ELPAÍS/Málaga* : La Audiencia de Málaga resolvió el pasado miércoles una de las últimas incógnitas que quedaban por despejar del famoso caso Malaya contra la corrupción marbellí: la fecha del juicio. El próximo 27 de septiembre, a las 10.00, el presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, y otros 94 procesados se sentarán en el banquillo por el caso de corrupción municipal más famoso del país. Junto al ex asesor de Urbanismo, acusado de amasar ilegalmente un patrimonio valorado en al menos 50 millones de euros, están citados tres ex alcaldes de Marbella, concejales de diferentes formaciones, empresarios y abogados.
La vista tendrá tres ausentes huidos de la justicia (los ex concejales marbellíes Carlos Fernández y Javier Lendínez, y el empresario Carlos Llorca). Además, en los cuatro años largos que han transcurrido desde que se desató la operación policial han fallecido tres imputados: el ex edil Victoriano Rodríguez y los empresarios Emilio Rodríguez Bugallo y Eduardo Ramírez.
En un auto, notificado ayer, la Sección Primera de la Audiencia sobresee la acusación contra el policía local marbellí Alfonso Mendoza Bellido. El agente estaba acusado, junto a un policía nacional y un guardia civil cuyas imputaciones también han sido archivadas, de comprobar las matrículas de vehículos que seguían a Roca en las bases de datos para ver si estaba siendo objeto de vigilancias policiales.
Entre los que sí irán a juicio figuran ex concejales, como Marisol Yagüe, Julián Muñoz o Isabel García Marcos, que supuestamente avalaban decisiones urbanísticas irregulares al tiempo que se llenaban los bolsillos con sobres de dinero negro que les proporcionaba Roca.
También están los testaferros -generalmente abogados y economistas como Manuel Sánchez Zubizarreta o Montserrat Corulla- que gestionaban y ocultaban los bienes de Roca en una tupida maraña societaria.
Otro grupo lo componen los promotores inmobiliarios, como José Ávila Rojas, o los directivos de Aifos, acusados de pagar sobornos para obtener licencias de obra y jugosos convenios urbanísticos. En la nómina de procesados también figuran proveedores de bienes como obras de arte, relojes de lujo, o billetes de lotería premiados que supuestamente permitían a Roca blanquear sus ganancias ilícitas.
La vista durará un año aproximadamente, según la Audiencia, y dada su magnitud tendrá prioridad sobre otras causas que se enjuician ahora en la Ciudad de la Justicia malagueña, como el caso Minutas y Ballena Blanca.
Para que celebre el juicio se han tenido que hacer algunos cambios sobre el procedimiento habitual. A partir de hoy, el fiscal y las acusaciones particulares -Ayuntamiento, Junta de Andalucía y Estado- disponen de 30 días para presentar sus escritos de calificación. Posteriormente, las defensas de los 95 procesados contarán con un periodo similar para entregar sus escritos de defensa.
"Si los plazos fuesen sucesivos exigirían 10 años para la instrucción y 10 años para la calificación (30 días por 116 partes para instrucción y otros tantos para calificación)", explica el auto, un tiempo "disparatado e inasumible" por el tribunal. El trámite habitual es que se determine la fecha de juicio después de que las partes hayan presentado sus escritos de acusación y defensa. Sin embargo, en esta ocasión la sala adelanta este trámite al auto de apertura para que la pléyade de abogados "no tenga cubierta sus agendas con otros señalamientos".
30 causas derivadas
Los flecos se investigarán por separado. Al mismo tiempo que la Audiencia Provincial ha acordado la fecha en la que arrancará el juicio por el
caso Malaya
ha decidido hacer caso a las peticiones del Ministerio Fiscal para que se abran una treintena de nuevos procesos penales derivados del
caso Malaya,
tal y como reclamó el delegado de la Fiscalía Anticorrupción Juan Carlos López Caballero en su escrito de conclusión del sumario. Esas investigaciones abordarán la actividad de varios empresarios y marchantes de arte que tenían negocios con Juan Antonio Roca; más de una veintena de operaciones urbanísticas en las que supuestamente hubo pagos a Roca y que, sin embargo, no habían sido aún denunciadas en los tribunales; o las pesquisas sobre una "subred de blanqueo" en los que estarían implicados familiares de Jesús Gil, entre otras. López Caballero también pidió que se investigara un presunto delito de alzamiento de bienes contra Óscar Benavente, presunto testaferro de Roca, por la transmisión de una vivienda cuando ya había arrancado el caso.
Cronología del caso
- Noviembre 2005. El juez Miguel Ángel Torres abre las diligencias de investigación.
- 29 de marzo de 2006. Primera fase. Una veintena de detenidos, entre ellos, el ex asesor de urbanismo Juan Antonio Roca; la alcaldesa, Marisol Yagüe; la primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos; siete abogados y una decena de empresarios.
- 1 de abril de 2006. Juan Antonio Roca ingresa en prisión.
- 7 de abril de 2006. Disolución del Ayuntamiento de Marbella.
- 27 de junio de 2006. Segunda fase. Una treintena de detenidos, entre ellos el alcalde en funciones, el ex futbolista Tomás Reñones, una decena de ediles del GIL, promotores inmobiliarios y empresarios.
- 19 de julio de 2006. Tercera fase. Detienen al ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y a directivos de la promotora Aifos. La esposa de Muñoz, Mayte Zaldívar, su hermano y el director de una sucursal bancaria serán detenidos meses después.
- 14 de marzo de 2007. Cuarta fase. Detenidos familiares de Juan Antonio Roca: su esposa María Rosa Jimeno, su hija, María Roca y el cuñado Antonio Jimeno.
- 1 de mayo de 2007. Detenidos Pedro Román y su hija.
- 3 de mayo 2007. Arrestan a la tonadillera Isabel Pantoja.
- Julio de 2007. Primer auto de procesamiento, con 86 imputados.
- Marzo de 2009. 17 nuevos imputados.
- Enero de 2010. Cierre del sumario.
- Febrero de 2010. La Audiencia resuelve los recursos contra los autos de procesamiento.
- Mayo de 2010. La Audiencia abre juicio oral por el caso Malaya. El tribunal decide sentar en el banquillo a 95 procesados y fija el juicio para el 27 de septiembre.
* ELPAIS.com - 21.05.10
Foto: Marbella, imputados Muñoz, Roca, Yagüe y Reñones - 20minutos.es
El tribunal del 'caso Malaya' sienta en el banquillo a 95 procesados
Cabanas: El Superior ordena al Concello derribar la primera fase de O Penso antes de 2012
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LAOPINIÓN/A Coruña* : El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ordena al Concello de Cabanas a derribar la primera fase del edificio O Penso, también conocido como Elpidio, antes del 31 de diciembre de 2011. El auto emitido el pasado treinta de abril acepta el plan de etapas para la ejecución del derribo presentado por la Administración local y le obliga a cumplir con la sentencia del año 1996, confirmada en 2001, por la que el Ejecutivo tiene que demoler la primera fase de este inmueble por incumplir la normativa urbanística del municipio.
Además, el TSXG le obliga a que informe de forma periódica sobre su evolución, "con certificación de las unidades de obra demolidas y documentación gráfica" en las primeras semanas de los meses de julio y octubre de este año; en febrero, junio y octubre de 2011, "así como en la semana siguiente a su demolición".
También advierte de que el incumplimiento de estos plazos informativos conllevará una multa de 1.200.000 euros al alcalde, Germán Castrillón Permuy, "multa que se le impondrá por igual importe si no cumple con la demolición antes del 31 de diciembre de 2011".
El auto señala que el Ayuntamiento ha adjudicado las obras de demolición a la empresa Applus Norcontrol S.I.U pero el concejal de Iniciativa Veciñal Cabanesa (IVC), Juan María Campos, asegura que por el momento los trabajos para demoler la primera fase de este edificio no han comenzado. Ya a principios del pasado mes de abril, el grupo mixto, integrado por el Partido Socialista e IVC, denunció que el Gobierno local no había previsto en los presupuestos municipales de 2010 una cantidad de dinero para realizar el derribo.
El grupo mixto de Cabanas condenó la actuación de la Alcaldía "por su implicación en el proyecto de ejecución de las sentencias, tratando de burlar a la Justicia con estudios y alternativas de reposición inasumibles por ser la sentencia firme".
* La Opinión Coruña - 22.05.10
Foto: Fachada principal del edificio Elpidio, también conocido como O Penso. / la opinión
La ex alcaldesa de Arrecife María Isabel Déniz acumuló un patrimonio de tres millones
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LAPROVINCIA/Lanzarote* : La ex alcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz, detenida en el marco de la Operación Jable y en prisión preventiva desde hace un mes, acumuló al menos un patrimonio de tres millones de euros durante su mandato en la alcaldía. Déniz fue alcaldesa entre el año 2000 y 2007. Accedió a la alcaldía en las filas del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) por una moción de censura, repitió mandato por esas siglas en 2003, y en 2005 se pasó a las filas de Coalición Canaria (CC), donde milita actualmente. La ex alcaldesa es profesora de educación secundaria.
La investigación ha detectado un aumento considerable del patrimonio de Déniz. Entre sus propiedades constan una casa en Playa Honda, un bungaló en la playa de Famara, una casa y una finca en Los Valles (todas ellas en Lanzarote), una casa en Las Palmas, varios coches y un yate regalado por un empresario lanzaroteño.
Además, según la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Déniz recibió regalos por valor al menos de 20.000 euros, entre ellos un reloj de la marca Rolex y bolsos. Varios de estos regalos los habría aportado el empresario Jacinto Álvarez, gerente de Urbaser, también encarcelado en la actualidad de forma preventiva.
Una de las tramas principales investigadas en la primera fase de la Operación Jable tiene que ver con Urbaser. Se investiga el presunto pago de 300.000 euros por la renovación del contrato de limpieza y recogida de basura municipal a esta empresa en 2002. De esos 300.000 euros, la mitad habría ido a parar a Déniz y la otra mitad al entonces secretario local de Arrecife del PSOE, Miguel Ángel Leal, imputado en la causa y cuya esposa, Nuria Cabrera, era concejal de urbanismo en ese momento por ese mismo partido.
PABELLÓN DE ARGANA. Otra de las tramas investigadas en relación con Déniz es la construcción del pabellón deportivo de Argana Alta por parte de la constructora FCC. En este caso, el juez sigue la pista de un viaje pagado por esta empresa a Déniz y su familia (incluida su hermana la Vicenconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carolina Déniz) a Marruecos en noviembre de 2005.
FCC nunca había trabajado para el Ayuntamiento de Arrecife y partir de esa fecha se le encargan varios contratos, ente ellos el del pabellón de Argana. La obra se adjudicó por algo más de ocho millones de euros, un ocho por ciento menos de lo licitado inicialmente.
En octubre de 2006 se aprobó en pleno un modificado del proyecto inicial para incluir el proyecto eléctrico, que costó exactamente el ocho por ciento de la cantidad adjudicada al principio. El pabellón, además, se inauguró con material de gimnasio de segunda mano.
La instalación eléctrica se encargó a una empresa, Gamma 3, cuyos administradores son tres de los detenidos e imputados en esta causa: Julio Romero, Manuel Spínola (ingeniero del Cabildo) y el jefe de la oficina técnica municipal Rafael Arrocha, también encarcelado. Esta empresa también habría recibido otros encargos de las administraciones locales.
ASESORA. La ex alcaldesa dejó su acta de concejal tras perder las elecciones de 2007 y fue contratada como asesora en materia de formación por parte de la Academia Canaria de Seguridad, adscrita a la Consejería de la que forma parte su hermana. Déniz cobraba cerca de 70.000 euros anuales brutos.
En su declaración ante el juez del Juzgado número 5 de Arrecife, tras su detención el pasad 19 de abril, según fuentes consultadas por esta agencia, María Isabel Déniz negó todas las acusaciones que se le imputan.
* La Provincia - ACN - 21.05.10
Foto: Arrecife (Lanzarote), operación urbanística - laprovincia.es
Condenan al Valencia a pagar 18 millones de euros
LEVANTE* : El Valencia ha sido condenado a pagar 18 millones de euros a la empresa Hoteles Lao Garriga HLG por la rescisión del contrato que ambas partes firmaron en 2001 para la construcción de un hotel de 115 habitaciones junto al actual Mestalla en la esquina de la Avenida de Aragón. A los pocos meses de firmar el contrato surgió la posibilidad de reclasificar la parcela del viejo Mestalla y construir un nuevo estadio.
Ambas partes rescindieron el contrato pero Lao Garriga exigió los 18 millones de penalización.
Las negociaciones se dilataron y tras la llegada de Juan Soler acabaron de romperse, a pesar de que Lao Garriga propuso como indemización 3,5 millones y una parte del terciario del futuro estadio. Lao y Garriga emprendió una batalla judicial que ahora ha visto su sentencia. Según informó anoche Ràdio 9, la sentencia firme obligaría al Valencia a provisionar en breve en sus cuentas los 18 millones aunque puede recurrir al Tribunal Supremo o negociar con la empresa cómodos plazos de pago.
* Levante-emv - 7.05.10
Foto: Valencia, nuevo estadio y hotel 20 alturas - levante-emv.com
El Ejido adjudica más obras a un imputado por corrupción
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ELPAÍS/Almería* : El Ayuntamiento de El Ejido volvió a adjudicar ayer obras al empresario José Carlos Lirola, uno de los principales imputados en la trama de corrupción que se investiga en el municipio. Dos de las empresas que administra han sido elegidas para ejecutar actuaciones por valor de 1,53 millones de euros. "¿Por qué no se va a adjudicar a Lirola?", preguntó la portavoz del equipo de gobierno, Adela Cantón. "Se deben dar unos motivos legales que, hasta la fecha, no se dan", defendió. Lirola y sus hermanos Gabriel y Francisco Javier lograron eludir en diciembre su ingreso en prisión por presunto cohecho y tráfico de influencias tras abonar fianzas de 50.000 euros.
La UTE formada por Movimientos de Tierra Hermanos García Motril y la sociedad mercantil Contenedores Lirola, administrada por los tres hermanos que se han visto implicados en el caso Poniente, ha resultado elegida provisionalmente para desarrollar el proyecto de conducciones de saneamiento de la costa a la depuradora de la Cañada de Ugíjar, que cuenta con un importe de 1,24 millones. A Ingeniería y Obras Lirola, la junta de gobierno local le adjudicó también, por 293.961 euros, el proyecto de vallado, limpieza y obras en el parque arqueológico Ángel Aguilera.
Sobre esta sociedad mercantil, creada por el empresario meses después de su arresto por la intermediación en la compraventa y el arrendamiento de terrenos, recayeron ya la pasada semana cuatro obras del Plan E valoradas en 243.520 euros. Entre estos trabajos se encontraban algunos como la conexión con fibra óptica y la dotación de suministro eléctrico de distintos edificios municipales.
"Para que una persona no pueda hacer contrataciones debe estar condenada por sentencia firme, lo que no ocurre en este caso", insistió la portavoz de un equipo de gobierno que cuenta con un alcalde titular, Juan Enciso, encarcelado, y un regidor sustituto, Ignacio Berenguel, imputado por su supuesta implicación en la trama de corrupción. Los Lirola son sospechosos de haber participado mediante el supuesto pago de comisiones de hasta 1,8 millones para ser privilegiados en los contratos con Elsur.
Cantón se refirió también a la propuesta formulada el miércoles por el PSOE de El Ejido sobre una moción de censura. Para prosperar, requeriría del respaldo de tres ediles del Partido de Almería, fundado y presidido precisamente por Enciso. "No sé qué cuentas habrá hecho", ironizó a este respecto Cantón. Inmediatamente, advirtió de que el actual equipo de gobierno se seguirá manteniendo en sus puestos. "Y no vamos a cambiar", agregó antes de respaldar por enésima vez a su líder.
El "apoyo incondicional" de Cantón se produjo el mismo día que se cumplían siete meses de la intervención del Ayuntamiento y del arresto de 20 personas, entre ellas Enciso, quien continúa en prisión.
* ELPAIS.com - 21.05.10
Foto: El Ejido (Almería), ayuntamiento - costatropicalinformacion.info
Alcoy: La entrega de las viviendas de Serelles lleva tres años de retraso
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INFORMACIÓN/Alicante* : Las primeras viviendas de la zona de Serelles, del total de 1.500 previstas inicialmente, debieron haberse entregado hace ahora tres años, según ha puesto de manifiesto un informe remitido a un juzgado de Alcoy, en el contexto de un proceso complementario. Hay que significar que la promotora Luxender lleva ya 19 meses en suspensión de pagos y sin que los trabajos de urbanización y construcción, que se dejaron inacabados, hayan avanzado un ápice en todo este tiempo.
El proyecto "estrella" del gobierno del PP de Alcoy, adjudicado en solitario en el pleno del 29 de julio de 2005, contemplaba la construcción en 3 fases de 1.500 viviendas en la zona de Serelles, un proyecto del que solamente se ha impulsado la primera, con un total de 500 casas, entre adosadas y unifamiliares. Las obras comenzaron, pero la crisis del ladrillo cogió de lleno a la promotora, la firma Luxender SL, que se vió obligada a declarar concurso de acreedores (suspensión de pagos) el 27 de octubre de 2008. El pasivo acreditado ante el juzgado alcanzaba los 30 millones de euros.
La crisis de la empresa impactó de lleno en los compradores de las viviendas, que se vieron con importantes cantidades pagadas y unas casas que no se podían habitar, a pesar de que algunas estaban prácticamente terminadas. Algunos propietarios, según ha sabido este diario, optaron por ejecutar sus avales, una operación que en el caso de la CAM se desarrolló satisfactoriamente, pero que en el de Caja de Ahorros de Galicia se complicó, debido a que se negó a hacerlo, aduciendo que la urbanización estaba terminada y que, por tanto, no había lugar al reintegro de las cantidades avaladas.
Uno de los implicados recurrió judicialmente la negativa de Caja Galicia, en un proceso que ha llevado el abogado Carlos Abad, también gerente de Urbanismo de Mutxamel, y ahora la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Alcoy ha fallado en favor de que se ejecute el aval. Esta resolución "puede ser muy importante para los demás compradores en la misma situación", explicó Abad.
En concreto, según refleja la sentencia, este comprador requirió la ejecución aduciendo, a través de un acta notarial, que había expirado el plazo de entrega de las viviendas -en su caso, dos- y "no habían sido entregadas". También se habían incumplido las fechas que se habían concretado en los avales y las fijadas en los contratos de compraventa, algo que, según el fallo, había quedado acreditado a través de documentos de "carácter oficial".
Por su parte, la entidad financiera aportó un "documento de parte", elaborado por un arquitecto, que, a través de una fotocopia, se articulaba como "certificado final de obra", pero que, según el juzgado, "carece de los requisitos necesarios para ser calificada como tal". Por todo ello, se ha decretado el pago del aval, que en este caso, era de 62.583 euros, más 466 por intereses legales y 15.000 más por los intereses que pudieran devengarse durante la ejecución y las costas.
La sentencia del Juzgado número 3 de Alcoy, de cualquier manera, no es firme y puede interponerse un recurso de apelación, que podría acabar conduciendo a la intervención de la Audiencia provincial, como suele ocurrir en este tipo de procesos.
* La Provincia - 20.05.10
Foto: La maqueta con el aspecto que debía tener Serelles - diarioinformacion.com
El día de Reyes
ANTONIO JOSÉ FERNÁNDEZ* : En el Ayuntamiento de Telde no hay nadie más honrado que yo. Puede haber gente que sea igual de honrada, pero ¿más honrados que yo? No hay nadie". Lo dijo Guillermo Reyes a este periódico el 16 de noviembre, seis días después de que explotase otro caso más de presunta (siempre presunta) corrupción en la ciudad de los faycanes: el caso Calero. El concejal más controvertido que ha pisado su salón de plenos en la última década, capaz de generar amores y rencores a partes iguales (o casi), andaba esos días muy molesto por la forma en la que los medios habían enfocado las declaraciones del imputado Francisco Valido, detenido entonces en aquella trama.
La afirmación de Reyes, recogida en la portada de LA PROVINCIA / DLP del día siguiente y en una extensa entrevista, dio pie a un amplio debate en la calle. ¿Héroe o villano? Algunos le acusaron de soberbio y prepotente; otros lo defendieron por hacer "lo que siempre ha hecho: decir la verdad sin tapujos".
Lo que está claro es que, al menos seis meses después (y tal vez antes), la Policía Nacional no comparte necesariamente estas opiniones: ni las del edil ni las de sus seguidores. El ex concejal de Urbanismo ha sido detenido cuatro años después de que corriesen los rumores por San Juan sobre un inminente arresto que nunca se llegó a producir a la sombra de Faycán o de Doramas. Cayó Torres, cayó Valido, cayó el PP en peso, cayeron decenas de funcionarios, empresarios, familiares, el jefe de servicio de Urbanismo... pero Reyes nunca tuvo que dejar sus huellas dactilares en comisaría ni elegir un colchón para tumbarse un rato sobre baldosas oscuras.
Todo lo más fue citado a declarar por una cédula de habitabilidad -la del ático de la casa del ex asesor Francisco Gordillo- y en su comparecencia voluntaria y sin esposas ante el juez García-Sotoca se vio arropado por decenas de seguidores a las puertas del juzgado. Allí acusó a la policía de "montar un circo", lo que le valió la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía, que, por cierto, fueron archivadas. Y allí también denunció la existencia de una oscura mano negra, movida de forma tenebrosa por partidos en vísperas de las elecciones.
Este jueves pululaba con su traje claro por la calle adoquinada de San Juan. Estaba en lo suyo, fiscalizando el trabajo desde la oposición, revisando expedientes, citándose con los vecinos de Jinámar. Pero le tocó. Fue su día. El día de Reyes. Ni la prensa ni el pueblo: ahora será un juez quien dé su opinión sobre el inicio de este texto...
* La Provincia - Opinión - 21.05.10
Detienen al edil de Telde Guillermo Reyes en el marco de la operación Calero
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ABC/GranCanaria* : La Policía ha detenido hoy al concejal del Ayuntamiento grancanario de Telde Guillermo Reyes, ex edil de Urbanismo en el anterior mandato, por su presunta implicación en la operación "Calero", según dijeron a Efe fuentes de la investigación. El líder del partido Ciudadanos por el Cambio (Ciuca) ha sido detenido en Telde a primera hora de hoy cuando salía de su domicilio y posteriormente ha prestado declaración ante la titular del Juzgado de Instrucción de Telde, quien ha decretado su puesta en libertad, según recogen varios medios de comunicación digital.
En la operación Calero han figurado doce personas imputadas por presuntas irregularidades urbanísticas, nueve de las cuales fueron también detenidas primero y después puestos en libertad en noviembre de 2009.
Los detenidos fueron los empresarios Félix Santiago M.H e Ignacio C.E.; el arquitecto Jesús A.G.; José Luis M.S. (ex responsable del departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Telde); Miguel Angel M.Z. (ex técnico jurídico del departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Telde); y Jorge L.D. (ex secretario del Ayuntamiento de Telde).
Así mismo, fueron detenidos Adolfo C.A. (registrador de la propiedad); Emilio H.L. (técnico del departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Telde) y Pedro Pablo S.M. (técnico jurídico del mismo departamento).
Las otras tres personas que fueron imputadas, aunque no se procedió a su detención, fueron Diego L. L. (ex secretario del Ayuntamiento de Telde); Francisco Agustín V. S. (ex alcalde del Ayuntamiento de Telde) y Fermín P. S. (técnico del departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Telde).
Las presuntas irregularidades urbanísticas cometidas por los implicados se refieren a la actuación municipal en El Calero Alto 2, de Telde, al parecer "en connivencia" con una empresa dedicada a la construcción, edificación, reparación o restauración de fincas rústicas y urbanas por cuenta propia o ajena.
El ex alcalde de Telde Francisco Santana, que coincidió con Reyes cuando era concejal de Urbanismo el tiempo que duró su mandato, seis meses y un día, ha dicho en declaraciones a Efe que prefería no hacer una valoración de esta detención hasta disponer de información sobre lo acontecido.
* ABC - EFE - 20.05.10
Foto: Telde (GranCanaria), ayuntamiento - infolabtelde.blogspot.com
Millet tenía a sueldo al alcalde de L'Ametlla, según la investigación
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ELPAÍS/Barcelona* : El ex presidente del Palau de la Música de Barcelona Fèlix Millet, imputado por falsedad documental y apropiación indebida, no limitaba su actividad fraudulenta al coliseo catalán. Millet también pagó presuntamente comisiones a políticos del municipio donde reside, L'Ametlla del Vallès, que después votaron a favor de una recalificación urbanística de terrenos de su propiedad, según los últimos documentos que forman parte de la investigación del caso, a los que ha tenido acceso EL PAÍS.
Concretamente, Millet pagaba cada mes 1.500 euros al ex alcalde, el independiente Albert Palay, y 900 euros al socio de este, Jaume Codina, de Convergència i Unió. Ambos favorecieron en 2001 la recalificación de unos terrenos destinados a la construcción de 55 viviendas. Fue también el último Gobierno de Convergència i Unió, con Artur Mas como primer consejero de la Generalitat, el que acabó autorizando la operación urbanística en 2003. En aquel momento, el secretario general adjunto de Convergència, Felip Puig, era presidente de la Comisión de Urbanismo, organismo que autorizó la recalificación de los terrenos.
1.500 euros al mes
Los papeles, en manos de la justicia, apuntan que Millet pagaba cada mes un sueldo a sus dos hijas y a sus yernos. Los cuatro recibían 1.500 euros mensuales además del sueldo que una de sus hijas, Clara, y su yerno Ross ya cobraban del Palau como directora de Relaciones Internacionales del Palau y profesor de inglés de la institución, respectivamente. En la misma columna que Millet anotaba estos pagos también indicó en los ejercicios 2001 y 2002 los pagos al alcalde y al concejal de CiU, líder de la federación nacionalista en el municipio y al frente de la concejalía de Gobernación.
El ex presidente del Palau se hacía un presupuesto cada año para conocer sus ingresos y sus gastos particulares, al margen de sus empresas. El saldo, al menos en los años 2001 y 2002, era positivo. Sus ingresos fijos eran los sueldos que tenía en el Palau y en varias entidades barcelonesas y las rentas de su patrimonio. Los gastos fijos, el sueldo a sus hijos, yernos y políticos.
El ex concejal de CiU Jaume Codina negó ayer a este periódico haber ingresado en sus cuentas particulares el dinero ofrecido por Millet, pero admitió que su partido sí cobró del ex presidente del Palau para financiar campañas electorales en el municipio. "En un pueblo todo el mundo sabe quién tiene dinero y es a estas personas a las que los partidos van a pedirles su colaboración cuando llega una campaña", dijo. Codina añadió que Millet ayudó a CiU a financiar actos como "chocolatadas" y fiestas populares para pedir el voto y aseguró que la actuación de su partido era una práctica común de todas las formaciones políticas en L'Ametlla del Vallès. Codina, que fue el hombre fuerte de CiU en el municipio entre 1999 y 2003, votó favorablemente a la recalificación de los terrenos de Millet porque, según explica, la operación "era buena para el pueblo". Este periódico no pudo localizar ayer al ex alcalde Albert Palay, hoy retirado de la vida política.El ex alcalde, sin embargo, admitió meses atrás en la prensa local haber recibido ayudas de Millet para realizar la campaña electoral, aunque se negó a calificarlo como comisiones.
El terreno objeto de la controvertida operación es el conocido como Avellaners de can Plandolit, propiedad de la familia Millet desde hace años. Pese a que la operación permite edificar 55 viviendas, hoy en día el terreno sigue prácticamente vacío. En él sólo se han abierto las calles y se han instalado los servicios básicos de agua y luz. El Ayuntamiento, ahora en manos del Partit dels Socialistes de Catalunya, mantiene paralizada la concesión de licencias de obras, sobre todo desde que el pasado verano estalló el caso Millet.
Además de los pagos del ex presidente del Palau a los entonces responsables municipales, Millet se comprometió a abonar 90.000 euros al Ayuntamiento de L'Ametlla para garantizarse la aprobación del nuevo plan urbanístico. Millet y el alcalde firmaron un convenio por el que el ex presidente del Palau se comprometía a abonar esta cantidad para la adquisición de mobiliario para la biblioteca municipal. El convenio estipula claramente que no habrá biblioteca si no hay recalificación: "El pago en ningún caso se hará efectivo antes de la aprobación definitiva de la modificación puntual del Plan General de Ordenación de L'Ametlla del Vallès en el sector Avellaners de Can Plandolit". Firmaron el convenio el propio Millet; su esposa, Marta Vallès, y el alcalde.
Además de lograr el visto bueno para la recalificación urbanística, Millet consiguió con la donación un importante beneficio fiscal. El convenio establece claramente que la aportación a las arcas municipales no estará sujeta a IVA y el Ayuntamiento también se compromete a expedir al matrimonio Millet-Vallès un certificado acreditativo de la aportación para beneficiarse de las correspondientes desgravaciones fiscales.
* ELPAIS.com - 21.05.10
Foto: L'Ametlla del Vallès (Barcelona), vista general - wikimedia.com
Málaga: Vecinos de Pinares denuncian una obra de un ex edil de Urbanismo
MÁLAGAHOY* : La Comunidad de Propietarios de la Urbanización Pinares de San Antón presentó la semana pasada un recurso dirigido a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga solicitando la suspensión de una licencia concedida al que fuera edil de este departamento Manuel Ramos para la construcción de un muro que separa de la calle una finca propiedad de una empresa suya. La estructura, de 40 metros de largo, se ha realizado, según los denunciantes, ocupando parte de la acera.
Los motivos esgrimidos por los vecinos fueron rechazados por Ramos, que aseguró que la intervención realizada se ha hecho conforme a los parámetros marcados en la licencia municipal. Los vecinos reconocieron que hace algunas semanas se personó en la finca el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz Guirado, acompañado de la jefa de Disciplina Urbanística, Teresa Domingo, para comprobar la actuación. Tras el análisis in situ, indicaron los recurrentes, la técnica avaló el desarrollo de la misma.
En el recurso, los denunciantes entienden que el promotor "presuntamente no ha actuado con la claridad necesaria" para que el Ayuntamiento supiese el objeto para el que solicitaba licencia, al tiempo que señalan que Disciplina Urbanística "quizás tampoco ha tenido el celo necesario para prever el resultado final de las obras". "La realidad es que con la licencia de obras concedida, al discrepar las alineaciones sobre las previstas en el PGOU, pudiera estar perpetrándose una infracción urbanística grave o muy grave", apostillan.
Para Ramos, la intervención se ajusta a la licencia, y dijo que, según consta en su escritura de propiedad, "la linde corresponde con la Avenida de San Antón".
* Málaga Hoy - 20.05.10
Foto: Málaga, ayuntamiento desde Gibralfaro - wikimedia.org
Los promotores de los bungalós ilegales de Tabarca reclaman ahora una indemnización
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LASPROVINCIAS/Alicante* : Los seis bungalós promovidos en la Isla de Tabarca por el que fue alcalde de Santa Pola, Pascual Orts, reaparecieron ayer por sorpresa en la escena municipal de Alicante. Las viviendas fueron declaradas ilegales por el Tribunal Supremo al invadir la servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre. Ratificaba así una sentencia anterior del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. El proyecto contó en su día con la licencia del Ayuntamiento de Alicante y con la autorización de la Generalitat, que dio el visto bueno al singular y privilegiado emplazamiento de las viviendas, según una resolución fechada el 17 de junio de 1999.
Y es precisamente esta decisión, firmada por el director general de Obras Públicas de la Generalitat y no del Consistorio, la que ahora le puede generar un serio problema a la Conselleria de Infraestructuras y Transportes. Según la documentación a la que ha tenido acceso este diario, la administración autonómica se ha dirigido a la Gerencia Municipal de Urbanismo para informarle, por un lado, que está tramitando «una reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por un supuesto perjuicio sufrido como consecuencia de la nulidad de la resolución de 17 de junio de 1999 (...) que autorizaba la construcción de seis viviendas en zona afectada por la servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre en la Isla de Tabarca». Añade que todo ello derivado de la sentencia 549/2003, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, de fecha 2 de abril de 2003».
Hasta aquí podría parecer lógico que la Conselleria de Obras Públicas dé cuenta al Ayuntamiento de esta reclamación. Lo que en Urbanismo ha causado sorpresa, no exenta de estupor, es que el departamento que dirige Mario Flores haya solicitado una serie de informes sobre la actuación municipal en este expediente.
Por un lado, la Conselleria solicita al Consistorio que informe sobre «si la licencia otorgada el 11 de noviembre de 2007 (sic), por la Comisión Municipal de Gobierno contempló la tipología del suelo donde se ubicaba el proyecto de construcción de los inmuebles citados», en alusión a los seis bungalós. Es la transcripción literal de la petición, incluyendo el error cometido en la fecha de la licencia, pues fue concedida por el Ayuntamiento cerca de ocho años antes.
En segundo lugar, pregunta «si la ausencia de autorización por parte del director general de Obras Públicas para obras, usos e instalaciones en la zona de servidumbre de protección condiciona de algún modo el otorgamiento de la licencia municipal de obras, de acuerdo con la ordenación urbanística del municipio de Alicante. De forma más concreta, la Conselleria solicita conocer la fecha en la que se procedió a la suspensión del otorgamiento de licencias con ocasión de la tramitación del Plan Especial de Protección de la Isla de Tabarca, documento encargado en 1993 y que aún no ha sido aprobado de forma definitiva.
La cuarta cuestión que plantea la administración autonómica al Ayuntamiento es si las obras de construcción de los bungalós comenzaron a ejecutarse antes de que se obtuviera la preceptiva licencia municipal. Y añade que pretende saber si, en su caso, se inició algún procedimiento sancionador derivado de la infracción urbanística, durante la ejecución de las obras de construcción.
Por último, la Conselleria que dirige Mario Flores reclama que Urbanismo conteste a si las obras realizadas por los promotores «se ajustan al proyecto presentado por los mismos, para la obtención de la preceptiva licencia municipal».
Desde la Gerencia no entienden qué pretende la Conselleria con este peculiar cuestionario y recuerdan que nada tienen que ver con esta reclamación patrimonial, de la que sólo han tenido información a través del escrito que hoy desvela este diario.
* Las Provincias - 20.05.10
Foto: El conjunto residencial de los seis bungalós que invaden servidumbre de protección en la Isla de Tabarca. :: R. M., lasprovincias.es
El movimiento ciudadano “Salvar el Palmar” se presenta en Sevilla a la espera de ser recibido por la Junta de Andalucía
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TERCERA* : La Plataforma “Salvar el Palmar” (también conocida por las siglas PELP!) se presenta este próximo lunes, 24 de mayo, ante la prensa y los ciudadanos de Sevilla, para consolidar sus apoyos en la capital andaluza, y dar a conocer su propuesta a la Junta de Andalucía para que la costa de Trafalgar (Cádiz) sea declarada “Paisaje Protegido”, libre de complejos urbanísticos masivos y extraños a su naturaleza. En tan sólo cinco meses, el “fenómeno” PELP! ha reunido a más de 60.000 personas en las redes sociales.
Es un movimiento de ciudadanos que surgió como reacción espontánea en diciembre del año pasado, justamente cuando el Ayuntamiento de Vejer de la Frontera, gobernado por el "socialista" Antonio Verdú, anunció el acuerdo con la promotora Inmobiliaria Chival Promociones (Grupo Tarje), para que construyera en la Playa de El Palmar un macrocomplejo de dos apartahoteles, con más de 600 habitaciones.
La playa de El Palmar, para quien aún no lo sepa, es una de las pocas playas vírgenes que quedan en Andalucía. Precisamente por mantenerse al margen del turismo masificado, de las grandes construcciones y del “hormigón y ladrillo” que tanto ha diezmado nuestras costas, es una playa emblemática y admirada por un número inmenso de personas de dentro y fuera de nuestro país, entre las que se encuentran miles y miles de sevillanos. En la capital andaluza saben de sobra que no todo el mundo tiene el privilegio de disfrutar de un litoral virgen como el de la zona de Trafalgar (Conil, Vejer y Barbate), a poco más de una hora en automóvil.
PELP! considera que es en ese carácter único donde reside la gran oportunidad y el futuro de esta costa privilegiada de Cádiz. Lo que la distingue deber ser preservado -explican-. La Costa de Trafalgar debe potenciarse como un habitat natural y cultural, a resguardo de la especulación urbanística. En esta costa ha de aplicarse un concepto de desarrollo diferente, que integre su riqueza natural y ecológica, con un modelo de turismo rural y con encanto, basado en la economía local y en los negocios familiares y Pymes de sus habitantes, y no en macroproyectos urbanísticos de una sola empresa y ajenas a la zona. Los tiempos han cambiado y hay lecciones que aprender. Y eso sólo será posible si Trafalgar es declarado y considerado por la Junta de Andalucía como “Paisaje protegido”, de acuerdo a las categorías de la Unión Internacional para Conservación de la Naturaleza”.
Por ese motivo, PELP! solicitó hace unas semanas una entrevista con Mar Moreno Ruiz, Consejera de Presidencia, y símbolo de esos nuevos tiempos que el PSOE de Andalucía dijo querer traer a la Junta en su pasado Congreso Extraordinario. Desde la Consejería de Presidencia pasaron, no obstante, la solicitud a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, para que sea la propia consejera, Rosa Aguilar, quien reciba a los representantes de PELP!
Para la Plataforma Ciudadana, el futuro de uno de los pocos paraísos que nos quedan está en juego. Dar vía libre al primer macrocomplejo hotelero en la zona, (El Alcalde de Vejer se ha jactado que tras este proyecto, vendrá otro cuatro veces más grande) conllevaría la desaparición irreversible de un patrimonio natural que nos pertenece a todos. Permitirlo, sería un tremendo error político, enorme para un partido que se dice moderno y progresista. Y una irreparable pérdida para la naturaleza, la sociedad y la cultura andaluza.
Agenda de PELP! En Sevilla - 24 de mayo de 2010
12.00 HORAS.
PRESENTACIÓN DE LA PLATAFORMA Y RUEDA DE PRENSA ante los medios de comunicación.
LUGAR: Centro Vecinal Pumarejo. Plaza del Pumarejo, 3.
16.00 HORAS.
Aula Abierta: ARQUITECTURA Y TURISMO SOSTENIBLE: EL CASO DEL PALMAR. Charla y debate público.
LUGAR: Escuela de Aparejadores. Salón de Actos. Avda. Reina Mercedes, 2.
20.00 HORAS.
"UN VINO CON PELP!". Encuentro abierto para todos los amigos, colaboradores y simpatizantes de "Salvar el Palmar".
LUGAR: Centro Vecinal Pumarejo. Plaza del Pumarejo, 3.
Para contactar con PELP!:
Antonio Morales Molina - Responsable Comunicación
tel. 659 557 674 - antonio@salvarelpalmar.es
Lola Yllescas - Responsable Urbanismo y Medio Ambiente
tel. 676 908 908
* Tercera Información - 20.05.10
Foto: Barbate (Cádiz), Caños de Meca - García Cordero (El País)
Un chiringuito de Xàbia ocupa 500 m2 de playa cuando lo máximo permitido son 20
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INFORMACIÓN/Alicante* : La propietaria dice que todos estos negocios invaden más metros y de antemano incluyen en sus gastos la multa de Costas. El chiringuito Moskito está abonado a la polémica. Su hasta ahora propietario Joshua Vasbinder, hijo de la edil de Nueva Jávea, Ana Vasbinder, no ha podido este año montarlo, ya que una sanción de la jefatura de Costas le impidió renovar la concesión.
Pero Rosario V. Gezel, que sí ha resultado adjudicataria de uno de los seis chiringuitos del Muntanyar, ha comprado el Moskito y ha contratado como encargado al propio Joshua Vasbinder.
Este chiringuito ha iniciado la temporada con mal pie. El ayuntamiento notificó ayer a su responsable una orden de paralización de obras. La terraza ocupa casi 500 metros cuadrados, cuando lo máximo permitido son 20 m2. Gezel denunció "un seguimiento excesivo" por parte del ayuntamiento. Y lo relacionó con el hecho de que "mi encargado general es hijo de quien es". "No aceptaremos ser discriminados frente a todos los otros locales de la playa que cometen irregularidades parecidas", advirtió.
La propietaria de este chiringuito aclaró que con una ocupación de 20 m2 es imposible rentabilizar la inversión. Dijo que en los gastos previstos de antemano todos estos negocios incluyen la multa que Costas.
* Información - 20.05.10
Foto: Las obras del chiringuito seguían ayer a buen ritmo. a. p. f., diarioinformacion.com
Castelló: Un colectivo ciudadano crea un foro contra la corrupción
LEVANTE* : El Fòrum Reaccionem aborda asuntos como los conflictos urbanísticos o la participación ciudadana. El subdelegado del Gobierno en Castelló, Antonio Lorenzo, se ha reunido con una representación de la asociación castellonense El Cuc Màgic, impulsora del Fòrum Reaccionem de participación y acción ciudadana de Castelló. Se trata de un foro para el debate y la dinamización de la acción social, que según ha explicado su presidente, Joan Beltrán, está abierto a todos los ciudadanos de esta provincia que se puedan sentir comprometidos o interesados por la lucha contra la corrupción.
Beltrán ha explicado a Lorenzo que "la voluntad de este Fòrum es denunciar las prácticas de corrupción, vengan de donde vengan". Ha añadido que "la lucha contra la corrupción ha de acometerse sin importar las posiciones ideológicas que de forma legítima cada uno pueda defender" porque "en ningún partido se pueden mantener posiciones de connivencia con la corrupción". Fòrum asegura que nace fuera de la tutela de cualquier partido político y pretende impulsar charlas y ponencias sobre asuntos como los conflictos urbanísticos.
* Levante-EMV - 20.05.10
Valladolid: La Fiscalía y el juez estudian pedir refuerzos para los casos Arroyo y PGOU
NORTECASTILLA* : La Fiscalía de Valladolid y el magistrado de Instrucción nº1 de la capital están estudiando solicitar a sus respectivos órganos superiores (Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y Fiscalía General del Estado) el refuerzo de un juez y un fiscal sustitutos para acelerar la resolución de dos procedimientos de gran complejidad técnica que en estos momentos se investigan en Instrucción nº1. Se trata del llamado 'caso Arroyo' y el de las diligencias abiertas por la supuesta manipulación de los planos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valladolid. Ambos asuntos tienen relación con procesos de recalificaciones urbanísticas realizados entre los años 1999 y 2003 en el municipio del alfoz y en la capital.
La materia administrativa (decretos, planos, expedientes de recalificación y estudios de detalle) que se están analizando ha conllevado un enorme retraso en la instrucción, con el perjuicio consiguiente para el resto de procedimientos que se tramitan en este órgano jurisdiccional.
El 'caso Arroyo', en el que son investigados presuntos delitos contra la Administración Pública (prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y delito fiscal), ha cumplido ya cuatro años de investigación por los procesos de recalificaciones urbanísticas en ese término.
Desde que el juez José María Crespo abriese diligencias en mayo del 2006, la causa ha acumulado casi 20 tomos, discos de contabilidad de media docena de empresas y constructoras investigadas, informes de la Agencia Tributaria y expedientes completos de acuerdos plenarios. Según explicaron fuentes judiciales, estas circunstancias hacen que se trate de «una instrucción compleja» que requiere mayor esfuerzo procesal a la hora de adoptar una decisión.
Por otra parte, el número de letrados que defienden a personas imputadas alcanza ya una decena, entre ellos abogados adscritos a reconocidos bufetes penalistas (Gómez de Liaño, Dolores Márquez de Prado, Carlos Bueren o Tejerina Rodríguez).
En varias ocasiones,el magistrado instructor ha tenido que suspender las declaraciones fijadas con más de dos meses de antelación ya que alguno de los abogados tenía que celebrar juicios con preso, lo que según la Ley de Enjuiciamiento Criminal tiene prioridad frente a otros procesos judiciales.
Por su parte, las dos acusaciones, la Fiscalía y la que representa la Asociación de Vecinos Arroyo Siglo XXI, han pedido durante el último año una decena de pruebas al magistrado Crespo, lo que está demorado más una resolución.
Segundo caso, el PGOU
El segundo procedimiento por el que tanto la Fiscalía como el juez solicitarían un refuerzo de personal es el que se refiere a la denuncia que presentó el Grupo Municipal Socialista en julio del 2008, sobre la presunta manipulación de los planos del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid en el año 2004. La denuncia, que fue asumida por la Fiscalía vallisoletana, trata de esclarecer quién modificó los planos del PGOU después de que el pleno del Ayuntamiento de Valladolid los aprobase, el 7 de marzo del 2003, para adaptarlos a la Ley de Urbanismo de Castilla y León.
El 27 de febrero del 2004, el Boletín Oficial de la Provincia publicó esta adaptación, pero con notables diferencias entre lo aprobado por los concejales vallisoletanos.
La Fiscalía tiene claro que en esas «manipulaciones» hay un trasfondo de aparente ánimo de lucro, que habría beneficiado a constructoras y propietarios de los solares que no cedieron al Ayuntamiento de Valladolid cientos de metros cuadrados de espacios públicos. Los delitos que se investigan son los de falsedad, prevaricación y cohecho.
* El Norte de Castilla - 20.05.10
Foto: Valladolid, ayuntamiento plaza mayor - wikipedia.org
Oviedo: El plan de Uría da aliento a una plataforma plural de ciudadanos
LAVOZDEASTURIAS* : Un nuevo frente se prepara sobre el proyecto del aparcamiento subterráneo de Uría. Al rechazo a la iniciativa anunciado por los grupos políticos en la oposición y las actuaciones judiciales iniciadas contra la propuesta, se une ahora la movilización vecinal. La Federación de Asociaciones de Vecinos de Oviedo ha tomado cartas en el asunto y tomará una posición ante la decisión del equipo de Gobierno de enajenar el subsuelo del centro de la ciudad para pagar una deuda a la promotora Comamsa por el caso de Villa Magdalena.
El pasado martes, los representantes de las asociaciones ovetenses se reunieron para establecer la línea de actuación que definirá a esta alianza vecinal, sindical, política, con presencia de destacados profesionales ovetenses. CCOO, UGT, PSOE, Asciz, IU-Los Verdes y todo un elenco de expertos en urbanismo, arquitectura, geología o de la abogacía, entre otros, forman parte de esta liga. Esta movilización recuerda a otros movimientos ciudadanos similares, como el iniciado para frenar el derribo del palacio de Concha Heres o de la Estación de El Vasco. Iniciativas organizadas por ciudadanos que terminaron jugando un papel importante en la historia de la ciudad,
Las bases de la plataforma aún están por definir oficialmente. No obstante, el objetivo es postular a lo largo de la próxima semana, en la que también se hará efectiva su presentación pública, los enunciados que moverán sus actuaciones. En principio, la oposición ciudadana se centra en el acuerdo entre el equipo de Gobierno y Comamsa para cambiar el subsuelo de Uría por la deuda derivada del caso Villa Magdalena. Pero lo que realmente ha movilizado a diferentes colectivos que hasta ahora habían preferido mantenerse en un prudente silencio, a la espera de ver el camino que tomaban los acontecimientos, ha sido las novedades que han aparecido esta última semana. Esas informaciones han sido, por un lado, que el trueque en sí pude ser ilegal y, por otro, que la obra podría resultar muy perjudicial para el área de afección, tanto el Campo de San Francisco como los edificios, muchos con valor histórico, de la calle Uría.
LOS VECINOS ESTAN AL FRENTE Los partidos y los sindicatos quieren quedar en un segundo plano y que sean los movimientos vecinales, ciudadanos y profesionales quien se pongan al frente de la plataforma, con el fin de minimizar el componente político a la movilización contra el plan de Uría, y por tanto, restar fuerza a la iniciativa. De hecho, uno de sus puntos fuertes es precisamente la ausencia de posturas ideológicas unánimes y la incorporación en sus filas de simpatizantes de todos los grupos políticos, incluido el PP, que es el único grupo municipal que avala el acuerdo con Comamsa.
* La Voz de Asturias - 20.05.10
Foto: Oviedo, ayuntamiento - wikipedia.org
Vigo: ¿Propuesta de derribo parcial del Piricoto?
LAVOZDEGALICIA* : El Concello de Vigo está a punto de remitir al juzgado los informes sobre el edificio conocido como Piricoto o la colina de Castrelos, sobre el que pesa una orden de derribo. Ayer, el concejal de Urbanismo, José Mariño, informó de que antes de un mes serán entregados a la Justicia para que determine lo que se puede hacer con esa lacra que mantiene en un sin vivir a más de un centenar de familias.
De momento no desveló si la solución que propone el Concello pasaría por el derribo parcial del edificio, algo que se venía barajando en los últimos tiempos. Mariño aseguró que lo que ha hecho la administración local ha sido afrontar una cuestión técnica y no política.
El informe se encargó a un experto recomendado por el Colegio de Arquitectos de Vigo.
A este documento se sumará la propuesta del Concello para que el dictamen cuente con el máximo de documentos. Ayer el responsable de Urbanismo prefirió no dar más pistas sobre cuál será la propuesta del Concello, porque, según sus propias palabras, es preferible que sean los jueces los primeros en enterarse.
Tampoco anunció novedades sobre otro edificio con problemas, en este caso el situado en Jacinto Benavente. «No hay contestación del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que yo sepa», concluyó Mariño.
* La Voz de Galicia - 20.05.10
Foto: Vigo, edificio a derribar en monte Castrelos- lavozdegalicia.es
“¿Participación ciudadana en el Plan de Urbanismo de Alpedrete?”
ALPEDRETE SOSTENIBLE* : En un artículo aparecido la semana pasada en un medio comarcal, María Casado, Alcaldesa de Alpedrete decía que ya no podían hacer más, que se había reunido con todas las fuerzas políticas y ciudadanas del municipio. No podemos estar más en desacuerdo con esto. Recordaremos que en la reunión a la que se nos convocó, por primera y única vez, el 27 de abril junto a los partidos de la oposición y la asociación de empresarios, Enrique Villanueva, teniente de alcalde, único asistente por parte del equipo de gobierno, recalcó que era EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVA, y en la que no se iban a admitir ningún tipo de sugerencias. Y hablando de sugerencias, en la última versión del PGOU que poseemos (que parece que no es la última) se DESESTIMAN LA INMENSA MAYORÍA DE LAS MILES DE SUGERENCIAS QUE SE HICIERON DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE A LA TRAMITACIÓN DEL AVANCE en enero del 2006, salvo las pocas que sugieren que se recalifiquen adicionalmente algunos terrenos de particulares. También podemos recordar que Alpedrete Sostenible recogió más del 15% del censo electoral de firmas de los vecinos pidiendo el SOMETIMIENTO A CONSULTA POPULAR DEL PGOU Y NEGÁNDOSE REITERADAMENTE EL PP A QUE ESTO SE LLEVARA A CABO. Son dos claros ejemplos de cómo considera el PP de Alpedrete la participación ciudadana. Toda la tramitación del PGOU ha estado plagada de irregularidades y tergiversaciones como cuando el PP decía en su boletín Nº 3, página 6 del año 2007, publicado en la última campaña electoral, que no se iba a construir en Cercas de Ávila y posteriormente Vicente Guillen, entonces Concejal de Urbanismo declaró al diario “Qué” del 14/02/07 que “sólo” se iban a construir 1600 viviendas en dicho sector. Desde el momento en que el PP no puede contar con el voto de su actual Concejal de Urbanismo, Tomás Carrión Guillén, por sus reconocidos intereses particulares en el Plan de Urbanismo, se producen una serie de reuniones extraoficiales del equipo de gobierno con PSOE y UNPA, excluyendo tanto a Izquierda Unida-Los Verdes, como a Alpedrete Sostenible y otras organizaciones. Como consecuencia de estas reuniones el PP admite retirar del Avance del Plan la parte norte del municipio para asegurarse el voto afirmativo de estos dos partidos, pero éstos insisten, especialmente UNPA, en que ellos sólo votarán afirmativamente, si hay un verdadero consenso entre todas las fuerzas políticas, sociales y vecinales. Está claro que ese consenso a día de hoy no existe puesto que no ha habido verdadera participación ciudadana. Por otro lado, la única justificación del Plan por parte de la alcaldesa es que “Alpedrete no consiga las viviendas para jóvenes ni los recursos necesarios para el Ayuntamiento”. Alpedrete Sostenible mantiene: -Que no hay un estudio riguroso que cuantifique la necesidad real de vivienda protegida. -Que se aprobó en Pleno de julio de 2006 un acuerdo con la Comunidad de Madrid para desarrollar 325 viviendas del plan “Vivienda Joven” en parcelas municipales en Arcilleros y Polígono y que a día de hoy los jóvenes de Alpedrete siguen esperando. Si verdaderamente la Alcaldesa decide llevarlo a Pleno el día 28 o cualquier otro día, sólo desearíamos que los partidos con los que ha venido “negociando” últimamente sean coherentes con sus manifestaciones públicas de votar EN CONTRA del PGOU. Si así no fuera tendrán que dar explicaciones detalladas a los vecinos de su cambio de postura y desde Alpedrete Sostenible se las exigiremos porque seguimos considerando que en ningún momento ha existido una verdadera participación ciudadana pese a las afirmaciones de la Alcaldesa. Alpedrete Sostenible sigue proponiendo descartar este PGOU por razones técnicas, políticas, económicas, medioambientales y éticas e iniciar con este equipo de gobierno o con otro en el futuro un auténtico proceso de participación ciudadana en el que se tengan en cuenta las necesidades reales de vivienda, comercio e industria, primando la calidad de vida de los vecinos y la protección de los privilegiados valores medioambientales de este municipio.
* Diario de la Sierra - Cartas al Director - 20.05.10
Foto: Alpedrete (Madrid) - webalpedrete.com
Palma: La adjudicataria empezó a trabajar sobre Can Domenge dos años antes de ganar el concurso
DIARIODEMALLORCA* : La promotora Sacresa Terrenos y Construcciones empezó a recopilar datos sobre la posible construcción de cientos de casas en Can Domenge en 2004, cuando esos terrenos pertenecían como bien patrimonial al Consell de Mallorca y dos años antes de que se convocara, en enero de 2006, el concurso para su enajenación. Mario Sanz Bernal, un ex gestor del grupo inmobiliario catalán e imputado en el sumario que instruye el juzgado nº12 de Palma, ha reconocido que mantuvo en 2004 una reunión en el Ayuntamiento de Palma (Cort) para hablar del planeamiento sobre los solares.
El sumario de Can Domenge trata de esclarecer si la UTE Sacresa-Construcciones José Francisco Ferrá Tur recibió información privilegiada de altos cargos del anterior Consell para conseguir hacerse con los terrenos, a mitad de su valor de mercado y, posiblemente, previo pago de sobornos. Román Sanahuja Pons, el principal accionista de Sacresa, ha admitido que recibió en la primavera del 2005 borradores sobre las bases del concurso remitidos por el entonces vicepresidente del Consell Miquel Nadal, también encausado.
No obstante, la versión que mantienen los numerosos imputados y testigos vinculados a Sacresa es que se enteraron de las intenciones del Consell sobre las fincas gracias a una noticia en prensa publicada en abril de 2005.
Esa afirmación contrasta con el hecho de que desde 2004, y gracias a los datos que les facilitó su abogado en Palma, el también encausado Santiago Fiol, el grupo empezó a trabajar con la posibilidad de construir viviendas de calidad en Can Domenge.
Mario Sanz Bernal ha explicado que en 2004 para la empresa no era un obstáculo el que los terrenos fueran un bien patrimonial del Consell. El imputado aseguró no recordar que en diciembre de 2004 se publicó una Ley en Balears que destinaba los solares a la construcción de viviendas de protección oficial.
Los investigadores del caso han localizado un fax remitido a Sacresa por Santiago Fiol el 22 de diciembre de 2004 con una pormenorizada información urbanística sobre Can Domenge, documento que la fiscalía anticorrupción califica de uso interno dentro del Consell.
Según Sanz Bernal, "Santiago Fiol localizó (en 2004) un terreno que estaba dentro del Plan General de Ordenación Urbana de Palma y lo identificó como una posible operación. Los trámites posteriores no eran un impedimento para esa posible operación".
Sacresa pensaba que el Consell iba a convocar el concurso en el verano del 2005, pero ese paso no se dio hasta enero del 2006. La empresa se adjudicó meses después los solares, junto a Ferrá Tur.
* Diario de Mallorca - 19.05.10
Foto: Los solares de Can Domenge, situados frente al velódromo Palma Arena. - B. Ramón, diariodemallorca.es
El fiscal critica cómo se mide la polución en Madrid
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ELPAÍS* : El fiscal de Medio Ambiente, Antonio Vercher, ha puesto el ojo sobre la forma que tiene el Ayuntamiento de Madrid de medir la calidad del aire. Y lo que ha visto no le ha gustado. La Fiscalía ha enviado un oficio al Consistorio en el que pide que detalle los planes municipales para cumplir los objetivos en materia de contaminación del aire y explique la reubicación de las estaciones de medición. El escrito del fiscal se basa en los datos proporcionado por el Ayuntamiento sobre la calidad del aire en la ciudad entre 2005 y 2009 y llega a una serie de conclusiones...
La primera es que la medida que hace el Ayuntamiento de la contaminación considera la media de la ciudad, y obvia los lugares de mayor contaminación. Esto es, que si para reflejar si el aire que hay en Madrid es bueno o malo se toman las mediciones de todas las estaciones, "dado que la media de contaminación no resulta excesiva, el aire en Madrid es bueno, cuando en la práctica no es esa la realidad".
Hay otra objeción de gran peso: han desaparecido estaciones situadas en lugares de fuerte contaminación, que han sido trasladas, a su vez, a lugares con índices de polución inferiores.
Y la Fiscalía pone un ejemplo: el eje de Castellana, el que que va de Plaza de Castilla a Atocha proporciona valores de contaminación por dióxido de nitrógeno (NO2, un gas causado por el tráfico que irrita las vías respiratorias) y por partículas en suspensión (PM10) por encima del valor legal, pero en el índice de calidad del aire no se ven reflejados. Y esto, además, porque han desaparecido algunas estaciones de medición, como las de Plaza de Castilla, Glorieta de Carlos V, Paseo de Recoletos y Gregorio Marañón, que ya no están operativas. Y sus sustitutas, como la situada en la zona verde del Museo de Ciencias Naturales, ofrecen valores de contaminación muy inferiores, afirma el fiscal.
El oficio enviado al Ayuntamiento por la fiscalía no es precisamente amable. Según los datos que ofrece, el límite de NO2 legal recomendado en los últimos años por la UE (que empezó en 50 microgramos por metro cúbico en 2005 y en 2009 fue de 42) se ha superado entre 2005 y 2009 de forma sistemática. Igual sucede con las partículas PM10 si se recoge el promedio estación a estación (y no el conjunto de todas las estaciones, como hace el Ayuntamiento). El valor medio de 50 microgramos por metro cúbico se ha superado en 2009 en 157 ocasiones, cuando lo aconsejado por la UE es un máximo de siete veces al año.
La conclusión del fiscal es clara: en Madrid los límites de contaminación se superan mayoritaria y sistemáticamente: el aire en la ciudad está notablemente contaminado. Y, además, la metodología utilizada no refleja la contaminación real que sufre el ciudadano individualmente.
De ahí que Vercher pida al Ayuntamiento que informe sobre si ha iniciado un plan para cumplir los objetivos en materia de contaminación, y pide que se identifique a los funcionarios que ordenaron la reubicación de las estaciones de medición.
Una portavoz de la Concejalía de Medio Ambiente aseguró ayer que todavía están valorando el oficio enviado por el fiscal, pero que en cualquier caso el Ayuntamiento ha sido pionero en adaptar la red a la normativa europea y que en cumplimiento de esta normativa se han trasladado las estaciones que no cumplían con la norma. Afirmó también que el plan del Consistorio cuenta con estudios favorables de las universidades Politécnicas y de Alcalá de Henares.
Paco Segura, de Ecologistas en Acción, volvió a criticar la política de contaminación municipal y acusó al Ayuntamiento de estar escondiendo el problema.
* ELPAIS.com - 19.05.10
Foto: Contaminación en Madrid - S.Burgos (El País)
