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LEVANTE/Castelló* : La corporación al completo de Alcalà de Xivert –siete concejales del PP, cuatro del PSPV y dos independientes– deberá explicar ante el juez su voto a favor de un proyecto urbanístico en la zona de Capicorb que, según la investigación desarrollada por la Fiscalía, presenta claros indicios de presunta prevaricación.
El decreto del Fiscal Jefe, Javier Carceller, está fechado el pasado 22 de julio e incluye en la lista de imputados a la arquitecta municipal y a la técnica de urbanismo.
La denuncia fue presentada el pasado mes de enero por dos particulares, Oscar Martí y Juan Barceló, y amenaza con sentar en el banquillo a toda una corporación al completo si, como espera la Fiscalía, los juzgados de Vinaròs abren la investigación penal para aclarar el trasfondo del desarrollo urbanístico que pretende hacer el Ayuntamiento de Alcalà en una zona, el entorno de la desembocadura del río de les Coves, incluida en el Catálogo de Zonas Húmedas y que contempla importantes restos patrimoniales.
Al respecto, el escrito del fiscal deja patente que el polémico sector, denominado P-23, «estaría afectando a bienes de interés cultural y humedales protegidos», como son la ermita de Sant Antoni –del siglo XVIII–, el almacén de Capicorb, el yacimiento de Almedixer y la torre de Capicorb.
La clave de todo el proceso aparece el 26 de noviembre de 2008, día en el que la arquitecto municipal y la técnica de urbanismo redactan unas bases particulares para la selección y adjudicación del programa de actuación integrada de la unidad de ejecución P-23. Estas bases, según consta en el escrito de la Fiscalía, suponían en la práctica calificar el suelo donde se pretendía desarrollar el PAI como urbanizable pormenorizado, una figura «que no se corresponde con la calificación de «suelo urbano» que marca el PGOU del año 1998.
Repercusión jurídica
Por tal motivo, el fiscal subraya que, al no aparecer cambios del Plan General referidas a este sector posteriores a 1998, «resulta que de facto se ha llevado a cabo una modificación en la calificación del suelo sin realizar una modificación del PGOU de la localidad». A su juicio, «el hecho tiene una repercusión jurídica importante, por cuanto si el suelo es urbano» –aspecto este que también critica el fiscal en otro apartado del decreto remitido al juzgado– «bastaría para edificar la solicitud de una licencia de obras, por lo que no sería necesario la aprobación de bases de programación».
Po otro lado, si se considerase que el suelo no es urbano, debería haberse notificado este cambio en una modificación de PGOU que no existe, «pudiendo constituir estos hechos un delito de prevaricación, por cuanto se están adoptando resoluciones administrativas con el beneplácito de los técnicos municipales, prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido».
Por tal motivo, el fiscal propone «formular denuncia contra los técnicos municipales del Ayuntamiento de Alcalà de Xivert que redactan las bases particulares» del sector P-23, así como contra los miembros del ayuntamiento –los 13 concejales– que aprobaron este desarrollo urbanístico en la sesión plenaria del 4 de diciembre de 2008.
* Levante-EMV - EMILIO REGALADO - 30.07.09
Foto: Alcala de Xivert (Castelló) - ca.wikiloc.com
Imputan a los ediles de Alcalà de Xivert por delito urbanístico
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1 comentarios :
¡Menos mal que los van a investigar! Estamos hartos de que se utilice el Ayuntamiento de Alcalá de Xivert como un cortijo particular, ¡Ya esta bien! .Como dice Juan Peláez, ¨en estas instituciones el contacto con el político es muy directo, demasiado cercano, y la mayoría de los cargos electos no están preparados ni moral, ni profesionalmente para asumir el poder que el pueblos les ha otorgado. Lo peor de todo es que además, los propios partidos les mantienen en sus puestos ante sus incapacidades manifiestas. Se crean así auténticas tramas de amigos, miembros del partido, familiares… Basta mirar los árboles genealógicos de algunas corporaciones locales y se podrían repoblar extensiones mayores que la selva amazónica. Para darnos cuenta de sus dimensiones.¨
Son verdaderos entramados mafiosos, contra los que tenemos que luchar los ciudadanos.
Debemos exigir que se investiguen, por supuesto, y que paguen por sus irregularidades continuas y manifiestas. Y ante la permanente falta, o ausencia, de transparencia en su gestión, la fiscalía debe actuar lo antes posible, y los ciudadanos no nos podemos quedar callados ante tanta impunidad.
Porque además, a alguien le parece extraño que tantos estén implicados, pero eso es porque desde hace muchos años en ese Ayuntamiento esta totalmente asentada la corrupción y la ilegalidad. Y lo peor es que como hay muchos implicados parece que la culpa se difumina y nadie es culpable de nada, pero lo peor de todo es que todos han sido culpables, pero nadie individualmente parece consciente de ello. Esta muy demostrado que cuanto más pequeño es un Ayuntamiento más capacidad de corrupción tiene y Alcalá-Alcoceber es una gran muestra de ello. Tiene en su corporación un desarrollado árbol genealógico con ramas extensas a las que se unen constructores y promotores, pero las raíces están podridas desde hace mucho tiempo. Y nosotros como ciudadanos y sufridores involuntarios de tanto mangante, no podemos ser cómplices callados de su entramado, que por otra parte es lo que quieren, tenemos el DEBER y el absoluto DERECHO de denunciarles.
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