ELPAÍS/Barcelona* : Ya hay pruebas para un posible delito de malversación de fondos públicos. Así lo afirmaron ayer los nuevos gestores del Palau de la Música, que cifran en 23,7 millones de euros la estafa que cometió Fèlix Millet al frente de la institución. De esta cantidad, al menos 2,95 millones proceden de subvenciones públicas que en su mayor parte fueron a parar a obras de la casa de Millet en L'Ametlla del Vallès, regalos y viajes familiares.
El nuevo equipo gestor y la Generalitat presentaron ayer el resultado de sus auditorías al Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona.
De momento, Millet y Montull están imputados por apropiación indebida y falsedad documental. Pero las administraciones públicas manifestaron, a través de sus representantes en el Palau, que confían en que la justicia recoja también las pruebas que indican que Millet malversó dinero público, puesto que así lo determina la auditoría elaborada por los interventores del Departamento de Economía y Finanzas.
El Palau está gestionado por tres entidades: la asociación, propietaria del edificio; la fundación, que se nutre de aportaciones privadas, y el consorcio, integrado por las administraciones. El ex presidente del Orfeó usó a su antojo las tres entidades. El director general del Palau de la Música, Joan Llinares, explicó que el modus operandi era casi siempre el mismo: aprovechaba que el Orfeó no estaba auditado para derivar dinero del consorcio y la fundación hacia allí.
La mayor parte del dinero del consorcio se desvió a través de las aportaciones que el organismo -integrado por el Ayuntamiento, la Generalitat y el Ministerio de Cultura- efectuaba a la asociación. Entre 2002 y 2008, Millet se embolsó 1,7 millones de euros con el pretexto de que era dinero que iba al Orfeó, cuando éste nunca llegaba a ingresar esas cantidades. De hecho, las auditorías que el Departamento de Economía había elaborado sobre los ejercicios de 2002 y 2003 ya advertían de que había ingentes cantidades de dinero público que iban a la asociación y que no estaban debidamente justificadas. Finalmente, tras entrevistar a dos empleados del consorcio, la Generalitat ha acreditado que Millet extendía cheques al portador que cobraban varios empleados en Caixa Catalunya y que luego le entregaban. Algunas cantidades también se retiraron en efectivo.
La segunda fórmula era la falsificación de facturas. En conjunto, Millet se hizo con 750.154 euros procedentes del consorcio a través de certificados que validaron las empresas Triobra, Clos 9, Clos Interiors, Manteniments Integrals FM2, Eiffage Energía, Instal·lacions i Manteniments Tècnics de Catalunya y Vigilancia y Sistemas de Seguridad. La empresa Triobra facturó al Palau 392.175,43 euros que correspondían a las obras que realizó en su casa de L'Ametlla del Vallès, según admite el anterior consejero delegado de la sociedad, Emilio Vidal, a los interventores. Vidal fue presidente hasta enero de la Asociación Española de Dirección Integrada de Proyectos, que reúne a las empresas que, curiosamente, deben encargarse de controlar que no haya desvíos presupuestarios o temporales en las obras.
Además, el Instituto Catalán de Finanzas, el banco de crédito de la Generalitat, concedió dos créditos al consorcio, uno por 1,26 millones y otro por 731.710 euros. La auditoría acredita que Millet usó al menos 172.308,45 euros de este dinero para su uso particular y, además, la mayoría de este dinero corresponde a las facturas de Triobra, por lo que fuentes de la investigación apuntan que también fueron a sufragar su casa de L'Ametlla. A todo este dinero hay que añadir varias cantidades que suman 637.286,37 euros, aportadas por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (ICAEM), sin justificar.
El fraude final en las tres entidades suma más de 23 millones, y eso sin contar las remuneraciones que cobraron Millet, Montull, la ex directora financiera Gemma Montull y la ex directora general Rosa Garicano. Los cuatro, según Llinares, se subieron el sueldo sin motivo alguno ni amparo legal.
* ELPAIS.com - LLUÍS PELLICER - Barcelona - 14/11/2009
Foto: Barcelona, Palau_de_musica - wikipedia.org
Millet desvió dinero público a las obras de su casa de L'Ametlla del Vallès
Greenpeace, contra la ley que legaliza el Algarrobico
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ELALMERÍA* : La asociación ecologista Greenpeace ha presentado un recurso contra la adaptación de las normas subsidiarias de Carboneras a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, que convierten en urbanizable el paraje protegido de la playa del Algarrobico, donde se asienta el hotel.
La organización ecologista considera que tanto la Junta de Andalucía como el Ministerio de Medio Ambiente "han faltado a su compromiso de demolición y promueven con sus actos y pasividad que el hotel ilegal siga en pie". Asimismo, acusa al Ayuntamiento de Carboneras de seguir apostando "por el desarrollo más insostenible de su municipio".
"A la paralización de la expropiación de los terrenos por parte del Gobierno se suma ahora que el Ayuntamiento de Carboneras pretenda aprobar una norma del todo ilegal. El caso de El Algarrobico sobrepasa todos los límites de la vergüenza administrativa conocidos", aseguró el director de Greenpeace España, Juan López de Uralde.
Para Greenpeace, esta norma urbanística es "del todo inviable" e indica que el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural (PORN) Cabo de Gata-Níjar está paralizado cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), organismo que, según la ONG, consideró que urbanizar El Algarrobico sería "demoledor" para el Parque.
Así, recuerda que el TSJA devolvió a El Algarrobico la protección que tenía en el PORN de 1994, es decir espacio protegido no urbanizable y, por tanto, las normas urbanísticas de Carboneras "son ilegales".
Greenpeace recuerda también que la licencia de construcción del hotel de Azata del Sol debe ser revisada, según establece la sentencia de septiembre de 2008 dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Almería. Según los ecologistas, el hotel acumula 18 pronunciamientos judiciales a favor del medio ambiente y de su demolición desde que los tribunales comenzaron a pronunciarse en el año 2006.
* El Almería - Agencias / Almería, carboneras - 14.11.09
Foto: El Algarrobico (Almería), protesta Greenpeace (archivo) - A.Rodríguez, Greenpeace
Valencia: Cercle Obert de Benicalap solicita la aprobación de un plan destinado a la regeneración de zonas urbanas degradadas
Cercle Obert de Benicalap* solicita la creación de un fondo especial para acometer la regeneración de La Parreta, rehabilitando Agryfersa y creando equipamientos y servicios públicos básicos en su entorno inmediato. A juicio de "Cercle Obert de Benicalap", el gobierno central, la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia deben consensuar un programa de inversiones, destinados a reurbanizar adecuada y dignamente la zona conocida como La Parreta, al lado del barrio de Benicalap.
Al lado del Hospital LA FE, muy cerca de la Avenida de Campanar, hay un enorme bloque de edificios, con una antigüedad superior a los 50 años, conocido popularmente como “Agryfersa” donde hay cerca de 400 pequeños apartamentos. A la carencia histórica de equipamientos sociales, culturales, deportivos, asistenciales, lúdicos… en la mencionada zona de La Parreta, se une la falta total de programas institucionales destinados a la rehabilitación, conservación y mantenimiento de edificios donde viven personas mayores, con escasos recursos, emigrantes…
Para nuestra entidad “Cercle Obert de Benicalap” – Iniciativas Sociales y Culturales de Futuro, se impone la necesidad urgente de que se invierta en aquellos edificios donde se detecten grandes y crónicas problemáticas sociales y asistenciales, como el referido edificio de Agryfersa. Rehabilitar las zonas comunes y dotar de bancos, zonas ajardinadas y espacios de encuentro (guarderías, ludotecas, centro socio-cultural, centros de formación profesional, oficinas de atención municipal, reten de policía local…) a los numerosos habitantes de la zona, debe constituir una prioridad municipal y autonómica, en aras a favorecer la socialización e integración de los diversos colectivos humanos que habitan en el mencionado espacio urbano y alrededores.
El elevado número de personas en situación de precariedad, marginación y exclusión, nos obliga a solicitar al Ayuntamiento de Valencia, que proceda a destinar parte del presupuesto que ha destinado el gobierno de España, a la atención de las necesidades y demandas que precisan recibir los vecinos y residentes de la Comunidad de Agryfersa – La Parreta.
Somos conscientes de que los más de 141 millones de € que le corresponderían a Valencia suponen el doble del presupuesto de inversiones para 2009 del Ayuntamiento de Valencia y sobrepasa en 24’2 millones los 116.933.530 € de la Generalitat.La aportación extra supondrá triplicar el presupuesto municipal de inversiones para 2009 y que pase de los 71’9 millones previstos a en torno 213 millones de €.
La financiación prevista debe estar destinada a proyectos que conlleven mejoras en las dotaciones municipales de infraestructuras, tanto productivas como de utilidad social.
Promover la construcción y rehabilitación de viviendas sociales y degradadas, así como potenciar programas formativos, asistenciales, lúdicos… entre la población ubicada en los barrios periféricos como Benicalap… deben ser prioridades municipales. Por tanto, y a tenor de la existencia de los 141 millones de euros que le corresponden a la ciudad de Valencia, nuestra entidad cívica y cultural, reclama que se atiendan las legítimas e históricas propuestas de “Cercle Obert de Benicalap” a favor de la Comunidad de Agryfersa y resto de la zona conocida como “La Parreta”, recordando la intolerable e inadmisible existencia de espacios y solares convertidos en basureros y ubicados al lado de la Ciudad Sanitaria La FE.
Conviene que el Ayuntamiento de Valencia, en colaboración con la Diputación Provincial, el gobierno central (Ministerio de la Vivienda) y la Generalitat, elaboren un programa destinado a potenciar la rehabilitación, urbanización y saneamiento de las calles, plazas, solares... que conforman la zona denominada La Parreta, reservando las correspondientes Partidas Presupuestarias y asignando los recursos técnicos y humanos que permitan la regeneración del tejido urbano y social en un plazo no superior a cinco años, dada la alarmante existencia de numerosas personas y colectivos en situación de precariedad y exclusión social.
Recordamos que Benicalap, La Parreta y Ciudad Fallera, son los espacios urbanos de Valencia con mayor número de emigrantes y personas de escasos recursos económicos, formativos... de toda la Comunidad Valenciana, así como la que menos atención y ayuda recibe de las instituciones públicas.
Se impone con urgencia, la implantación de programas de inversión pública, que permitan la regeneración urbanística, ambiental y social de la zona, así como la creación de los equipamientos y servicios públicos adecuados al alto nivel demográfico existente.
"Cercle Obert de Benicalap" - Iniciativas Sociales y Culturales de Futuro, estima básico y prioritario, dotar de un comedor social y un albergue para indigentes y personas sin recursos a la zona conocida como La Parreta, así como se valora por las instituciones públicas valencianas, la creación de un fondo económico especial que permita la total y completa rehabilitación del conjunto de edificios conocido como AGRYFERSA, donde conviven cerca de 400 familias con muy escasos recursos y casi nula formación laboral...
El edificio y toda la zona merece recibir una especial protección por parte de las instituciones públicas competentes en materia de rehabilitación y regeneración urbanística, ambiental, social, dada las peculiaridades extraordinarias que concurren, tal y como disfruta la FINCA ROJA de Valencia.
Luchar contra la exclusión y contra la existencia de zonas marginadas y degradadas, es una labor urgente y básica que deben acometer y asumir con rigor y esmero todas las instituciones públicas, desde el Congreso de los Diputados, el gobierno central, hasta la Generalitat (Dirección General de Vivienda y Proyectos Urbanos), Defensor del Pueblo, Cortes Valencianas y el Ayuntamiento de Valencia, contando siempre con el concurso y colaboración de los colectivos vecinales activos, que han demostrado a través del tiempo, su implicación solidaria y altruista en aras a favorecer la convivencia pacífica y armónica de todas las personas.
* Otro Madrid - Antonio Marín Segovia - 6.11.09
Foto: Valencia - Cercle Obert de Benicalap
Madrid: Los okupas del Patio Maravillas inician una campaña para evitar su desalojo
TELECINCO* : El Espacio Polivalente Autogestionado Patio Maravillas pide ayuda para evitar el desalojo. Este centro social ocupado en pleno barrio de Malasaña de Madrid lleva más de dos años ocupado y sobre él pende ahora una orden de desalojo. Aunque paralizada en febrero de este año, ahora el Tribunal Superior de Justicia ha desestimado el recurso presentado por el Patio y en el que 57 personas se autoinculpaban de ocupación.
El 30 de octubre terminaron de testificar ante el juez las 57 personas autoinculpadas en el proceso jurídico del Patio Maravillas. Pero, el mismo día, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimaba el recurso y reactivaba la amenaza de desalojo.
Hace dos años y medio, este antiguo colegio era ocupado por la iniciativa Rompamos el Silencio (ReS). Tras finalizar la Semana de Lucha Social que realiza este colectivo, el espacio fue gestionado por un grupo de personas que, dentro del proyecto, empezaron a realizar actividades como talleres, charlas, proyección de documentales y actividades alternativas abiertas al barrio.
En una página web creada para su defensa, el Patio invita a "las gentes de la ciudad, a los colectivos y movimientos sociales, a las AMPAS, asociaciones vecinales, colectivos de artistas, gays, heteros, lesbianas, migrantes, autóctonos, parados, amas de casa, estudiantes, científicos, poetas, conductores de autobús, precarios y precarias, gentes de Madrid, a que participe con el Patio de este proceso de resistencia". Para ello, piden que se propongan actividades, se les visite o se acuda a hablar con ellos.
El Patio alega que el propietario del edificio está imputado en "casos de corrupción urbanística". Un propietario que, aseguran, " lleva dos años y medio intentando que el Patio no exista para volver a especular con un edificio calificado como dotación social para el barrio y abandonado durante años". Al mismo tiempo, denuncian a "la clase política", más preocupada "por espiarse, pelearse por cuotas de poder y mirar para otro lado a los problemas de la ciudadanía y al terrible modelo urbanístico que han creado y que solo sirve a sus intereses particulares".
El colectivo okupa indica que "depende de nosotros y nosotras, de la sociedad civil madrileña, que impidamos el saqueo de lo común en nuestra ciudad. Que impidamos la impunidad de los especuladores. Que le demos la vuelta al modelo de ‘ciudad marca’ que nos han querido imponer a costa de deudas, paro y precariedad".
"Como tantas otras veces, quieren aislarnos para hacernos desaparecer, invisibilizarnos, negar nuestra existencia. Sin embargo, seguimos con vida. Seguimos respirando. Y así vamos a seguir", concluyen.
* Telecinco Informativos - 13.11.09
El Puerto: E.A. critica las propuestas de Urbanismo al Plan de Ordenación de la Bahía
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DIARIODECÁDIZ* : Ecologistas en Acción ha criticado que el Área de Urbanismo haya planteado a la empresa redactora del Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz y Jerez (POTBC) una serie de propuestas "que contradicen al PGOU aprobado provisionalmente hace menos de dos semanas".
Entre las propuestas se encuentra la creación de un polígono industrial en el entorno de Doña Blanca, el desarrollo de Las Beatillas y el rediseño del corredor verde para legalizar varios grupos de viviendas. Según el colectivo conservacionista, la edil de Urbanismo, Patricia Ybarra, "debe defender los intereses generales y no los particulares de determinados promotores o entidades financieras, y menos los de los constructores ilegales".
En este sentido, Ecologistas se pregunta en un comunicado "por qué no ha planteado al equipo redactor del POTBC que se incluya en esta norma urbanística ampliar las zonas forestales protegidas, que se constituya una red metropolitana de vías pecuarias y caminos públicos, que se conserve y ponga en valor el patrimonio arqueológico, que se restaure y adecue como parque metropolitano la Sierra de San Cristóbal, sus yacimientos arqueológicos y sus cuevas canteras… en vez de seguir con más de lo mismo, más construcción, más interceder por los ilegales, y menos defender los intereses generales de los portuenses".
Para Ecologistas, el polígono en Doña Blanca "no tiene sentido" ya que hay suelos industriales en el término municipal que siguen sin desarrollarse mientras que recuerda que el proyecto de Las Beatillas fue anulado por su impacto ambiental.
* Diario de Cádiz - 13.11.09
Foto: El Puerto de Santa María (Cádiz) - juntadeandalucia.es
Alicante pagará el nuevo estadio del Hércules con plusvalías urbanísticas
ELPAÍS* : El dueño del Hércules, el contratista Enrique Ortiz, arrancó ayer al Ayuntamiento de Alicante un compromiso institucional para asegurar a corto plazo la supervivencia económica del club de fútbol y relanzar, en el futuro, su impronta deportiva y social. El primer aspecto pasa por afrontar la deuda de la entidad con Hacienda y la Seguridad Social (un total de 14 millones de euros). Y el segundo, y de mayor calado económico, por la construcción de un nuevo estadio.
El acuerdo se alcanzó ayer en una reunión entre la alcaldesa Sonia Castedo, del PP, el contratista, y el portavoz del primer y único grupo de la oposición, Roque Moreno, del PSPV.
Tras la reunión impulsada por la alcaldesa de Alicante, los tres rezumaron optimismo, pese a la vaguedad del acuerdo global: la creación de una comisión municipal para estudiar una solución financiera para la construcción del nuevo estadio. En este terreno, no se fijó ninguna fórmula concreta. La alcaldesa subrayó que, inicialmente, caben todas las posibilidades: terrenos aledaños al estadio Rico Pérez hasta la compensación al empresario con una zona comercial. En cuanto a la deuda del Hércules, el Ayuntamiento se comprometió a mediar con las administraciones implicadas para alcanzar una fórmula de pago que evite la asfixia económica de la entidad.Por segunda vez en 15 años, el Ayuntamiento de Alicante se ha sentido en la obligación de salir en auxilio de la primera sociedad deportiva de la capital, el Hércules CF. La primera fue en 1994, cuando el consistorio, entonces presidido por el socialista Ángel Luna, adquirió el estadio Rico Pérez por 5,4 millones de euros. Con esa cifra el club saldó sus deudas con Hacienda y la Seguridad Social.
El estadio retornó en 2007 de nuevo al Hércules, más en concreto a la empresa Aligestión, máxima accionista de la sociedad deportiva, liderada por el contratista Enrique Ortiz, que llegó al club en 1999. La firma abonó al Ayuntamiento 7,8 millones de euros. El acuerdo incluía una cláusula que comprometía al dueño del Hércules a invertir 4,2 millones en la reforma del vetusto Rico Pérez. Ortiz anunció ayer que ejecutará la condición. "En un mes comenzará la reforma del Rico Pérez", señaló.
Dos años después de la recompra del estadio, el club, en claro ascenso deportivo y con aspiraciones de dar el salto a la anhelada Primera División, ha vuelto a la senda negativa en su cuadro económico. En la actualidad, acumula una deuda con el fisco y la Seguridad Social de 11 y 3 millones de euros, respectivamente. El promotor ha dejado entrever en las últimas semanas que dejaría la dirección del Hércules si no obtenía la colaboración del Ayuntamiento para garantizar su viabilidad económica y, especialmente, en la construcción del nuevo estadio.
La alcaldesa, Sonia Castedo, del PP, consciente del impacto del club en la sociedad, máxime en este dulce momento deportivo, ha recogido el guante. Castedo también se ha hecho eco de las demandas de la oposición del PSPV de participar en cualquier acuerdo con Ortiz.
Ayer se dio el primer paso para plasmar el segundo salvavidas que lanza el Ayuntamiento al Hércules. El consistorio mediará con las administraciones públicas para alcanzar una fórmula del pago de la deuda compatible con la continuidad del club. "No vamos a aportar nada, sólo a mediar", dijo Castedo.
Salvado este primer escollo, se abordó la segunda y más ambiciosa apuesta de la entidad, la "colaboración" del Ayuntamiento en el proyecto del promotor de dotar al Hércules de un nuevo estadio.
También aquí hubo acuerdo, aunque más difuso: la creación de una comisión municipal para estudiar las distintas alternativas. "No estamos cerrados a nada, y todo se hará con transparencia", dijo Castedo. "Me da igual si la operación se llama recalificación o aportación", apostilló Ortiz. Moreno se congratuló de que el proyecto que surja sea fruto del consenso.
El coste del futuro estadio no fue desvelado. Un proyecto presentado por Ortiz a los pocos meses de la recompra del Rico Pérez preveía un nuevo estadio por 65 millones. El plan se completaba con un hotel de 120 metros de altura y un área comercial. Tampoco esta opción está descartada, pese al rechazo inicial de los comerciantes. Lo único claro es que el nuevo estadio se levantará sobre los cimientos del actual. "No vamos a tirar el dinero", dijo Ortiz en alusión a los 4,2 millones que vale la reforma del Rico Pérez.
Idas y venidas de un campo de fútbol
- Primera intervención del Ayuntamiento: En 1994, el consistorio, presidido entonces por el socialista Ángel Luna, compró el Rico Pérez por 5,4 millones de euros. El club eludió la desaparición.
- Desembarco de Ortiz: En 1999, Enrique Ortiz llega al Hércules. En 2007 formaliza con el entonces alcalde, Luis Díaz Alperi, del PP, la recompra del estadio por 7,8 millones y el compromiso de invertir 4,2 millones en su reforma.
- Proyecto de nuevo campo: Tras recomprar el estadio, Ortiz presentó un proyecto para su reforma que incluía una zona comercial y un hotel en altura de 120 metros.
- Segunda Intervención pública: El Ayuntamiento colaborará con el Hércules en el pago de la deuda y en la construcción del nuevo estadio, sobre los cimientos del actual.
* ELPAIS.com - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 13/11/2009
Foto: Alicante, estadio Rico Pérez - urbanity
Caso Calero: Las primeras 48 horas de investigación se salda con la imputación de 12 personas en Telde
TELDEACTUALIDAD* : Las primeras 48 horas del caso se saldan con un total de 12 personas imputadas, La mayoría funcionarios municipales. Cinco de ellos fueron llevados a la Jefatura Superior de Policía el martes y puestos en libertad a lo largo de las últimas 48 horas, salvo el ex responsable de Urbanismo José Luis Mena, que al cierre de esta edición aún prestaba declaración ante la policía.
La Operación Calero lleva 12 imputados, entre ellos el ex alcalde, Francisco Valido. El empresario Félix Machín, su trabajador, Ignacio Calandria, y su hermano Adolfo, el ex registrador de la propiedad de Telde, salieron libres entre la tarde y la noche del martes.
Ayer fue declarando el resto de detenidos. Conforme lo hacían, salían libres. Álvarez no quiso hablar. Por la mañana declararon el ex secretario municipal, jubilado, Jorge Lang-Lenton, al que se imputan falsificación y prevaricación; y el funcionario Diego López, que hizo de secretario en parte del papeleo.El caso lo instruye el Juzgado número 1 de Telde, que citará a los imputados estos días.
Francisco Valido. Alcalde de Telde en el periodo 2004-2005 en el que se sitúan los hechos de El Calero. Tras prestar declaración y señalar a Guillermo Reyes como responsable, quedó en libertad el martes con el cargo de prevaricación.
José Luis Mena. Jefe del Servicio de Urbanismo en la época citada. Está directamente relacionado con el expediente de reparcelación y otras decisiones posteriores sobre El Calero. Imputado por prevaricación y tráfico de influencias.
Jorge Lang-Lenton. Secretario municipal. Encargado de controlar la legalidad del expediente de reparcelación de los terrenos, participó en la comisión que aprobó la reparcelación. Se lo acusa de prevaricación y falsedad documental.
Pedro Pablo Santana. ‘Mano derecha’ de José Luis Mena en la Concejalía de Urbanismo, de la que era funcionario. Prestará declaración el próximo viernes y está imputado por prevaricación y tráfico de influencias.
Diego López. Secretario accidental del Ayuntamiento de Telde. Se le relaciona con informes relacionados con las licencias de demolición, construcción y urbanización de la parcela. Estas licencias no llegaron a concederse.
Félix Machín. Es el empresario que compró la parcela de El Calero, en la que tenía previsto construir una promoción de 78 viviendas. Se le imputa un presunto delito de tráfico de influencias, tras lo que presuntamente consiguió la reparcelación.
Ignacio Calandria. Es empleado de la constructora de Félix Machín y hermano del registrador de la propiedad Adolfo Calandria. Está imputado por un delito de tráfico de influencias, al igual que el dueño de la empresa de construcción.
Miguel Á. Martín. Abogado del Ayuntamiento en el momento de los hechos. La investigación lo relaciona con la elaboración de informes técnico-jurídicos favorables al expediente de El Calero.
Jesús Álvarez. Redactor del PGO. Se le acusa de firmar informes sin ser funcionario y está imputado por tráfico de influencias, inducción a la prevaricación y suplantación de funciones.
Emilio Hernández. Funcionario de Urbanismo. La investigación lo relaciona con informes técnicos de la demolición, construcción y urbanización del solar de El Calero Alto.
Fermín Peñate. Otro empleado de Urbanismo. La función que ejerce como topógrafo dentro de aquel departamento explicaría su convocatoria. Ayer se pospuso su declaración para el viernes.
Adolfo Calandria. Registrador de la Propiedad en Telde en el momento en el que se procedió a la inscripción de los terrenos. También se encuentra imputado.
Fuente: La Provincia y Canarias7.
* Telde Actualidad - 12.11.09
Foto: Sede de la Jefatura Superior de Policía - TELDEACTUALIDAD
Mallorca: 30 entidades presentarán mociones para que se retire el Plan de Carreteras
DIARIODEMALLORCA : La Asamblea de colectivos contra el Plan de Carreteras, que está formada por una treintena de entidades como el GOB o Unió de Pagesos, anunció hoy la intensificación de su campaña contra éste y avanzó que presentarán mociones en los ayuntamientos de la isla para que pidan al Consell de Mallorca su retirada.
Asimismo, desarrollarán varias iniciativas a través de internet, una de ellas de alcance internacional, para que todos los ciudadanos que lo deseen se sumen a ellas enviándole una misiva a las autoridades expresando la necesidad de plantear nuevas actuaciones a través de una "política integral de movilidad".
Tras registrar la moción en el Ayuntamiento de Palma, y antes de conocer que PSIB, UM y Bloc habían llegado a un "preacuerdo" para aprobar el Plan de Carreteras de Mallorca tras suprimir el 3º Cinturón, la portavoz del GOB, Margalida Ramis, no descartó llevar a cabo movilizaciones próximamente para demostrar el malestar de la sociedad ante la normativa, puesto que hay un "margen de actuación corto" ya que se espera que éste sea aprobado en el pleno de la institución insular del próximo mes de diciembre.
Asimismo, consideró que si hay que resolver de forma inminente el problema de los accesos al hospital de Son Espases, se tendría que hacer una modificación puntual del Plan de Carreteras actual que desbloquee la ejecución de la denominada vía conectora de Palma y que en 2010 se presente a aprobación inicial un Plan de Carreteras alternativo, hecho "desde la consideración de la movilidad" y desde unos criterios "racionales" desde el punto de vista territorial.
Por otra parte, la Asamblea desarrollará una campaña local, a través de la página web del GOB, donde están detalladas las consecuencias del Plan y, además, los internautas tendrán la posibilidad de enviar una carta a personalidades como el presidente del Govern, Francesc Antich, la presidenta del Consell, Francina Armengol, o el conseller insular de Obras Públicas, Antoni Pascual.
INICIATIVA INTERNACIONAL PARA ALERTAR DE LOS EFECTOS
La iniciativa internacional se llevará a cabo debido a las consecuencias que la Asamblea cree que tendrá el Plan en la afectación a espacios naturales de Baleares y, consecuentemente, en el turismo.
Asimismo, los 30 colectivos realizarán diferentes charlas en pueblos y diferentes entidades para informar de las consecuencias que tendría la aprobación del Plan. Según la Asamblea, algunas de ellas son el favorecimiento del crecimiento, la especulación urbanística y el transporte privado, se olvida el "reto del cambio climático".
Además, provocará, según opinó, impactos sociales "espectaculares", un coste económico "astronómico", una reducción de la permeabilidad del territorio y consecuencias para el patrimonio como es la destrucción de gran cantidad de elementos arquitectónicos.
PSIB, UM y Bloc alcanzaron hoy un "preacuerdo global" para aprobar el Plan de Carreteras, tras suprimir el Tercer Cinturón de Palma, eliminar todos los proyectos de autovías y autopistas y "suavizar" el impacto de los acondicionamiento de carreteras de la Red Secundaria "atendiendo a criterios paisajísticos elaborados por el Departamento de Territorio y reduciendo la velocidad máxima".
Según explicó la portavoz del Bloc, Joana Lluïsa Mascaró, quedan algunos "flecos" como la variante de Sineu y el desdoblamiento de la carretera Manacor-Sant Llorenç, si bien remarcó que ello no impedirá que el Plan de Carreteras "se pueda tramitar y aprobar sin problemas".
Asimismo, Mascaró indicó que el preacuerdo contempla la eliminación de las variantes "conflictivas" de Felanitx, Santa Margalida, norte y sur de Bunyola, la ronda Sa Ràpita-s'Estanyol y la carretera interior de la Bahía de Alcúdia, mientras que señaló que la autopista prevista entre Llucmajor-Campos pasará a ser un desdoblamiento a partir de 2017 "en función de las necesidades del tráfico y de la siniestralidad que pueda haber".
* Diario de Mallorca - EUROPA PRESS - 12.11.09
Foto: diariodemallorca.es
No debemos resignarnos a la corrupción
JESÚS LIZCANO, ANTONIO GARRIGUES WALKER, JESÚS SÁNCHEZ LAMBÁS Y MANUEL VILLORIA* : La corrupción es como un cáncer que avanza imparable si no se toman medidas para detenerlo. Las redes de corrupción se expanden y van controlando empresas, municipios, Comunidades Autónomas y hasta unidades esenciales del Estado si los partidos, los Gobiernos y la sociedad no se alían para detener esta enfermedad social. La causa de la expansión es que, si se percibe la impunidad, resulta racionalmente rentable arriesgarse a ganar mucho dinero, robando a una colectividad difusa, sin peligro de ir a la cárcel por ello. Es obvio que personas con principios éticos sólidos no aceptarán este intercambio, pero, por desgracia, la solidez de los principios no está garantizada entre nuestra clase política.
Lo cual no quiere decir que todos los políticos sean corruptos. En todo caso, cuanto más se expande la corrupción más difícil es mantenerse ajeno a su tentadora llamada. En España, la corrupción, que era una enfermedad de la que creíamos haber salido, se ha ido extendiendo de nuevo. Poco a poco, redes corruptas han ido generando una tupida serie de intercambios deshonestos que, al final, han puesto en peligro la legitimidad de nuestra clase política y de nuestras instituciones.
Para algunos políticos irresponsables esto es la consecuencia del crecimiento, como si la corrupción fuera un peaje a pagar por una economía desarrollada. Nada más lejos de la realidad, las economías más sólidas, los países con mayor índice de desarrollo humano son países bastante honestos. La corrupción, como nos demuestran sólidos estudios del Banco Mundial, aleja la inversión, genera gastos innecesarios y reduce los ingresos públicos. Un país con alta corrupción elabora políticas para beneficio de unos pocos, no de la sociedad en su conjunto; un país con alta corrupción genera infraestructuras deficientes, regula mal los servicios públicos privatizados, y obliga a los empresarios honestos a esfuerzos sobrehumanos para sostener sus empresas. La corrupción produce un deterioro en el funcionamiento de la justicia, daña el Estado de derecho y genera profundas desigualdades sociales.
Para explicarse la situación actual en nuestro país sería bueno que considerásemos tres variables, que no son las únicas, pero sí son importantes. En primer lugar, un clientelismo y una falta de transparencia en las instituciones públicas. En España, la opacidad con la que actúan los Gobiernos es casi propia de países con democracias fallidas. Además, el clientelismo, sobre todo en el nivel local y en la administración instrumental de todos los niveles de gobierno (empresas públicas, fundaciones, gerencias, etc.), es muy elevado. Nuestros municipios y empresas públicas están plagados de empleados públicos que están allí por ser del partido o amigos de la persona oportuna. Empleados públicos que entraron de forma provisional y se quedaron allí de por vida, que carecen de valores de servicio público y que nunca se jugarán su puesto por defender el interés general. Es incomprensible el uso y abuso de la libre designación en la provisión de puestos en nuestras Administraciones. También es incomprensible que, salvo pequeñas excepciones, no existan mecanismos mínimamente rigurosos de evaluación del desempeño de nuestros empleados públicos. Como consecuencia, la carrera está demasiadas veces vinculada a las fidelidades personales y no a la valía y profesionalidad.
En segundo lugar, los mecanismos de control sobre la actividad de los partidos políticos y sobre su financiación son manifiestamente mejorables, como ya advirtió hace tiempo el propio Tribunal de Cuentas. Los españoles financiamos generosamente a los partidos, que cada vez ingresan más de los presupuestos públicos del Estado, de las CC AA y de los municipios; sin embargo, las cuentas que nos ofrecen son opacas, dejan fuera a sus empresas y fundaciones, no incorporan la contabilidad desagregada al nivel local y, desde luego, no explican las razones de las condonaciones de sus deudas. Eso lo saben sus dirigentes y lo sabemos muchos más. Si incumplen no hay sanciones, no hay responsabilidad penal de la persona jurídica, no devuelven el dinero público recibido.
En tercer lugar, en España tenemos demasiadas normas innecesarias, sin embargo, muchas leyes necesarias no existen, y cuando existen no se cumplen y no ocurre nada. Las leyes de incompatibilidades son sistemáticamente violadas; en numerosas CC AA no se regulan los conflictos de interés; se crean empresas mixtas público-privadas para otorgar contratos sin concurrencia a las empresas que se unen a la pública, y tiene que ser la Unión Europea la que nos lleve ante el Tribunal de Justicia Europeo. En fin, parece que no nos tomamos muy en serio la prevención y la lucha contra la corrupción y así nos va.
Sin embargo, desde Transparencia Internacional creemos que no debemos resignarnos, que es posible luchar contra la corrupción y ganarle la batalla. Para ello, es ineludible que los partidos políticos y la propia sociedad nos tomemos el problema en serio y propugnemos mejores medidas y controles. En ese afán de contribuir a la movilización contra esta enfermedad social, proponemos:
1. Un reforzamiento de los mecanismos preventivos. Por ejemplo, realizar análisis de riesgos en todas las Administraciones para detectar peligros y anticiparse a ellos; formación mayor en ética, aplicar rigurosamente las normas sobre conflictos de interés, etc...
2. Un reforzamiento de los mecanismos de mérito e igualdad en el acceso y carrera dentro de la Administración y una evaluación objetiva del rendimiento de nuestras Administraciones y empleados públicos.
3. Una mejora de los mecanismos de transparencia en la Administración; tenemos muchos Gobiernos opacos que no rinden cuentas a la ciudadanía. Es urgente una Ley de Transparencia y Acceso a la información, como tienen casi todos los países europeos.
4. Una simplificación de las normas y procedimientos, permitiendo a los ciudadanos resolver sus asuntos con la Administración de forma más ágil: muchas licencias y permisos podrían concederse on line.
5. Hay que modernizar y agilizar una justicia decimonónica y adaptar el Código Penal a las nuevas realidades de la delincuencia económica y la corrupción. Nuevos tipos penales deben ser generados para luchar contra la corrupción, es necesario introducir la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
6. Una mejora de la Ley de Financiación de los partidos, para prohibir las donaciones de inmuebles, así como la condonación de deudas, etc. Sobre todo, es necesario que se exija más transparencia a los partidos, que se incorporen los datos de sus fundaciones y empresas al sistema de control, y que se refuerce el papel del Tribunal de Cuentas.
7. Una preocupación mayor por dar formación e información a la ciudadanía sobre los enormes daños que causa a un país la corrupción. Deberíamos incorporar a la educación reglada un análisis de la corrupción y sus efectos. La sociedad civil debe implicarse en la lucha contra la corrupción, liderada probablemente por los medios de comunicación.
8. Una mejora de los mecanismos de denuncia de la corrupción con protección a los denunciantes. Quien denuncia con fundamento la corrupción no es un chivato, es una persona que actúa con lealtad institucional y social, y que merece nuestro agradecimiento.
9. Un reforzamiento de los mecanismos que permitan recuperar el dinero robado y dificultar el blanqueo del mismo.
10. Una demostración por parte de los partidos políticos de que están verdaderamente dispuestos a combatir la corrupción, para lo cual deberían concertar un Pacto de Estado contra la corrupción, con medidas concretas para su implantación, y facilitando a la sociedad el control efectivo de su cumplimiento.
Finalmente, creemos que resulta insostenible para nuestra economía y nuestra democracia la situación actual, de ahí la llamada que hacemos a una respuesta contundente y efectiva de la sociedad civil contra la corrupción, una sociedad que no puede resignarse a esta degradación moral y que debe exigir urgentemente de nuestros representantes una respuesta consensuada y efectiva contra esta lacra social.
* Jesús Lizcano Álvarez, Antonio Garrigues Walker, Jesús Sánchez Lambás y Manuel Villoria Mendieta integran el comité de dirección de Transparencia Internacional España.
* ELPAIS.com- Opinión - 11.11.09
Lorca: Urbanismo legaliza la edificación sin licencia que un juez ordenó demoler
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LAVERDAD/Murcia: La Gerencia de Urbanismo ha concedido «licencia de obras y subsiguiente regularización administrativa y terminación de obras» a la edificación ejecutada sin licencia por la que un juez condenó al Ayuntamiento por no haberla demolido.
El acuerdo se tomó en la sesión que el consejo de gerencia celebró el pasado martes con los votos favorables de todos sus miembros, a excepción de uno, el del concejal de Izquierda Unida, José García Murcia, quien mostró su preocupación «porque se concediese licencia a una edificación que un juez obligaba a demoler mediante sentencia, ratificada por el TSJ».
El juez Indalecio Cassinello Gómez Pardo, magistrado del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 4 de Murcia, dictó sentencia firme el 26 de febrero de 2007, que fue confirmada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia el día 21 de noviembre de 2008. A pesar de ello, aún no se ha procedido a la «ejecución subsidiaria con cargo a los obligados», según reza en el texto del juzgado.
El pasado día 22 de octubre el magistrado daba un plazo de 15 días para derribar la construcción y advertía en el fallo que podría exigir responsabilidades penales si no se ejecuta la sentencia. Hace unos días, «se demolió por parte de la propiedad parte de la construcción, la ejecutada sobre lindero y que afectaba a una servidumbre de paso», según aseguraron ayer tarde fuentes municipales. Tras ello, admiten las mismas fuentes, el dueño de la propiedad habría solicitado «licencia de obras», algo que según el Ayuntamiento «no se le puede negar, ya que los informes de los técnicos se ajustan a la normativa, al haber demolido la parte construida sobre la propiedad vecinal».
Preguntado si se iba a cumplir la sentencia que obliga a la demolición de la construcción, el Consistorio señaló que «si no hay novedad por parte del juez se echará abajo en el plazo previsto». Y agregó que «la vía administrativa no interfiere a la judicial. En todo momento acatamos las sentencias judiciales, pero si no le hubiésemos concedico la licencia de obras estaríamos prevaricando». El denunciante solicitará que se aperture la vía penal si el martes no se ha cumplido la sentencia.
* La Verdad - 12.11.09 -
P. W. R. | LORCA
Foto: Lorca (Murcia), vista término - laverdad.es
El gobierno de CiU de Roda de Barà dio solares por 4,6 millones de forma irregular
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ELPAÍS/Tarragona* : Roda de Barà no sólo está en números rojos por la crisis inmobiliaria, que ha asfixiado las arcas del municipio. También por los excesos cometidos a base de irregularidades. Entre 2004 y 2007, bajo el mandato de CiU, se adjudicaron solares y contratos por 4,6 millones de euros, según una auditoría externa encargada por el Ayuntamiento.
El rastreo de las cuentas de 2008, que recogen adjudicaciones desde 2004, arroja prácticas anómalas, contratos nulos, obras encargadas sin que hubiera proyecto e invitaciones formales a empresas de concejales para que participaran en los concursos públicos. El actual gobierno, encabezado por la socialista Mayte Huerta, estudia llevar estas irregularidades al juez.
El informe elaborado por Faura-Casas, al que ha tenido acceso este diario, examina cuatro paquetes de adjudicaciones realizadas entre 2004 y 2007. En todos hay irregularidades, algunas de las cuales suponen que los contratos puedan considerarse "nulos de pleno derecho". El primer bloque consta de 16 terrenos que salieron a subasta en 2004 y que sumaban 1,94 millones. Para empezar, la voluminosa cantidad a la que ascendía el concurso requería la autorización previa del Gobierno catalán, un trámite que se omitió.
La auditoría señala que una misma persona se presentó a través de dos sociedades diferentes con ofertas distintas, por lo que jugaba con ventaja respecto a las otras dos empresas que pujaron por los terrenos. Pero, además, estas dos sociedades, que se llevaron 12 de los 16 solares, no estaban inscritas en la Tesorería General de la Seguridad Social. Por último, otra de las ajudicaciones debe considerarse, según la auditoría, "nula de pleno derecho" porque la empresa en la que recayó el terreno no se había presentado a la subasta.
El segundo paquete, de 2005, ascendía a 1,96 millones. En este caso, los auditores han hallado un documento según el cual el Ayuntamiento encabezado por Pere Compte (CiU) cursó una "invitación formal" a 19 empresas para que participaran en la subasta. Una de ellas era Consbarà, cuyo administrador era el concejal de Urbanismo de entonces, Pere Virgili. Otra sociedad era Construcciones Donoso, propiedad del regidor de Hacienda, José Donoso. Ninguna de ellas ganó la puja.
En 2006 se preparó la subasta de otro conjunto de solares, valorado en 895.770 euros. Los auditores han hallado en este lote una entrega irregular de un terreno valorado en 149.600 euros. La empresa Naxos no estaba inscrita en la Seguridad Social. Según los auditores, la inmobiliaria renunció al solar, aunque nunca lo hizo formalmente y ahora el Ayuntamiento tiene los derechos de cobro de esa cantidad.
El último expediente examinado por los auditores corresponde a otro paquete de solares valorado en 1,77 millones. Al concurso no se presentó nadie, por lo que el alcalde los adjudicó directamente a Nou Mil·lenni Roda, que luego solicitó escriturar un terreno de 540.000 euros (el más caro) a nombre de otra empresa. Los aditores son claros: la operación es "nula de pleno derecho".
* ELPAIS.com - LLUÍS PELLICER - Barcelona - 12/11/2009
Foto: Urbanización El Francaset, en Roda de Barà.- JOSEP LLUÍS SELLART, elpais.com
Palma: Munar otorgó ante notario la escritura del 'pelotazo' de Can Domenge
ELMUNDO* : Maria Antònia Munar otorgó ante notario en representación del Consell de Mallorca la escritura de compraventa del solar de Can Domenge. Lo hizo el 19 de julio de 2006 en la Notaría palmesana de Catalina Nadal Reus con el número de protocolo 1.803. A la hora de materializar la venta a mitad de precio de la parcela pública de 52.000 metros cuadrados situada entre el Camí de Jesús y la calle General Riera de Palma fue ella y no ninguno de sus técnicos o subordinados quien acabó haciendo efectivo el pelotazo urbanístico de 30 millones de euros.
Y es que en estos momentos la actual presidenta del Parlament balear prepara una estrategia de defensa encaminada a sostener el próximo lunes en calidad de imputada ante la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia que los responsables de la operación que se saldó con la venta por 30 millones de euros de un solar que valía el doble, fueron sus consellers de Unió Mallorquina (UM) y los funcionarios que tramitaron el expediente de contratación así como recalcar que la operación acabó siendo votada en el Pleno de la institución.
No obstante, su participación personal en la escritura de compraventa pulveriza su nuevo intento por diluir su responsabilidad en este escándalo. Máxime cuando el catedrático de Derecho Civil Miguel Coca Payeras no sólo recalcó en el informe que elaboró hace varios meses a petición del Consell de Mallorca sobre el caso Can Domenge la intervención de Munar en la escritura definitiva, sino que concluyó que dicho otorgamiento es ilegal.
Y es que aquel acto protagonizado por la presidenta de honor de UM, "revela que quien compró las dos fincas registrales no fue la Unión Temporal de Empresas (UTE) adjudicataria Construcciones Pedro Ferrá Tur, S.A.-Sacresa Terrenos Promoción, S.L., sino que la primera compró una cuota indivisa del 5% sobre cada uno de los dos inmuebles, y la segunda sociedad adquirió la restante cuota indivisa del 95%".
* El Mundo - Esteban Urreiztieta | Eduardo Colom - 12.11.09
Foto: Palma, Can Domenge - concatel
Badajoz: El Supremo obliga a cumplir la sentencia de Biblioteconomía
LACRÓNICADEBADAJOZ* : La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Sección Quinta del Tribunal Supremo (TS) ha dictado una sentencia que atiende el recurso que presentó la Asociación Amigos de Badajoz contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), de abril del año pasado. Ese fallo paralizó la ejecución de otra sentencia dictada en el 2003, que consideró ilegal la actuación desarrollada en el antiguo Hospital Militar, en el interior de la Alcazaba, para la construcción de la Facultad de Biblioteconomía.
Esa sentencia la corroboró el TS en el 2006 y la mandó ejecutar el propio TSJEx un año más tarde.
El alto tribunal estima que "ha lugar el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Asociación Amigos de Badajoz, contra el auto del 10 de abril del 2008, dictado por la sala de lo Contencioso Administrativo (SEcción Primera) del TSJEx".
NO IMPOSIBILIDAD Asimismo, indica el fallo que "no concurre imposibilidad legal de ejecutar la sentencia de 24 de febrero del 2003". Deja, por tanto, claro en su último fundamento jurídico que "se ha aprobado la variación del plan --Plan General Municipal (PGM)-- con el objeto de impedir que la sentencia se cumpliera en sus propios términos".
Y añade "el citado plan se concreta cuando ya se ha dictado la sentencia que se pretende ejecutar, que, recordemos, es del 24 de febrero del 2003, lo que pone de manifiesto que la secuencia de los hechos avala que la modificación del planeamiento tenía por finalidad esquivar el cumplimiento de la sentencia".
El TS indica en otra parte del texto judicial: "Repárese que en la ejecución de la sentencia se encuentra presente un interés público esencial, No estamos ante el mero interés particular de una asociación para que se ejecute un pronunciamiento judicial, sino que se trata de evitar que se comprometa la tutela judicial del artículo 24.1 de la Constitución española, que abarca la ejecución de lo juzgado en relación con el artículo 117.3 del mismo texto, como sustento básico de nuestro Estado de derecho".
NO BURLAR EL FALLO Por otro lado, el tribunal añade que conviene recordar "que el ejercicio de las potestades administrativas en el orden urbanístico ha de responder a las exigencias propias del interés general, entre las que no se encuentra desde luego burlar lo acordado en sentencia judicial firme".
El caso de Biblioteconomía comenzó en el año 2000, con una serie de denuncias públicas y por la vía judicial, que concluyeron con la citada sentencia del 24 de febrero del 2003, posteriormente recurrida por el ayuntamiento, y más tarde por la mencionada asociación, que reconoció haberse equivocado al no oponerse al proyecto en la Comisión de Patrimonio a la que asistió y en la que se aprobó el proyecto.
La directiva de Amigos de Badajoz asistió a una reunión la tarde de ayer en el ayuntamiento, donde se puso de manifiesto que éste acata la sentencia y que ordenará a los técnicos municipales que elabore un proyecto técnico para ver cómo se procede al derribo y qué parte del edificio no se ajusta a la legalidad, así como las actuaciones que habrá que realizar para dejar el inmueble en uso. Actualmente, el edificio alberga la Facultad de Biblioteconomía.
Amigos de Badajoz se mostró ayer satisfecha con el fallo del TS, "por demostrarse que el colectivo tenía razón desde que en el 2000 intentamos, durante seis meses, que se reformase el proyecto de construcción de un edificio de hormigón blanco que impactaba de forma incontestable en una Alcazaba del siglo XII, sin que nadie hiciera caso".
SATISFACCION Y TRISTEZA El colectivo no oculta, por otra parte, "la tristeza, como ciudadanos, al ver cómo se ha malgastado el dinero público del bolsillo de todos los extremeños en una obra construida por la junta de Extremadura, que era una barbaridad, que resulta ser ilegal y que ahora habrá que reformar, una vez más con el dinero de todos mientras los políticos que decidieron en su momento, eluden sus responsabilidades".
Amigos de Badajoz pide que no se demonice a la asociación por denunciar "una ilegalidad y por intentar que el patrimonio no siga siendo atropellado con cualquier excusa". Y que esto sirva "para que comprobemos que la ley está hecha para todos, ciudadanos y administraciones, siendo éstas las que deben dar ejemplo de su cumplimiento".
* La Crónica de Badajoz - 12/11/2009 F. LEÓN
Foto: El cubo de Biblioteconomía junto a la Torre de Espantaperros. - lacronicabadajoz.com
La Guardia Civil cita a otros dos imputados por el ‘caso Pretoria’
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ELPERIÓDICO/Barcelona* : Un exedil del PSC de Llavaneres y un técnico del Govern de CiU deberán declarar. La Guardia Civil ha citado a declarar esta semana a otros dos imputados del caso Pretoria, por el que ya están en prisión el exalcalde socialista de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Múñoz, y los exaltos cargos del Govern de Jordi Pujol Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, entre otros.
Uno de los dos nuevos investigados en esta presunta trama de corrupción urbanística, tráfico de influencias y blanqueo de capitales es el exconcejal socialista de Sant Andreu de Llavaneres Antonio Jiménez Gómez, que fue teniente de alcalde de Urbanismo cuando Víctor Ros (PP) era alcalde del municipio. El otro es Genís Carbó, excoordinador del Plan Territorial Metropolitano de Barcelona en el 2002 en la Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques, en el último Govern de Jordi Pujol. De momento, Carbó ya ha acudido a declarar a las dependencias de la comandancia de la Guardia Civil en Sant Andreu de la Barca. Y ayer mismo el ayuntamiento de Mataró solicitó que renuncie al cargo de asesor urbanístico que ocupa actualmente en este consistorio.
A pesar de que Carbó declaró en calidad de imputado ante los agentes, a fecha de hoy ninguno de estos dos excargos públicos ha sido imputado todavía por el juez Garzón, quien en los próximos días decidirá sobre la situación procesal de cada uno. Eso sí, ante la Guardia Civil acuden como imputados para poder declarar acompañados de un abogado. Fuentes judiciales daban por hecho anoche que Garzón no solo imputará en los próximos días a Jiménez y a Carbó, sino que citará también al exalcalde de Sant Andreu de Llavaneres y exdiputado autonómico Víctor Ros (PP) –a quién Garzón no menciona en el auto–, al consejero delegado de la empresa pública Marina Badalona, Juan Felipe Ruiz Sabido, y a otras personas sin cargos públicos, presuntamente implicadas.
Carbó y Jiménez aparecen vinculados con el pelotazo de Sant Andreu de Llavaneres, al que Garzón denomina operación Niesma. Del primero se afirma en el auto que su sociedad GCB cobró 244.011 euros. Los investigadores atribuyen a Jiménez la función de «lugarteniente» de Luis García, cerebro de la trama .
RENUNCIA / El exalcalde de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz y el exteniente de alcalde de Urbanismo Manuel Dobarco firmaron ayer en la cárcel de Soto del Real su renuncia al acta de concejales, lo que facilitará su relevo en el consistorio. En la pugna por suceder a Muñoz, ha quedado en las últimas horas prácticamente descartada la opción del presidente de la Diputación de Barcelona, Antoni Fogué, .
* El Periódico - MAYKA NAVARRO - 12.11.09
Foto: Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) - serramena.info
Viviendas vacías para el alquiler social universal
VDEVIVIENDA* : Existen soluciones para el problema de la vivienda, para alcanzarlas no se pueden seguir haciendo las mismas cosas que lo han causado. Desde VdeVivienda exigimos que se acabe con la vergüenza de las viviendas vacías, más de 4 millones en España, y que se les dé un uso social; Que se deje de dar dinero público a las constructoras, inmobiliarias, etc, ni con el ICO ni promocionando VPO; Que no se condene a los hipotecados a la miseria cuando el banco subaste su casa y les requise la nómina para pagar el resto de la deuda; Que no sea delito usar casas abandonadas para sobrevivir o para abrir espacios sociales.
Porque ya estés sin casa o en la de tus padres, o hipotecado con el agua al cuello, o conviviendo con alguien a la fuerza, vengas de otro país y no puedas ni trabajar ni vivir, nuestro problema es el mismo, en este país unos pocos se han enriquecido muchísimo a costa de hacer la vida imposible a los trabajadores, impidiéndonos acceso a la vivienda o endeudándonos de por vida para acceder a una.
VIVIENDAS VACÍAS PARA EL ALQUILER SOCIAL UNIVERSAL
¿Qué es una vivienda vacía?
Las viviendas no ocupadas que se encuentren en zonas en las que existe necesidad de vivienda a las que su propietario no da uso durante al menos un año. Por ello, proponemos elaborar un censo de personas con necesidad de vivienda para optar a habitar estos pisos desocupados con un alquiler social
¿Qué es el uso social de una vivienda?
Uso social es la puesta a disposición de una vivienda vacía a favor de la persona o familia que no tenga este derecho básico cubierto, que tendrá que pagar únicamente los gastos de mantenimiento y conservación del inmueble, gastos a los que se limitaba la renta del alquiler en su origen.
¿Qué es una expropiación por uso?
El uso social no es una expropiación de la propiedad de la vivienda, sino que se trata de una limitación del derecho de uso durante un periodo determinado de tiempo durante el cual la vivienda será habitada por una persona o familia que haya acreditado su necesidad de vivienda.
Transcurridos dicho periodo el propietario podrá recuperar el uso de la vivienda siempre que se comprometa a ocuparlo y lo acredite posteriormente.
¿Qué viviendas formarán el Parque Público?
El Parque Público lo formarán principalmente las viviendas en propiedad de los grandes especuladores: bancos, cajas de ahorro, inmobiliarias, constructoras, etc.
Estas empresas privadas son los mayores propietarios de viviendas vacías, que han fomentado durante los años la burbuja inmobiliaria y la circulación de grandes cantidades de ‘dinero negro’ que habitualmente se “lavaba” con la compra especulativa de inmuebles.
¿Qué beneficios tiene el alquiler social universal?
El primero de ellos y más importante es que garantizará el acceso a una vivienda digna en condiciones justas a la población actualmente excluida. La vivienda pasará a ser un derecho y no un privilegio de los más favorecidos.
Disminuiría de manera notable el número de viviendas construidas por lo que acabaría con la destrucción ambiental que el crecimiento urbanístico ha ocasionado en los últimos años.
El alquiler no supone una carga para la administración pública, ya que el demandante de vivienda será quien sufrague los gastos mínimos para mantener la vivienda en buenas condiciones.
El alquiler social universal eliminaría el lucro de los banqueros que se han hecho ricos cobrando intereses abusivos a los millones de hipotecados, así como el endeudamiento de la población.
Por otro lado la eliminación de ayudas fiscales y subvenciones a la adquisición de vivienda y la financiación pública a su construcción, permitirá destinar este dinero a otros fines más justos que reviertan en beneficio de la sociedad y no en el de los especuladores, así como la inversión en servicios públicos.
Permite la elección del lugar de residencia evitando el traslado forzoso hacia barrios o poblaciones alejadas del entorno social o del centro de trabajo en busca de una vivienda asequible, al que en la actualidad obliga a presión especulativa.
Alquiler Social Universal frente a Vivienda Protegida
El sistema de vivienda protegida lleva funcionando décadas en España desde que fue implantado por el franquismo sin que haya solucionado el problema del acceso a la vivienda.
El eje del sistema de vivienda protegida de promoción privada es la concesión de ayudas públicas para la financiación de la adquisición y subvenciones, a cambio de limitar el precio de venta de la vivienda durante unos años. Pero las ayudas acaban en el bolsillo del constructor o gestor, que ponen en práctica innumerables abusos para incrementar el precio de las viviendas muy por encima de su coste, e incluso del precio legal. Precisamente la subida del límite máximo del precio de venta de este tipo de vivienda en los últimos años la ha hecho inaccesible para buena parte de la población, por lo que mientras que en su origen la vivienda protegida estaba destinada a las rentas más bajas, ahora sólo pueden acceder a ella rentas medias-altas.
Tampoco la vivienda protegida de promoción pública es una solución al problema, puesto que además de haberse equiparado su precio a la de promoción privada, excluyendo por lo tanto a las rentas medias-bajas, no se adjudican a todos los demandantes de vivienda sino a una muy pequeña parte por sorteo.
Además la vivienda protegida pasa a al mercado libre en unos años, integrándose en la burbuja inmobiliaria.
Por lo tanto en el futuro la vivienda protegida de promoción privada debe desaparecer, mientras que la de promoción pública debe dar paso a un parque de viviendas de titularidad pública que serán destinadas en su integridad al alquiler social universal.
¿Hipoteca basura o hipoteca usura?
La legislación hipotecaria debe modificarse para que la subasta de la vivienda suponga la cancelación de la deuda pendiente de abonar al banco, de forma que sean las entidades prestamistas quienes asuman las consecuencias de la crisis que han generado concediendo préstamos basados en tasaciones fraudulentas y prácticas abusivas para obtener el máximo beneficio posible. La política de préstamos hipotecarios es pieza clave sin la cual no se hubiese producido la burbuja inmobiliaria y los hipotecados no deben pagar sus consecuencias.
¿Privatizar ganancias y socializar pérdidas?
Hace ya meses que venimos asistiendo a la inyección de dinero público a constructuras, promotoras, inmobiliarias y por supuesto, a los bancos, nuevas formas de dar dinero público a empresas empeorando el problema de acceso a la vivienda. Por eso exigimos que ni un euro público
¿Por qué hay que despenalizar la okupación?
La okupación de viviendas vacías no genera ningún daño a la sociedad, al revés, es la existencia de viviendas vacías la que ha provocado una enorme injusticia social, debiéndose en todo caso considerar delincuentes a los grandes acaparadores de vivienda vacía con fines especulativos.
La okupación de viviendas está considerada delito por nuestra legislación, criminalización que supone una excepción a la regla general puesto que en muchos países europeos se ampara como un obstáculo sano a la libre especulación. La okupación de viviendas vacías debe ser despenalizada.”
Ver También:
http://www.asambleaporunaviviendadigna.org/
* V de Vivienda Madrid - 2009
Condenan al alcalde de Sayalonga a un año de cárcel y 9 de inhabilitación por delito urbanístico
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EUROPAPRESS/Málaga* : El Juzgado de lo Penal nº7 de Málaga ha condenado a un año de prisión y nueve de inhabilitación para desempeñar cualquier cargo público, incluido el de alcalde, al regidor de la localidad malagueña de Sayalonga, José Luis Navas, por un delito urbanístico, al entender que concedió una licencia "ilegal" y, posteriormente, archivó "sin justificación alguna" el expediente de restablecimiento de la legalidad.
En la sentencia, contra la que se puede presentar recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, a la que tuvo acceso Europa Press, se condena a Navas por un delito contra la ordenación del territorio, en su modalidad de prevaricación urbanística, mientras que se absuelve al constructor que había sido acusado por el fiscal por el mismo delito. Además, se declara la nulidad de la licencia concedida al promotor.
La resolución considera probado que el Ayuntamiento aprobó la concesión de licencias de obra para la construcción de vivienda unifamiliar en una parcela de la zona de 'Pago Batahiz' mediante decreto de marzo de 2000 en el que se condicionaba el inicio a la presentación del correspondiente proyecto de ejecución y dirección facultativa.
En ese expediente, el técnico municipal emitió un informe desfavorable al ser terreno no urbanizable. En octubre de 2006, se acordó suspender la ejecución de las obras e incoar expediente sancionador y de restablecimiento de la legalidad, aunque en febrero de 2007, el alcalde dictó otro decreto en el que acordaba el archivo del de disciplina, que se emitió con la disconformidad del secretario municipal.
Para el juzgador, el alcalde "prescinde del criterio del técnico municipal en el expediente de concesión de licencia y del asesoramiento del secretario del Ayuntamiento en el de restablecimiento de la legalidad", por lo que considera que ambos decretos se emiten contraviniendo de forma "palmaria" las normas urbanísticas vigentes.
En este caso, la sentencia indica que se infringió el ordenamiento jurídico "puesto que se otorgó una licencia al margen de cualquier planeamiento". Así, se apunta que conforme a la Ley del Suelo vigente en ese momento "no se cumplen los parámetros urbanísticos ni la obra es susceptible de legalización al no encontrarse afecta a un destino agrícola".
Por otro lado, señala que "no queda constancia" de un informe jurídico externo en el que se apoya el archivo del expediente de disciplina urbanística. El juez considera adecuada la petición de pena hecha por el fiscal, al indicar que "no sólo se concedió una licencia ilegal sino que, posteriormente, se archivó sin justificación alguna el expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística".
Respecto al constructor, queda absuelto, y el juez se muestra contrario al criterio del fiscal, que entendía que cuando se iniciaron las obras en 2005 la licencia había caducado. En este sentido, dice que el permiso existía y la caducidad de la misma "ha de ser declarada por la administración concedente". Además, determina que en la licencia no aparecen los parámetros.
* Europa Press - 11.11.09
Foto: Sayalonga (Málaga) - participaenandalucia.net
El Ayuntamiento de El Ejido pagó 24.500 euros por un trabajo que cuesta 2.000
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ELMUNDO/Almería* : Técnicos de las subcontratas de la empresa mixta de servicios municipales de El Ejido, Elsur, pertenecientes a algunos de los empresarios encarcelados en la operación Poniente, se dedicaban a eliminar los partes de trabajo que presentaba cada operario al finalizar su jornada y a cambiarlos por facturas infladas muy por encima del coste real para conseguir que las obras de las empresas alcanzaran las cantidades de los convenios fijados, según se desprende de las primeras declaraciones judiciales y de la documentación conseguida por la Fiscalía Anticorrupción.
Ésta investiga a la trama corrupta de El Ejido, que burló los controles del Plan E con una empresa fantasma.
Con el inflado de las facturas, las subcontratas conseguían alcanzar las astronómicas cantidades consignadas en los convenios anuales firmados por Elsur, que solían ascender a más de seis millones de euros por empresa, aunque también se hacían un gran número de trabajos fuera de canon, lo que incrementaba aún más el dinero recibido desde el Ayuntamiento.
Además de las declaraciones de testigos, la investigación ha conseguido reunir un gran número de pruebas físicas del inflado de las facturas, que fueron 'salvadas' en un gran número de carpetas y archivos a tiempo, antes de que pudieran ser eliminadas. Asimismo, existen al menos dos grabaciones de conversaciones telefónicas en las que responsables de las empresas dejarían meridianamente claro su modo de funcionamiento y la virtualidad de las mismas, pues en la práctica no aportaban material ni vehículos, lo que les permitía conseguir beneficios de hasta el 80% del canon fijado por Elsur para sus obras.
Entre las facturas que han llegado a la Fiscalía se encuentra, por ejemplo, la de un paso de peatones elevados en el bulevar de El Ejido, por las que una de las subcontratas facturó, fuera de canon, es decir, aparte del jugoso convenio anual, más de 27.000 euros. No obstante, el Ayuntamiento la revisó y la rebajó ligeramente, hasta los 24.509 euros, también muy por encima del coste real. El documento está fechado el 13 de marzo de 2006 y se justifica por parte del área de Obras Públicas, que es la que hace el encargo, en el hecho de que «hay un paso de peatones frente a Congelados Express y por ser una vía de mucha longitud los vehículos pasan a gran velocidad. Hacer paso elevado urgente».
En esta factura habría trabajado, según el parte de la empresa, un peón ordinario durante 304,17 horas, es decir, más de 38 días en caso de jornadas laborales de ocho horas. Pero es más, puesto que, junto a él se cobra el trabajo de dos oficiales durante nada más y nada menos que 146 y 149 horas, respectivamente, lo que supone más de 19 días, y un peón especial que habría empleado en la obra 51 horas, o sea más de seis días. En total, sólo la mano de obra durante este largo periodo de tiempo supuso 8.563,79 euros.
ELMUNDO.es ha consultado a empresas del sector que han asegurado que ofrecen a sus clientes la construcción de pasos de peatones elevados por no mucho más de 2.000 euros para un ancho de calzada de cuatro metros. En la factura de la subcontrata también llama la atención el uso de 9.400 adoquines de hormigón gris, con un coste de 1.880 euros, o la instalación de una señal por 1.104,48 euros.
Pero éste no es un caso aislado, puesto que ELMUNDO.es ha tenido acceso a una segunda factura de otros dos pasos de peatones elevados en el barrio de San Agustín por un coste total de más de 32.000 euros, con mano de obra y material muy similar a la anterior. De la misma forma, en el Consistorio fue rebajada también, hasta poco más de 24.110 euros.
A pesar de todo el material que se ha conseguido reunir, todavía se espera lograr más pruebas y testimonios sobre el funcionamiento de las subcontratas. Para ello está previsto que declaren testigos protegidos, a fin de evitar posibles represalias, que son muy temidas entre quienes conocen a fondo el funcionamiento del Ayuntamiento.
«Aunque cueste creerlo, hay verdadero miedo a que cualquier día regresen quienes han mandado aquí y se tomen medidas contra los que hayan salido en la foto», explican fuentes de una de las partes. A este miedo habrían contribuido declaraciones de abogados según los cuales sus clientes podrían quedar en libertad pronto.
* El Mundo - Miguel Cabrera - 11.11.09
Foto: El Ejido (Almería), mar de plásticos - J.Rojas (El País)
Arenas: El fiscal pide al Supremo la imputación de una senadora del PP
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EUROPAPRESS/Ávila* : El fiscal de la Audiencia Provincial de Ávila ha solicitado que la senadora del PP Carmen Aragón sea imputada por un delito de prevaricación urbanística presuntamente cometido cuando era alcaldesa de Arenas de San Pedro, por lo que pide que la Audiencia Provincial envíe el caso al Tribunal Supremo, por su condición de aforada.
En la resolución de un recurso, el fiscal indica que tanto ella como el resto de integrantes de la Junta de Gobierno Local, como el arquitecto municipal, pudieron cometer ese delito al autorizar que un edificio levantase más altura que la permitida en las Normas Subsidiarias de planeamiento, lo que no fue aprobado por la Comisión Territorial de Urbanismo de la Junta, que había suspendido la tramitación de la modificación puntual de las normas.
El fiscal, Juan Miguel Gómez Cortes, aprecia "la existencia de indicios racionales de la comisión de delitos de prevaricación urbanística tipificados en el artículo 320 del Código Penal", ya que el Consistorio no ejerció "sus facultades de disciplina urbanística", y es "flagrante" la ilegalidad del acuerdo.
También la fiscalía subraya que la Diputación se había dirigido al Ayuntamiento "para que tomara las medidas oportunas para proteger la legalidad". El Procurador del Común había solicitado "infructuosamente" informes sobre el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo, y el jefe del Servicio Territorial de Fomento requirió informes sobre el recurso de reposición del querellante.
La denuncia fue presentada por el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Arenas, Javier Soler, de IU, cuando en 2006 era concejal en la oposición.
La senadora se la ofreció declarar de forma voluntaria, indica el fiscal, pero "declinó" hacerlo ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Arenas, "prefiriendo mantener su privilegio procesal", por lo que cree que "es el Tribunal Supremo el competente para el conocimiento del asunto y además para enjuiciar también a los no aforados".
Junto a la senadora y ex alcaldesa, ahora concejala, en la denuncia figuran Valentín de León, Alejandro Blázquez, José F. Núñez y Benito Martín de Blas, siendo el último el único que se mantiene como edil.
* Europa Press - 10.11.09
Foto: Arenas de San Pedro (Ávila) - mundofotos.net
Caso Calero: La investigación no descarta nuevos imputados por el desarrollo de una urbanización de 78 viviendas en Telde
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TELDEACTUALIDAD/Gran Canaria* : Agentes policiales detuvieron ayer al menos a 7 personas por supuesta corrupción urbanística en el marco de la Operación Calero, que investiga presuntas irregularidades en el desarrollo de una urbanización en Telde. Entre los imputados, dos funcionarios, un empresario y el ex registrador y el ex alcalde, Valido.
Sobre la acción policial existen versiones contradictorias, toda vez que, fuentes próximas a los afectados, rechazan la versión de que algunos fueran detenidos, sino simplemente citados a declarar en la Jefatura Superior, tras lo que se fueron a su casa.En cualquier caso, no se descartan nuevos imputados. No hay secreto de sumario en las actuaciones.
Un nutrido grupo de agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional detuvo ayer al menos a 7 personas vinculadas con el desarrollo de una urbanización en El Calero Alto donde se iban a construir 78 viviendas, según una información de Canarias7 en la que se abunda en la noticia que saltó ayer por la tarde a la primera plana de los periódicos digitales del Archipiélago.
Anoche, al filo de las 23.30 horas, cinco permanecían en la Jefatura Superior de Policía, en la capital, y dos fueron detenidos, declararon y se les dejó ir. El ex alcalde, Francisco Valido, no fue detenido, pero declaró como imputado y para hoy están previstas nuevas citaciones.
Según la información del rotativo de Inforcasa, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Telde, María Belén Pérez Salido, investiga presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, falsificación de documento y cochecho en la reparcelación de esa parcela en 2005, donde se encontraban las instalaciones de Telpan, al pie de la vía de El Calero. No hay secreto de sumario en las actuaciones.
En la noticia se señala además que entre los imputados figura el empresario Félix Machín; un trabajador suyo, Ignacio Calandria; el ex registrador de la propiedad en Telde y actual registrador mercantil, Adolfo Calandria, hermano del anterior; el abogado Miguel Ángel Martín Zurita; el arquitecto y ex redactor del Plan General de Ordenación de Telde, en vigor desde 2002, Jesús Álvarez; el ex jefe de Patrimonio Municipal, el abogado Pedro Pablo Santana; y el ex jefe de Urbanismo del Ayuntamiento, José Luis Mena.
Felíx Machín hijo aclara que su padre no fue detenido
No obstante, Félix Machín, de igual nombre, negó ayer que su padre fuera detenido por orden de la jueza, resaltando que en todo caso su progenitor es un afectado por el caso. No obstante, fuentes policiales consultadas por Canarias7 aseguraron a este medio que el empresario fue detenido en sus oficinas y conducido a la comisaría para declarar como imputado en la trama de corrupción desvelada, tras lo cual pudo volver a su casa. Se lamenta Félix Machín hijo de que este trajín afecta a la reputación de su padre, largamente cosechada.
En el marco de esta operación Calero se registraron ayer las oficinas de Félix Machín, en San Gregorio, y el despacho de arquitectos de Jesús Álvarez en la capital. Este último arrancó pasadas las 10.00 y se prolongó más de siete horas.
* Telde Actualidad - 11.11.09
Foto: Solar de Telpan - TELDEACTUALIDAD
Andalucía: Chamizo pide una moratoria que prohíba la edificación en zonas de influencia del litoral
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DIARIODESEVILLA* : El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, advirtió este martes que el valor "excepcional" del litoral andaluz y su "extraordinaria" fragilidad se han visto dañados por la ocupación "masiva de amplios espacios contiguos al dominio público marítimo-terrestre", por lo que pidió a las poderes públicos que apruebe una moratoria urbanística que prohíba toda edificación, salvo la destinada a usos públicos, en, al menos, la denominada zona de influencia, es decir, en 500 metros a partir del límite interior de la ribera del mar.
De este modo, Chamizo, quien entregó el informe Ordenación del Territorio y Urbanismo en los informes de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz realizado por la institución a la presidenta del Parlamento andaluz, Fuensanta Coves, explicó que esta moratoria debería de servir para que los poderes públicos y agentes sociales decidan "cuál es el modelo de ordenación del litoral" que se va ofrecer a las generaciones futuras.
Según lamentó el Defensor, a pesar de la "desaceleración" del ritmo de construcción motivado por la crisis económica, la situación en el litoral andaluz es de "tal gravedad que sus valores naturales no son ya reconocibles en la mayoría de su trazado". No obstante, apuntó que aún quedan algunas franjas del litoral, sobre todo en la provincia de Cádiz, que aún están libres de la especulación y manifestó su temor de que este modelo de desarrollo presente en la costa se extienda al interior "donde el 90 por ciento del territorio es aún recuperable".
Asimismo, recordó que, 20 años después de la entrada en vigor de la Ley de Costas, "todavía queda por aprobar el deslinde definitivo, aproximadamente del 15 o 20 por ciento de nuestro litoral", por lo que instó a las administraciones a "impulsar" el mismo y adoptar "cuanta medidas sean necesarias para recuperar el dominio público usurpado", contemplando las compensaciones necesarias.
Igualmente, destacó como otras de las cuestiones "más urgentes" en esta materia desveladas a partir del citado informe, es la "ausencia de respeto a la legalidad urbanística y la impunidad con la que se actúa", advirtiendo de que la institución ha podido comprobar "cómo las corporaciones municipales inician expedientes sancionadoras que luego no concluyen o no ejecutan sus resoluciones".
Por ello, solicitó que se "refuercen" los servicios técnicos de los Ayuntamientos a través de convenios con Diputaciones Provinciales y la Junta, así como que la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) realice una campaña dirigida a los ayuntamientos sobre la importancia de respetar la legalidad urbanística.
Además, incidió en la "necesidad" de abordar una reforma urgente del Código Penal que permita perseguir "más eficazmente" estos delitos, ya que, en experiencias compartidas con la Red de Fiscales Medioambientales, se han "evidenciado la existencia de no pocas imprecisiones técnicas y lagunas en el actual texto en lo que concierne a los delitos de ordenación del territorio".
Asimismo, hizo hincapié en que los ayuntamientos impidan que, al amparo de licencias para la construcción de aperos o edificios similares, se construyan viviendas para uso residencial violando la legalidad urbanística e insistió en que, en los procedimientos judiciales en que las administraciones públicas sean parte demandante, soliciten "como norma general la demolición de lo indebidamente construido".
Urbanizaciones ilegales
En cuanto a las urbanizaciones ilegales, de la que existen en Andalucía "al menos unas 1.000", Chamizo reprochó que, pese a tratarse de un problema de "extraordinaria entidad", "muy pocos municipios lo han abordado con el rigor necesario". Por ello, solicitó cuando se trate de parcelaciones en la que no haya prescrito la infracción administrativa, las autoridades "impidan la consolidación de las infracciones", llegando incluso a su demolición si fuera necesario.
En el caso de que dicha infracción haya prescrito, instó a que se acometa su regularización y que los costes de la misma recaiga sobre los promotores o los residentes de las edificaciones "nunca las arcas municipales".
Por otro lado, criticó que "no haya una respuesta suficiente a la extraordinaria demanda de vivienda protegida que existe en la actualidad", advirtiendo de que "si se hubieran asumido los planes en vigor en época de bonanza económica, el problema de la vivienda en Andalucía ofrecería un perfil muy diferente del que ahora tiene", y pidiendo que se procure el acceso a una vivienda digna y adecuada a toda la ciudadanía.
No obstante, afirmó que "estamos demasiados obsesionados con la propiedad", apostando por "fomentar el régimen de alquiler para determinadas edades o situaciones de la vida".
Pervivencia del chabolismo
El Defensor alertó de que "aún perviven tres grandes asentamientos chabolistas en Andalucía, como son Torreblanca y El Vacie en Sevilla y los Asperones en Málaga y apuntó que "la mayoría de los que han desaparecido lo han hecho más por acción de la presión urbanística que por un plan que haya atendido a las necesidades de sus habitantes".
Así, recomendó que en los respectivos planeamientos urbanísticos, se contemple la supresión de estos grandes asentamientos, financiando su demolición y el realojo en viviendas normalizadas con cargo a los promotores de su ejecución, poniendo en práctica los poderes públicos "programas de tutela de intervención social que ayuden a los chabolistas a salir de su situación y que contemplen aspectos laborales y educativos".
De otro lado, Chamizo reprochó que "hay que tener en cuenta" de que la "mayoría de los planeamientos urbanísticos aprobados que hoy se consideran insostenibles incluso por los propios responsables de las Administraciones, obtuvieron en su día el beneplácito de sus órganos más representativos, como los plenos de los ayuntamientos y la aprobación de los órganos autonómicos", por lo que recomendó que, de modo previo a la ratificación de planes urbanísticos se "evalúen sus previsiones en términos ambientales y sostenibles".
También subrayó que es "fundamental" que los municipios de Andalucía digitalicen la documentación urbanística a fin de ponerla a disposición de toda la ciudadanía y fomentar un urbanismo "más participativo y de transparencia absoluta".
Por otro lado, consideró "lamentable que todavía existan vertidos agrícolas y urbanos sin depurar adecuadamente", por lo que demandó la realización de un estudio de las instalaciones existentes de depuración de aguas residuales en los municipios del litoral, las características de los emisarios y le número y entidad de los vertidos directos al mar para sanear las playas andaluzas.
Además, señaló la pervivencia todavía en suelo andaluz de muchos pasos a nivel, por lo que recomendó que se supriman con "la mayor rapidez posible", priorizando aquellos de mayor riesgo.
En general, el Defensor lamentó que los "continuos cambios del régimen jurídico de la ordenación urbanística han dificultado la creación de un escenario normativo permanente", por lo que sugirió que las próximas modificaciones "se aborden esforzándose por conseguir las máximas cotas de consenso".
* Diario de Sevilla - E. P. - 10.11.09
Foto: Benalmádena Costa (Málaga) - J.Rojas (El País)
