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LAVOZ/Lugo* : El fiscal provincial de Lugo ha presentado una denuncia en el juzgado de Mondoñedo por un presunto delito de prevaricación urbanística en el Concello de Barreiros, por la concesión en el año 2006 de 44 licencias para construir más de 3.100 viviendas. El fiscal solicita al juez que tome declaración como imputados al alcalde, Alfonso Fuente Parga (PP), a los tres concejales que constituían la junta de gobierno local, José Manuel Gómez Puente, Eulogio Menéndez y María Alina Rodríguez, y a la arquitecta municipal, Marta Geada.
De este modo, la Fiscalía abre la vía penal sobre el urbanismo de Barreiros, después de que en el Contencioso-Administrativo de Lugo ya se esté depurando si estas mismas licencias son o no legales, a raíz de que el anterior Gobierno de la Xunta pidiese su anulación. Por el momento, el juez de Mondoñedo se ha limitado a solicitar informes a la secretaria municipal de Barreiros y a la Xunta.
El fiscal de Lugo actuó a raíz de una denuncia presentada el 28 de septiembre del 2009 por la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, tres años después de que se cometiesen las supuestas infracciones y de las que ya entonces era plenamente consciente. Este es uno de los aspectos más controvertidos.
La Fiscalía argumenta que las licencias infringen las directrices de urbanismo de la Xunta y que mientras algunas carecían de informes de la secretaria municipal, en otras presentaba reparos al dudar de que el abastecimiento de agua y el suministro eléctrico estuviesen garantizados para todas las viviendas. No obstante, las licencias sí fueron informadas favorablemente por la arquitecta municipal. Algunas también cuentan con informes externos que las avalan.
El alcalde, Alfonso Fuente Parga, circunscribe lo ocurrido en el marco de una maniobra política originada en el revanchismo que buscaría Hipólito Pérez, el anterior responsable de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, cesado la pasada semana por el Consello de la Xunta.
El regidor sostiene que no es casual que la demanda haya salido a la luz pública unos días después del cese, sin comunicárselo antes a los afectados, y tras hacerse público el borrador del convenio de la Xunta, la Diputación de Lugo y el Concello que permitirá desbloquear el urbanismo en Barreiros, inyectar dinero público para consolidar los servicios en las zonas donde se edificará y, quizás, paralizar los contenciosos del anterior Gobierno autónomo.
Hasta ayer, las cinco personas denunciadas por el fiscal de Lugo no tuvieron acceso a la querella. Aunque Alfonso Fuente ya ha declarado en el juzgado por alguna denuncia vinculada con el urbanismo, para los demás miembros de la comisión de gobierno ser imputados por el fiscal es una novedad. La responsabilidad de conceder licencias para edificar miles de viviendas en Barreiros recayó en un auxiliar administrativo (el alcalde), un jubilado, una enfermera en el Hospital da Costa y un ATS. Este último, José Manuel Gómez Puente, señalaba: «Sempre pensamos que facíamos o correcto porque os informes da arquitecta eran favorables, pero agora aparecemos sinalados por todos». Por asistir a cada junta de gobierno, normalmente una el mes, perciben cien euros.
* La Voz de Galicia - 17.03.10
Foto: La Fiscalía ha pedido que se investigue si hubo delito en la concesión en el 2006 de 44 licencias para construir más de 3.000 pisos en Barreiros - P. LOSADA, lavozdegalicia.es
El fiscal acusa al alcalde de Barreiros de prevaricación urbanística
Alguien está jugando con fuego en el mercado de la vivienda
CARLOS SÁNCHEZ* : El gambito es una vieja apertura de ajedrez -existen algunas variantes- que supone un movimiento táctico de indudable valentía. Consiste en sacrificar una pieza del tablero, normalmente un peón, en aras de lograr una mejor posición estratégica. Se trata, por lo tanto, de un movimiento a corto que tiene costes inmediatos, pero que a largo plazo se presenta como imbatible si las piezas se mueven en la buena dirección. Se desconoce si Elena Salgado o Manolo Campa, como llaman sus amigos al secretario de Estado de Economía, juegan al ajedrez, pero no estaría de más que a la luz de los últimos datos sobre evolución del precio de la vivienda revisaran algunos conceptos básicos sobre táctica y estrategia en política económica. No se trata de un asunto menor.
Lo que dicen esos datos es lo peor que le puede suceder a la economía española en un coyuntura como la actual.
¿Y qué dicen esos datos? Pues ni más ni menos que los precios de la vivienda (medias anuales) cayeron un 1,5% en 2008 y un 6,7% en 2009. O lo que es lo mismo, en los dos peores años de la economía española en décadas, el ajuste inmobiliario se ha saldado con un escueto -8,2%. ¿Mucho o poco? Los promotores inmobiliarios dirán que una barbaridad, pero el sentido común dirá exactamente lo contrario. No es para menos si se tiene en cuenta que ese raquítico descenso ha impedido una mejora importante en la ratio que mejor determina el acceso a un piso, y que no es otra que la relación entre precio de la vivienda y Renta Bruta Disponible por hogar. O dicho en otros términos, cuántos años de trabajo necesita una familia para poder adquirir un piso.
Pues bien, según el Banco de España, en 2007 se necesitaban 7,7 años. En 2008, se produjo una ligera caída hasta los 7,2 años, mientras que en 2009 se ha situado en 6,9 años. Como se ve, no hay motivos para tirar cohetes. Lo más curioso del caso, sin embargo, es que esa relación se ha mantenido sin cambios en los tres últimos trimestres, lo que significa que la leve mejoría en la accesibilidad a una vivienda se ha frenado en seco a medida que ha ido avanzando el año pasado. Es lógico teniendo en cuenta que la economía española continúa destruyendo empleo, mientras que, en paralelo, los salarios reales es probable que estén bajando en muchas actividades, lo cual dificulta la compra y el acceso una vivienda.
Los tipos de interés tocan suelo
Si no se crea empleo, los salarios reales no crecen, los tipos de interés se mantienen estables y la inversión extranjera retrocede, no es razonable pensar que la salida de la crisis inmobiliaria está cerca
Se trata de un problema serio que hay que vincularlo con otro fenómeno que suele pasar desapercibido. Los tipos de interés de los préstamos libres han tocado suelo en el 2,6%, por lo que será difícil que en los próximos años se pueda producir un estímulo a la compra de viviendas por esta vía. Todo lo contrario, tenderán a subir, aunque sea lentamente.
La inversión extranjera en viviendas es otra vía de escape para salvar la crisis inmobiliaria, pero también en este sentido parece que la economía española ha pinchado en hueso. Los últimos datos (tercer trimestre de 2009) muestran que la inversión extranjera en inmuebles está cayendo a un ritmo anual del -32%, incluso por encima del -10,1% con que comenzó el año, y desde luego a años luz del incremento del 13,4% registrado en 2007, año en el que este tipo de inversiones daban ya claros síntomas de fatiga. La depreciaciòn de la libra puede tener mucho que ver con este fenómeno.
¿Qué quiere decir esto? Pues que si la economía no crea empleo, los salarios reales no se recuperan, los tipos de interés se mantienen estables y la inversión extranjera retrocede, no parece razonable pensar que la salida de la crisis inmobiliaria está cerca. Todo lo contrario. Claro está, salvo que los propietarios de los pisos bajen los precios de forma significativa, algo que hoy por hoy es una ilusión. O mejor dicho, no está ocurriendo en el segmento de la vivienda nueva, porque en el mercado de segunda mano las cosas son distintas.
El Índice de Precios de la Vivienda dice, en concreto, que en los dos últimos años los precios de los pisos de segunda mano han caído un 15,1% (un 6,2% en 2008 y un 8,9% en 2009), pero en el caso de los pisos recién construidos se ha producido un aumento del 4,2% en 2008 y un descenso del 4,15% el año pasado. Es decir, que en el bienio negro de la economía española los pisos nuevos no sólo no han bajado sino que han aumentado, aunque sea de forma irrelevante en términos estadísticos.
Desfase entre ventas y entrega de llaves
Una explicación técnica puede explicar este sorprendente fenómeno. Los datos de Estadística están construidos a partir de la información procedente de todas las operaciones registrales en el conjunto de las notarías españolas, por lo que hay un evidente desfase entre el precio pactado en el momento de la compra de un piso con el vendedor y la entrega de llaves ante notario. Un periodo en el que pueden pasar alrededor de dos años.
Con todo y con eso, no parece que los precios de la vivienda se hayan ajustado al momento económico, y eso explica que España -como dicen todos los institutos de coyuntura- saldrá más tarde de la crisis económica. Y ello pese a los vanos intentos de la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, por calentar el mercado inmobiliario. En línea con lo que hicieron en su día ilustres miembros del PSOE que acabaron en el sector tras su paso por la cosa pública. El camino lo marcó Jesús Espelosín, antiguo concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, y lo continuaron Pedro Pérez (G-14) y David Taguas (Seopan).
Ni que decir tiene que hasta que se aprueben normas capaces de desincentivar la permanencia de pisos sin vender en el balance de los bancos y las inmobiliarias no hay nada que hacer. Incluida la necesaria reforma del Código de Comercio para evitar que una empresa entre en causa de disolución si el valor de sus activos desciende de forma brusca, como sucede ahora. Pero claro, para eso hay que hacer gambito en la apertura, lo que supone sacrificar una pieza, y no parece que las autoridades estén por la labor.
* El Confidencial - Opinión - 17.03.10
Murcia, ¿ejemplo de destrucción natural?
LAVERDAD* : La Región de Murcia vuelve a ponerse como ejemplo de lo que nunca debe hacerse con el patrimonio natural. Al menos, así se recoge en una serie de Televisión Española que encargó Cristina Narbona en 2006 que, de momento y según recogía ayer el diario 'El País', está en 'stand by' porque el Ministerio de Medio Ambiente ha exigido retirar una parte del reportaje en la que se entremezclan imágenes de los telediarios sobre noticias relacionadas con la corrupción urbanística, que es señalada por el documental como una de las peores enfermedades a las que se enfrenta el litoral español.
Un 'tijeretazo' al que se niega el guionista de la serie 'Las riberas del mar océano', Miguel Ángel Losada.
Aunque en el fragmento que ha provocado el 'veto' ministerial no aparece ninguno de los casos de supuesta corrupación urbanística destapados en la Región, Televisión Española sí utiliza en ese mismo capítulo varios fotogramas de lugares emblemáticos de la Comunidad, como La Manga del Mar Menor o Marina de Cope, que se suman a imágenes de Alicante, Mallorca o Marbella para explicar a los espectadores la legislación vigente en materia de Costas y cómo han afectado las actuaciones urbanísticas ilegales a la belleza del litoral.
El locutor del reportaje se pregunta, justo cuando aparecen las imágenes aéreas de La Manga, «¿por qué deben contribuir los ciudadanos que no tienen posesiones en la costa a proteger, regenerar y adecuar, por ejemplo, La Manga del Mar Menor, frente a la acción de los temporales y la subida del nivel del mar...?». En otro momento del capítulo, una imagen de Marina de Cope -donde se pretende construir un gigantesco complejo turístico y cuyo proyecto ha sido declarado de 'interés regional' por parte de la Comunidad Autónoma- se entrelaza con fotogramas de otras zonas del litoral levantino sobre las que la voz en off del reportaje asegura que «la costa concentra una parte sustancial de los delitos contra el medio ambiente y el urbanismo, de viviendas ilegales y de sentencias de demolición. Tras ellas se esconde la complicidad social con la corrupción urbanística, que se manifiesta por la connivencia de algunos funcionarios, cargos públicos, profesionales y empresas de suministros -aquí aparece Marina de Cope-. Todos ellos han consentido las actividades ilícitas y las prácticas corruptas... ¿Se está insistiendo de nuevo en el desarrollo urbanístico a toda costa...?»
En este sentido, el director general de Comunicación del Gobierno regional, Miguel Ángel Pérez, consideró ayer que las imágenes de la costa murciana que utiliza el documental «no reflejan la realidad del litoral de la Región». Según Pérez, «nuestras costas son de las más protegidas de España, ya que el 80% del litoral cuenta con una protección especial. Y el 80% de ese 20% restante de terreno tiene condiciones de edificabilidad muy limitadas». Por su parte, la jefa de la Demarcación de Costas, Francisca Baraza, declinó hacer declaraciones porque sus «competencias» son otras, como «vigilar el cumplimiento de la legalidad».
Medio Ambiente se explica
En lo que se refiere a la solicitud del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de retirar parte del reportaje, el departamento de Elena Espinosa negó ayer mediante un comunicado de prensa haber «vetado o censurado esta serie televisiva, encargada por el propio ministerio, en relación con la situación del litoral español y no cuestiona su emisión, aunque lamenta que, en aras a la libertad de creación, la misma incluya datos no fiables, que pidió fueran rectificados. En este sentido, el Ministerio quiere puntualizar que, de un total de 13 capítulos de unos 45 minutos de duración cada uno, se solicitaron seis correcciones puramente técnicas al apreciar errores e inexactitudes en algunos de ellos y considerar que una serie de carácter divulgativo y didáctico, avalada por el mismo, no puede contener ningún tipo de incorrección o inexactitud ni dar pie a interpretaciones tendenciosas».
Entre otros aspectos relacionados con los datos que utilizaba el reportaje, el Ministerio reconoce que se solicitó «la supresión de 2 minutos de un capítulo de 45 minutos, en los que se venía a afirmar que el problema del litoral español era la corrupción urbanística generalizada». Según el comunicado, «la problemática ambiental del litoral español responde a un conjunto de distintas causas: herencia de un modelo económico desarrollista, una nula o mala planificación urbanística y a un exceso de edificabilidad, entre otras. Todo ello, con independencia de que, en efecto, la especulación urbanística y la corrupción sean, lamentablemente, una realidad que afecta no sólo a zonas de la costa española sino a también a distintos lugares de la geografía española».
En este sentido, el guionista de la serie, el catedrático de Costas de la Universidad de Granada Miguel Ángel Losada -con quien este periódico intentó hablar ayer sin éxito-, asegura en 'El País' que aceptó todos los cambios propuestos por el Ministerio, salvo esos dos minutos dedicados a las noticias sobre corrupción: «Esas imágenes son fundamentales, es parte de la historia de este país y no lo digo yo, lo dicen los periódicos todos los días. Lamentablemente, es una parte de nuestra historia y si la ocultamos estamos condenados a repetirla».
* La Verdad - 16.03.10
Foto: La serie también incluye un vídeo de Marina de Cope, donde se va a construir un macrocomplejo turístico y residencial. :: LA VERDAD
Correa y su 'número dos' guardaban en Suiza 21 millones de los negocios ilegales
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ELPAÍS* : El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que instruye una parte de la trama de corrupción vinculada al PP, tiene ya en su poder los resultados definitivos de la comisión rogatoria para investigar los fondos que supuestamente el cabecilla de la red, Francisco Correa, había sacado ilegalmente de España. La comisión rogatoria ha permitido localizar en Suiza 21 millones de euros que reunían Francisco Correa (17 millones) y su principal colaborador, Pablo Crespo (cuatro), que fue durante un tiempo secretario de Organización del PP gallego.
Correa y Crespo permanecen en prisión desde el mes de febrero del año pasado y son considerados por los jueces que han instruido el caso y por los responsables de la Fiscalía Anticorrupción los dos cerebros de la trama que extendió la corrupción por cuatro comunidades autónomas gobernadas por el PP (Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia y Castilla y León).
Los 21 millones de euros localizados por la investigación judicial en Suiza habrían sido amasados por la trama de Correa como consecuencia de negocios basados en el tráfico de influencias, el cohecho o la prevaricación con la connivencia de dirigentes políticos del PP, a juzgar por todas las pruebas que atesora la causa sobre las actividades de la red de corrupción.
Correa contrató a lo largo de su aventura empresarial a dos asesores fiscales, que le crearon sociedades en paraísos fiscales donde ingresaba el dinero logrado con sus negocios en España, basados en muchas ocasiones en la adjudicación de contratos, la recalificación de terrenos o la concesión de obras o servicios a empresas para las que intermediaba.
Además, fichó al suizo Arturo Gianfranco Fasana para gestionar sus fondos en paraísos fiscales, por lo que le cobraba un 0,3% de su cartera anual. Fasana, identificado como FAFA en los documentos incautados a la trama corrupta, ha confesado ante el juez de Madrid que investiga esta trama, Antonio Pedreira, que conoció a Correa hace ocho años y que el jefe de la red corrupta se mostró interesado en traspasar unos fondos de Mónaco a Suiza. Fasana explicó en su declaración judicial que su cliente, Francisco Correa, era muy conservador a la hora de invertir su dinero y sólo quería obligaciones de categoría AAA, que garantizan un beneficio razonable con mínimo riesgo.
En medio de la crisis económica y a sólo unos meses de ser detenido, Correa pidió consejo a Fasana para invertir cuatro millones de euros y su gestor le aconsejó el Banco Europeo de Inversiones. Además, Fasana reconoció al juez que gestionó alguna operación inmobiliaria de la red corrupta en el extranjero, como la compra de dos viviendas en Cartagena de Indias (Colombia).
Además, Fasana declaró al juez que había creado la sociedad Rutsfield, domiciliada en la Isla de Man, para que Correa pudiera hacer inversiones inmobiliarias en España a través de esta empresa. En una de esas inversiones en Majadahonda para construir viviendas de lujo participó supuestamente Luis Bárcenas, según investiga el Tribunal Supremo. La mujer de Bárcenas aparece entre las personas que participan de la sociedad inmobiliaria creada para levantar la promoción de lujo en Majadahonda. Un informe policial que ha sido remitido por el juez Garzón al Tribunal Superior de Madrid así lo acredita. Tanto la mujer de Bárcenas como el ex tesorero nacional del PP están imputados en el caso Gürtel.
El instructor del caso Gürtel en Madrid ha remitido más de una decena de comisiones rogatorias al extranjero en busca del dinero que ilícitamente acaparó la trama que dirigía Correa. Países receptores de estas comisiones rogatorias son, entre otros, Estados Unidos, Portugal, Colombia, Panamá y Reino Unido. La parte del sumario abierta revela sospechas de que Correa (como ya se ha demostrado con Suiza) ocultó en ellos fuertes sumas de dinero.
Un inversor que huía del riesgo
- Deuda pública o privada. Francisco Correa, jefe de la trama corrupta, prefería inversiones seguras para el dinero que sacaba de España. Y elegía obligaciones AAA. Estas obligaciones son títulos de deuda pública o privada, que emite el Tesoro de un país o una determinada empresa o banco para financiarse.
- Máxima nota. La triple A es la máxima nota que otorgan las agencias de calificación (Moody's, S&P y Fitch): significa que la probabilidad de impago es cero, e imprime un marchamo de máxima seguridad a la deuda. Pero tiene sólo un valor indicativo: las subprime tenían esa nota, así como varios productos de Lehman Brothers, que quebró a finales de 2008.
- Obligaciones 'AAA'. Las obligaciones de deuda de EE UU, británicas y alemanas, por ejemplo, son triple A. Las españolas también, pese a que una de las tres grandes agencias le rebajó el rating en 2009. Y hay obligaciones subordinadas de algunos bancos y unas pocas empresas con la misma nota.
- Rentabilidad. Mínimo riesgo suele suponer mínima rentabilidad, pero ésta depende del emisor y del plazo. Por ejemplo, en las obligaciones a 10 años alemanas está en torno al 3%, y en las españolas es del 4%. Grecia, en plena crisis fiscal, las paga al 7%, pero no son triple A.
* ELPAIS.com - 16.03.10
Foto: Majadahonda (Madrid), vivienda caso Gürtel - publico.es
La bicicleta saca mala nota en Madrid
MADRIDIARIO* : El último Barómetro del Consumo, editado por el Ayuntamiento de la capital, desvela tras preguntar a los madrileños que la bicicleta es el medio de transporte que menos nota saca. Se queda en un bien. Los madrileños dan un 6,4 a la bicicleta como medio de transporte. Es el que peor nota saca. Después le sigue el coche con un 6,5.
El mejor valorado es el tren, con un 7,6. En el Barómetro del Consumo se destaca que los usuarios de motos y 'bicis' son los que peor las valoran, debido probablemente a la inseguridad asociada a ellas.
La visión del uso de la bici empeora aún más en el interior de la M-30, donde sus habitantes lo puntúan con un 5,3, mientras que el exterior la nota sube hasta los 6,9 puntos. Esta diferencia se explica por la mayor densidad de tráfico en el centro.
Del barómetro se desprende, además, que casi el 14 por ciento de los hogares del interior de la M-30 tiene bicicleta, mientras que fuera la cifra asciende hasta el 18 por ciento. Sin embargo, de estas familias un 64 por ciento compra el abono del transporte público."Probablemente, en Madrid, no se piensa en la bici como medio de transporte sino como elemento de ocio", se afirma en el informe.
Otro dato interesante es que según las encuestas realizadas para el barómetro un 90,2 por ciento de la población no usa nunca la bicicleta. Quienes la usan no lo suelen hacer a diario, sino de forma ocasional o alguna vez por semana.
* Madridiario - 15.03.10
Foto: Madrid, bicicletas entre coches - madridiario.es
La Xunta legalizará urbanizaciones que triplican la edificabilidad
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ELPAÍS/Lugo* : La Consellería de Medio Ambiente, la Diputación de Lugo, que preside el socialista José Ramón Besteiro, y el Ayuntamiento de Barreiros tienen listo el convenio para legalizar el caos inmobiliario de este municipio de A Mariña lucense. La amnistía servirá, según recoge el texto del convenio, para "legitimar la transformación del suelo existente y despejar toda duda sobre su aptitud como suelo urbano soporte de la edificación residencial proyectada" sobre dicha superficie.
En lenguaje llano, las tres administraciones se proponen dar vía libre a las licencias municipales -que la Xunta anterior había impugnado en los tribunales- para levantar 5.800 viviendas en un pueblo de 3.300 habitantes y que motivaron una denuncia de la fiscalía en el juzgado de Mondoñedo, en la que acusa al Gobierno local y a la arquitecta técnica del Ayuntamiento de prevaricación urbanística.
Como sus antecesores, la actual consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras admite en el documento que Barreiros no dispone de una red de saneamiento, agua y luz eléctrica suficiente para albergar las nuevas urbanizaciones.
Esa peculiar forma de entender el urbanismo llevó al Gobierno bipartito a acudir a los tribunales para poner coto a tanto desorden. El Ejecutivo de Feijóo propone ahora un acuerdo para invertir 14 millones de euros (de los que la Xunta aportará la mitad, y otro tanto los promotores) para acercar esos servicios básicos a los nuevos edificios que proliferaron sin concierto alguno a lo largo de la carretera Nacional 634.
El convenio entre las tres instituciones supone una enmienda a la totalidad del trabajo de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, un organismo adscrito a la Consellería de Medio Ambiente y Territorio, que había redactado un contundente informe en el que denuncia la anarquía que ha reinado en las promociones inmobiliarias del ayuntamiento lucense.
* ELPAIS.com - 16.03.10
Foto: Barreiros (Lugo), edificios denunciados - lavozdegalicia.es
El Procurador del Común denuncia el silencio urbanístico de las diputaciones
DIARIODELEÓN* : El Procurador del Común organiza una jornada de estudio para analizar la asistencia que prestan las diputaciones provinciales de Castilla y León a los ayuntamientos. Se celebrará en lass jornadas de hoy martes y mañana miércoles en el Hostal de San Marcos. Javier Amoedo fundamenta la necesidad de celebrar las jornadas en la numerosa cantidad de quejas que presentan fundamentalmente las pequeñas localidades en materia de Urbanismo por asuntos que competen a las diputaciones provinciales.
«El principal problema lo encontramos básicamente en los núcleos pequeños de población rural que, a falta de otras soluciones, tienen que acudir al Procurador del Común. La decisión de organizar esta jornada obedece al trabajo que se ha realizado en esta materia durante el año 2009 y consideramos que era necesario. Van a venir representantes de las nueve provincias, porque no se trata de un asunto local, hemos detectado el problema en toda la comunidad y creemos que los resultados pueden ser interesantes».
En materia de agua también se han encontrado deficiencias importantes «más que por cuestiones de infraestructuras, por cuestiones de sanidad. Lo que hemos podido vislumbrar en este trabajo previo es que hay muchas localidades que tienen el agua adulterada y que sus vecinos reciben el suministro en malas condiciones». Los ponentes invitados a la jornada son «de primer nivel» y tendrán especial interés las mesas redondas que se han organizado para debatir las competencias en materia de urbanismo y la protección de la legalidad así como el cumplimiento de los niveles de ruido y la accesibilidad y supresión de las barreras.
Expertos en la materia. «Van a aportar muchos conocimientos, son profesionales y expertos en la materia. El éxito de la iniciativa está asegurado desde el momento en que contamos con 200 participantes. Estará presente la Junta, las diputaciones... Nos van a poner todos sobre el tapete la problemática que se genera en este campo», concluyó Amoedo.
* Diario de León - 16.03.10
Foto: El Palacio de los Guzmanes, sede de la Diputación de León - peatom.info
Málaga: Una sierra 'única' amenazada por el voraz avance del ladrillo
MÁLAGAHOY* : En ningún otro punto del planeta se puede encontrar un entorno de características naturales tan especiales y en una superficie tan amplia. Lo que hace única a Sierra Bermeja es un tipo de roca llamada peridotita, surgida por los distintos estiramientos que ha sufrido la corteza terrestre a lo largo de la historia y que ha conformado un hábitat único con numerosas especies vegetales que no existen en otro lugar.
Todos esos valores ecológicos tan singulares y que han perdurado durante miles de años se ven ahora amenazados por los pasos firmes que continúa dando el ladrillo en la Costa del Sol.
La particularidad de este espacio fue lo que motivó a un grupo de científicos, expertos y ecologistas a proponer hace cuatro años al Ministerio de Medio Ambiente, que entonces dirigía la ministra Cristina Narbona, que declarara esta zona parque nacional antes de que el desarrollo urbanístico desmedido tan generalizado en esta parte de la provincia terminara por acelerar su degradación.
Pero la falta de respuesta del Gobierno y el nulo apoyo a la iniciativa que hasta ahora ha demostrado la Junta de Andalucía casi lo están consiguiendo, aseguró a este periódico Andrés Vicente Pérez, profesor de Biología Vegetal de la Universidad de Málaga y uno de los impulsores de la propuesta.
De los 200 kilómetros cuadrados de superficie que se pretende proteger, hay una gran parte que se está viendo rodeada por viviendas de lujo y campos de golf que hacen las delicias de los turistas extranjeros que visitan la Costa, pero que según el experto están siendo "auténticos atropellos urbanísticos". El ejemplo más "flagrante", en su opinión, de la degradación que sufre la masa de peridotitas de Sierra Bermeja es Benahavís.
Allí, la expansión urbanística de los últimos años está poniendo en peligro la supervivencia de numerosos endemismos, es decir que no existen en ningún otro sitio porque se han ido adaptando con el tiempo a la cantidad de materiales pesados que tienen las peridotitas como níquel y plomo y eso le han hecho únicas.
Hay muchas zonas ya urbanizadas, aunque donde ahora se centran las miradas de los expertos que quieren proteger esta sierra es en el entorno del arroyo Benavola, en el paraje de las Apretaderas, donde se está construyendo un campo de golf. El alcalde de Benahavís, el popular José Antonio Mena, ni siquiera conocía la singularidad de la masa rocosa sobre la que se asienta su municipio ni tan siquiera que parte de su superficie estaba propuesta para ser declarada parque nacional. Pero se defendió asegurando que el pueblo es el que tiene "el menor volumen de edificabilidad de toda España" y que todo lo que se ha hecho hasta ahora forma parte del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que aprobó en 1993 el anterior equipo de gobierno del PSOE "con el beneplácito de la Junta de Andalucía".
Sea como fuere, el profesor de Geografía Física de la Universidad de Granada, José Zotano, que también suscribe la iniciativa para proteger esta zona, señaló que es "una auténtica barbaridad" lo que se está haciendo con un "espacio único que tenemos la suerte de albergar".
Lo único que ha salvado hasta ahora a la mayor masa peridotítica de España, y probablemente la mayor del mundo, de su destrucción total es el efecto de "rechazo" que las peridotitas vienen ejerciendo sobre los usos humanos por sus especiales características naturales, lo que le ha valido el título de "auténtico desierto poblacional".
* Málaga Hoy - 15.03.10
Foto: Panorámica de la Sierra Bermeja que se extiende por buena parte de la Costa del Sol occidental. - malagahoy.es
Hoteles ilegales e interés general
JESÚS MONTESDEOCA/Lanzarote* : Ahora resulta que construir un hotel de forma ilegal puede acabar siendo un asunto de "interés general". Y no uno, sino un total de 22 "intereses generales", que son los establecimientos turísticos de Lanzarote que el Gobierno de Canarias quiere salvar de la piqueta. Eso es lo que ha venido a decir el consejero autonómico de Medio Ambiente, Domingo Berriel, que ya levanta sospechas hasta entre sus propios compañeros de Coalición Canaria.
El nacionalista herreño Tomás Padrón se ha escandalizado de que el responsable de Medio Ambiente plantee sustituir las fincas de plataneras por campos de golf. Luego Berriel ha dicho que sus palabras se sacaron de contexto, no sé si les suena la disculpa. En el caso de Lanzarote, quizá lo de menos es que se derriben o se mantengan en pie los hoteles ilegales. Lo peor es el mensaje que está lanzando la persona que supuestamente tiene que hacer cumplir las normas de medio ambiente y la disciplina urbanística.
Y lo que les dice Berriel a todos los ciudadanos del Archipiélago, sobre todo a los tiburones del sector turístico, es que no se preocupen por la legalidad de sus actuaciones, que si surge algún problema con la Justicia ya se encargará el Gobierno de aprobar una nueva ley para sacarlos del aprieto.
Desde los años ochenta, casi desde el comienzo de la autonomía, se ha intentado concienciar a la población isleña de que hay que respetar el urbanismo y los espacios naturales protegidos, que no se debe construir donde a uno le dé la gana. En 1992, el Gobierno regional presidido por Jerónimo Saavedra, con el nacionalista Manuel Hermoso como segundo de a bordo, se atrevió a predicar con el ejemplo y derribó con gran parafernalia mediática el chalé de un conocido ex político y empresario, Manuel Barreto, construido de forma ilegal en el paisaje protegido de Bandama.
Se intentó demostrar con aquella acción que los ricos y poderosos también deben cumplir las normas. Desde entonces se han derribado otras construcciones ilegales, las más sangrantes, y muchos isleños han perdido sus viviendas junto al mar bajo la piqueta de Costas. Da pena, es verdad, pero la ley es para todos.
De hecho, hace sólo un mes se tiró una casita marinera que estaba justamente en medio de todos los hoteles ilegales de Yaiza. Y en esto que viene Berriel a decirnos lo del "interés general". ¿General?
* La Provincia - Opinión - 14.03.10
Galicia: El área rural tiene 90.000 viviendas vacías, la cifra más alta de Europa
LAVOZDEGALICIA* : El desequilibrio entre la Galicia costera y la interior, un mal endémico diagnosticado ya hace tiempo, sigue arrojando cifras desalentadoras. Y ha dejado a esta comunidad dividida. Una pequeña porción de tierra que sigue la estela del mar, que está más desarrollada y poblada, vive algo separada del resto, como si fuera la tira alargada de una monda de naranja.
Un estudio de la Escola de Arquitectura y de la Facultade de Informática de A Coruña, que encargó la Consellería de Vivenda en la etapa del bipartito, revela que los municipios del medio rural gallego tienen 90.000 viviendas vacías, lo que supone el parque más alto de Europa. El trabajo fue solicitado por Teresa Táboas, ex conselleira y actual diputada del BNG, para conocer la realidad gallega y trazar una política encaminada a incentivar la rehabilitación. Plácido Lizancos, profesor de Arquitectura y uno de los responsables del informe, precisa que «o que máis sorprende das conclusións e que hai zonas onde as vivendas deshabitadas correspóndense con pisos novos»
Aunque el grueso de inmuebles vacíos son casas unifamiliares -típicas de labranza-, en los municipios rurales se han desarrollado promociones inmobiliarias que han tenido escaso éxito. «Por eso nós criticamos na nova normativa do solo que se abra a vía de levantar novas construcións no medio rural cando o que fai falla é unha intensa política de rehabilitación», argumenta la ex conselleira de Vivenda Teresa Táboas.
«Un deserto»
No hace mucho tiempo, el alcalde de Lalín y ex presidente de la Fegamp, el popular Xosé Crespo, ironizó sobre la acelerada desertización de la zona rural y llegó a afirmar que «a este paso moitos concellos so quedarían para ir de safari».
Los últimos datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) revelan que la comunidad gallega tiene ya 1.338 núcleos de población sin habitante alguno. Y que en un solo año 77 aldeas se han quedado sin habitantes, y que 8.070 tienen menos de diez vecinos. Ortigueira, uno de los municipios más extensos de A Coruña, lidera el ránking de aldeas abandonadas. Y el número de casas vacías es especialmente significativo en otros concellos coruñeses, como As Somozas y Carballo. En Lugo, municipios como Friol o Muras tienen también muchas aldeas fantasma. El informe elaborado por la Escola de Arquitectura y por la Facultade de Informática da cuenta de otros datos que subrayan la dispersión poblacional de la comunidad gallega: casi el 50% de los núcleos de población de España se encuentran en Galicia y el 72% de ellos tienen menos de diez casas.
En esta autonomía hay ya muchos concellos que tienen más casas que habitantes y, desde el año 1970, el 70% de los municipios perdieron más de la mitad de su población. El envejecimiento poblacional y, sobre todo, la crisis de la actividad agroganadera explican el vertiginoso proceso de desertización del medio rural. El declive del sector lácteo está arrastrando a toda la cadena de valor en los pueblos. «Se as explotacións non gañan cartos os veterinarios non teñen traballo, as empresas de produtos agrícolas tampouco e reséntense todos os negocios da vila; os comerciantes, os bares... Non só está en crise o sector lácteo senón todo o campo galego», recuerda Roberto García, secretario xeral del sindicato Unións Agrarias.
* La Voz de Galicia - 14.03.10
Foto: Galicia, construcciones abandonadas en los ríos - lavozdegalicia.es
Costas veta una serie en TVE sobre la destrucción del litoral
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ELPAÍS/Madrid* : El Ministerio de Medio Ambiente ha bloqueado la emisión de un documental para TVE que encargó Cristina Narbona en 2006 sobre la destrucción del litoral y que fue financiado con 1.292.874 euros de dinero público. El Gobierno exige retirar dos minutos de vídeo en el que se superponen imágenes del Telediario sobre la corrupción urbanística como uno de los males del litoral.
El responsable de la serie, el catedrático de Costas de Granada Miguel Ángel Losada, se niega a retirar ese fragmento: "Desgraciadamente, la corrupción es parte de nuestra historia. Esto es una censura como la de las fotos de la Diputación de Valencia".
La serie Las riberas del mar océano es de todo menos neutra, especialmente, el capítulo 12, dedicado a la legislación. Bajo imágenes aéreas realmente espectaculares un locutor narra: "La costa concentra una parte sustancial de los delitos contra el medio ambiente y el urbanismo, de viviendas ilegales y de sentencias de demolición. Tras ella se esconde la complicidad social con la corrupción urbanística, que se manifiesta por la connivencia de algunos funcionarios, cargos públicos, profesionales y empresas de suministro. Todos ellos han consentido las actividades ilícitas y las prácticas corruptas. ¿Por qué hay tantos desmanes, abusos y corrupciones?".
Más adelante añade: "Gran parte del litoral español está en manos privadas, urbanizado, alterado profundamente o destruido. En muchos casos no existen las servidumbres de paso, protección y acceso al mar". Sobre El Algarrobico (Almería), se pregunta si se insiste de nuevo "en el desarrollo económico a toda costa".
En el documental hablan juristas como Tomás de la Quadra, el fiscal coordinador de Medio Ambiente, Antonio Vercher -que define el deterioro ambiental como "un suicidio colectivo, algo brutalmente lamentable"- o Fernando Palao, el redactor de la Ley de Costas de 1988. Éste, que fue secretario de Estado en Fomento hasta hace un año, pide "una aplicación más estricta" de la norma y ha calificado en público de "pintoresca" la actuación del actual equipo de Costas con los chiringuitos.
La serie cita casos concretos de abusos como la urbanización en el Prat de Cabanes y plantea desmontar los poblados en primera línea en Chilches y Moncófar (todos en Castellón). El vídeo los sitúa dentro del dominio público y se pregunta si no sería más lógico trasladarlos en vez de regenerar las playas artificialmente.
"La serie no tenía absolutamente ninguna directriz política. No sólo eso, sino que me dieron libertad total para alcanzar unos objetivos que estaban bien definidos. Ni TVE ni yo somos una agencia de publicidad", explicó ayer por teléfono Losada, que lideró la serie junto al periodista Julio de Benito, ya fallecido. Losada añade que por respeto a De Benito no puede cambiar el documental que cerraron. La serie ha sido rodada durante más de dos años con personal de TVE.
El convenio entre el ministerio y la Universidad de Granada establece 10 objetivos del documental. El primero de ellos: "Transmitir que el litoral es de todos los ciudadanos y que todos tenemos el derecho y el deber de usarlo y protegerlo, de respetar y hacer respetar su ordenación, organización y control".
Los responsables del ministerio vieron la serie hace meses y plantearon seis objeciones técnicas. Según Losada, él las aceptó salvo la de retirar dos minutos en los que, con imágenes del Telediario, se suceden casos de corrupción: Telde, Andratx, Marbella... Losada justifica su resistencia: "Esas imágenes son fundamentales. Es parte de la historia de este país y no lo digo yo, sino los periódicos todos los días. Lamentablemente, es una parte de nuestra historia y si la ocultamos estamos condenados a repetirla".
Una portavoz del ministerio admitió ayer en un correo electrónico que, además de las objeciones técnicas, el departamento que dirige Elena Espinosa "solicitó que se eliminaran dos minutos de un capítulo de 45 en el que se afirmaba que el problema del litoral era la corrupción urbanística". Y justificó: "En opinión del ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, la situación del litoral español responde a una mala planificación urbanística y a un exceso de edificabilidad, con independencia de que la corrupción sea, lamentablemente, una realidad en zonas de la costa".
Losada detalla cómo fue esa reunión, el pasado 24 de febrero en el ministerio: "Dijeron que el secretario general del Mar [Juan Carlos Martín Fragueiro] dio la orden de que con esas imágenes el capítulo 12 no se emitiría. La serie son 13 capítulos engarzados y como guionista no consiento que se cercene y no autorizo que se emita si no es la serie completa".
Medio Ambiente considera que "no ha vetado ni censurado ningún capítulo" de esta producción y argumenta que "una serie de carácter divulgativo y didáctico, avalada por el mismo, no puede contener ningún tipo de error o inexactitud ni dar pie a interpretaciones tendenciosas". "El ministerio y TVE", concluye, "están a la espera de que puedan realizarse estos cambios para que se pueda emitir una serie que considera de un gran interés".
Miguel Ángel Losada admite que la serie "muestra cosas flagrantes contra la Ley de Costas y contra la Constitución". "Las imágenes desde el aire son, muchas de ellas, muy dolorosas porque muestran un deterioro de una franja única e irrepetible convertida en una franja para cimentar edificios".
En el caso subyacen las diferencias entre la gestión del actual equipo y el de Narbona, mucho más beligerante en público contra los abusos urbanísticos en el litoral. Hay varios ejemplos del cambio, que fuentes del sector justifican por la crisis económica, la presión de países europeos contra las expropiaciones y por el miedo a perder votos. En diciembre de 2008, el ministerio envió al Congreso una reforma legal que suavizaba la Ley de Costas para permitir vender las casas construidas legalmente en la playa antes de 1988. La reforma sigue encallada en la Cámara. La Estrategia de Sostenibilidad del Litoral de la pasada legislatura, que contemplaba derribos masivos para recuperar el dominio público, sigue en un cajón. El subdelegado del Gobierno en Almería revocó la decisión del Consejo de Ministros de expropiar El Algarrobico, algo que Greenpeace ha llevado a los tribunales, ya que considera que un subdelegado no tiene competencias para corregir una decisión del Consejo de Ministros.
EL CAPÍTULO MÁS POLÉMICO
-A MEDIAS. La serie Las riberas del mar océano nace del convenio firmado entre el Ministerio de Medio Ambiente, que aportaba 1.292.874 euros, y TVE el 12 de diciembre de 2006. Cada capítulo abre con los logotipos del ministerio y de TVE.
-LA CORRUPCIÓN. Incluye dos minutos de imágenes del Telediario sobre escándalos urbanísticos: Marbella, Andratx, Gondomar, Telde... El Gobierno exige eliminarlas; no considera que la corrupción sea la causa del desorden en el litoral.
- EXCESOS. El documental muestra imágenes aéreas de La Manga del Mar Menor y se pregunta por qué debe el Estado financiar la defensa frente a los temporales y señala casos como Marina D'Or o El Algarrobico.
- DERRIBOS. El equipo filmó derribos en el litoral en los dos años que duró el trabajo. La serie plantea que poblados situados en primera línea de costa -Chilches y Moncófar, en Castellón, por ejemplo- sean trasladados al interior.
-EL GUIONISTA. Miguel Ángel Losada, catedrático de Costas en Granada, ha sido el responsable del guión y aparece en el documental. Se niega a eliminar las referencias a la corrupción: "Desgraciadamente, es parte de nuestra historia".
-EQUIPO ANTERIOR. Los agradecimientos comienzan por la anterior cúpula del ministerio en Costas: la ministra Cristina Narbona; el secretario general, Antonio Serrano, y el director, José Fernández. No figura el actual equipo.
* ELPAIS.com - 15.03.10
Foto: Imágenes aéreas de los excesos urbanísticos del Mar Menor (Murcia) - elpais.com
La Fiscalía de Madrid devuelve a Cataluña tres casos del ex alcalde Ros porque los desmarca de Pretoria
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EPA/Barcelona* : La Fiscalía Anticorrupción ha devuelto a la Fiscalía de Barcelona tres casos de supuestos "pelotazos" urbanísticos en Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona) que implican al ex alcalde Víctor Ros, al no apreciar que tengan relación directa con la trama de corrupción investigada en la "operación Pretoria".
Esos presuntos pelotazos urbanísticos llegaron a manos del ministerio público a raíz de tres denuncias, dos de las cuales se dirigen contra el ex alcalde de Sant Andreu de Llavaneres, imputado en la trama de "Pretoria", mientras la tercera implica en una trama de corrupción a Albert Carbó, director de oficina bancaria y hermano de Genís Carbó, otro de los imputados.
Según han informado a Efe fuentes judiciales, la Fiscalía de Barcelona está estudiando ahora las denuncias por esas irregularidades urbanísticas, para decidir si abre diligencias contra los implicados, entre los cuales figura el ex alcalde de Sant Andreu de Llavaneres Víctor Ros, del PP.
Una de las denuncias acusaba a Ros de haber beneficiado supuestamente a dos primos suyos mediante una recalificación derivada de la creación en abril de 2006 de un nuevo sector de Sant Andreu de Llavaneres -la zona de La Riera- en el nuevo planteamiento urbanístico del municipio.
La otra denuncia contra Ros estaba relacionada con un convenio urbanístico supuestamente irregular vinculado a la compra del edificio modernista "La Bodega" de Sant Andreu de Llavaneres que el consistorio firmó con la sociedad Cortijosa, empresa que comparte administradores con una de las sociedades investigadas en la operación "Pretoria".
Esa denuncia fue enviada por el grupo municipal Sos Llavaneres en el año 2007, aunque fue archivada, pero sus impulsores volvieron a presentarla el pasado 2 de noviembre al hallar nuevos indicios que la relacionaban con Luis García, cerebro de la trama de corrupción investigada por el juez Baltasar Garzón.
La tercera de las denuncias que ahora ha vuelto a manos de la Fiscalía de Barcelona pide que se investigue a Albert Carbó, director de una sucursal bancaria de Caixa Laietana y en la que presuntamente tiene una cuenta corriente el imputado Luis García.
La denuncia mantiene que algunas de las operaciones urbanísticas de la operación "Pretoria" se financiaron mediante ventajosos créditos concedidos por esa oficina bancaria.
Genís Carbó fue imputado por el juez Garzón por el cobro de 244.000 euros de la empresa Niesma, propiedad del presunto máximo responsable de la trama de corrupción, Luis García, "Luigi", en una operación urbanística en Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona).
* European Pressphoto Agency - EFE - 14.03.10
Foto: Llavaneres (Barcelona) - infomet.am.ub.es
Málaga: Arranca hoy ´Ballena Blanca´, la primera macrocausa de la Costa
LAOPINIÓN*: Hoy arranca en la Audiencia Provincial el juicio de ´Ballena Blanca´, la primera macrocausa que estalló en la Costa del Sol en marzo de 2005 con la detención de casi medio centenar de personas, entre ellas la del prestigioso abogado Fernando del Valle, por una amplísima trama de ´lavado´ de dinero procedente de actividades delictivas.
Finalmente, se sentarán 21 personas en el banquillo de los acusados para las que el fiscal pide un total de 65 años de cárcel y más de 86 millones de euros en multas.
El juicio se celebrará de lunes a miércoles y se prolongará durante unos seis meses. Será enjuiciado por la Sección II, con su presidente, Federico Morales, a la cabeza.
Hoy no sólo se jugarán su futuro los 21 acusados de la trama, sino que también estarán en tela de juicio la instrucción del juez Miguel Ángel Torres y el trabajo de la Fiscalía Anticorrupción en la provincia, cuyo primer gran caso fue sin duda éste. Y es que ´Ballena Blanca´ es el hermano mayor de las macrocausas que luego han venido y de la innovadora forma de investigar: el hecho de comparar el patrimonio de los imputados con los ingresos legales declarados, para averiguar el desfase y pedir una explicación sobre el mismo.
En ´Malaya´, ´Troya´, ´Hidalgo´, ´Astapa´ o ´Arcos´ también se hizo así, con la recompensa de la desarticulación de importantes tramas delictivas especializadas en la corrupción política y urbanística o en el ´lavado´ de dinero negro a gran escala. Una sentencia condenatoria significará la bendición judicial al trabajo realizado desde principios de la década por los fiscales Anticorrupción, las unidades especializadas de la policía (Udyco) y el propio juez Torres.
El interés mediático es tal que se han acreditado 176 personas para seguir el juicio entre redactores, fotógrafos, cámaras y productores. En total, son 25 medios locales, regionales y nacionales los que estarán presentes.
En concreto, Juan Carlos López Caballero acusa a los 21 procesados de 41 delitos de blanqueo de capitales, 141 de falsedad documental, tres contra la Hacienda Pública y dos contra la Administración de Justicia.
El fiscal considera que Fernando del Valle formaba, junto con otros dos notarios también encausados, la cúpula de la organización de blanqueo y pide para él 15 años de cárcel y 36 millones de euros de multa. Sin la aportación de estos tres encausados, según el acusador, hubiera sido imposible tejer semejante maraña de sociedades con las que encubrían la identidad de sus clientes, la mayoría pertenecientes a mafias internacionales. Para desviar el dinero, se crearon más de medio millar de sociedades ´pantalla´ y fueron blanqueados supuestamente 150 millones de euros. Del Valle, explica López Caballero, conocía el origen delictivo del líquido que después ayudaba supuestamente a ocultar.
* La Opinión Málaga - 15.03.10
Foto: Málaga, ciudad de la Justicia - elpais.com
Cartagena: Marcha contra la Urbanización de Cala Reona
LAOPINIÓN/Murcia* : Más de un millar de personas recorrieron esta mañana el camino comprendido entre la entrada a Cabo de Palos y Cala Reona, para protestar por el proyecto urbanístico aprobado recientemente por el Ayuntamiento de Cartagena, una marcha convocada por ANSE y ANECA, según informaron fuentes de la organización ecologista en un comunicado.
De este modo, los convocantes leyeron en la playa un manifiesto en el que se informaba de que el Ayuntamiento de Cartagena aprobó esta semana la recalificación de suelos en una superficie de 60 hectáreas de Cala Reona y su entorno. "Justifican la decisión en que nuestro municipio tiene buena parte de su costa protegida y tiene derecho a urbanizar este pequeño pedazo de litoral para seguir apostando por el turismo", indicaron.
"Este argumento, mirando los efectos que sobre el paisaje costero han tenido las urbanizaciones que trepan por las laderas de los acantilados asomándose al Mediterráneo o al Mar Menor, o la destrucción de la mayor parte de La Manga por la avaricia urbanística, con miles de viviendas vacías todo el año y centenares de ellas en venta, no justifica la urbanización", defendieron desde ANSE.
Asimismo, en el manifiesto se afirmó que "nuestros gobernantes presumen que la protección de nuestra costa montañosa o algunos enclaves del Mar Menor se debe a ellos, y quieren que olvidemos que fueron ellos mismos los que, no solo en la década de los 80 con el primer intento de urbanizar Calblanque, sino hace tan solo unos pocos años, impulsaron la desprotección de parte de Calblanque para facilitar su desarrollo urbanístico junto a la bahía de Portmán".
Por otro lado, acordaron decirle a la alcaldesa de Cartagena y a su gobierno municipal "que los que nos oponemos a la urbanización de Cala Reona no estamos en contra del turismo. A nosotros también nos gusta viajar y conocer otros pueblos, paisajes y culturas, y bañarnos en playas como Cala Reona. Y porque nos gusta el turismo, y lo consideramos un elemento más para el desarrollo económico de los pueblos, pensamos que la destrucción que del desarrollo urbanístico no debe llegar a la puerta de Calblanque".
Y es que, según afirmaron, "la necesidad de proteger Cala Reona contra su urbanización es, sobre todo, una cuestión de sentido común, una necesidad en un litoral mediterráneo demasiado maltratado por los humanos, una apuesta por un modelo de desarrollo que hace de la conservación de sus paisajes un atractivo turístico que genera economía, que mantiene y aumenta la calidad de vida de las personas que viven aquí e incluso de los que compraron una vivienda en sus proximidades, una deuda de respeto hacia la naturaleza y sus habitantes".
* La Opinión Murcia - 14.03.10
Foto: Marcha contra la Urbanización de Cala Reona - JAVIER CONESA, laopiniondemurcia.es
Verdemar afirma que POT del Campo de Gibraltar "pasa por alto" unas "5.000 viviendas e infracciones urbanísticas"
20MINUTOS/Cádiz* : Verdemar-Ecologistas en Acción calificó hoy de "vergonzoso" el Plan de Ordenación del Territorio (POT) del Campo de Gibraltar, que actualmente se encuentra en fase de estudio y que, entre otras cuestiones, "pasa por alto unas 5.000 viviendas e infracciones urbanísticas".
El portavoz del colectivo ecologista en el Campo de Gibraltar, Antonio Muñoz, explicó a Europa Press que han presentado numerosas alegaciones y propuestas al POT ante la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, algunas de ellas en coordinación con el colectivo ornitológico Cigüeña Negra y Agaden.
Según dijo, "más que ordenar el territorio", el POT del Campo de Gibraltar lo que viene a hacer es "poner la especulación urbanística en manos de los ayuntamientos", ya que "sigue apostando por un modelo urbanístico especulativo" y un modelo de desarrollo "propio de los años 60".
En este sentido, aludió a "trampas" en el informe del POT con zonas estratégicas entre las que citó Borondo, Guadalmesí o Los Lances en Tarifa. Asimismo, criticó que "se sigue apostando por crecimientos industriales que delimitan con zonas verdes" o con núcleos de población, como ocurre en San Roque.
Además, rechazó que se "insista" en "urbanizar y especular al lado del río Guadiaro o en la playa de Guadalquitón", a la que se refirió como "el último reducto de alcornocal mediterráneo que queda". Del mismo modo, criticó que el POT tampoco contempla, por ejemplo, la protección del Corredor Verde Guadiaro-Guadalquitón-Los Alcornocales.
Entre otras cuestiones, hizo referencia a la "pérdida de más de 500 hectáreas de playa" en la Bahía de Algeciras como consecuencia de la erosión antrópica y, en alusión a los ríos Palmones y Guadarranque, criticó la "insistencia en rellenar sus cauces", lo que "está provocando numerosas inundaciones en zonas en las que no se daban cuando hay lluvias torrenciales".
En opinión del colectivo ecologista, el POT también está "asfixiando" zonas verdes de alto valor ecológico, como sería el caso del Pinar del Rey o la Vega del Fresno, "sin tener en cuenta su valor medioambiental".
Por último, censuró especialmente que el Plan de Ordenación del Territorio "obvia, ignora y pasa por alto" la existencia de "unas 5.000 infracciones urbanísticas y viviendas ilegales" de la comarca campogibraltareña. Algo por lo que Verdemar ya ha presentado varias denuncias ante diferentes juzgados y que advirtió que "no están dispuestos a consentir".
* 20 Minutos - E.P. - 14.03.10
Foto: Gibraltar bahía - Ben30, Flickr
Barreiros, la burbuja reventada
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ELPAÍS/Lugo* : Los promotores más intrépidos de Barreiros se han ido a levantar apartamentos de lujo a Ecuador, Colombia y Estados Unidos. Alguno hasta construye en la "parte buena" de Miami, donde el metro cuadrado de vivienda no cuesta 3.000 euros, como costaba en el municipio de A Mariña, sino "entre 30.000 y 50.000 dólares".
Una tierra, Miami, en la que "reina el espíritu libre y es el mercado el que impone sus reglas", no donde la Administración corta las alas al cemento próspero y galopante que pretende extenderse en fila por la carretera. Un par de constructores de Barreiros incluso han empezado a desembarcar en Angola, donde "hay dinero y diamantes pero está todo por hacer".
No obstante, entre los 40 empresarios con obras paralizadas desde hace tres años por la Xunta en este ayuntamiento, también se cuentan cinco "escapados". Constructores que quebraron y desaparecieron dejando sus deudas como prueba de que existieron. Y otros cinco que hoy por hoy están en suspensión de pagos y el banco ya les ha anunciado que no espera más. Les queda, como mucho, un mes de plazo para arreglar su situación.
Pero en un mes, el convenio entre Ayuntamiento y Xunta que legalizará con 14 millones de euros las promociones declaradas proscritas entrará probablemente en vigor y la actividad volverá a las obras. Se trata de edificios en todas sus fases de construcción, algunos de ellos nada más que en esqueleto y otros acabados, pero todos ellos vendidos. De las 5.800 viviendas para las que antes de 2007 concedió licencias con desparpajo el Ayuntamiento del PP, 2.500 llegaron a materializarse. Sobre las otras, pesa la más neblinosa incertidumbre.
El pueblo ha cerrado filas con su alcalde, Alfonso Fuente Parga, y la conselleira de Política Territorial en tiempos de Touriño, María José Caride, es aquí persona non grata. No es fácil encontrar, no siendo entre la oposición, vecinos que no expliquen la paralización de licencias llevada a cabo por la Xunta el 9 de noviembre de 2006 como una "cuestión política", un castigo ejemplarizante, para toda Galicia, de una conselleira socialista a un alcalde popular.
"En Galicia hay 305 ayuntamientos sin plan general adaptado a la ley, ¿por qué tuvieron que meterse justo con el nuestro?", repite el alcalde, y como él unos y otros a lo largo de las parroquias con urbanizaciones hibernando, San Cosme, San Pedro, Santiago y San Miguel. "Caride es una sinvergüenza", afirma el que en los buenos tiempos era presidente de los promotores del municipio, Manuel Villamarín, que tiene paralizados 300 pisos en construcción y es el único oriundo de Barreiros. "La invitamos a venir y nunca vino. No tiene ni idea de lo que hay. Quiso atropellar al alcalde y arrolló a los constructores, gallegos y de toda España, a los cinco restaurantes y a un montón de negocios que tuvieron que cerrar. Se cargó 5.000 puestos de trabajo directos, y ha dejado a un montón de propietarios sin poder entrar en sus casas".
A Barreiros llegó la crisis del ladrillo un año antes que al resto del país, fue como un laboratorio de ensayo donde la burbuja inmobiliaria, en vez de explotar por su propia hinchazón, fue, en opinión de los empresarios, reventada a mano. Más que con alfiler, con los pulgares. Como una ampolla.
Barreiros (3.300 vecinos) lo tenía todo para transformarse en un concurrido destino turístico. Bosques, sendas fluviales, casas de indianos, museo de arte, ocho playas unidas por un paseo de ocho kilómetros que lo convertían en el municipio (tras Sanxenxo) con más banderas azules de Galicia, y una fuerte demanda de segundas residencias. Hace cuatro o cinco años, muchos vecinos con terrenos al borde de la N-634, considerados por el alcalde (según su interpretación de las normas subsidiarias) suelo urbano consolidado, se apresuraron a venderlos, o mismo a pedir licencias de edificación para luego vender a mayor precio. Sabían que, en Barreiros, lograrían el visto bueno para levantar largos bloques de 80 viviendas, distribuidas en planta baja, dos alturas y ático bajo cubierta. Edificios que se llenarían alegremente de madrileños (un 60%) y vascos, también de asturianos y cántabros, encantados de pagar la mitad por un apartamento que al otro lado del Eo.
En tiempo récord, cuando en Barreiros ya olía a inminente intervención de la Xunta, se tramitaron muchos permisos. Y cuando la consellería paralizó las licencias ya se habían vendido sobre plano cerca de la mitad de los futuros pisos de un municipio dispuesto a crecer en travesía.
Ahí empezó la cadena infinita de contenciosos. Los propietarios, contra las promotoras. Las promotoras, contra el Ayuntamiento. El alcalde cuenta que hace una semana hicieron números y de momento, en pleitos, el consistorio se ha gastado 200.000 euros en los tres años en los que desaparecieron los ingresos por licencias de edificación, que "eran la base" de la economía municipal. "Sin licencias, y como además tampoco nos han dejado terminar las obras para cobrar la primera ocupación, el IBI y las tasas municipales de agua y basura, no hay dinero para arreglar los caminos o para llevar la ayuda a domicilio. Por lo menos que hubiesen esperado un año para rematar las casas", se duele el regidor.
Hasta los pocos constructores que sí pudieron seguir edificando, porque la calificación de sus terrenos no cambió con las normas provisionales que aprobó la Xunta, defienden, sin querer que se publique su nombre, que "los informes de los técnicos en los que se basó la intervención estaban hechos a mala fe y con mentiras flagrantes".
"El daño fue una bomba", explica el encargado de una obra en marcha en San Miguel de Reinante, con mano de obra paquistaní, 365 viviendas casi rematadas y pista de pádel junto al hórreo en ruinas. "Porque la incertidumbre jurídica hace que muchos prefieran comprar en otro sitio". Desde hace tres años, "en verano", la carretera de las urbanizaciones crionizadas se puebla de anuncios del tipo "vente a Sanxenxo", o "vive Fisterra". Y parte de la demanda, efectivamente, se ha ido a esos lugares. "Desde luego, ahora, con el desbloqueo, ya no se van a vender más que pisos llave en mano, y así a los promotores les va a costar encontrar financiación", porque los bancos ya no fían, comenta el mismo encargado. "Pero la gente, antes de renegar de Barreiros, debería saber que, aquí, el agua del mar está a cinco grados más que esos sitios".
* ELPAIS.com - 14.03.10
Foto: Barreiros (Lugo), costa - mma.es
Casi 30.000 casas ilegales entre el Túria y la Calderona
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LEVANTE/Valencia* : Tras décadas de permisividad urbanística, en los noventa la Universitat de València contabilizó en el Camp de Túria y Los Serranos unas 28.415 viviendas ilegales. La mayoría de municipios ha optado por obligar a los vecinos a urbanizar estos núcleos residenciales para intentar solucionar la falta de dotaciones.
Desde la década de los sesenta -mucho antes del primer PAI y de la primera denuncia por barbaridad urbanística-, las comarcas del Camp de Túria y Los Serranos han sido un lugar preferido para el descanso dominical del atribulado habitante de la metrópoli valenciana. Suelo barato, aceptables comunicaciones, ayuntamientos poco preocupados en eso que después se llamó ordenación del territorio, y miles y miles de metros cuadrados de campo y monte a disposición del primero que quisiera hacerse una casita, ya sea con sus propias manos a modo de pasatiempo, o contratando a alguna de las cuadrillas de albañiles que surgieron en estas comarcas ante la creciente demanda.
Muchas de esas casetas de campo -en ocasiones, un terreno vallado con paellero, balsa y poco más- iban acondicionándose hasta que sus dueños decidían abandonar su casa en la ciudad para vivir allí a tiempo completo. Junto a ellas, se construían nuevos chalés y formaban entre todos núcleos residenciales que solían carecer de calles asfaltadas, alumbrado, alcantarillado o colectores de aguas. Años después, muchos de estos núcleos siguen teniendo el mismo aspecto.
En los setenta, l'Eliana -pionera en esto de la segunda residencia- decidió tirar por la calle de en medio y normalizar la situación declarando urbano casi todo su término municipal. Pero casi el resto de localidades de la zona ha esperado al cambio entre el siglo XX y el XXI para diseñar y aprobar planes generales o normas subsidiarias en los que muchos de estos núcleos residenciales que fueron surgiendo durante décadas quedaban legalizados al declarar su suelo urbanizable.
En 1992, un estudio del departamento de Geografía de la Universitat de Valencia, dirigido por el profesor Jorge Hermosilla, señalaba que en el Camp de Túria el 60% de las residencias secundarias se encontraban en suelo rústico, y contabilizaba alrededor de 28.450 viviendas ilegales y cerca 76 de grandes núcleos residenciales de la misma condición en esta comarca y, en menor medida, en Los Serranos.
Llíria era el municipio con más chalés ilegales, unos 8.000 de los 9.000 con los que contaba en 1992, seguido en esas fechas por Riba-roja (5.000 de 7.000), Nàquera (4.000 de 8.000) y Vilamarxant (3.360 de 3.500). En este último municipio, la memoria de su actual concierto previo cuenta hasta 4.500 viviendas situadas sobre suelo rústico. De ellas, alrededor de 500 se quedarían dentro del suelo no urbanizable protegido por el Parc del Túria.
Los 9.000 "ilegales" de Llíria
El de la capital del Camp de Túria es un buen ejemplo de lo que desde entonces han hecho varias de estas localidades para dar una salida legal a estas miles de viviendas edificadas sobre suelo rústico. En casi 340 hectáreas de terrenos (el casco urbano tiene 66 hectáreas) Llíria contaba con 65 núcleos de población repartidos en 27 sectores, 9 de ellos urbanos desde el PGOU de 1985. Los 18 restantes eran urbanizaciones en suelo rústico hasta que el PGOU de 2005 también los declaró urbanizables. A partir de esos dos grandes planes urbanísticos y distintas modificaciones, el consistorio legalizó su situación. A cambio, sus vecinos tienen que constituirse en Agrupación de Interés Urbanístico (AIU) y ocuparse de iniciar los trámites de los PAI con los que urbanizar los núcleos. Pero no todos están dispuestos, y varias asociaciones vecinales exigen que sea el consistorio el encargado de dotar de servicios a sus urbanizaciones.
En los últimos siete años, se ha completado de esta forma en Llíria la urbanización por gestión directa de 5 de las 39 unidades de ejecución (además de una que se ha adjudicado de forma indirecta) para dotarlas de todos los servicios, lo que afecta a 450.000 m2 de terreno y a cerca de 400 viviendas. En esta legislatura se va a llevar a cabo el proceso de urbanización en otra unidad de ejecución con 80.000 m2 y se ha iniciado la regularización de otras cinco unidades de ejecución (unas 700 viviendas). Pero aún queda mucho por regularizar y no será tarea fácil.
Otros municipios del Camp de Túria, como Bétera, Riba-roja o Vilamarxant, también han optado por regularizar lo que la LUV califica como "áreas semiconsolidadas", tratando que sean los residentes quienes ejecuten la urbanización. En la Pobla de Vallbona, el ayuntamiento ha llegado a destinar las ayudas del Plan E para dotar de alcantarillado a dos de las urbanizaciones que surgieron hace años en suelo rústico.
Aún así, siguen produciéndose infracciones urbanísticas e incluso construyéndose nuevas viviendas en suelo no urbanizable y protegido a pesar de que los consistorios persiguen más que nunca las construcciones fuera de ordenación. En Bétera, por ejemplo, entre 2004 y 2010 se han abierto 243 expedientes sancionadores por edificaciones y obras sobre suelo no urbanizable. Y en Riba-roja, en 2007 se detectaron 177 infracciones por obra ilegal mayor o menor, en 2008, 125 y en 2009, 90. ¿Por qué ha descendido el número? El concejal de Urbanismo de Riba-roja, José Luis Folgado, lo tiene claro: la crisis urbanística hace que se construyan menos chalés y, por lo tanto, menos irregularidades.
Según su gravedad, este tipo de infracciones las sanciona el propio consistorio o se comunican a la Fiscalía, que en algunos casos ordenan la demolición del inmueble infractor. Pero hay casos tan graves que los ayuntamientos optan por acudir directamente a los juzgados.
Hace unas semanas, el juzgado número 1 de Llíria abrió diligencias contra el ex alcalde socialista de Olocau por un presunto delito contra la ordenación del territorio tras una querella presentada por el actual gobierno municipal. Según esta querella, en 2006 el munícipe concedió una licencia de obras para instalar dos líneas de sumistro eléctrico y un centro de transformación para dar servicio a 18 viviendas construidas sobre suelo no urbanizable protegido en las zonas de Escopar y Pla de Horcan. Y lo habría hecho contra el informe del arquitecto municipal en el que se advertía que esta actuación era contraria a los usos reservados para este suelo.
En la comarca de Los Serranos, destaca el caso de Pedralba. Este municipio con menos de 3.000 vecinos censados en la actualidad, tenía en 1992 unas dos mil segundas residencias, todas ellas ilegales. Desde entonces, según fuentes del propio ayuntamiento, se han construido unas trescientas casas más, que siguen siendo ilegales. Y es que, excepto el casco urbano, gran parte del término municipal está calificado como suelo no urbanizable de protección agrícola.
El consistorio ya ha diseñado un nuevo plan general (que aún no está aprobado) en el que se regulariza la situación de algunos núcleos residenciales -como la urbanización Mallaes, con unos 800 chalés- cuyos vecinos, al igual que ocurre en Llíria, tendrán que desarrollar un PAI para poder tener alumbrado, alcantarillados y demás dotaciones. Pero otras muchas viviendas están desperdigadas en zonas de monte, e incluso algunas en la zona protegida del Parque del Túria. Estos chalés nunca podrán ser legales y algunos de ellas, tal como avisan fuentes municipales, tendrán que ser demolidos.
Un estudio encargado por el Institut d'Estudis Comarcals del Camp de Túria a la Universitat de Valencia destaca la importancia de la proliferación de viviendas ilegales durante la década de los 70 en el actual aspecto de esta comarca. Según este estudio, el principal factor que ha contribuido al notable crecimiento del Camp de Túria han sido las migraciones de población desde el Área Metropolitana de Valencia hacia sus municipios. De esta forma, entre 1975 y 1999 en l'Eliana se incrementó la población en más de un 280%, en Nàquera, la Pobla, Riba-roja y Bétera en más de un 50%, y en Serra, Vilamarxant, Marines, Olocau, Llíria, Benisanó y Casinos entre un 10 y un 50%. En este periodo, el ritmo de crecimiento anual en la comarca fue del 2,21%, mientras que entre 2000 y 2008, coincidiendo con el proceso de legalización de muchos núcleos residenciales, el incremento anual ha sido del 6,8%. En estos 8 años la comarca adquirió más habitantes que en los 24 precedentes.v. c. m.llíria
* Levante-EMV - 14.03.10
Foto: Casi 30.000 casas ilegales entre el Túria y la Calderona - cartociudad/fomento
Vigo: El Plan do Litoral deja en el aire la construcción de 10.000 viviendas programadas en el PXOM
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FARODEVIGO* : La Gerencia de Urbanismo prepara el informe sobre las repercusiones que tendrá en Vigo el Plan do Litoral, y los técnicos han confirmado que incluye en el área de protección 36 ámbitos de suelo en el que el PXOM permite edificar, según fuentes del departamento, cerca de 10.000 viviendas. El entorno de Samil es el que sufre las restricciones más severas.
Una de las grandes bolsas de suelo que quedarían dentro del perímetro del Plan que tramita la Xunta, la de Fontes-Pertegueiras, tiene edificabilidad para levantar más de 1.900. También hay terrenos con uso hotelero proyectado en las cercanías de la playa que estarían afectados. La costa de Teis recibe igualmente un serio tijeretazo, sobre todo en Ríos y Rotea, y entran además en la franja en la que se veta la construcción amplias zonas de San Miguel de Oia y Coruxo. En este último caso está incluido un ámbito industrial con 32.000 m2 útiles en los que se prevé, aparte de naves, la creación de un "punto limpio" de tratamiento de residuos. El valor del suelo edificable en todo el área que abarca el Plan superaría los 360 millones de euros.
Los 36 ámbitos, la inmensa mayoría de uso estrictamente residencial o combinado con comercial, están situados en zonas catalogadas como de "Mejora Ambiental Paisajística" en el documento que tramita la Xunta. En ellas se limitan las obras posibles, esencialmente, a rehabilitaciones, explotaciones acuícolas o marisqueras, actividades socioculturales y deportivas con "instalaciones mínimas imprescindibles", –reza el artículo del Plan–, o equipamientos que necesariamente tengan que estar en el medio rural. Los requisitos harían "inviable", señalan las fuentes municipales consultadas, desarrollar los ámbitos tal y como están recogidos en el PXOM. Para poder hacerlo los propietarios deben tener aprobado el proyecto de compensación antes de que entre en vigor el Plan autonómico. El calendario de la Xunta sitúa su aprobación definitiva en diciembre, ya que ha dado un mes más a los concellos para que lo estudien a fondo y emitan sus informes y observaciones. De cumplirse ese plazo no quedaría tiempo para que los promotores cubriesen los trámites necesarios en el Concello. En algunos casos no está afectada la totalidad del ámbito, lo que posibilitaría construir en una parte. Para ello sería necesario modificar el Plan Xeral, prosiguen las mismas fuentes.
El PXOM establece una nueva ordenación en Samil con la transformación de varias grandes áreas de suelo situadas detrás de la avenida, que se convertiría en un vial de servicio al vertebrarse toda la zona con nuevas carreteras, una de ellas de alta capacidad. Una docena de ámbitos quedarían dentro del espacio protegido por el Plan do Litoral, según los datos técnicos de la Gerencia, por lo que la edificabilidad no podría materializarse allí. Los más próximos a la costa suman más de 300.000 metros cuadrados de superficie, mientras que Fontes-Pertegueiras, Río, Viñagrande, Gándara, Redondo, Pertegueiras y Fonte, más alejados de la avenida, superan los 800.000 m2.
En la parroquia de San Miguel de Oia, con terrenos donde se programa vivienda unifamiliar combinada con bloques de pisos en algunos casos, hay también urbanizaciones proyectadas que quedan anuladas con el Plan do Litoral. Tres de ellas, situadas en las inmediaciones de Cabo Estai, reúnen más de 360.000 metros cuadrados de superficie en los que se podría edificar en torno a un millar de viviendas. Cerca de la playa de Canido hay otras dos con posibilidad de levantar 150.
Al otro lado del término municipal, en Teis, están afectados seis ámbitos en los que se prevén más de 2.000 viviendas. Una de las áreas es Gomesende, entre la cresta de A Guía y la ETEA, y las otras cinco se sitúan en la franja entre la antigua escuela militar y Chapela.
* Faro de Vigo - 13.03.10
Foto: Vigo, cámara_municipal - João Méndez (wikipedia.org)
El vano intento de salvar el titanic inmobiliario
ADRIA ALEMANY* : El crecimiento económico de los últimos años ha ido estrechamente ligado a la construcción y a la concesión indiscriminada de crédito. Las políticas orientadas a promover el régimen de propiedad como único modo estable de tenencia, junto a la ausencia de alquiler asequible, empujaron a una parte importante de la población a sobreendeudarse para poder acceder a una vivienda. Hoy, el estallido de la burbuja inmobiliaria, ha dejado al descubierto los frágiles cimientos sobre los que se asentaba el “milagro español”.
Con la depreciación de los inmuebles, parte de la población ha visto como su patrimonio se reducía sustancialmente. Para quienes compraron en pleno boom inmobiliario, el valor actual de sus bienes está muy por debajo incluso del valor de las deudas contraídas para adquirir dichos bienes, este hecho perjudica en mayor medida a las clases medias y populares, ensanchando la brecha de la desigualdad entre unos pocos que poseen mucho y unos muchos desposeídos.
Esta situación se torna dramática para quienes se han quedado en paro y no pueden hacer frente al pago de la hipoteca. Cuando esto ocurre, el banco interpone una demanda y se inicia el proceso de ejecución hipotecaria que termina con la subasta del inmueble. Dada la devaluación de los precios, las subastas quedan desiertas. Entonces, de acuerdo con la legislación actual, las entidades bancarias se adjudican la vivienda por el 50% del valor de tasación y continúan reclamando el pago de la deuda restante, más intereses y costas judiciales, a la persona en situación de insolvencia mediante el embargo de nóminas y la enajenación de los bienes de los avalistas. No es una situación anecdótica: según el Consejo General del poder judicial, entre 2008 y 2010 se habrán iniciado más de 350.000 ejecuciones hipotecarias. Es decir, mas de 350.000 unidades familiares perderán su casa y además arrastrarán una deuda de cien, doscientos o incluso 300.000 euros.
La oferta de pisos en alquiler sigue siendo escasa en relación a una demanda que, a raíz de la crisis, se ha revitalizado. Las condiciones de acceso y las exigencias en forma de avales se han endurecido. Con una tasa de desempleo cercana al 20%, los ingresos por unidad familiar se han reducido, incrementando el esfuerzo que deben realizar las familias para pagar la vivienda. Con 1,22 millones de hogares con todos sus miembros activos en paro, la amenaza del desahucio pesa sobre miles de familias. Mientras tanto, los pisos desalojados pasan a engrosar el parque de viviendas vacías, el más grande de la UE. Esta situación agudiza las contradicciones de un sistema que sobreprotege el derecho a la propiedad en detrimento de las necesidades más básicas.
La administración, con un parque publico de vivienda que no llega al 1% del parque total, parece poco dispuesta a dar respuesta a la situación de emergencia habitacional. A pesar de los cantos de sirena de apostar por el alquiler, las medidas impulsadas hasta la fecha van mayoritariamente dirigidas a reactivar el sector inmobiliario y detener la caída de los precios.
Atrapados en un bucle
En esta línea se enmarca el desarrollo de una normativa que permite reconvertir el stock inmobiliario invendible en una nueva figura de Vivienda de Protección Oficial (VPO) de compra, a precio concertado.
Estas VPO gozan de ventajas fiscales, subvenciones directas a los tipos de interés y están garantizadas con avales públicos. De forma que se facilita el acceso de los particulares a la financiación y el riesgo que asume el banco en caso de impago es nulo. Así, se fabrica una demanda, de otro modo inexistente. Llama la atención que en muchos lugares el precio de este tipo de viviendas sea superior al de las viviendas del mercado libre.
Bajo la misma lógica operan las políticas sociales de ayuda a la vivienda. Cuando la política pública se reduce a una política de cheques y no se integra en un programa de reformas más amplio, las ayudas monetarias suponen un trasvase directo que beneficia a los propietarios y consume los presupuestos públicos. Igualmente reveladoras resultan las declaraciones de la ministra, Beatriz Corredor, cuando recomienda comprar aprovechando la coyuntura histórica de bajos tipos de interés a pesar de que las previsiones de los expertos coinciden en apuntar que los tipos empezaran a remontar a mediados de año. Del mismo modo, el anuncio de eliminar la desgravación fiscal por la compra de una vivienda en un plazo de dos años sirve para estimular la demanda a corto plazo. Por otro lado, el Gobierno ha aprobado recientemente una normativa que agiliza los desahucios por impago en las rentas de alquiler. Así, en plena crisis y con 4,3 millones de personas en paro, muchas sin prestaciones sociales, se antepone la seguridad y los beneficios de los grandes propietarios por encima de la función social de la propiedad y la garantía del derecho a la vivienda. Pero, a pesar de las terapias de choque aplicadas por el Gobierno para reanimar la compraventa, la salida sistémica a esta crisis de sobreproducción no es realista. El mercado está saturado, la demanda efectiva agotada, las familias, endeudadas, y la inversión especulativa se ha pulverizado.
Pasarán años antes de absorber el stock y digerir tanta deuda y ladrillo. Los esfuerzos desesperados de la administración por reactivar la economía con el mismo guión de siempre representan un trágico intento por reflotar un Titanic que se hunde irremediablemente. Pero no todo son malas noticias. El mito de la propiedad se empieza a resquebrajar. El mercado ya no es intocable. La crisis y sus estragos han dinamitado el proyecto de una sociedad de pequeños propietarios que, concebida desde las esferas de poder, había funcionado como un mecanismo de control social alineándose con los intereses corporativos.
Con miles de familias desahuciadas, millones de pisos vacíos y una demanda social de alquiler en aumento, se abre un nuevo escenario político. Hasta ahora, las inyecciones de fondos públicos al sector bancario no han servido para que los bancos asumieran su parte de responsabilidad. Según cálculos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, con los 100.000 millones de euros del FROB, el Estado podría haber adquirido 700.000 pisos al precio por el que los bancos se los están adjudicando en el proceso de ejecución. Esta plataforma y otras voces críticas llevan tiempo exigiendo la reconversión del parque inmobiliario que atesoran los bancos en un parque público de alquiler. La batalla aún está por librar.
El papel de las entidades financieras
La acumulación de suelo y viviendas a manos de entidades financieras procedentes de ejecuciones y quiebras concursales, acentúa la concentración de la propiedad.
Con tanto ladrillo en sus balances, la gestión de los activos inmobiliarios se convierte en una prioridad. La restructuración del sistema bancario responde a esta nueva dimensión del negocio. La banca, convertida en la mayor inmobiliaria del país, ejercerá la presión necesaria para que las políticas que se adopten en materia de vivienda no contravengan sus intereses.
Por otro lado, la parálisis del sector inmobiliario amenaza seriamente la viabilidad de las entidades financieras. Se calcula que hay entre 0,8 y 1,2 millones de pisos en stock que no se pueden vender. Las inmobiliarias deben a los bancos 325.000 millones de euros y el saldo vivo hipotecario de las familias asciende a 675.288 millones.
Un reciente estudio de Pricewaterhouse señala que las refinanciaciones hipotecarias a particulares y empresas que se firmaron cuando estalló la crisis sólo han servido para comprar tiempo. Se avecina otra oleada de quiebras inmobiliarias que podría acabar arrastrando a las entidades financieras. Si esto ocurriera, los salvatajes bancarios dispararían la deuda pública.
Nos encontramos, así, ante un juego de suma cero, donde las ganancias de unos se obtienen en perjuicio de los otros. Cada vez resulta más difícil conjugar los intereses de las entidades financieras con las necesidades de la mayor parte de la población. Ante esta disyuntiva no se sabe hacia dónde basculará la administración.
* Periódico Diagonal - Opinión - 10.03.10
Resultados encuesta: ¿Cuál es la política de vivienda a seguir en esta crisis?
Resultados de la última encuesta realizada
Como era de preveer los números finales de vuestra votación son los lógicos que debería hacer una buena administración de vivienda en sus distintas funciones competenciales. Pero la realidad es tozuda y aquí parece que no haya pasado nada, que no haya habido (y haya) una inmensa burbuja inmobiliaria.
Las cifras no mienten y además del más de un millón de viviendas nuevas sin poder venderse, hay que añadir los tres y medio (cuatro) de millones de viviendas vacías anteriores. Así que el resultado es demoledor en todos los sentidos para un país como España, sobre todo en las zonas costeras y alrededor de las grandes capitales.
Del alquiler social se empieza a hablar en algunos círculos, viendo lo que hay en Europa, pero aquí todavía estamos con la política del antiguo régimen de vivienda en propiedad para tenerlo todo "bien atado". Ni siquiera se han dado facilidades para un alquiler libre asequible. Es una política absurda y dictatorial de la que se benefician sobre todo las grandes empresas y todo el sistema bancario (culpables además de la crisis existente).
Para finalizar, quiero comentaros que esta sección de "ENCUESTAS" va a desaparecer temporalmente ya que, visto el recorte de noticias del titular "BLOGGER" en la página principal (portada) y, dado que existen otras secciones más interesantes que no deben desaparecer, he optado por quitar ésta de momento. Una pena!
Gracias y un saludo
