LEVANTE/Valencia* : El fuerte temporal que azotó anteayer la costa valenciana engulló la regeneración de arena de buena parte de las playas del litoral. Éste es el repaso a las zonas más afectadas. El fuerte temporal que azotó anteayer la costa valenciana engulló la regeneración de arena de buena parte de las playas del litoral. Éste es el repaso a las zonas más afectadas. LA RIBERA: Adiós a la nueva arena de Cullera. En la Ribera, la costa de Cullera ha quedado arrasada por el avance del mar. La fuerza del temporal se ha llevado, como en años anteriores, toda la arena que la demarcación de Costas trasladó el pasado invierno desde la playa de l'Escollera a las del Marenyet y el Brosquil.
El fuerte oleaje ha provocado que el mar haya avanzado entre 15 y 30 metros y ha destrozado las papeleras, pasarelas y todo tipo de material urbano. Los caminos rurales cercanos a la costa, como en el caso del Marenyet, se han llenado de tierra, cañas y todo tipo de suciedad; además algunas tierras han quedado inundadas.
Una de las zonas más afectadas ha sido el Marenyet donde, el camino situado junto al restaurante El Cordobés permanecía ayer cortado al tráfico al quedar anegado por el agua. En esta zona el mar ha avanzado varios metros y ha llegado a sobrepasar el camino en algunos momentos.
En el Marenyet, dos palas del ayuntamiento se afanaban ayer en las tareas de limpieza y reposición de la costa. A escasos metros de la Torre del Marenyet una pala se encargaba de construir un dique de contención de arena en la costa para evitar que el agua volviera a cruzar el camino. Gil explica que desde el ayuntamiento han solicitado en diversas ocasiones a la Demarcación de Costas que refuerce este tramo de playa con rocas, pero por el momento solo la arena separa el agua del mar del camino. El concejal de Playas dice que ahora se redactará un informe con todos los daños que ha causado el temporal y detallando el avance del mar en la costa y este documento se remitirá a la Demarcación de Costas para que evalúe los daños.
Por otro lado, el temporal ha dejado prácticamente sin playa unos 200 metros de línea de costa en les Palmeres de Sueca. Además ha sacado al descubierto piedras y cascotes de las edificaciones antiguas que el mar ha ido engullendo con el paso de los años. También ha destrozado parte de la infraestructura de lavapiés así como una de las escaleras de acceso a la arena. El nuevo paseo marítimo de l'Alguer, inaugurado el 5 de julio, se mostraba ayer con arena en algunos puntos, como consecuencia de los efectos del temporal. Con su realización se ganaron cerca de 2.000 m2 de playa, ya que el nuevo vial cedió terreno a la arena. Además se vertieron 8.000 m3 de arena con la finalidad de regenerarla.
LA SAFOR
280.000 m3 de arena devorados
El arrastre de arena de las playas situadas entre Gandia y Oliva ha sido el principal problema causado en la comarca de la Safor durante los dos días del temporal que ha sacudido la costa valenciana.
El fuerte viento del noreste que sopló durante la noche de ayer, con rachas sostenidas que se se aproximaron a los 70 kilómetros por hora, generó el arrastre de decenas de miles de metros cúbicos de arena en las playas que, tan lejos como la pasada primavera, habían sido regeneradas con nuevos aportes. Este temporal ha evidenciado, una vez más, que los millones de euros que se gasta la Administración en trasvasar arena se pierden cada vez que se produce un episodio meteorológico de esta envergadura.
Ochenta mil metros cúbicos de arena fueron llevados desde la bocana del puerto de Gandia a las playas de Bellreguard y Piles en mayo pasado. Doscientos mil metros cúbicos más se trasvasaron entre los años 2007 y 2008 desde la playa Nord de Gandia. Ambos aportes han acabado ahora devorados por el mar, si bien es posible que cuando el agua vuelva a calmarse una parte de la arena vuelva a depositarse de forma natural en las playas. En Piles, Bellreguard y Daimús el fuerte oleaje incluso llegó a golpear durante horas los paseos marítimos y sobrepasó esas barreras, causando daños en propiedades. Peor paradas quedaron las infraestructuras turísticas, especialmente los lavapiés, pasarelas y algunas instalaciones deportivas, que fueron arrastradas o directamente destruidas.
LA MARINA ALTA
Playas con algas y sin arena
El temporal seguía azotando ayer con fuerza el litoral norte de la Marina Alta y mantenía cerrado, por tercer día consecutivo, el puerto de Dénia. En la costa de esta ciudad, el oleaje ha hecho estragos. De hecho, todas las playas han quedado desfiguradas por este primer temporal del otoño. Unas han desaparecido porque el mar se ha tragado la arena y otras han quedado totalmente cubiertas de algas.
El mar golpeaba todavía ayer con fuerza los muros de las casas de primera línea de la playa del Blay Beach, en les Marines. Esta playa, regenerada por la Dirección General de Costas antes del verano, ha desaparecido totalmente. Las olas anegaron, además, varios caminos de les Marines e incluso llegaron hasta la carretera. Y eso pese a que el viernes en algunos de estos caminos se levantaron diques de arena para frenar la fuerza del oleaje. El agua también entró en parcelas y casas e inundó varios garajes.
Otro playa que ha sufrido graves daños es la de la Marineta Cassiana. El temporal ha arrastrado gran cantidad de algas que ayer cubrían lo que ha quedado de playa y también parte del paseo marítimo. En la playa de la Punta del Raset, también hay gran acumulación de algas. El oleaje destrozó, además, pasarelas y papeleras que, tras el verano, todavía no se habían retirado.
Mientras, en Xàbia, el viento ha causado daños en 400 árboles del término municipal. En la noche del martes, se registraron en este municipio rachas de más de 80 km/h. Unos 40 operarios de las brigadas municipales se apresuraron ayer a retirar las ramas y árboles que habían caído sobre la vía pública. En este municipio los destrozos en el litoral también son importantes, sobre todo en la turística playa de l''renal. El temporal ha roto pasarelas, papeleras y las plataformas flotantes del canal de la Fontana, donde también se ha hundido una barca de recreo. Todavía ayer esta playa estaba casi totalmente anegada de agua del mar. El oleaje llegó hasta el muro del paseo marítimo y, en su extremo sur, incluso lo rebasó.
L'HORTA
A la espera de la ayuda de Costas
En l'Horta Nord, el temporal se ensañó especialmente con las playas de Puçol, una zona de costa regenerada y que sufre especialmente los efectos del mal tiempo en la mar. Según explicaba ayer el alcalde de la localidad, Josep Vicent Martí, el agua inundó los arenales, llegando a la zona del paseo y entrando en varios edificios. Lo peor, tal como relataba Martí, es que el fuerte oleaje se ha llevado toneladas de arena que habían sido depositadas allí en los últimos años. El agua también ha arrastrado arena, piedras y escombros hasta las "golas" que dan al litoral y las ha taponado. El primer edil señaló que los servicios municipales empezaron ayer a limpiar el paseo y a quitar escombros del arenal, pero tendrá que contactar con la Demarcación de Costas para planear la regeneración de la playa.
El mismo problema ha habido en Alboraia. Según explicaron ayer fuentes de Protección Civil, en la Patacona el agua cubrió los 150 metros de arenal que hay entre la orilla y el paseo e inundó éste último, prolongándose hasta ayer las tareas de limpieza. En Port Saplaya, el agua también cubrió el arenal.
EL CAMP DE MORVEDRE
Recogida de la arena arrastrada
Los vecinos de las Casas de Queralt de Sagunt empezaron ayer a recuperar la normalidad después del fuerte temporal que obligó al ayuntamiento a trabajar hasta altas horas de la madrugada para frenar la entrada de agua del mar hasta las viviendas situadas en segunda línea de playa. La gran cantidad de arena que había sido arrastrada hasta las calles fue trasladada con maquinaria pesada hasta hacer una enorme barrera.
* Levante - 14.10.10
Foto: El temporal engulle la arena
El temporal engulle la arena
Urbanismo y envejecimiento
ANA JULIA VALBUENA : El urbanismo no puede reducirse meramente a aplicar normativas. Ha de partir de la comprensión de la situación vital de los ciudadanos, es especial de lo que presentan problemas para «usar y disfrutar de la ciudad». La accesibilidad debe ser para todas las personas, independientemente de su edad, sexo y condiciones físicas o mentales. Las ciudades sin accesibilidad física son ciudades no inclusivas para sus poblaciones, especialmente para los mayores. Y respecto de las ciudades, expresamos que su falta de accesibilidad se debe a la enorme existencia de barreras arquitectónicas, urbanísticas, del transporte y de la comunicación. Nuevas y viejas formas de envejecer coexisten simultáneamente en la ciudad. Coinciden también estados de dependencia grave con situaciones funcionales de autonomía completa. El diseño de ciudades inclusivas puede ser la clave para derribar las fronteras que separan el domicilio del anciano del espacio exterior.
El proceso de envejecimiento determina para la persona una nueva conexión con el espacio y el tiempo, y por tanto con la ciudad: una progresiva disminución de habilidades físicas, funcionales y cognitivas y con una menor posibilidad de adaptación a cambios y a situaciones estresantes. La falta de control sobre el medio provoca situaciones de disconformidad, desequilibrio e insatisfacción. Si los mayores no pueden establecer un vínculo afectivo con el espacio urbano se alejarán de él y se refugiarán en espacios privados, como el propio domicilio o el centro en el que se resida. De esta forma se pierde la dimensión básica de sociabilidad imprescindible en el desarrollo de la persona. Di Vëroli llama «Iatrogenia social urbanística» a la progresiva reclusión de las personas mayores en sus viviendas, la pérdida de vínculos sociales y la nula participación de una ciudadanía plena por motivos de diseño urbanístico.
Dos centímetros son lo que separan a las personas mayores de las personas jóvenes. Se estima que la elevación del pide con respecto a la horizontal es dos centímetros menor en personas mayores que en personas jóvenes. La gran urbe debiera compensar amablemente esta diferencia, apenas perceptible.
Al referirnos a las viviendas de los mayores, debemos destacar que el problema que ellas presentan es su falta de accesibilidad, por las características de sus diseños antiguos, y su bajísimo mantenimiento, por falta de recursos económicos.
La vivienda no es un espacio cualquiera, ya que es el ámbito más propio, íntimo y personal. Las actuales viviendas de los mayores tienen barreras arquitectónicas que son c ausa de caídas, las que constituyen un grave problema. El 70% de las caídas se producen en las viviendas y el 30% restante en el espacio público y en el transporte. Las caídas en el hogar son mortales para los adultos mayores, en un 40% para mujeres y en un 20% para hombres. Pero muchos de los que sobreviven quedan con secuelas que muchas veces por sus edades avanzadas, constituyen discapacidades severas. Todo este panorama va acompañado por el temor a nuevas caídas, lo que empieza a atentar contra la movilidad y el aseo personal: se van reduciendo las actividades de la vida diaria. Todo esto se transforma en disminución o pérdida de la autoestima y depresiones severas que pueden concluir con la muerte social o física.
Existe una tendencia a aislar los espacios residenciales destinados a las personas mayores, en las zonas periurbanas de ciudades y pueblos, que dificultan el acceso de los residentes a los servicios que ofrece la ciudad. Promover la inclusión de viviendas para personas mayores en zonas integradas de la ciudad, contribuiría a que los residentes pudieran usar la ciudad, participar en dinámicas socializadoras y sentirse integrados.
Puyuelo y Gual (2009), tras un trabajo realizado, destacan la importancia que los parques urbanos tienen para las personas mayores. En este estudio se constata la frecuencia de uso diaria y en cualquier franja horaria, así como la fidelidad al mismo parque y la presencia de emociones positivas satisfactorias al permanecer en estas zonas. Otros resultados obtenidos fueron la preferencia de las personas mayores por los trayectos lineales y rectos y el uso mayoritario de las zonas con proporciones amplias y con buena visibilidad para permanecer en ellas. Uno de los elementos de mobiliario urbano más valorados por las personas mayores son la presencia de servicios públicos, inexistentes prácticamente en nuestro país. En cuanto a los bancos, el diseño longitudinal de los asientos provoca que el banco se considere ocupado aún cuando solamente hay una persona sentada. A este inconveniente, se suma que la disposición lineal de los asientos, al reunirse cuatro o más personas obliga a que al menos uno de ellos permanezca de pie o girado si quiere participar de la conversación. Estas consideraciones han llevado a la adquisición de un nuevo mobiliario urbano que haga posible una ubicación circular en lugar de una ubicación lineal. La disposición circular de los asientos, favorece la relación social y la comunicación entre los usuarios.
Las ciudades inclusivas han de brindar un espacio que contenga, comprenda y proteja a los mayores. La amabilidad de las formas busca el fácil reconocimiento del entorno y de sus partes, imprescindible cuando disminuya la memoria y la capacidad de orientación: organizaciones espaciales claramente identificables, tiempos de movimiento y recorrido realizables (semáforos, escaleras mecánicas, ascensores, etc); y caminos y accesos reconocibles y diferenciables, son esenciales cuando llegamos a mayores.
Con un hábitat inclusivose podrá hacer realidad las palabras de Ingmar Berg man, que expresaba que «envejecer es como subir a una montaña, a cuya cima se llega con el aliento entrecortado y las piernas cansadas, pero desde la cual se divisa un magnífico panorama».
* Ana Julia Valbuena, Psicóloga
* Diario de León - Opinión - 13.10.10
El presidente del Murcia declara hoy acusado por prevaricación
LEVANTE* : El propietario del Real Murcia y a la vez presidente de este club de fútbol, Jesús Samper, declarará esta mañana ante el juez David Castillejos en calidad de imputado en el caso Umbra, que investiga un episodio de supuesta corrupción urbanística en la zona norte del municipio, donde el empresario madrileño construyó el estadio Nueva Condomina, así como un centro comercial como parte de un plan parcial que proyectó la edificación de hasta 26.000 de viviendas.
Samper viene asegurando desde que se conoció los cargos que se le imputan –prevaricación y blanqueo de capitales– que está "muy tranquilo" y antes de emprender viaje a Murcia desde Madrid, donde vive, comentó que "no soy optimista ni pesimista", y añadió que no tiene "nada que ocultar ni que esconder por mi parte, pues todo lo que se realizó en relación a los convenios urbanísticos de la zona norte se hizo con luz y taquígrafos".
Samper, quien ha sido citado a las diez de la mañana para comparecer ante el titular del Juzgado de Instrucción Número 8 de Murcia, indicó que realiza "su vida con total normalidad" y aclaró que la imputación no le quita el sueño.
"Esto no es más que un cargo y dota de garantías a los órganos judiciales a la hora de tomar declaraciones", justificó Samper, abogado de profesión.
El dueño y presidente del Murcia será el noveno implicado en la operación Umbra en pasar por delante del juez. Antes lo hicieron el ya ex director de la gerencia de Urbanismo Alberto Guerra; el abogado Higinio Pérez Mateos y el ingeniero y promotor inmobiliario italiano Renato de Noce, los tres en libertad bajo fianza; y el ex jefe de Planeamiento de Urbanismo Joaquín Peñalver, el concejal de Urbanismo, Fernando Berberena; y los empresarios Francisco Arqués, Alfonso Ramírez Huguet y Juan Torres Fontes, quienes quedaron libres sin fianza.
* LEVANTE - 15.10.10
Foto: Jesús Samper, propietario y presidente del Real Murcia - La Opinión de Murcia
El juez amonesta a Gondomar por demorar un año el derribo a la hija de un funcionario
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FARODEVIGO* : El gobierno municipal de Gondomar incumple de forma reiterada los requerimientos judiciales para derribar la vivienda de la hija de un funcionario del departamento de Urbanismo, cuya licencia otorgada de forma irregular llevó al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) a condenar al ex alcalde popular Carlos Silva a seis meses de prisión y siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación. El titular del Juzgado Contencioso Administrativo nº2 de Vigo, Antonio Martínez Quintanar, ordenó la demolición de la casa situada en el barrio Cruceiro de la parroquia de Donas en septiembre de 2009. Ante el retraso de un año en la ejecución del fallo, el magistrado acaba de remitir al Concello un requerimiento en el que pide explicaciones por la demora e información sobre las medidas llevadas a cabo para echar abajo la vivienda.
El escrito recuerda al gobierno municipal que ha excedido el segundo plazo concedido para contestar al requerimiento de demolición y, por ello, le pide el "nombre del funcionario responsable de la demora al objeto de ser requerido personalmente para depurar responsabilidades".
El juez se refiere concretamente a un "funcionario" ante la circunstancia de que la vivienda unifamiliar de planta baja pertenezca a Rebeca Fernández Prieto, hija de Jaime Fernández Álvarez, que trabaja en la oficina municipal de Urbanismo desde hace años. Pero la documentación que obra en el expediente podría apuntar a una supuesta responsabilidad del alcalde, Martín Urgal, en el asunto. La técnica de administración general de Urbanismo, Elena Ares Salgado, ha hecho constar en el procedimiento al menos tres diligencias el mes pasado en las que certifica que ha remitido al regidor los requerimientos a la propietaria para que solicite licencia para el derribo, así como información sobre el asunto a los juzgados. Estos documentos han sido devueltos a la oficina de Urbanismo en la carpeta de firmas del alcalde sin la debida rúbrica o incluso retirados de la misma, según recalca la funcionaria.
La licencia de la casa formaba parte de la treintena de permisos urbanísticos que sentaron en el banquillo al ex alcalde Carlos Silva y a su junta de gobierno –Ángel Gregores, José Luis Mosquera, Abelardo Meneses, Jaime Rial y José Misa– por prevaricación al concederlos con el Plan Xeral anulado por el Tribunal Supremo. Solo ésta fue tomada en consideración por el TSXG al tratarse de la única otorgada después de confirmar la secretaria municipal la llegada de un auto judicial que dejaba sin efecto un acuerdo plenario que los entonces gobernantes habían aprobado para dar por cumplida la sentencia que anulaba el Plan Xeral con unas correcciones.
* El Faro de Vigo - 14.10.10
Foto: La casa con orden de derribo desde hace un año, en el barrio de Cruceiro, en Donas.- farodevigo.es
Ibiza.- Los arquitectos critican que el PTE sigue «el modelo obsoleto de colonización del campo»
DIARIODEIBIZA* : Al igual como ya hizo con el PTI aprobado por el PP, el Colegio de Arquitectos de las Pitiusas se muestra muy crítico con la nueva versión que impulsan PSOE y ExC ya que resulta «poco ambiciosa» al no plantear un modelo alternativo al actual, que está «obsoleto» y se basa en «la colonización del campo». Los arquitectos piden en sus alegaciones, aprobadas por su Junta de Gobierno, que se busque un gran pacto sobre un modelo alternativo y que no se utilice la norma como arma electoral. Solicitan que se convoque un concurso para que se encargue la redacción del PTE a «un equipo multidisciplinar de contrastado prestigio» y no a los técnicos del Consell.
La Demarcación de Ibiza y Formentera del Colegio Oficial de Arquitectos de Balears critica que la nueva versión del Plan Territorial de Eivissa (PTE) apueste por mantener «el modelo actual obsoleto de colonización del suelo rústico», con un sistema de urbanización difusa de parcelas de 15.000 metros cuadrados de superficie mínima. Este colectivo asegura «no compartir» este criterio, ya que está «perjudicando de forma irreversible al paisaje de la isla y, por tanto, la economía y la calidad de vida».
Los arquitectos reconocen en su escrito de alegaciones al PTE, que presentaron ayer en el Consell, que la revisión de esta norma supone «un avance» en la «espinosa» tarea de tratar de «compatibilizar el uso de la vivienda unifamiliar con lo que debe ser el suelo rústico», dada la estructura de la propiedad en la isla, el modelo de asentamiento disperso y el relevante factor sociológico que supone que «una importante masa de la población crea inalienable el supuesto derecho de edificar en esta clase de suelo». Sin embargo, consideran que los cambios introducidos en el documento resultan «poco ambiciosos» ya que, «al reducir la superficie edificable en suelo rústico, no pretende resolver, sino reducir cuantitativamente el problema de la edificación dispersa».
Por ello, Víctor Beltrán y Marc Tur, presidente y secretario, respectivamente, del Colegio de Arquitectos en las Pitiusas, explicaron ayer en rueda de prensa que, en sus alegaciones, proponen al Consell que se estudien en profundidad «soluciones consensuadas» dirigidas hacia un cambio de modelo, como «la transferencia del aprovechamiento edificatorio a suelos urbanos o a núcleos rurales, existentes o de nueva creación, cuyo impacto ambiental, consumo de recursos y territorio sean inferiores al modelo actualmente propuesto». «Podría incluso primarse adecuadamente a los propietarios que se acogiesen a opciones de este tipo», agregan.
Los arquitectos consideran que si existiera «voluntad política y consenso social» no sería difícil emprender un estudio de las alternativas que plantean incluyendo las iniciativas legales que debería aprobar el Parlament balear. En este sentido, Beltrán destacó que si se quiere impulsar un nuevo modelo para evitar la edificación dispersa en el campo habrá que aumentar el suelo urbanizable de la isla, que, en la actualidad, está «limitado» por las Directrices de Ordenación del Territorio.
Marc Tur advierte de que como en la isla está «muy arraigado socialmente el derecho de los propietarios a construir en sus fincas», se debe hacer «un trabajo de concienciación importante», ya que, insiste, el modelo actual «no es viable a la larga» por los problemas que en la actualidad ya se hacen patentes de «seguridad, infraestructuras y energía». «Creemos que una edificación más consolidada en núcleos urbanos es medioambientalmente más sostenible», asegura, al tiempo que añade que antiguamente vivían 5.000 familias en la isla y que el ritmo de construcción era «paulatino». «Ahora con la presión urbanística actual no se puede imitar un modelo que funcionaba hace 100 años», añade Tur.
Mejor que el PTI del PP
Este colectivo ya fue muy crítico con el PTI aprobado la pasada legislatura por reproducir el «modelo obsoleto de lo años 70». Ahora los arquitectos no cambian su posición al entender que con los cambios introducidos el PTE «se limita a reproducir un modelo territorial muy similar al que tiene su origen en el Plan Provincial de Balears de 1973». Echa en falta también que no se plantee alguna alternativa. En todo caso, Beltrán indicó que, si se aceptan las alegaciones presentadas (las más significativas se detallan en la página siguiente), el PTE aprobado inicialmente por el PSOE y ExC es «mejor» que el PTI del PP, aunque destacan que la nueva versión está «muy verde» y que «algunas de las normas, basadas en criterios subjetivos, se han de pulir muchísimo».
* Diario de Ibiza - 14.10.10
Foto: Ibiza - mma.es
Una firma del alcalde de Tui achaca su crisis a la falta de plan urbanístico
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ELPAÍS/Pontevedra* : Una de las empresas del grupo inmobiliario que apodera el alcalde de Tui, Antonio Fernández Rocha (PP), atribuye la pérdida de casi el 45% de su facturación en 2008 a que no se aprobase dl plan general de urbanismo. Con ello trataba de justificar el despido de un albañil que finalmente no le ha sido aceptado por el Tribunal Superior de Xustiza (TSXG). De no extinguirse ese puesto de trabajo, "se desequilibraría el proyecto empresarial", adujo la empresa en la argumentación del despido, en julio del citado 2008. Todo pinta que las cosas están ahora peor.
J.F.E. Guillarey Construcciones y Promociones, que ahora responde a la denominación Galconser, la empresa que ejecutó el despido de un albañil de segunda "por causas objetivas", pertenece, según establece la sentencia, a la media docena de sociedades limitadas que se integran en el Grupo Provitui, administradas por el hijo del alcalde, José Antonio Fernández Estévez, y en cuatro de las cuales el propio Rocha figura como apoderado y en otra, Promingal, como administrador único.
La delimitación del grupo que hace el TSXG en su sentencia parte de la constatación, con otros indicios, de que todas comparten teléfono y fax en un mismo domicilio social, en el número 20 de la calle Foxo de Tui. Además de las citadas Galconser y Promingal, forman el grupo Promociones Tuyvi, Gesprovi de Tuy, Promociones Viventuy y Promociones Alcaro de Tui, a todas las cuales trasladó sus reclamaciones el albañil despedido. El TSXG, confirmando la sentencia de primera instancia, entiende que "resultan acreditados los elemenentos indicados para atribuir a las empresas condenadas responsabilidad solidaria por pertenecer a un grupo".
Galconser había atribuido la extinción del contrato y amortización del puesto de trabajo del albañil "a la disminución importante y continuada de la carga de trabajo debida a la baja demanda de nuestros servicios de construcción de edificios de viviendas y de viviendas unifamiliares". La empresa prosigue su justificación aduciendo que su ámbito de actuación "fundamentalmente se sitúa en el municipio de Tuy, y al estar el plan de urbanismo pendiente de aprobación, la empresa no puede ejecutar obras nuevas. Esta situación representa una disminución del 44,82% de nuestra facturación. Además, las promotoras para las que habitualmente presta servicios esta empresa han finalizado sus obras y los terrenos donde tenían previsto construir están pendientes de la aprobación del PGOU".
20 millones de euros de facturación en 2008
El mismo día que J.F.E. Guillarey Construcciones y Promociones cambió su denominación a la de Galconser, el pasado 18 de agosto, la empresa registró una ampliación de su capital social desde los 6.010 euros iniciales a 66.864 euros. Responde a una reorganización del Grupo Protuivi, administrado por José Antonio Fernández Estévez, hijo del alcalde de Tui y del que es apoderado el propio regidor.
Todas las empresas del grupo sumaron en 2008 -último ejercicio del que presentaron cuentas en el Registro Mercantil- una facturación de más de 20 millones de euros, que solo aportó beneficios a una de ellas, Promociones Viventuy, 1,3 millones de euros, suficiente para enjugar las pérdidas de las demás, sin incluir los resultados de Promociones Alcaro de Tui, a los que este periódico no ha podido acceder (en 2007 declaró 1.555 euros de pérdidas).
Alcaro sería la promotora directamente beneficiada por la polémica recalificación de terrenos de la finca Patazumba que ha contribuido a retrasar la aprobación del plan general. Con un quebrando evidente para el grupo empresarial vinculado al alcalde, aunque en el caso del despido improcedente del albañil de Galconser, el Tribunal Superior indica que el problema no se centra en si esta sociedad disminuyó su actividad en Tui por no haberse aprobado su plan general. "Lo que se acreditó fue una disminución global de los pedidos", dice el fallo.
* El País - 12.10.10
Foto: Tui (Pontevedra), vista - wikipedia.org
La Operación Juncal salpica ya a dos antiguos dirigentes de IP en El Puerto
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DIARIODECÁDIZ* : La Operación Juncal desarrollada por la Policía Autonómica en El Puerto, y que desmanteló una supuesta trama liderada por el arquitecto Joaquín Pallí y el promotor de Chiclana Francisco Doña Marín, que levantó una promoción de chalés en Los Desmontados, en la zona norte, en suelo destinado a equipamientos deportivos, ha acabado salpicando a antiguos dirigentes de Independientes Portuenses. Tanto el ex responsable de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez, como el sucesor de Hernán Díaz al frente de la Alcaldía, el ex edil de IP y hoy en día teniente de alcalde de Turismo del Gobierno del Partido Popular de El Puerto, Fernando Gago, han acabado siendo imputados en la causa abierta en el Juzgado de Instrucción nº3 de El Puerto.
El propio Gago confirmó en declaraciones a este diario su imputación en la causa, en su caso, por parte del Ministerio Fiscal, habiendo sido citado para comparecer en los próximas días en el Juzgado para declarar por el asunto. El edil no ocultó su sorpresa por haberse visto involucrado en un asunto que aseguró desconocer "por completo", mostrándose convencido de que su imputación es únicamente debida a que "yo era en ese momento alcalde". Y no dejó de ironizar con el hecho de que "he sido alcalde de El Puerto sólo diez meses y medio (sucedió a Hernán Díaz tras ser inhabilitado por prevaricación) y parece que todo lo he hecho yo!".
La Policía Autonómica sitúa al frente de la supuesta asociación ilícita al promotor Doña Marín, a Pallí y al jefe de obras del primero, que fueron detenidos en febrero pasado y puestos en libertad con cargos. Junto a estos tres detenidos, fueron imputadas entonces otras 25 personas, entre ellas, dos arquitectos más y un arquitecto técnico (de Jerez, Chiclana y El Puerto); cuatro personas que, según la investigación, actuaban como testaferros , obteniendo los préstamos hipotecarios para financiar los chalés, y hasta un director de banco, el que estaba en aquella época al frente de la sucursal del Banco Sabadell Atlántico en El Puerto.
Las pesquisas policiales determinaron que la empresa Los Viñazos, de Doña Marín, adquirió una parcela de 5.000 metros cuadrados en Los Desmontados a muy bajo precio al tratarse de suelo clasificado en el PGOU vigente como sistema general de equipamiento con la calificación de uso dotacional deportivo. La finca fue sometida a división horizontal, en noviembre de 2001, ante la Notaría de Cádiz de R.C., con un certificado falso de obra nueva de Pallí, asegurando que había una antigua edificación de 897 metros cuadrados. Este certificado permitió dividirla en catorce viviendas registrales.
A continuación, la organización inició la construcción de viviendas unifamiliares y su venta a particulares. Algunas de estas ventas, según la investigación policial, fueron ficticias para eludir los expedientes del Ayuntamiento de El Puerto, llegando a ofrecer viviendas a familias en precario para su ocupación como vivienda habitual y así evitar el precinto de las casas.
La empresa de Doña Marín solicitó préstamos sobre cada una de las viviendas a construir por un montante total de 1,2 millones de euros. Para avalar estas operaciones, presentó según la investigación informes de tasación falsos, en algunos casos sobre viviendas inexistentes, y en casi todos los supuestos falseando la antigüedad de construcción. El valor de venta de los chalés se cifra en 4 millones de euros.
Arrancaron las obras. Y en 2005, el por entonces concejal de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez, asistió al precinto por parte de la Policía Local (convocando incluso a los medios de comunicación locales) de algunas de las viviendas, varias de ellas aún en construcción. Eso sí, se negó a hacerlo con aquellas que ya estaban ocupadas. Sin embargo, el precinto valió para poco porque los chalés se terminaron de construir y a día de hoy siguen habitados. Las diligencias judiciales se iniciaron en 2007 tras una denuncia que presentó Ecologistas en Acción ante la Fiscalía, en la que acusaba a los dirigentes municipales de permitir ésta y otras actuaciones ilegales.
A los implicados se les imputan, entre otros, delitos de ordenación del territorio, falsedad documental, estafa, desobediencia, defraudación de fluido eléctrico, asociación ilícita y alzamiento de bienes. De los préstamos que otorgó el banco para financiar la promoción de chalés, siete dejaron de abonarse, sufriendo la entidad un perjuicio patrimonial superior a 800.000 euros.
* Diario de Cádiz - 14.10.10
Foto: Rodríguez y Gago, en una rueda conjunta, en septiembre de 2006.- diariodecadiz.es
La huida hacia ninguna parte de las inmobiliarias
ROBERTO CALERA* : La banca se debate entre refinanciar la deuda de las inmobiliarias o permitir su caída, lo que también supone un peligro. Afinales de junio se conoció la entrada en concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) de la inmobiliaria Sacresa. El motivo ha sido la imposibilidad de seguir refinanciando su deuda con la banca y no poder hacer frente a sus créditos.La compañía soporta una deuda de 1.740 millones de euros, lo que la ha llevado a la tercera mayor quiebra empresarial de España después de las de Martinsa-Fadesa (7.000 millones de euros) y Habitat (2.800 millones). Antes que éstas, ya habían quebrado Astroc y Llanera. Recientemente también ha sido obligada a entrar en concurso de acreedores Nozar. En su momento estas empresas compraron terrenos sobrevalorados para construir viviendas que pensaban vender también a precios de burbuja. Para comprar estos terrenos y empezar las promociones, se pedían cuantiosos créditos a los bancos, que no tenían ningún problema en concederlos en los momentos de bonanza. Todo funcionaba bien mientras se seguían vendiendo a precios de burbuja (inaccesibles para gran parte de la población) las viviendas construidas.
Pero cuando la burbuja estalla, las ventas se paran y las constructoras/ promotoras no pueden hacer frente a los créditos que tienen contraídos con los bancos. Inicialmente todos los actores interesados (promotoras y bancos) intentan evitar la quiebra y ganar tiempo refinanciando las deudas esperando a ver si el mercado se recupera y la venta de pisos vuelve a subir. Pero eso no ocurre y poco a poco (en algunos casos tras haber refinanciado un año o dos las deudas) los bancos se van convenciendo de que esas compañías no tienen futuro y que lo mejor es dejar que quiebren y salvar lo que se pueda.
En otros casos, los bancos han convertido su deuda en acciones de la empresa, como ha sido el caso de Colonial (4.500 millones de deuda se han canjeado por acciones en varias ampliaciones de capital y canje de acciones por deuda) con lo que ahora son los bancos los máximos accionistas de la empresa.
Algo parecido está ocurriendo en el caso de Metrovacesa (una deuda de 5.800 millones de euros). Asimismo, Reyal Urbis también ha conseguido refinanciar in extremis su deuda (4.600 millones de euros). También Polaris World ha conseguido salvarse en el último momento mediante la refinanciación.
El problema de la deuda
En algunos casos se refinancia la deuda durante un plazo (habitualmente un año), pero al cabo de ese tiempo, la situación no ha mejorado y los bancos se vuelven a encontrar con el mismo problema, la imposibilidad de las empresas inmobiliarias para devolver su deuda.
Por ejemplo, Habitat consiguió en su día refinanciar su deuda, pero finalmente no sirvió para nada. En estas situaciones tienen un papel principal los bancos acreedores. Si dejan caer estas empresas sin refinanciarlas, tienen que asumir el crédito como incobrable y esperar a que se resuelva el concurso para intentar recuperar parte del mismo. Si deciden refinanciarlas, el crédito sigue vivo pero en este caso corren el riesgo de estar prolongando (y quizás en algún caso aumentando) una apuesta que tiene muchas posibilidades de ser fallida.
En un contexto de restricción de la liquidez y de desconfianza hacia la banca española como el actual, los bancos a su vez tienen problemas ellos mismos para renovar sus propios créditos en el interbancario europeo. Esto hace que la opción de refinanciar a las inmobiliarias les sea costosa, pues en ocasiones pueden tener problemas para poder obtener la liquidez necesaria.
Con estos antecedentes, y sabiendo que en España hay varios millones de viviendas pendientes de vender que no encuentran comprador al precio actual, es de esperar que las ventas sigan siendo bajas durante mucho tiempo hasta que se absorba el stock y los precios bajen mucho más de lo que hasta ahora han bajado. Es por ello que seguramente Sacresa no será la última empresa inmobiliaria que entrará en concurso de acreedores, y que habrá casos parecidos en el futuro, sin importar el tamaño.
* Diagonal - Opinión - 12.10.10
La inspección detecta irregularidades masivas en la visita del Papa a Valencia
ELPAÍS* : Es una de las derivadas del caso Gürtel que más escándalo causó en el PP, sobre todo en los dirigentes más vinculados a posiciones cercanas a la Conferencia Episcopal, pero judicialmente aún no ha avanzado. Se trata de la visita que realizó el Papa a Valencia el 8 y 9 de julio de 2006. La investigación ha detectado que Francisco Correa se llevó en comisiones presuntamente corruptas al menos un millón de euros de esa visita, en concepto de su mediación frente al Gobierno valenciano para una constructora con la que él estaba relacionado, Teconsa, se llevara el principal contrato de esa visita, 7,5 millones de euros para para colocar las pantallas de vídeo, sonido y megafonía para la visita que le adjudicó Canal 9, presidida por Pedro García, hombre de confianza de Francisco Camps y amigo íntimo de Álvaro Pérez, El Bigotes, el hombre de Correa en Valencia.
El juez Antonio Pedreira, que investiga el caso Gürtel, ha pedido a la inspección general del Estado que analice los contratos de esa visita. Y el informe resultante firmado por el inspector Juan Carlos Gómez Condado el pasado 7 de octubre, es demoledor. En la documentación entregada por Canal 9 se han detectado irregularidades masivas en los diferentes contratos. De hecho Pedro García abandonó Canal 9, oficialmente por motivos personales -Camps no reconoce siquiera la existencia del caso Gürtel- poco después de que Pedreira reclamara estos contratos, en agosto de 2009.
La visita del Papa, en solo dos días y en lo que se refiere a los contratos que dependían de Canal 9, supuso un gasto de 14,7 millones de euros en diferentes conceptos, todos ellos relacionados con la cobertura del evento para la televisión pública valenciana, una de las más endeudadas.
De esos 14,7 millones, un millón se fue en contratos pequeños y claramente troceados de manera irregular, según el informe, y los otros 13 millones se fraccionaron en 11 contratos de los que el más importante es precisamente el que se llevó Teconsa, una constructora que no tenía experiencia en sonorización y que subcontrató con otras empresas ese pelotazo millonario.
Según los documentos encontrados a Francisco Correa, la red Gürtel gestionó directamente este contrato. El informe es claro: "En resumen si comparamos la oferta más baja para el vídeo y para el sonido, que ascienden a 3,5 millones de euros, con la oferta conjunta de Teconsa, que es de 6,5 millones [al final fueron 7,5], la diferencia es de 3 millones de euros, que con el IVA asciende a 3,4 millones". Esto es, la oferta de Teconsa, además de las dudas técnicas, era con mucho la más cara, pero se llevó el contrato.
"Queda acreditado que en al menos dos expedientes, se adjudica el servicio a empresas en las que existen grandes dudas sobre la posibilidad de acreditar la necesaria solvencia técnica y profesional para contratar", señala el informe. Uno de ellos es el de Teconsa. También reprocha que esta empresa subcontratara prácticamente la totalidad del trabajo, cuando el límite legal es del 50%. Según la investigación, lo subcontrató todo por 3,5 millones, el resto fue ganancia para Teconsa, que repartió un millón con Correa.
Una de las irregularidades más evidentes es la de la innecesaria declaración de urgencia. "De los 11 expedientes analizados, 10 se tramitan por el procedimiento de urgencia. En ninguno la declaración de urgencia está debidamente motivada. RTVV conocía al menos desde febrero de 2006 que tenía en exclusiva la producción y distribución de la señal institucional", señala el texto.
Para demostrar el descontrol absoluto de los contratos, el informe detalla seis, por un total de 487.000 euros, comprueba que ninguno se ajusta a la normativa y concluye: "Se ha fraccionado indebidamente el objeto del suministro y se han utilizado los procedimientos para que ninguno de ellos fuera superior al límite fijado por la propia abogacía de la Generalitat".
La conclusión es demoledora: "En general la actuación desarrollada por el órgano gestor ha tenido por finalidad el gestionar y adjudicar todos los suministros y servicios de forma totalmente aleatoria y subjetiva, evitando el cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia y objetividad".
El negocio "económico y espiritual" de las visitas del Papa
La Conferencia Episcopal califica una visita papal de "negocio económico y espiritual", pero en el viaje a Galicia y Cataluña promete "austeridad".
- Benedicto XVI pasará ocho horas en Santiago el 6 de noviembre por el año santo jacobeo. A la Xunta le costará tres millones de euros, la mitad para la cobertura televisiva de la TVG.
- En Barcelona el Papa estará 23 horas los días 6 y 7 de ese mes para consagrar la Sagrada Familia. La Iglesia tiene "un presupuesto austero pero digno", entre 500.000 y 600.000 euros, de los que ya ha recaudado la mitad. Las cuatro Administraciones públicas gastarán alrededor de un millón más, al que habrá que sumar el coste de la cobertura televisiva de TV3.
- Del 16 al 21 de agosto de 2011 se celebrará en Madrid la Jornada Mundial de la Juventud. Sus organizadores buscan "gastar lo menos posible", entre los 54 millones de Roma en 2000 y los 47 de Sydney en 2008. Un tercio de empresas y el resto asistentes (30-210 euros). A eso se suman las aportaciones de las tres Administraciones.
- El coste oficioso de la reciente visita papal a Reino Unido oscila entre 11,4 a 13,7 millones de euros, más otros ocho aportados por la Iglesia. Llegó el 16 de septiembre a Edimburgo y ese mismo día viajó a Glasgow y luego a Londres, donde se alojó tres noches en la Nunciatura. Se cobró entrada (6-30 euros) en tres actos.
- En febrero se destapó en Italia una trama corrupta que desde 2000 gestionaba actos públicos y religiosos, con altos cargos vaticanos implicados. El Papa visitó Palermo 12 horas el 3 de octubre. El coste inicial de 2,5 millones bajó a 1,5 millones tras ser revisado con lupa.
* El País - 12.10.10
Foto: Vista panorámica de la Ciudad de las Ciencias durante la intervención del Papa en su visita a Valencia - elpais.com
Murcia.- Tres detenidos por blanquear 1,5 millones en la construcción
LAVERDAD : La Agencia Tributaria ha desmantelado en los últimos quince días una red que podría haber blanqueado 1,5 millones de euros y que operaba en el sector de la construcción en varias localidades de Murcia. La operación se ha saldado con tres detenidos en la Región y la incautación de 71.000 euros, tres automóviles, una motocicleta, sellos falsos, un arma de fuego y munición.El principal responsable de esta trama había creado con la complicidad de otras personas de su entorno familiar un entramado empresarial, según informó ayer la Agencia Tributaria. El objetivo de éste era ocultar las ganancias ilícitamente obtenidas, presuntamente constituyendo a nombre de testaferros sociedades patrimoniales, reservándose poderes sobre las mismas y realizando, a través de estas empresas, importantes inversiones inmobiliarias y financieras y adquisiciones de vehículos de lujo.
La 'Operación Bolos' arrancó en mayo de 2009 cuando funcionarios de la Agencia Tributaria de Murcia detectaron importantes operaciones de movimiento de capitales sin declarar o declaradas incorrectamente, realizadas por personas que ya habían sido condenadas por su participación en delitos contra la hacienda pública y falsedad documental.
En el curso de las investigaciones se comprobó que se transfirieron más de 4,5 millones de euros en billetes de alto valor facial simulando el pago de falsas prestaciones de servicios y de compras de materiales de construcción. Las sociedades supuestamente vendedoras no ejercían realmente ninguna actividad, ni poseían patrimonio alguno y sus administradores y socios eran personas insolventes.
Durante el operativo se han efectuado registros domiciliarios en Las Torres de Cotillas, donde se ha intervenido abundante documentación sobre los fraudes cometidos. Además, se han incautado 71.000 euros en efectivo (142 billetes de 500), tres automóviles de lujo, una motocicleta de alta cilindrada, tres sellos de la Agencia tributaria, tres sellos de entidades financieras, un arma semiautomática ilegal y 70 cartuchos. Asimismo, se han adoptado medidas cautelares contra seis inmuebles, 40 productos financieros y los cuatro vehículos.
En la operación, los agentes han detenido en Murcia al principal implicado en la trama y la emisión de facturas falsas, junto con dos testaferros. Todos ellos están acusados de un presunto delito de blanqueo de capitales vinculado a unos delitos previos de fraude fiscal y falsedad documental. Todos los detenidos y los géneros intervenidos han pasado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en funciones de guardia de Molina de Segura. La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones en los próximos días y la adopción de nuevas medidas cautelares.
* La Verdad - 12.10.10
Foto: Murcia, construcción (archivo) - laverdad.es
Cotino se queda sin dinero para asegurar los pisos de la Agencia Valenciana de Alquiler
ELPAÍS* : Las dificultades económicas del Consell han alcanzado a su red de mediación de alquileres. El consejero de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda y vicepresidente tercero, Juan Cotino, ha renunciado a contratar una póliza de seguros para cubrir impagos y posibles daños en las viviendas alquiladas a través de la Agencia Valenciana de Alquiler, lo que supone un grave contratiempo para ese servicio público, que ya no ofrece cobertura a quienes ponen en sus manos pisos en alquiler.
Licitado el pasado mes de mayo por 5,6 millones de euros, al seguro frente a "riesgos de impago y daños por actos vandálicos en el continente por parte del inquilino en viviendas arrendadas a través de la red de mediación de la Agencia Valenciana de Alquiler" presentaron documentación una docena de empresas del sector, como Mapfre, Banco Vitalicio, Asefa o Catalana Occidente. Sin embargo, el 30 de septiembre publicaba el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana una resolución de la secretaria autonómica, María Ángeles Ureña, en la que se hacía pública "la renuncia a la celebración del contrato".
Los motivos aducidos por el departamento que dirige Cotino eran bien explícitos: "Como consecuencia del actual escenario económico de contención presupuestaria del gasto, se ha producido una reducción presupuestaria, tanto en el ejercicio corriente como en la programación del presupuesto del próximo ejercicio, lo que ha obligado a una reprogramación de las políticas de gasto acorde con las exigencias económicas actuales". La diputada socialista María José Salvador recuerda que la póliza de seguros es una condición sine qua non para que funcione la red de alquileres. Por ello, en su opinión, la renuncia "implica en la práctica el desmantelamiento de la red de mediación de alquileres". "Todavía se hacen modificaciones de crédito para pagar la visita del Papa y avales para financiar la fórmula 1", comenta Salvador, "pero para una función social como la de ayudar al alquiler de viviendas no llega el dinero".
* El País - 13.10.10
Foto: Valencia, palau Generalitat - comarcarural.com
Pozuelo invirtió 9,6 millones en un parque bajo sospecha
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PÚBLICO/Madrid* : La investigación judicial abierta en Pozuelo de Alarcón (Madrid) para esclarecer por qué el ayuntamiento decidió de un plumazo gastarse 9,6 millones en un parque presupuestado en 4,5 millones ha avanzado en una dirección que puede complicar más aún las cosas al Gobierno del PP. Máxime cuando se trata de un municipio involucrado desde primera hora en el caso Gürtel. Y, de hecho, el eco del escándalo de corrupción resuena en cada nuevo descubrimiento judicial sobre ese parque, bautizado como el de LasCárcavas por el nombre del arroyo en cuyas inmediaciones se construyó.
Por ahora, el único imputado es el ingeniero municipal que dirigía el proyecto, el ex parlamentario autonómico del PP Leopoldo Gómez. Pero Gómez ya le ha contado al juez que en esa extraña operación que benefició a dos filiales del grupo Constructora Hispánica, cuyo ex presidente, Alfonso García Pozuelo, está imputado en la Gürtel, sólo seguía órdenes: las del ex alcalde Jesús Sepúlveda y la ex concejal de Obras Yolanda Estrada, ambos imputados también en el caso Gürtel (aunque el juez podría levantar en breve la imputación contra Estrada). Y también seguía instrucciones, sostiene el ingeniero, de Gonzalo Aguado, actual alcalde de Pozuelo. Aguado sucedió a Sepúlveda cuando este dimitió al estallar el sumario sobre la trama corrupta. Cuando el parque de Las Cárcavas adquirió en 2007 dimensiones presupuestarias versallescas, Aguado era concejal de Urbanismo.
El pasado viernes, la portavoz municipal socialista en Pozuelo, Eva Izquierdo, anunció que su partido ya ha pedido la imputación de Yolanda Estrada y exigió "responsabilidades políticas" a Aguado. La apertura de diligencias sobre Las Cárcavas se produjo en 2008 a raíz de una denuncia del PSOE ante la fiscalía. "Aquí subraya Izquierdo se actuó mal desde el inicio". La concejala remarcó que la legislación sobre contratos públicos exige que cualquier modificación de obras cuyo importe supere el 20% del contrato original debe someterse de nuevo a licitación. "Y eso se ha incumplido, como se han incumplido todos los trámites de legalidad", se lamenta la edil.
Viaje a Bruselas
Ese año, los tres munícipes citados y el ingeniero Leopoldo Gómez viajaron a Bruselas con una misión inusual incluso para una localidad rica como Pozuelo: comprar árboles y plantas en un vivero. De allí se trajeron un árbol que costó al erario municipal de Pozuelo 110.578 euros.
El PP revistió la compra de solemnidad: se trata de un "árbol centenario de la especie Quercus Palustris", se lee en una respuesta municipal al PSOE. Es decir, un roble de los pantanos cuyo coste, y así se lo contó al juez el ingeniero Gómez, "sobrepasaba en realidad el umbral" para comprarlo de forma legal.
El actual regidor de Pozuelo, a quien Público inquirió sobre las acusaciones de Gómez y sobre aquel desplazamiento a Bruselas, respondió por escrito que "desconoce" el coste de ese viaje. Pero el periplo belga, y así lo aseguran fuentes conocedoras del caso, lo pagó la Unión Temporal de Empresas (UTE) que, en marzo de 2006, se había alzado con la adjudicación del parque. La formaban EOC de Obras y Servicios SA, Acanto Instalaciones y Montajes Eléctricos SA y Grupo Empresarial de Obras Civiles SA. Las dos primeras pertenecían al grupo de Constructora Hispánica, que ahora ha cambiado de nombre y de accionistas.
Según Aguado, fueron a Bruselas con una misión importante: "Se viajó fue su respuesta por mail no para comprar un árbol sino diversas especies vegetales (flor, arbusto, árboles, etcétera) con el fin de obtener vegetación ya consolidada para que los vecinos pudieran disfrutar del parque en el menor tiempo posible".
Dado que el alcalde de Pozuelo no aceptó hablar con este diario, fue imposible preguntarle por qué el municipio necesitaba poblar el nuevo parque con especies traídas de un país situado a 1.600 kilómetros.
* Público - 13.10.10
Foto: Este árbol centenario de la especie Quercus Palustris costó a las arcas municipales 110.578 euros.
Málaga: El hotel de Moneo, querido por las instituciones pero rechazado por varios colectivos
ELMUNDO* : El proyecto de hotel diseñado por el prestigioso arquitecto Rafael Moneo y previsto por Promociones Braser en la calle Hoyo Esparteros, junto al río Guadalmedina, cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Málaga y Junta de Andalucía, pero tiene el rechazo de algunos colectivos sociales como la Asociación de Defensa del Patrimonio Málaga Monumental, la Asociación de Monitores Medioambientales Almijara y la Asociación para la Defensa y Difusión del Patrimonio de la Costa del Sol Occidental, Cilniana. Las administraciones públicas acordaron recientemente modificar el Pepri Centro en la orilla este del río Guadalmedia para regularizar las edificaciones que ahora están fuera de ordenación e incrementar la altura establecida, lo que posibilitará la aprobación del proyecto impulsado por Braser, el cual prevé la construcción de un hotel de ocho plantas, más baja más ático, el doble de lo actualmente permitido.
En estos momentos la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga trabaja en la elaboración del estudio requerido por la Consejería de Cultura de la Junta para iniciar la modificación del planeamiento y en breve comenzarán las reuniones de la comisión técnica prevista para hacer posible dichos cambios, según confirmaron a este periódico fuentes de Urbanismo.
La altura máxima posible hasta ahora es de cinco plantas, pero el Consistorio ha instado la revisión de toda la fachada del río desde calle Cisneros hasta el colegio público Luis de Góngora.
El acuerdo institucional ha activado una movilización ciudadana en las redes sociales y hasta el momento se han reunido 160 firmas en un manifiesto contrario a la construcción del hotel, ya que se considera que la elevación generalizada de alturas en el margen izquierdo del río «consolidará una barrera física y visual, iniciada en décadas pasadas, que dividirá para siempre la ciudad moderna de la histórica, con el peligro de iniciar un efecto dominó de impredecibles consecuencias».
Muestra de la arquitectura malagueña
Este documento recuerda que en los terrenos previstos para el hotel «tan solo queda un edificio, conocido como La Mundial, que formaba parte del catálogo de edificios protegidos del Ayuntamiento de Málaga, pero que recientemente descatalogaron para allanar así el camino». Se trata de «una valiosa muestra de la arquitectura malagueña decimonónica que, con sus cierros curvos y su abigarrada rejería, hace de contrapunto al sobrio Mercado de Atarazanas». Dicho edificio será derribado para posibilitar la construcción del hotel.
Asimismo, los firmantes del denuncian «la destrucción de una parte significativa de la trama del centro histórico a pesar de estar protegida como BIC», pues desaparecerá la actual plaza triangular, en la cual se instalaron los esparteros a partir de 1728, en un espacio en forma de V delimitado por el desaparecido castillo de San Lorenzo, la plaza de Arriola y el paredón del Guadalmedina. La forma de la plaza quedó así condicionada por la actividad –en ella se maceraba el esparto– y por la construcción de talleres, almacenes y viviendas, algunas todavía en pie.
No obstante, el manifiesto aclara que los firmantes no están en contra del edificio proyectado por Moneo, «sino del lugar elegido para levantarlo», pues consideran que hay en la ciudad ubicaciones «mucho más idóneas donde su encaje urbano sería menos problemático».
A su juicio «resulta paradójico que nuestros políticos se unan por primera vez para ir en contra de los ciudadanos» y defiendan en su lugar «intereses particulares».
Por su parte desde el Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga se considera positiva la intervención de Moneo en la zona, pero se cuestiona que sea precisa la modificación del Pepri Centro, pues con el proyecto hotelero se podía justificar la posibilidad de hacer una excepción puntual y permitir el exceso de altura sin necesidad de revisar el Plan Especial del Centro.
* El Mundo - 10.10.10
Foto: Recreación del hotel de Moneo. | ELMUNDO.es
Una lectura ambiental de los Presupuestos 2011
JUAN LÓPEZ DE URALDE* : En los últimos meses se han sucedido diversas convocatorias electorales que han tenido un nexo común: el progresivo avance de opciones políticas que tienen el ecologismo como eje fundamental de su acción. El caso más reciente, y sonado ha sido el espectacular avance de la brasileña Marina Silva quien, a la cabeza del Partido Verde, ha rozado el 20% de los votos. Gracias a ello puede convertirse en árbitro del futuro de aquel país. El resultado de Marina Silva en un país clave en el tablero global acaba con el falso mito de que las políticas ecológicas son solo un lujo para los países ricos, poniendo de manifiesto que el sentido de identificación con ideas que buscan la sostenibilidad ecológica está cada vez más extendido por todo el globo. Pasados unos meses desde el fracaso de la Cumbre de Copenhague, parece que el mundo empieza a sacudirse la capa de tristeza y escepticismo que trajo el pobre resultado de aquella reunión sobre cambio climático. Y lo está haciendo de una forma inesperada, pero significativa: apoyando con el voto el avance de propuestas ecologistas.
De hecho, ahora los problemas ambientales estarán en el centro del debate en la segunda vuelta electoral de Brasil, ya que ambos candidatos tratarán de arrastrar a su terreno los 20 millones de votos verdes.
De alguna manera, la incapacidad de los líderes mundiales para dar la respuesta adecuada y necesaria a problemas globales tan acuciantes como el cambio climático o el hambre y la pobreza, está generando corrientes de opinión que empiezan a aflorar a través de propuestas políticas que, como la brasileña, irrumpen de manera novedosa en el panorama. Y es que parece que la impotencia puede transformarse en acción positiva, si ese descontento se encauza hacia nuevas propuestas y nuevas formas de organización. Ello es lo que pretendemos también con Equo.
Esta nueva marea verde se produce mientras en España nos encontramos inmersos en el debate presupuestario. Unos Presupuestos, los de 2011, de marcado carácter restrictivo del gasto público. El giro antisocial del Gobierno de Zapatero ha sido respondido nada menos que con una huelga general, cuyas demandas, de momento, no parece escuchar el presidente del Gobierno. Desde mi punto de vista, este giro del Gobierno socialista comienza a percibirse cuando en el comienzo de la segunda legislatura, Zapatero fusiona los Ministerios de Medio Ambiente y Agricultura, y entrega su gestión a una persona, Elena Espinosa, totalmente alejada de cualquier planteamiento mínimamente cercano a posiciones ecologistas.
Desde entonces las cuestiones ambientales no han tenido un peso relevante en la acción del Gobierno de Zapatero. Por más que en 2008 anunciase que el cambio climático sería uno de los tres ejes de su actuación, lo cierto es que el proceso de abandono de lo ambiental ha sido evidente. La razón detrás de ese abandono no es otra que la aceptación de las presiones que se ejercieron desde distintos sectores económicos contra las políticas ambientales que pretendían lograr medidas tan poco revolucionarias como el control del urbanismo en la costa, la protección de los espacios naturales valiosos, el cumplimiento del Protocolo de Kioto, la defensa de los recursos marinos o el cierre progresivo de las centrales nucleares.
Los Presupuestos Generales presentados por el Gobierno para 2011 profundizan en este abandono. Ciertamente, el recorte presupuestario ha afectado a todos los Ministerios. Pero, después de Fomento, es Agricultura -que actualmente incluye Medio Ambiente- el segundo departamento que ha sufrido un mayor recorte. Pero todavía es más alarmante conocer que apenas el 5% del total presupuestario de este Ministerio se dedica a políticas de protección ambiental. Por ejemplo, para el cambio climático, el Ministerio dedicará en 2011 exactamente el 2,3% de su presupuesto. Con estos datos en la mano es muy difícil que temas que ocupan los primeros puestos entre las preocupaciones globales dejen de ser marginales en nuestro país.
Dedicando presupuestos tan exiguos es imposible alcanzar los ambiciosos objetivos de reducción de las emisiones contaminantes establecidas como necesarias por el IPCC.
No existe justificación alguna para explicar esta marginación a la que el Gobierno ha llevado al medio ambiente. España, por su situación y sus condiciones geoclimáticas, está tan necesitada, o más, que el resto de Europa de políticas activas que tengan en consideración la necesidad de restablecer el equilibrio entre el entorno y la actividad humana.
En esta desidia, que se plasma en acuerdos que jamás llegan a cumplirse y que se convierten en meras declaraciones de intenciones; esta falta de un compromiso serio por nuestro planeta y por el presente y futuro de todos sus habitantes, está provocando una nueva corriente mundial que mira a la Tierra no solo como el proveedor de los recursos que necesitamos para subsistir, sino como el marco en el que vivimos y que es necesario preservar. España no debe seguir ajena a esta corriente, porque necesita, como ningún otro país, un giro ambiental.
* Juan López de Uralde es líder de la Plataforma Equo.
* El País - Opinión - 13.10.10
El 'número dos' de Urbanismo de Murcia cobró 600.000 euros tras un convenio
ELPAÍS* : Los dos principales implicados en la Operación Umbra que ha destapado una presunta red de corrupción en el Ayuntamiento de Murcia (PP): el director de la Gerencia de Urbanismo, Alberto Guerra, y el abogado Higinio Pérez Mateos, cerraron una operación por la que cobraron más de 600.000 euros en una venta de parcelas en el pequeño municipio de Ulea. Esta venta se cerró mientras el funcionario tramitaba un convenio urbanístico en la Gerencia del Ayuntamiento murciano. Los investigadores consideran que este dinero pudo haber sido el pago realizado a cambio de que el funcionario hiciera la vista gorda, beneficiando a los empresarios, y perjudicando por tanto las arcas municipales.
El 23 de diciembre de 2004, el detenido Pérez Mateos firmó un convenio urbanístico con el alcalde de Ulea, José Bolarín Cano (PP). El primer edil de este pequeño municipio se comprometía a reclasificar 2,7 millones de metros cuadrados de terreno rústico. Pérez Mateos no era propietario de estas fincas, pero sí había firmado una opción de compra con los dueños originales. De hecho, este abogado no compra de forma efectiva las fincas rústicas hasta que no llega a un acuerdo con los promotores de la urbanización Los Juncos de Ulea Golf Resort, que incluye 4.400 viviendas, un campo de golf y un hotel. El análisis de las escrituras constata que en la venta de Higinio Pérez Mateos a los promotores de la urbanización participa Alberto Guerra, considerado el número dos de Urbanismo.
La operación, según la acusación, se habría desarrollado así: Guerra beneficiaba a unos empresarios en Murcia valorando muy por debajo del precio de mercado la contrapartida que tenían que abonar al Consistorio a cambio de que le aumentaran la edificabilidad de sus parcelas. La investigación considera que la forma de pago por estos servicios era incluir a este funcionario en una operación urbanística en otro municipio, concretamente Ulea, encabezada por Pérez Mateos. Este abogado era socio en otra empresa del tercero de los detenidos, el empresario italiano Renato de Noce. Ambos son consejeros delegados de una sociedad radicada en Valencia denominada Paisajes Urbanos del Mediterráneo. A su vez De Noce aparece como socio del número tres del Urbanismo murciano, Joaquín Peñalver, imputado en el caso, y que compartía negocios con los empresarios beneficiados en Murcia.
Guerra fue interrogado sobre esta operación de Ulea por el juez tras ser detenido el 5 de octubre. Los investigadores creen también que este funcionario hizo la vista gorda cuando los empresarios engordaron el precio que costaba la contrapartida que debían pagar al Consistorio a cambio de que se le elevara la edificabilidad de sus parcelas, que consistía en la remodelaron un edificio histórico: el Casino. En ese sentido los agentes detectaron al menos dos facturas de los trabajos de remodelación que podrían ser falsas.
La puesta en marcha del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Murcia, que se aprobó en 2005 permitía a las empresas que querían un aumento de la edificabilidad obtener las plusvalías a cambio de una contraprestación al Ayuntamiento, que valoraban los propios técnicos, ahora imputados. Por eso, al menos dos de los convenios investigados incluían la remodelación y posterior cesión al Consistorio de edificios: el mencionado Casino y el Teatro Circo.
Un informe de la Intervención General del Estado sostiene que en los seis convenios que investiga el titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia, David Castillejos, el Ayuntamiento perdió más de 300 millones de euros.
En la Operación Umbra ha habido hasta el momento tres detenidos y una veintena de imputados por los delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, además de falsedad en documento mercantil y delito contra la Hacienda Pública.
* El País - 13.10.10
Foto: Murcia, plaza Catedral y polémico edificio Moneo - wikipedia.org
Sancionan al Consistorio de Alhaurín por el accidente de la escuela taller
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SUR/Málaga* : El Ayuntamiento de Alhaurín el Grande será sancionado con 18.626 euros por la Autoridad Laboral después de que la Inspección de Trabajo detectara una serie de irregularidades en las tareas que estaba desempeñando la Escuela Taller Fahala VII el pasado mes de febrero, cuando se produjo un accidente en el que resultaron heridos siete jóvenes, según informó ayer la Junta de Andalucía. En concreto, según la Delegación del Gobierno autonómico, se ha verificado que el proyecto de obra «carecía de Plan de Seguridad y Salud» y que el contrato del arquitecto que supervisaba la obra estaba en «fraude de ley», unas infracciones que califica de «graves», por lo que, a propuesta de la Inspección de Trabajo, se ha impuesto esta multa al promotor de la actuación, en este caso el Consistorio.
A ello se suma otra sanción de 45.078 euros ordenada por la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral de la Consejería de Empleo porque el Ayuntamiento «vulneró» la normativa que prohíbe a menores de 18 años trabajar en andamios, si bien este expediente ha quedado en suspenso hasta que no se dicte sentencia firme del caso, que aún investiga el Juzgado de Instrucción número 3 de Coín. En el comunicado remitido por la Junta se apunta a que el accidente lo motivó la rotura de uno de los muros de carga de la casa antigua del Huerto del Jorobado, donde estaban trabajando 18 alumnos de la escuela taller. El resultado del desplome fue el de siete jóvenes heridos, cuatro de ellos menores de edad y dos de ellos de carácter grave, teniendo que ser trasladados al Hospital Clínico Universitario donde permanecieron ingresados varios días.
La rotura del muro de carga se produjo por diferentes razones, según la Inspección de Trabajo, entre ellas su escasa resistencia al estar formado por ladrillos huecos, la debilidad de la base del tejado o el aumento del peso de la cubierta a consecuencia del agua de lluvia, entre otros condicionantes.
El Ayuntamiento lo niega
Por su parte, el equipo de gobierno de Alhaurín el Grande rechazó ayer las conclusiones de la Junta, asegurando que la documentación para el proyecto se estaba tramitando pero «no era necesaria ya que los alumnos no habían comenzado la ejecución de obra alguna, se estaban realizando prácticas y tareas menores que no necesitaban aún dicho proyecto». El Ayuntamiento reiteró que el accidente fue fortuito debido principalmente a la lluvia y anunció que presentará una denuncia por difamación contra la delegada de la Junta, María Gámez, por «tales mentiras».
* SUR - 12.10.10
Foto: Traslado en camilla de uno de los siete heridos en el accidente, que se produjo el pasado mes de febrero - diariosur.es
La Xunta abandona la batalla judicial contra el urbanismo de Barreiros
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ELPAÍS/Lugo* : En Barreiros un alcalde del PP, Alfonso Fuente Parga, dio en un solo año licencia para edificar 5.800 pisos, para cuadruplicar la población de un municipio con 3.300 habitantes. Lo hizo, junto a dos de sus concejales, también del PP, en una junta de gobierno y, sabiendo que cometía una ilegalidad, porque así se lo había transmitido en sus informes la secretaria municipal. La mayoría de los suelos donde los constructores pronto empezaron a levantar edificios tenía la condición de urbano no consolidado, según establece la Lei de Ordenación Urbanística e de Protección do Medio Rural de Galicia, puesto que las obsoletas normas subsidiarias de Barreiros no se adaptaron a la norma y las fincas carecían de servicios básicos.
Pese a todo lo anterior, el gobierno del PP siguió adelante con el procedimiento, hasta que el bipartito, tras advertir reiteradamente al alcalde- impugnó en los tribunales 44 de esas licencias -para levantar 3.174 pisos- y suspendió las normas subsidiarias de este municipio de A Mariña lucense que la publicidad de las constructoras empezaba a vender como localidad de veraneo. Tras analizar el proceso y recabar la información de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, el fiscal jefe de Lugo decidió presentar una denuncia por la vía penal contra el alcalde popular, sus tres ediles y la arquitecta municipal que avaló los planos. Todos están acusados de prevaricación urbanística en un caso que estudia un juzgado de Mondoñedo.
La Xunta de Alberto Núñez Feijóo y su conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, están dispuestos a legalizarlo todo. Primero destituyeron al director de la APLU que había capitaneado la lucha contra el caos inmobiliario de Barreiros. Casi al mismo tiempo frenaron cuatro de los contenciosos que la agencia iba a presentar con el aval de la Asesoría Xurídica de la Xunta y solicitaron la suspensión de los recursos que la anterior conselleira de Política Territorial, María José Caride, había interpuesto contra las licencias adjudicadas por la junta de gobierno de Barreiros. Meses después, la nueva Xunta firmó un convenio a tres, junto al propio alcalde denunciado por la fiscalía y la Diputación de Lugo, que preside el socialista José Ramón Gómez Besteiro, para dotar de servicios a las polémicas urbanizaciones con un coste para las arcas públicas de 14 millones de euros y regularizar el descontrol urbanístico del municipio. En virtud de este acuerdo, la Xunta aportará 5,6 millones, la institución provincial 1,2 y el Ayuntamiento otros 7,2 millones que espera recaudar de los promotores inmobiliarios, si bien este último detalle no figura en ningún acuerdo escrito.
Entretanto, el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Lugo, que estudiaba buena parte de las 44 impugnaciones realizadas por el bipartito contra los permisos para edificar que concedió Fuente Parga, acaba de remitir 20 escritos a la Xunta en los que advierte de que ya ha transcurrido el plazo de 60 días desde que el Gobierno gallego pidió suspender los recursos que heredó de sus antecesores. En otros tantos autos, el juez acuerda el archivo provisional del proceso promovido por el letrado de la Xunta en nombre y representación de la Consellería de Medio Ambiente. Y advierte de que "los autos permanecerán en esa situación mientras no se solicite la continuación del proceso o se produzca la caducidad de la instancia".
Y eso es precisamente lo que ha decidido el actual Gobierno gallego: dejar morir de inanición el proceso en los tribunales, con lo que en año y medio esas urbanizaciones estarán legalizadas. El plazo caducaría en marzo de 2012, pero mucho antes Hernández y Feijóo ya han planeado subsanar la problemática por la vía administrativa. Eso es al menos la respuesta que ha dado la Consellería de Medio Ambiente a este periódico. "En Barreiros existen dos vías: la administrativa y la judicial, y tanto el Ayuntamiento como la Xunta y la Diputación trabajamos en la primera de ellas", aclara un portavoz autorizado de la Xunta. La misma fuente sostiene que en la suspensión de los contenciosos se ha actuado por coherencia porque seguir con ellos "sería una contradicción con lo acordado conjuntamente con las tres administraciones".
Sin noticias de la Asesoría Xurídica
Hasta tres veces ha solicitado formalmente la oposición el preceptivo informe de la Asesoría Xurídica de la Xunta que debe avalar el convenio que legaliza el caos urbanístico de Barreiros. La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras se niega a entregar ese dictamen y la petición del PSOE para obtenerla por los cauces reglamentarios en el Parlamento ha caído en saco roto. Preguntado por el aval de la Asesoría Xurídica a este polémico proyecto, el propio presidente, Alberto Núñez Feijóo dudó de que este pudiese ser entregado a la oposición y los medios de comunicación puesto que fue remitida al Consello de la Xunta para que deliberase.
La respuesta es inaudita -este mismo Gobierno ha entregado a la prensa informes de la Asesoría Xurídica desde que llegó al poder en varias ocasiones- y la kafkiana solución propuesta por Feijóo no acaba de dar resultados. El presidente alegó en sede de Gobierno que se pediría un segundo dictamen al mismo organismo para pedirle opinión sobre si se podía hacer público el primero de los informes. Varios meses después de que se solicitase esta información, no se conoce ninguno de los dictámenes pese a las repetidas solicitudes de este periódico a la consellería de Agustín Hernández.
La postura de la Asesoría Xurídica es clave, puesto que el convenio de Barreiros prevé legalizar actuaciones que este mismo organismo impugnó en los tribunales hace menos de dos años. La regularización que prevé llevar a cabo el Gobierno gallego parte de la declaración de incidencia supramunicipal, un mecanismo excepcional previsto para salvaguardar el interés público que permite a la Xunta arrogarse las competencias municipales.
* El País - 11.10.10
Foto: Barreiros (Lugo), edificios denunciados - lavozdegalicia.es
Estadios y urbanismo en los tribunales
LEVANTE/Valencia* : Promotores que presiden clubes de fútbol, proyectos urbanísticos ligados a nuevos estadios e investigaciones judiciales. El Nou Mestalla y la Nueva Condomina guardan varias similitudes, aunque la imputación de delitos y las detenciones sólo se han dado en Murcia. En Valencia la Fiscalía archivó el caso de la permuta. La construcción de un nuevo estadio de fútbol, tanto en Murcia como en Valencia, ha llevado consigo sujeta la edificación de viviendas y el negocio comercial y hotelero. En la Nueva Condomina de Murcia son miles de casas y en el caso del Nou Mestalla la posibilidad de construir hoteles y superficie comercial en el campo nuevo. Y la reclasificación del suelo del viejo Mestalla con el objetivo de levantar varias torres de edificios para cuando el Valencia C. F. pueda jugar en el coliseo -ahora parado- pero en construcción.
Mientras, en Murcia, gracias a la petición de la Fiscalía, se ha destapado un caso de corrupción urbanística en el que hay imputados técnicos y políticos alrededor de las sucesivas modificaciones de convenios y presuntos tratos de favor a los adjudicatarios. En Valencia el Fiscal Superior de la Comunitat Valenciana, Ricard Cabedo, archivó el caso de la permuta de suelo del estadio por otras parcelas después de que un particular denunciase que había una infravaloración del solar de Ademuz en cerca de 30 millones de euros (se pagaron 45 y según la petición particular existía un quebranto de 29.599.258 a sumar).
"Por qué hay una doble vara de medir en los fiscales?" se pregunta Antonio Marín, del colectivo Cercle Obert de Benicalap, entidad que se sumó a la denuncia del proceso de construcción del Nou Mestalla. "¿Lo de Mestalla no se puede investigar y lo de Murcia sí? añade.
Marín discrepó de las últimas decisiones del consistorio que firma convenios con clubes como el Valencia y el Levante "abstractos" y "abiertos". Como fue el caso del solar de les Corts Valencianes de titularidad municipal en un principio -todavía no se ha escriturado- y por el que la ciudad recibiría del Valencia hasta 19 parcelas en diferentes zonas del término municipal, que todavía no se ha entregado. "No tenemos por qué decirle a la Fiscalía que haga su trabajo, debería hacerlo". apuntó Marín.
A todo ello hay que sumar otro dato. El 28 de noviembre se conocerá si existe pacto extrajudicial entre PSPV, Valencia y ayuntamiento. Si fragua, los socialistas habrán reculado después de denunciar la reclasificación de los terrenos que ahora ocupa el viejo Mestalla en los tribunales, en medio de un clima de división interna que les ha llevado a apoyar, todos a una, la recalificación del estadio del Levante. "Los pactos me parecen un auténtico disparate, algo contradictorio" apostilla Antonio Marín, de Cercle Obert de Benicalap.
Nou Mestalla
LA PERMUTA
2005. El solar de Corts Valencianes por 19 parcelas
El ayuntamiento cambia una parcela municipal en Benicalap, donde iba un polideportivo público, por solares en varios lugares de la ciudad que el Valencia CF adquirirá. El club, presidido entonces por el constructor Juan Soler, ya tiene solar para el campo.
CAMBIO DE USO DEL SOLAR
2007. El consistorio permite el uso comercial y de oficinas
Tras el cambio de uso de suelo dotacional a privado el gobierno local aprueba la permuta con base en la tasación mayor de las tres presentadas: 45 millones.
NUEVAS MODIFICACIONES
2008. El pleno introduce el uso hotelero en la parcela
Los hoteles se pueden construir junto al campo.
OBRAS EN MARCHA
2008. Permiso para construir el campo y denuncia particular
Se suma a la denuncia "Cercle Obert" de Benicalap por el acuerdo económico de la permuta.
POSIBLE DELITO
2009. Fiscalía de Valencia acusa y el Fiscal Superior archiva
Primero se investiga que la permuta podría ser una acción delictiva de tres miembros del consistorio y Ricard Cabedo (Fiscal Superior) lo archiva.
EL PAI DEL VIEJO MESTALLA
2010. EL PSPV busca una salida extrajudicial al pleito que impulsó
Los concejales del PSPV en Valencia recurrieron a los tribunales en contra de la edificabilidad asignada a las parcelas del viejo Mestalla, al entenderla excesiva, y al procedimiento sin concurso público para los trámites. Tras la llegada de Jorge Alarte a la cúpula socialista, este partido intenta liquidar ese pleito para no sufrir desgaste y busca un acuerdo extrajudicial. La sentencia se producirá el 28 de noviembre si antes no hay acuerdo entre los recurrentes, el club y el ayuntamiento. Los socialistas intentan que parte de los pisos del viejo Mestalla sean de VPO.
Nueva Condomina
PRIMER CONVENIO
2001. Estadio y 4.000 viviendas
El empresario y dueño del Real Murcia, Jesús Samper, construye el campo de fútbol para la ciudad a cambio de casas en un proyecto llamado como el campo, Nueva Condomina.
MÁS CONVENIOS
2005. Más de 22.500 casas nuevas y un casino
Nuevos convenios urbanísticos para hacer más casas en la zona norte, donde está el estadio y para poder remodelar un casino.
LA CIUDAD PIERDE
El ayuntamiento dejó de ingresar 500 millones según el PSOE
El PSOE denunció que la compensación era entre cuatro y cinco veces inferior a su valor de mercado. Faltan 500 millones de euros. El Tribunal Supremo obligó a la empresa constructora del campo (propiedad del dueño del Murcia) a ceder 58.000 m2 más de los que había pactado con el ayuntamiento. Esta masa de suelo está valorada en 18 millones.
OPERACIÓN POLICIAL. DETENIDOS 2010
Convenios urbanísticos investigados a petición de Fiscalía
La Guardia Civil detiene a tres personas e imputa a cinco por los proyectos urbanísticos vinculados a la construcción del estadio. El procedimiento se abrió por una denuncia de la Fiscalía con origen en el PSOE.
LOS IMPUTADOS
2010. El edil de urbanismo y el presidente del Murcia entre otros Entre los imputados se encuentra Jesús Samper, presidente del club de fútbol Real Murcia y empresario promotor de Nueva Condomina. Declarará el día 15. Otro de los imputados es el edil de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, el popular Fernando Berberena, además del ingeniero Renato de Noce, el abogado Higinio Pérez Mateos, el director de la gerencia de urbanismo local, Alberto Guerra , la jefa del Servicio de la Oficina de Gobierno local del consistorio murciano, María Isabel Fernández, y el que fue jefe de Planeamiento del ayuntamiento (1999-2006), Joaquín Peñalver.
* Levante - 11.10.10
Foto: Estadios y urbanismo en los tribunales - Efe
Málaga.- Un pronóstico para tomar conciencia
SUR* : Un estudio vaticina que el mar subirá seis metros e invadirá la costa de Málaga a finales de este siglo si se mantiene el nivel de emisiones contaminantes. Cuesta imaginarse que las aguas del mar invaden al completo el casco antiguo de la ciudad y el Perchel, que las olas llegan hasta la avenida de Juan Sebastián Elcano, en el litoral este, y que Huelin, La Princesa y Las Delicias quedan sumergidos en las profundidades marinas. Resulta impensable pero no imposible a tenor de los estudios realizados sobre la evolución de los efectos del cambio climático. El Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU), dependiente del Ayuntamiento de la capital, ha efectuado la simulación de un posible escenario del nivel del mar para finales de este siglo XXI que deja bajo las aguas a una gran parte de la costa de Málaga, penetrando considerablemente hacia el interior en algunos puntos de la urbe.
El estudio se basa en un informe realizado por la Agencia Internacional de la Energía (AIE) y en análisis del panel intergubernamental del cambio climático que hacen referencia a que, de continuar el nivel actual de emisiones contaminantes a la atmósfera, la temperatura media podría aumentar unos seis grados respecto a la actual dentro de noventa años, lo que implicaría que el nivel del mar subiría unos seis metros. Esto supondría la ocupación por el agua de las cotas bajas de importantes extensiones de terreno de todos los continentes, lo que afectaría no sólo a la fauna y flora del planeta, sino a la habitabilidad y condiciones de vida de los seres humanos.
Partiendo de esta premisa, que puede resultar un tanto catastrófica pero que sirve para concienciar a la población de la necesidad de reducir las emisiones de CO2, el OMAU ha realizado una simulación de lo que significaría en el caso de Málaga que el mar incrementara su nivel en seis metros, como también se ha analizado recientemente en otras ciudades costeras del país como Barcelona y Valencia, por parte del Institut Català de Cienciès del Clima.
La imagen resulta del todo dantesca. Tras efectuar una delimitación de las áreas inundables a partir de los datos del modelo digital del terreno, que permite visualizar las curvas de nivel y seleccionar aquellas zonas cuyo nivel de altitud sobre el mar está por debajo del umbral de los seis metros, se aprecia que las aguas invaden toda la zona comercial de Plaza Mayor, parte del aeropuerto, la desembocadura del Guadalhorce, la práctica totalidad del distrito de Carretera de Cádiz, el Perchel, el casco antiguo hasta la altura de la plaza de la Constitución (la Catedral se salvaría), el paseo del Parque, y una gran franja del litoral oriental de la ciudad que, en el caso de las playas de El Palo, alcanzaría la avenida de Juan Sebastián Elcano. Según los cálculos del OMAU, este panorama que, como se ha descrito, afectaría sobre todo a la parte central de la ciudad y al litoral occidental, dejaría sin casa a 123.000 personas, el 22% de la población malagueña.
Aumento de la temperatura
El incremento de la temperatura que causaría este efecto también ha sido constatado por este observatorio. En los últimos 14 años, la temperatura media de Málaga ha subido medio grado centígrado, de 18,5 a 19. En el mismo periodo de tiempo, han disminuido las lluvias, la humedad y el número de días nublados.
¿Se puede hacer algo para evitar este hipotético escenario? Evidentemente, la respuesta es afirmativa. Hace años que desde numerosos organismos públicos se insiste en la necesidad de frenar el cambio climático reduciendo el volumen de emisiones de CO2 que se emiten a la atmósfera. Estas emisiones, atribuibles fundamentalmente al sector de la energía y al transporte, constituyen uno de los principales factores responsables de la generación de los gases de efecto invernadero.
El Observatorio de Medio Ambiente Urbano revisa cada año una serie de indicadores sobre diferentes parámetros de la ciudad que abarcan desde el urbanismo a cuestiones de índole social. Esta radiografía de Málaga se plasmó el año pasado en un mapa dinámico colgado en Internet (www.omau-malaga.com), lo que supuso una iniciativa pionera que ha servido como modelo para otras ciudades. Este periódico ha podido tener acceso a los datos de esos indicadores relativos al cambio climático.
Se trata de los valores registrados en 2009 y revelan que Málaga emitió el año pasado 1.981.982 toneladas de CO2 al medio ambiente, lo que supone un registro de 3,43 toneladas por habitante y año. La marca puede parecer elevada, pero es sensiblemente inferior a la cuantificada hace seis años, en 2004, cuando las emisiones de cada malagueño eran de 4,8 toneladas al año. Esa cantidad se mantuvo prácticamente inalterada hasta el año 2008, cuando descendió a 3,7 toneladas. En 2009, volvió a bajar a 3,4.
No obstante, el motivo de esta disminución no hay que buscarlo en una mayor concienciación de la población, las autoridades y las industrias para tomar medidas que frenen el efecto invernadero, sino en la crisis económica, que ha reducido notablemente los desplazamientos y la producción de energía. Esa bajada se apreció sobre todo en 2008, cuando los niveles de CO2 en Málaga decrecieron un 22% respecto al año anterior. En 2009, la bajada ha sido menos acentuada, en torno al 8%, pero también es significativa, ya que la tendencia desde 2002 a 2007 era alcista, superando los 2,5 millones de toneladas de CO2 anuales.
Reducción de gases
La reducción de los gases contaminantes ha sido más acusada en el sector energético -que es culpable del 72% de las emisiones a nivel local- que en el de los transportes. El primero arroja una diminución de un 9,5% para Málaga en 2009 respecto a 2008, y el segundo sitúa ese porcentaje de caída en un 4,1%.
En el ámbito del transporte, destacan la reducción de los niveles de CO2 de los autobuses, sector en el que caen un 27%, y en la actividad portuaria, donde la bajada es del 55% respecto a 2008. En cambio, las emisiones del tráfico volvieron a crecer en Málaga en 2009 (un 2,3%) tras una acusada caída de un 16% en 2008. Los tubos de escape de los coches arrojan 475 toneladas de dióxido de carbono al año en la ciudad, la cuarta parte del total de sus emisiones.
* SUR - 9.10.10
Foto: La simulación inunda el tramo de la avenida de Andalucía más próximo al centro.- Sur
Murcia.- Expertos plantean expropiaciones y demoliciones para salvar la huerta
LAVERDAD* : Si la huerta desaparece, Murcia será una ciudad rodeada por el desierto. La advertencia la han lanzado, sin paños calientes, los expertos reunidos en la capital del Segura con motivo del proyecto Naturba, una iniciativa de la UE que persigue la integración de la ciudad y las zonas periurbanas agrícolas y forestales. La importancia de este cinturón verde como barrera contra la aridez ha llevado a estos científicos de España, Francia y Portugal a proponer un plan integral para conservar la huerta, con tres ejes fundamentales: diseñar una nueva planificación urbanística, concienciar a los ciudadanos sobre la importancia de este espacio e impulsar la actividad agrícola.
Tras dos días de debate, los expertos acordaron en asamblea once acciones para la protección de este paisaje rural. Así proponen una «moratoria de los instrumentos de planificación actuales» y la elaboración de una nueva normativa; plantean expropiaciones de huertos y demoliciones de construcciones que «entren en contradicción con las conclusiones del nuevo plan integral» y sugieren velar por el mantenimiento de acequias y carriles.
Los técnicos también consideran necesario implicar a la población en la conservación, y para ello lo primero es conseguir que los ciudadanos tomen conciencia de los valores que atesora la huerta y de que es «un patrimonio de todos». En cuanto al futuro, los expertos consideran que debe mantenerse como un espacio agrícola. Y para impulsar esta actividad plantean la posibilidad de abrir nuevos mercados, sin intermediarios, y crear una marca para los productos huertanos. Pero además, los técnicos consideran que este cinturón verde tiene un potencial como lugar de esparcimiento de la urbe, con «actividades museísticas y de recreo», un espacio donde los ciudadanos puedan relacionarse y compartir experiencias.
A los expertos extranjeros, que dedicaron una jornada a visitar distintas zonas de la huerta, les llamó la atención la gran cantidad de parcelas de cultivo abandonadas y la presencia en la ciudad de numerosas bolsas de suelo aún sin edificar.
El encuentro celebrado en Murcia reunió a profesionales de Toulouse y Lisboa, así como una delegación de la provincia de Guipúzcoa. Las reuniones contaron con las aportaciones de técnicos de la Comunidad Autónoma, de la Universidad de Murcia, la Politécnica de Cartagena, ingenieros de caminos, agrónomos, biólogos y geográficos. Además acudió una representación de la Junta de Hacendados.
Según la Asociación para la Conservación de la Huerta, Huermur, que también participó en los debates, las conclusiones «derivan forzosamente» en la revisión del actual plan urbano, porque «es incompatible» con la existencia de la huerta, y pide al alcalde Miguel Ángel Cámara que se ponga a trabajar en ello de manera urgente.
Ángeles Micol, portavoz de este colectivo, señala que el plan urbano «está desfasado» debido a que recoge unas previsiones de crecimiento «irreales». Micol plantea que se vuelva a la protección que gozaba la huerta en el año 2006, antes de que se adaptara el plan urbano a la ley regional del suelo. Y recuerda que aquella revisión «lleva la firma de Alberto Guerra [director de la Gerencia de Urbanismo] y Joaquín Peñalver [ex jefe de Planeamiento]», imputados en la presunta trama de corrupción urbanística destapada la semana pasada en Murcia.
* La Verdad - 12.10.10
Foto: Un tramo de acequia en una zona de huerta de Murcia - laverdad.es
