LNE/Marbella* : Es curioso ver la rapidez con la que descarga agua una fugaz tormenta de verano. Pero las malas rachas, sobre todo en la vida, no suelen dejar ver sus consecuencias con la misma prontitud. Esta metáfora debe de haber pasado por la cabeza de Montserrat Corulla (Madrid, 1971) de forma habitual a lo largo de los últimos cuatro años y medio. Montse, como la llaman sus amigos, vive atormentada desde que el 29 de marzo de 2006 fue detenida en el marco de la «operación Malaya», una época aciaga que se ha prolongado hasta estos días, puesto que está acusada de blanquear más de 44 millones de euros para el supuesto cerebro de la trama de Marbella, Juan Antonio Roca. El fiscal quiere prorrogar sus desvelos, porque le pide cuatro años de cárcel y una multa de 100 millones de euros.
No es una más entre los 95 procesados de esta causa, y vale más por lo que calla que por lo que dice. Los rumores sobre una hipotética relación de amistad o de negocios con el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, han provocado que los focos la iluminen a ella con más mimo que a otros procesados.
Pasó cinco meses en prisión preventiva, hasta que el 28 de agosto de 2006 decidió que no aguantaba más y optó por hablar. No le importó que otros tuvieran que pagar un precio alto por sus palabras. La libertad bien vale una delación.
En esa charla, con el juez Miguel Ángel Torres, la letrada reconoció ser supuesta testaferro de Roca, es decir, «una mujer de paja». Es administradora de Condeor, la joya de la corona del imperio del ex asesor urbanístico y de otras tres sociedades, todas con sede en Madrid. Su misión: comprar antiguos palacetes y reconvertirlos en hoteles de lujo.
A finales de los noventa Corulla, una bella mujer que ha dejado tras de sí una retahíla de corazones rotos, conoce a Juan Antonio Roca, todopoderoso asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, a través de unos amigos comunes. Poco después, entra a trabajar en el despacho madrileño Sánchez Zubizarreta & Soriano Pastor, supuestamente la firma que esculpe la red societaria a través de la que el capo marbellí lavó cantidades astronómicas.
Su talento no le pasa desapercibido a nadie: ni a Manuel Sánchez Zubizarreta, el responsable del despacho, ni al propio Roca, que, más allá de sus conocimientos jurídicos, descubre en ella un sexto sentido para los negocios, la capacidad de hacer que los demás se sintieran cómodos y se avinieran al acuerdo del que se tratase. Ella misma fue reclamando a Roca más protagonismo. Su olfato no le falló y la nombró administradora de Condeor en 2002.
Entre las operaciones en las que interviene Corulla santifica la adquisición de dos palacetes en Madrid, así como la compraventa de otras tantas fincas. Está por ver si su intermediación, y las operaciones en sí, son ilegales, algo que su abogado, Gonzalo Rodríguez, rechaza en el escrito de defensa. Cobraba 4.000 mensuales y, según fuentes consultadas por «La Opinión» de Málaga, del grupo editor de LA NUEVA ESPAÑA, utilizaba al chófer que Roca tenía en Madrid para desplazarse, lo que provocó varias discusiones con la hija del ex asesor, que entonces estudiaba Derecho en Madrid y también quería disponer de ese coche.
Tras cambiar la declaración, el juez Torres la dejó en libertad bajo fianza de 60.000 euros. Cinco meses entre rejas son más que suficientes para ablandarse. Un ex compañero la define como una persona «fría y pija», lo que contrasta con la actitud que mostró hacia su compañera de celda, a la que dio apoyo moral ante la proximidad de su juicio. Aficionada a vestir de marca, Corulla habló claro ante el magistrado: «Para Roca nunca nada es suficiente».
En su charla con Corulla, el juez Torres también descubre su «destacable valía» y su inteligencia, cualidades vitales para la supervivencia de la organización criminal. La abogada aclaró al togado que es habitual ver a Roca dar órdenes a los empleados del bufete madrileño, y aseguró que Sánchez Zubizarreta le ordenó que siempre obedeciera al murciano.
Además de intervenir en numerosas operaciones, Montserrat Corulla realiza diversas gestiones ante la gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, no sólo las vinculadas a los palacetes ubicados en esa ciudad, sino que también representa a otros clientes que nada tienen que ver con el «caso Malaya».
Su intensa actividad inmobiliaria tardó poco tiempo en llamar la atención en Madrid. La Policía cree que participó en una operación a través de la cual un grupo inversor trató de construir un hotel de lujo en un antiguo frontón. El PSOE interpuso un recurso ante el Ejecutivo autonómico por las intenciones de la promotora, al estar declarado el edificio bien de interés cultural. La formación socialista pidió que se diese a las instalaciones un uso deportivo y de ocio. Corulla defendió los intereses del grupo privado y, siempre según la Policía, «si sacase adelante el proyecto recibiría una comisión de tres millones de euros a repartir con otro de los intermediarios».
Sus labores profesionales propiciaron que sus relaciones en la capital se desarrollaran en el más alto nivel y, entre otros, es probable que conversara con miembros del equipo de gobierno del PP, incluido Gallardón. Según varias fuentes judiciales, hay conversaciones entre Corulla y el alcalde de Madrid que han sido suprimidas del sumario de «Malaya» porque no tenían interés para la causa. Ni la operación sobre el frontón ni la legalidad de sus relaciones han sido objeto de la investigación.
Corulla saltó a la portada de los medios nacionales cuando Miguel Sebastián, candidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid en mayo de 2007 y hoy ministro, le preguntó a Ruiz-Gallardón en un debate televisado por los vínculos entre ambos, mostrando a la vez una revista en la que se hallaba la imagen de la abogada. Gallardón montó en cólera por lo que consideró un ataque personal, y acabó arrasando en los comicios.
El hecho de que esas conversaciones desaparecieran del sumario contrasta con que se mantuvieran otras de carácter personal e íntimo. Sobre una de ellas, la Policía llega a decir: «Él intenta ligar con ella». El abogado ha solicitado al tribunal que retire estas grabaciones al haberse lesionado su derecho a la intimidad.
Estos días la abogada ha mostrado su imperturbable rostro a todos los que han acudido al juicio del «caso Malaya». Impecablemente vestida y haciendo uso de tonos pastel para tratar de pasar desapercibida, sus llegadas y salidas de la Ciudad de la Justicia de Málaga han merecido una gran expectación de los medios de comunicación.
En la sala, mira impasible a los letrados y a las cámaras que inmortalizan tan histórico proceso, pero marca distancias con su pasado. Eso sí, cree que no tiene por qué esconderse y se sienta en segunda fila. «Desde que la metieron en prisión, no se relaciona con nadie. Ha roto lazos con todo el mundo, incluido con Roca», señalan las fuentes.
Un nuevo pico informativo en torno a su persona se vivió en junio de 2007, cuando Gallardón y la jurista comieron en el mismo restaurante. El Ayuntamiento negó entonces que hubiera sido beneficiada en operación alguna. Ella lo niega todo y ha pedido una pericial caligráfica para que se decrete la falsedad de su firma en varios documentos. Corulla espera que esta mala racha, de cuatro años y medio, pase pronto. Sólo le queda mirar al cielo para comprobar si todo esto no ha sido más que una tímida tormenta de verano.
* LNE - JOSÉ ANTONIO SAU - 2.10.10
Foto: EL GOLPE DE SEBASTIÁN. El ministro de Industria, Miguel Sebastián, candidato a la Alcaldía de Madrid en 2007, preguntó a Gallardón en un debate por sus relaciones con Corulla y, por sorpresa, sacó una foto de la letrada, como muestra esta imagen televisiva. El golpe fue considerado bajo. Sebastián perdió.
Corulla, la dama de hielo
'Malaya'.- "¿Qué hace aquí la Junta de Andalucía?"
DIARIODESEVILLA/Málaga : Las defensas de los procesados cuestionan la acción popular que ejerce el Ejecutivo autonómico. El abogado José Rebollo, que representa al promotor granadino José Ávila Rojas, cuestionó ayer el papel de la Junta en el caso Malaya. Aunque se refirió exclusivamente a su posición jurídica, no dejó escapar la ocasión para referirse también al rol político que supuestamente puede jugar cuando dijo que "desde otro punto de vista también cabe preguntarse qué hace aquí la Junta de Andalucía".
La defensa de Ávila Rojas, que se sumó a las cuestiones previas planteadas por otros letrados relativas a la vulneración de derechos fundamentales y garantías procesales (juez predeterminado por la Ley, legalidad de las escuchas, falta de motivación de autos restrictivos de libertades y escuchas temporalmente sin amparo judicial) criticó que la Administración autonómica, que ejerce la acción popular, acuse al empresario granadino de malversación, en calidad de inductor, cuando nunca ha sido interrogado en el procedimiento por este delito.
"Es una acusación extravagante", porque "no es admisible acusar por unos hechos por los que no ha sido procesado" y "si consideraba que se habían producido que hubiese recurrido el auto de procesamiento". Finalmente resaltó que en su escrito de acusación provisional la Junta no hubiera determinado el importe de la malversación y que se le permita pedir indemnizaciones por responsabilidad civil cuando no es una institución perjudicada.
La postura de la Junta de Andalucía también ha sido cuestionada por la defensa de Carlos García Puente. El abogado Javier Morato tachó de "acusación sorpresiva" porque en el escrito de provisional también le atribuye a este procesado un delito de malversación, mientras que el letrado Javier Álvarez de Neira, que representa al ex comisario Florencio San Agapito, reprochó que se le haya permitido exigir responsabilidad civil. El abogado Manuel Salinero, que defiende a los hermanos Sánchez-Dalp, fue incluso más allá al referirse a la "legitimidad" de la Administración autonómica en esta causa, una situación que sugirió es un "despilfarro" de fondos que sólo "aporta dividendos publicitarios".
* Diario de Sevilla - 6.10.10
Foto: Juicio Malaya - lavozlibre.com
El Puerto.- Ecologistas acusa a la edil de Urbanismo de «usar el silencio» para legalizar viviendas
LAVOZDIGITAL* : Ecologistas en Acción ha escrito un nuevo capítulo en el libro de las viviendas ilegales de El Puerto de Santa María. La organización acusó ayer a la delegada de Urbanismo, Patricia Ybarra de «dejar pasar el tiempo» en el recurso que interpusieron contra el archivo del expediente abierto contra el ex presidente de Fevema, Francisco García Garrido, por lo que el caso «ha sido desestimado al no haberse contestado dentro del plazo que estipula la ley».Fue en mayo de 2006 cuando Ecologistas en Acción presentó una denuncia contra García Garrido por la construcción de una casa «ilegal» en Los Perales, «en suelo no urbanizable», hecho que, afirman, de sobra «era conocido por el entonces alcalde Hernán Díaz y el concejal de Urbanismo Juan Carlos Rodríguez», pero nunca le abrieron expediente.
Ante esta denuncia, Rodríguez abrió un expediente pero, que «cerró al poco aduciendo que la vivienda llevaba más de cuatro años construida, en base a un informe técnico que aportó García Garrido». Por su parte, el colectivo recurrió este archivo en junio de 2007, hace más de tres años, y aportó una serie de fotografías aéreas de la parcela de García Garrido en las que dijeron que «se podía comprobar que en 2003 todavía no estaba terminada la casa y que las obras prosiguieron ese año, por lo que la infracción y presunto delito no habían prescrito». También solicitaron al Ayuntamiento que remitiera las mencionadas denuncias y expedientes al Ministerio Fiscal al apreciarse la presunta comisión de un delito contra la ordenación del territorio y un delito de falsificación de certificado.
Ecologistas denuncian que la contestación por parte de la delegada Patricia Ybarra nunca llegó, «a pesar de los numerosos escritos pidiendo una respuesta». El grupo denuncia que ahora sí que han recibido una contestación, pero la de que el delito ha prescrito «precisamente porque ella nunca resolvió el recurso y se niegan a remitirlo a la Fiscalía a pesar de los claros indicios de que se han podido cometer delitos contra la ordenación del territorio y por falsedad documental, que ahora se podría ampliar a un delito de prevaricación por omisión de la propia Ybarra y del Jefe de Servicio de Disciplina Urbanística».
* La Voza Digital - 6.10.10
Foto: Ayuntamiento El Puerto - wikipedia
Granada.- Un centenar de municipios están en zona de riesgo de inundaciones
GRANADAHOY* : La alteración del entorno natural de la provincia, en buena medida a golpe de promoción inmobiliaria, ha propiciado que a día de hoy, según los informes que maneja la Agencia Andaluza del Agua, más de la mitad de los municipios granadinos estén en zona vulnerable de sufrir inundaciones en caso de fuertes precipitaciones. Ocupación de cauces de ríos y torrentes, urbanismo desmesurado y la escasez de infraestructuras son algunos de los motivos que colocan al 14,5% de la población granadina en alguno de estos enclaves potencialmente preligrosos en el caso de una tromba de agua.
Tras la experiencia del pasado año hidrológico -el más lluvioso de toda la década- los informes elaborados por los técnicos de la Junta de Andalucía adquieren mayor importancia si cabe. Las fuertes lluvias causaron incluso una víctima mortal, una mujer de 76 años en Valderrubio, que falleció tras el desbordamiento del arroyo Escóznar el 7 de enero.También fueron notables los destrozos en la Costa, en las casas cueva del norte así como los daños en carreteras.
Con esta experiencia tan reciente en el tiempo, es normal que más de uno mire al cielo con preocupación cuando se acerca una nube. Concretamente, según los datos recopilados por la Agencia Andaluza del Agua, hasta 99 municipios de la provincia podrían verse afectados en caso de lluvias fuertes, ya que se encuentran cerca de alguno de los 269 puntos negros que tiene registrados la Consejería de Medio Ambiente sólo en Granada.
Del total de puntos negros existentes en Granada según el Plan de prevención contra avenidas e inundaciones en cauces urbanos, 44 están en un nivel de riesgo muy grave, 45 grave, 102 moderado y el resto hasta 78, tienen la consideración de riesgo escaso. Según el citado informe, que está disponible en la página web de la Agencia Andaluza del Agua para su consulta pública, el 14,5% de la población -lo que supondría más de cien mil personas- reside en zonas que podrían ser susceptibles de inundarse. Este total de la población se localiza en 99 de los 168 municipios que hay en la provincia.
La importancia de determinar los puntos que pueden ser susceptibles de inundaciones es vital para la elaboración, por ejemplo, de los planes de ordenación urbana. Además, tanto el Acuerdo Andaluz por el Agua firmado el pasado año como el borrador de la futura Ley de Aguas urgen en la actualización tanto de planes como del propio mapa de riesgo. Para ello se ha incorporado el uso de las nuevas tecnologías. Se estima que el trabajo de los técnicos finalice en 2015.
* Granada Hoy - 6.10.10
Foto: Inundaciones - granada hoy
Implicaciones en otros sumarios por tramas urbanísticas en la Región de Murcia
LAOPINIÓN : Varios de los detenidos ayer en la nueva operación anticorrupción que llevó a cabo la Guardia Civil en Murcia tiene vinculaciones con otros sumarios y casos relevantes de la Región. Uno de ellos es Joaquín Peñalver, que es el principal imputado en la ‘operación Barraca’ y que ayer mismo por la mañana recibió la imputación del Juzgado de Instrucción Número 8 que ha desarrollado esta nueva operación, según confirmó a esta redacción. Peñalver no quiso hacer declaraciones al haberse decretado el secreto de sumario. Otro de los imputados de ayer con vinculaciones en la ‘operación Barraca’ es Renato de Nace, socio de la mujer de Peñalver.
Mientras, Francisco Arqués, antiguo oficial de una notaría del centro de la ciudad de Murcia, está relacionado con uno de los detenidos en el caso del ex alcalde popular de San Javier José Hernández. Fuentes consultadas por este periódico indicaron que un sobrino de la mujer de Arqués fue arrestado en la misma operación que llevó a los calabozos al ex primer edil y, según fuentes financieras, este mismo pariente del empresario detenido ayer actuaría presuntamente de testaferro para este hombre en distintos negocios. Francisco Arqués es un conocido promotor en la costa murciana, ya que al parecer cuenta con el 90% de la propiedad de la urbanización Ladera Dos Mares y Dos Mares del Mediterráneo, en La Manga.
En la operación realizada ayer contra la corrupción urbanística participan dos técnicos de la Agencia Tributaria, cuyas tareas se circunscriben a interpretar la información económica de los documentos requisados en los distintos registros realizados en la Gerencia de Urbanismo de Murcia, domicilios particulares y empresas.
* La Opinión Murcia - 6.10.10
Foto: La Manga (Murcia) - galeon
Imputan al concejal de Urbanismo y al dueño del Real Murcia por corrupción
LEVANTE/Murcia* : La operación contra la corrupción urbanística se salda con tres detenidos y ocho imputados. El juez investiga las recalificaciones de la Nueva Condomina. El concejal de Urbanismo de Murcia, Fernando Berberena, y el propietario del equipo de fútbol Real Murcia, Jesús Samper, han sido imputado en las diligencias abiertas por el juzgado de Instrucción nº8 de Murcia que investiga un presunto caso de corrupción urbanística en esta ciudad. En la operación que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil lleva a cabo desde primeras horas de ayer fueron arrestados el director de la gerencia de Urbanismo, Alberto Guerra, el abogado Higinio Pérez Mateos y el ingeniero Renato de Noce, vinculado a empresas de la construcción. Además, también están imputados el ex jefe del Planeamiento Urbanístico, Joaquín Peñalver, el empresario Francisco Arqués y la mujer de Alberto Guerra.
El negocio de Samper
La operación se produce en el marco de una investigación iniciada hace un año y medio, a instancias de la fiscalía, sobre la expansión urbanística de la zona norte de la ciudad, donde se ubica, entre otras urbanizaciones y centros comerciales, el complejo residencial Nueva Condomina y el estadio del mismo nombre, en el que juega el Real Murcia. La investigación se centra en lo que cobró el Ayuntamiento como compensación por recalificar los terrenos. Según el PSOE se firmaron unos convenios a cambio de unas compensaciones cinco veces menores que el valor de mercado de los terrenos. Uno de los convenios se firmó en 2001 con Jesús Samper y la compensación fue la construcción del estadio de la Nueva Condomina. Samper había adquirido poco antes por nueve millones 2.000.000 de metros cuadrados de suelo rústico, donde construyó el nuevo estadio, un gran centro comercial y un campo de golf con los que ha ganado 200 millones.
El Tribunal Superior de Justicia de Murcia informó de que el caso está relacionado con los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho y negociaciones prohibidas a los funcionarios, entre otros y que los tres detenidos pasarán hoy a disposición judicial.
Los agentes de la Guardia Civil practicaron desde las ocho de la mañana registros en despachos y domicilios de Murcia y Madrid, entre ellos en la vivienda de la capital del promotor de Nueva Condomina, Jesús Samper, el despacho del concejal de Urbanismo y la sede de la Gerencia de Urbanismo. El Real Murcia negó que Samper hubiera sido detenido y confirmó el registró de la sede social de Sport Management & Project SL, empresa de Samper.
Pero la investigación de este nuevo caso de corrupción que salpica a otro ayuntamiento gobernado por el PP, suscitó un nuevo enfrentamiento entre el PP y el PSOE. La secretaria del PP, María Dolores de Cospedal, acusó a los socialistas de utilizar distintas varas de medir en las instituciones del Estado y de hacer un ejercicio de «distracción» sobre las primarias socialistas en Madrid. El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, respondió a la popular que lo que debería hacer es exigir explicaciones sobre la corrupción en vez de «arremeter» contra quienes investigan, además de revelar que la decisión de llevar a cabo la operación se tomó el 15 de septiembre.
* Levante - 6.10.10
Foto: Nueva Condomina - laopiniondemurcia.es
El urbanismo mutante de Lugo
LAVOZ/Lugo* : En Lugo, según se ve, el urbanismo es una pasión, lo mismo en la capital que en el resto de la provincia. En la vieja ciudad amurallada se habla de urbanismo como se discuten las jugadas en el fútbol; en Barreiros también, aunque en las conversaciones, ante la desfeita, se recurre más al lenguaje bélico. Y así en toda la provincia. Los alcaldes ayudan mucho a fomentar el interés de los lucenses por el urbanismo. Es un mérito que a estas alturas de la democracia nadie discute. Pero la Xunta colabora también decididamente. Pone empeño, esfuerzo, tesón.
Lo del auditorio de Lugo, cuando Touriño , fue una notable aportación; lo de A Tinería, ahora que gobierna Feijoo , es, sin duda, un paso más en el esfuerzo singular por mantener el interés. La Xunta cambia de criterio y, en Lugo, cambia de opinión el popular Castiñeira que ahora ve fastidiosa la inspección de edificios. Es la pasión por el urbanismo mutante.
La Xunta de Feijoo, que es como decir el partido de José Manuel Barreiro y Jaime Castiñeira , decidió, porque le pareció oportuno, que el proyecto que estaba vigente para la unidad de intervención número 8 del casco histórico (el entorno del Pazo de Dona Urraca) en A Tinería no era el adecuado. Igual tuvo algo que ver que el proyecto fuese el fruto del concurso de ideas convocado y resuelto por el socialista Touriño. Igual no, que todo puede ser y cosas más raras se han visto. Como a Feijoo no le gustó el plan del socialista Touriño volvió los ojos al que tenía Don Manuel, o sea, Fraga , antes de que las urnas lo jubilaran como presidente de la Xunta. Y ahí sigue A Tinería con el pazo sin rehabilitar, el territorio sin ordenar y los pisos sin habilitar. Las arquitectas que ganaron el concurso de ideas que no se aplicará, las viguesas Belinda Besada y Marister Faílde, ven otra oportunidad perdida para la rehabilitación integral del casco histórico de Lugo. Son cosas que pasan. Antes, cuando Touriño, Cultura hizo inviable la reforma del cuartel de San Fernando para convertirlo en el auditorio de la capital. Fue otra oportunidad perdida; el auditorio sigue siendo un proyecto, diseñado ahora para el despeñadero de Magoi.
Los alcaldes, ya se dijo, hacen mucho para mantener el urbanismo al nivel del fútbol en las preferencias para el debate. Claro que sí. En el caso de Lugo, el nuevo PXOM está en boca de casi todos los lucenses. Pero nada comparado con lo que ha dado de sí, como asunto de conversación, el informe de Cultura sobre el citado plan general. Favorable, pero con condiciones. Claro, para eso tiene el PXOM entre sus valedores al portavoz y candidato popular a la alcaldía, Jaime Castiñeira. El mismo al que ahora no le gusta la ordenanza de la inspección técnica de edificios. Es obligatoria, exige un desembolso y, encima, el diagnóstico de los técnicos es de inevitable aplicación. Hay protestas, claro; cómo no va a protestar el administrado cuando lo meten en gastos. Y como hay protestas, y el PP primero apoyó la citada normativa y después exigió su aplicación, teme que, puestas así las cosas, la ordenanza le caiga encima y le haga un chichón en el cuerpo electoral. En esto de la inspección de edificios, el concejal Castiñeira bien puede decir lo que dijo Franco cuando le preguntaron si podían maquillarlo: «Sí, en beneficio de la película». El PP, en el caso de la ITE, está en pleno proceso de maquillaje.
El urbanismo, tal como se va viendo, es blanco cuando conviene y negro cuando aprovecha. Es un ahora sí y después no. Y llegado el caso, cada cual explica su postura al estilo Groucho: «No puedo decir que no estoy en desacuerdo contigo».
Son cosas que pasan. Como lo de Placebo. Antes dijeron sí, ahora dicen no. Y el programa del San Froilán 2010 se queda cojo, salvo que un poco probable contrato de última hora con otro grupo de primer nivel remedie la cojera. Ya pasó antes que una de las principales atracciones musicales de las fiestas de Lugo tuviese que quedarse en casa por enfermedad. A la joven concejala Nuria Mundiña , que se estrena en la organización de las fiestas, seguramente le habrán dado un buen disgusto. Mundiña, edila discreta, ya dijo que en este año de recursos escasos el Concello resalta las señas de identidad de las fiestas: pulpo, barracas y verbenas. Por eso el socialista Orozco se inventó en esta ocasión la apertura oficial de las casetas del pulpo, justo antes de marcharse a Barcelona a participar en el San Froilán que organizan los gallegos en el Nou Barris.
En Lugo, ya se sabe, cuando llega el San Froilán todo lo demás pasa al segundo plano. Incluso el urbanismo. La fiesta desbanca al PXOM, la rehabilitación de A Tinería, las torres al pie del parque y al follón de Barreiros. Pero la pasión sigue ahí.
* La Voz de Galicia - 3.10.10
Foto: Barreiros (lugo) - mma.es
Orihuela.- Vecinos afectados por la subestación eléctrica se niegan a su instalación
INFORMACIÓN/Alicante* : En caso de que Iberdrola instale una subestación de Arneva en el barrio Mariano Cases de Orihuela, unas 200 familias, cuyas viviendas se encuentran en un radio de 500 metros, se verían afectadas por el proyecto. Un centenar de residentes de la zona se reunió el pasado miércoles con un abogado para definir los pasos a dar con el fin de paralizar el proyecto. El primero de ellos será presentar alegaciones contra el estudio de integración paisajística elaborado por Iberdrola ante la Generalitat Valenciana o el Ayuntamiento oriolano. Los argumentos que acompañarán a las reclamaciones se basarán en que la subestación está proyectada en suelo inundable y en el número de viviendas edificadas alrededor.
Según explicó Jesús García, uno de los vecinos afectados, los residentes en las inmediaciones de los terrenos donde Iberdrola planea levantar el transformador se constituirán en plataforma para agilizar la toma de decisiones y designar una representación en caso de que deban reunirse con alguien del Ayuntamiento de Orihuela. En este sentido, García trasladó el deseo de los vecinos de que el consistorio se pronuncie acerca de esta cuestión, ya que "en privado sí que nos han dicho que allí no se construirá nada".
De hecho, los afectados se enteraron "por sorpresa" de que el proyecto seguía adelante. Un año después de que Iberdrola manifestase su intención de instalar en este paraje el transformador, y tras reunirse con el pedáneo de Arneva y el concejal de Urbanismo, Antonio Rodríguez Barberá, pensaban que el plan se había olvidado. Sin embargo, el Boletín Oficial de la Provincia publicó el pasado 8 de septiembre un anuncio por el cual se avisaba de la apertura del período de exposición pública del estudio paisajístico. Desde entonces, los vecinos se han reunido en dos ocasiones para consensuar las actuaciones que llevarán a cabo.
Aspectos
Otros de los aspectos que preocupan a los vecinos del barrio Mariano Cases, Arneva y la vereda de Los Montes es el impacto medioambiental que la subestación pueda tener. "Hay otras zonas más idóneas para su instalación, como las laderas de la sierra o zonas en las que no haya ninguna vivienda". "Tenemos miedo de que esto se resuelva en Valencia y el Ayuntamiento nos diga que ha venido hecho desde allí", añadió.
Conforme se resuelvan las alegaciones que presenten, los afectados decidirán si toman medidas "de presión" como movilizaciones o concentraciones contra la instalación de la subestación. Además, ya han recogido decenas de firmas contra el proyecto. La iniciativa de Iberdrola estuvo motivada por las dificultades que la compañía tiene para cubrir la demanda de suministro eléctrico de Orihuela Esta ciudad se surte de la luz que llega desde Los Rocamora y de Jacarilla, si bien la hidroeléctrica considera necesario levantar otra subestación transformadora para garantizar el suministro actual y el del futuro. Las Espeñetas, Montepinar, Arneva, El Secano, el PAU II y el PAU 12, son algunas de las urbanizaciones que se beneficiarían, entre otras, de la nueva planta.
Un edificio de más de 600 metros cuadrados
Iberdrola adquirió en 2007 una parcela de unos 17.000 metros cuadrados en el barrio Mariano Cases. Según el estudio de integración paisajística, la subestación estará formada por un edificio de 610 metros cuadrados de hormigón que alojará el sistema eléctrico, la salas de celdas, la sala de control y equipos auxiliares. Los tres transformadores de potencia se instalarán a la intemperie. Este informe asegura que la calificación del suelo en el que está proyectada la planta es no urbanizable correspondientes a terrenos de huerta tradicional. Asimismo, expone que la saturación de las líneas que abastecen a Orihuela tienen "repercusiones desfavorables" en la calidad del suministro y en la capacidad para atender la demanda en el futuro.
* Información - 1.10.10
Foto: Terrenos en los que está proyectada la subestación - información
Los jueces anulan la adjudicación del palacio de Boadilla a la SGAE
ElPAÍS/Madrid* : Los magistrados de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJ) han decidido anular la adjudicación del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (43.414 habitantes) del palacio del Infante Don Luis a la Fundación Autor, dependiente de la Sociedad General del Autores y Editores (SGAE). Los cinco jueces justifican esta decisión al considerar que la concesión administrativa otorgada por el Ayuntamiento, encabezado entonces por Arturo González Panero (PP), se realizó "con absoluto desconocimiento" del procedimiento y de los requisitos que la regulan. Panero, imputado en el caso Gürtel como presunto autor de los delitos de cohecho, asociación ilícita, fraude fiscal, blanqueo de capitales y falsedad, fue expulsado del PP.
Para obtener esta adjudicación la SGAE se comprometió en noviembre de 2006 a invertir 30 millones de euros para rescatar de la ruina en la que se encuentra al palacio del Infante Don Luis, construido por el arquitecto Ventura Rodríguez en 1765 y declarado Bien de Interés Cultural (BIC). El edificio, una vez rehabilitado, iba a ser destinado a albergar la sede de la Fundación Autor. El compromiso entre la SGAE y el Ayuntamiento se selló con la firma de un contrato entre el alcalde de Boadilla del Monte y el presidente de la SGAE, Eduardo Bautista, por el que se le cedía el palacio durante 75 años. A cambio se comprometían a rehabilitar, conservar y mantener el edificio.
En ese sentido, el Ayuntamiento de Boadilla con Juan Siguero (PP) como alcalde rescindió a finales de mayo el contrato que firmó con la SGAE en 2006 para que el palacio acogiera la sede de la Fundación Autor. El propio Siguero justificó esta decisión por la "inadecuación" del proyecto presentado por la SGAE a las "especificaciones técnicas" marcadas por la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad, que consideró que el proyecto no era viable por los restos arqueológicos hallados en los jardines.
Esta decisión judicial, que discrepa de la sentencia dictada en primera instancia por el titular del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Madrid, había desestimado la denuncia del abogado y concejal de Alternativa por Boadilla (APB), Ángel Galindo, supone un nuevo traspiés para un Ayuntamiento que ha sido seriamente golpeado por la corrupción, convirtiéndose en el epicentro madrileño de la Operación Gürtel, la mayor trama de corrupción de la democracia ligada a un partido político: el Partido Popular.
A la postre, el TSJ ha terminado por dar la razón al representante de APB, que alegaba que la concesión era nula de pleno derecho. "La justicia vuelve a darnos la razón con esta sentencia. Gracias a eso volvemos a recuperar el palacio para los vecinos de Boadilla. Y no ha sido nada fácil, ya que el PP decidió con su mayoría absoluta adjudicar ilegalmente esta concesión a la SGAE, y Alternativa por Boadilla ha tenido que oponerse en solitario".
La sentencia, que es firme y ante la que no cabe recurso, ahonda en las graves irregularidades detectadas. Como que en la concesión no se ha observado ninguna de las formalidades ni requisitos descritos en la normativa vigente, al mismo tiempo que "falta" la aprobación previa del proyecto de obras que no fue realizado con anterioridad a la adjudicación. Los magistrados recuerdan que el proyecto de actuación de obras fue aprobado después de haberse adjudicado el uso del palacio, según un informe de la Comunidad de Madrid.
La SGAE emitió ayer un comunicado de prensa en el que destaca que la Fundación Autor "no tiene ninguna responsabilidad del acuerdo del pleno del Ayuntamiento". Además, recuerda que el Consistorio decidió a finales de mayo extinguir la concesión del uso privativo del inmueble, por lo que esta entidad privada daba ya el expediente por terminado.
* El Pais - 5.10.10
Foto: Palacio del Infante Don Luis.- periodistadigital
Málaga.- Casi la mitad de la población vive en una zona con riesgo de riada
MÁLAGAHOY* : La ocupación de cauces, el urbanismo desmesurado o la escasez de infraestructuras de defensa hacen que casi la mitad de la población de la provincia de Málaga vivan en una zona de riesgo en el caso de inundaciones. La Consejería de Medio Ambiente ha identificado 158 puntos negros que correrían peligro en el caso de una fuerte tromba de agua que provoque el desbordamiento de uno de los ríos o arroyos que discurren por entornos urbanos. El diagnóstico realizado por la Agencia Andaluza del Agua a raíz de la redacción del futuro Plan Hidrológico de la Cuenca Mediterránea alerta de que 61 de los 101 de la provincia presentan riesgo de avenidas en mayor o menor medida.
Diez de esos puntos, entre los que se encuentra la cuenca del río Guadalhorce hasta su desembocadura en la capital y la de río Verde en la Costa del Sol occidental, tienen un riesgo muy grave de sufrir una inundación en el caso de fuertes inundaciones.
En otras 61 zonas el peligro se reduce a grave, mientras que en otros 66 casos es moderado. Sólo 21 de los 158 puntos negros localizados tienen un riesgo escaso. En total, según el plan de prevención contra avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces, el 45,9% de la población malagueña vive cerca de alguno de estos puntos. Además de la progresiva invasión que se ha ido produciendo en el dominio público hidráulico, las principales causas que han contribuido a que cada vez sean más las zonas en peligro en caso de inundación son la ausencia de ordenación en las zonas inundables, la destrucción de la vegetación de ribera y una no siempre adecuada red pluvial.
Dada la época de riesgo en la que se encuentra la provincia, será uno de los puntos que se traten en la reunión técnica que se celebrará hoy en Málaga para dar a conocer la planificación hidrológica que se desarrollará en los próximos años en la cuenca Sur. La delegada provincial de Medio Ambiente, Remedios Martel, aseguró ayer a este periódico que la administración autonómica "está trabajando con mucha dedicación en reducir los riesgos de inundabilidad de muchos de estos puntos" y que en la nueva planificación será "una prioridad la corrección de los puntos ya detectados".
También se ha hecho un diagnóstico de las zonas más vulnerables ante un periodo de sequía como el que la provincia de Málaga ha vivido en los últimos años y Málaga, el valle del Guadalhorce y algunos núcleos del interior de la provincia se llevan la peor parte. La propia Agencia Andaluza del Agua reconoce en este documento que existe una insuficiencia de infraestructuras de apoyo o emergencia frente a situaciones de sequía, un retraso en la implantación en los planes de actuación y una sobrexplotación de acuíferos que ponen en peligro a estas zonas cada vez que la pluviometría cambia.
Por otra parte, el comité asesor del plan de emergencias ante el riesgo de inundaciones en Andalucía, que reúne a técnicos de Junta y Estado bajo la coordinación de la Consejería de Gobernación y Justicia, se reunió ayer para comenzar a trabajar de cara a este otoño-invierno con el fin de repasar y actualizar los procedimientos de intervención, cooperación e información entre los distintos cuerpos que actúan en este tipo de incidentes. El director general de Interior, Emergencias y Protección Civil, José Antonio Saavedra, dijo que "se trata de trabajar con previsión adelantándonos a las posibles situaciones de emergencia, en la época en la que se produce el mayor número de precipitaciones y las de mayor intensidad".
La lluvia caída en la madrugada del lunes en buena parte de la provincia de Málaga es sólo un pequeño anticipo de lo que se espera para esta semana. El mal tiempo volverá a imponerse a partir del jueves y prácticamente se mantendrá hasta la mitad de la semana que viene. Habrá que aprovechar el sol hoy y mañana porque a partir del jueves el paso de un frente podría dejar lluvias generalizadas en toda la provincia. Pero será el fin de semana cuando la Agencia Estatal de Meteorología advierte que lloverá con más intensidad. Si las previsiones no fallan, la inestabilidad se mantendrá a comienzos de la semana que viene y las que más lo notarán serán las temperaturas que bajarán considerablemente hasta situarse en torno a los 20 grados.
* Málaga Hoy - 5.10.10
Foto: Inundaciones que afectaron a Rincón en marzo de 2004.- malagahoy
Un juez imputa al ex alcalde de Polop por presunta corrupción urbanística
LASPROVINCIAS/Alicante* : El responsable del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Villajoyosa ha imputado al ex alcalde de Polop Juan Cano y a un ingeniero por las supuestas irregularidades urbanísticas detectadas por la Guardia Civil en esa localidad durante la investigación del crimen de Alejandro Ponsoda.Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV), las comparecencias de ambos sospechosos se celebrarán el próximo 30 de noviembre. La resolución judicial es el resultado de la petición formulada por la Fiscalía de Medio Ambiente de la Audiencia de Alicante.
Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado descubrieron una presunta trama corrupta ligada al urbanismo municipal en el transcurso de sus pesquisas para esclarecer el asesinato del ex alcalde Ponsoda.
Esa parte del sumario se desgajó de la principal y se envió a otro juzgado de La Vila, que ya ha activado el procedimiento.
Según los investigadores, Cano controlaba el urbanismo municipal incluso antes de llegar al Consistorio para ocuparse de esa área. Otro personaje central en la presunta trama urbanística es el ingeniero José Vicente Martí, que llegó a la corporación de la mano del anterior.
El teléfono de este ingeniero fue 'pinchado' por la Guardia Civil con autorización judicial en la primavera de 2008. Martí elaboraba los informes sobre los planes urbanísticos proyectados en Polop a través de su empresa EIA Ingeniería.
No obstante, los agentes de la UCO descubrieron que había constituido otra mercantil, Urbanismo e Ingeniería de La Marina (UEI Marina), en el año 2002, desde donde realizaba presuntamente los proyectos técnicos que los diversos agentes con intereses urbanísticos en Polop le encargaban y sobre los que él mismo debía resolver.
Esa maniobra, según se recoge en el sumario, tenía como finalidad «evitar que le pudieran relacionar con EIA en una posible investigación por haber abusado de su función pública y haberse asegurado un beneficio económico».
Algunos proyectos urbanísticos del municipio están bajo sospecha. Es el caso del Plan de Reforma Interior (PRI) Rotonda, impulsado por la promotora Balcón de Polop. La UCO ya hablaba en 2008 del posible «enriquecimiento ilícito» de Martí.
Por su parte, Juan Cano ganó 290.000 euros con la venta de una parcela a Blauverd, una promotora que impulsaba un plan urbanístico en la localidad. No sólo él, sino también el ex concejal Jaime Narbó (480.000 euros) y su padre, Francisco Narbó (240.000), hicieron negocio con ese plan proyectado en el llamado Sector 8 de Polop.
* Las Provincias - 5.10.10
Foto: Polop - wikipedia
Córdoba.- Urbanismo 'regala' a Gómez el centro comercial mayorista más grande
ELDÍADECÓRDOBA* : La redacción definitiva del plan especial de la carretera de Palma, que legalizará Colecor, no dejará lugar a dudas. Donde al principio la Gerencia de Urbanismo utilizó el eufemismo "centro logístico" como uso autorizable dentro de las naves levantadas sin licencia, quedará como un suelo sujeto "al artículo 12.3.1 del Plan General de Ordenación Urbana", según el texto final, que es el que, dice el PGOU, regula "el almacenamiento y comercio mayorista, cuyo objeto es el depósito, guarda, almacenaje y/o distribución de bienes y productos". Por esta vía, el Consistorio le abre la puerta a Arenal 2000, empresa propiedad de Rafael Gómez, a convertir Colecor -si así lo estima- en uno de los mayores centros de venta, tipo cash and carry, de la provincia de Córdoba con la única excepción de que no puede operar con ningún tipo de mercancía peligrosa.
Confirmando las previsiones, Urbanismo no ha cambiado de criterio por el informe crítico de la Junta, que entiende que se está sobrepasando lo previsto por el PGOU. Lo cierto es que, con esta decisión, la Gerencia bordea lo previsto tanto en el Plan General como en la sentencia que tumbó el primer plan especial que, aunque redactado por Arenal 2000, presentaba un régimen de usos bastante menos bondadoso para los intereses de Rafael Gómez que el que se ha realizado desde los despachos de Urbanismo.
Según el PGOU, todo el plan especial de la carretera de Palma tiene que regirse por la normativa de suelo no urbanizable de especial protección de la Vega, con la particularidad de que se tiene que hacer lo posible por mantener los usos industriales históricos. Para ello, el plan permite a Urbanismo cierta mano en el sentido de "precisar y completar" el régimen de usos de la zona. ¿Cuál es el régimen de usos de la zona? Según el PGOU, las construcciones e instalaciones ligadas al sector primario, obras públicas, graveras, transformación de productos agrícolas y ganaderos, usos dotacionales y turístico-recreativos y equipamientos especiales (cementerios o cárceles, por ejemplo), salvo vertederos. Los usos prohibidos son, según el PGOU (artículo 11.8.5), "todos los demás", incluido el comercio mayorista.
El informe del Servicio de Planificación elaborado para aprobar definitivamente el plan de Colecor dice que Urbanismo está legitimada para introducir un uso no previsto -en puridad, prohibido- porque el PGOU le permite "precisar y completar" (aunque con la función territorial de evitar fragmentaciones innecesarias). El problema reside en la sentencia del TSJA de 2008 que anuló el primer plan especial. En su fundamento décimo, el alto tribunal andaluz dijo lo siguiente: "El Plan Especial, en cuanto desarrolla las determinaciones del PGOU, no puede ni contradecirlo, ni innovar aquellas determinaciones estructurales, de ahí que no pueda desconocer las prohibiciones de uso que para el suelo que ordena establece el propio PGOU".
Sigue el tribunal: "Ahora bien, dentro del citado límite, aquellos usos industriales previstos en el Plan Especial, deben integrarse e interpretar su alcance y extensión sobre los objetivos y fines de ordenación previstos en el propio PGOU. No cabe interpretaciones extensivas, cuando es posible aquellas que cohonestan sin forzar los usos concretados en el Plan Especial, con los autorizados genéricamente en el PGOU, insistimos, siempre respetando las prohibiciones previstas en el planeamiento general". La Junta entiende que Urbanismo se ha pasado con creces de la raya de la cierta libertad de acción que le ofrece la ley y la sentencia mientras que la Gerencia, en un asunto dirigido por su teniente de alcalde de Urbanismo, Francisco Tejada (IU), a la cabeza, entiende que está legitimada para ello.
El segundo asunto clave del informe es sostener que es perfectamente legal mantener 25.000 metros cuadrados de las naves sin licencia (más el cuerpo principal de la antigua cooperativa láctea). El informe de Urbanismo dice que no existe relación entre el uso histórico de Colecor y el autorizable, como afirma la Junta. La sentencia de 2008 es contradictoria en ese sentido. En primer lugar, asegura que no es preciso que lo que se autorice sea lo mismo que lo que existía. Sin embargo, introduce la aseveración de que existe una "insoslayable" relación entre lo de antes y lo que se puede permitir. La normativa que rige el suelo protegido de vega, como es el caso del que ocupa Colecor, permite, según el PGOU hacer cambios funcionales "siempre que se realicen reutilizando las instalaciones o construcciones existentes" sin perjuicio de ajustes. Ese artículo tampoco se aplica.
Urbanismo usa un criterio peculiar. Dice que en realidad el porcentaje de ocupación es del 21% como máximo que existía en la cooperativa láctea, aunque la superficie transformada llega ahora a 136.000 metros cuadrados, lo que permite dejar en pie la mayor parte de las naves de Colecor. La finca registral ha crecido en los papeles de Urbanismo hasta reconocer todos los metros cuadrados transformados por Arenal 2000 en unas obras realizadas sin licencia. Urbanismo afirma también que la sentencia no le obliga a respeto alguno a los usos históricos y que sólo se tiene que guiar por "la regeneración ambiental y paisajística" y por asegurar la permanencia de determinadas empresas en la zona. El TSJA vinculó esa decisión a necesidades industriales o empresariales reales expresadas en un proyecto de actuación.
* El Día de Córdoba - 5.10.10
Foto: Naves de Colecor, propiedad de Arenal 2000.- el Dia de Cordoba
Detienen al director de la Gerencia de Urbanismo de Murcia
LAVERDAD* : La Guardia Civil ha detenido a tres personas en relación con la operación que se desarrolla desde primera hora de la mañana en Murcia , donde se están practicando registros en despachos de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento, según han informado fuentes de la investigación.Los detenidos son el director de la gerencia de Urbanismo, Alberto Guerra, el abogado Higinio Pérez Mateos y el ingeniero Renato de Noce. A su entrada a la Gerencia, Guerra, acompañado de dos agentes, ha declarado en relación con la operación que "no pasa nada, no pasa nada. Son cosas de esto".
Estas diligencias se han practicado en el marco de un procedimiento por malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho, negociaciones prohibidas a los funcionarios y otros, iniciado por una denuncia de la Fiscalía. Al parecer, la operación estaría indagando en convenios urbanísticos de la zona norte de la ciudad.
Desde las ocho de la mañana, una decena de agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil realizan registros en varios despachos de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia , gobernado por el PP, y en algunas empresas y domicilios tanto de esta ciudad como de Madrid.
Los registros han sido ordenados por el juzgado número 8 de Murcia, el caso se encuentra bajo secreto de sumario. Dos vehículos todo terreno de la Guardia Civil se encuentran aparcados en la plaza de Europa, donde tiene su sede la Gerencia, que no ha sido precintada y en donde han podido acceder con normalidad los funcionarios hasta las 10 de la mañana. Los agentes están retirando abundante documentación de las dependencias municipales.
Los agentes se encuentran en la primera planta de la Gerencia, donde están ubicados, entre otros, el despacho del concejal, del director de servicios, y la asesoría jurídica municipal. El concejal de Urbanismo, Fernando Berberena, aún no ha llegado al edificio, según fuentes consultadas por Efe.
* La Verdad - 5.10.10
Foto: Ayuntamiento Murcia - serturista.com
Alicante.- El Ayuntamiento no sabe y no contesta
JOAQUÍN LÓPEZ* : El Ministerio de Fomento, con la licitación por 61 millones de euros para la entrada del AVE en Alicante, se pone por delante de la Administración local que no es capaz de encargar formalmente el proyecto sobre el desarrollo urbano a la Sociedad Avant, aunque hace ya cinco meses que anunciara, como fue recogido en los diarios de la ciudad, que así lo haría. Por aquella fecha también acordamos con el delegado de Urbanismo una muy inminente reunión con la alcaldesa para poner plazos a la aprobación del proyecto, todo ello con la intención por nuestra parte de intentar que la llegada del AVE y la urbanización de la zona, que debe dar lugar al gran parque por el que estamos en este proceso, coincidan. Estos retrasos incomprensibles que se vienen produciendo y alentando desde tiempos inmemoriales, unas veces por Fomento y otras por el Ayuntamiento, tienen en la actualidad en la Alcaldía de Alicante a su único culpable.
La alcaldesa Sonia Castedo no ha tenido la sensibilidad suficiente para convocar la reunión comprometida por su delegado de Urbanismo con la Plataforma Renfe y tratar el futuro desarrollo de la UBO/5 (Urbano en Ejecución número 5), más conocida como Operación Integrada 2 (según el anterior plan general), y poner fecha definitiva a su aprobación por el pleno municipal, que se atrasa y se atrasa desde hace años. Muestra así una enorme carencia de responsabilidad y su falta de interés, más allá de las palabras, para solucionar uno de los mayores problemas de la ciudad. Y no será porque no le hemos recordado la necesidad de la reunión por medio de solicitudes por registro, llamadas telefónicas y mensajes multimedia. ¡Pero la señora alcaldesa no encuentra el momento para la reunión!
El AVE llegará a Alicante en 2012 pero no puede llegar a un inmenso erial todavía lleno de vías y sin el proyecto aprobado y en ejecución, y sin plazos para la finalización total del soterramiento, ni de la estación intermodal de Alicante. Y esto es lo que ocurrirá si las tres administraciones Ayuntamiento, Generalitat y Fomento no cumplen con su responsabilidad y consiguen que Avant, que son todos ellos, tenga una planificación detallada, con fechas concretas a cumplir. Se ha anunciado para primeros de octubre una reunión de Avant, por lo que exigimos que en ella se acuerden los plazos de todo el proceso que concluirá cuando tengamos todas las vías soterradas y podamos disfrutar del gran parque central de Alicante y de una estación intermodal moderna y funcional.
El Ayuntamiento debe ser el principal impulsor y garante de este objetivo, y sin embargo, y de forma incomprensible no lo está siendo: la ciudad ganará un inmenso parque, evitará el corte en dos del paso a nivel y se podrá ejecutar la Vía Parque. ¿A qué espera pues? ¿Por qué no toma la dirección del proceso? Si se trabaja bien, en el mismo 2012 podremos tener fuera el paso a nivel, ejecutada la Vía Parque y el gran parque central en desarrollo. Aún esperamos y deseamos que sea así, y aprovechamos para exigirle de nuevo a la alcaldesa que ponga fecha a la aprobación inicial del proyecto urbano por el pleno, porque no olvidemos que después la Generalitat debe dar la aprobación definitiva en un proceso que puede ser largo, por lo que debemos comenzar de inmediato. Antes del periodo electoral el Ayuntamiento debe haber hecho sus deberes y haber aprobado el plan de desarrollo urbano. Así lo exigimos ahora y seguiremos haciéndolo mientras no se haga, sea periodo electoral o no.
* Información - Opinión - 2.10.10
El cambio de imagen del banquero del crimen
ELPAÍS* : José Manuel Carlos Llorca, fugitivo sobre el que pesan tres órdenes de busca y captura, como cerebro de la estafa de Fórum Filatélico y presunto implicado en la Operación Malaya, ha transformado su cara con operaciones de cirugía estética para seguir huyendo. La revista Interviú publica esta semana las fotografías de Llorca con su nuevo aspecto. Llorca, que el próximo mes cumplirá 61 años, está divorciado, tiene dos hijos y es catalán de la Seu d'Urgell, en Lleida. Debería estar sentado en el banquillo de los acusados del juicio de la Operación Malaya, el caso de corrupción de Marbella, que comenzó la semana pasada en Málaga. Francisco Javier Lendinez, el que fuera concejal en el ayuntamiento de Marbella con Julián Muñoz como alcalde y Carlos Fernández, del Partido Andalucista, que participó en la moción de censura de Marisol Yagüe, completan la terna de fugados relacionados con Malaya.
Precisamente, la policía española acaba de embargar un apartamento de Llorca en Puerto Banús, valorado en tres millones y medio de euros. En Mayala, está acusado de pagar cuatro millones de euros a la trama coordinada por el que fuera jefe de Urbanismo de Marbella, Juan Antonio Roca, para poder edificar allí varios inmuebles de Fórum Filatélico. También el juez Garzón ordenó investigar si una sociedad controlada por este fugitivo pagó dinero al alcalde de Santa Cruz de Tenerife y a la autoridad portuaria a cambio de favores urbanísticos.
Llorca también debería responder ante la Audiencia Nacional por la Operación Ballena Blanca, de blanqueo de dinero. En el caso de Fórum Filatélico, más de 400.000 personas perdieron su dinero y el presidente de la entidad Francisco Briones está acusado de estafa y blanqueo de dinero. A Juan Manuel Carlos Llorca se le acusa de manejar el dinero de Fórum, lavando dinero de traficantes de droga y armas, según señala Interviú.
El semanario informa que la policía española desconoce cuántos millones mueve, aunque según las investigaciones del Banco de España ha blanqueado dinero en Bolsa. Asegura también que no se sabe a ciencia cierta cuándo llegó a Venezuela, aunque apuntan al verano de 2006 pero un abogado que cita la revista indica que ya en 2005 tenía casa en isla Margarita. De hecho las imágenes que ilustran el reportaje son de fiestas celebradas en una mansión de la urbanización Juan Griego, a las que el letrado asegura haber asistido. En algunas de las fotografías se puede ver a Llorca bailando con su entonces novia, una venezolana llamada Andreína y en otras, en bañador con su nueva acompañante.
Llorca luce ahora abundante caballera, bigote, no lleva las gafas que antes usaba y las facciones de su cara están notablemente alteradas por las operaciones de cirugía estética a las que se ha sometido. Sin embargo, cuando el juez español Oscar Pérez llegó a Venezuela en marzo de 2008 para detenerle, se encontró con que estaba custodiado por policías venezolanos y consiguió huir. Ahora se desconoce su paradero, pero en isla Margarita dejó la citada mansión, dos furgonetas Mercedes y un avión privado.
El abogado consultado por la revista le califica de "Banco suizo con piernas" y asegura que tiene seis pasaportes, uno español, varios venezolanos, uno árabe y varias caras.
* El País - EP. - 4.10.10
Foto: José Manuel Carlos Llorca Rodríguez - elpais
"El sector inmobiliario debe habituarse a que no volverá a ganar un 200%"
ELALMERÍA/Entrevista* : El urbanista Fustegueras analiza las razones del estallido de la 'burbuja' y defiende el papel de lo público para suplir a la iniciativa privada. -Ha llegado a redactar 18 planes generales al mismo tiempo. ¿En cuántos trabaja ahora?
-El paquete de trabajo es similar, aunque en fases distintas. Trabajamos en Madrid, Valencia, Extremadura y Cataluña, además de en Andalucía.
-¿Los ayuntamientos le pagan?
-Nuestro déficit de cobro es importante. No se atisban trabajos nuevos. Existe cierto parón. Y no lo entiendo: en tiempos de crisis es justo cuando habría que reflexionar sin presión.
-¿Arquitectura?
Estamos haciendo la Escuela de Enfermería de Granada en el Campus de la Salud.
-¿Cómo afecta el cambio de ciclo económico al urbanismo?
-Las cosas nunca serán ya como antes. Los promotores compraban suelo incitados por el crédito bancario. La promoción volverá a la situación previa: habrá que ser dueño del suelo y que éste sea apto para ser edificado. Estos años hemos asistido a la paradoja de que los constructores compraban terrenos rústicos, para cultivar, por razones financieras. La crisis inmobiliaria está provocada por estos lodos. La ley del suelo cambia el sistema de valoraciones, lo que provocará que los activos de las inmobiliarias se modifiquen.
-¿Y eso es algo bueno?
-Con independencia de que algunos tendrán una situación complicada, atemperará el precio de las cosas. Se dice que el precio de la vivienda no va a bajar más. En mi opinión en algunos sitios, no; pero en otros, sí. Parte del excedente de viviendas no se podrá digerir. Irán a las amortizaciones empresariales.
-Algunos creen que esto será una cosa temporal.
-Nadie piensa que esto vaya a ser un paréntesis. La crisis se produce porque la producción inmobiliaria se entiende como un valor de cambio, no de uso. Se construía sólo para especular. Era el juego de la silla. Al final hay quien se ha quedado sin sentarse y otros que han ganado mucho dinero. Se han llevado varias sillas a su casa. La banca también habrá sacado sus lecciones.
-Hay quien piensa que en Andalucía mientras más leyes urbanísticas existen menos se respetan.
-Ha existido mucha efervescencia normativa. Tras la nueva ley del suelo del Estado, con el cuerpo normativo existente, y con independencia de la necesidad de desarrollar los reglamentos, deberíamos entrar en una etapa de tranquilidad. Los ayuntamientos deben planificar sus ciudades sin presión, pensando en los intereses generales. Hay que culminar procesos de ordenación territorial, que ahora sufren un parón. Debemos aprovechar estos años de digestión para tener todos los papeles hechos y las decisiones tomadas para cuando se reactive el ciclo económico.
-Andalucía sufre cierto retraso en ordenación territorial.
-Los problemas están concentrados en las áreas metropolitanas y en el litoral. Hay zonas sin abordar, como Córdoba, el Campo de Gibraltar, Almería o Jaén. También la red de ciudades medias, donde empieza a ser preocupante la pérdida de población. Debemos reflexionar sobre el papel de estos territorios. Si uno mira una fotografía área verá que en Andalucía está encendida la costa y apagado el interior, lo que causa desequilibrios que hay que evitar con planificación territorial, no sectorial.
-¿Cómo se financia el urbanismo en tiempos de crisis?
-Las inversiones de las administraciones son y serán las territoriales. Las urbanísticas dice la legislación que deben pagarlas aquellos que se benefician del desarrollo urbano. En el Plan de Sevilla, por ejemplo, aseguramos las inversiones para las infraestructuras. Si el ciclo económico no permite que la inversión privada lo haga, habrá que entrar en los procesos públicos para resolver las necesidades de VPO y de equipamiento. No es deficitario.
-Pero si el ladrillo no es negocio...
-Hombre, ya no se podrán cubrir las expectativas de la transacción inmobiliaria especulativa. Los planes generales tardarán más en realizarse, pero cubrir las necesidades generará plusvalía económica, no con 400.000 viviendas, sino con 100.000. El negocio inmobiliario tendrá que habituarse a tener menos beneficios. Los promotores y los banqueros antes ni se planteaban operaciones inmobiliarias que no dieran el 200% de beneficio sobre una inversión que, además, nunca hacían. Cualquier industrial trabaja con márgenes del orden del 7 o el 10% del dinero que invierte. Los fondos de inversión hacen operaciones en las que se garantizan el 6%. Tenemos que ir a ese tipo de urbanismo. Todo será más estricto, pero si existen necesidades habrá producción inmobiliaria.
-¿Cómo se interviene?
-Usando los mecanismos legales. En mi época en Jerez los aplicamos con contundencia. Desarrollamos proyectos inmobiliarios para suelo residencial y económico que pasábamos al sector privado. Cierto tipo de vivienda las hacíamos nosotros. La alianza estratégica fundamental debe ser entre la administración y la banca. En cualquier negocio es más confiable prestarle a una administración que a un particular. Hay más garantías de cobro. La colaboración pública-privada no debería limitarse a las infraestructuras. Se puede usar para las viviendas y los equipamientos. Si las cosas se ajustan a la demanda habrá beneficios razonables.
-¿Qué culpa tiene la administración en el estallido de la 'burbuja'?
-La administración casi siempre responde tarde. Pero no seamos ilusos. La sociedad en la que hemos estado embarcados era especulativa. La gente compraba los pisos para venderlos y ganar dinero. Su responsabilidad es idéntica a la de todos. Era difícil resistirse. El pensamiento general era que todo valía. No se entendía que esta forma de hacer las cosas era pan para hoy y hambre para mañana. No sólo ha ocurrido en Andalucía. En otros sitios aún no se dan por enterados.
-¿La VPO está muerta?
-En España no existe la estructura empresarial de Europa. No hay corporaciones con propiedades inmobiliarias que vivan del alquiler. Aquí todo ha sido promoción para la venta. Es bueno derivar parte de los recursos al alquiler. Pero a medio y largo plazo. No puedes quitar la subvenciones a la venta de VPO de golpe. No estamos preparados. Supondrá un parón. Y no es coherente. Hasta hace nada el discurso oficial era justo el opuesto.
* El Almería - 3.10.10
Foto: Urbanista Fustegueras - el almeria
El juzgado anula el acuerdo por el que se aprueba el proyecto para construir 350 viviendas en Cangas
FARODEVIGO* : El Juzgado nº3 de lo Contencioso /Administrativo de Pontevedra asestó otro duro varapalo a la Unidad de Actuación nº5, al anular el acuerdo de la Junta de Gobierno del 16.07.2008 por el que se aprobaba el proyecto de compensación de una actuación urbanística en Altamira que pretendía la construcción de 350 viviendas en una superficie de 35.000 metros cuadrados, con una inversión de 19 millones de euros.La denuncia fue interpuesta por cuatro vecinos con propiedades en polígono donde se pretendía actuar.
El fallo judicial es recurrible y según fuentes municipales se ejercerá ese derecho, lo mismo que se hizo con el fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) de mayo de este año, que anulaba el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) aprobado por el gobierno del Partido Popular en el pleno de 26.01.2007, poco antes de las elecciones municipales. El alto tribunal había tirado el PERI porque no figuraba ninguna reserva de vivienda protegida.
La aprobación del proyecto de compensación de la citada urbanización provocó uno de los graves enfrentamientos del tripartito. Fueron los votos de los concejales socialistas quienes hicieron posible sacar adelante este proyecto. El BNG se abstuvo y ACE votó en contra. Los nacionalistas mencionaron que no podían votar a favor de un proyecto que tenía dos informes técnicos contradictorios. El arquitecto municipal Alfonso Lage, en la época del gobierno del PP, había elaborado un informe técnico favorable respecto al proyecto de urbanización, que se considera más fundamental que el de compensación, pero ya con Mariano Abalo como concejal de Urbanismo, el mismo arquitecto firmó otro informe contrario al proyecto de compensación, por entender que incumplía algunas obligaciones legales: "Se advierte de una merma sustancial de los derechos municipales en relación con la equidistribución del polígono 1, afectado al interés general. A la que era en aquel momento secretaria del Concello de Cangas se le pidió también un informe por parte del ex edil de Urbanismo, pero renunció a pronunciarse. También existía un informe favorable del por aquel entonces Jefe de Urbanismo, Alfonso Marnotes, el mismo que respaldó la aprobación del PERI. Cabe recordar que Mariano Abalo presentó recurso de reposición contra el citado acuerdo y que con posterioridad presentó recurso de contencioso contra el acuerdo, proceso judicial que más tarde paralizó. La demanda entró en Pontevedra el día 12 de marzo de 2008 y en diciembre se archiva la causa al no formalizar el edil de ACE la denuncia.
Tampoco extraña demasiado el fallo del juzgado de Pontevedra si se tiene en cuenta lo dictado por el TSXG respecto al PERI. Era lógico que si el PERI incumplía la ley al no reservar espacio para vivienda protegida, que el posterior proyecto de compensación fuese también anulado. Lo que extraña es que los mismos que denunciaron la aprobación del PERI y la aprobación del proyecto de compensación no denunciaran el proyecto de urbanización, que es el que concreta más el diseño de la actuación urbanística.
Los socialistas, al término de aquella polémica Junta de Gobierno de julio de 2008, dijeron que habían actuado en conciencia y estando siempre respaldados por informes jurídicos favorables, tanto municipales como de la Xunta de Galicia, que también había dado visto bueno proyecto.
Sobre este proyecto de compensación hubo más informes. Los encargados por el aquel entonces concejal de Urbanismo, Mariano Abalo, que eran externo y los demás miembros del gobierno no los quisieron tener en cuenta. El Bloque esgrimió en su explicación de voto la inseguridad jurídica que provocaba la existencia de informes contradictorios sobre un mismo tema.
* Faro de Vigo - 3.10.10
Foto: Cangas - turismogalicia
El equilibrio inestable de Malaya
ELPAÍS/Marbella* : Malaya es una locomotora que puede parar en cualquier momento. El macrojuicio que sienta en el banquillo a 95 procesados por la gran trama de corrupción de Marbella (Málaga) arrancó el lunes para sorpresa de los más escépticos. A pesar de ello, la fiscalía malagueña conserva el temor de que cualquier incidente, como la renuncia de un letrado, hay 77 designados, lo haga parar. "Cualquier desacuerdo con el cliente sobre la línea de defensa puede desencadenarlo", aseguran.
Los abogados no están obligados a dar grandes explicaciones de su salida de un proceso. La retirada de cualquiera de ellos llevaría aparejada la suspensión temporal del juicio hasta la designación de otro, que suele reclamar tiempo para estudiar el caso. Un caso con 200.000 folios de sumario. Ya en julio, la renuncia del abogado de Juan Antonio Roca, el principal imputado, hizo temer lo peor. Sin embargo, su nueva letrada, Rocío Amigo, retomó la defensa en tiempo récord. Amigo cuenta con la colaboración de Yolanda Terciado, abogada del anterior equipo y que ya conoce en detalle el macrosumario.
La primera sesión del juicio esquivó situaciones como la enfermedad de dos procesados, que podrían haberlo aplazado sin fecha. Se consiguió gracias a la colaboración de las partes y al sistema de grabación de las sesiones. A los que no han asistido se les facilita una copia en vídeo de lo ocurrido y así se evita que se produzca una situación de indefensión.
El papel de José Godino, presidente del tribunal, es clave. El magistrado tiene fama de conciliador y dialogante, algo muy necesario en un proceso en el que hay que poner a tanta gente de acuerdo. En la segunda sesión, trató de frenar los ataques contra el juez Miguel Ángel Torres, principal instructor de la causa, al que uno de los procesados llamó "inquisidor" y acusó de hacer detenciones ilegales.
Godino pidió a los abogados que centraran sus intervenciones en "cuestiones estrictamente jurídicas". Los abogados, todo un plantel de catedráticos y juristas, suavizaron las formas pero no el fondo. "Es curioso que las defensas centren sus ataques en Torres, cuando fue el segundo instructor, el juez Óscar Pérez, quien jurídicamente censuró y fue más duro con sus peticiones", observan fuentes judiciales.
Las primeras jornadas, en las que los abogados plantean las cuestiones previas a la celebración del juicio, han transcurrido de forma ágil. Un tercio de los procesados ha expuesto sus reparos a la instrucción sin aportar grandes novedades. Han repetido los mismos argumentos de sus recursos: que el juez Torres no era el predeterminado por la Ley o la nulidad de las escuchas telefónicas, las detenciones y los registros. Atacar a la base, la estrategia clásica para derribar cualquier procedimiento.
El abogado Horacio Oliva, uno de los penalistas más reputados de España, aportó una novedad al poner sobre la mesa la falta de 5.000 folios del sumario. Oliva, catedrático de Derecho Penal en la Universidad Complutense, participa en otro de los grandes juicios que celebra la Audiencia de Málaga: el caso de blanqueo de capitales Ballena Blanca. Lleva la defensa del principal procesado, el abogado chileno Fernando del Valle. En esta causa también se han extraviado 17 legajos de documentos.
Todavía es pronto para adivinar las líneas de defensa. El plantel de abogados defensores se ciñen al guión y no han mostrado aún sus cartas. El mayor esfuerzo radica en hacer posible que el juicio, que coincide en el tiempo con otros dos grandes procesos -los casos Minutas y Ballena Blanca- no sufra grandes interrupciones.
Los enjuiciados también tienen numerosas citas judiciales. El próximo jueves, la Sala de lo Social en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) revisará el despido de Juan Antonio Roca del Ayuntamiento de Marbella. El equipo de gobierno marbellí le echó por no acudir a su puesto de trabajo. Roca, que pide que le readmitan o le indemnicen, alega que no han tenido en cuenta que todo el tiempo estuvo en prisión preventiva por el caso Malaya.
* El País - 3.10.10
Foto: Juicio Malaya - lavozlibre.com
El Superior de Madrid mantiene la fianza de 85 millones para Correa
ELPAÍS* : La Sala de lo Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ratificado la decisión del magistrado instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, de imponer una fianza de 85 millones de euros al cabecilla de la mayor red de corrupción de la democracia, Francisco Correa, recluido en la cárcel de Soto del Real junto a sus dos máximos colaboradores, Pablo Crespo (ex secretario general del PP de Galicia) y su primo y testaferro, Antoine Sánchez.
Correa presentó un recurso ante la Sala para que se anulase la fianza que le impuso Pedreira hasta que se aclare qué parte de las escuchas que mantuvo en la cárcel con su abogado quedan anuladas. Y, además, hasta tanto pueda contradecir en presencia judicial el informe de la Agencia Tributaria que le atribuye una fortuna valorada en 85 millones de euros.
Otro de los motivos que alegaba para que le eliminaran la fianza es que el caso sigue bajo secreteo sumarial por lo que no ha tenido oportunidad de defenderse de las imputaciones que hay contra él.
La Sala del TSJ, en un auto del que ha sido ponente Francisco Viera, rechaza los argumentos de Correa e indica que el objetivo del mantenimiento del secreto de sumario es asegurar el resultado de la investigación que desarrolla el instructor. El tribunal asegura que ello no imposibilita la adopción de medidas cautelares como la imposición de una fianza cuyo objetivo es satisfacer eventuales responsabilidades pecuniarias.
El auto también alega que la nulidad de las escuchas decretada en su día no elimina los indicios que se tuvieron en cuenta para adoptar, incluso, otras medidas cautelares más graves como fue su encarcelamiento.
* El País - 2.10.10
Foto: Correa-elpais.com
Prisión por montar una explotación agrícola en Doñana
ElPAÍS* : La Audiencia de Huelva ha condenado a tres empresarios y a un funcionario por una explotación fresera montada en la finca Avispero, situada en un espacio de máxima protección de Doñana, en el término de Bonares (Huelva). El funcionario, adscrito a la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Huelva, ha sido inhabilitado por hacer la vista gorda ante las irregularidades. Los empresarios han sido condenados a penas que suman algo más de cinco años de cárcel.
Uno de los acusados, Juan Márquez, dueño de la finca, queda condenado a dos años de prisión por un delito contra la ordenación del territorio y otro de desobediencia grave a la Autoridad (la Junta avisó por escrito en varias ocasiones sobre la ilegalidad de la finca y los pozos y naves agrícolas que se construían). Además, deberá abonar en concepto de indemnización 587.498 euros y se acuerda la demolición de la nave y el desmantelamiento de los pozos y las balsas.
Al empresario Manuel Martínez y a Antonio Conejo se les condena a un año y seis meses de prisión por el mismo delito contra la ordenación del territorio.
Al funcionario de la Junta, Francisco Bueno, se le condena a un año de inhabilitación por omisión del deber de denunciar delitos y el empresario D.M.J., constructor de una de las naves, se le absuelve de todas las acusaciones.
Por el delito de cohecho queda absuelto Juan Márquez (supuesto pagador de las cantidades) y Francisco Bueno (supuesto receptor) por considerarse insuficiente las pruebas.
Los hechos se habrían llevado a cabo después de 2004, fecha en la que el área fue calificada de máxima protección de Doñana. La denuncia fue interpuesta por Ecologistas en Acción en 2006. El fiscal solicitó un total de 17 años.
El País - 1.10.10
Foto: Doñana - 20minutos
