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INFORMACIÓN/Alicante* : La propietaria dice que todos estos negocios invaden más metros y de antemano incluyen en sus gastos la multa de Costas. El chiringuito Moskito está abonado a la polémica. Su hasta ahora propietario Joshua Vasbinder, hijo de la edil de Nueva Jávea, Ana Vasbinder, no ha podido este año montarlo, ya que una sanción de la jefatura de Costas le impidió renovar la concesión.
Pero Rosario V. Gezel, que sí ha resultado adjudicataria de uno de los seis chiringuitos del Muntanyar, ha comprado el Moskito y ha contratado como encargado al propio Joshua Vasbinder.
Este chiringuito ha iniciado la temporada con mal pie. El ayuntamiento notificó ayer a su responsable una orden de paralización de obras. La terraza ocupa casi 500 metros cuadrados, cuando lo máximo permitido son 20 m2. Gezel denunció "un seguimiento excesivo" por parte del ayuntamiento. Y lo relacionó con el hecho de que "mi encargado general es hijo de quien es". "No aceptaremos ser discriminados frente a todos los otros locales de la playa que cometen irregularidades parecidas", advirtió.
La propietaria de este chiringuito aclaró que con una ocupación de 20 m2 es imposible rentabilizar la inversión. Dijo que en los gastos previstos de antemano todos estos negocios incluyen la multa que Costas.
* Información - 20.05.10
Foto: Las obras del chiringuito seguían ayer a buen ritmo. a. p. f., diarioinformacion.com
Un chiringuito de Xàbia ocupa 500 m2 de playa cuando lo máximo permitido son 20
Castelló: Un colectivo ciudadano crea un foro contra la corrupción
LEVANTE* : El Fòrum Reaccionem aborda asuntos como los conflictos urbanísticos o la participación ciudadana. El subdelegado del Gobierno en Castelló, Antonio Lorenzo, se ha reunido con una representación de la asociación castellonense El Cuc Màgic, impulsora del Fòrum Reaccionem de participación y acción ciudadana de Castelló. Se trata de un foro para el debate y la dinamización de la acción social, que según ha explicado su presidente, Joan Beltrán, está abierto a todos los ciudadanos de esta provincia que se puedan sentir comprometidos o interesados por la lucha contra la corrupción.
Beltrán ha explicado a Lorenzo que "la voluntad de este Fòrum es denunciar las prácticas de corrupción, vengan de donde vengan". Ha añadido que "la lucha contra la corrupción ha de acometerse sin importar las posiciones ideológicas que de forma legítima cada uno pueda defender" porque "en ningún partido se pueden mantener posiciones de connivencia con la corrupción". Fòrum asegura que nace fuera de la tutela de cualquier partido político y pretende impulsar charlas y ponencias sobre asuntos como los conflictos urbanísticos.
* Levante-EMV - 20.05.10
Valladolid: La Fiscalía y el juez estudian pedir refuerzos para los casos Arroyo y PGOU
NORTECASTILLA* : La Fiscalía de Valladolid y el magistrado de Instrucción nº1 de la capital están estudiando solicitar a sus respectivos órganos superiores (Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y Fiscalía General del Estado) el refuerzo de un juez y un fiscal sustitutos para acelerar la resolución de dos procedimientos de gran complejidad técnica que en estos momentos se investigan en Instrucción nº1. Se trata del llamado 'caso Arroyo' y el de las diligencias abiertas por la supuesta manipulación de los planos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valladolid. Ambos asuntos tienen relación con procesos de recalificaciones urbanísticas realizados entre los años 1999 y 2003 en el municipio del alfoz y en la capital.
La materia administrativa (decretos, planos, expedientes de recalificación y estudios de detalle) que se están analizando ha conllevado un enorme retraso en la instrucción, con el perjuicio consiguiente para el resto de procedimientos que se tramitan en este órgano jurisdiccional.
El 'caso Arroyo', en el que son investigados presuntos delitos contra la Administración Pública (prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y delito fiscal), ha cumplido ya cuatro años de investigación por los procesos de recalificaciones urbanísticas en ese término.
Desde que el juez José María Crespo abriese diligencias en mayo del 2006, la causa ha acumulado casi 20 tomos, discos de contabilidad de media docena de empresas y constructoras investigadas, informes de la Agencia Tributaria y expedientes completos de acuerdos plenarios. Según explicaron fuentes judiciales, estas circunstancias hacen que se trate de «una instrucción compleja» que requiere mayor esfuerzo procesal a la hora de adoptar una decisión.
Por otra parte, el número de letrados que defienden a personas imputadas alcanza ya una decena, entre ellos abogados adscritos a reconocidos bufetes penalistas (Gómez de Liaño, Dolores Márquez de Prado, Carlos Bueren o Tejerina Rodríguez).
En varias ocasiones,el magistrado instructor ha tenido que suspender las declaraciones fijadas con más de dos meses de antelación ya que alguno de los abogados tenía que celebrar juicios con preso, lo que según la Ley de Enjuiciamiento Criminal tiene prioridad frente a otros procesos judiciales.
Por su parte, las dos acusaciones, la Fiscalía y la que representa la Asociación de Vecinos Arroyo Siglo XXI, han pedido durante el último año una decena de pruebas al magistrado Crespo, lo que está demorado más una resolución.
Segundo caso, el PGOU
El segundo procedimiento por el que tanto la Fiscalía como el juez solicitarían un refuerzo de personal es el que se refiere a la denuncia que presentó el Grupo Municipal Socialista en julio del 2008, sobre la presunta manipulación de los planos del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid en el año 2004. La denuncia, que fue asumida por la Fiscalía vallisoletana, trata de esclarecer quién modificó los planos del PGOU después de que el pleno del Ayuntamiento de Valladolid los aprobase, el 7 de marzo del 2003, para adaptarlos a la Ley de Urbanismo de Castilla y León.
El 27 de febrero del 2004, el Boletín Oficial de la Provincia publicó esta adaptación, pero con notables diferencias entre lo aprobado por los concejales vallisoletanos.
La Fiscalía tiene claro que en esas «manipulaciones» hay un trasfondo de aparente ánimo de lucro, que habría beneficiado a constructoras y propietarios de los solares que no cedieron al Ayuntamiento de Valladolid cientos de metros cuadrados de espacios públicos. Los delitos que se investigan son los de falsedad, prevaricación y cohecho.
* El Norte de Castilla - 20.05.10
Foto: Valladolid, ayuntamiento plaza mayor - wikipedia.org
Oviedo: El plan de Uría da aliento a una plataforma plural de ciudadanos
LAVOZDEASTURIAS* : Un nuevo frente se prepara sobre el proyecto del aparcamiento subterráneo de Uría. Al rechazo a la iniciativa anunciado por los grupos políticos en la oposición y las actuaciones judiciales iniciadas contra la propuesta, se une ahora la movilización vecinal. La Federación de Asociaciones de Vecinos de Oviedo ha tomado cartas en el asunto y tomará una posición ante la decisión del equipo de Gobierno de enajenar el subsuelo del centro de la ciudad para pagar una deuda a la promotora Comamsa por el caso de Villa Magdalena.
El pasado martes, los representantes de las asociaciones ovetenses se reunieron para establecer la línea de actuación que definirá a esta alianza vecinal, sindical, política, con presencia de destacados profesionales ovetenses. CCOO, UGT, PSOE, Asciz, IU-Los Verdes y todo un elenco de expertos en urbanismo, arquitectura, geología o de la abogacía, entre otros, forman parte de esta liga. Esta movilización recuerda a otros movimientos ciudadanos similares, como el iniciado para frenar el derribo del palacio de Concha Heres o de la Estación de El Vasco. Iniciativas organizadas por ciudadanos que terminaron jugando un papel importante en la historia de la ciudad,
Las bases de la plataforma aún están por definir oficialmente. No obstante, el objetivo es postular a lo largo de la próxima semana, en la que también se hará efectiva su presentación pública, los enunciados que moverán sus actuaciones. En principio, la oposición ciudadana se centra en el acuerdo entre el equipo de Gobierno y Comamsa para cambiar el subsuelo de Uría por la deuda derivada del caso Villa Magdalena. Pero lo que realmente ha movilizado a diferentes colectivos que hasta ahora habían preferido mantenerse en un prudente silencio, a la espera de ver el camino que tomaban los acontecimientos, ha sido las novedades que han aparecido esta última semana. Esas informaciones han sido, por un lado, que el trueque en sí pude ser ilegal y, por otro, que la obra podría resultar muy perjudicial para el área de afección, tanto el Campo de San Francisco como los edificios, muchos con valor histórico, de la calle Uría.
LOS VECINOS ESTAN AL FRENTE Los partidos y los sindicatos quieren quedar en un segundo plano y que sean los movimientos vecinales, ciudadanos y profesionales quien se pongan al frente de la plataforma, con el fin de minimizar el componente político a la movilización contra el plan de Uría, y por tanto, restar fuerza a la iniciativa. De hecho, uno de sus puntos fuertes es precisamente la ausencia de posturas ideológicas unánimes y la incorporación en sus filas de simpatizantes de todos los grupos políticos, incluido el PP, que es el único grupo municipal que avala el acuerdo con Comamsa.
* La Voz de Asturias - 20.05.10
Foto: Oviedo, ayuntamiento - wikipedia.org
Vigo: ¿Propuesta de derribo parcial del Piricoto?
LAVOZDEGALICIA* : El Concello de Vigo está a punto de remitir al juzgado los informes sobre el edificio conocido como Piricoto o la colina de Castrelos, sobre el que pesa una orden de derribo. Ayer, el concejal de Urbanismo, José Mariño, informó de que antes de un mes serán entregados a la Justicia para que determine lo que se puede hacer con esa lacra que mantiene en un sin vivir a más de un centenar de familias.
De momento no desveló si la solución que propone el Concello pasaría por el derribo parcial del edificio, algo que se venía barajando en los últimos tiempos. Mariño aseguró que lo que ha hecho la administración local ha sido afrontar una cuestión técnica y no política.
El informe se encargó a un experto recomendado por el Colegio de Arquitectos de Vigo.
A este documento se sumará la propuesta del Concello para que el dictamen cuente con el máximo de documentos. Ayer el responsable de Urbanismo prefirió no dar más pistas sobre cuál será la propuesta del Concello, porque, según sus propias palabras, es preferible que sean los jueces los primeros en enterarse.
Tampoco anunció novedades sobre otro edificio con problemas, en este caso el situado en Jacinto Benavente. «No hay contestación del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que yo sepa», concluyó Mariño.
* La Voz de Galicia - 20.05.10
Foto: Vigo, edificio a derribar en monte Castrelos- lavozdegalicia.es
“¿Participación ciudadana en el Plan de Urbanismo de Alpedrete?”
ALPEDRETE SOSTENIBLE* : En un artículo aparecido la semana pasada en un medio comarcal, María Casado, Alcaldesa de Alpedrete decía que ya no podían hacer más, que se había reunido con todas las fuerzas políticas y ciudadanas del municipio. No podemos estar más en desacuerdo con esto. Recordaremos que en la reunión a la que se nos convocó, por primera y única vez, el 27 de abril junto a los partidos de la oposición y la asociación de empresarios, Enrique Villanueva, teniente de alcalde, único asistente por parte del equipo de gobierno, recalcó que era EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVA, y en la que no se iban a admitir ningún tipo de sugerencias. Y hablando de sugerencias, en la última versión del PGOU que poseemos (que parece que no es la última) se DESESTIMAN LA INMENSA MAYORÍA DE LAS MILES DE SUGERENCIAS QUE SE HICIERON DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE A LA TRAMITACIÓN DEL AVANCE en enero del 2006, salvo las pocas que sugieren que se recalifiquen adicionalmente algunos terrenos de particulares. También podemos recordar que Alpedrete Sostenible recogió más del 15% del censo electoral de firmas de los vecinos pidiendo el SOMETIMIENTO A CONSULTA POPULAR DEL PGOU Y NEGÁNDOSE REITERADAMENTE EL PP A QUE ESTO SE LLEVARA A CABO. Son dos claros ejemplos de cómo considera el PP de Alpedrete la participación ciudadana. Toda la tramitación del PGOU ha estado plagada de irregularidades y tergiversaciones como cuando el PP decía en su boletín Nº 3, página 6 del año 2007, publicado en la última campaña electoral, que no se iba a construir en Cercas de Ávila y posteriormente Vicente Guillen, entonces Concejal de Urbanismo declaró al diario “Qué” del 14/02/07 que “sólo” se iban a construir 1600 viviendas en dicho sector. Desde el momento en que el PP no puede contar con el voto de su actual Concejal de Urbanismo, Tomás Carrión Guillén, por sus reconocidos intereses particulares en el Plan de Urbanismo, se producen una serie de reuniones extraoficiales del equipo de gobierno con PSOE y UNPA, excluyendo tanto a Izquierda Unida-Los Verdes, como a Alpedrete Sostenible y otras organizaciones. Como consecuencia de estas reuniones el PP admite retirar del Avance del Plan la parte norte del municipio para asegurarse el voto afirmativo de estos dos partidos, pero éstos insisten, especialmente UNPA, en que ellos sólo votarán afirmativamente, si hay un verdadero consenso entre todas las fuerzas políticas, sociales y vecinales. Está claro que ese consenso a día de hoy no existe puesto que no ha habido verdadera participación ciudadana. Por otro lado, la única justificación del Plan por parte de la alcaldesa es que “Alpedrete no consiga las viviendas para jóvenes ni los recursos necesarios para el Ayuntamiento”. Alpedrete Sostenible mantiene: -Que no hay un estudio riguroso que cuantifique la necesidad real de vivienda protegida. -Que se aprobó en Pleno de julio de 2006 un acuerdo con la Comunidad de Madrid para desarrollar 325 viviendas del plan “Vivienda Joven” en parcelas municipales en Arcilleros y Polígono y que a día de hoy los jóvenes de Alpedrete siguen esperando. Si verdaderamente la Alcaldesa decide llevarlo a Pleno el día 28 o cualquier otro día, sólo desearíamos que los partidos con los que ha venido “negociando” últimamente sean coherentes con sus manifestaciones públicas de votar EN CONTRA del PGOU. Si así no fuera tendrán que dar explicaciones detalladas a los vecinos de su cambio de postura y desde Alpedrete Sostenible se las exigiremos porque seguimos considerando que en ningún momento ha existido una verdadera participación ciudadana pese a las afirmaciones de la Alcaldesa. Alpedrete Sostenible sigue proponiendo descartar este PGOU por razones técnicas, políticas, económicas, medioambientales y éticas e iniciar con este equipo de gobierno o con otro en el futuro un auténtico proceso de participación ciudadana en el que se tengan en cuenta las necesidades reales de vivienda, comercio e industria, primando la calidad de vida de los vecinos y la protección de los privilegiados valores medioambientales de este municipio.
* Diario de la Sierra - Cartas al Director - 20.05.10
Foto: Alpedrete (Madrid) - webalpedrete.com
Palma: La adjudicataria empezó a trabajar sobre Can Domenge dos años antes de ganar el concurso
DIARIODEMALLORCA* : La promotora Sacresa Terrenos y Construcciones empezó a recopilar datos sobre la posible construcción de cientos de casas en Can Domenge en 2004, cuando esos terrenos pertenecían como bien patrimonial al Consell de Mallorca y dos años antes de que se convocara, en enero de 2006, el concurso para su enajenación. Mario Sanz Bernal, un ex gestor del grupo inmobiliario catalán e imputado en el sumario que instruye el juzgado nº12 de Palma, ha reconocido que mantuvo en 2004 una reunión en el Ayuntamiento de Palma (Cort) para hablar del planeamiento sobre los solares.
El sumario de Can Domenge trata de esclarecer si la UTE Sacresa-Construcciones José Francisco Ferrá Tur recibió información privilegiada de altos cargos del anterior Consell para conseguir hacerse con los terrenos, a mitad de su valor de mercado y, posiblemente, previo pago de sobornos. Román Sanahuja Pons, el principal accionista de Sacresa, ha admitido que recibió en la primavera del 2005 borradores sobre las bases del concurso remitidos por el entonces vicepresidente del Consell Miquel Nadal, también encausado.
No obstante, la versión que mantienen los numerosos imputados y testigos vinculados a Sacresa es que se enteraron de las intenciones del Consell sobre las fincas gracias a una noticia en prensa publicada en abril de 2005.
Esa afirmación contrasta con el hecho de que desde 2004, y gracias a los datos que les facilitó su abogado en Palma, el también encausado Santiago Fiol, el grupo empezó a trabajar con la posibilidad de construir viviendas de calidad en Can Domenge.
Mario Sanz Bernal ha explicado que en 2004 para la empresa no era un obstáculo el que los terrenos fueran un bien patrimonial del Consell. El imputado aseguró no recordar que en diciembre de 2004 se publicó una Ley en Balears que destinaba los solares a la construcción de viviendas de protección oficial.
Los investigadores del caso han localizado un fax remitido a Sacresa por Santiago Fiol el 22 de diciembre de 2004 con una pormenorizada información urbanística sobre Can Domenge, documento que la fiscalía anticorrupción califica de uso interno dentro del Consell.
Según Sanz Bernal, "Santiago Fiol localizó (en 2004) un terreno que estaba dentro del Plan General de Ordenación Urbana de Palma y lo identificó como una posible operación. Los trámites posteriores no eran un impedimento para esa posible operación".
Sacresa pensaba que el Consell iba a convocar el concurso en el verano del 2005, pero ese paso no se dio hasta enero del 2006. La empresa se adjudicó meses después los solares, junto a Ferrá Tur.
* Diario de Mallorca - 19.05.10
Foto: Los solares de Can Domenge, situados frente al velódromo Palma Arena. - B. Ramón, diariodemallorca.es
El fiscal critica cómo se mide la polución en Madrid
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ELPAÍS* : El fiscal de Medio Ambiente, Antonio Vercher, ha puesto el ojo sobre la forma que tiene el Ayuntamiento de Madrid de medir la calidad del aire. Y lo que ha visto no le ha gustado. La Fiscalía ha enviado un oficio al Consistorio en el que pide que detalle los planes municipales para cumplir los objetivos en materia de contaminación del aire y explique la reubicación de las estaciones de medición. El escrito del fiscal se basa en los datos proporcionado por el Ayuntamiento sobre la calidad del aire en la ciudad entre 2005 y 2009 y llega a una serie de conclusiones...
La primera es que la medida que hace el Ayuntamiento de la contaminación considera la media de la ciudad, y obvia los lugares de mayor contaminación. Esto es, que si para reflejar si el aire que hay en Madrid es bueno o malo se toman las mediciones de todas las estaciones, "dado que la media de contaminación no resulta excesiva, el aire en Madrid es bueno, cuando en la práctica no es esa la realidad".
Hay otra objeción de gran peso: han desaparecido estaciones situadas en lugares de fuerte contaminación, que han sido trasladas, a su vez, a lugares con índices de polución inferiores.
Y la Fiscalía pone un ejemplo: el eje de Castellana, el que que va de Plaza de Castilla a Atocha proporciona valores de contaminación por dióxido de nitrógeno (NO2, un gas causado por el tráfico que irrita las vías respiratorias) y por partículas en suspensión (PM10) por encima del valor legal, pero en el índice de calidad del aire no se ven reflejados. Y esto, además, porque han desaparecido algunas estaciones de medición, como las de Plaza de Castilla, Glorieta de Carlos V, Paseo de Recoletos y Gregorio Marañón, que ya no están operativas. Y sus sustitutas, como la situada en la zona verde del Museo de Ciencias Naturales, ofrecen valores de contaminación muy inferiores, afirma el fiscal.
El oficio enviado al Ayuntamiento por la fiscalía no es precisamente amable. Según los datos que ofrece, el límite de NO2 legal recomendado en los últimos años por la UE (que empezó en 50 microgramos por metro cúbico en 2005 y en 2009 fue de 42) se ha superado entre 2005 y 2009 de forma sistemática. Igual sucede con las partículas PM10 si se recoge el promedio estación a estación (y no el conjunto de todas las estaciones, como hace el Ayuntamiento). El valor medio de 50 microgramos por metro cúbico se ha superado en 2009 en 157 ocasiones, cuando lo aconsejado por la UE es un máximo de siete veces al año.
La conclusión del fiscal es clara: en Madrid los límites de contaminación se superan mayoritaria y sistemáticamente: el aire en la ciudad está notablemente contaminado. Y, además, la metodología utilizada no refleja la contaminación real que sufre el ciudadano individualmente.
De ahí que Vercher pida al Ayuntamiento que informe sobre si ha iniciado un plan para cumplir los objetivos en materia de contaminación, y pide que se identifique a los funcionarios que ordenaron la reubicación de las estaciones de medición.
Una portavoz de la Concejalía de Medio Ambiente aseguró ayer que todavía están valorando el oficio enviado por el fiscal, pero que en cualquier caso el Ayuntamiento ha sido pionero en adaptar la red a la normativa europea y que en cumplimiento de esta normativa se han trasladado las estaciones que no cumplían con la norma. Afirmó también que el plan del Consistorio cuenta con estudios favorables de las universidades Politécnicas y de Alcalá de Henares.
Paco Segura, de Ecologistas en Acción, volvió a criticar la política de contaminación municipal y acusó al Ayuntamiento de estar escondiendo el problema.
* ELPAIS.com - 19.05.10
Foto: Contaminación en Madrid - S.Burgos (El País)
Un técnico del PP de Castellón avaló sobrecostes a firmas ligadas a Gürtel
ELPAÍS* : El alcalde de Castellón, Alberto Fabra, y el vicealcalde, Javier Moliner, alegaron en su comparecencia en la comisión de investigación sobre el caso Gürtel abierta en el Ayuntamiento que ellos se limitaron a firmar los informes facilitados por los técnicos municipales y que, únicamente, los avalaron con su rúbrica como responsables políticos. La comisión, que hoy debate sus conclusiones, investiga la relación del consistorio con Lubasa, Piaf y Facsa, tres de las cinco empresas que, según los informes policiales del caso Gürtel, están vinculadas con la presunta financiación ilegal del PP.
Las tres son adjudicatarias de distintos servicios municipales. Sin embargo, al margen de estos, las empresas han emitido, entre 2003 y 2009, facturas por otros trabajos encargados, a dedo, al margen de los contratos. La mayoría de las facturas correspondientes a este tipo de trabajos, realizados sin consignación presupuestaria para ello, ni fiscalización previa, ni un procedimiento de contratación reglado, cuenta con el visto bueno del jefe de sección de Infraestructuras del Ayuntamiento de Castellón, Cristóbal Badenes, quien, además, forma parte de la junta directiva provincial del PP de Castellón, elegida en el congreso de 2008, en la que ocupa el cargo de secretario ejecutivo de Infraestructuras. El técnico también fue secretario general del PP de L'Alcora, donde ahora mantiene el puesto de secretario ejecutivo de Empleo.
Así, Badenes y Moliner comparten reuniones en el órgano de dirección del PP provincial de Castellón desde diciembre de 2008, fecha en la que el vicealcalde de Castellón fue nombrado adjunto a la presidencia del partido en la provincia. Sin embargo, su relación es anterior ya que Badenes fue uno de los ingenieros industriales que realizó las prácticas en la empresa de Javier Moliner en 2004, cuando este ya era concejal del Ayuntamiento de Castellón.
Cristóbal Badenes entró en el Ayuntamiento de Castellón, como funcionario y por oposición, en 2007. Desde ese momento, pasó a firmar la mayoría de las facturas emitidas sin contrato reglado de dos de las empresas a las que la policía atribuye la financiación ilegal del PP, Piaf y Lubasa. En el caso de las facturas de Facsa, su intervención es mínima.
El Ayuntamiento de Castellón adjudicó a dedo a las tres empresas, a las que la policía atribuye la financiación ilegal del PP valenciano, servicios por un valor de más de 26 millones de euros, tal como se desprende de las facturas emitidas entre 2003 y 2009. Piaf, Lubasa y Facsa tienen contratos suscritos con el consistorio como concesionarias para la realización de servicios que salieron a concurso de forma reglada. Sin embargo, las tres empresas han emitido infinidad de facturas, sobre todo en el caso de Lubasa y Piaf, por trabajos realizados sin consignación presupuestaria, ni fiscalización previa, ni un procedimiento de contratación reglado.
El informe policial realizado tras el análisis de la contabilidad de las empresas del caso Gürtel indica que una de las empresas de Francisco Correa, Orange Market, facturó a las tres mercantiles. Piaf, por ejemplo, aparece como una de las empresas a las que supuestamente se cobró por trabajos realizados al PP. En el caso de Facsa, Orange Market le facturó por trabajos que estaban contabilizados como cargos al PP.
El caso más voluminoso es el de Piaf. La empresa es actualmente adjudicataria del mantenimiento de los edificios públicos y colegios de la capital de La Plana, ya que resultó elegida tras un concurso en enero de 2007. Antes, la mercantil logró también el contrato, por cuatro años, en 1994 y el de 1999, que fue prorrogado hasta 2006. Este se firmó por 1,2 millones de euros, pero, al menos a partir de 2003, Piaf facturó alrededor de un millón más al año por trabajos realizados, también en edificios públicos, al margen del contrato. En 2007 se sacó a concurso de nuevo el servicio y, tras la experiencia del sobrecoste de estos trabajos, el Ayuntamiento no sólo no incrementó la cantidad presupuestada para tal fin, sino que la rebajó en, aproximadamente, 100.000 euros.
La comisión de investigación abierta en el Ayuntamiento de Castellón ha destapado que, entre 2003 y 2009, Piaf facturó alrededor 19 millones de euros al margen de su contrato. En el caso de Lubasa, la facturación por trabajos realizados a dedo asciende, aproximadamente, a un millón de euros por año.
Las facturas emitidas al margen de contratos están incluidas en la ley bajo la figura del reconocimiento extrajudicial de deuda, aunque este se reserva a casos excepcionales y urgentes. La norma entiende que si se acredita la realización del trabajo facturado, la Administración debe proceder a su pago para evitar el enriquecimiento injusto de las arcas públicas. Para la aprobación del pago es necesario su paso por el servicio de Intervención. En el caso de las facturas presentadas ante el Ayuntamiento, todas ellas cuentan con el informe negativo de este servicio, ya que las obras o servicios carecen de contrato. En cualquier caso, se procede a su pago si cuentan con la firma de un técnico y la del concejal que, como responsable político, avala el pago.
Desde 2008, las facturas presentadas por Piaf están firmadas por el jefe de sección de Infraestructuras del Ayuntamiento de Castellón, Cristóbal Badenes, quien, además, forma parte de la junta directiva provincial del PP de Castellón. El montante total de las facturas de Piaf que cuentan con el visto bueno de este técnico es de más de 11 millones de euros. En el caso de Lubasa, entre 2008 y 2009, la empresa facturó, al margen de cualquier tipo de contrato, 3 millones de euros al Ayuntamiento de Castellón.
La comisión de investigación del Ayuntamiento debatirá hoy sus conclusiones, tras seis meses de análisis de facturas. La intención es concluir con un dictamen que será debatido en el próximo pleno municipal, la semana que viene.
En el transcurso de la comisión los responsables de las tres empresas fueron preguntados si, entre 2003 y 2009, recibieron indicaciones de aportar dinero al PP "a cambio" de obras o servicios, si durante este tiempo dieron alguna instrucción para realizar dichas aportaciones al PP y, en cualquier caso, si se llegaron a hacer. Los tres contestaron negativamente a las tres cuestiones.
* ELPAIS.com - 19.05.10
Foto: Castellón, ayuntamiento - panoramio.com
Veintidós condenados por chalés ilegales en la zona de la Imora
IDEAL/Jaén* : Veintidós personas se han declarado culpables de delitos contra la ordenación del territorio por chalés construidos sin licencia en el paraje de Las Herrerías (cerca de la Imora, entre Jaén y Torredelcampo) del que los acusaba el Fiscal, que les pedía inicialmente ocho meses de prisión y demolición de lo construido al margen de la legalidad. Los acusados han aceptado su culpa, pero no que les tiren los chalés, cuestión que se discutió en el juicio celebrado esta semana en los juzgados de lo Penal de Jaén, según han informado fuentes de la sección de la Fiscalía especializada en delitos contra el Medio Ambiente.
La acusación del Fiscal se dirigía contra un constructor, 19 propietarios de chalés y dos personas que constituyeron dos sociedades y compraron fincas rústicas de unos 15.000 metros en total «para llevar a cabo una parcelación y posterior construcción de viviendas unifamiliares sin contar con licencia alguna por cuanto sabían que en atención del tipo de suelo no era posible lleva a cabo su proyecto», según el escrito de acusación. Fiscalía tenía constancia de que en ese terreno se habían hecho trabajos para hacerlo más llano, viales, alcantarillado, luz, agua y vallados. Se había ocupado además, decía el Ministerio Público, una vía pecuaria.
Fiscalía entiende que la única forma de restaurar la legalidad es demoler lo construido al margen de ordenamiento, por lo que pidió que ordenase derribos. Los afectados se han opuesto a la medida.
En La Imora y Las Herrerías hay varias urbanizaciones y zonas de chalés. Primeras y segundas residencias. Construcciones ya consolidadas en muchos casos. La pretensión de los propietarios de las zonas de viviendas sin licencia de las inmediaciones del casco urbano de Jaén es que sean legalizados cuando se reforme el Plan General de Ordenación Urbana.
Desde 2006
Según datos de la Guardia Civil, la investigación sobre delitos urbanísticos en la zona se puso en marcha en enero de 2006 a raíz de una denuncia de la asociación de canteros. Durante dos meses los agentes del Instituto Armado hicieron las averiguaciones pertinentes y pusieron a disposición de la Justicia en calidad de imputados a nada menos que 38 personas. Dieciséis de ellos quedaron fuera del proceso penal, que siguió contra los 22 restantes hasta llegar a la vista oral de esta semana.
Los agentes del Seprona, encargados de la investigación, aseguraron que se había comprobado que las edificaciones denunciadas carecían de licencia, y que había alguna de grandes dimensiones. Las había ya concluidas o otras que estaban aún en obras. La actuación, informó la Guardia Civil, se había desarrollada entre los términos municipales de Jaén y Torredelcampo.
La de Las Herrerías fue la segunda operación de importancia en el área metropolitana de Jaén contra los chalés ilegales, pues en 2005 se imputó a 47 personas por obras en el Megatín, de los que una docena aún están pendientes de juicio en un Penal.
* Ideal - 19.05.10
Foto: Un agente del Seprona precinta una obra ilegal en una imagen de archivo. :: IDEAL
Una empresa para la que trabaja un edil de Palma de Gandía erige una nave en suelo no urbanizable
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LASPROVINCIAS/Valencia* : La construcción de un almacén en terrenos no urbanizables en Palma de Gandia puede poner punto y final al pacto de gobierno entre el Partido Popular y el Bloc. Esta nave se encuentra detrás de un edificio en la avenida Sant Cristófol y, al parecer, se ha levantado sin la correspondiente licencia urbanística y con el conocimiento del concejal de Urbanismo, el popular Juan José Ortolá.
Además la «empresa encargada de las obras es la misma para la que trabaja el concejal del PP», así lo manifestaron ayer las regidoras del Bloc, y socias de gobierno, Charo Frasquet y Carmen Pastor, quienes añadieron estar «dispuestas» a dejar el gobierno si se prueba que el edil tenía conocimiento de que esta edificación no contaba con los permisos oportunos.
De hecho en este recinto la citada mercantil, una constructora, almacena material de trabajo. Ambas formaciones alcanzaron un pacto tras las elecciones de mayo de 2007 para impedir el tercer gobierno del PSPV.
Pero como señaló Frasquet, en los últimos meses las desavenencias han sido la tónica dominante: «Hemos intentado aguantar al máximo pero no ha sido posible. Todo era falta de información entre los miembros del gobierno y cambios en proyectos ya consensuados».
Quejas vecinales
La «gota que ha colmado el vaso» ha sido, como apuntó el secretario de organización del Bloc, David González, «esta posible ilegalidad». Como relataron las edilas, todo ha salido a la luz tras una pregunta que el concejal de la oposición y ex alcalde de Palma, Joan Sapena, formuló en el pleno del 14 de mayo. «El edil solicitó información al concejal de Urbanismo tras recibir quejas de vecinos sobre una nave que se había construido y que tenía dos ventanas».
Al parecer «nadie» conocía la existencia de este recinto al estar detrás de viviendas. Frasquet, que fue alcaldesa los dos primeros años de legislatura, afirmó ayer desconocer esta obra ni el periodo en el que fue construida. Y es que, apuntó, en el Ayuntamiento «no consta ningún permiso de obras».
La edila recordó que Ortolá ha sido edil de Urbanismo durante los tres años de legislatura. La regidora comentó que en el pleno Ortolà no dio una explicación contundente: «Señaló que el abogado de la empresa para la que trabaja le dijo que no pasaba nada por construir esta nave».
Estas afirmaciones no fueron suficientes para las nacionalistas. Por este motivo, este lunes solicitaron un escrito al arquitecto del Ayuntamiento para comprobar el estado de esta construcción: «Queremos que el técnico haga un informe y esperamos que sea positivo».
Si el documento es desfavorable Frasquet y Pastor están decididas a abandonar sus responsabilidades de gobierno. Las edilas afirmaron que en ese caso seguirán trabajando por los vecinos. González apoyó sus argumentos: «De un tiempo a esta parte, desde que Frasquet dejó la alcaldía, los populares sólo han puesto trabas al Bloc para obtener información». LAS PROVINCIAS intentó ponerse en contacto con Ortolà y con la alcaldesa Pepa Boscá, también del PP pero rechazaron hacer declaraciones.
* Las Provincias - 19.05.10
Foto: La nave se construyó junto a un bloque de viviendas en terreno no urbanizable. :: J.RIBES.- lasprovincias.es
El juez cree que la presunta trama corrupta del PNV de Álava manipuló un concurso en Miñano
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DIARIOVASCO* : El juez que investiga la presunta trama de corrupción vinculada al PNV de Álava parece que ha empezado a desentrañar la compleja madeja. Y la gestión del parque tecnológico de Miñano durante el último mandato de Ibarretxe sigue siendo uno de los principales epicentros de la sospecha. De momento, el que aporta cifras económicas más importantes, aunque existen otros. Las indagaciones judiciales se iniciaron a raíz de una denuncia interpuesta ante el fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre.
La acusadora sostuvo -y aportó una grabación- que el ex número dos del PNV alavés, Alfredo de Miguel, y el también ex burukide Aitor Tellería le habían exigido el pago de comisiones ilegales por la contratación de su empresa, Urbanorma Consulting, para gestionar la compra al mejor precio posible de los terrenos necesarios para la ampliación del parque. De Miguel, que estaba llamado a ser el próximo presidente del Araba Buru Batzar del PNV cuando Iñaki Gerenabarrena acabe su actual mandato en un año, habría intentado cerrar la negociación del presunto chantaje desde su ordenador de diputado foral, cargo que tuvo que dejar tras estallar el escándalo.
Pues bien, según ha podido saber este periódico, hay un segundo contrato bajo sospecha judicial. Los responsables del parque tecnológico de Miñano convocaron en 2008 un concurso para contratar la redacción de los proyectos de urbanización de la ampliación del complejo alavés. Se presentaron seis empresas. El trabajo se adjudicó en enero de 2009 a Stoa (Studio Técnico de Obras y Arquitectura), la firma que presentó la oferta más barata, 343.000 euros. Otra de las empresas que aspiraban al trabajo, Lugarfive, cuyo 'staff' forman prestigiosos profesionales alaveses, recurrió el fallo. Sin éxito.
Según consta en el sumario del denominado caso De Miguel, cuyo secreto se levantó el viernes, la oferta de Stoa planteaba, por error, dos precios. En letra se ofrecía hacer el trabajo por 343.000 euros. En número, por 449.000. Finalmente el contrato se firmó por la cifra más baja, según estipula la ley.
Cambio de puntuaciones
El error y el recurso de Lugarfive debieron causar un importante revuelo en el parque, según pone de relieve la transcripción de los correos electrónicos que, según todos los indicios, se cruzaron desde sus ordenadores el entonces gerente del complejo, el peneuvista Alfonso Arriola, y la directora técnica, Miren Bilbao. Conclusión: según aparece en el sumario, Arriola habría sugerido a Bilbao cambiar las puntuaciones para mantener la adjudicación a Stoa, trabajo que habría realizado la técnica. Ésta sería una de las razones por la que ambos se hallan imputados.
Según el registro mercantil, Stoa es una empresa que se constituyó en octubre de 2005 con un capital social desembolsado de poco más de 3.006 euros. Como objeto social figura la redacción de todo tipo de documentos, expedientes e instrumentos de ordenación del territorio y urbanismo. La realización de proyectos de ingeniería técnica y arquitectura. Y la construcción en general.
Este periódico habló ayer con quien se identificó como administrador único de la compañía. Sergio Fernández Oleaga confirmó que Stoa ganó el concurso de Miñano que investiga la Justicia, reconoció que su oferta contenía «un fallo» al plantear dos cantidades distintas para hacerse con el trabajo y dijo estar en condiciones de «garantizar que aquí no hay nada raro». Aseguró que ni él ni la firma están vinculados al PNV.
La firma de un peneuvista
Se da la curiosa circunstancia de que la empresa -en la que trabajan un total de ocho personas, según su portavoz- tiene su sede social en pleno centro de Vitoria. Comparte espacio con ARK Gasteiz, empresa de Jon Buesa, militante del PNV y hermano del ex dirigente del PSE y ex vicelehendakari, Fernando Buesa. En este sentido, Jon Buesa aseguró a este periódico que entre ARK y Stoa «no existe ninguna relación». «Simplemente les tengo alquilada una oficina por la que abonan un alquiler. Y punto». Pese a estas declaraciones, este periódico está en condiciones de asegurar que ayuntamientos que han contratado en los últimos años a Stoa realizaron las gestiones iniciales con Jon Buesa y pensaron cuando se hicieron con sus servicios que Stoa era otra de sus empresas.
En medios políticos locales se aseguró en su momento que ARK fue quien facilitó al PNV el arquitecto, navarro, que se ha encargado del diseño de la nueva sede central del PNV en Vitoria, que ocupa todo un edificio en la céntrica plaza de la Virgen Blanca, la antigua Casa Hueto. Jon Buesa lo negó también de plano. Estas dos conversaciones que este periódico mantuvo en la tarde de ayer fueron puestas de inmediato en conocimiento de otros imputados.
Aunque suele ser habitual que el presidente del Euzkadi Buru Batzar inaugure las nuevas sedes más emblemáticas en este caso no ha sido así. Los jeltzales no han realizado ningún acto de inauguración ni por supuesto ha aparecido Urkullu. Por ahora el 'caso De Miguel' suma once imputados. Todo apunta a que la cifra podría incrementarse.
* Diario Vasco - 18.05.10
Foto: El ex presidente de la Red de Parques Tecnológicos de Euskadi, Julián Sánchez, y el ex gerente del parque, Alfonso Arriola, en Miñano. ::ANDRADE, diariovasco.com
Santa Eulària: El fiscal pide más de cuatro años de prisión para Vicente Guasch
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DIARIODEIBIZA* : El juicio por la explotación ilegal de la cantera de ses Planes, en Santa Eulària, quedó hoy visto para sentencia en su segunda jornada. El ministerio fiscal se ratificó en sus conclusiones finales en la petición de una pena de cuatro años y tres meses de prisión por un delito de prevaricación y otro contra el medio ambiente para el ex alcalde de la Villa del Río, Vicente Guasch. También pidió su inhabilitación parta ejercer un cargo público durante siete años.
El fiscal consideró que queda probado que la cantera funcionó "sin ningún tipo de control de la Administración durante más de 26 años" y sin ninguna licencia de actividad. Y todo ello con la conformidad de Guasch quien, a pesar de los dos informes desfavorables que le presentaron técnicos municipales, "no tomó ninguna medida para clausurar la instalación".
La fiscalía señaló que tanto Guasch como los dueños de la cantera, también acusados, "despreciaron la normativa y las leyes". Por eso pidió la misma pena para los hermanos José y Manuel Parrot, propietarios de la instalación.
Por su parte, los abogados defensores pidieron una sentencia absolutoria para los tres acusados. En concreto, Rafael Perera, letrado del ex alcalde de Santa Eulària, señaló que "no se puede hacer víctima al señor Guasch" de la explotación de una cantera que ya estaba en funcionamiento cuando llegó a la alcaldía y cuyos permisos solicitaron los dueños antes de que el ex primer edil entrara en el gobierno en 1979.
Perera consideró que debe tenerse en cuenta que para la redacción del Plan Sectorial de Carreteras de 1997 el Ayuntamiento demandó toda la documentación pertinente a los propietarios de la cantera de ses Planes.
Así defendió Perera a Guasch del delito por prevaricación, mientras que en relación al delito contra el medio ambiente, el abogado concretó que "es cierto que una cantera significa un atentado ecológico, todas las canteras lo son". Y puntualizó: "¿Qué vamos a hacer, cerrar todas las canteras?".
Por su parte, el letrado de la acusación particular, Carlos Serrano, pidió para el ex alcalde dos años de prisión por un delito de prevaricación, pero no demandó ninguna pena por la acusación contra el medio ambiente.
Antes de las conclusiones finales declararon en la vista más testigos y peritos. El actual alcalde de Santa Eulària, Vicent Marí, reconoció que durante su mandato, que comenzó en la primavera de 2007, se aprobó la licencia de apertura y funcionamiento de la cantera de ses Planes, pero con la condición de que cesaran las explosiones para la extracción de áridos.
Asimismo un testigo aseguró que se puso en conocimiento del Ayuntamiento de la Villa del Río y del Defensor del Pueblo las molestias ocasionadas por la cantera. Exigieron en el Consistorio que les mostraran el expediente y tras negárselo en un primer momento, les dijeron que estaba en trámite.
Por último señaló que las molestias de la cantera aparecieron en el año 2000 coincidiendo con "el cierre de la cantera de Santa Bàrbara, las obras del dique de es Botafoc y la construcción de las carreteras. Así ses Planes incrementó su actividad".
* Diario de Ibiza - 18.05.10
Foto: Santa Eularia (Ibiza) - eivissaweb.com
La ruina de un símbolo de Écija
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ELPAÍS/Sevilla* : Écija es una de las grandes ciudades barrocas de Andalucía. Écija es también la localidad donde nació Luis Vélez de Guevara (1579-1644), autor de El diablo cojuelo (1641), una novela fundamental en la literatura española. El siglo XVIII fue una época clave para la historia de España con la llegada de los borbones al poder. Y fue también un siglo de oro para Écija, ya que fue un tiempo de auge para la ciudad. El poder eclesiástico se unió a la pujanza de la aristocracia. Por ello, el casco histórico de la localidad sevillana guarda algunos de los tesoros de la arquitectura y el arte barrocos de Andalucía.
Palacios, iglesias, conventos, edificios públicos y casas-palacio ofrecen un exquisito recorrido.
Entre las joyas más preciadas de esta sucesión de atractivas sorpresas está el palacio de Peñaflor. Quien lo ve por primera vez queda impactado. Si uno creyera en los procesos de inversión del tiempo y el espacio acuñados por las películas de ciencia ficción, pensaría que está en una pequeña ciudad monumental de Italia. Pero el palacio de Peñaflor está en Écija. Y, además, se encuentra en un estado de abandono deplorable.
El edificio es llamativo por su marcada tendencia a la horizontalidad, que se rompe con una portada enorme. Su largo balcón corrido sigue la curva de la calle. Las pinturas de paisajes dan intensidad al palacio. Y los trampantojos presentan juegos de imaginación y fantasía.
El alcalde de Écija, Juan Wic, es tajante: "El palacio de Peñaflor está muy deteriorado y muy sucio. El palacio lleva abandonado desde que pasó a ser propiedad del Ayuntamiento hacia 1990. Ha estado, por tanto, 20 años abandonado", resume el primer edil, que reconoce que su mal estado impide las visitas. "No dejamos que la gente entre en el palacio", dice. Con todo, Wic matiza: "El palacio no se hunde". Y, sobre todo, insiste en que él se convirtió en alcalde en 2003 y que el abandono del edificio, que es Bien de Interés Cultural, viene de antes.
La Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras Luis Vélez de Guevara ha dado la voz de alarma. Su corporación se reunió a finales de diciembre y acordó enviar un escrito al Ayuntamiento. Los académicos expresaron la "preocupación" que les produce el "enorme deterioro que afecta al monumento más emblemático de Écija". Los académicos pidieron al Ayuntamiento que "emprenda todas las gestiones y actuaciones posibles y necesarias para asegurar su futuro". La institución astigitana reúne a 24 académicos, entre los que hay arquitectos, arqueólogos, profesores, médicos, abogados, historiadores y científicos.
La presidenta de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras Luis Vélez de Guevara, Concepción Ortega, es una defensora del edificio barroco. "Me gustaría que el palacio estuviera con su mobiliario y en las mismas condiciones que cuando vivían los marqueses de Peñaflor. También me gustaría que estuviera abierto al público y que tuviera salas de exposiciones", afirma Ortega.
Por su parte, el alcalde de Écija sostiene: "En 2003 me encontré el problema del palacio de Peñaflor y lo voy a resolver". Wic pone un plazo: "Mi horizonte es que cualquier gobierno responsable tiene que darle una solución al palacio en los próximos cuatro años".
"En 2005 se aprobó un proyecto de restauración y adaptación a hotel. La empresa iba a iniciar las obras. Tuvo problemas económicos y nos dejó tirados", añade Wic. "Si yo me presento a las elecciones, diré qué es lo que voy a hacer con el palacio, cuánto va a costar y de dónde voy a sacar la financiación", resume el alcalde.
El Ayuntamiento y la academia astigitana quieren que el edificio vuelva a lucir toda su belleza. Pero, de momento, el palacio de Peñaflor da pena.
* ELPAIS.com - 18.05.10
Foto: Un aspecto del palacio de Peñaflor, en Écija (Sevilla).- GARCÍA CORDERO, elpais.com
Alicante: Nuevas movilizaciones de los vecinos de Rabasa
LAVERDAD* : Los vecinos de los barrios de Rabasa, Tómbola y Divina Pastora saldrán mañana a la calle para protestar por la paralización de las obras de urbanización de la segunda fase del Plan Especial de Reforma Interior del barrio, que promueve el Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA) y que acomete la empresa constructora Vías, y que permanecen paralizadas desde el pasado 19 de abril. Una manifestación que se iniciará a las 16.45 horas en la fuente de la rotonda de la avenida de la Universidad y que es apoyada también por las madres y padres de alumnos de los colegios nº54 y las Carmelitas, afectados por las obras inacabadas de la urbanización, que critican esta situación.
El presidente de los vecinos de Rabasa, Antonio Balibrea, considera inaceptable que «a escasos meses de haberse reanudado las obras por las protestas vecinales se paralicen de nuevo sin que se nos haya comunicado la causa y cuando falta poco para acabarlas». Los vecinos esperan que la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, cumpla con su promesa de interceder para que se reanuden las obras. Castedo aseguró hace varías semanas que la Administración deberá de establecer criterios para determinar si contratar o no a empresas que perjudican a una ciudad. Considera que no se puede permitir que los problemas que hayan surgido entre la administración y la empresa adjudicataria perjudiquen a los niños que acuden a los colegios de esta zona.
Por su parte, Balibrea se muestra también partidario de que la Conselleria de Urbanismo rescinda el contrato con la empresa y que incluso, si es necesario, se le sancione por los retrasos de las obras, «que deberían de haberse terminado en noviembre del año pasado y sin embargo se ha prolongado hasta ahora», indicó molesto por los continuos parones que sufre esta actuación urbanística.
Los vecinos anuncian que si no se reanudan las obras seguirán manifestándose los próximos días 27 y 30 de mayo para hacer llegar a la opinión pública su malestar por la actuación de la empresa constructora y las molestias que causan a los vecinos y a la comunidad educativa. También, según ha señalado el presidente de los vecinos de Rabasa, ha iniciado una campaña de recogida de firmas para presentar una queja ante el Síndic de Greuges.
* La Verdad - 18.05.10
Foto: Pintada de protesta en uno de los carteles de la empresa Vías instalado en Rabasa. :: RAFA MOLINA, laverdad.es
Barcelona: La opción C aglutinó el «no» al cambio, al tranvía y al alcalde
ELPERIÓDICO* : Jordi Hereu saltó sin paracaídas en el momento en que abrió la puerta a una opción C. Y ayer se estrelló. El alcalde, sin querer, aglutinó en la opción que significaba «ninguna de las anteriores» un potencial infranqueable: votaron C los que no querían cambios, pero también votaron C los que no querían gastos tan millonarios, los que no querían un tranvía cuya solvencia ofrece serias dudas, los que no querían que el tráfico de vehículos privados se extendiesen como una mancha de aceite por todo el Eixample, los que no querían más macroproyectos para la ciudad y los que tienen ganas de relevo en la alcaldía y en el referendo vieron un tirón de orejas a su mandatario.
Durante la semana de votaciones, los barceloneses no se cortaron un pelo al expresar sus motivaciones: «Esto es una alcaldada y la puede pagar cara», señalaba un votante en la sede del distrito del Eixample. «El tranvía ya quedó atrás en esta ciudad y es un disparate resucitarlo», decía una vecina. «La ciudad ya tiene bastantes problemas para gastar millonadas como en el Fòrum», apuntaba un joven. «Con la contaminación que hay en el barrio solo nos faltan más coches», agregaba una pareja. En resumen, la crisis ya mantenía crispados los ánimos y el ayuntamiento ha echado leña al fuego al entrar a destiempo en una polémica innecesaria y, sobre todo, muy cara, en opinión de la mayoría.
Curiosamente, muchos votantes ni siquiera han dedicado dos minutos a analizar el bulevar ni la rambla. La austeridad se ha impuesto y, por encima de los 300 millones (entre tranvía y reurbanización) han visto conatos de lujo en una postal (la maqueta) más idílica que los tiempos. Se ha autoimpuesto moderación hasta el punto de que lo que los propios votantes reclamaban un cambio más suave. Nadie se creía que los coches fueran a evaporarse y el tranvía («lento y peligroso», según los participantes a pie de urna) atrajese a los conductores redimidos.
Pero sobre todo, la C ha abierto la puerta a la pataleta popular. No tanto en sí contra la gestión global de Hereu, sino contra su fijación de prioridades. Y la campaña, cuyo coste sigue siendo un misterio, aún ha tocado más la fibra. Los votantes, según confesaban a diario, se han molestado por el partidismo e implicación del edil en la consulta, como si les quisieran vender algo, en tiempos en que nadie quería comprar.
* El Periódico - 17.05.10
Foto: Pasado y futuro. Dos seguidores del Barça caminan por la Diagonal en dirección al Camp Nou, ayer. - CARLOS MÁRQUEZ DANIEL, elperiodico.com
El TS cita a declarar como imputado al concejal de Urbanismo de Gádor
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ADN/Almería* : El magistrado del Tribunal Supremo (TS) que instruye la causa por prevaricación contra el alcalde de Gádor (Almería) y senador del PP Eugenio Gonzálvez, Miguel Colmenero, ha citado al concejal de Urbanismo de este consistorio, Onofre Martínez García, para que declare como imputado el próximo 31 de mayo. Según han informado hoy fuentes del alto tribunal, Martínez García está citado para el próximo 31 de mayo a las 10.30 horas.
Gonzálvez declaró durante cerca de dos horas ante Colmenero el pasado 12 de abril como imputado por un delito de prevaricación, en relación con la adjudicación de un contrato de obras.
El senador popular defendió en el Supremo su inocencia y aseguró que lleva 23 años trabajando por el bien del Ayuntamiento de dicha localidad.
La citación de Gonzálvez se produjo después de que en mayo de 2009 el Supremo admitiera a trámite la querella interpuesta contra él por el grupo socialista en el Ayuntamiento por la adjudicación de unas obras "sin tramitar ninguna clase de procedimiento de licitación", por valor de 148.722 euros.
El instructor también citó para el pasado 19 de abril a otras cuatro personas como testigos de la acusación, entre ellos al secretario interventor del consistorio de Gádor y a un ingeniero técnico industrial del Ayuntamiento.
* ADN - EFE - 17.05.10
Foto: Gádor (Almeria) - andaluciarustica.com
México: 'Me paga 40 mil pesos o se va de patitas a la calle'
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INFORMADOR/Guadalajara* : “Me firma y paga 40 mil pesos ahorita; de lo contrario, se va de patitas a la calle”. La anterior es una amenaza continua hacia los vecinos de la colonia La Joyita, uno de los 68 asentamientos irregulares en el Municipio de Guadalajara. De éstos, sólo tres han recibido sus títulos de propiedad. La irregularidad de las colonias puede tener muchos significados de índole administrativa, jurídica y hasta urbanística, pero sólo hay uno que mira directamente a los ojos de vecinos: la falta de escrituras de su hogar.
En la irregularidad suceden también transfiguraciones peculiares. En La Joyita, por ejemplo, sus vecinos vieron evolucionar su gentilicio, y ahora, antes que tapatíos, se acostumbraron a llamarse “compradores de buena fe”. Y qué decir del temor que generaba en ellos estas extorsiones cotidianas, mismo que tras 25 años, envejeció, cuajó y se volvió coraje.
En La Joyita hay 120 familias con este problema; sin embargo, la lista es larga: en la Doctor Atl, a su lado, se contabilizan otras 100, unas mil 100 personas en ese punto.
“Por eso nuestra preocupación e insistencia ante la autoridad para que tome cartas en el asunto, que nos haga sentir que somos dueños o propietarios de un pedazo de tierra que nosotros adquirimos. No se nos hace justo que cualquier pelafustán venga y nos amenace.
Como le digo, nosotros no tenemos miedo porque sabemos, pero mucha gente desafortunadamente no”, enfatiza María Concepción López, presidenta vecinal de La Joyita.
Cifras del diagnóstico más reciente del Ayuntamiento de Guadalajara señalan la existencia de 11 mil predios que deben ser regularizados, por lo menos, algo así como dos millones 900 mil metros cuadrados sobre los que viven 55 mil personas que enfrentan este rezago.
El problema, como lo señala María Concepción, es que la administración de Aristóteles Sandoval Díaz no ha instalado la Comisión Municipal de Regularización (Comur), una instancia por la que la autoridad municipal, conforme al decreto 20920 del Congreso estatal, puede incorporar a esos asentamientos como suelo urbano y dar pie a su inscripción en el Registro Público de la Propiedad, para luego, con la determinación del Ayuntamiento, entregarles los anhelados títulos de propiedad.
“El tiempo es oro”
La casa de María Concepción se fue construyendo a lo largo de 25 años. La erigió desde la tierra de cultivo que alguna vez fue La Joyita (a muy pocos pasos de la Barranca de Huentitán), hasta el hogar que es hoy y cuya calidez se percibe al interior de su sala, donde todo está cubierto por una penumbra suave que da la bienvenida a sus invitados.
María Concepción no tiene escrituras para demostrar que la finca le pertenece, pero tiene otros testimonios igual de convincentes que la secundan en su voz, como aquellas fotografías en sus paredes donde se guardan las promesas matrimoniales de su familia, o los trofeos, uno muy grande en un rincón, para rememorar las historias de éxito de los suyos.
Su peregrinar en la Comur de Guadalajara comenzó hace cinco años. Ha sido muy lento, pero también hay avances importantes que le regalan las fuerzas para recorrer el “mundo de trámites” que la llevarán, “algún día”, a tener un título de propiedad junto a sus vecinos.
“Es muy complejo, es algo que nos han dicho muchas personas que conocen y saben de esto, que nuestro problema es algo muy difícil, que era como una madeja que había que ir desenredando”.
El Ayuntamiento tapatío aprobó el 20 de abril el Reglamento para la Regularización de Fraccionamientos o Asentamientos Humanos Irregulares en Predios de Propiedad Privada, el cual sienta el marco jurídico sobre el que trabajará su Comisión Especial Transitoria para la Regularización de Fraccionamientos o Asentamientos Irregulares. Sin embargo, este cuerpo colegiado no ha comenzado sus labores.
“Para nosotros eso y nada es lo mismo porque no podemos caminar”, dice con firmeza María Concepción, “cinco años en administraciones pasadas y no les ajustaron. Nos urge sacar esto”.
La irregularidad es un agujero negro donde la velocidad del tiempo se altera, disminuye y las horas y los días transcurren con una parsimonia desesperante. “Para nosotros el tiempo es oro”, le habla María Concepción sin intermediarios a los ediles tapatíos.
La representante y Serafín Márquez Saldaña, vecino y miembro de la mesa directiva, han solicitado directamente a la autoridad que retome los trabajos de la Comur, incluso han hablado con el alcalde en el Lunes Contigo. Hace 15 días, el Ayuntamiento respondió con una comitiva de funcionarios, pero mostró tal desconocimiento del caso que sólo sembró durante la reunión más desilusión entre vecinos.
“Qué tristeza que no saben de lo que estamos hablando”.
Retraso en las últimas tres adminitraciones
El diagnóstico con el que cuenta el Ayuntamiento tapatío arroja que luego de tres administraciones municipales del Partido Acción Nacional (2001-2003, 2004-2006 y 2007-2009) y un inventario que considera a 68 asentamientos irregulares, únicamente en tres de ellos se concluyó completamente el proceso de regularización con la entrega de títulos de propiedad, más otros dos que están por terminar la fase de titulación.
En 34 de los asentamientos, por el contrario, no se registra avance. La autoridad municipal considera indispensable, no obstante, la depuración y actualización de este inventario, peinando todo el territorio para integrar a los fraccionamientos irregulares que no han sido contemplados y obtener, finalmente, mayor certeza en los números en un “inventario único”.
Los registros de la Procuraduría de Desarrollo Urbano de Jalisco (Prodeur), como instancia encargada de emitir los dictámenes de procedencia para la regularización de los asentamientos, confirman el rezago pues refieren que en el municipio existen 64 de estos fraccionamientos en proceso de regularización. Por lo tanto, aunque mínima, presenta una discrepancia con los archivos municipales de cuatro asentamientos. De ahí la necesidad por un inventario único.
La información de Guadalajara y de la Prodeur muestra los pocos avances en esta materia en nueve años, y pone en entredicho episodios de la administración municipal en los que se cantaba victoria sobre la condición de irregularidad que, en realidad, subsiste en el municipio.
El 22 de diciembre de 2003, por ejemplo, este diario registró esta frase del entonces presidente municipal, Fernando Garza Martínez:
“Prácticamente ya quedan regularizadas todas las colonias de Guadalajara. Ya se están dando los papeles para que puedan empezar a pagar sus escrituras en algunas colonias, pero prácticamente todas las colonias quedan regularizadas en cuanto a propiedad”.
En su gobierno se inventariaron 53 asentamientos irregulares, pero si se recurre sólo al registro de la Prodeur, 41 de esos siguen en espera de sus títulos de propiedad a más de seis años de distancia. Incluso, colonias citadas en aquella nota con una regularización concluida (como Colinas de Huentitán, Lomas Independencia, Nueva España, El Mirador y Nueva Santa María), siguen apareciendo en los archivos del Ayuntamiento y de la Prodeur dentro de los rezagos.
En documentación actual del Ayuntamiento referente a la Comur, se establece como una meta técnicamente factible de cumplir la regularización de 10 asentamientos por año; sin embargo, no se ha determinado una partida presupuestal para los trabajos de esta instancia.
La integración de cada expediente conlleva dictámenes y levantamientos de los asentamientos que requieren inversión para su elaboración. Para ejemplificar, el Ayuntamiento de Zapopan, aunque con una problemática mucho mayor, destinó en 2008 una partida de 15 millones de pesos para su Proyecto Estratégico de Regularización de Asentamientos Humanos.
Inventario de asentamientos irregulares
* 3 con títulos entregados.
* 2 a punto de llegar a la titulación.
* 2 con declaratoria de regularización de Comur, inscritos en el Registro Público de la Propiedad (RPP) y Catastro Municipal.
* 6 con declaratoria de regularización de Comur, sin inscripción en RPP y con expedientes incompletos o erróneos.
* 5 con dictamen de improcedencia por parte de la Prodeur para ser regularizados.
* 16 con dictamen de procedencia de la Prodeur sin declaratoria de la Comur.
* 34 en el inventario sin avance.
Para saber
Recientemente solicitaron su inscripción a la Comur las colonias Nuevo Sur, Lomas de Polanco, Balcones del Cuatro, Rancho Blanco y Demetrio Vallejo.
Proceso de regularización
Considera la inscripción de las colonias en la Dirección de Catastro para la apertura de cuentas catastrales, lo que a su vez le permite a la autoridad municipal el cobro del impuesto predial; es decir, el rezago en estas tareas no sólo afecta a los ciudadanos con la incertidumbre jurídica sobre su propiedad, también al propio Ayuntamiento, que deja de percibir recursos.
Aunque no existe un cálculo de los recursos que se pierden por todos los asentamientos con esta problemática, puede señalarse el de la colonia Bethel, donde se estima que podría generarse un pago anual de ese impuesto por 390 mil pesos para la autoridad.
* Informador.com - 17.05.10
Foto: En la colonia La Joyita hay 120 familias sin escrituras de sus predios. A. GARCÍA, informador.com
Ya que recortan, metan tijera al AVE
ISAAC ROSA* : Desde el momento en que el Gobierno ha incluido en su plan de recortes las inversiones para infraestructuras, un escalofrío ha recorrido comunidades y ayuntamientos. El que más ha levantado la voz ha sido el presidente cántabro, furioso después de que Fomento suspendiese el acto de colocación de la primera piedra del AVE a Cantabria. Pero no ha sido el único: consejeros de transporte y alcaldes de toda España han salido a defender sus infraestructuras prometidas. “¿Cómo, que nos vamos a quedar sin cortar cintas ni poner primeras piedras de alta velocidad en año electoral?”. Antes de la actual crisis, cuando parecía que el crecimiento económico no tendría fin, gobernantes y líderes políticos alimentaron una promesa insensata: unir todas las capitales de provincia mediante AVE.
Sí, ya sé que suena a disparate, pero en aquellos tiempos burbujeantes parecía lo más normal, y se plasmó en un desquiciado plan de infraestructuras que iba a llenar de autovías y líneas de alta velocidad hasta el último rincón del país.
Cuando alguien repite eso de que “hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”, yo siempre pienso en aquellos planes de infraestructuras que nos iban a hacer líderes mundiales en autovías y trenes veloces. Y ahora, cuando vienen las vacas flacas, nadie quiere bajarse de esa burra, todos quieren conservar su prometido AVE y que sean otros los que se sacrifiquen.
En una entrevista reciente el ministro de Fomento dio un dato que me dejó sin dormir varias noches: cada kilómetro de AVE tiene un coste de mantenimiento de 100.000 euros anuales; el doble si lleva túnel. Echen la cuenta con la red actual, y con la proyectada. Un disparate más de un medio de transporte insostenible, y cuyos efectos benéficos para la economía y el empleo no hay más que verlos, ahora que somos a la vez líderes europeos en kilómetros de AVE y en paro. Lo acaba de recordar Ecologistas en Acción, que ha pedido aprovechar la crisis para revisar esos planes. ¿Entraremos en razón, aunque sea a la fuerza?
* Isaac Rosa (Sevilla, 1974) ha publicado las novelas La malamemoria (1999), posteriormente reelaborada en ¡Otra maldita novela sobre la guerra civil! (2007), El vano ayer (2004) y El país del miedo (2008). Con El vano ayer obtuvo el Premio Rómulo Gallegos, el Premio Ojo Crítico y el Premio Andalucía de la Crítica, y ha sido llevada al cine por Andrés Linares con el título de La vida en rojo. Su última novela, El país del miedo, ha recibido el Premio Fundación José Manuel Lara a la mejor novela de 2008.
* Público - Blogs - 17.05.10
Condenan al ex alcalde de Guardamar por un delito contra el medio ambiente
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INFORMACIÓN/Alicante* : El ex alcalde del PP de Guardamar del Segura Francisco García Gómez ha sido condenado como autor criminalmente responsable de un delito contra el medio ambiente con una pena de 18 fines de semana de arresto, multa de 18 meses con una cuota diaria de 6 euros y el pago de la mitad de las costas procesales. La sentencia del Juzgado de lo penal nº1 del pasado mes de marzo se refiere a unos hechos denunciados por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) y el PSOE de Guardamar en 1999 y 2000, cuando el Ayuntamiento permitió en el vertedero del Pallaret el vertido, mediante cientos de camiones cisterna, de aguas fecales procedentes de fosas sépticas de la comarca cuya acumulación originó "una especie de embalse" que contenía unos lodos de aspecto viscoso, en un estado líquido pastoso, de color oscuro, de olor nauseabundo y en estado permanente de fermentación, según la sentencia.
En el proceso también estaba imputado el concejal del PP Luis Domingo Hernández, que en el momento de los hechos denunciados era edil de Medio Ambiente y Servicios, aunque finalmente ha sido absuelto. Inicialmente el ministerio fiscal solicitó tanto a García como a Hernández seis meses de prisión con inhabilitación especial para el ejercicio de cargo público y 12 meses de multa con una cuota diaria de 12 euros y costas.
Una de las razones que esgrime la sentencia para rebajar las penas solicitadas por la Fiscalía para los dos imputados radica en que está contrastado que los acusados intentaron resolver la situación al acordar el Ayuntamiento en pleno aprobar un protocolo de intenciones con la Conselleria de Medio Ambiente para la implantación de un vertedero de residuos inertes, así como por las sucesivas actuaciones de mejora.
Plan de impermeabilidad
Según la sentencia, el lugar del vertido no había sido sometido a un plan de impermeabilidad y el vertido, por la elevada temperatura, emitía vapores y burbujas a la superficie hallándose continuamente ardiendo, "lo que originaba una columna de humo negro de aspecto y color desagradable" así como "riesgo de incendio para las masas forestales" lindantes. Se da la circunstancia de que el Ayuntamiento tenía en el vertedero un empleado municipal que se ocupaba de controlar los camiones cisterna que llegaban al lugar para descargar y cobrar por ello. Desde enero a mayo de 2001 la cantidad recaudada por el Ayuntamiento en este concepto ascendió a 3.889.000 pesetas.
Tras las denuncias y la apertura de diligencias, el Juzgado número dos de Torrevieja acordó en octubre de 2001 la clausura del vertedero "al existir peligro para la vida humana así como para la flora y fauna existente". Los responsables municipales solicitaron que la orden quedase sin efecto ante "los importantes daños y perjuicios económicos" a las arcas municipales y "a informes técnicos que desvirtúan las alegaciones de toxicidad y peligrosidad vertidas de forma irresponsable". Sobre la incidencia en el medio ambiente por la actividad denunciada, el Seprona recogía en su informe que el vertido "se filtra a las capas del subsuelo originando un grave peligro de contaminación de las aguas subterráneas y posiblemente al río Segura a través de una rambla cuando llueve". Asimismo, se añadía, al estar rodeado el vertedero de terrenos de cultivo había peligro de contaminación de los productos.
* Información - 17.05.10
Foto: Camiones cisterna descargando lodos procedentes de fosas sépticas en el año 2000 en el vertedero de Guardamar. - diarioinformacion.com
