Galicia: El Constitucional ordena paralizar de forma indefinida la edificación en núcleos costeros

FARODEVIGO* : En el conflicto abierto entre la Xunta y el Estado sobre la ordenación del urbanismo en la costa, el Gobierno gallego perdió ayer una batalla: el Tribunal Constitucional decidió paralizar de forma indefinida la ley gallega que suaviza los efectos de la ley de costas, la norma estatal por la que cientos de casas situadas en el litoral pasan a ser propiedad del Estado y que prohíbe construir y hacer reformas en los primeros metros de la franja costera.

Miles de gallegos se han visto afectados por esta ley, bien porque sus viviendas o fincas están situadas en primera línea de playa –y por lo tanto, en terreno público– o porque lo están en los siguientes 100 metros de franja costera, en los que la ley estatal prohíbe levantar nuevas edificaciones y obliga a pedir autorizaciones para cualquier obra o mejora en la vivienda.
Ante esta situación y alegando su soberanía en materia urbanística, el Parlamento gallego aprobó el año pasado –todavía bajo el mandato del bipartito en la Xunta aunque por unanimidad de los tres partidos en la Cámara– una enmienda a la Lei de Vivenda que reducía a 20 metros la franja o servidumbre de protección aplicable a decenas de núcleos de casas situados en pueblos costeros como Fisterra, Muxía, A Pobra, Ribeira, Moaña o Marín. El Ministerio de Medio Ambiente consideró que esa modificación legislativa usurpaba sus competencias, así que en abril pasado el Estado denunció la norma ante el Tribunal Constitucional, que admitió a trámite el recurso y suspendió de forma cautelar el polémico artículo de la ley gallega. Ahora, el Constitucional ha decidido prolongar la paralización de la norma de forma indefinida, hasta que resuelva el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Estado hace casi cinco meses. Un plazo que, según fuentes jurídicas expertas en la materia, durará varios años dado el retraso que acumula el máximo tribunal español –el último recurso de constitucionalidad que resolvió había sido presentado en 2005–.
Según la ley de costas, aprobada en 1988, todo lo construido sobre el terreno que va desde la marea más baja hasta donde llegaran las olas más grandes de las que se tengan pruebas es dominio público, o lo que es lo mismo, propiedad del Estado. Hace dos años, el Ministerio de Medio Ambiente retomó los trabajos de deslinde, delimitando hasta dónde llega el dominio público en cada punto de la costa española, basándose en estudios técnicos y geológicos. Aunque en Galicia todavía no se ha completado el deslinde de todo el litoral, el proceso está obligando a cientos de gallegos a renunciar a la propiedad de sus viviendas y cederlas al Estado, convirtiéndose en simples concesionarios del terreno y la casa. Además de estos casos en los que los afectados dejan de ser dueños de sus casas sin indemnización alguna, la mayoría de los perjudicados por la ley de costas lo son porque sus viviendas, fincas o naves están situadas en la llamada servidumbre de protección, una franja de terreno en la que el Estado respeta la titularidad de los bienes pero donde prohíbe levantar nuevas construcciones e incluso hacer obras o pequeñas reformas en las existentes sin la autorización expresa de la Administración. La anchura de la servidumbre depende del tipo de suelo: por defecto es una franja de 100 metros paralela al deslinde, aunque esto se reduce a los 20 metros si el terreno estaba calificado como urbano antes de 1988, cuando se redactó la ley de costas.
Muchos ayuntamientos gallegos situados en A Costa da Morte o en O Barbanza no cumplen esta condición, por lo que las restricciones urbanísticas afectan a más de 100 metros de costa, lo que en muchos casos supone buena parte del pueblo o incluso sus cascos históricos y tradicionales. Además, estas prohibiciones condicionan, y mucho, el desarrollo urbanístico de los municipios. Para que esos concellos pudieran limitar las restricciones a sólo 20 metros, la Xunta estableció en la enmienda a la ley de Vivenda que los núcleos rurales también podían beneficiarse de las excepciones a la ley de costas, pero el Ministero la recurrió al considerar que "vulneraba" sus competencias.

Otro varapalo para los afectados de Marín y Moaña
La decisión del Constitucional de suspender de forma indefinida el artículo de la ley de Vivenda que suavizaba la ley de Costas no ha gustado nada a los afectados que, con todo, no se mostraron demasiado sorprendidos por la decisión del tribunal.
"Era previsible", aseguraba el portavoz de los afectados de Marín y Moaña, Enrique Méndez, quien defendió "que la Xunta es la única que tiene competencias sobre urbanismo, lo dice bien claro el Estatuto de Autonomía".
"Esto ya está llegando al absurdo", decía ayer José Luis Traba, alcalde de Fisterra y portavoz de los cientos de vecinos cuyas casas están dentro de la servidumbre de protección o dentro del dominio público, lo que les obliga a renunciar a su propiedad para cedérsela al Estado. "Buena parte del casco histórico pasará a ser propiedad estatal", dice Traba, para quien la ley de Costas "está hecha para los pueblos... ¿o acaso se dijo algo del muelle de San Pedro, o de los Jardines de Méndez Núñez, que fueron ganados al mar?".







* Faro de Vigo - 8.08.09
Foto: Vista parcial de Illa de Arousa, uno de los núcleos rurales que se encuentran en esta situación - sangiao, elcorreogallego.es