,+zona+de+viviendas+irregulares+-+eldiadecordoba.es.jpg)
ELDÍADECÓRDOBA* : Más de 800 viviendas del término municipal de Cabra que se encuentran en situación irregular han quedado fuera de cualquier posibilidad inmediata de ordenación en el Plan General de Ordenación Urbana aprobado recientemente y que ayer presentó el Ayuntamiento de la ciudad de la Subbética.
El concejal de Urbanismo, Manuel Carnerero (IU), explicó que la mayorías de estas casas están situadas en las zonas de El Pedroso, Arroyo de Santa María y la Higueruela, entre otras, que se excluyen como espacios urbanizables en el documento. Carnerero explicó que el PGOU está ya aprobado definitivamente "a falta de la subsanación de pequeñas deficiencias que no necesitan su posterior traslado a la Comisión Provincial de Urbanismo" .
Respecto a las zonas que se encuentran dentro de los suelos no sectorizados, el responsable de Urbanismo matizó "que se estudiará la posibilidad en un futuro de que para su sectorización no compute ni el aumento de superficie urbanizable ni el aumento de población", como se acordó en una reunión de alcaldes y ediles de Urbanismo de la zona Sur.
Un dato que destacó Carnerero es que el PGOU contempla para dotación de suelo industrial 1,22 millones de metros cuadrados de suelo, lo que supone un aumento del 75% respecto al existente en la aprobación provisional del documento, que era de 698.500 metros cuadrados. Para Carnerero, "todo este proceso ha sido un camino más largo de lo normal, pero que se ha resuelto de la manera más beneficiosa posible para Cabra porque supone un importante instrumento para el desarrollo social de la ciudad".
En su aprobación inicial en octubre de 2008, la Junta de Andalucía informó entonces de que el nuevo Plan de General de Ordenación Urbanística de la ciudad de Cabra contempla una superficie de 355.280 metros cuadrados de suelo residencial en el que se podrán levantar 1.737 viviendas. Las mismas fuentes de la Administración autonómica confirmaron que el nuevo plan de ordenación permitirá la integración de los arcos urbanos del municipio con la variante de la carretera A-318, "configurando un sistema de rondas urbanas y la estructuración de la red de comunicaciones intermedia". "De este modo, se culminarán los procesos de integración urbana de la ciudad consolidada con la incorporación de las huertas y se mejorará la unión de las nuevas extensiones urbanas con el río y los cerros, mediante la generación de un sistema de parques de borde que favorezca la transición entre ciudad y espacio rural", apostillaron las fuentes. Además, el documento contempla la generación de nuevos suelos para actividades productivas, completando así el modelo de planeamiento vigente sobre el eje de las carreteras de Monturque y la nueva variante.
En cuanto a las propuestas presentadas por el Ayuntamiento egabrense para su incorporación en el Plan de Ordenación del Territorio del Sur de Córdoba (POT), Carnerero destacó ayer "el logro alcanzado con el consenso de todos los grupos políticos" y dijo que pedirán la ejecución de un trazado alternativo desde la carretera A-339, que permita un nuevo acceso al núcleo urbano y evite la peligrosidad que supone el cruce de vehículos entre el paraje de la Fuente del Río y el Parque Deportivo, el acondicionamiento de la CO-6213 desde Gaena con la A-331 dirección Rute o la reserva de espacio para la instalación de un área de servicio en la A-318.
En lo relativo al sistema comarcal de espacios libres, las propuestas tratan sobre la inclusión como camino recreativo el Camino Viejo de la Sierra de Cabra o la introducción en la red de miradores tanto el Picacho de la Ermita de la Virgen de la Sierra como el escarpe de la Fuente del Río.
* El Día de Córdoba - Antonio Fernández - 4.08.09
Foto: Una de las zonas de viviendas irregulares en el término municipal de Cabra. - eldiadecordoba.es
Cabra: El PGOU deja fuera de ordenación más de 800 viviendas en situación irregular
El patrimonio de Benidorm, descatalogado desde 1994
.jpg)
ELPAÍS/Alicante* : El patrimonio municipal de Benidorm, gobernado por el PP desde 1991, es un caos. El Ayuntamiento tiene graves dificultades a la hora de ofrecer un inventario riguroso de sus propiedades e incluso para localizarlas. El origen de este desorden se remonta a 1994, cuando un problema informático hizo desaparecer de un disco duro la base de datos que registraba todo el patrimonio de Benidorm.
Desde entonces, el consistorio tiene descatalogado y desubicado su patrimonio municipal. Según la edil Maite Iraola, del Grupo Socialista, hay locales de propiedad municipal sin escriturar, terrenos del consistorio ocupados, se desconoce la ubicación de algunos libros históricos y nadie sabe qué se ha hecho de unas litografías taurinas de Alberti y Picasso, por poner algunos ejemplos. Desde 2007 trabajan técnicos municipales catalogando de nuevo todo ese patrimonio, que el regidor del gobierno local en la materia, Manuel Agüera, ha prometido tener acabado antes de final de año. Con todo, la concejal socialista Iraola resalta el "desconcierto e incapacidad" del gobierno actual para resolver la situación
Entre los bienes de titularidad municipal en litigio están unos locales en la zona de Montbenidorm, ahora reclamados a través del juzgado por una mercantil de Madrid, que acusa al Ayuntamiento de haber ocupado indebidamente durante años unos bajos de su propiedad. Allí, llegó a plantearse la ubicación del Museo Arqueológico de la ciudad, aunque ahora ese espacio es usado por los vecinos para sus reuniones.
Iraola también se refirió a cinco viviendas y un local de 115 metros en el edificio Karola que el Ayuntamiento recibió en 2001 a cambio de legalizar la situación urbanística de una discoteca de la zona. Según la munícipe, las viviendas siguen habitadas y nunca han sido escrituradas. No obstante, el edil Agüera reaccionó anunciando una reunión este mismo lunes con los propietarios de la discoteca.
Otro ejemplo que revela el desconcierto del patrimonio municipal de Benidorm es el siguiente. En 1997 se cedió una parcela municipal junto al antiguo cementerio a una multinacional de comida rápida para 10 años. Ya han pasado 12 y allí sigue la hamburguesería. Aquí el concejal Agüera asegura que existen dos informes contradictorios sobre la conclusión del plazo de explotación, uno de urbanismo y otro de aperturas, que discrepan del inicio de la fecha de la concesión.
* ELPAIS.com - A. BALAGUER - Benidorm - 03/08/2009
Foto: Benidorm - Morell (EFE)
Intelectuales se unen contra el cierre de La Casa Invisible
PÚBLICO/Málaga* : El edificio de la calle Nosquera nº11, en Málaga, se enfrenta a una orden de desalojo que amenaza con finiquitar una experiencia vanguardista de autogestión cultural y revitalización de espacios públicos abandonados. El Ayuntamiento de Málaga (PP) pretende recuperar el inmueble, de titularidad municipal y ocupado sin permiso por los colectivos sociales del centro cultural La Casa Invisible, para lo que ya cuenta con una orden judicial que se hará efectiva en un plazo de tres meses.
Contra esta pretensión no sólo está la oposición municipal y la Diputación Provincial, sino decenas de artistas e intelectuales firmantes de un manifiesto que reivindica "el reconocimiento del inmueble como espacio de uso social y cultural" frente al "modelo de exhibición y consumo". El dramaturgo Darío Fo, la escritora y periodista Naomi Klein (autora de No logo, libro de cabecera del movimiento anti-globalización), el filósofo Santiago López Petit, el urbanista Jordi Borja, el ensayista Amador Fernández Savater y los músicos Kiko Veneno, Amparanoia y Albert Pla son algunos de los firmantes.
Más que un centro social o cultural al uso, La Casa Invisible es desde hace dos años un lugar de convivencia y participación que disfruta de una superficie de unos 2.000 metros cuadrados. En sus cuatro plantas hay talleres de danza, una tetería con sala de proyecciones, sala de conciertos y espacios para conferencias o seminarios. Estos se canalizan en ocasiones a través de la Universidad Libre Experimental, definida como "una agencia de producción de saberes-arma (...) capaces de morder la realidad".
Los sociólogos Carlos Taibo y Antonio Negri, y el director del Museo Reina Sofía, Manuel Borja-Villel declarado admirador del centro, han colaborado esporádicamente con La Casa Invisible, que ha contado en sus actividades divulgativas con presencias tan significativas como la de Richard Stallman, el influyente gurú del software libre.
"Se trata de otro modelo, alejado del tutelaje de instituciones públicas o privadas, en el que la ciudadanía puede autoorganizar y canalizar los flujos creativos como quiere", explica Santiago Fernández, responsable de comunicación de La Casa Invisible. Lo social está también en la esencia del proyecto. Una asesoría jurídica gratuita se ocupa de aquellos que son víctimas de "abusos y carencias de protección".
Preservar la independencia
El pleno municipal rechazó el jueves, gracias a la mayoría absoluta del PP, una moción contraria al desahucio. Público ha intentado sin éxito recabar la postura del Gobierno local. No obstante, sus argumentos al respecto han sido reiterados públicamente. La causa de falta de acuerdo, según su versión, es que los colectivos de La Casa Invisible "no quieren que el proyecto sea eminentemente cultural, ni constituirse en fundación, ni que la Junta ni la Diputación participen", según Javier Ferrer, coordinador gerente municipal.
"El inmueble ha sido ocupado de forma ilegal y este Ayuntamiento debe proceder a su desalojo", dijo el alcalde, Francisco de la Torre, en una entrevista a un medio local. Santiago Fernández, portavoz del centro, afirma que, aunque el movimiento okupa está "en el ADN" de la iniciativa, esta ha conseguido ampliar horizontes e implicar a la ciudadanía. "Entendemos la cultura como algo participativo y colaborativo", explica.
El modelo que afirma defender el Gobierno local es el de la antigua fábrica rehabilitada del Hangar, en Barcelona, un espacio donde participan el Ministerio de Cultura, la Generalitat, la Diputación y el Ayuntamiento.
* Público - PABLO FRAILE - MÁLAGA - 03/08/2009
Foto: Málaga, la Casa Invisible - estrecho.indymedia.org
Valencia: La trastienda de la Fórmula 1
LEVANTE* : Vecinos del Marítimo denuncian el abandono, la falta de zonas verdes y la degradación de sus barrios frente al derroche y la estética cuidada en el recinto del circuito urbano. Ni el «glamour», ni el derroche, ni siquiera los grandes maceteros de quita y pon que decoran el circuito urbano. Nada de eso ha llegado a los barrios de la antesala de los grandes eventos donde predomina un paisaje urbano de solares degradados, colchones viejos tirados en mitad de la calle, zanjas que se eternizan, fachadas ruinosas y hasta gasolineras abandonadas.
Los vecinos molestos con esta situación invitan a los responsables políticos a «pasarse, papel y lápiz en mano,» por las calles Francisco Eiximenis, José Aguirre, Ernesto Anastasio, Virgen del Puig, Francisco Cubells, Consuelo y Atarazanas para ver la otra cara de la F1, la del «urbanismo cutre». Denuncian, entre otras cosas, las deficiencias del servicio de limpieza y la práctica inexistencia de zonas verdes y el estado lamentable de las pocas que hay. El presidente de la Asociación de Vecinos Grau-Port, Jesus Vicente Andrés, corrobora las quejas. «La falta de limpieza ha sido una denuncia constante». Con las obras del Fondo de Inversión Local se ha hecho un «lavado de cara» en la parte del barrio comprendida entre la avenida del Puerto y el circuito, pero en la frontera del Grao con el Cabanyal «está todo muy abandonado».
En Mariano Cuber, una calle del Cabanyal no afectada por la prolongación de Blasco Ibáñez, proliferan los solares vacíos y degradados, algunos propiedad de Cabanyal 2010, la empresa pública encargada de ejecutar el controvertido plan especial del Cabanyal. El ayuntamiento derribó los edificios ruinosos fuera de ordenación pero la reurbanización de la calle lleva años pendiente. Los vecinos, asegura el vicepresidente de la Asociación de Vecinos del Cabanyal Vicente Gallar, lo han denunciado «mil veces» en la junta de distrito. «De aquí a cuatro días empezarán a poner jardineras para tapar la degradación», apuntó Gallart, quien lamenta que los grandes eventos «se repiten año tras año y no traen mejoras reales para los barrios del Marítimo».
La situación en Natzaret, quizás el barrio que más sufre las molestias de ruido y tráfico de la F1, tampoco ha mejorado mucho con los grandes eventos. Los vecinos denunciaron esta semana ante la Sindicatura de Greuges el incumplimiento por parte de la Conselleria de Infraestructuras del Plan de Actuaciones Urbanísticas del Marítimo que se puso en marcha en 1993 con objeto de acabar con la marginalidad y el tráfico de drogas y que no ha llegado a culminarse. Como tampoco la recuperación para uso vecinal del viejo cuartel de la Guardia Civil.
Encuesta ¿Esperan obtener beneficios de las carreras?
«El boom ha pasado»
«El año pasado fue el primer año y el primer año siempre tiene el boom», explica el encargado del famoso restaurante La Pepica, en el paseo de Neptuno de Valencia. «Aun no sabemos lo que va a pasar este año». «Nos preocupa más el lío de obras que hay ahí fuera y la crisis que la Fórmula 1, que indudablemente trae gente pero las carreras son durante el horario de restaurante». «El año pasado tuvimos la suerte de que Alonso rompió a los 30 minutos, la gente dejó de ver la carrera y se vino a comer.«Alonso tiene mucho tirón».
«A mí me beneficiará»
«Espero que sea un fin de semana importante y que venga mucho dinero a mi restaurante», comenta el encargado del restaurante Neptuno. Dice que el año pasado fue bien y cree que «aunque este año no se llene el circuito a mí me irá bien porque estoy muy cerca y me sigue llegando gente, aunque el nivel adquisitivo no sea tan alto». «El año pasado en estas fechas teníamos casi todo reservado». Hemos notado que en cuanto a reservas esta vez hay menos y si no viene Alonso pues peor, aunque yo espero que venga.
«Llenamos igual»
Los responsables de una arrocería del paseo de Neptuno afirman que «este año nos beneficiará menos porque vendrá menos gente». «No se han vendido todas las entradas y además la mayoría de los españoles venía a ver a Alonso», cuya presencia no está asegurada este año. Los hosteleros creen que la F1 no tuvo tanto «boom» como la Copa del América. «No fue lo que nos esperábamos». «Nosotros llenamos igual sin Fórmula 1». Aquí los días de las carreras no viene nadie hasta las 4 de la tarde y muchos se compran un bocadillo.
«La crisis sí preocupa»
«Yo no tengo ninguna preocupación por la F1. Venga o no, me da igual. La crisis no me la quitan los grandes eventos», comenta el encargado de un restaurante de la playa del Cabanyal. «A mí personalmente no me resuelve nada. Con la Copa del América sí porque trabajamos todos pero esto no». «Me da igual que venga Alonso, es sensacional que lo tenga Valencia pero eso no resuelve los problemas». «De momento sólo hay un gasto», añade. «Los que sí se benefician son los que están dentro del circuito que pegan unos sablazos...»
* Levante-EMV - H.GARCÍA- 2.08.09
Foto: Valencia, circuito F1 (archivo) - levante-emv.com
Sanción de casi medio millón de euros para el desarrollo urbanístico del AHN en Torrelodones
,+red+saneamiento+-+diariodelasierra.es.jpg)
DIARIODELASIERRA/Madrid* : El Consejo de Ministros ha impuesto a la Junta de Compensación del Área Homogénea Sur de Torrelodones una sanción de 402.237,68 euros por la realización de obras sin autorización administrativa. Según ha informado el Gobierno al término del Consejo, las obras fueron realizadas “en zonas de servidumbre y policía del barranco afluente del arroyo de la Torre o Piojo”. Además de la sanción económica, se impone a la Junta de Compensación del Área Homogénea Sur de Torrelodones la obligación de “reponer las cosas a su estado anterior”.
La sanción proviene del proyecto de conexión de la red de saneamiento del AHS al que el Ayuntamiento de Torrelodones dio licencia, desoyendo las denuncias de los vecinos de la zona y de la asociación Torrenat, y para cuya ejecución se sepultaron una ladera protegida y cientos de encinas, enebros y pinos, todo ello en zona de servidumbre y policía del barranco afluente del arroyo de la Torre o Piojo.
“Vecinos por Torrelodones ha conminado en repetidas ocasiones al Equipo de Gobierno a cumplir la legalidad, ya que el Ayuntamiento incumple sistemáticamente la obligación legal de recabar para sus planes de urbanización los informes preceptivos de la Administración Hidrológica”, ha informado la organización.
Concretamente el Secretario del Ayuntamiento ha certificado que ni la modificación de las normas subsidiarias ni varios planeamientos de desarrollo y detalle (sector 10 y UE 15) cuentan con los obligados informes de la Confederación Hidrográfica del Tajo.
“Estas deficiencias alcanzan también al Punto Limpio, recientemente inaugurado por la Consejera de Medio Ambiente, Doña. Ana Isabel Mariño Ortega, a la que el Alcalde ha hecho un flaco favor dejándola en evidencia, ya que el Punto Limpio se ha construido igualmente en zonas de servidumbre y policía del barranco afluente del arroyo de la Torre o Piojo, sin contar siquiera con red de saneamiento por lo que el Punto Limpio vierte directamente al arroyo, y ya ha sido sancionado por la Confederación Hidrográfica del Tajo”, manifiestan.
“A pesar de las sanciones, el PP de Torrelodones, dirigido por Gador Ongil, Vicesecretaria general del Partido Popular de Madrid y senadora, parece más cómodo apoyando planes especulativos, que cumpliendo la legislación nacional, e incluso las recomendaciones del Parlamento Europeo. Así, al Alcalde no le tembló el pulso cuando hizo votar a su equipo en contra del Informe del Parlamento Europeo sobre el “IMPACTO DE LA URBANIZACIÓN EXTENSIVA EN ESPAÑA” en el que se criticaban los excesos de la construcción en España en general, y en concreto en nuestro municipio, al considerar que se ha “generado una forma endémica de corrupción” y responsabiliza a todos los niveles de la administración de un modelo de “desarrollo insostenible, que ha tenido gravísimas consecuencias, por supuesto medioambientales, pero además sociales y económicas”, enfatizan.
El siguiente párrafo del informe comunitario refleja perfectamente lo ocurrido en el caso del AHS: “muchas autoridades locales y regionales malinterpretan gravemente los objetivos a la hora de proponer o acordar programas urbanísticos extensos” que “conllevan la reclasificación de suelo rural a suelo urbanizable, para el provecho económico considerable del promotor”, habiendo muchos “terrenos protegidos, o terrenos que deberían protegerse en vista de su vulnerable biodiversidad, que se desclasifican y reclasifican, o no se clasifican en absoluto, precisamente para permitir la urbanización de la zona en cuestión”.
En palabras de los representantes de Vecinos por Torrelodones “estamos se-riamente preocupados por si es este el destino que le espera a la zona protegida del AHN, actualmente pendiente de la decisión de la Comunidad de Madrid para mantener su protección o urbanizarlo y hacer un campo de golf”.
“Desde Vecinos por Torrelodones continuaremos trabajando por resolver esta grave situación, de momento ignorada por los comunicados oficiales municipales, y seguiremos informando a los vecinos de la evolución de estos hechos”, concluyen.
* Diario de la Sierra - EFE - 1.08.09
Foto: Torrelodones (Madrid), red saneamiento - diariodelasierra.es
La difícil digestión del PGOU para los primeros denunciantes del GIL
ELMUNDO/Málaga* : Son los sacrificados por «el interés general» a los que ha hecho referencia la alcaldesa de Marbella, María Ángeles Muñoz, al aprobar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), son esas comunidades de vecinos que han pleiteado durante años contra las viviendas ilegales de la época del GIL y que ahora el documento legaliza, sin que nadie les haya dado las gracias por haberse gastado su dinero y su tiempo luchando contra promociones que, ahora, reciben la bendición oficial del Ayuntamiento y, más que previsiblemente, de la Junta.
El columnista Raúl del Pozo los llamaba el martes «nihilistas enternecedores» y uno de los vecinos de Los Jardines del Príncipe pensaba hacerse una camiseta con la leyenda. Con ella o sin ella, muchos piensan seguir pleiteando.
Saben que es una batalla de años, pero están curtidos, aunque decepcionados porque el Ayuntamiento, en muchos casos, ni ha contestado a sus alegaciones. Otros de los perjudicados, según los abogados, son los jueces que durante años han dictado sentencias contra licencias impugnadas por la Junta de Andalucía. Licencias, casi 800, que ahora tienen su aprobación, a pesar de que en Derecho sea difícil justificar el ir contra los propios actos.
Y no están solos en sus percepciones, hasta la alcaldesa ha reconocido a los técnicos que este plan es de «difícil gestión». Y, para nuestros protagonistas, de difícil digestión. Las promociones que simbolizan su lucha son las siguientes:
Jardines del Príncipe
Esta promoción de lujo construyó más de lo permitido por el PGOU vigente. Los vecinos consiguieron, a través de los tribunales, que no se vendieran los apartamentos por lo que, en la actualidad, estos bloques están vacíos. A pesar de este logro, han visto impotentes cómo, además, las compensaciones de los promotores han ido bajando en las fases de la tramitación del PGOU. En un principio, había que derribar el 40% de lo edificado, lo suficiente para que los vecinos volvieran a ver Sierra Blanca. Luego, tenían que ceder tres mil metros de los bajos al Ayuntamiento que, finalmente, se han quedado en mil. Las Asociación de Vecinos Guadalpín, nombre del arroyo que por allí pasa, está dispuesta a seguir luchando en los tribunales.
Los Monteros
Esta asociación de vecinos, representada por Inmaculada Gálvez, ha conseguido sentencias, incluso algunas en el Constitucional, contra la casa de Antonio Banderas, que en parte invade una zona de equipamiento, y contra los bloques de Los Monteros Park, construidos en unas parcelas donde, según la legalidad urbanística vigente, sólo podían hacerse unifamiliares. La abogada anuncia que seguirá pidiendo la demolición en la ejecución de la sentencia que anula la licencia o una indemnización sustitoria. Sus clientes no descartan llegar a Estrasburgo a reclamar el cumplimiento de las sentencias, aunque su postura no fue así de dogmática durante la tramitación del plan, ya que estaban dispuestos a sentarse con los promotores y que se les resarciera de alguna manera, asfaltando la urbanización, por ejemplo, pero ni siquiera se contempló la posibilidad.
Vecinos Casablanca
Estos propietarios son los que denunciaron el exceso de edificabilidad del hotel Gualdalpín de Marbella, de la promotora Aifos, hoy en serios apuros económicos. Por la vía contenciosa, tienen ya la anulación de la licencia de obras del TSJA pero continúan abiertas las diligencias por la vía penal. Curiosamente, la investigación de este convenio fue el que dio origen a la Operación Malaya. También están dispuestos a seguir pleiteando, incluso impugnar el PGOU.
Hotel Senator
Tampoco está ocupado, por lo que no hay terceros de buena fe. Al igual que en otras promociones, el Ayuntamiento ha ido bajando las exigencias de compensación. En este caso, es el Meliá Don Pepe y comunidades de vecinos los que quieren seguir pleiteando contra la legalización de un hotel que considera competencia desleal.
Hotel Guadalpín Banús
En este caso hay varias asociaciones de vecinos afectados, algunas representadas por el despacho de abogados de Cremades y Calvo Sotelo. Fuentes de este despacho aseguraron que por supuesto que van a seguir luchando para que se restablezca la legalidad urbanística vigente en el momento en el que se construyó. Este hotel, también de Aifos, se legaliza por completo en el PGOU. En la vía penal, han declarado muchos de los ediles del GIL.
Promopinar
Esta promoción de 211 viviendas al lado del hotel San Miguel fue paralizada porque la Junta impugnó la licencia. Los promotores siguieron y finalmente se consiguió que desistieran, por lo que existe en la actualidad sólo las estructuras. Tampoco hay terceros de buena fe. Las casas se construían en 14.000 metros cuadrados que tenían una edificabilidad del 0,30 por ciento para tres unifamiliares. Una de las vecinas anuncia que se personarán en la ejecución de sentencia y que, en último término, impugnarán el PGOU, que, en un principio, obligaba a ceder la mitad del suelo, compensación que se ha quedado en 4.000 metros y el mismo número de viviendas.
* EL Mundo - Berta González de Vega - 2.08.09
Foto: MARBELLA. - JOSELE LANZA - SUR
Las tramas urbanísticas de El Verger llegan al juez
+-+wikipedia.org.jpg)
ELPAÍS/Alicante* : Son tiempos de venganza en La Marina Alta. Pasada la época de gloria del urbanismo, en numerosos municipios las fuerzas políticas intercambian ahora broncas, acusaciones recíprocas de haber favorecido a las promotoras que antaño depredaron sus territorios y crearon graves problemas de planificación urbanística. Muchas de esas denuncias han sido admitidas a trámite por los juzgados.
En Dénia, con seis procesos judiciales contra la actual alcaldesa, la popular Ana Kringe, y su antecesora, la socialista Paqui Viciano, hace unos días el pleno aprobó un plan para construir casi 500 casas a las faldas del parque natural del Montgó, en la partida del Bisserot. La oposición llevará el acuerdo a los tribunales.
Este clima de tensión se extiende más allá de los enclaves turísticos del litoral. En El Verger, un pueblo de "segunda línea" que carece de playa pero está muy cerca de la de Dénia, desde 2001 se construyeron miles de viviendas en urbanizaciones diseminadas adquiridas en su mayoría por residentes ingleses y alemanes. Los dos últimos alcaldes de El Verger, el actual, Miguel González (PP) y el anterior, Manuel Martínez (BNV) afilan espadas y se culpan de tan complicada herencia. En 2004, Martínez llegó a la alcaldía tras una moción de censura con el PSPV que derrocó al PP del poder. Ahora, González, que recuperó la vara de mando tras las últimas elecciones, asegura que en 2005 Martínez urdió una trama junto al gobierno de Dénia -también ocupado entonces por socialistas y nacionalistas- para dar trato de favor a una promotora y permitirle la edificación de 60 apartamentos de lujo en primera línea de la costa de Dénia. El juez ha admitido a trámite la denuncia de González. Lo curioso es que se trata de la misma urbanización por la que ya está imputada la ex alcaldesa socialista de Dénia, Paqui Viciano, a la que se le acusa de un presunto delito de prevaricación por vender un camino catastral para hacer factible la urbanización en su término municipal. Y además, es la misma promotora del reciente plan del Bisserot en el Montgó. Así, el PP mata dos pájaros de un tiro y, con la misma empresa en el punto de mira, ataca a sus rivales políticos en ambas poblaciones.
El BNV también ha llevado a la fiscalía un depósito de desguace de vehículos que pertenece al alcalde popular de El Verger y que funciona en pleno suelo rústico.
* ELPAIS.com - A. RUIZ - Dénia - 02/08/2009
Foto: El Verger (Alicante) - wikipedia.org
Miniestadi, maxipisos
JULI CAPELLA* : El ciudadano debe saberlo. La calificación de un terreno como equipamiento imposibilita su uso para construir pisos. Así es la ley, que protege escuelas, zonas deportivas y jardines de la insaciable voracidad edilicia. Una ley rotunda, pero que puede cambiar quien gobierna bajo el eufemismo de recalificación, vulgarmente conocido como especulación, un término franquista que, desgraciadamente, hemos seguido escuchando durante la democracia. Y no solo en Marbella, sino también en ciudades aparentemente progres.
Adjudicar por la cara 1.500 pisos a los terrenos del Miniestadi del FC Barcelona, actualmente calificados como equipamiento, es una sinrazón. Por un lado, porque es ilegal y porque Les Corts es un barrio altamente denso que no necesita más viviendas, sino bibliotecas, guarderías, salas culturales y zonas verdes y deportivas, pero abiertas al barrio, no valladas. El sentido común descarta la conveniencia de construir allí 1.500 pisos, pero hay una razón clara para que el
Barça lo pida: poder pagar la ampliación megalómana del estadio. El ayuntamiento debería velar por todos. No ha sido así, y se ha plegado a los intereses privados; encima, lo hará con agosticidad y recochineo, pues para compensarlo le ha pedido al club que compre 7,5 hectáreas de verde en Montcada i Reixac. Es una buena idea, que podríamos extender a toda la ciudad: edifiquemos viviendas sobre los equipamientos, parques y plazas, que da mucho beneficio, y compremos un gran parque en el Montseny, y así podremos ir allí todos a pasear. Porcioles no se atrevió a tanto, y tampoco Maragall, ni Clos, cuando Núñez y Gaspart intentaron una jugarreta similar.
* Juli Capella, arquitecto
* El Periódico - Opinión - 29.07.09
Un repaso a las mejores jugadas del fútbol del 'pelotazo'
SOITU* : El ladrillo y el fútbol llevan ligados en un matrimonio no oficial desde tiempos inmemorables. Pero en los últimos años esta relación se ha fortalecido, azuzada por los más de mil millones de euros que los clubes de Primera y Segunda División han ingresado por las recalificaciones urbanísticas de sus terrenos de uso deportivo. El 'pelotazo' más mediático fue el realizado por el Real Madrid con la venta de su Ciudad Deportiva, pero muchos han seguido su estela. El último en sumarse al carro ha sido su mayor rival: el Barça, que, después de una década intentándolo, va a sacarle partido al Miniestadi. ¿Quién irá después?
Pelotazos y más pelotazos
En el argot deportivo, 'jugar al pelotazo' es hacerlo de forma "hosca y destructiva", una fórmula que, según los entendidos, practican los equipos sin dominio del balón y los "resultadistas", que son aquellos que anteponen el resultado al espectáculo deportivo. Pero en el mundo del balón se ha puesto de moda una segunda acepción de 'pelotazo', aquella que define la práctica llevada a cabo por algunos gestores de clubes, que consiguen que las autoridades recalifiquen sus terrenos, obteniendo interesantes plusvalías. Unas plusvalías que, según Mikel Echavarren, consejero delegado de la consultora Irea, "en la mayoría de los casos, sirven para sanear las cuentas de los clubes o fichar a grandes jugadores". E, incluso, para conseguir suelo a precio de 'ganga' para construir sus nuevas ciudades deportivas.
El presidente del Barça, Joan Laporta, cuenta con sacar 300 millones de euros de la recalificación del Miniestadi; dinero que le servirá para ampliar el Camp Nou y construir el nuevo Palau Blaugrana. No obstante, considera que no se trata de un 'pelotazo'.
De la misma opinión es el alcalde de la ciudad, Jordi Hereu, que asegura que el acuerdo es "bueno para todos", y dará lugar al segundo ecobarrio de la ciudad, gracias a la aplicación de principios ecológicos en su urbanización y construcción. Por eso no ha dudado en ceder a las peticiones de CiU para conseguir su apoyo. Todo ha salido a pedir de boca, salvo por un pequeño detalle: estos argumentos no convencen a los vecinos de la zona, que amenazan con ir a juicio si se levantan los 1.600 pisos previstos.
En su momento, también fue muy criticada la operación llevada a cabo por el Real Madrid con los terrenos de su Ciudad Deportiva. El entonces presidente del club, Florentino Pérez, obtuvo más de 500 millones de beneficio con su venta, dinero que le sirvió para fichar a Figo, Zidane, Ronaldo y Beckham, entre otros; para quitarse de un plumazo una deuda histórica de 270 millones; y para levantar un nuevo complejo en las afueras de la capital.
Ayuntamiento y Comunidad de Madrid tuvieron mucho que ver en la consecución de estas plusvalías, porque aumentaron la edificabilidad de la zona, pero también sacaron provecho de la operación. Alberto Ruiz-Gallardón consiguió suelo gratis para construir un centro internacional de convenciones, además de la parcela donde hoy se levanta una de las torres, que vendió al mejor postor; mientras que Esperanza Aguirre se quedaba con el 60% del suelo destinado a otro de los rascacielos, por el que también consiguió un buen pellizco.
¿Son lícitas estas operaciones?
Según Echavarren, "a la luz de la normativa europea estas operaciones son cuestionables, porque no dejan de ser una ayuda pública a una entidad que compite a nivel continental, creando desigualdades entre los distintos clubes". No obstante, la jurisprudencia favorece a los equipos de fútbol. En noviembre de 2004, Bruselas cerró un expediente abierto contra el Real Madrid por una denuncia presentada ante la Comisión Europea por CiU, el Bayern de Munich y el Manchester United, quienes consideraban que la compra de la parcela de la Ciudad Deportiva "distorsionaba gravemente la libre competencia". La autoridades comunitarias consideraron que no era así, dando por válido el convenio entre el club blanco y los dirigentes madrileños.
Quizá por eso ahora el partido catalán opta por apoyar un acuerdo similar con los terrenos del club azulgrana. Y quizá por eso son muchos los clubes que se han sumado a la cultura del 'pelotazo' que inició el Espanyol allá por el año 1995, cuando vendió Sarrià para construir pisos e ingresó unos 50 millones de euros. Por ejemplo, el ya ex presidente del Valencia, Juan Bautista Soler, tuvo como única meta desde que llegó al cargo "multiplicar por diez el patrimonio del club a base de operaciones urbanísticas", según sus propias palabras. Y vaya si lo consiguió. Durante su mandato, Soler logró que los terrenos del Mestalla pasaran de uso deportivo a residencial, a la vez que el Ayuntamiento de Rita Barberá privatizaba una parcela municipal para levantar el nuevo estadio. Hoy por hoy, sin embargo, las arcas del equipo ché andan vacías, y las obras del nuevo campo están paralizadas.
Suma y sigue
El otro equipo de la ciudad del Turia, el Levante, hizo un negocio similar. El club obtuvo en 2002 la recalificación de parte de la parcela del estadio, donde levantó un complejo hotelero y una galería comercial, con los que ganó 52 millones. Ahora, su presidente, Pedro Villarroel, anda muy apurado por la falta de liquidez del equipo —la deuda asciende a 42 millones—, y cree que su salvación está en manos de Barberá, de quien espera recalifique el resto de los terrenos del estadio para poder venderlos y hacer un campo nuevo, en una operación cuyos beneficios están por calcular.
Más redondo le salió el negocio a Jesús Samper, ex presidente de la Liga de Fútbol Profesional, con el Real Murcia. El empresario madrileño lo compró en 1999 cuando el club estaba en Segunda B y era una ruina. Al poco, adquirió por nueve millones (precio de saldo) un suelo rústico que parecía imposible de recalificar. Pero Samper firmó un acuerdo en 2001 con el alcalde, Miguel Ángel Cámara, para construir allí un nuevo estadio, un enorme centro comercial y un campo de golf con los que ganó unos 200 millones.
En la zona andaluza tampoco se quedan atrás. El Ayuntamiento de la capital hispalense aprobó en noviembre de 2003 recalificar dos terrenos al Betis y al Sevilla de forma que los clubes obtuviesen beneficios de entre 25 y 30 millones de euros cada uno gracias a convertir en uso comercial parte de sus terrenos. El convenio con el Betis permitirá al club terminar la remodelación de su estadio y la construcción de un edificio de 30.000 metros —con oficinas, tiendas y un hotel— sobre una parcela municipal junto al campo.
El acuerdo con el Sevilla le permite construir 20.000 metros para usos comerciales y oficinas en los bajos de su estadio, así como una completa remodelación del Sánchez Pizjuán.
Mientras tanto, en 2005, el entonces presidente del Zaragoza, Alfonso Soláns, conseguía que el alcalde de la ciudad, Juan Alberto Belloch, recalificara las oficinas del club, de dos plantas, para construir un edificio de 12 alturas para 100 viviendas, por las que pretendía ingresar unos 20 millones que mitigaran su deuda.
Y más recientemente, el Atlético de Madrid conseguía arrancar a Ruiz-Gallardón, tras casi dos años de culebrón, el acuerdo para su traslado a La Peineta, que será totalmente remodelada para acoger al equipo a partir de la temporada 2012-2013. El club rojiblanco ganará aforo, pero también aprovechamientos. Su intención es que se construya algún centro comercial, como tiene el Bernabéu en una de sus esquinas.
Echavarren cree que, en los próximos años, los clubes seguirán intentando recalificaciones. Porque seguirán necesitando financiación para sus fichajes, pero también porque muchos campos se han quedado encorsetados dentro de la ciudad, provocando interminables atascos y molestias para los vecinos en los días de partido. "No hay nada más ineficiente que un estadio de fútbol", dice este experto. Por eso, considera que lo mejor es que este tipo de instalaciones "se trasladen a las afueras de la ciudad", eso sí, a zonas "bien comunicadas".
Dinero, fútbol y ladrillos en la misma coctelera
Pero, más allá de las plusvalías, los empresarios del ladrillo también sienten una enorme fijación por las juntas directivas de los clubes de fútbol. Son muchos los que, a lo largo de los años han aprovechado las relaciones privilegiadas que se crean en los palcos para hacer negocios particulares o ganarse una fama y una presencia mediática que de otra manera no tendrían y que, según Echavarren, "abre muchas puertas y retroalimenta los negocios". El caso más conocido es el de Florentino Pérez en el Real Madrid, pero la relación entre palcos y ladrillos viene de antaño.
Hace más de tres décadas que un destacado constructor, Josep Lluís Núñez, accedió a la presidencia del FC Barcelona. Durante más de 20 años compatibilizó su actividad empresarial en con la presidencia del Barça. También hace casi dos décadas que la familia Gil se hizo con el Atlético de Madrid. Desde entonces, el club rojiblanco está a merced de sus intereses.
Y hasta hace poco, el Valencia ha estado en manos de 'ladrilleros'. Juan Bautista Soler se hizo con la presidencia del club tras la dimisión de Pedro Cortés, dueño de la empresa de mensajería Seur. Desde allí, dio un paso de gigante en sus negocios particulares, hasta entonces localizados principalmente en la Comunidad Valenciana. Los Soler se convirtieron en el 'caballero blanco' de Joaquín Rivero en su batalla contra la familia Sanahuja por Metrovacesa, que se saldó con la escisión de la inmobiliaria en dos: Metrovacesa, para los Sanahuja; y la francesa Gecina, para Rivero y Soler. Además, la hija del empresario valenciano ha asumido la presidencia de Bami, la inmobiliaria que Rivero resucitó tras salir de Metrovacesa.
A Fernando Martín, aunque ahora no pase por su mejor momento, le resultó de gran ayuda suceder a Florentino en la presidencia del Real Madrid. Su mandato fue breve, pero le sirvió para ganar visibilidad y dar a conocer a su pequeña inmobiliaria, Martinsa, que un año más tarde se 'zampaba' a una de las grandes: Fadesa.
A Luis del Rivero, máximo directivo de la constructora Sacyr, tampoco le resultó una mala experiencia relacionarse con el 'deporte rey'. Ser vicepresidente del club merengue en la primera etapa de Florentino ayudó a que su compañía se convirtiera en todo un emporio que cotiza entre las grandes del ladrillo internacional, según Forbes. Como también se encuentra en este ranking el grupo OHL, cuyo presidente, Juan Miguel Villar Mir, fue aspirante al 'trono' merengue.
Son algunos de los ejemplos más destacados del asalto de constructores y promotores a clubes de fútbol. Un interés que resulta fácil de entender a juicio de Echavarren, quien afirma que esta afluencia se explica "porque alrededor de los negocios deportivos se hacen muy buenos negocios inmobiliarios". Y porque este tipo de operaciones beneficia no sólo a los clubes, sino a los ayuntamientos y gobiernos autonómicos que las permiten "porque se llevan dinero, en forma de plusvalías por la venta de terrenos que se les cede de forma gratuita". En su opinión, los más perjudicados son los comerciantes, que pierden un negocio seguro, porque los vecinos de la zona, aunque en un primer momento renieguen de estos proyectos, "acabarán beneficiándose de menos atascos, mayor tranquilidad y una mejora de la zona, que se revalorizará", añade.
* SOITU - GEMA FERNÁNDEZ - 29.07.09
Foto: Barcelona, Camp Nou y Miniestadi - soitu.es
Los funcionarios piden que los políticos 'paguen los errores con su patrimonio'
LAPROVINCIA/Canarias* : Funcionarios autonómicos advirtieron ayer de que hay mecanismos legales para que los cargos públicos afronten con su patrimonio las indemnizaciones derivadas de sus actos, por lo que darán un tiempo prudencial antes de pedir a la justicia que inicie los expedientes de responsabilidad patrimonial pertinentes.
Así lo señalaron ayer en Santa Cruz de Tenerife, en una rueda de prensa conjunta, Lesmes Siverio, del Sindicato Independiente Canario; Javier Galván, presidente del sector autonómico del CSIF; Francisco Alberto Barrios, del CESP; y Cándido Pérez, de la asociación profesional Unión de Funcionarios, que han creado una plataforma por una administración pública "eficaz".
Según indicó Lesmes Siverio, la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas establece en su artículo 145 que la Administración correspondiente exigirá de oficio a sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, culpa o negligencia grave.
Con este mecanismo no serían los ciudadanos los que paguen las indemnizaciones "millonarias" derivadas de casos como el de Tebeto, sino "los que han metido la pata", a quienes darán "un tiempo prudencial" para que inicien los expedientes correspondientes o si no irán a los tribunales "para que se les ponga la cara colorada".
Los funcionarios temen que las indemnizaciones que debe afrontar la Comunidad Autónoma, entre las que se encuentra la derivada por la expropiación para ampliar la sede del Parlamento de Canarias, aumentarán con las que proceden de la moratoria turística.
Las organizaciones de funcionarios anunciaron su intención de reunirse con los grupos parlamentarios para pedir que la Administración inicie de oficio los expedientes de responsabilidad patrimonial y que se investigue para que los ciudadanos sepan "quiénes son" los responsables en cada caso. "Con esta medida cambiarían muchas cosas en Canarias", afirmó Siverio.
* La Provincia - 31.08.09
Foto: google
Un juzgado suspende de urgencia los nuevos derribos en el área protegida del Cabanyal
LEVANTE/Valencia* : La prolongación de Blasco Ibáñez vuelve a encallar. El juzgado de lo contencioso-administrativo número 9 de Valencia dictó ayer la suspensión cautelar y "urgente" de las licencias de derribo de dos casas del conjunto histórico del Cabanyal. La decisión puede tener consecuencias de alcance pero antes deberá ser ratificada por el juez, que ha citado a las partes para el lunes próximo.
El auto se hizo público 24 horas después de que la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, asegurase que "todo va a ir adelante" en el proyecto urbanístico de conexión de Blasco Ibáñez con el mar.
La suspensión fue instada el jueves por el grupo municipal socialista como medida cautelar para evitar los nuevos derribos en el barrio. Además de acordar la suspensión cautelar, el juzgado notificó ayer la admisión a trámite del recurso de los socialistas contra el Plan Especial del Cabanyal por incumplimiento del principio de edificación sustitutoria. Este precepto de la ley de Patrimonio intenta evitar la generación de solares degradados en entornos monumentales. El ayuntamiento ha derribado más de 30 inmuebles en el Cabanyal,una decena en el BIC.
Los socialistas solicitaron la paralización de los derribos ante la negativa del gobierno municipal a sacar las excavadoras del barrio entretanto se cierra el proceso judicial y el Ministerio de Cultura emite el informe sobre expolio requerido por el Tribunal Supremo hace tres meses.
El juzgado entiende que en los dos derribos impugnados por los socialistas "concurren las razones" para una paralización de "urgencia". El auto argumenta que ayer era el "último día hábil para las actuaciones judiciales" que no se reanudarán hasta el 1 de septiembre y añade que si las demoliciones se llegaran a ejecutar en agosto "resultaría totalmente infructuoso" un pronunciamiento judicial posterior.
El juzgado paraliza los derribos "sin oir a la parte contraria", una medida extraordinaria aplicable en caso de "imposible o difícil reparación de los daños y perjuicios que la ejecución del acto recurrido pueda ocasionar al actor". En el auto se cita a las partes a comparecer ante el juez el próximo lunes a las 12 horas. En el auto se insta al ayuntamiento a notificar la medidad cautelar a Cabanyal 2010, la empresa pública que gestiona el plan especial y la que solicita la licencia de derribo, pues no ha localizado su domicilio (ubicado en la calle de la Reina, pleno corazón del Cabanyal).
Los vecinos están "esperanzados"
Las reacciones a los dos autos judiciales de ayer anunciando la suspensión de los derribos en el Cabanyal y la admisión a trámite del recurso contencioso contra el plan especial no se hicieron esperar. Tras el pleno ordinario, el primer teniente de alcalde, Alfonso Grau, dijo que acatarán la orden de suspensión si bien puntualizó que sólo afectan a dos edificios y no a todo el plan urbanístico.
Grau intentó quitar trascendencia a la decisión judicial y comentó que las licencias aún no eran definitivas.
El PSPV advierte de que los argumentos de la suspensión dictada ayer son aplicables a todas las órdenes de derribo que se tramiten tras la sentencia del Tribunal Supremo que reabre la vía de expolio.
El concejal socialista Vicente González Móstoles consideró ayer que la admisión a trámite son los "brotes verdes" que demuestran el "giro" en la política urbanística en este barrio. La portavoz de la oposición, Carmen Alborch, apuntó consideró que la decisión judicial les da la razón en su línea de "revitalizar El Cabanyal".
El vicepresidente de la Asociación de Vecinos del Cabanyal, Vicente Gallart, manifestó su satisfacción por la orden de paralización ya que es lo mismo que ellos solicitaron, sin éxito, a la alcaldesa. Gallart aseguró que es "una irresponsabilidad seguir destrozando el patrimonio cuando hay pendiente un informe del Ministerio de Cultura. A este respecto, el teniente alcalde entiende que lo que debe argumentar el Ministerio de Cultura es "que no existe expolio".
El portavoz vecinal aseguró que los vecinos están "esperanzados" en poder avanzar en la rehabilitación del barrio porque "las últimas sentencias judiciales no están dando la razón".
* Levante-EMV - HORTENSIA GARCÍA - 1.08.09
Foto: Viviendas de estilo modernista popular del barrio del Cabanyal afectadas por los derribos. fernando bustamante, levante-emv.com
Las cenizas del 'boom' del ladrillo
ELPAÍS* : El número de viviendas libres en construcción sigue reduciéndose vertiginosamente en España. Al final del primer trimestre de 2009 se habían iniciado 31.244 viviendas. De mantenerse esta tendencia, al final del presente ejercicio apenas estarán en construcción unas 400.000. Y esta cifra supone un 60% menos del millón de viviendas que se encontraba en ejecución a finales de 2007. Y la cosa puede ir a peor.
Una voz autorizada, la del presidente del Grupo OHL, Juan-Miguel Villar Mir, no deja lugar al optimismo. "Lo primero que hay que hacer es digerir el stock de casas. Mientras no se venda no se construirá nada, y para vender hay que bajar más los precios", aseguraba hace unos días. La consecuencia, millones de metros cuadrados de terrenos inmovilizados perdiendo valor de manera creciente.
Según un informe de la consultora DBK, hace dos años 36 de las principales empresas inmobiliarias disponían en España de una reserva de superficie edificable de unos 90 millones de metros cuadrados. Madrid, al contar con mayores expectativas de negocio por los grandes desarrollos urbanísticos planificados, fue una de las comunidades donde las compras de suelo fueron mayores y a precios más elevados, y, por tanto, una de las que más está sufriendo el cese de la actividad.
Madrid aglutinaba en torno al 20% (18 millones de metros cuadrados edificables, equivalentes a unas 212.000 viviendas), y que desde 2007, según las estadísticas oficiales del Ministerio de Vivienda, se han iniciado en la región 55.251 viviendas, quedarían por desarrollar unos 8,5 millones de metros cuadrados de suelo urbano bruto, equivalentes a 13 millones de metros edificables para unas 156.000 viviendas, aproximadamente la mitad en la capital.
Dando por buena la rebaja acumulada del 25% en los dos últimos años, según los datos de Vivienda, los activos adquiridos en 2007, por 3.450 millones de euros, no valen hoy más de 2.500 millones, y la tendencia es que ese precio siga bajando a corto plazo. Y eso tirando por lo alto. Que se lo digan a Martinsa-Fadesa, en concurso de acreedores desde hace un año. Cuatro de los activos situados en Madrid (Chamartín, Race, Tres Cantos y Colmenar de Oreja), que CB Richard Ellis había tasado, en diciembre de 2007, en 710 millones de euros, fueron depreciados más de un 30% un año después, de acuerdo con la nueva valoración realizada por tres firmas designadas por los administradores concursales.
Ignacio Pindado, consejero delegado de la consultora Grupo i, va incluso más allá en esa reducción del precio del suelo. En su análisis sobre la actual situación del mercado asegura que "se ven muchas cosas, pero realmente no se está comprando casi nada, ni siquiera con descuentos del 50% respecto a hace dos años. Además, descartadas las operaciones por parte de promotores, sólo los inversores se muestran dispuestos a comprar si existen verdaderas gangas", comenta. Otro aspecto destacado por Pindado radica en el hecho de que buena parte de estos activos en suelo han ido a parar a manos de los bancos, que, según el fundador de esta consultora, "no tienen la menor intención de soltar. Ahora, sólo les preocupa vender las viviendas que se han quedado y esperarán a que se reactive el mercado para volver a ofrecer a los promotores los mismos suelos que éstos han tenido que poner en el activo del banco para saldar deudas", subraya.
"Lo hemos vendido casi todo", comentan desde Nozar. Una de las inmobiliarias que mayores inversiones en suelo realizó -casi 400 millones de euros por tres solares céntricos de la capital entre 2004 y 2007- y que, obligada por la fuerte deuda financiera, se ha visto obligada a vender con pérdidas algunos de estos activos. "Prácticamente sólo nos queda el Mindanao, y el proyecto está paralizado sin una fecha fijada para su reanudación", señalan las mismas fuentes.
Por el histórico hotel la empresa presidida por Luis Nozaleda pagó, en 2004, 105 millones de euros al Banco Pastor. El establecimiento se demolió, se iniciaron las obras de las plantas bajo rasante y se llegó a iniciar la comercialización de las 138 viviendas previstas. Y ahí se quedó el proyecto. Por lo que respecta a las antiguas oficinas de Telefónica en la calle de Ríos Rosas, compradas en 2007 por 213 millones de euros, "es un proyecto inmerso en un proceso de tramitación de licencias, pero sin plazos específicos para su desarrollo", comentan desde Nozar, y la parcela ocupada por la fábrica de Zardoya Otis en Méndez Álvaro fue vendida "por un buen precio", aseguran. Ahora está en manos del BBVA.
Lualca -acrónimo mixto del nombre y apellido de su presidente, Luis Canales, y de los antiguos supermercados Alcosto- es otra de las promotoras que no escatimó un euro a la hora de adquirir suelo, especialmente en Pozuelo de Alarcón, municipio de gran desarrollo y altos precios del noroeste de la región, y cuyas expectativas también se han visto truncadas. En 2005 pagó 45,5 millones por un solar para construir 96 pisos en la avenida de Europa, uno de los ejes inmobiliarios más preciados de esta localidad.
Obtuvo la licencia en mayo de 2007, inició las obras y, dos años después, el solar presenta un aspecto desolador. Cerrado a cal y canto desde hace más de un año, con los materiales amontonados en medio de la parcela y sin rastro alguno de obreros desde hace meses. Justo enfrente, la multinacional Hines inició la construcción del centro comercial Zielo con posterioridad a la promoción de Lualca. Su ejecución va a un ritmo vertiginoso.
En esta misma localidad, y con el objetivo de construir 500 viviendas, la inmobiliaria presidida por Luis Canales tampoco dudó en desembolsar hace más de tres años 241 millones de euros al Ministerio de Defensa para hacerse con el antiguo polvorín de Retamares, entre las urbanizaciones de Montegancedo y Montepríncipe, junto a la M-40. Y desde entonces ahí sigue, anunciada en su página web como la única de sus futuras promociones residenciales en la Comunidad de Madrid.
Volviendo a la capital hay solares como el del antiguo Banco Atlántico, en el número 48 de la Gran Vía, que si no está parado, apenas avanza cinco años después de que el Banco Sabadell lo vendiera. Valmarcasa, una pequeña promotora gallega, es su actual propietaria tras pasar por otras dos manos y la encargada del proyecto diseñado por Rafael de La-Hoz: 12.200 metros cuadrados para distribuir, en 10 plantas, unos 100 apartamentos, un área comercial y 200 plazas de garaje.
Frenazo
Una ristra de promociones paralizadas, con vigas y ladrillos a medio poner, que representan, junto con los solares vacantes, la imagen decadente de un sector, el inmobiliario, que no quiso ver, ni cuando la famosa burbuja estaba a punto de estallar, que la asunción de ciertas inversiones iba camino de acabar comiéndose unas cuentas ya muy lastradas por una drástica reducción de los ingresos. A pesar de ello, algunos no dudaron en seguir adquiriendo parcelas urbanas a precios desorbitados.
En la Comunidad de Madrid, tanto en la capital como en las localidades con mayores expectativas de crecimiento, las secuelas de estas actuaciones resultan bien visibles. Un recorrido por las calles sirve para apreciar cómo la financiación de miles de millones de euros para la compra de esas parcelas se ha convertido en la auténtica espada de Damocles. No se inician las obras y, además, hay que seguir pagando el capital y los intereses de los créditos comprometidos.
Algunos supieron rectificar a tiempo, como Mapfre Inmuebles, que tras resultar adjudicataria, en octubre de 2007, de un solar municipal en el Ensanche de Vallecas, logró venderlo poco después a la cooperativa Vam, gestionada por Grupo Libra. Por un solar apto para 6.525 metros edificables (75 pisos), Mapfre pagó casi 15 millones de euros (IVA incluido), asumiendo un coste inicial de repercusión por cada piso de 85 metros cuadrados de casi 200.000 euros. Y eso, sin poner un ladrillo. Sumando costes de construcción, honorarios, licencias y gastos financieros, ese piso se pondría en los 400.000 euros. Un precio a todas luces inasumible por el mercado.
Y como ésta, decenas de operaciones de compraventa de suelo realizadas cuando la crisis estaba llamando a la puerta. En 2007, el propio Ayuntamiento de Madrid logró adjudicar 18 parcelas por las que se embolsó 300 millones de euros, de los que 215 millones procedieron de lo pagado por los 13 solares destinados a la construcción de vivienda libre.
Las cuentas tampoco salen en los centros comerciales o empresariales
Mapfre Inmuebles es otra de las promotoras inmobiliarias que se ha topado con la cruda realidad. El asunto llega a extremos tales que el actual precio del metro ya construido ofrecido en una promoción situada en el Ensanche de Vallecas, a punto de entregar, es prácticamente el mismo que el pagado a finales de 2007 por un solar situado justo al lado. Por los 10.258 metros edificables de la referida parcela abonó al Ayuntamiento de Madrid 24,29 millones de euros (IVA incluido), comprometiendo una repercusión por la compra de ese suelo de 2.040 euros.
Por 2.113 euros el metro construido ofrece hoy un ático de dos dormitorios, con 166 metros, y por unos 2.600 euros el metro, apartamentos de uno y dos dormitorios. Habrá que esperar unos años a que el mercado inmobiliario recobre el pulso y haga viable la operación o, como hizo con otro solar adquirido entonces al Ayuntamiento, también en el Ensanche de Vallecas, intentar venderlo.
La paralización no es exclusiva del sector residencial. Inter Ikea, la filial inmobiliaria de la multinacional sueca, replantea proyectos en España. Como ya ocurriera con el centro de Sant Cugat (Barcelona), ha renunciado a abrir otro en San Fernando de Henares. Alega retrasos en la construcción del complejo comercial que han sido desmentidos por su socio en este proyecto, la británica Chelverton Properties. Valladolid y Granada también han sido descartados. Ikea no es la única en dar marcha atrás por la caída del consumo. ING Real Estate está reconsiderando invertir 120 millones en el parque empresarial Innova Park Málaga sobre los 154.000 metros cuadrados (110.000 construidos) del solar de Intelhorce.
* ELPAIS.com - JUAN CARLOS MARTÍNEZ 31/07/2009
Foto: Solar donde se levantaba la antigua sede del Banco Atlántico en el número 48 de la Gran Vía madrileña, esquina calle Silva. El solar ha cambiado varias veces de manos- SAMUEL SÁNCHEZ, elpais.com
Chiclana inicia la legalización de 15.000 casas irregulares
,+zona+ilegales+-+diariodecadiz.es.jpg)
ELPAÍS/Cádiz* : El Ayuntamiento de Chiclana inició ayer la legalización de unas 15.000 viviendas construidas al margen del planeamiento urbanístico. Los terrenos deberán ser, una vez urbanizados, incluidos en el PGOU con la consideración de suelo urbano no consolidado. A diferencia de modelos anteriores, la ordenanza aprobada ayer por el pleno concede a los propietarios la posibilidad de realizar pagos fraccionados de las cargas urbanísticas.
A partir de la aprobación provisional, y durante 60 días, el texto queda abierto al periodo de alegaciones. A pesar de que el actual equipo de gobierno, de mayoría socialista, ha acordado los detalles de la ordenanza con las asociaciones locales de vecinos, algunos de los propietarios expresaron ayer en el Ayuntamiento su oposición a la medida, al considerar excesivos los precios establecidos para la normalización de sus viviendas ilegales.
"A partir de ahora, y por primera vez, los vecinos podrán tener un documento jurídico en el que apoyarse", explicó ayer a la salida del pleno la concejal de Urbanismo, Cándida Verdier (PSOE).
Por su parte, el Consejero de Gobernación, Luis Pizarro, declaró en Cádiz que la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía recoge la posibilidad de regularizar, en algunos casos, viviendas ilegales, y advirtió que "lo que no sea posible legalizar, también tiene una respuesta administrativa, que es la demolición".
El gobierno local confía en poder iniciar en otoño los trabajos de urbanización de los terrenos y de normalización administrativa de las construcciones.
* ELPAIS.com - F. J. R. - Cádiz - 31/07/2009
Foto: Chiclana (Cádiz), zona ilegales - diariodecadiz.es
Imputado el alcalde de Alpicat por irregularidades urbanísticas
+-+bisbatlleida.org.jpg)
ELPAÍS/Lleida* : El alcalde de Alpicat, Pau Cabré (CiU), y 10 miembros más del Consistorio leridano, entre técnicos, asesores y funcionarios, han sido imputados por el Juzgado de Instrucción nº1 de Lleida como presuntos autores de varios delitos urbanísticos. A petición de la fiscalía, el alcalde y su anterior secretario municipal fueron llamados ayer a declarar ante el Juzgado de Lleida, ya que tras una investigación iniciada a principios de año por la Guardia Civil a raíz de una denuncia se concluyó que hay indicios de delito.
A Cabré y a los otros 10 imputados se les acusa en concreto de un delito contra la ordenación del territorio por haber dado licencia para la construcción de una empresa en suelo rústico no urbanizable. También se les atribuye un delito de prevaricación por otorgar licencias y alienar terrenos de forma irregular. Por último, se les acusa de un delito de tráfico de influencias por haber favorecido en la concesión de una terraza a una vecina relacionada con su partido.
Pau Cabré ha negado ante el juez los delitos que se le imputan. Explica que todo se debe a una denuncia realizada por la oposición socialista porque sólo falta un año y medio para las elecciones municipales. "Es lamentable que por una acusación falsa tenga que verme involucrado en este lamentable asunto. Es una caza de brujas", ha asegurado.
Pese a que el alcalde confía en que la causa se acabará archivando, explica que ha encargado una auditoría externa al despacho Cuatrecasas para que determine si ha habido alguna irregularidad.
* ELPAIS.com - D. T. - Lleida - 31/07/2009
Foto: Alpicat (Lleida) - bisbatlleida.org
El TSJC confirma la ilegalidad 76 chalés en el sur de Tenerife
+-+costa-adeje.es.jpg)
EUROPAPRESS* : La Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) ha informado en un comunicado que "ha recibido recientemente la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), en la cual se desestima el recurso de apelación interpuesto por la entidad mercantil Tenarona, S.L. y el Ayuntamiento de Vilaflor contra una decisión del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº3 de Santa Cruz de Tenerife, que estimaba que la licencia urbanística de obras municipal para la ejecución de 76 chales pareados en el camino Real en la Escalona contravenía la normativa".
El asunto se remonta al año 2006 cuando ATAN tuvo conocimiento de la ejecución de una serie de edificaciones generando un importante impacto paisajístico en un entorno "eminentemente rural" de la zona baja del municipio de Vilaflor, constatando que la licencia concedida vulneraba la normativa urbanística.
Para ATAN, lo asombroso de esta ilegalidad es que todos los informes emitidos por los servicios técnicos y jurídicos municipales eran "desfavorables" al otorgamiento de la licencia, a pesar de lo cual el alcalde "sin ningún tipo de justificación que desvirtuara lo argumentado por sus técnicos concedió la licencia".
"La consecuencia es que ahora procede la ejecución de la sentencia y deberá procederse a restituir la legalidad y la realidad física alterada", explica la asociación que adelanta que ejercerá acciones contra el alcalde de Vilaflor, entre otra medidas, mediante la solicitud de responsabilidad patrimonial personal del primer edil, tal y como prevé el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias, --como ya apunta el propio magistrado en la sentencia de fecha 20 de mayo de 2008 ahora ratificada por el TSJC-- y ello porque "no se puede consentir que por una acción de irresponsabilidad de este cargo público el coste económico de esta situación recaiga sobre los vecinos de Vilaflor".
* Europa Press - SANTA CRUZ DE TENERIFE, 30 Jul. 2009
Foto: Vilaflor (Tenerife) - costa-adeje.es
Vigo legaliza los primeros 180 pisos con orden de derribo y abre la vía a 1.800
LAVOZDEGALICIA* : Apenas diez segundos bastaron ayer a la gerencia de Urbanismo de Vigo para conceder licencia a un inmueble y acabar con una década de ansiedad de 180 vecinos por las sucesivas sentencias de derribo de sus viviendas. El edificio en cuestión está situado en la calle Jacinto Benavente y acoge un gran centro comercial de juguetes.
La sentencia de demolición fue dictada hace una década y ratificada en el 2003 por el Tribunal Supremo, que anulaba la licencia. Desde entonces los vecinos vivían en vilo, pendientes de una posible solución, que ha llegado de la mano del nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal al que se ha adaptado.
Pese a que en su día la licencia del Concello preveía la construcción de un edificio de siete alturas, en la práctica fueron superadas. También se había sobrepasado la edificabilidad, a la que se añadieron unos 14.000 metros cuadrados más de los previstos.
Con esta legalización el Concello de Vigo se libra de una indemnización que podría rondar los cincuenta millones de euros. Además, abre la vía a la legalización de otras 1.800 viviendas.
El abogado defensor de los vecinos, José Luis Barros Ferreira, confirma que después de tres años de trámites y de presión constante, el edificio ya es «legal e inderribable». Achaca todo lo sucedido a un error en la suma del coeficiente de uso residencial, mal calculado por el arquitecto y lamenta que el equipo jurídico municipal no lo defendiera en su día como debiera, lo que ha afectado a la calidad de vida de los vecinos.
Reacciones
Ayer el alcalde, Abel Caballero, achacó lo sucedido con el edificio de Jacinto Benavente y otros que se encuentran en la misma situación a «la deficiencia de los gobiernos de aquel año» y a un plan defectuoso. Curiosamente el Plan General de Urbanismo de 1993, que dio lugar a las sentencias de demolición, fue aprobado por un alcalde de su mismo partido socialista.
Sobre la posibilidad de legalizar el resto de inmuebles con sentencia de derribo, Caballero informó que los técnicos de la gerencia dirán qué edificios son legalizables y cuales no, a medida que vayan solicitando la licencia, aunque se negó a decir cuántos lo habían hecho hasta la fecha.
De la colina de Castrelos dijo, «no es subsanable porque lo decidió una sentencia» y de la Finca do Conde añadió que tiene una enorme construcción con un informe en contra de los técnicos de la gerencia «y además, se decía que el local comercial iba bajo suelo», matizó.
«El problema del edificio de Jacinto Benavente no era un problema de pelotazo, sino de tramitación; hay otros que fueron pelotazos, se dieron licencias sin informe técnico, ni aval y a lo mejor resulta que no son legalizables», concluyó.
Precisamente en este sentido se pronunció el portavoz del grupo municipal del PP, José Manuel Figueroa, quien tras congratularse de que se haya subsanado un error del Plan General de 1993 para acabar con la incertidumbre de los ciudadanos, advirtió que será un primer paso insuficiente si no se trata al resto de edificios de igual modo.
En realidad, su temor se refiere de forma implícita al hecho de que el alcalde solo solucione los problemas surgidos en la época de los gobiernos socialistas y deje sin resolver algún caso registrado durante la época del gobierno municipal del PP, como el de Finca do Conde.
Figueroa espera que no provoque la misma inseguridad el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal, aprobado hace un año.
Más optimista se mostró la portavoz del BNG en el Concello vigués, María Méndez, para quien la licencia concedida al inmueble de Jacinto Benavente abre una nueva vía para legalizar el resto de edificios con sentencias de derribo.
Como parte del gobierno municipal se felicitó por esta primera solución, aunque sea el caso más fácil de todos, ya que, dijo, la ejecución de la sentencia sería inasumible para las arcas municipales.
* La Voz de Galicia - María Jesús Fuente - 31.07.09
Foto: El edificio de la calle Jacinto Benavente ya no será demolido - XOÁN CARLOS GIL, lavozdegalicia.es
El urbanismo ´masivo´ daña imagen de la Comunitat
LEVANTE/Valencia* : Ecologistas en Acción ha advertido hoy de que la "urbanización masiva" de la costa valenciana está afectando negativamente al turismo, ya que se ha "degradado" el paisaje y se ha generado una "panorámica pobre y monótona" que resulta "poco atractiva". Así lo indica en un su informe "Banderas Negras 2009.
La crisis una oportunidad para la costa" que alerta sobre el "precario estado de conservación" en el que se encuentra el litoral de la Comunitat Valenciana, su principal recurso turístico, debido a una "nefasta gestión".
El estudio, que sitúa a esta autonomía como la tercera con mayor degradación ambiental de su costa, señala que "más de un tercio" de las playas valencianas presenta diversos problemas como "la erosión, modificación de la geometría con espigones artificiales de arena, construcción de aparcamientos y vertidos de aguas residuales".
Entre los factores que más ha afectado al medio marino y litoral durante los últimos años, se encuentra la construcción y ampliación de puertos deportivos y comerciales.
Según el informe, la gestión de los puertos valencianos es "totalmente incoherente" y, a pesar de que tiene una media de 10 puertos por cada 100 kilómetros -mayor que la media del resto del litoral español-, "se sigue planteando su ampliación o la construcción de otros nuevos, sin fomentar el alquiler de amarres".
Otro de los problemas sobre los que advierte el estudio son los vertidos contaminantes, ya que, según indica, "al menos" doce depuradoras de la Comunitat no desarrollan su actividad de "manera eficiente" e incumplen la legislación al respecto.
Respecto a la gestión urbanística, señala que la provincia de Alicante es la que más terreno ha "entregado" a la construcción en los dos primeros kilómetros de costa, ya que las edificaciones o infraestructuras ocupan el 52 por ciento de esa franja.
En la de Valencia ocupan el 33 por ciento, mientras que en la de Castellón, donde se han proyectado "millones de metros cuadrados" de planes urbanísticos, la superficie artificial "supone ya el 21 por ciento de la primera línea de playa".
Por otra parte, el informe de Ecologistas en Acción alerta que el calentamiento global puede tener "graves consecuencias" en el litoral del norte de Valencia y el sur de Alicante, "considerado ya de alto riesgo" por la Unión Europea, porque "sus condiciones geográficas lo hacen proclive a grandes trombas de agua en muy poco tiempo y por la masificación urbanística que sufre".
Según indica el estudio, "dada la vulnerabilidad de la costa, el aumento del nivel del mar va a producir que la superficie de playa seca se vea menguada".
Si a una "urbanización masiva" que permanece estática frente a los "dinámicos" cambios costeros "le sumamos el factor cambio climático", el "peligro" que corren las viviendas "se hace evidente".
El informe otorga 34 banderas negras a la costa valenciana y 40 puntos negros a lugares con pequeños o puntuales impactos que agravan la situación.
Al respecto, destaca la situación de Oropesa del Mar, municipio castellonense donde "se está produciendo un desarrollismo que recuerda la parte más salvaje y poco sostenible del crecimiento turístico de los años 60", que "parecía ya superada", pero que en la Comunitat Valenciana "sigue vigente".
En la provincia de Valencia, subraya la situación del parque natural de La Albufera, que pese a contar con el "máximo nivel" de protección, está "sometido ininterrumpidamente a vertidos ilegales de residuos, aguas fecales y pluviales procedentes de municipios próximos".
Asimismo, advierte de la "degradación" que va a sufrir el litoral sur de la ciudad de la Alicante debido a la ampliación del puerto comercial, que provocará, entre otros perjuicios, la "desaparición" de la plata de San Gabriel.
* Levante-EMV - EFE - 28.07.09
Foto: Cullera, 600.000m2 para 5.000 viviendas en torres 35 pisos- EFE
Imputan a los ediles de Alcalà de Xivert por delito urbanístico
+-+ca.wikiloc.com.jpg)
LEVANTE/Castelló* : La corporación al completo de Alcalà de Xivert –siete concejales del PP, cuatro del PSPV y dos independientes– deberá explicar ante el juez su voto a favor de un proyecto urbanístico en la zona de Capicorb que, según la investigación desarrollada por la Fiscalía, presenta claros indicios de presunta prevaricación.
El decreto del Fiscal Jefe, Javier Carceller, está fechado el pasado 22 de julio e incluye en la lista de imputados a la arquitecta municipal y a la técnica de urbanismo.
La denuncia fue presentada el pasado mes de enero por dos particulares, Oscar Martí y Juan Barceló, y amenaza con sentar en el banquillo a toda una corporación al completo si, como espera la Fiscalía, los juzgados de Vinaròs abren la investigación penal para aclarar el trasfondo del desarrollo urbanístico que pretende hacer el Ayuntamiento de Alcalà en una zona, el entorno de la desembocadura del río de les Coves, incluida en el Catálogo de Zonas Húmedas y que contempla importantes restos patrimoniales.
Al respecto, el escrito del fiscal deja patente que el polémico sector, denominado P-23, «estaría afectando a bienes de interés cultural y humedales protegidos», como son la ermita de Sant Antoni –del siglo XVIII–, el almacén de Capicorb, el yacimiento de Almedixer y la torre de Capicorb.
La clave de todo el proceso aparece el 26 de noviembre de 2008, día en el que la arquitecto municipal y la técnica de urbanismo redactan unas bases particulares para la selección y adjudicación del programa de actuación integrada de la unidad de ejecución P-23. Estas bases, según consta en el escrito de la Fiscalía, suponían en la práctica calificar el suelo donde se pretendía desarrollar el PAI como urbanizable pormenorizado, una figura «que no se corresponde con la calificación de «suelo urbano» que marca el PGOU del año 1998.
Repercusión jurídica
Por tal motivo, el fiscal subraya que, al no aparecer cambios del Plan General referidas a este sector posteriores a 1998, «resulta que de facto se ha llevado a cabo una modificación en la calificación del suelo sin realizar una modificación del PGOU de la localidad». A su juicio, «el hecho tiene una repercusión jurídica importante, por cuanto si el suelo es urbano» –aspecto este que también critica el fiscal en otro apartado del decreto remitido al juzgado– «bastaría para edificar la solicitud de una licencia de obras, por lo que no sería necesario la aprobación de bases de programación».
Po otro lado, si se considerase que el suelo no es urbano, debería haberse notificado este cambio en una modificación de PGOU que no existe, «pudiendo constituir estos hechos un delito de prevaricación, por cuanto se están adoptando resoluciones administrativas con el beneplácito de los técnicos municipales, prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido».
Por tal motivo, el fiscal propone «formular denuncia contra los técnicos municipales del Ayuntamiento de Alcalà de Xivert que redactan las bases particulares» del sector P-23, así como contra los miembros del ayuntamiento –los 13 concejales– que aprobaron este desarrollo urbanístico en la sesión plenaria del 4 de diciembre de 2008.
* Levante-EMV - EMILIO REGALADO - 30.07.09
Foto: Alcala de Xivert (Castelló) - ca.wikiloc.com
´Lanzarote, una Isla estrellada´
* You Tube - AmazonasFilms - 28 de julio de 2009
*´Lanzarote, una Isla estrellada´- La Opinión de Tenerife
Por primera en España, se realiza un estreno de estas características. Amazonas Films, como uno de los primeros partners oficiales de YouTube, inicia la entrega una serie de filmes de larga duración, acordes con los más avanzados medios tecnológicos actuales.
Con tecnología HD (Alta Definición), ya está disponible en el portal de Amazonas Films (youtube.com/amazonasfilms) una película de unos 50 minutos que relata la increíble gesta de los hermanos Medina Cáceres. Una historia relacionada con la destrucción de las costas de Lanzarote, isla del archipiélago canario que actualmente se estrella contra su propio desarrollo urbanístico.
Junto al Premio Nobel José Saramago, intervienen otros intelectuales y ciudadanos, conscientes de la necesidad de frenar a toda costa la especulación urbanística. La película es una reflexión sobre el modelo actual de turismo y desarrollo. No sólo se ha puesto de relieve su aspecto más conocido en la actualidad, el de la corrupción empresarial y política, sino los elementos que inciden de manera perturbadora sobre la ecología humana y natural.
El núcleo del film es una antigua casa de salineros. Situada hasta hace pocos años en una playa, a la orilla del mar, se encuentra ahora a muchos metros de la orilla, cercada por un gran complejo turístico que ha devastado esa parte de la costa, antes llamada Berrugo, entre Playa Blanca y Papagayo, en el municipio de Yaiza.
Como si fuera la aldea de Asterix, la Casa de Berrugo ha resistido durante años los embates desarrollistas que han pretendido hacerla desaparecer. Su dueños son los hermanos Medina Cáceres, nacidos en esta vivienda que era propiedad de sus padres desde 1905. A pesar de la avanzada edad de estos hermanos, su resistencia a abandonar su casa se ha hecho legendaria dentro y fuera de Lanzarote. Incluso el Real Madrid tomó como lema la consigna que ellos escribieron por fuera de su casa.
Esta lucha de largos años, es descrita por sus protagonistas y comentada por quienes viven de cerca el salvajismo arquitectónico en la isla que hasta hace pocos años fue la gran reserva del turismo ecológico en Canarias. La Isla de César Manrique. Hoy, la Isla Estrellada.
* La Opinión de Tenerife - 30.07.09
Vecinos muestran su rechazo al PGOU marbellí por falta de participación
LAOPINIÓN/Málaga* : La convocatoria de una mesa de participación ciudadana sobre el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) realizada por IU reunió el pasado viernes a una veintena de colectivos vecinales, sociales y profesionales. Según el portavoz municipal de la coalición de izquierdas, Enrique Monterroso, "todos coincidieron en que el PP ha elaborado el texto sin contar con los vecinos y no se resuelve el déficit de equipamientos y espacios públicos perdidos por los ciudadanos tras más de una década de gobierno del GIL".
La ausencia de una participación ciudadana efectiva se debe, según Monterroso, "tanto a la negativa de la alcaldesa, Ángeles Muñoz, a convocar la mesa de participación, como al hecho de que no se haya contestado ninguna de las más de 15.000 alegaciones presentadas al PGOU en los dos procesos de exposición pública".
En cuanto a la oposición al PGOU en su conjunto, las críticas ciudadanas se referían a que "los vecinos no se verán resarcidos de las pérdidas patrimoniales de los atropellos urbanísticos" y a "las dificultades que existirán para gestionar el Plan, lo que motivará que las escasas compensaciones contempladas difícilmente puedan hacerse realidad", según trasladó en un comunicado el edil de IU.
Otro de los aspectos que más preocupación suscitó entre los asistentes fue la proliferación de grandes superficies comerciales, hasta cinco se contemplan en el texto que avala el PP, lo que, como denunció, "acabará por hundir a los pequeños y medianos comerciantes".
Monterroso se comprometió a llevar al pleno extraordinario del próximo miércoles, donde se prevé aprobar provisionalmente el PGOU, "este sentir ciudadano para garantizar que los vecinos y profesionales de Marbella y San Pedro Alcántara sean tenidos en cuenta".
* La Opinión de Málaga - EUROPA PRESS - 27.07.09
Foto: Marbella, Ayuntamiento - UrbanismoPatasArriba
