la interpretación dominante en nuestro mundo jurídico, capaz de otorgar mayor autonomía a las decisiones municipales, reduciendo sin embargo, la tutela de los órganos superiores. Recordemos aquel magnífico discurso de Gil -entonces alcalde- en defensa de las competencias municipales en materia de urbanismo, cuando asumió la Junta Andaluza dichas competencias.
En segundo lugar, otro aspecto característico de muchos ayuntamientos entronca con el control funcionarial. Los funcionarios locales de habilitación nacional, como son el secretario e interventor, quienes desempeñaron tradicionalmente esta labor de control sobre las decisiones municipales, han sido silenciados. Su labor simplemente se ha borrado de las corporaciones, manteniendo vacantes los puestos y contratando interinamente a personal de confianza.
En tercer lugar, cabe aducir la creación de empresas públicas que asumen competencias municipales. Así se levanta un entramado administrativo difícil de fiscalizar por cualquier oposición investigadora. En Marbella el ayuntamiento contaba con unos 1.500 funcionarios y la red de empresas públicas con 2.000 contratados. Esto quiere decir que en la práctica, existían dos ayuntamientos, y los promotores, según sus intenciones sabían a cual de ellos debían acudir. Todo el mundo conocía de antemano que no era la concejalía de urbanismo sino la Gerencia, -ocupada por el abogado Roca- quien tomaba las decisiones benevolentes.
Por último quisiera señalar otra versión de la gestión urbanística que impuso lo extraordinario como normal. Me refiero al recurso de los "convenios con particulares", base del desarrollo urbano de Marbella. Concebidos para flexibilizar la rigidez del planeamiento, se convirtieron en acuerdos de recalificación, legalizados mediante su incorporación al nuevo Plan, o a través de una modificación del mismo. Baste decir que Gil firmó unos 900 convenios de este tipo en sus años de mandato.
Pero acudamos a nuestro momento. El cambio de ciclo económico en nuestro país posibilita por primera vez una discusión sosegada sobre el control de las decisiones municipales en materia de urbanismo. Y además creo que va apareciendo la existencia de una sociedad civil, la cual empieza a valorar la buena administración y a condenar la corrupción. Ello es fundamental.
* INFORMACIÓN - Opinión - 4.12.10
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PÚBLICO* : Un informe de la Oficina Antifraude (ONIF) de Hacienda incorporado al sumario de la Gürtel y que permanecía secreto hasta ahora aporta un dato revelador sobre la potencia de la red corrupta y el carácter simbiótico de su relación con distintas administraciones regidas por el PP. Basándose en la contabilidad interna de la trama y en los documentos hallados en los registros, el informe cifra en 12,3 millones de euros los sobornos pagados entre 1999 y 2007. Buena parte del dinero fue a parar a políticos del PP identificados en el sumario con nombres y apellidos. Pero otra porción tuvo por beneficiarios a personas o entidades "desconocidas". El circuito funcionaba con el esquema clásico: la red recibía comisiones ilegales de quienes buscaban la obtención de un contrato público. Como conseguidores, Correa y los suyos mediaban de manera decisiva. Y destinaban un porcentaje de cada comisión a sobornar a los responsables directos de la adjudicación del contrato o a cargos políticos con capacidad de influencia.
"Para obtener contratos"
Durante el periodo analizado por el informe, los nueve años comprendidos entre 1999 y 2007, la red captó 27 millones de euros en comisiones ilegales. Hacienda avisa de que ese cálculo de ingresos está hecho a la baja, dado que la trama no siempre anotaba las entregas recibidas. Pero, aun tratándose de una estimación conservadora, resulta exorbitante: 27 millones de euros equivalen a 4.500 millones de las antiguas pesetas. Es decir, equivalen al presupuesto anual del ayuntamiento de una localidad próspera con 35.000 habitantes.
El informe no ofrece dudas sobre por qué se pagaban a la red las citadas comisiones: "La razón principal de la realización de las entregas (...) es la obtención de contratos con diversas Administraciones Públicas". Entre los principales pagadores de comisiones, la ONIF cita a directivos de FCC, Teconsa, Sufi y Constructora Hispánica. El informe sugiere que también Isolux pagó. Aunque sus autores carecen de datos concluyentes para afirmarlo de manera tajante, recuerdan los vínculos de esta empresa con el grupo de Correa, especialmente a través de su participación en la sociedad Real Estate Equity Portfolio.
El informe recalca que todas las empresas citadas en el anterior párrafo "han sido adjudicatarias de importantes contratos de obras y prestaciones de servicios con entidades públicas de la Comunidad de Madrid y de Castilla y León".
Fechado el 30 de julio de 2009, cuando la investigación estaba aún en su primera fase, el estudio de Hacienda divide los nueve años analizados en tres trienios: 1999-2001, 2002-2004 y 2005-2007. El periodo más boyante tanto para el grupo de Correa como para sus políticos afines fue, sin duda, el segundo: entre 2002 y 2004, la trama recibió 26 entregas de comisiones que sumaron 14,1 millones de euros, de los cuales repartió entre políticos 7,7 milones. En el primer trienio estudiado por Hacienda, la red captó 4,4 millones en comisiones y distribuyó sobornos por 1,2 millones.
Y entre 2005 y 2007, logró 8,1 millones, de los que destinó 3,2 para premiar a quienes desde el poder orientaban concursos y contratos a dedo en favor de las empresas patrocinadas por la Gürtel. Al desgranar los datos sobre ese último trienio, los expertos de Hacienda hacen una acotación importante: la tabla de ingresos computados por el informe no incluye "entradas en efectivo que pudieran corresponder a ingresos no declarados fiscalmente o gastos ficticios cuyo pago se simula".
Sólo comisiones y cohecho
"Sólo se han incluido prosigue el texto entregas que pudieran corresponder a gestiones de intermediación ante autoridades públicas". En resumen, el estudio ni siquiera aborda todo el dinero negro que manejó la trama sino sólo aquel que captó mediante comisiones ilegales y destinó luego a un doble objetivo: nutrir sus arcas y pagar sobornos.
El informe señala de nuevo como sobornados habituales al grupo de imputados del PP de Madrid: los alcaldes Arturo González Panero, Guillermo Ortega, Ginés Rodríguez y Jesús Sepúlveda; el ex consejero y diputado autonómico Alberto López Viejo y sus compañeros de escaño Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco. Y, también, el ex tesorero del PP Luis Bárcenas, el ex diputado al Congreso Jesús Merino y el ex eurodiputado Gerardo Galeote.
Hacienda destapa un dato ignorado hasta la fecha: que Jesús Sepúlveda, ex alcalde del rico municipio de Pozuelo de Alarcón, habría cobrado "una asignación mensual fija" de la red corrupta "durante un periodo dilatado de tiempo". Sólo en 2002, Sepúlveda recibió por ese sistema 51.000 euros. Durante el primer semestre del año, los pagos ascendieron a 3.000 euros. Los números de la contabilidad oculta de la trama sugieren que Sepúlveda cobró incluso una paga extra de 6.000 euros en julio. Y a partir de ahí, se instaló en los 6.000 euros. Sepúlveda trabaja ahora para el PP desde la sede central de la madrileña calle Génova.
También el ex eurodiputado Gerardo Galeote estaba a sueldo de la red, según los documentos internos utilizados por Hacienda para el informe. A partir de octubre de 2000, cobró cada mes una cantidad fija. Primero recibía 1.500 euros. Luego, y al igual que le ocurrió a Sepúlveda, su sueldo se dobló. Galeote no está imputado. Y también él trabaja en la sede central del PP como asesor de Mariano Rajoy.
El estudio de Hacienda no cuantifica el daño infligido a las administraciones cuyos rectores cometieron cohecho. Cifrar el perjuicio que sufrieron las arcas públicas resulta casi imposible. Pero ese daño existió, dado que aquellos contratos en cuya tramitación medió la red de Correa no se otorgaron a la oferta más favorable para el interés común sino a la de quienes estaban dispuestos a pagar sobornos.
* Público - 5.12.10
Foto: Francisco Correa, presunto jefe de la trama Gürtel', en uno de sus desplazamientos hasta el Tribunal Superior de Madrid. - EFE
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ELCONFIDENCIAL/Almería* : Otro Algarrobico. Aún sin impacto nacional, pero con mucho más graves consecuencias medioambientales. Playa Macenas, en el municipio almeriense de Mojácar, promovido por Med Group, es un macroproyecto de 1.400 viviendas, dos hoteles y dos campos de golf ubicados íntegramente en suelo protegido del LIC de Sierra Cabrera. A pesar de carecer del más mínimo informe medioambiental, uno de los campos de golf ocupa íntegramente la rambla de Macenas, para lo cual se ha transformado su cauce “con más de un millón de metros cúbicos de escombros”, según denuncia a El Confidencial Jaime del Val, presidente de la organización ecologista Salvemos Mojácar y el Levante Almeriense. No acaban aquí las irregularidades de este complejo urbanístico.
El riego de los campos de golf es ilegal (se hace con agua potable). “Aun no existiendo otra fuente en las inmediaciones, el riego con agua potable sería ilegal en cualquier caso, pero teniendo en cuenta que no se usa y que solo sirve a modo de gigantesco cartel publicitario nos encontramos ante un abuso ilegal y obsceno de los recursos hídricos para una población de entre 16.000 y 30.000 habitantes, con el riego intensivo que se hace en los meses de verano”, remarca Del Val.
Las asociaciones ecologistas han presentado una treintena de denuncias en los juzgados ante la Junta de Andalucía pero el Gobierno andaluz incumple sus propios decretos de riego de los campos de golf. En Playa Macenas hay uno de 18 hoyos ya en funcionamiento y el otro aún se encuentra sin construir. “Han tomado zonas comunes y no han respetado para nada el enclave. Cambiaron las carreteras de acceso a las playas y en un área sin servicios, alcantarillado, sin agua y sin luz”, señala a este diario una vecina del entorno.
La crisis de Med Group ha tocado de lleno a este proyecto. Las obras llevan dos años paradas por la crisis. Un grupo de propietarios quieren deshacer sus contratos por incumplimiento de la promotora. El futuro hotel se encuentra en situación muy similar al del Algarrobico, con aproximadamente la mitad del espacio ocupando la servidumbre de protección marítimo terrestre, según la planimetría de la Dirección General de Costas y de acuerdo con la ley de 1988.
Un informe jurídico de Paz Andrés Sáenz de Santa María, catedrática de Derecho Internacional Público de la Universidad de Oviedo, y Abel La Calle Marcos, profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Almería, también critica cómo la no evaluación de impacto ambiental incumple “el deber de difundir y consultar al público el estudio de evaluación de impacto ambiental y los informes institucionales pertinentes, en un plazo razonable a fin de dar al público interesado la posibilidad de expresar su opinión antes de que se conceda la autorización”.
El estudio añade que aunque se ha sometido a información pública el Plan Parcial y el Proyecto de Urbanización de la actuación de Playa Macenas, “el público no ha podido tener acceso al estudio de sus efectos ambientales, alternativas estudiadas y el resto de los aspectos objeto de evaluación ambiental, ni ha podido expresar su opinión sobre ello”.
* El Confidencial - 6.12.10
Foto: Mojácar (Almería), urbanización Macenas - ideal
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PÚBLICO* : El Gobierno de Esperanza Aguirre sabía que Marketing Quality Management (MQM), la empresa que organizaba los actos institucionales de la Comunidad de Madrid (CAM) en 2007 y 2008, era en realidad una pantalla para que la trama Gürtel siguiera operando en Madrid, según se desprende de un informe policial de junio de 2010 incorporado al sumario. El informe concluye que MQM trabajaba para esta comunidad sólo como "sociedad instrumental" para ganar contratos que en realidad acababa asumiendo directamente la trama. Según el documento, era el equipo de confianza de Alberto López Viejo que, tras estallarel escándalo se dio de baja del PP y ahora es diputado del Grupo Mixto en la Asamblea quien "definía las pautas a seguir" en todo el proceso, desde la contratación al cobro.
MQM se quedaba supuestamente con una comisión del 11% a cambio de presentarse a los concursos y emitir facturas, siempre con la supervisión del equipo de López Viejo. En uno de los emails que incluye el informe, de junio de 2007, una trabajadora de MQM dirigía este mensaje a Julia Valladares, su contacto en Presidencia: "Este es el desglose tal y como hablamos en nuestra reunión. Está por contrato todo lo que señalamos y lo demás englobado en facturas no superiores a 12.020 euros. (...) Las seis facturas adicionales adjuntas serán emitidas por MQM a menos que me indiques lo contrario. Recibe un cordial saludo y espero tu respuesta para emitir definitivamente todas las facturas".
La mayoría de estos trabajos tenían la cobertura legal de un contrato marco que MQM ganó el 26 de abril de 2007. Pero este contrato para montaje y desmontaje de los actos institucionales tenía truco, según la documentación que la policía se incautó en la sede de Diseño Asimétrico, una de las marcas de la trama en Madrid: "Si bien el concurso fue adjudicado únicamente a MQM, este fue realizado íntegramente por Diseño Asimétrico, al que se le subcontrata la realización de todas las obras/servicios".
Antes de las elecciones
El 27 de abril, el día después de adjudicarse el contrato a MQM, el responsable de esta empresa suscribía un "contrato privado" con Diseño Asimétrico en el que "el contratista se compromete a encargar al subcontratista todos los servicios/obras objeto del contrato de adjudicación señalado anteriormente".
La adjudicación y el acuerdo inmediatamente posterior se rubricaron justo a las puertas de las elecciones autonómicas de 2007, cuya campañaarrancó el 11 de mayo. El contrato preveía un gasto de 250.000 euros para todo el año, pero entre el arranque de la campaña y el 28 de junio MQM remitió a la consejería de Presidencia de la Comunidad un total de 20 facturas relacionadas con el contrato por un importe de 383.000 euros, según consta en un documento de noviembre de 2008, en el momento de liquidación del contrato, que acabó extendiéndose también a ese año. En sólo dos meses, y coincidiendo con las elecciones, ya se había consumido el 150% de lo firmado para todo el año.
Facturación cruzada
En el informe policial que ahora se conoce al levantarse el secreto de sumario se señala además que MQM y Diseño Asimétrico tenían acuerdos de "facturación cruzada" y que la empresa dirigida por la trama asumía como propia deuda que formalmente era de MQM.
"Hay una serie de actos que aunque la Comunidad de Madrid factura a MQM realmente es Diseño Asimétrico quien finalmente cobra", sostiene la policía. Y añade, en referencia a los archivos incautados durante el registro de la sede de Diseño Asimétrico: "Se relacionan una serie de facturas por servicios prestados a la Comunidad de Madrid por la empresa DiseñoAsimétrico (en relación con MQM) que coinciden con los servicios pendientes de facturar por la empresa MQM a la Comunidad".
Este sistema de "facturación cruzada" y de acceso a contratos del Gobierno de Aguirre a través de empresas pantalla no funcionaba sólo con MQM, sino que incluía a otras firmas, como las del Grupo Rafael.
El informe policial incluye un documento interno de la trama de Correa en el que se detalla cómo ante la dificultad de que MQM emitiera una factura para el acto de entrega de la Medalla de la Comunidad a los príncipes de Asturias, montado por la trama, se pretendía que fueran el Grupo Rafael, Dimo o Impacto quienes emitieran la factura correspondiente.
"Julia [López Valladares, de Presidencia] comentó que MQM sólo puede facturar una inferior a 12.000 euros y el resto otras empresas, y en ello estamos (hay una de Dimo y otra de impacto), pero el resto tiene que ser de Grupo Rafael, ya que nosotros con nuestras empresas también estamos facturando otras que MQM no quiere", escribía un miembro de la trama.
La misma firma de la publicidad fantasma
2,7 millones
Entre 2006 y 2008, MQM obtuvo 2,7 millones de euros de la Comunidad de Madrid. El contrato más importante fue el del Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade), que le reportó 1,25 millones por la campaña publicitaria ‘Made in Madrid’, que nunca se realizó.
Denuncia de Montiel
El contrato de la publicidad fantasma de MQM con el Imade fue descubierto por Reyes Montiel, hasta el mes pasado diputada de IU y hoy próxima a Equo. Montiel llevó el contrato a Anticorrupción, que a su vez lo ha remitido al sumario del ‘caso Gürtel’. La fiscalía ha solicitado la imputación del gerente de MQM.
SWAT SL
El Imade eligió a MQM por sugerencia de Swat SL, empresa que también se coordinaba con la ‘Gürtel’ y que, según documentos aportados al sumario, organizó adjudicaciones en Majadahonda.
* Público - 5.12.10
Foto: La trama montó el acto de entrega de la Medalla de la Comunidad de Madrid a los príncipes de Asturias en 2007. - EFE
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ELPAÍS/Pontevedra* : Por más que el Ayuntamiento de Sanxenxo ha intentado pleitear para evitarlo, el edificio ilegal construido en la Rúa Progreso está condenado al derribo. Una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ratifica una anterior de un juzgado de Pontevedra, y desestima los recursos para intentar salvar el inmueble. Se trata de un edificio de la promotora Construcciones Balboa y Chan, SL, que consiguió una licencia de la gerencia de Urbanismo en 2006 para cambiar otra y que permitía construir un edificio compuesto por dos bloques. El problema es que uno de los inmuebles del complejo carece de salida a un vial y hay que acceder a él por el otro, que da a la calle Progreso. El juez reconoce que este último "podía merecer el otorgamiento de la licencia directa, dado que cumplía las exigencias singulares ahí previstas y tenía la consideración de solar".
Sin embargo, el que no da a ninguna calle, incumple las normas urbanísticas, según explica la sentencia. "El sólo hecho de agrupar físicamente dos parcelas en una sola unidad no determina que se deje sin efecto una ordenanza a favor de la otra", argumenta el magistrado, quien añade que "ya se otorgue una licencia o ya dos, debe cumplirse la normativa urbanística en su conjunto, lo que no sucedió con la licencia que el 14 de junio de 2006 otorgó la Xerencia Municipal de Urbanismo", en referencia al segundo inmueble.
Pero el Ayuntamiento de la localidad costera está empeñado en buscar una solución para legalizar el inmueble. Por eso, plantea hacer un vial que pase entre las dos construcciones y llegue al edificio que no lo tiene. Entiende que así se podría solucionar el problema.
En una nota de prensa remitida el jueves, explica que "dada la firmeza de la sentencia conocida por la Administración local, los propietarios de estos inmuebles y el Ayuntamiento de Sanxenxo buscan la forma de conseguir un acceso alternativo al segundo edificio que posibilite su legalización". El consistorio explica que ambos edificios están situados dentro de suelo urbano consolidado.
La sentencia, sin embargo, no tiene posibilidad de recurso y el magistrado del TSXG condena a las partes vencidas, el Ayuntamiento de Sanxenxo y Construcciones Balboa y Chan a pagar las costas del proceso, que se inició con el recurso que presentaron a la sentencia del 28 de mayo de 2009 dictada por el juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de Pontevedra.
* El país - 4.12.10
Foto: Sanxenxo (Pontevedra) - mma.es
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LEVANTE/Valencia* : El Ayuntamiento de Ontinyent ha empezado a notificar esta semana sanciones que pueden alcanzar los 150.000 euros, a los propietarios de chalés construidos en suelo no urbanizable del término municipal. Los decretos llevan la rúbrica de la alcaldesa de la ciudad, Lina Insa, del PP, y en ellos se informa al propietario del terreno que en base a la nueva Ley Urbanística Valenciana, se le ha iniciado un expediente sancionador por haber construido en una zona donde no estaba permitido por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Por el momento se tiene constancia de la recepción de una decena de notificaciones, aunque desde la asociación de afectados se estima que debido al número de expedientes abiertos en estos últimos años, el número de multas puede alcanzar el centenar. La cuantía total de la multa va en función del valor del inmueble y del espacio de suelo ocupado. Expertos urbanistas consultados advierten de que estas sanciones económicas no anulan las órdenes de derribo decretadas durante los últimos meses por parte del concejal de Urbanismo, Filiberto Tortosa.
Hay que tener en cuenta, señalan las mismas fuentes, que para restituir la legalidad urbanística infringida es necesario demoler las construcciones realizadas y devolver la parcela a su estado inicial (por una lado está la sanción administrativa, que es la demolición, y por otra la económica, la multa. "Es como si te engancha la grúa el coche por aparcar mal: primero pagas la sanción porque ha infringido el código de circulación y luego el coste del enganche", han advertido las mismas fuentes.
Desde la asociación de afectados se ha anunciado su intención de iniciar algún tipo de movilización para exigir al equipo de gobierno de Lina Insa que "cumpla su compromiso" con los propietarios del diseminado, que en el anterior mandato se convirtieron en el principal ariete opositor al gobierno progresista de Ontinyent. Desde el equipo de gobierno actual se insiste en que se están buscando fórmulas legales para evitar derribos y sanciones a las construcciones del diseminado. Por el momento, el ayuntamiento lleva encargados estudios urbanísticos por importe de 1,2 millones de euros. El informe que debería dar respuesta a los chalés ilegales no se conocerá hasta después de las elecciones.
Destinan 400.000 euros para "legalizar" chalés consolidados
El último pleno del Ayuntamiento de Ontinyent aprobó la publicación de los documentos urbanísticos que permitirán ordenar el suelo urbanizable del diseminado. La elaboración de este documento ha costado 400.000 euros y, según el equipo de gobierno, permite iniciar "la legalización" de unas 2.000 viviendas de zonas próximas al casco urbano que están "consolidadas" y sobre las que no pesa ningún expediente sancionador. Según se expuso en el pleno, de los 4,5 millones de metros cuadrados que abarca el estudio, el 75% corresponde a terrenos con viviendas consolidadas y sólo en el resto podría existir alguna edificación expedientada y cuyo proceso administrativo deberá seguir su curso. Los textos elaborados serán sometidos a exposición pública durante 45 días. Los planes parciales establece la parcela mínima en 2.000 metros cuadrados, si bien a partir de 1.000 m2 se considerará legal siempre y cuando las parcelas colindantes estén edificadas". Además, establece una edificabilidad de 300 m2 por cada parcela de 2.000 m y aquellas casas ya consolidadas podrán aumentar su construcción en un 20 por ciento. Por parte de la oposición se ha reclamado esta semana que se convoque la comisión que debe acometer los trabajos para dar una solución a los expedientes en suelo no urbanizable.
* Levante - 5.12.10
Foto: Decenas de chalés de Ontinyent están construidos en terrenos no urbanizables - levante
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ELPAÍS/Ourense* : Alegría y vitalidad. Esas fueron las características que Antonio Palacios quiso que destacaran en la Iglesia de la Veracruz en Carballiño, catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC) por la Consellería de Cultura. Aún así, a pesar de la supuesta protección de la que goza, las obras en su entorno pueden pasar por alto la voluntad del arquitecto. "Palacios buscaba la luz, la alegría y la vitalidad; lo que se pretende hacer no tiene nada que ver con la idea del arquitecto", explica Rafael Otero, profesor de arte de O Carballiño experto en la obra de Palacios. Felipe Senén, experto en Historia del Arte, considera que no se trata de seguir las pautas de Palacios de forma estricta, sino de "buscar un diálogo con la arquitectura monumental y brutalista del arquitecto con nuevos idiomas, sin provocar ni herir su esencia original".
El proyecto en el que recae toda la polémica fue aprobado en la época del bipartito por la Consellería de Medio Ambiente. Según el concejal de Obras Públicas, Manuel Amil, el objetivo era "adecentar" el entorno de la iglesia. Para ello, se convocó un concurso de ideas que ganaron dos arquitectos vigueses: Javier Franco y Vicente Pintos. Consiste en transformar un prado y una plaza que rodean la iglesia en una imitación de un camposanto. Todo ello utilizando placas de hormigón y cerrado por un muro del mismo material. Se pretende hacer referencia a una iglesia tradicional gallega, con el cementerio al lado del templo.
Amil explica que se trata de un proyecto legal, "cuenta con todas las autorizaciones de la Dirección Xeral de Patrimonio". De este modo, considera que el rechazo se debe al carácter innovador de la idea, pero lamenta que la población ha demostrado este rechazo "a destiempo", pues las obras ya comenzaron en enero.
La Plataforma do Entorno da Veracruz es la que emite la mayor parte de las protestas. De ella forman parte algunos expertos en la obra de Palacios. Rafael Otero es uno de ellos. Cuestiona el uso del hormigón en los alrededores del monumento, así como la construcción de un muro que rodee la iglesia. "El uso de este material choca con los materiales usados por Palacios y el muro restringe el acceso y la visibilidad del monumento", cuenta Otero. Felipe Senen, otro de los integrantes de la plataforma, no cree que se tengan que limitar los materiales que se emplean, pero hay que saber utilizarlos con armonía y "para eso están los genios".
La plaza de la iglesia es otro de los elementos que ha causado polémica. Para algunos debería ser inseparable del monumento, de hecho, forma parte del perímetro de protección del bien. Desde el Ayuntamiento insisten en que la obra ha pasado por todos los procedimientos administrativos pertinentes y que el rechazo se debe a cuestiones de gustos, no de legalidad.
Las grietas que han aparecido de un tiempo a esta parte en las paredes del templo también preocupan a la población del pueblo ourensano. Algunos culpan a la empresa encargada de realizar las obras, Misturas Obras e Proxectos, SA, de utilizar maquinaria pesada y dudan de la formación y experiencia de los empleados para trabajar en los alrededores de un monumento de este tipo. EL PAÍS se puso en contacto con miembros de la empresa para recoger su versión, pero no quisieron hacer declaraciones. Convencido de que estas fisuras se deben a las obras, Rafael Otero presentó a título personal una denuncia. "Estoy seguro de que las vibraciones que emite la maquinaria pesada que utilizan no pueden ser absorbidas por las paredes de la iglesia, por eso hay fisuras y grietas", explica.
Tras todas las críticas subyace la idea de que estas obras se deben al simple utilitarismo. Senén explica que el fin de los trabajos es construir un vial al lado del monumento. Senén se remite al tópico de "la cultura no vende" para explicar la situación. Defiende que "la cultura es la marca de identidad frente a la uniformización global, en este sentido, O Carballiño está siendo un ejemplo de lo que no debe ser por la insensibilidad de los poderes públicos".
Por el momento, la plataforma promete seguir reivindicando el respeto por la idea original de Palacios. Tienen previsto concentrarse en el entorno de la iglesia de la Veracruz el próximo miércoles para que tanto las autoridades locales como las autonómicas paren las obras. Continuará.
* El País - 5.12.10
Foto: LAs obras rodean un Bien de Interés Cultural- elpais
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ELPAÍS* : La agenda secreta del 'número dos' de la trama revela que el ex director de Canal 9 se llevó 500.000 euros; El Bigotes, otros 500.000; y un tal "R", 300.000. El último informe policial incorporado al sumario revela que la red Gürtel negoció y amañó la visita del papa Benedicto XVI a Valencia con la cúpula del PP de esa comunidad y, además, concreta qué personas se repartieron la millonaria comisión que generó a la trama corrupta la visita papal. El informe, de 68 páginas, muy exhaustivo, es demoledor: señala cómo los responsables de la red Gürtel, en connivencia con el ex director de la televisión pública valenciana Canal 9, Pedro García -y presumiblemente también con altos cargos del PP y personas vinculadas a la fundación pública que organizó el evento- inflaron al doble el precio de contratación de la instalación de los equipos de imagen y sonorización del viaje del Papa y se repartieron una comisión de tres millones de euros.
La red usó como testaferro de ese amaño a la firma leonesa Teconsa, sin ninguna experiencia y que fue la adjudicataria de la instalación de los equipos de sonido e imagen de la visita que giró Benedicto XVI a Valencia en 2006 para participar en el V Encuentro Mundial de Familias. El informe describe cómo los responsables de la trama se repartieron casi tres millones en comisiones de los 6,4 que libró Canal 9 de sus arcas exclusivamente para el montaje de los citados equipos (el coste total de la visita se acercó a los 14 millones).
Según este informe, basado en análisis de la caja B de las empresas Gürtel y en anotaciones hechas en su agenda secreta por el número dos de la trama, Pablo Crespo, el reparto de los tres millones fue el siguiente: el cabecilla de Gürtel, Francisco Correa, se metió en su bolsillo 1,4 millones, y su lugarteniente, Pablo Crespo, 630.000 euros. Otra suculenta tajada, 500.00 euros, fue a los bolsillos del jefe de la red mafiosa en Valencia, Álvaro Pérez, El Bigotes, a quien el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, llama "amiguito del alma" y le dice que le "quiere un huevo" en dos conversaciones telefónicas que ambos mantienen en la Navidad de 2008. Otros 500.000 euros fueron para Pedro García, ex director general de Canal 9, cargo para el que fue nombrado mediante decreto del presidente Camps en septiembre de 2004 y del que dimitió en agosto de 2009 tras salir a luz en EL PAÍS que la visita del Papa también había caído en las redes de Gürtel. El informe sostiene que además hubo una quinta persona que entró en el reparto de los 3 millones. Responde a la inicial de "R", y se llevó otros 300.000 euros. "R=persona sin identificar=300.000 euros", se recoge en el informe policial.
La empresa testaferro, Teconsa, por prestar su nombre al chanchullo, ingresó otros 200.000 euros del total de 2,8 millones en comisiones que deparó la visita del Papa. Aparte de múltiples indagaciones y cotejo de movimientos de dinero, la policía ha llegado a la conclusión de que éste fue el reparto exacto de las comisiones gracias a un archivo de Excel llamado (VISITA PAPA 1/DOCUMENTOS IMPORTANTES/RESUMEN FINAL.XLS/Hoja CIFRAS". Este archivo fue hallado dentro de un disco de memoria, pen drive, decomisado en un piso de seguridad de la trama sito en el madrileño paseo del General Martínez Campos, 32.
No tardaron mucho los implicados en empezar gastar el dinero de la comisión. Correa invirtió parte de su dinero en obras y reformas de casas que posee en Ibiza y Marbella; El Bigotes destinó 12.000 de sus 500.000 euros en comprar joyas y artículos de regalo (posiblemente para agasajar a políticos del PP con poder de contratación en la Administración valenciana). También destinó parte de ese dinero en regalos de bodas, ayudar a su familia, pago de inmueble y viajes. El ex director de Canal 9, siempre según el citado informe, pudo destinar parte de su 500.000 euros en comprarle a su esposa un Volvo XC90 por importe de 54.475 euros, entre otras adquisiciones.
Pero hay más documentos que certifican el increíble amaño que hizo la red Gürtel con la operativa de la visita del Papa a la ciudad del Turia y que dejan entrever que Correa y sus hombres pudieron embolsarse ese dinero en connivencia o, al menos, con la aquiescencia de altos cargos del Gobierno valenciano. La policía no atribuye a ningún alto cargos delito alguno, si bien en su informe aflora un documento que hasta ahora no se conocía. Una agenda secreta intervenida a Pablo Crespo, número dos de la trama. Esa agenda contiene supuestos contactos previos a la visita papal entre Crespo y dos vicepresidentes del Gobierno de Camps, Víctor Campos (que dejó el cargo en mayo de 2007) y Juan Cotino (en la actualidad, vicepresidente tercero). La agenda secreta de Crespo también refleja contactos entre Crespo y un comisionado de la fundación encargada de organizar la visita del Papa; y entre Crespo y el entonces responsable de Canal 9, Pedro García, que fue el que contrató con la citada fundación, integrada por representantes públicos valencianos, la retransmisión a todo el mundo de la visita y quien subcontrató con la empresa testaferro Teconsa la instalación de los equipos audiovisuales por 6,4 millones de euros (casi tres de ellos, comisiones).
En concreto, la citada agenda recoge anotaciones sobre "reuniones y conversaciones" entre Crespo y "Víctor y Ricardo", en alusión, según la policía, al citado Víctor Campos, y a Ricardo Costa, ex secretario general del PP de Valencia. También alude a contactos con Juan Cotino en relación con la visita papal.
De su puño y letra, Crespo escribe en esa agenda: "Todo indica que en las elec. Victor-Presi Dip. Castellón, Ricardo-Vice o Economía". Igualmente se refiere a El Bigotes, su hombre en los tejemanejes de Valencia. "Álvaro se quiere situar. Con Víctor [se supone que Campos] está imponente"; "muchos actos"; "todo va de puta madre"; "implicar a Ricardo (que vea que esto es un poco suyo)", "Víctor lo tranquiliza con lo del Papa"; "Pedro [García] se preocupa todos los días; Habla con Víctor, con Juan [Cotino]"; "no ha hecho nada en Canal 9"; "viene un aluvión de actos, acciones etc"; "No quiere fallar en nada".
La misma agenda contiene anotaciones, anteriores a la visita del Papa, que ya entonces dan cuenta del "suministro de los equipos de sonido y pantallas" para el acto del Papa y señala contactos de Crespo con "Pedro", "Cotino" y "P. Boada". La policía sostiene que "Pedro" es el antes citado director de Canal 9; que "Cotino" es "Juan Gabriel Cotino Ferrer" y que "P. Boada" es Enrique Pérez Boada, "responsable en 2006 del Instituto Valenciano de Finanzas y Comisionado del Patronato de la Fundación V Encuentro Mundial de Familias".
* El País - 3.12.10
Foto: Valencia, visita Papa 2010 - catalunyapress
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LAOPINIÓN/Málaga -Entrevista* : El ex dirigente de Greenpeace, Juan López de Uralde, visita la provincia para dar a conocer el proyecto Equo, un partido político de inspiración verde. A pesar de su larga trayectoria al frente de Greenpeace, Juan López de Uralde (San Sebastián, 1963), saltó a la fama tras ser detenido en la ya histórica protesta de la Cumbre de Copenhague. La popularidad en España tiene estos caprichos. Su discurso no ha variado, pero ahora tiene un nuevo cauce y un nuevo objetivo: la fundación Equo, un proyecto de partido político que empieza a ganar apoyos en todo el país y que se antoja en una alternativa cimentada en las nociones de igualdad y ecologismo. Una curiosidad: el nombre fue aportado por el poeta Fernando Beltrán, el mismo que bautizó a Opencor y Amena.
Desde que surgió el proyecto han sido muy sonados los apoyos de políticos como el candidato catalán Joan Herrera o, en Málaga, del concejal Antonio Serrano. ¿Con qué efectivos cuentan en la provincia?
El respaldo con el que contamos en Málaga reproduce el esquema de sensibilidades que tenemos a nivel nacional. El proyecto fue impulsado por un grupo de personas de la sociedad civil y a partir de ahí nos hemos encontrado con el apoyo de un grupo muy heterogéneo que incluye a asociaciones de vecinos, gente que procede de los partidos tradicionales, organizaciones como los verdes, progresistas. La idea, que aquí no existe, ya tiene un largo recorrido en partidos ecologistas de Europa, que acumulan, incluso, experiencias en el poder.
¿Cuál será el primer objetivo? ¿Presentarán candidatura a las municipales?
Nuestra primera meta volante serán las elecciones generales de 2012, aunque la agrupación cuenta con proyectos en la misma línea que concurrirán a las autonómicas y a las municipales. Sería muy importante contar con representación institucional. Por ahora estamos en un proceso de construcción muy atractivo, pero hay mucho por decidir, incluso si nos presentaremos con el nombre de la fundación, Equo, o con otro. Tenemos unos principios básicos basados en la ecología y la equidad, pero la gente que se incorpora no se encuentra un proyecto cerrado, sino plenamente abierto a construir algo nuevo
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Supongo que no están muy conformes con la política ambiental de los partidos convencionales...
Esto existe porque los partidos no han sabido responder a este tipo de preocupaciones. Ellos mismos te lo reconocen, existe una gran diferencia entre lo que dicen y lo que hacen en cuestiones que afectan plenamente a la vida y el planeta como el cambio climático. Con la crisis se han dedicado a atacar los síntomas y no la raíz, que es donde tienen cabida propuestas como la que nosotros defendemos, caso del cambio de modelo económico, la introducción de la famosa tasa solidaria a los intercambios financieros o la fiscalidad ecológica.
¿Qué le parece la actitud de las administraciones españolas frente al calentamiento global? ¿Se está haciendo todo lo posible por ponerle coto o se peca de relativismo?
Con el cambio climático ocurre algo muy llamativo, todos están de acuerdo en la gravedad del problema y luego lo dejan fuera de las grandes discusiones políticas. En cuanto al relativismo, el caso más escandaloso es del PP, que tiene muchos miembros que todavía cuestionan si existe o no existe. Es una de las grandes lagunas de este partido, que verdaderamente ahí no está a la altura de su responsabilidad. Esa posición no tiene paralelo en Europa, donde todos los partidos conservadores, incluido el de Merkel y el de Sarkozy, no dudan en señalar la envergadura del problema.
¿Y qué me dice del PSOE?
Es un caso distinto. Su política se define con la frase de la ministra Aguilar, que dijo al acceder al cargo que quería pintar el ministerio de verde. De eso se trata, de pintura, de marketing. Existe, insisto, mucha diferencia entre el discurso del partido y su acción política.
¿Cree que en España hay un nivel suficiente de conciencia ecológica como para que el movimiento adquiera tanta fuerza como en otros lugares de Europa?
El nivel de conciencia ciudadana es similar a Europa, lo que ocurre es que las condiciones de partida con respecto a los dos grandes partidos son de desventaja. La ley electoral no favorece precisamente que haya más opciones. Si hubiera igualdad de condiciones, con el mismo tiempo y espacio en los medios, sería otra cosa, aunque estamos convencidos de que podemos tener éxito. Seguramente no tanto como para alcanzar el 25 por ciento de los votos que obtienen los partidos verdes europeos, pero sí buenos resultados.
¿No le preocupa que el ecologismo se perciba en el país como una cuestión políticamente complementaria?
El ecologismo se ha pretendido ver durante mucho tiempo como una defensa de las especies y de los espacios, pero es una respuesta a muchos problemas de la realidad, algunos tan prioritarios como el de la energía. La política tradicional está encallada en ideologías del siglo XIX o todavía más antiguas, como el conservadurismo. El ecologismo sí es una política de este milenio, aunque, al ser nueva, puede que le cueste entenderse. Al fin y al cabo, Pablo Iglesias también tardó treinta años en llegar al Parlamento. Lo bueno es que procedemos de la sociedad civil, que no somos políticos y respondemos a la necesidad de recuperar la política por parte de la ciudadanía.
¿Por qué decidió dejar Greenpeace y acceder a la política?
Llevaba diez años en la dirección de la asociación y creo que es bueno que en las organizaciones sociales, al igual que en la política, haya renovación. Es una nueva etapa para seguir luchando desde el compromiso ambiental.
¿Qué pasó con la causa abierta por la acción de la cumbre de Copenhague?
El caso está pendiente de juicio. Realmente tuvo una repercusión que no esperábamos, pero, sin duda, se la dio la represión desmesurada del Gobierno danés, que fue contraproducente para sus intereses.
* La Opinión Málaga - 3.12.10
Foto: Equo, logo - equo
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PÚBLICO* : Luis Bárcenas, que fue gerente o tesorero del Partido Popular (PP) durante casi 20 años, hasta que se vio obligado a dimitir en abril de 2010 por su implicación en el caso Gürtel, gestiona dinero en Suiza, según un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) del pasado marzo e incorporado en el sumario. El levantamiento casi en su totalidad del secreto del sumario puso ayer de manifiesto la presunta implicación de varios dirigentes del PP además de Bárcenas, Jesús Merino, Jesús Sepúlveda y Gerardo Galeote, no sólo en el supuesto cobro de comisiones, sino directamente en el núcleo duro de la trama.
El informe de la Udef apunta que es posible "inferir" que Bárcenas "es titular de una/s posiciones bancarias en una entidad financiera suiza cuyos fondos se nutren de las operaciones realizadas en España procedentes de las entregas que recibe de la organización de Francisco Correa por su participación en operaciones de adjudicación directa de contratos públicos, si bien es factible que exista una combinación con otros sistemas de blanqueo".
El informe no precisa ni la cuantía ni el número de cuentas, a la espera de la comisión rogatoria, pero recalca que también "dispone de un gestor financiero, ubicado en Suiza, de su confianza que realiza las operaciones". Pero registra que en febrero de 2010, siendo todavía formalmente tesorero del PP en julio de 2009 había dimitido de forma "transitoria" y su dimisión efectiva no fue hasta abril de 2010 solicitó la emisión por parte de una entidad financiera suiza de un medio de pago electrónico con un límite mensual de 25.000 euros.
La emisión de dicha tarjeta le fue denegada precisamente por encontrarse imputado y la entidad financiera informó a la autoridad para la prevención de blanqueo de capitales. La mera petición, subraya la Udef, "precisa la acreditación de una solvencia en términos de disposición de unos fondos en la cuenta, con un saldo suficiente como para soportar cargos de elevado importe".
El informe recalca que Bárcenas participó en un proyecto inmobiliario de Correa en Majadahonda (Madrid), a través de un sistema de "préstamo participativo" por valor de 150.000 euros: "A través de dicha inversión [Bárcenas] hace aflorar patrimonio oculto y enmascara de esta forma su real participación en el proyecto a través de esta compañía".
Otro informe de la policía, fechado el 30 de julio de 2010, va incluso más allá: considera que Bárcenas, junto con otros tres ex miembros de la ejecutiva del PP Merino, Galeote y Sepúlveda no sólo hacían supuestamente trabajos para la trama, sino que formarían parte de ella al máximo nivel. En aquel momento, Bárcenas, Merino y Sepúlveda eran además socios de Astrolago de Inversiones, que no registró actividad y que se disolvió tras el estallido del caso Gürtel.
"El objetivo no era sólo obtener un beneficio vía comisión por las gestiones realizadas para la adjudicación de los proyectos, sino participar también en el propio proyecto económico mediante una participación en el capital de la sociedad que lo iba a desarrollar con el fin de obtener un lucro a través de los beneficios repartidos por la misma", subraya el informe policial, que analiza esta red de influencias a lo largo de 150 páginas.
Y añade: "La fórmula empleada para el pago de las comisiones era mediante la simulación de operaciones comerciales ficticias".
Spinaker, el instrumento
Según este informe, estos cuatro ex dirigentes del PP operaban, junto con Correa y Pablo Crespo, número tres de la trama, a través de la sociedad Spinaker 2000 SL, convertida en un auténtico lobby de presión a la caza de subvenciones, adjudicaciones públicas y todo tipo de actividades para influir en políticos con responsabilidad en el Gobierno y carné del PP. El documento aporta actas de juntas informales de esta sociedad, incautadas en el domicilio de Pablo Crespo, en el que se analizan con detalle todas las operaciones en marcha y los socios se comprometen a hacer todo lo necesario para que lleguen a buen puerto. También incluyen las comisiones a repartir .
Entre otras operaciones, se destacan acciones en favor de la multinacional Ros Roca en al menos seis comunidades autónomas, la presión para acceder a créditos FAD de ayuda a la internacionalización de la empresa para supuestamente fomentar el desarrollo en países pobres y el control sobre las campañas electorales del PP en 2003 y 2004.
* Público - 4.12.10
Foto: Bárcenas, en la reunión de la Interparlamentaria del PP celebrada en Sevilla el 16 de abril de 2009, cuando él era aún tesorero del partido - publico
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SUR/Málaga* : El cerco se amplía. El 'caso Arcos', en el que se investiga una supuesta trama de corrupción en torno al Ayuntamiento de Alcaucín, suma una nueva imputación. La concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Torremolinos, María Isabel Llamas, ha declarado por los presuntos delitos de tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios, según confirmaron a este periódico fuentes cercanas al caso. La jueza que instruye la causa -la titular del Juzgado nº3 de Vélez-Málaga, Irene Urbón- tomó declaración a primeros de noviembre a la edil, que es hija, hermana y cuñada de otros tres imputados en el 'caso Arcos', por el que en febrero de 2009 fueron detenidos el ex alcalde de Alcaucín, José Manuel Martín Alba, y un jefe de servicio de la Diputación, José Francisco Mora.
Los hechos que han motivado la imputación de la concejala -que ya declaró en 2009 en calidad de testigo- están relacionados con una operación urbanística realizada durante su etapa como asesora del consistorio axárquico y que generó una importante plusvalía. Según la investigación, el nombre de María Isabel Llamas habría aparecido en un contrato de compraventa de una parcela de unos 6.500 metros cuadrados situada en suelo rústico.
La actual concejala del Ayuntamiento torremolinense aparecería en un documento privado fechado en junio de 2004 como titular de un 25% de la finca. El resto estaba, según los papeles, en manos de otros dos socios. La parcela fue vendida dos años después y, al parecer, generó una plusvalía total de unos 500.000 euros, a tenor del contrato, que se elevó a público el 16 de marzo de 2006. Curiosamente, el anterior documento de compraventa, en el que figuraría Llamas, fue anulado días antes de fraguarse esta operación.
Sobre esa finca, que estaba en suelo rústico, existía una expectativa de negocio por parte de los compradores, que proyectaban construir unas 200 viviendas. Sin embargo, la parcela no se convirtió en urbanizable.
María Isabel Llamas negó los hechos ante la juez y explicó que nada tenía que ver con la operación. Matizó que si su nombre aparecía en la misma tenía que ver con su familia, en concreto su padre que es promotor inmobiliario, extremo éste que corroboró su progenitor, según las fuentes. SUR intentó ayer sin éxito recoger la versión de María Isabel Llamas. El Consistorio de Torremolinos rehusó hacer valoración alguna del asunto; un portavoz municipal se limitó a comentar: «El Ayuntamiento se muestra absolutamente respetuoso con este proceso judicial y actuará en función de cómo se vayan sucediendo los acontecimientos».
En el 'caso Arcos' han sido también imputadas otras dos personas, que actuarían, presuntamente, como testaferros del ex alcalde José Manuel Martín Alba en supuestas operaciones de compraventa de fincas. La Guardia Civil registró sus domicilios en Málaga capital y Alhama de Granada, respectivamente, donde se incautó de abundante documentación que está siendo analizada.
Otro fleco del caso que está siendo objeto de investigación tiene que ver con una supuesta operación de permuta, en la construcción de un hotel junto al mercado municipal de la localidad. Este último fue trasladado al local de un particular.
* SUR - 4.12.10
Foto: La 'operación Arcos' contra la corrupción urbanística en Alcaucín se desplegó en febrero de 2009. :: EFE
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LEVANTE* : Las dos empresas que se encargaban de la gestión de los lodos de la depuradora de Pinedo y que ahora están denunciadas en el juzgado justificaron facturas de vertidos de fangos en parcelas que no existían, según concluye un informe encargado por la propia Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) tras el estallido del escándalo en la gestión de Emarsa. El informe, que que está fechado el pasado 26 de noviembre, revela que Notec SL y Printergreen cobraban a la depuradora por verter lodos en campos en los que nuca se se depositó nada, según los propietarios de los terrenos entrevistados por los técnicos de la entidad metropolitana. El presunto fraude podría ser de miles de toneladas solo entre enero y junio de 2010, plazo de tiempo sobre el que se ha investigado.
Los técnicos de Emarsa tomaron como referencia el listado de parcelas donde supuestamente Pintergreen y Notec SL habían depositado los lodos procedentes de Emarsa y por los que cobraban. En uno de los campos, en Camporrobles, Printergreen tenía facturados el vertido de 355,57 toneladas. Tras entrevistar a su propietario, éste aseguró que "nunca han puesto lodos en sus campos". Además, en el cuestionario, se le mostraron nombres de supuestos propietarios de terrenos en su pueblo y "no reconocía ninguno de los nombres".
En otra de las entrevistas realizada por los técnicos, esta vez en una parcela de Requena, el propietario asegura que en 2010 se habían vertido en los meses de enero, febrero y mitad de marzo. Desde esa fecha está prohibido por una ordenanza municipal. En este caso, Printergreen asegura haber vertido lodos en abril y junio, algo imposible porque está prohibido y además porque el propio propietario lo niega. En estas parcelas la firma radicada en Barcelona facturó 3.514 toneladas de fangos de la depuradora. Por su parte, Notec facturó en el mes de marzo, un total 1.427 toneladas.
Printergreen, según el PSPV una empresa fantasma, y Notec SL, una firma de venta de coches, están denunciadas por la Emshi tras el informe para liquidación de la auditora que ya revelaba irregularidades de este tipo. Entre las dos han facturado más de 3 millones de euros en los años años en que trabajarán para Emarsa. Según fuentes de la entidad metropolitana esta investigación de los técnicos de la Emshi será incorporada a la denuncia. Por su parte, Notec pide una indemnización de 24 millones de euros por la rescisión del contrato "blindado" que tenía con Emarsa para el tratamiento de lodos.
Los lodos no se secan
Pero al parecer, las supuestas irregularidades en la facturación de los lodos no han sido las únicas detectadas en este informe de la Emshi. Según los testimonios recogidos por los técnicos, los lodos no pasarían por el proceso obligatorio de secado con el peligro que eso supone para el medio ambiente. En la mayoría de casos, la empresa que cobraba más de 50 euros por tonelada en la gestión no escampaba los lodos por el campo y era el propio agricultor el que lo debía hacer.
En estos momentos, la gestión de los fangos de la depuradora de Pinedo la realiza una UTE capitaneada por Aguas de Valencia. Eso sí, el transporte se contrata a través de Emarsa directamente y ha recaído en 2010 en Hispavás, la empresa de José Alcácer García, un concejal del PP de Albuixech. En lo que llevamos de año ha facturado 321.086 euros. Según el PSPV, su mujer, Francisca Ruiz, quien según el registro mercantil está dada de alta como autónoma transportista, habría facturado a la depuradora de Pinedo hasta 2.668.511 euros desde 2004.
Pero pese a la rescisión del contrato con las dos empresas denunciadas, la UTE que actualmente gestiona los lodos de la depuradora tampoco realiza en su totalidad el proceso de secado de los lodos que gestiona, según ha podido saber Levante-EMV y comprobar "in situ" tras un seguimiento. Campos de Requena, la Font de la Figuera y Moixent son los que están recibiendo ahora los fangos de Emarsa.
Los tres denunciados, desaparecidos o de baja
Tres de los cinco denunciados por el agujero de Emarsa se encuentran en paradero desconocido o de baja laboral. Así, el que fuera gerente de la empresa que gestiona la depuradora, Esteban Cuesta, hace días que ya no coge el teléfono. Ni muchos de sus más allegados pueden contactar con él. Por su parte, Enrique Arnal, el director financiero, ha enviado a la depuradora un parte de baja laboral por depresión. El tercero de los denunciados, Sebastián García Martínez, quien tenía el contrato de mantenimiento informático por el que cobró cantidades elevadísimas, nada más estallar el asunto se marcho de viaje a China. Fuentes conocedoras del caso afirman que ya ha llegado. s. pitarch valencia
* Levante - 3.12.10
Fotos: Valencia, depuradora Pinedo - levante
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ELPAÍS* : El cabecilla de la red Gürtel, Francisco Correa, abrió en la sucursal que posee Bancaja en Miami (EE UU) ocho cuentas a nombre de sociedades constituidas en las islas Vírgenes Británicas, y en ellas ingresó, entre los años 2001 y 2004, casi dos millones de euros que desvió a una sociedad dedicada a construir viviendas de lujo, según consta en el tercer bloque de diligencias del caso Gürtel que ayer fue entregado por el juez Antonio Pedreira a los abogados de los implicados. El juez Pedreira busca en Miami los inmuebles a nombre de la trama, algunos ya han sido localizados y están bloqueados. En EE UU el juez busca asimismo otros 30 millones de euros que Correa entregó supuestamente al broker y gestor de inversiones Randall Carusso. Estos 30 millones los tiene ahora guardados Carusso, supuestamente, en un banco de inversiones radicad en Nueva Cork y llamado Morgan Stanley Smith Barney.
Merced a la comisión rogatoria enviada a EE UU por Pedreira, ha prestado declaración Guillermo Martínez Lluch en nombre de Bancaja. Martínez LLuch asegura que Correa primero abrió una cuenta a nombre de Hilgart en 2001 en Miami y luego otras seis más. Según Lluch, Correa gozaba entonces en el sector bancario de Miami de una gran reputación y era conocido por sus empresas de mercadotecnia. Entre febrero y junio de 2005 abrió las otras seis cuentas a nombre de seis sociedades diferentes, todas ellas pertenecientes directamente o indirectamente a Hilgart.
En 2008, coincidiendo con el inicio de la investigación de Gürtel por parte de la policía, acabó de cerrar todas las cuentas en Bancaja. Y lo poco que quedaba de dinero ya entonces, unos 250.000 euros, los transfirió a una cuenta de Panamá. Según Martínez Lluch, la principal actividad de la cuenta de Hilgart en Bancaja fueron operaciones inmobiliarias en tres proyectos distintos, todos ellos dirigidos por la firma Fortune Internacional, una sociedad de amplia experiencia en el sector inmobiliario de Miami que capta dinero de inversiones para construir apartamentos de lujo. Lluch asegura que en 2001 Hilgart recibió transferencias por importe de 1,7 millones, parte de los cuales los desvió Correa a Fortune Inversiones para la compra de apartamentos.
En el sumario constan viajes de Correa y otros implicados en Gürtel a Miami, entre ellos el ex alcalde de Boadilla del Monte (Madrid), Arturo González Panero, el Albondiguilla. Un ex concejal de Boadilla que ha actuado como testigo en el caso Gürtel tiene declarado ante Pedreira que él les acompañó en un viaje a EE UU y que uno de ellos comentó que habían comprado casas allí. Precisamente, el Albondiguilla está siendo investigado también en Marruecos, entre otros países, según el sumario. El juez Pedreira ha enviado a Marruecos una comisión rogatoria para que se le informe si González Panero dispone de un apartamento en Tetuán.
* El País - 3.12.10
Foto: Caso Gürtel, interrogatorio TSJ Madrid 2009 - laverdad.es
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ELPAÍS/Madrid* : La Fiscalía Anticorrupción investiga la adjudicación del pabellón de deportes El Plantío de Coslada en 2006 por la anterior corporación municipal, encabezada entonces por el ex alcalde del PP Raúl López. La concesión investigada contó con un presupuesto inicial de 27,8 millones, que se elevó posteriormente hasta los 33 millones. La oferta ganadora era la quinta según la cuantía, más de cinco millones de euros por debajo de la mejor clasificada. El concurso para la construcción del pabellón de Coslada que investiga la Fiscalía Anticorrupción se resolvió gracias a que la sociedad ganadora prometió acabar la obra en 64 semanas, un periodo muy por debajo del previsto por el resto de empresas. Al final la obra se demoró más de año y medio respecto a lo previsto, pese a que la sociedad que se adjudicó este contrato se había comprometido a finalizar los trabajos 30 semanas antes que lo previsto por otras empresas.
El criterio temporal hizo posible que la unión temporal de empresas encabezada por Constructora Hispánica se hiciera con esta jugosa adjudicación. El propietario de Hispánica era entonces el empresario Alfonso García Pozuelo, imputado en el Gürtel como presunto autor de sobornos millonarios a numerosos políticos del PP. Recientemente García Pozuelo ha ingresado 20 millones de euros en la Agencia Tributaria, al mismo tiempo que ha decidido colaborar con la investigación del caso Gürtel.
Para esclarecer la adjudicación del pabellón, el Ministerio Público ha enviado varios requerimientos al Consistorio solicitando información sobre este polémico expediente que se adjudicó por la vía de urgencia. El PP, con el apoyo del Partido Independiente de Coslada (PIC), otorgó esta jugosa obra a la quinta mejor oferta de las seis presentadas, y por un precio inferior (27,8 millones) al previsto en la licitación, que era de casi 37 millones.
El primer requerimiento de Anticorrupción se envió en noviembre de 2009, y en él la fiscalía solicita numerosa documentación del expediente del pabellón de El Plantío. En este sentido, tanto el ex alcalde del PP, Raúl López, como el concejal de los independientes, José Huélamo, negaron haber sido citados a declarar por este caso.
Entre la documentación que obra en poder de la fiscalía se encuentra el acta de la reunión de la mesa de contratación celebrada para adjudicar el pabellón, la principal obra de Coslada en la anterior legislatura. Este documento demuestra que en la reunión celebrada el 27 de noviembre de 2006 el presidente de la mesa de contratación del Consistorio en su condición de concejal de Hacienda, el independiente José Huélamo, defendió la decisión del Consistorio pese a que era la quinta mejor oferta económica: "Está claro que no es una subasta y no tiene que otorgarse a la más económica". Sin embargo, Huélamo destacó en su intervención en la mesa de contratación que el Ayuntamiento había previsto que la obra se finalizara en 24 meses, mientras que la empresa ganadora se comprometía a hacer el pabellón en 16 meses. Este punto del expediente le otorgó a Hispánica 10 puntos más, algo que fue determinante en el concurso. Según el concejal, fue una estrategia de la empresa para obtener la mayor puntuación en este apartado. "Saben que en la práctica luego no pasa nada porque tarden más en ejecutarlas. Por eso debemos limitar el plazo mínimo para que las ofertas fuesen coherentes con lo establecido en el proyecto y los pliegos".
El arquitecto municipal aseguró, según el acta al que ha tenido acceso EL PAÍS, que la reducción en plazo de la ejecución que presentan las empresas "está justificada" en las propuestas técnicas, y que en esta obra la puntuación que se otorgaba al plazo de ejecución era "muy poca" en relación con otras obras municipales.
No obstante, el edil Huélamo se lamentó de que los pliegos que regían la adjudicación favorecían a las grandes empresas: "Que no dicen la verdad en cuanto a los plazos de ejecución, medios materiales y medios técnicos. Aunque te los justifican, porque saben que luego no se suele comprobar ni exigir responsabilidades". Para evitar esta situación, Huélamo abogó por poner unos techos máximos más realistas en cada una de las puntuaciones establecidas en los pliegos de condiciones, como por ejemplo en los plazos.
La declaración del concejal independiente provocó que el interventor municipal explicara la necesidad de "vigilar" las obras y comprobar que realmente los técnicos adscritos sean los que se incluyen en la oferta. Pero el concejal del partido independiente volvió a pedir la palabra asegurando que la diferencia entre la mejor y la peor oferta económica era de alrededor de tres millones de euros: "Con ese dinero se podían haber realizado multitud de mejoras".
* El País - 3.12.10
Foto: Coslada (Madrid), ayuntamiento - diariodelhenares.com
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IDEAL* : La Fiscalía ha mantenido la petición de pena de once años de inhabilitación para el ex diputado nacional del PP José Luis del Ojo por un delito continuado de prevaricación por la supuesta contratación irregular de obras como concejal de Urbanismo en Ogíjares. El juicio, que ha quedado visto para sentencia en la Audiencia Provincial de Granada, ha evaluado los presuntos hechos delictivos cometidos a partir de julio de 2005 cuando Del Ojo, aprovechando que era alcalde en funciones, habría encargado una serie de obras divididas como menores en el pueblo, así como la adjudicación a UCOP de la Casa de la Cultura. En los trabajos en calles y dependencias municipales de Ogíjares adjudicadas a García Mejías como obras menores, el fiscal ha destacado, tras elevar a definitivas sus conclusiones, que se eludieron los requisitos de contratación pues Del Ojo "reconoció que se entregaban verbalmente".
"Todos han aducido que no había contrato", incluido el imputado, ha destacado el representante del Ministerio Público.
Respecto de la construcción de la Casa de la Cultura por UCOP, ha recordado los testimonios que indicaron que el ex diputado "hacía y deshacía" y que, pese a lo que él manifestó, no era enemigo del responsable de esta empresa: Eran "enemigos solo políticos", ha aseverado el fiscal.
El abogado de la defensa ha pedido al presidente de la sala que examine, por si pudiera existir "falso testimonio en causa criminal", algunas de las declaraciones de los testigos que han pasado estos días por la Sección Primera de la Audiencia Provincial, quienes se han contradicho, según el letrado, con los hechos.
Certificaciones
En su opinión, sí hubo certificaciones, presupuestos y facturas de las obras, todas ellas "con las firmas del secretario, la interventora y el alcalde" de entonces.
La acusación particular, que ha mantenido su petición de 18 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, ha incidido en que "quedó claro" que el ex concejal "manejaba la ley".
"En seis años da tiempo a aprenderse el procedimiento de arriba abajo", ha respondido la defensa, que ha recordado que el acusado es médico.
Haciendo uso del derecho a una última intervención, y dejando al lado unas cuartillas que tenía escritas, el acusado ha lamentado "profundamente" el dinero perdido por la justicia en este proceso y ha señalado que "aquí ha quedado patente que no se busca la verdad", sino su "inhabilitación como político".
Antes de la lectura de los informes definitivos han declarado varios testigos que han trabajado en el Ayuntamiento o en alguna de estas empresas, así como un perito aportado por la acusación particular, que ha explicado las consideraciones a tener en cuenta para que una obra pueda ser fraccionada o no en otras menores.
* Ideal - EFE - 2.12.10
Foto: Ogíjares (Granada) - andalucia.org
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CLARÍN/BuenosAires* : El sistema de protección para los edificios con valor patrimonial que rige en la Ciudad de Buenos Aires es el centro de cada vez más cuestionamientos . El tema volvió a ser noticia cuando se supo que el Gobierno porteño había autorizado la demolición de La Cuadra, un antiguo stud de estilo francés contiguo a La Imprenta, en Palermo, para que se construya un edificio de 14 pisos. En la Ciudad rige, al menos hasta fin de año, una ley que establece que, cuando se pretende demoler un edificio anterior a 1941, el pedido debe ser examinado por un Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP). Ese organismo, integrado por instituciones públicas y privadas, dictamina si debe autorizarse o no la demolición.
Sin embargo, el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU) se retiró de la CAAP “a raíz de nuestras objeciones a las normas con que el Gobierno de la Ciudad procura preservar inmuebles con valor patrimonial”.
Margarita Charriere, miembro del CPAU dijo a Clarín: “Estamos en desacuerdo porque no necesariamente lo viejo es bueno. El sistema debe preservar, pero lo que hace es destruir . Hay 140.000 parcelas en Buenos Aires que tienen edificios anteriores a 1941. En medio de semejante volumen, puede pasarte un elefante por adelante y no lo ves. Así, pasaron de largo La Cuadra y La Imprenta, que tal vez no tengan valor arquitectónico original, pero sí lo tienen en términos de lo que significan para la identidad del barrio ”.
El CPAU es crítico de la catalogación, que prohíbe demoler 140.000 edificios en la Ciudad. “Hay que rehabilitar, no catalogar . Si no hay políticas públicas para impulsar el reciclado de edificios antiguos con valor arquitectónico, se terminan derrumbando solos”, dijo Charriere.
La que sí permanece en el CAAP es la Sociedad Central de Arquitectos, cuyo presidente Daniel Silberfaden, la defendió, sin excesivo entusiasmo, al calificarla como “la única opción de un organismo reconocido oficialmente para discutir la protección del patrimonio arquitectónico de la Ciudad”. Silberfaden, de todas maneras, recordó que la CAAP no “analiza el valor histórico de un inmueble y por eso no se objetó la demolición de La Cuadra y La Imprenta, que han sufrido tantas modificaciones a lo largo de los años y ya prácticamente no tienen vestigios de su arquitectura original”.
La ley que protege los edificios anteriores a 1941 vence el 31 de diciembre. Ayer se esperaba que la Legislatura tratara su prórroga por dos años más, pero finalmente se levantó la sesión. “No se trata de oponer a una demolición indiscriminada una conservación igualmente indiscriminada sino más bien dar con estos dos años de extensión el tiempo de evaluar puntualmente el significado patrimonial de un edificio para decidir si su conservación es valiosa para la Ciudad”, dijo el diputado Martín Hourest (Igualdad Social) que impulsa la prórroga.
El subsecretario de Planeamiento Urbano del Gobierno de la Ciudad, Héctor Lostri, explicó anoche a este diario que “en caso de que termine el año y la Legislatura no vote la prórroga, en el Ejecutivo vamos a encontrar un mecanismo para que el sistema de protección continúe”.
Lostri defendió las normas vigentes: “En la Ciudad de Buenos Aires nunca estuvieron tan bien protegidos los edificios. Hoy tenemos 140.000 y teníamos 1.200 en 2007”.
* Clarín - 3.12.10
Foto: Buenos Aires, edificio en venta para demolición - EFE
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ELPAÍS/Vizcaya* : La alcaldesa de Zamudio, la peneuvista Sorkunde Aiarza, no podrá presentarse a las elecciones municipales del próximo mes de mayo, en las que su partido ya había decidido que optase a la reelección. La Audiencia de Vizcaya ha ratificado en su integridad el fallo dictado el 31 de mayo pasado por un juzgado de Bilbao, que le condenó a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación (adoptar una decisión injusta a sabiendas). Aiarza estaba acusada de "múltiples irregularidades" al ordenar el derribo de una obra de un vecino. La inhabilitación se refiere a cargos públicos en "corporaciones locales u otro análogo", lo que afectaría también a las Juntas Generales de Vizcaya. El PNV le había incluido también en su plancha electoral foral.
La sentencia de la Audiencia, fechada el pasado lunes y contra la que ya no cabe recurso ordinario, concluye que la regidora actuó "a sabiendas de su manifiesta ilegalidad" y de "forma arbitraria".
El caso se remonta a octubre de 2006, cuando el dueño de una finca de Zamudio pidió una licencia municipal para unas obras de delimitación de sus terrenos. Ante la falta de respuesta municipal y amparándose en el silencio administrativo positivo, acometió los trabajos en mayo de 2007. Nada más ejecutarlos, Aiarza ordenó por decreto que los retirara en cinco días. Sin transcurrir ese periodo, convocó una comisión y acordó la demolición, pese a que había sido advertida tanto por una funcionaria como por la Ertzaintza de que el afectado había interpuesto una denuncia en el juzgado.
La Audiencia explica que, entre otras infracciones, figura el derribo sin contar con informes jurídicos y técnicos, así como hacer caso omiso de dicha denuncia. "Era su última oportunidad para reflexionar", apunta el tribunal, pero Aiarza la "despreció". "Lo razonable era esperar a la decisión del juzgado", añade. El fallo le condena también a indemnizar al vecino con 2.000 euros y rechaza los argumentos de la defensa de que se ocupaba suelo público, porque, en ese caso, el consistorio no habría exigido "la regulización de la falta de licencia".
La Audiencia también desestima que se trate de un asunto menor, ya que el vecino "tiene derecho a demandar que la actuación se ajuste a la legalidad vigente".
* El País - 3.12.10
Foto: Zamudio (Vizcaya) - urbitur
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LAOPINIÓN/Marbella* : Dos jueces de lo Penal de Málaga, concretamente de los juzgados 9 y 4, se han opuesto a la extinción de varias causas por delitos contra la ordenación del territorio por las que ya ha sido condenado el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz, cuyos asuntos pendientes en este terreno superan el centenar.
En abril de 2008, la Fiscalía y los ex ediles implicados en temas de este tipo llegaron a un acuerdo, de forma que éstos reconocían la autoría de los hechos y entraban en prisión según los casos pendientes: seis, nueve o doce meses. Al tener muchos de ellos más de tres procedimientos por prevaricación, se aplicó la figura de la acumulación, de forma que el castigo a aplicar sería el triple de la pena mayor. Por tanto, el periodo de cárcel establecido, según el número de casos por edil, fue el siguiente: 18, 27 o 36 meses de prisión.
Éste fue el tiempo que el ex regidor marbellí estuvo entre rejas: desde julio de 2006 a octubre de 2008, mientras que el pico restante, ya con el tercer grado, sólo durmió en el Centro de Inserción Social (CIS).
Por tanto, el otrora mano derecha de Jesús Gil se había quitado así, de un plumazo, alrededor de cien procesos, la mayoría de ellos por dar licencias a edificaciones ilegales en Marbella, una pesada carga que arrastra aún hoy la ciudad. El pacto recibió muchas críticas, pese a que era perfectamente legal: la acumulación se da en todo tipo de procesos penales, desde los robos a los asesinatos. Y la administración de Justicia se ahorró efectuar cerca de 100 juicios.
Pero la salida de la cárcel de Julián Muñoz se debe sobre todo a una argucia legal de su abogada, Diana Hinojosa, quien, aplicando una novedosa interpretación del artículo 76 del Código Penal, logró que un juzgado accediera a la acumulación de dieciocho de esas causas. «Eso motivó que saliera del centro penitenciario de forma inmediata», explican fuentes judiciales.
Consecuencias
Pero nadie previó que los procesos iban a seguir bajando, dado que los jueces debían dictar sentencias sobre ellos con la conformidad de los encausados. Eso ha ocurrido e Hinojosa trató, según las fuentes, de que los magistrados declararan, una por una, la extinción de las mismas. Si no se podría dar el caso –extremo y poco probable, sin duda– de que tuviera que entrar en la cárcel para pagar por algo que ya ha sido castigado.
El Juzgado de lo Penal número 1 de Málaga declaró extinguidas varias de esas causas, pero ahora, al solicitar lo mismo de los órganos 4 y 9, sus titulares se han opuesto a ello con el siguiente razonamiento: «No ha lugar, puesto que no es posible procesalmente».
Lo cierto es que la petición de la defensa liderada por Hinojosa contó con el informe favorable de la sección de Medio Ambiente de la Fiscalía de Málaga, pero los jueces no se atuvieron a los argumentos de ambas partes. La letrada llegó a recordarle a los togados la existencia del pacto, pero no tuvo éxito.
Ahora, la jurista ha pedido una nueva acumulación de doce causas al Juzgado de lo Penal número 9, con el objetivo de que éstas se sumen a las ya penadas y así el ex regidor pueda seguir fuera de la prisión, una situación que no le trae buenos recuerdos precisamente.
De hecho, cuando la letrada reclamó la acumulación muchos de los abogados de otros ediles, que pasaron más tiempo de la cuenta en la cárcel, esgrimieron lo mismo.
Pese a ello, el horizonte penal de Julián Muñoz es complicado, dado que asiste estos días a los juicios de los casos «Malaya» y «Minutas», en breve habrá de responder por el asunto de blanqueo de capitales en el que también está acusada Isabel Pantoja, y siguen en instrucción varios asuntos por convenios urbanísticos supuestamente irregulares.
Diana Hinojosa no quiso hacer declaraciones a este periódico.
* La Opinión Málaga - 3.12.10
Foto: Marbella, acusados Malaya, Roca, G.Marcos, Yagüe y Muñoz - laopiniondemalaga.es
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ELPAÍS* : En matices difieren, pero comparten la misma idea: la Lonja está bien donde está. Un grupo de arquitectos valencianos valoró ayer el cambio de ubicación propuesto por el Ayuntamiento de Valencia de la Lonja de Pescadores, en el barrio de El Cabanyal de Valencia, para prolongar la avenida de Blasco Ibáñez. Se trata de un edificio de más de 100 años. "Cambiarla de ubicación es un destarifo alucinante y absurdo", critica Lourdes García Sogo. "Los valencianos no tenemos por qué pagarlo", añade. Para la arquitecta, el cambio responde a un interés "político, populachero y fuera de la realidad económica de la ciudad". Carles Dolç abunda en que resulta inapropiado. "Sería un despilfarro", apunta, "puede que sea viable técnicamente, pero es una aberración; además, si la prolongación de Blasco Ibáñez prospera, hay otras soluciones, como construir una rotonda y desviar el trazado", indica.
El plan municipal para El Cabanyal pasa por llevar Blasco Ibáñez hasta la playa por mitad del barrio. La avenida pasaría justo por la Lonja, por lo que el Gobierno local pretende trasladarla a un solar cercano. En todo caso, el plan de prolongación está paralizado, ya que el Ministerio de Cultura lo suspendió por considerar que suponía un "expolio" del patrimonio.
A Francisco Taberner le parece que el error yace en cómo se concibió el plan de prolongación. "Si el paseo fuese recto y no hiciese el quiebro que hace al final, no atentaría contra el edificio", argumenta. Taberner opina, sin embargo, que hay varias opciones. "La mejor es dejarla donde está, pero de hacerse, o habría que desmontarla por trozos, o trasladarla ladrillo a ladrillo o incluso instalar una plataforma de hormigón sobre raíles bajo el inmueble para deslizarlo a su futura ubicación". Manolo San Juan, por su parte, entiende que si se hace, opción que desaconseja, debe estudiarse extraordinariamente bien, pues las posibilidades de destruirla son muy grandes.
* El País - 3.12.10
Foto: Una vista de la Lonja de Pescadores del barrio valenciano de El Cabanyal, que el Ayuntamiento de Valencia pretende trasladar para prolongar la avenida de Blasco Ibáñez.- elpais
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