ELPERIÓDICO* : La sequía se cebó en Catalunya hace año y medio. Una de las medidas inmediatas que se tomó en Barcelona, después de que la Conselleria de Medi Ambient decretara la preocupante fase de excepcionalidad 2, fue regular el riego de las zonas verdes y vaciar algunas fuentes y lagos que no contaban con mecanismos automáticos de cierre ni sistemas de reutilización del agua.
El estanque del parque de la Pegaso, en la Sagrera, sin embargo, ya llevaba varios meses vacío, desde noviembre del 2007, por unas filtraciones que obligaban a mantener el grifo siempre abierto para que no se secara. Cuando se puso a llover, Barcelona empezó a recuperar el verde de la hierba y el azul de las fuentes, pero en la Pegaso, donde las pintadas se están apoderando de las paredes del canal, no hubo atisbo de reforma más allá de incluir el parque en un plan de mejoras globales.
Fuentes de la concejalía de Medio Ambiente reconocen que los meses que ha estado sin agua «han propiciado que las grietas aumentaran de tamaño debido a los cambios bruscos de temperatura, con lo que el riesgo de filtraciones es superior», y aseguran que el ayuntamiento «está estudiando y valorando cuál es el mejor proyecto para tratar de rehabilitar el lago y llenarlo de agua».
Las mismas fuentes reafirman que el problema ya existía «antes de la sequía» y que se habían realizado algunas actuaciones de urgencia que lograron aliviar la herida pero no tapar la hemorragia. Un empleado de Parques y Jardines reconocía el jueves junto al estanque que cuando el lago estaba lleno de agua «no se podía cerrar el grifo porque se corría el riesgo de que se vaciara con gran rapidez». El mantenimiento era muy costoso porque no aprovechaba agua freática, sino que tiraba del fluido potable, así que a parte de la sensatez que exigía la sequía, lo más sensato era dejar que se vaciara para buscar una solución que a día de hoy todavía no ha llegado.
«NOS DAN LARGAS» / Oleguer Méndez, presidente de la asociación de vecinos de la Sagrera, asegura que ya han hecho tres reclamaciones formales y otras muchas informales al distrito de Sant Andreu para averiguar algo. «Nos van dando largas diciendo que están en ello, pero lo cierto es que va pasando el tiempo y ya llevamos más de un año y medio sin que se haga nada ni se nos informe de lo que se piensa hacer», lamenta.
Méndez es consciente de que la obra de impermeabilizar todo el estanque precisa «de una fuerte inversión», pero avisa de que si el ayuntamiento decide taparlo, «toda la gente se les echará encima porque el parque es un símbolo del barrio».
CUESTIÓN DE PRIORIDADES / Según el departamento que dirige Imma Mayol, la reforma de los canales de la Pegaso está incluida en el plan de inversión municipal 2010-2012, aunque no se concreta qué lugar ocupa esta actuación en la lista de prioridades. Las mismas fuentes tampoco detallan qué tipo de actuación es la más idónea para este parque, ideado a principios de los años 80 por el despacho Batlle i Roig Arquitectes.
La web de Parques y Jardines asegura que el canal de la Pegaso «es un elemento determinante del paisaje del parque» porque «el agua discurre entre una vegetación exuberante y sombría que nos recuerda la de los bosques de la ribera». Quizás pronto se recupere esa postal.
* El Periódico - CARLOS MÁRQUEZ DANIEL - 11.08.09
Foto: Un hombre lee la prensa, el jueves, mientras da la espalda al canal vacío de agua del parque de la Pegaso. - RICARD CUGAT, elperiodico.com
Barcelona: El parque de la Pegaso lleva casi dos años seco y sin un proyecto definido
Aljaraque: Los terrenos del Plan Parcial 12 siguen contaminados después de dos años
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HUELVAINFORMACIÓN* : El Ayuntamiento de Aljaraque aún no ha entregado la licencia de primera ocupación del Plan Parcial 9 de Corrales (PPR9), cuyos terrenos han sido declarados descontaminados por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. El Consistorio no tiene intención de concederla hasta que se apruebe la resolución definitiva que libera los suelos donde se asientan 122 viviendas de contaminantes.
Al menos así lo indicó el delegado de Urbanismo, Rafael Sánchez, que demanda a la Administración regional que garantice la salud de los vecinos que ocupan ya algunas viviendas y de los que lo harán con posterioridad.
La resolución, que afecta a la urbanización El Recreo Nuevo Corrales, estará expuesta a información pública durante un mes para poder presentar alegaciones. Los posibles recursos son de alzada y deberán ser resueltos por la Consejería de Medio Ambiente.
Según el concejal de IU, la actuación en la que asientan los planes parciales 9 y 12 pasa por una acción integral, que se traduce en estudiar la zona como un ámbito único, por lo que "no deben existir ni estudios ni soluciones parciales, ya que la contaminación no entiende de planes ni áreas urbanizables".
Sánchez asegura que si bien se ha declarado descontaminado el PPR9, Medio Ambiente todavía no se ha pronunciado sobre el PPR12, que se encuentra situado justo al lado del anterior, por lo que solicita que la Junta determine que la contaminación existente en este último plan parcial no tiene incidencia sobre los ciudadanos.
El edil de IU critica que dos años después de que se declararan los suelos contaminados la Administración andaluza no haya emitido aún resolución alguna, un hecho que está motivando un retraso en los planes urbanísticos del Ayuntamientos que contemplan para los terrenos del PPR12 Viviendas del Protección Oficial (VPO). Sánchez afirma que el retraso está causando perjuicios también a los promotores. Todo ello debido a la "ineficacia" y la "falta de voluntad" de la Junta de Andalucía por desbloquear la situación.
IU solicita también que se realice un estudio de caracterización de la zona de dominio público marítimo terrestre del municipio a fin de abordar globalmente los asuntos medioambientales.
Para la coalición, las administraciones tienen que cumplir sus competencias, lo que pasa por garantizar y manifestar expresamente la inexistencia de peligro para la salud de las personas en el uso residencial del suelo y no sólo por certificar la descontaminación de ciertas zonas.
Sánchez insistió que el grupo municipal de IU, dentro del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Aljaraque y en el ejercicio de las competencias que le correspondan, defenderá que no se concedan licencias de primera ocupación en las zonas afectadas y que no se hagan efectivas hasta que la Consejería de Medio Ambiente se exprese claramente sobre la compatibilidad del uso residencial del PPR9 con la contaminación de los suelos del entorno y se dé una solución definitiva e integral de la zona.
La Junta abrió dos procedimientos administrativos en relación con los suelos contaminados con metales pesados que afecta a un espacio de casi 530.000 metros cuadrados.
* Huelva Información - C. Sáez / Huelva - 10.08.09
Foto: Los vecinos denunciaron que los suelos en los que asientan las viviendas unifamiliares estaban contaminados y solicitaron un estudio. - huelvainformacion.es
El juez señala a "las más altas instancias" en el desfalco del Palma Arena
ELPAÍS/Palma* : La investigación del caso Palma Arena por presunta corrupción durante la edificación del velódromo, apunta a "las más altas instancias" como responsables de que la obra costase más del doble de lo presupuestado. De los 41 millones licitados inicialmente, se pasó a un precio final de 110. En el auto dictado tras tomar declaración a los imputados, entre ellos, tres ex altos cargos del PP de Jaume Matas, el juez José Castro aprecia "serios indicios de criminalidad" en la actuación de los dirigentes del consorcio del Palma Arena y cita "connivencias, irregularidades y favoritismos" en el proceso de construcción.
El ex gerente del velódromo, Jorge Moisés, y el ex director general de Deportes de Matas, José Luis Pepote Ballester, depositaron ayer sus fianzas, de 50.000 euros cada uno, con lo que todos los detenidos en la Operación Espada han quedado ya en libertad con cargos. A lo largo del domingo abonaron también sus fianzas, de entre 15.000 y 25.000 euros, el director de la empresa de comunicación Nimbus, Miguel Romero; el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Palma, Rafael Durán; y el jefe de la UTE que hizo la obra, Miguel Ángel Rodríguez.
Se les acusa de malversación de fondos públicos, prevaricación, cohecho y falsedad. Fuentes jurídicas apuntan a que todavía faltan entre 10 y 12 personas por declarar ante los fiscales y el magistrado que instruye el caso. Los imputados recurren a la estrategia de descalificar el proyecto inicial, "lleno de deficiencias", que presuntamente explicaría el sobrecoste de la obra.
Dejación de funciones
El auto observa una "absoluta dejación" por parte del presidente en funciones del consorcio, Rafael Durán, actual portavoz del PP en Palma. Ello habría permitido que el poder lo ejercieran de facto Jorge Moisés y Pepote Ballester, que decidieron destituir "sin clara justificación" al ingeniero alemán Ralph Schürmann, autor de los planos originales. Moisés y Ballester recibieron "altas insinuaciones" para sustituir a Schürmann por el estudio de arquitectos García-Ruiz, "prescindiendo del más elemental procedimiento administrativo de contratación", es decir, haciéndolo a dedo, por 8,9 millones de euros.
Los García-Ruiz, también imputados, habrían canalizado la publicidad del velódromo a través de "diversas empresas gestionadas por Miguel Romero, a quien luego el PP encomendó la campaña de las elecciones municipales y autonómicas de 2007".
* ELPAIS.com - MANU MENÉNDEZ - Palma - 11/08/2009
Foto: magen tomada ayer de la fachada del velódromo Palma Arena.- CLAUDIO ÁLVAREZ, elpais.com
La trama solar vuelve a apuntar a las Cortes de Castilla y León
PÚBLICO* : Los intereses de la vicepresidenta de las Cortes de Castilla y León, Carmen Luis Heras, en el sector fotovoltaico, y su presunta implicación en el caso de los parques solares son cada vez más evidentes. La delegación territorial de la Junta en Zamora adjudicó, en febrero de 2008, la concesión para instalar una planta fotovoltaica a la empresa de un socio de Heras en la entidad Salamanca Zamora Mercados 21. La conexión a la red eléctrica de esa instalación le fue concedida a la empresa de la propia vicepresidenta.
La número dos de las Cortes regionales es fundadora y accionista de El Plantío 2000, empresa constituida el 30 de octubre de 2000 por la propia vicepresidenta y su marido Antonio Castro Fito. Según la escritura que figura en el registro mercantil de Zamora, el objeto social de la empresa incluye la realización de proyectos de cualquier tipo de obras e instalaciones.
Tal y como se detalla en los documentos a los que tuvo acceso este diario, El Plantío 2000 solicitó el acceso a la Red de Distribución eléctrica para una planta de producción de energía fotovoltaica en las parcelas 59 y 60 del polígono 1 de Fresno de la Ribera (Zamora), permiso que le fue concedido por la empresa Iberdrola el 21 de enero de 2008.
Uno de los implicados
Pero la explotación de esas parcelas fue finalmente adjudicada a la empresa Las Culcas 2007, cuyo administrador único es Marcial Rodríguez San Gregorio. La concesión figura en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora del miércoles 27 de febrero de 2007.
La adjudicataria es la Delegación Territorial de la Junta en Zamora y la concesión la firma el entonces jefe del servicio territorial, José Bahamonde Salazar, que fue apartado de su cargo, en agosto de 2008, tras verse también implicado en la concesión irregular de licencias de parques solares en su propio beneficio.
Público tuvo acceso a una copia de la declaración de la renta de Carmen Luis Heras del ejercicio de 2004. En la misma, figura que la vicepresidenta de las Cortes participa en la empresa Salamanca Zamora Mercados 21, cuyo administrador único es el propio Marcial Rodríguez San Gregorio, con acciones por valor de 186.825 euros.
El pasado 15 de junio este diario desveló, además, que El Plantío 2000 la empresa de la vicepresidenta gestionó la conexión a la red eléctrica de al menos otras 25 parques solares en Fresno de la Ribera que también fueron adjudicados por la Junta a empresas de Rodríguez San Gregorio. Público intentó sin éxito contactar con Heras para que explicara su versión. "Se ha ido de vacaciones y se ha olvidado el móvil", explicó un compañero que respondió a su número.
* Público - IÑIGO ADURIZ - 10.08.09
Foto: Valladolid, cortes castilla y leon - wikipedia.org
El alcalde de O Pino carga a la Diputación de A Coruña obras que debía ejecutar Fadesa
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ELPAÍS* : El alcalde popular de O Pino, Manuel Taboada Vigo, y sus siete concejales han propiciado que sea la Diputación de A Coruña la que financie parte de los proyectos de depuración y saneamiento del municipio en los que Fadesa se comprometió a invertir 1,6 millones de euros cuando resultó adjudicataria del polígono industrial que promueve en el ayuntamiento coruñés.
La Junta de Gobierno local adjudicó los trabajos el pasado mes de junio a una empresa con cargo a la partida de 319.954 euros del plan que la Diputación de A Coruña -que preside el socialista Salvador Fernández Moreda- dedica a cooperación con los municipios. Según reza en la documentación que Taboada envío al organismo provincial para justificar la ayuda, el Ayuntamiento de O Pino pretende sufragar con ese dinero "el saneamiento en la parroquia de Pereira y el abastecimiento de agua a los núcleos de Budiño, Castrofeito, Ferreiros, Gonzar, San Miguel de Cerceda y otros". Sólo para el saneamiento de Pereira, una zona rural de este ayuntamiento próximo a Santiago, el alcalde solicitó y obtuvo fondos públicos por 129.056 euros.
Lo hizo, a pesar de que ese y otros proyectos los debía acometer la promotora Fadesa en virtud del contrato que firmó con el Ayuntamiento. Así consta en la oferta que la constructora presentó a Taboada ya en el año 2004 para hacerse con la concesión del polémico parque empresarial -de un millón de metros cuadrados- que la Xunta mantiene paralizado tras detectar diversas irregularidades administrativas. En la "oferta-propuesta de mejoras al concurso de ejecución del suelo urbanizable en O Pino", Fadesa prometió ejecutar en las parroquias de Castrofeito y Pereira "la red general de suministro de agua potable, la red general de saneamiento gracias a la ampliación de la estación depuradora" que dará servicio a las naves que se instalen en el parque empresarial.
El presupuesto de la inmobiliaria estimaba en 1.617.064 euros el coste de las obras. Detallaba el diámetro de las tuberías a colocar, el número de pozos necesarios, el tamaño de las zanjas y la distancia de las zonas de servidumbre con respecto al río. Todo - escribía aquel informe de Fadesa- para subsanar las faltas de las parroquias de Pereira y Castrofeito, "que carecen de una adecuada infraestructura de servicios urbanos".
La oposición en el ayuntamiento se teme que se trate de un nuevo servicio del alcalde a Fadesa y así lo ha denunciado en sucesivos plenos.
Taboada, que gobierna con una amplísima mayoría de ocho concejales frente a los dos del PSOE y un único edil del Bloque, ha hecho caso omiso de las críticas y ha tirado hacia adelante. Se limita a repetir que Fadesa licitará la estación depuradora, olvidando el compromiso escrito de la promotora -incursa en un proceso de ley concursal (antes suspensión de pagos)- de acometer también los colectores y las canalizaciones para llevar los servicios prometidos hace ahora cinco años a esas dos parroquias de O Pino.
Entretanto, algunos de los vecinos de la zona han presentado denuncias contra la promotora a la que acusan de secar con sus obras varios manantiales. Los escritos presentados en el organismo Augas de Galicia de la Xunta han motivado que el Gobierno gallego decidiese parar las obras en una de las dos parcelas donde se construye el parque empresarial. La otra cuenta con otra orden de paralización de la Dirección Xeral de Patrimonio.
* ELPAIS.com - JOSÉ PRECEDO - Santiago - 10/08/2009
Foto: O Pino (A Coruña), obras polígono (archivo) - elpais.es
Más de 30.000 vecinos de Costa Ballena seguirán sin agua porque la red es insuficiente
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LAVOZ/Cádiz* : Los residentes, hosteleros, y turistas de la urbanización Costa Ballena, en Rota, han sufrido sin duda el peor fin de semana desde que se inició el verano. El pasado viernes comenzaron a padecer cortes en el suministro de agua de hasta 13 horas, como consecuencia de las limitaciones de la red de abastecimiento, preparadas para unos 20.000 vecinos pero que en estos momentos está dando servicio a más de 30.000 personas.
Las reacciones no se han hecho esperar y los vecinos de Costa Ballena han llegado a manifestarse tres veces en sólo dos días, cortando la carretera A-491 que une Chipiona con el Puerto de Santa María. Ayer lo hacían a las 11 horas, lo que provocó retenciones kilométricas y volvieron a hacerlo a las 17:30 horas tras concentrarse en el campo de golf de la urbanización. En este momento se vivieron momentos de gran tensión, cuando algunos conductores se enfrentaron a los manifestantes, llegándose a producir agresiones.
«La gente está comprando botellas de agua de forma masiva en el supermercado y llenando cubos con el agua de las piscinas para el aseo», explicó Ángel Hernández. «Llené la bañera hasta arriba cuando volvió el agua para poder usarla cuando tenga que tirar de la cisterna», señaló Juan María Máximo. Todas las opciones han sido válidas para poder refrescarse después de un día de sol intenso, ya que tampoco funcionaban las duchas de la playa.
Hoteles, cafeterías y restaurantes son los que han vivido la parte más cruda de estas deficiencias de la red de abastecimiento. «Los aseos no funcionan, no podemos hacer café, ni lavar los platos, pero los impuestos bien que los pagamos», señaló Fernando Lafone, del restaurante Abacería mis nietos. «Todos los comerciantes vamos a reunirnos para reclamar daños y perjuicios porque sino teníamos bastante con la bajada que hemos sufrido con la crisis, ahora estamos perdiendo clientes porque no les podemos ofrecer un buen servicio», insistió Lafone. En la Heladería Olimpia, Manuel Valls ha tenido que comprar vasos y platos de plástico además de una gran cantidad de botellas de agua.
Respuesta municipal
Desde el Ayuntamiento de Rota, el delegado de Costa Ballena, Jesús Corrales (Roteños Unidos), aseguró que los técnicos de la empresa municipal Aremsa, y la concesionaria del servicio de agua, junto con la Entidad Urbanística de Conservación de la urbanización, están mandando al complejo todo el agua que llega del Consorcio de Rota, con el fin de solucionar la situación lo antes posible, aunque explicó que «los cortes van a seguir hasta que se normalice la situación probablemente mañana (por hoy) cuando descienda la población». Así, Corrales señaló que es muy probable que el problema vuelva a repetirse el próximo fin de semana con la llegada de una nueva oleada de veraneantes a la zona, ya que «la red no es suficiente para tantas personas».
A petición de los residentes «por la tarde se ha estado enviando agua
* La Voz Digital - SANDRA SALAZAR - 10.08.09
Foto: Los manifestantes y los conductores se enfrentaron cuando se produjo el corte de carretera. / VÍCTOR LÓPEZ
El paro obliga a los inmigrantes a volver a residir en infraviviendas
ELPAÍS/Barcelona* : De la casa en propiedad al piso compartido otra vez. La recesión se está cebando en la población inmigrante. El colectivo no sólo es el más castigado por el desempleo, sino que varias organizaciones sociales están observando un aumento de los extranjeros que habían accedido a un piso en propiedad o alquiler y que ahora se ven forzados a compartir su vivienda de nuevo, en muchos casos sufriendo hacinamiento.
El Ayuntamiento de Barcelona registró el año pasado un aumento del número de hogares en los que habitan nueve o más personas. Ya hay 5.011 pisos en esta situación en la capital catalana, el 20% más que en 2007.
F. U. es un traductor paquistaní que lleva nueve años en Barcelona. En 2003 se compró un piso en Badalona, pero el año pasado tuvo que dejarlo porque su cuota hipotecaria se disparó. Buscó un inquilino para su vivienda y él se trasladó a un pequeño estudio en Barcelona. F. U. todavía puede permitirse vivir solo. Pero a organizaciones como Cáritas acuden con frecuencia inmigrantes que están perdiendo su casa porque no pueden afrontar la hipoteca.
"Duele porque pasan de una situación estable a tener que volver a vivir realquilados", lamenta Juana Martín, responsable de Migraciones y Codesarrollo de Cáritas Barcelona. Un informe de la Universidad Pompeu Fabra de 2006 apuntaba que el 33% de los compradores de viviendas de segunda mano en las grandes ciudades eran inmigrantes. "Se les ofrecían soluciones mágicas, como hipotecas por el 100% del valor del piso o más y préstamos para los muebles", asegura Martín.
El coordinador del Centro de Información para Trabajadores Extranjeros de Cataluña, de CC OO, Carles Bertran, explica que en muchos casos se cruzaron los avales. "Vendían los pisos a tres inmigrantes y ellos se avalaban entre sí. Y ahora, cuando incumple uno por quedarse sin trabajo, arrastra a los otros dos", agrega.
El paro y la ejecución de sus propiedades, según el sindicato, están obligando a muchos extranjeros a volver a situaciones que pensaban haber dejado atrás, como vivir realquilados. En 2008 aumentaron el 20% los pisos habitados por nueve o más personas, de acuerdo con los datos del padrón de Barcelona. Si se compara con 2001, estas viviendas se cuadruplican. Fuentes del Ayuntamiento matizaron que "no necesariamente" son pisos sobreocupados y que muchos pueden corresponder a familias numerosas.
La mayoría de estos pisos están en El Raval, el Gòtic, Poble Sec y el barrio del Besòs-Maresme. Un informe publicado este año por el Consejo de la Vivienda Social de Barcelona ofrece un cálculo de los pisos con más de 15 ocupantes. En total, se hallaron 159 viviendas, que sumaban 3.156 personas. Es decir, una media de 20 personas por vivienda.
La portavoz de la organización Afectados por la Hipoteca, Ada Colau, explica que muchos inmigrantes no sólo pierden su piso y quedan en deuda con el banco. "Luego no les quieren alquilar una vivienda porque están en una lista de morosos", dice. SOS Racismo agrega que la crisis está acentuando la discriminación de muchos inmigrantes para acceder a un alquiler. Y eso, añade, los aboca de nuevo a alojarse en infraviviendas.
* ELPAIS.com - LLUÍS PELLICER - Barcelona - 10/08/2009
Foto: Una nave industrial del Poblenou alberga a 16 jóvenes marroquíes- MARCEL.LÍ SÀENZ, elpais.com
Informe global 2008 sobre la corrupción en el estado español
TRANSPARENCY INTERNATIONAL* : (...) La corrupción urbanística produce muy diversos efectos en tres niveles, en el nivel social, en el económico y en el político y todos ellos afectan a la calidad de la democracia. Veamos cómo operan estos efectos.
3.1. En el nivel social.
A) La ruptura del pacto intergeneracional.
Una de las consecuencias que la corrupción urbanística está generando es el deterioro de medioambiente. Otra consecuencia es el sobreprecio de la vivienda. Ambos efectos expresan un ruptura del pacto intergeneracional. En España se ha generado una ideología en la que parece aceptarse la idea de fondo de que cuanto más se construya, cuanto más se urbanice mejor. ¿Pero mejor para quién? Obviamente no para las generaciones futuras que se encontrarán una pérdida de bienestar y calidad de vida con respecto a la generación presente moralmente inaceptable.
B) Nuevos modelos de ciudad, dinero fácil, anomia social.
El Informe sobre corrupción urbanística de la Fundación Alternativas de 2007 nos muestra la relación existente entre la corrupción urbanística y la apuesta por un urbanismo desarrollista, altamente especulativo, insuficientemente planificado y escasamente participativo, orientado a la creación de ciudades difusas. Esta opción supone un claro atentado al modelo de sostenibilidad urbana, el modelo de ciudad compacta, proclamado en la Estrategia Temática para el Medio Ambiente Urbano de la UE en el borrador de la estrategia española en este ámbito. Actualmente en España existe una vivienda por cada dos habitantes (sólo en 2005 se construyeron 800.000 nuevas viviendas en nuestro país -tanta como en Reino Unido, Alemania y Francia en su conjunto-). Este aumento y exceso del producto no ha abaratado su precio, sino todo lo contrario, los precios de los pisos han subido un 150% en siete años aunque ahora parece que está finalizando tal incremento. Se ha conseguido así, una menor accesibilidad a la vivienda, con unos sobreprecios inflados por un boom inmobiliario y por una demanda mayoritaria de viviendas como activos financieros y no como valores de uso, a lo que se acompañan situaciones de menor calidad y, en muchos casos, peores condiciones de comunicación y servicios públicos.
Las decisiones tomadas supuestamente para el beneficio publico están en realidad motivadas por un deseo de obtener ingresos privados y resultan en políticas y proyectos que empobrecen antes que enriquecen al país, que se toman en una posición de monopolio y sin mecanismos que permitan exigir responsabilidad por lo realizado. De esta manera, la anomia se instala en nuestra sociedad.
Las normas y principios que rigen las relaciones interpersonales e institucionales de los miembros de una sociedad no son aplicados en los procesos de interacción, por una idea de que ‘si nadie los cumple, por qué yo los voy a cumplir’.
El panorama no puede presentarse como más desalentador: la corrupción incrementa la desconfianza y destruye el capital social. La desconfianza generalizada hacia los demás es en España de más del 60% y solo un 30% de los españoles confía en los demás. Por ello, entre otras razones, España es de entre los países desarrollados es el que tiene un menor nivel de participación política convencional y uno de los que tienen un menor nivel de participación política no convencional. Datos que aparecen refrendados por el Barómetro CIS 2672 (Enero 2007): el 65% de los encuestado afirmaron que, normalmente o casi siempre, todas las precauciones son pocas a la hora de tratar con gente, la política aparece como nada o poco importante para el 77% de los encuestados, el 70% esta d acuerdo con la afirmación de que ‘los políticos no se preocupan mucho de lo que piensa la gente com yo’, y más del 75% nunca ha pertenecido a ningún grupo o asociaciones voluntaria.
3.2. Económicos
Crecimiento sin desarrollo
La construcción aparejada al modelo urbanístico actual se ha erigido en los últimos años como uno de los principales motores de la economía española y, aunque las cifras sobre el peso de este sector en el conjunto de las actividades económicas de nuestro país son espectaculares, tanto desde e punto de vista del crecimiento como de generación de empleo (en la última década la construcción ha sido la causante del 24,4% del crecimiento económico y del 40,9% del incremento del empleo), claramente no ha dado lugar a desarrollo en sentido estricto y, además, ha generado efectos negativos sobre el medio ambiente, el respeto a la ley y la igualdad como ya hemos apuntado anteriormente. S considera que la preponderancia de la construcción en la economía española ha dado lugar a un patró de crecimiento muy particular, que detrae muchos recursos de otros sectores productivos a uno que no es productivo.
La corrupción genera, además, una distorsión en la asignación y composición del gasto público, pues aleja el gasto público de los necesarios gastos de operación y mantenimiento de equipo, dirigiéndolo hacia gasto en nuevo equipo. Nuestros ayuntamientos han encontrado en el suelo su principal fuente de financiación extra, pero en numerosos casos el suelo se ‘malvende’ o el dinero que obtienen con la recalificación tienen que emplearlo luego en dar servicios a los nuevos habitantes, con lo que acaban aumentado sus gastos, por lo que necesitan sacar mas suelo o a la venta o a recalificación, en un imparable circulo vicioso. De acuerdo al BBVA, “enfrentando ingresos y gastos municipales ligados al sector inmobiliario, resulta que este sector está aportando un 32% de los ingresos municipales, mientras que genera un gasto equivalente al 36% del total de gastos municipales”
3.3. Políticos
Déficit de institucionalidad.
La deslegitimación de las instituciones se presenta como uno de los efectos políticos mas graves de la corrupción. La corrupción socava las bases institucionales. Al dejar de garantizar la reglas del juego, las instituciones pierden su credibilidad y se deslegitiman.(...)
Ver INFORME COMPLETO
* TRANSPARENCY INTERNATIONAL ESPAÑA
* Rebelión - Transparency International - 9.08.09
Canarias: La piqueta vuelve a planear sobre las mil viviendas ilegales
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LAPROVINCIA* : La piqueta vuelve a planear sobre las más de mil viviendas ilegales en una veintena de núcleos costeros de las Islas. La admisión del recurso de inconstitucionalidad contra la última modificación de las Leyes del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias suspende los artículos que pretendían evitar el derribo de esas casas, por lo que la Dirección General de Costas puede actuar contra las edificaciones en la zona de dominio público marítimo-terrestre.
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del Estado contra los cambios aprobados en el Parlamento de Canarias por el Gobierno de CC-PP para 'amnistiar' a muchas de esas viviendas, que en los casos de Cho Vito, en Tenerife, o Los Molinos, en Fuerteventura, ya han empezado a derribarse.
En concreto, el Constitucional suspende los artículos 1, 2 y 3 del texto refundido de las leyes del Territorio y de Espacios Naturales sobre la ordenación de áreas urbanas en el litoral canario, al entender que pueden vulnerar la Ley de Costas, tal como había argumentado el Gobierno central en su recurso.
Por tanto, las administraciones del Estado y de la Comunidad Autónoma deben ahora presentar sus alegaciones, para que en un plazo máximo de cinco meses el alto Tribunal decida si levanta la suspensión o la ratifica, explicaron fuentes del Ejecutivo regional, que precisaron que la Consejería de Medio Ambiente ya ha empezado a preparar dichas alegaciones.
Miguel Ángel Pulido, viceconsejero de Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, argumentó al modificar la ley que se intentan salvar las construcciones que tienen un valor etnográfico, cultural o pintoresco. Por su parte, la oposición socialista se opuso a esos cambios y advirtió en el Parlamento que la decisión del Ejecutivo regional acabaría en el Tribunal Constitucional, como así ha ocurrido.
DERRIBOS. Los expedientes de derribo iniciados por la Dirección General de Costas incluyen una veintena de asentamientos costeros, aunque algunos de ellos tienen resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que avalan los acuerdos del Gobierno canario para evitar su desaparición.
Al igual que ocurrió con Cho Vito y Los Molinos, la piqueta planea sobre los asentamientos costeros de Tufia y Ojos de Garza , en el municipio grancanario de Telde. En Lanzarote se encuentran amenazados los núcleos de El Golfo (Yaiza), La Santa (Tinajo) y Los Ancones y La Caleta (Teguise). En la isla de Fuerteventura se contabilizan otros cuatro: Majanicho y el Jablito (La Oliva), Jacomar (Antigua) y El Puertito (Pájara).
En Tenerife hay cuatro núcleos costeros en el municipio de Güímar, El Tablado, La Caleta, Punta Prieta y La Puente, que han sido reconocidos como urbanos por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac). No obstante, la Dirección de Costas del Estado no esa regulación autonómica porque, a su juicio, invade las competencias del Estado.
También en la isla de Tenerife, la Cotmac, pidió que se modificara la anchura de la zona de servidumbre de protección del dominio marítimo-terrestre en Agache, Igueste de San Andrés, Almáciga, Roque de Las Bodegas, Tachero, y en viviendas situadas en el Parque Rural de Anaga.
* La Provincia - JESÚS MONTESDEOCA - 8.08.09
Foto: Candelaria (Tenerife), vista Cho Vito - flickr.com
Hasta que el alquiler social les sea rentable
ANE ABARRATEGI ZAITEGI* : Ya se sabe que la diferencia que existe entre el precio de la vivienda y los sueldos constituye el mayor problema para la juventud vasca a la hora de independizarse. Tirando en una dirección los sueldos, el mercado laboral precario y el creciente paro; en la otra dirección, la vivienda con unos precios de venta y alquiler que nos llevan a gastar más del total de nuestro sueldo. Y en la mitad, nosotros/as, a punto de ahogarnos.
El Consejo de la Juventud de España, el Observatorio de la Juventud y el Gobierno Vasco han hecho públicos algunos datos en torno al tema. Tanto unos como otros, dejan claro que los/as que retrasan el momento de volar del nido familiar, no lo hacen debido a aspectos culturales y generacionales; estamos ante una situación provocada por factores económicos y políticos, sí o sí.
Por ejemplo, según los datos facilitados por el Observatorio Joven de la Vivienda para la juventud, en Araba una casa vale 243.090 euros en el mercado libre; en Bizkaia 294.880 euros; y en Gipuzkoa 299.090. Siendo este el panorama, una persona joven bizkaina tendría que gastarse el 111.6 % de su sueldo para poder comprar una casa solo; una gipuzkoana el 106.6% de su sueldo; y un alavesa un 79.7% de lo que gana. Es más, si solo gastásemos el recomendado 30% de nuestros ingresos, destinaríamos el 258.5% de lo que ganamos a la vivienda (según la última investigación del Consejo de la Juventud de España). Así, no es de extrañar que el número de jóvenes que vive fuera de casa de sus padres no alcance la mitad; y por si esto fuera poco, la mayoría de los que todavía lo hacen no esperan poder vivir por su cuenta en los siguientes 4 años (según las últimas encuestas del Gobierno Vasco). Mas allá de los datos estadísticos, esta situación tiene otras consecuencias: los y las jóvenes no tenemos la suficiente seguridad material (seguridad que se consigue mediante la vivienda y el trabajo) para poder desarrollar nuestro proyecto de vida propio; esta inseguridad a su vez, nos margina y condiciona nuestra participación social. Dicho de otra manera, hoy en día no existen condiciones mínimas para que la juventud pueda desarrollar su ciudadanía.
No se puede negar que el problema de la vivienda necesita de medidas proporciónales a su magnitud. Aun así, y atendiendo a las consecuencias, podríamos decir que las política llevadas a cabo en los últimos años no han puesto muchas resistencia a un mercado que no entiende el lenguaje de los derechos. Por un lado, los escasos recursos económicos de los planes de vivienda del Gobierno Vasco, por otro la política fiscal de las 3 diputaciones que no ha hecho otra cosa que incrementar el precio de la vivienda, y por ultimo las políticas de urbanismo utilizadas como fuente de ingreso de los ayuntamientos... Las políticas llevadas a cabo por las distintas instituciones no han sido capaces de dar la vuelta a la situación. Lamentablemente, el futuro también se perfila bastante oscuro para la juventud vasca. Los portavoces del gobierno de la CAV, han dado a conocer las bases de la futura política de vivienda, incluso se ha aprobado alguna medida especifica en el parlamento. Sin embargo, lo anunciado va en la misma dirección que hasta ahora, al considerar el sector de la vivienda y la construcción el motor de la economía.
Sí, aunque lo intenten disimular con un nuevo traje, las políticas planteadas por la Consejería Vivienda huelen a cemento, y vemos como de nuevo se han puesto medidas encima de la mesa que benefician de unos pocos y fomentan la perversión de un derecho fundamental. Por ejemplo, para activar la economía, se propone re-activar el sector de la construcción propiciando un pacto entre las cajas de ahorros o bancos, las empresas de construcción, inmobiliarias y la administración. De todas formas, seguimos sin ver con claridad de que manera solucionarán estas medidas el problema de la vivienda: ¿Como va a garantizar el aumento en la construcción de viviendas la accesibilidad de las mismas? Teniendo en cuenta las necesidades demográficas ¿de verdad hacen falta mas viviendas? ¿Cómo se va a gestionar el problema de las miles y miles de viviendas vacías que hay en Euskadi? Una misma receta para salir de la crisis y para cocinarla. En los últimos meses muchas personas agraciadas con una vivienda de protección oficial en régimen de compra se han visto obligados a rechazarla por falta de capacidad de pago. Ante esta situación, el gobierno, para sacar del mercado las viviendas protegidas y para fortalecer el sector, propone abrir las viviendas de protección oficial a rentas mas altas. Parece que como los pobres se han empobrecido demasiado, vamos a dar la opción de comprar las viviendas que se han construido con el dinero de todas a los "ricos". El planteamiento tiene lógica desde un prisma mercantilista, pero no acaba de encajar desde un punto de vista ético. Dejando a un lado los intereses que subyacen a las nuevas propuestas del gobierno, creemos que hacen falta medidas que tengan capacidad de responder a los intereses y necesidades de la mayoría.
Según las ultimas encuestas realizadas por el Gobierno Vasco, debido a la falta de estabilidad laboral y el precio de la vivienda, se ha duplicado el numero de solicitantes de alquiler dentro del programa Etxebide, pasando de ser un 32,1% en 2007 a un 61% en la actualidad. Otro dato más, este último que evidencia la necesidad de poner en marcha políticas activas en torno al alquiler. Así, si de verdad se quiere avanzar en el reconocimiento del derecho a la vivienda y si además se busca articular una respuesta en clave de universalidad y servicio público, es imprescindible ampliar el parque público de alquiler de manera prioritaria e inmediata.
El alquiler social, además de ser una ayuda capaz de adaptarse a distintas necesidades (poniendo en marcha alquileres en base a los ingresos), tiene potencial para acabar con el problema de las vivienda vacía originado por la especulación de los últimos años, y es una medida que puede hacer frente a realidades bastante dispares, entre otras a la de la juventud. A raíz de unas políticas públicas que principalmente se han diseñado para adaptarse a las necesidades del mercado, hoy en día nos situamos lejos de garantizar el derecho a la vivienda, y es ahora cuando se deberían fijar una nuevas bases para los futuros planes y poner en marcha recursos para fortalecer el estado del bienestar. Un pena, por que visto lo visto, y viéndolas venir, tenemos la sospecha de que tendremos que esperar hasta que alguno o alguna halle la manera de obtener beneficio económico mediante el alquiler social para ver implantadas medidas de este tipo.
* ANE ABARRATEGI ZAITEGI, CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI
* Diario Vasco - Opinión - 09.08.09
Chiclana: "El Ayuntamiento debe entender que esto es patrimonio del pueblo"
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DIARIODECÁDIZ* : La asociación de vecinos 'Cerro de la Espartosa' se moviliza para preservar y dar a conocer un entorno natural amenazado por la expansión urbanística local. El Parque Forestal Cerro de la Espartosa- Pinar de Hierro es un entorno natural situado a medio camino entre la costa y el centro de la localidad. Recientemente, el Pinar de Hierro ha sido declarado Zona Verde, lo cual lo convierte en espacio protegido.
En cambio, la pequeña zona colindante a éste, el Pinar de la Espartosa, queda fuera del amparo de las leyes medioambientales y se ve amenazada por planes urbanísticos de inminente ejecución.
La Asociación de Vecinos Cerro de la Espartosa se unió hace unos tres años para defender este entorno, pues, según su presidente, H. Piñeiro, "era la crónica de una muerte anunciada. Lo veíamos venir, así que decidimos actuar antes de que se nos echara todo encima". Este colectivo podría definirse como una amalgama entre una asociación de vecinos y una organización ecologista, y está compuesto en su mayoría por propietarios de viviendas en la zona cuyo objetivo es "dar a conocer y sensibilizar a la población chiclanera de la belleza y la importancia de este entorno natural", tal y como ellos mismos señalan en su reciente página web (www.aavv-cerro-espartosa.es).
"Queremos recordar al Ayuntamiento que hay otras opciones. Deben entender que esto es patrimonio del pueblo chiclanero, pues se trata de un enclave de alto valor paisajístico", señala el presidente de la asociación. Algunas de las medidas para conseguir que la Espartosa obtenga la denominación de Zona Verde son la elaboración de programas educativos, conducidos y elaborados por licenciados en Ciencias Medioambientales y dirigidos a alumnos de educación primaria y secundaria, además de una recogida de firmas vía internet.
Los planes de urbanización en la Espartosa consisten en la construcción de un hotel y un conjunto de entre 400 y 600 viviendas pareadas. El lugar concreto sería muy cerca de lo que actualmente es uno de los Puntos Mágicos que hay por los parajes naturales de la localidad, "lo cual puede interpretarse como algo contradictorio, pues se supone que los Puntos Mágicos son lugares de especial belleza, y un complejo con cientos de viviendas, a nuestro entender, no lo es", argumenta Piñeiro.
Este proyecto ha recibido tanto apoyos como críticas. La conocida asociación ecologista local La Chinita en el Zapato simpatiza con esta causa, así como el portavoz de Izquierda Unida José Pedro Butrón. Y es que desde la AAVV Cerro de la Espartosa también se quiere destacar que la zona no sólo es de alto atractivo vegetal, sino también faunístico. En cambio, desde el Ayuntamiento no se ha visto con buenos ojos esta iniciativa, y pese a mantener varias reuniones, los vecinos no dan su brazo a torcer. Según su presidente "entendemos que gobernar es una tarea complicada, pero una corporación no puede hablar en nombre de los ciudadanos".
De cualquier forma, bien es cierto que las disputas entre organismos oficiales y colectivos ecologistas están a la orden del día, especialmente en España. Nuestro país recibe cada vez con más frecuencia advertencias del Parlamento Europeo por problemas de corrupción urbanística.
* Diario de Cádiz - P. Luque - 9.08.09
Foto: Zona en la que se encuentran los pinos a conservar. - diariodecadiz.es
Costas niega que la "erradicación" de las casas de El Palo sea sinónimo de derribo
MÁLAGAHOY* : Admite que la propuesta al PGOU pasa por mantenerlas "fuera de ordenación" y aboga por buscar una solución "definitiva" entre todas las administraciones.La publicación del último informe de la Dirección General de Costas al Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Málaga, en el que habla de la "erradicación" de las casas levantadas sobre dominio público marítimo terrestre en El Palo, Pedregalejo, Las Acacias y Playa Virginia ha hecho saltar, por enésima vez, todas las alarmas entre los vecinos de la zona.
Los expuesto por este departamento se suma al largo listado de episodios que han tenido lugar a lo largo de las últimas décadas con estas edificaciones como eje del debate.
Hermoso subrayó que la solución final pasa por un acuerdo entre las tres administraciones implicadas, es decir, el Gobierno, la Junta y el Ayuntamiento. "Hay que ser coherentes, porque lleva muchos años enquistado y nunca se le ha encontrado una solución, quizá porque no ha habido una coordinación", explicó. Cuestionado por los pasos que ha dado su departamento para tratar de hallar una salida, dijo que se han barajado diversas opciones.
Pero si llamativa fue la explicación de Costas para quitar hierro, no lo fue menos la propuesta del alcalde, Francisco de la Torre, para salvaguardar estas construcciones. El regidor, que pareció atender a lo que el pasado jueves propuso la asamblea de IU en El Palo, planteó su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), al entender que hay argumentos para ello. No obstante, precisó que la solución final pasa por modificar el deslinde. A su juicio, esta medida "es un mecanismo más para asegurar la legalidad" de estas casas, aunque dijo que lo que le preocupa es que los vecinos puedan obtener la propiedad de las viviendas, para lo que se precisa "un deslinde distinto". Más contundente fue el presidente del PP en la provincia, Elías Bendodo, quien acusó al Gobierno de haber puesto sus ojos en Málaga en los últimos meses y de dedicarse "a fastidiar". "Primero, con los chiringuitos, y ahora vuelve al ataque con la idea de poner en peligro las casas de El Palo", denunció. Desde el PSOE, su secretario de Organización, Francisco Conejo, planteó la creación de una mesa de negociación para buscar la mejor opción. "Creemos que se puede establecer un símil con lo que se ha hecho con los chiringuitos", comentó, al tiempo que subrayó la necesidad de dar las máximas garantías jurídicas a los vecinos.
El origen de los problemas a los que hoy siguen enfrentándose los vecinos de El Palo y Pedregalejo se remonta a varias décadas atrás, hecho del que da fe el ex jefe de Costas Luis López Peláez. Haciendo memoria, recuerda cómo se realizaban los deslindes en los años 60. "Se hacían de cualquier forma. Iba el presidente del Puerto, porque entonces no había Demarcación de Costas, o el jefe de Obras Públicas, el delegado de Hacienda y el comandante de Marina y le preguntaban a un vecino 'usted dónde cree que llegó por última vez el oleaje'. Y lo pintaban en el plano".
Es historia viva de este conflicto y tras tantos años dice no entender que aún no haya una solución definitiva, que podría haber llegado si los responsables del Ministerio de Medio Ambiente hubiesen atendido la propuesta que hizo, en 2000, para variar el deslinde y llevarlo hasta la facha misma de las casas. Incluso, apunta que en 1997, el máximo responsable de Costas le propuso "el desalojo inmediato" de las casas de El Palo. "Resistí porque me pareció un disparate", comenta, al tiempo que ensalza el papel de la entonces alcaldesa, Celia Villalobos, quien terció con la ministra de Medio Ambiente para revertir la situación.
* Málaga Hoy - Sebastián Sánchez -8.08.09
Foto: Málaga , el Palo - mma.es
Invitan a los vecinos de la isla a elaborar “un documento reivindicativo que cambie el rumbo de Lanzarote”
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LAVOZ/Lanzarote* : El grupo de jóvenes que el pasado 25 de julio celebró una primera asamblea cívica en el Parque Islas Canarias para llegar a consensos mínimos sobre decencia política y exigir un nuevo rumbo para la isla, ya ha elaborado un decálogo denominado “Manifiesto Paralelo”.
La aprobación y difusión se llevará a cabo en una nueva reunión este viernes, 7 de agosto, a las 20:00 horas, en la Plaza de la Constitución de Arrecife, más conocida como “La Plazuela”, bajo el lema “Hay otra Lanzarote, la de la dignidad”.
Además, desde ese momento se comenzará la recogida de firmas para una propuesta que incluye puntos como la transparencia, la necesaria participación ciudadana, la reducción de los sueldos de los cargos públicos, la ampliación de las investigaciones judiciales a todas las instituciones insulares, la depuración de responsabilidades y la defensa de las empresas públicas “que han sido saqueadas”. Posteriormente, el documento que sea refrendado se hará llegar a todas las instituciones de Lanzarote, Canarias y el Estado, “como evidencia de que hay otra Lanzarote más allá de la que sale en la prensa y que nos avergüenza, la Lanzarote de miles de ciudadanos honrados que queremos dejar claro que éste no es el modelo de isla que queremos”, afirman.
Este grupo de jóvenes, de entre 20 y 25 años, ha hecho un llamamiento a través de cadenas de correos electrónicos y de la red de Internet con el fin de que “los ciudadanos de Lanzarote comiencen a tomar conciencia, y poner así un granito de arena para que empiece a reactivarse una sociedad aparentemente dormida y pasota, a pesar de la crítica situación política, social, económica y judicial que padecemos, la peor de las últimas décadas”.
Por otra parte, aseguran haber entrado en contacto ya con el otro grupo de jóvenes que ha convocado para el viernes 14 de agosto una manifestación entre el Gran Hotel y el Cabildo, puesto que “coincidimos en muchísimos aspectos con ellos, en la defensa de la isla, de su territorio, contra la especulación y las malas formas que han llevado a los políticos a unos niveles de descrédito insuperables”, aseguran.
Por eso han decidido aunar esfuerzos, y afirman que “ellos estarán en nuestra concentración de este viernes y nosotros colaboraremos con ellos para la semana que viene, estamos ilusionados en que algo se empiece a mover, y que los jóvenes, al menos los más comprometidos, empecemos a hacer sentir nuestra voz”.
Diez puntos para cambiar el rumbo de Lanzarote
El decálogo del que se compone el “Manifiesto Paralelo”, y que será presentado este viernes en La Plazuela, incluye varias medidas que según los organizadores “cambiarían muchas cosas en beneficio de todos” y que fueron consensuadas en la primera reunión. En el apartado “por la decencia política” exigen la dimisión en bloque de todos los cargos públicos que han demostrado su incapacidad para gestionar las instituciones, así como la urgente dimisión de todos los imputados en casos de corrupción política y la apertura en el seno de los partidos de comisiones de investigación para depurar responsabilidades.“Excluir a los corruptos y dejar de “taparlos y excusarlos”, señala el manifiesto.
Destacan también la necesidad de mayor transparencia, que se haría posible publicando en red de Internet todos los “movimientos económicos y contratos sufragados con dinero público”, para que todos los medios de comunicación y ciudadanos tengan acceso libre a ellos y evitar “escándalos como el tristemente famoso kilo solidario o las contrataciones de empresas de manera oscura que hemos conocido en los últimos días”.
Otros asuntos destacables serían la exigencia del cese de todos los “enchufados en la administración pública por designación directa de los cargos públicos, sin concurso previo ni certificación de sus méritos”.
“Pedimos por tanto que se despida de manera inmediata a todos los asesores de concejales, alcaldes, consejeros o de presidencia y que su función la ocupen técnicos de las áreas correspondientes, evitando la sangría económica que suponen al dinero de todos estos individuos cuya formación o méritos se desconocen”.
También incorporan puntos pidiendo el fin de la parálisis institucional, la reducción de gastos superfluos, una mayor diversificación de la economía o la defensa del territorio y la idiosincrasia insular frente a “los señores del dinero que se saltaron el ordenamiento jurídico y urbanístico y mataron a la gallina de los huevos de oro con la complicidad de los políticos que desoyeron a la ciudadanía”.
* La Voz de Lanzarote - Paula Corujo • 7 de agosto de 2009
Foto: Arrecife (Lanzarote) - flickr.com
Galicia: El Constitucional ordena paralizar de forma indefinida la edificación en núcleos costeros
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FARODEVIGO* : En el conflicto abierto entre la Xunta y el Estado sobre la ordenación del urbanismo en la costa, el Gobierno gallego perdió ayer una batalla: el Tribunal Constitucional decidió paralizar de forma indefinida la ley gallega que suaviza los efectos de la ley de costas, la norma estatal por la que cientos de casas situadas en el litoral pasan a ser propiedad del Estado y que prohíbe construir y hacer reformas en los primeros metros de la franja costera.
Miles de gallegos se han visto afectados por esta ley, bien porque sus viviendas o fincas están situadas en primera línea de playa –y por lo tanto, en terreno público– o porque lo están en los siguientes 100 metros de franja costera, en los que la ley estatal prohíbe levantar nuevas edificaciones y obliga a pedir autorizaciones para cualquier obra o mejora en la vivienda.
Ante esta situación y alegando su soberanía en materia urbanística, el Parlamento gallego aprobó el año pasado –todavía bajo el mandato del bipartito en la Xunta aunque por unanimidad de los tres partidos en la Cámara– una enmienda a la Lei de Vivenda que reducía a 20 metros la franja o servidumbre de protección aplicable a decenas de núcleos de casas situados en pueblos costeros como Fisterra, Muxía, A Pobra, Ribeira, Moaña o Marín. El Ministerio de Medio Ambiente consideró que esa modificación legislativa usurpaba sus competencias, así que en abril pasado el Estado denunció la norma ante el Tribunal Constitucional, que admitió a trámite el recurso y suspendió de forma cautelar el polémico artículo de la ley gallega. Ahora, el Constitucional ha decidido prolongar la paralización de la norma de forma indefinida, hasta que resuelva el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Estado hace casi cinco meses. Un plazo que, según fuentes jurídicas expertas en la materia, durará varios años dado el retraso que acumula el máximo tribunal español –el último recurso de constitucionalidad que resolvió había sido presentado en 2005–.
Según la ley de costas, aprobada en 1988, todo lo construido sobre el terreno que va desde la marea más baja hasta donde llegaran las olas más grandes de las que se tengan pruebas es dominio público, o lo que es lo mismo, propiedad del Estado. Hace dos años, el Ministerio de Medio Ambiente retomó los trabajos de deslinde, delimitando hasta dónde llega el dominio público en cada punto de la costa española, basándose en estudios técnicos y geológicos. Aunque en Galicia todavía no se ha completado el deslinde de todo el litoral, el proceso está obligando a cientos de gallegos a renunciar a la propiedad de sus viviendas y cederlas al Estado, convirtiéndose en simples concesionarios del terreno y la casa. Además de estos casos en los que los afectados dejan de ser dueños de sus casas sin indemnización alguna, la mayoría de los perjudicados por la ley de costas lo son porque sus viviendas, fincas o naves están situadas en la llamada servidumbre de protección, una franja de terreno en la que el Estado respeta la titularidad de los bienes pero donde prohíbe levantar nuevas construcciones e incluso hacer obras o pequeñas reformas en las existentes sin la autorización expresa de la Administración. La anchura de la servidumbre depende del tipo de suelo: por defecto es una franja de 100 metros paralela al deslinde, aunque esto se reduce a los 20 metros si el terreno estaba calificado como urbano antes de 1988, cuando se redactó la ley de costas.
Muchos ayuntamientos gallegos situados en A Costa da Morte o en O Barbanza no cumplen esta condición, por lo que las restricciones urbanísticas afectan a más de 100 metros de costa, lo que en muchos casos supone buena parte del pueblo o incluso sus cascos históricos y tradicionales. Además, estas prohibiciones condicionan, y mucho, el desarrollo urbanístico de los municipios. Para que esos concellos pudieran limitar las restricciones a sólo 20 metros, la Xunta estableció en la enmienda a la ley de Vivenda que los núcleos rurales también podían beneficiarse de las excepciones a la ley de costas, pero el Ministero la recurrió al considerar que "vulneraba" sus competencias.
Otro varapalo para los afectados de Marín y Moaña
La decisión del Constitucional de suspender de forma indefinida el artículo de la ley de Vivenda que suavizaba la ley de Costas no ha gustado nada a los afectados que, con todo, no se mostraron demasiado sorprendidos por la decisión del tribunal.
"Era previsible", aseguraba el portavoz de los afectados de Marín y Moaña, Enrique Méndez, quien defendió "que la Xunta es la única que tiene competencias sobre urbanismo, lo dice bien claro el Estatuto de Autonomía".
"Esto ya está llegando al absurdo", decía ayer José Luis Traba, alcalde de Fisterra y portavoz de los cientos de vecinos cuyas casas están dentro de la servidumbre de protección o dentro del dominio público, lo que les obliga a renunciar a su propiedad para cedérsela al Estado. "Buena parte del casco histórico pasará a ser propiedad estatal", dice Traba, para quien la ley de Costas "está hecha para los pueblos... ¿o acaso se dijo algo del muelle de San Pedro, o de los Jardines de Méndez Núñez, que fueron ganados al mar?".
* Faro de Vigo - 8.08.09
Foto: Vista parcial de Illa de Arousa, uno de los núcleos rurales que se encuentran en esta situación - sangiao, elcorreogallego.es
La Justicia, cuestionada por los casos de corrupción
LAPROVINCIA/Las Palmas* : Más de un centenar de jueces, abogados, funcionarios y operadores judiciales de la provincia de Las Palmas creen que la reiteración de resoluciones a favor de personas imputadas por presunta corrupción política está minando la credibilidad de la Justicia y piden a los poderes públicos que tomen las medidas necesarias para restablecer la confianza de los ciudadanos en los tribunales.
Sin citar ningún proceso judicial en concreto, pero en evidente referencia a casos como el salmón o Gürtel, este grupo de profesionales señalan que diariamente constatan la "sorpresa" e "indignación" de la población "por determinadas resoluciones judiciales que parecen amparar comportamientos que son, al menos, dignos del más enérgico reproche ético y social e indiciariamente constitutivos de delito, en casos comúnmente denominados de corrupción".
En un manifiesto a la opinión pública titulado La Justicia en crisis, firmado, entre otros, por los magistrados Miguel Ángel Parramón y María Victoria Rosell, y por el decano del Colegio de Abogados, Joaquín Espinosa, se hace un llamamiento para que "se investiguen seriamente las causas de la pérdida de la confianza de la ciudadanía". Consideran que el pueblo está recibiendo el mensaje de que Justicia es "fuerte e implacable con los delitos y faltas cometidos por las clases sociales más humildes", y por el contrario, "es débil y especialmente comprensiva con los presuntos delitos de corrupción, los delitos urbanísticos y los delitos patrimoniales 'de cuello blanco' que se cometen por los grandes poderes económicos y altos cargos políticos o públicos".
María Victoria Rosell confirmó a este periódico que cada día, al juzgar los casos que le llegan, recibe las quejas de ciudadanos que comparan su situación con la de los políticos y resaltó que los presuntos cohechos "deben llegar a juicio".
* La Provincia - 6.08.09
Segundo revés del TSJ a la autovía de La Vega Baja
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ELPAÍS/Alicante* : La vía de circulación rápida que proyecta el Consell para unir los núcleos urbanos más populosos de La Vega Baja, Orihuela y Torrevieja, a través de la huerta ha sufrido otro revés judicial. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha dictado una sentencia que paraliza el proyecto, conocido como la CV-9, por su impacto ambiental y porque "ignora" alternativas que consumen menos suelo.
Este el segundo fallo sucesivo del tribunal contra la infraestructura a raíz de sendos recursos de afectados.
Los colectivos cívicos de la comarca (vecinos, agricultores y ecologistas) no sólo se han organizado contra esa nueva carretera, sino contra una autovía similar también del Consell entre Orihuela y Guardamar y otra autopista, impulsada por el Gobierno, entre Murcia y Catral.
El fallo del TSJ admite parcialmente el recurso presentado por la Asociación de Afectados de la Autovía CV-95 Orihuela-Costa. La sala considera que una de las dos propuestas no consideradas por la consejería "consume menos territorio y evita duplicidades, aparte de que optimiza la funcionalidad de las infraestructuras preexistentes". Esa alternativa que señala el TSJ es la defendida por los afectados y supone el ahorro de 600.000 metros cuadrados y evita partir el término del municipio de San Miguel de Salinas.
El tribunal también cuestiona el estudio de impacto ambiental que califica de "imperfecto e incompleto" porque se privó al órgano ambiental de evaluar las distintas alternativas.
La sala anula la aprobación del proyecto del 16 de marzo de 2007. Fuentes de la Consejería de Infraestructuras han señalado que la sentencia no afecta a la iniciativa, "porque ya ha sido recurrida". El proyecto ya ha sido adjudicado a una UTE, liderada por Lubasa, por 172,4 millones de euros, aunque las obras no han comenzado.
La segunda autovía que propone el Consell en el interior de La Vega Baja es la CV-91, que unirá Orihuela con Guardamar del Segura. Éste proyecto todavía no ha sido adjudicado, y también ha concitado el rechazo de los vecinos y propietarios de terrenos. "Ya hemos presentado más de 7.125 firmas rechazando el primer tramo de la autovía. Entre otras cuestiones porque la concentración de vías rápidas va a acabar con la huerta", señaló Quintín Gómez, de la asociación de afectados.
La tercera vía que ha sublevado los ánimos de los vecinos de La Vega Baja es la autopista A-37, entre Murcia y Catral, que discurrirá en paralelo a AP-7. Esta vía, programada por el Gobierno, está en fase de estudio de las distintas alternativas. No obstante, los vecinos ya han recogido 14.000 firmas solicitando su anulación. En contra del proyecto se ha posicionado hasta el Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, entidad partidaria de desdoblar la AP-7 como alternativa a la nueva autopista.
* ELPAIS.com - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 07/08/2009
Foto: Orihuela (Alicante), la vega y la sierra - wikipedia.org
Pontedeume: Fusquenlla exige castigo penal para los que autorizaron los chalés de Nogueirosa
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LAOPINIÓN/A Coruña* : El colectivo eumés Fusquenlla exige responsabilidad penal para los miembros del anterior Gobierno local de Pontedeume que permitieron la construcción de los ocho chalés de Freixeiro-Nogueirosa, todos ellos levantados en suelo de protección rústico costera, donde está prohibido edificar.
Esta asociación, que lucha por un urbanismo sostenible, afirma que las licencias de obra fueron concedidas "a sabiendas de su ilegalidad" ya que, apunta, se admitió que las construcciones infringían la ley de protección litoral.
Recuerda que el Concello de Pontedeume fue advertido por la Consellería de Política Territorial sobre la ilegalidad de las licencias y requirió al por aquel entonces alcalde, el socialista Belarmino Freire, que anulase los permisos de obra y paralizase la actuación, advertencia que se obvió.
El colectivo eumés destaca que "el delito no consistió sólo en construir en suelo rústico de protección costera" sino que, apunta, en un caso los propietarios de los terrenos consiguieron el permiso del Concello par la segregar el terreno y levantar así dos chalés. La división de terrenos está estipulada en la ley del suelo como una actividad "expresamente prohibida" en suelo rústico y tipificada como infracción urbanística "muy grave".
Pese a que comprende el malestar de los propietarios de las viviendas, señalan que la mayor parte eran conscientes del riesgo que corrían "solamente con leer los términos de la licencia concedida", ya que en ellas aparecía el dictamen contrario de la secretaria municipal.
"Se comprende el malestar provocado por una demolición, pero hay que tener en cuenta los hechos que originaron esa resolución judicial" manifiesta Fusquenlla, que denuncia que los políticos que otorgaron dichos permisos de obra no pueden tener "ningún tipo de eximente" y espera que haya "otro dictamen de los jueces que haga recaer sobre los verdaderos responsables todo el peso de la ley".
Fusquenlla afirma que, mientras no se tomen medidas, serán los vecinos de Pontedeume los que pagarán los "delitos" cometidos por los políticos "corruptos".
* La Opinión Coruña - VIVIANA BURÓN - 7.08.09
Foto: Fachada del chalé cuyo derribo estaba previsto para el pasado jueves. / la opinión
La Policía detiene a un ex director de Deportes del Consell por el Palma Arena
DIARIODEMALLORCA* : La Policía implica a otro alto cargo del Partido Popular en la trama económica del Palma Arena. Se trata de Antonio Palerm, quien en la anterior legislatura ocupó el cargo de director general del área de Deportes del Consell Insular y que se convierte en el séptimo detenido en este nuevo escándalo político.
El área de Deportes que dirigía estaba integrada en s´Institut, la única responsabilidad que asumió el PP en la anterior legislatura del Consell Insular, bajo la dirección del hoy diputado autonómico Antoni Serra.
Palerm, que ayer no se encontraba en Mallorca, regresó al mediodía y se presentó en Jefatura. Quedó detenido a la espera de que se le tomé declaración, posiblemente hoy.
El ex director general insular de Deportes también formó parte del Consorcio que se creó para tramitar todo el proceso de construcción del velódromo de Palma. Este organismo lo constituían el Consell Insular, el Govern y el ayuntamiento de Palma. Pero Palerm no se limitó sólo a participar en las reuniones del Consorcio. También suministró material de construcción a la UTE que fabricaba el velódromo, facturándole 11.400 euros. Estas facturas están en poder de la Policía. Su defensor es el abogado Eduardo Valdivia.
Durante la tarde de ayer, y bajo la supervisión de los fiscales Anticorrupción Miguel Ángel Subirán y Pedro Horrach, la Policía tomó declaración a varios de los seis detenidos en la primera fase de la operación. En concreto, se interrogó a Ignacio Antonio Sáez, el arquitecto que participó en la construcción, quien a media tarde quedó en libertad con cargos. Abandonó el edificio policial acompañado de su abogado, Pedro Cerdá.
Los investigadores se interesaron por conocer el papel que tuvo Sáez en el proceso de construcción del velódromo. El detenido declaró que se encargó de la dirección técnica del proyecto, es decir, era el arquitecto que estaba a pie de obra. Explicó que su función era interpretar los planos y resolver los problemas de construcción que se podían plantear. Estuvo trabajando tanto para Ralf Schürmann (diseñador del proyecto original) como para los hermanos García Ruiz, aunque fueron estos últimos arquitectos los que fijaron su sueldo.
Una de las líneas de investigación sobre las que se vuelcan los policías del Grupo de Delincuencia Económica es determinar si alguno de los arquitectos que participó en el proyecto del velódromo lo hizo también en el nuevo chalet que se construye el ex director general de Deportes Pepote Ballester en la zona de sa Ràpita. Sobre este punto se le preguntó ayer a Sáez, que negó que hubiera intervenido en este chalet. Sin embargo, Anticorrupción sospecha que parte del material que se pagó con fondos del Consorcio y que nunca se colocó en el velódromo, terminó en la casa de Pepote Ballester.
* Diario de Mallorca - J. F. MESTRE/ B. PALAU. PALMA- 7.08.09
Foto: Palma de Mallorca, velódromo Palma Arena - diariodemallorca.es
El TSJ 'tumba' otro plan para 1.272 casas porque deja el urbanismo en manos privadas
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LAVERDAD/Alicante* : Las macrourbanizaciones, que generalmente conllevan una alteración importante del paisaje y del modelo de planeamiento vigente, no se pueden aprobar por la puerta trasera de un plan parcial o un PAI, sino que han de estar amparadas por el Plan General (PGOU). El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha vuelto a apelar a la doctrina Parcent, conocida así por la paralización de una operación urbanística en dicha localidad decretada a finales del 2006, para tumbar otro proyecto megalómano, en este caso en Tibi, a los pies del mazizo del Maigmó.
Es la respuesta de los jueces al cúmulo de irregularidades, aberraciones y atentados contra el paisaje que muchos ayuntamientos han ejecutado en los últimos años y que han llevado al urbanismo de la Comunidad Valenciana hasta el Parlamento Europeo.
En el caso de Tibi, el Consistorio aprobó el 30 de marzo del 2005, el convenio que permitiría construir 1.272 viviendas en el sector El Aljibe. Lo hizo, «paradójicamente», apenas un año después de acordar una especie de moratoria urbanística en esa zona hasta que estuviese listo el avance del PGOU o al menos definido en su concierto previo el modelo territorial de municipio, según el fallo hecho público ayer por el TSJ.
Es más, el Ayuntamiento recurrió para ello a un plan parcial con expediente de homologación, obvió los valores medioambientales que había previamente reconocido y se alejó del interés general para beneficiar a intereses privados de promotores.
Para los magistrados, la aprobación del convenio urbanístico es «nulo de pleno derecho» porque dejaba sin efecto el anterior, de noviembre del 2003, que «precisamente disponía todo lo contrario». De una superficie total a urbanizar de 59,30 hectáreas para 474 viviendas se pasó, por arte de funambulismo administrativo, a permitir 1.593.413 metros cuadrados urbanizados y 1.272 edificaciones.
Además, según el TSJ, la corporación empleó un mecanismo inadecuado para materializar la urbanización: la de la homologación de un sector y aprobación de un plan parcial.
Aunque no invalidan el procedimiento, los magistrados también enumeran en su sentencia -por la que revocan una anterior del Juzgado de lo Contencioso 3 de Alicante-que las autoridades locales no contaron con el informe del secretario ni de una comisión informativa, parece que quisieron eludir una directiva europea y no disponían de la opinión de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) sobre la existencia o no de recursos hídricos en la zona.
En cualquier caso, la resolución, da la razón a la Asociación de Vecinos de El Aljibe» y apuntala todavía con más argumentos la doctrina Parcent contra el urbanismo salvaje.
* La Verdad - 07.08.09 -MANRIQUE C. SÁNCHEZ
Foto: Panorámica de la localidad de Tibi. / ROBERTO MILÁN, laverdad.es
El Gobierno de la Comunidad de Madrid castiga a los vecinos de La Cañada
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DIARIODELHENARES* : La Comunidad retrasa la aprobación de unas modificaciones relacionadas con el barrio. La Comisión de Urbanismo de la Comunidad de Madrid acordó este jueves condicionar la elevación al Consejo de Gobierno de la aprobación definitiva de la modificación puntual del Plan General en el ámbito del barrio cosladeño de La Cañada hasta la aprobación de la ley que desafecta la Cañada Real Galiana, que está tramitando este organismo autónomo.
El Gobierno Municipal de Coslada quiere manifestar su malestar y desacuerdo por esta incomprensible decisión, pues se trata de dos actuaciones absolutamente diferentes, especialmente cuando dicho plan ya había recibido el 25 de junio la aprobación definitiva por parte de dicha Comisión de Urbanismo y el apoyo unánime del conjunto de la Corporación Municipal de Coslada y de las cuatro formaciones políticas que la componen (PSOE, IU, PIC y PP).
A juicio del Alcalde cosladeño, Ángel Viveros, la decisión del Gobierno de la Comunidad es totalmente incomprensible puesto que equipara dos temas totalmente diferentes y los vincula desdiciéndose de lo que aprobó en junio de este mismo año, es decir, hace poco más de un mes. De esta manera, según el primer edil, tendrá que dar las explicaciones oportunas al conjunto de la ciudadanía de este municipio porque es difícilmente entendible un cambio de actitud como éste sin que detrás haya intereses partidistas.
La modificación puntual que se plantea en el barrio cosladeño de La Cañada aborda la corrección del trazado viario y de dos unidades de ejecución para mejorar su accesibilidad, especialmente en materia de seguridad, y posibilitar el correcto funcionamiento de los servicios urbanos. En ningún caso, afecta a terrenos comprendidos o delimitados por la denominada Cañada Real Galiana, aclara el 2º Teniente de Alcalde y Concejal de Urbanismo Antonio Murillo. Son dos actuaciones que no tienen nada que ver, totalmente diferentes. El barrio cosladeño de La Cañada no responde a las mismas características que presenta La Cañada Real de Las Merinas. Los terrenos que comprenden este barrio ya fueron desafectados en los años 80, con el visto bueno de ICONA y de la propia Comunidad de Madrid, y en 1985 se incorporaron al Plan General de Coslada, aprobado por la propia Comunidad de Madrid, tras un modélico proceso de legalización y ordenación urbana de la zona, explica el concejal de Urbanismo.
El concejal de Urbanismo califica de incomprensible que ahora la comunidad de Madrid pretenda supeditar las mejoras urbanas de este barrio a un proceso de desafectación de terrenos de otra zona urbana diferente. Queremos pensar que la decisión responde al desconocimiento sobre la realidad urbana de la región por parte del gobierno de Esperanza Aguirre, lo cual, aunque grave es rectificable, porque de lo contrario podríamos estar hablando de mala fe, continúa Murillo
* Diario del Henares - 5.08.09
Foto: Coslada (Madrid), ayuntamiento - diariodelhenares.com
