ELMUNDO/Ibiza* : El culebrón urbanístico con más repercusión del archipiélago quedó reducido a escombros con el último muro derribado el pasado 2 de junio. La casa del afamado músico y compositor rumano, Michael Cretu, es historia. La demolición de la mansión ilegal deja tras de sí un rastro de diligencias judiciales, recursos, titulares de prensa y declaraciones, esparcidos a lo largo de 12 años de pugnas en los tribunales.
Las máquinas excavadoras que eliminaron cualquier vestigio de construcción en el monte de Santa Inés no borrarán, sin embargo, el esperpento urbanístico de una obra cuya construcción y posterior proceso de demolición quedarán en los anales de la controversia.
El despropósito se remonta a 1996, cuando el productor del grupo Enigma proyectó un coloso inmobiliario de 3.115 metros cuadrados en la cima de Can Guillem, un monte que cuenta con la máxima protección en la ley balear de espacios naturales. Cretu rebajó tres metros la altura de la montaña y alzó una especie de fortaleza de estilo árabe, valorada en 18 millones de euros, con un volumen de 7.000 metros cúbicos, más de cuatro veces de los visados en el proyecto.
El entonces alcalde de San Antonio de Portmany, el popular Antoni Marí Tur, concedió la licencia de obra a la vivienda en 1997. El grupo ecologista Grup d’Estudis de la Naturalesa (GEN) denunció entonces que la construcción vulneraba la ley, al estar edificada en la cima de una montaña. A partir de ahí, tanto Cretu como el propio Consistorio se embarcaron en una carrera por evitar lo que hace sólo doce días puso punto y final al caso.
Pero el GEN no tardó en actuar. En febrero de 2000, el grupo ecologista presentó una denuncia contra la licencia ante el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número uno de Palma. Previamente, la asociación había solicitado al Consistorio de Portmany, en 1999, la revisión del documento, al considerar que, con esta construcción, se perjudicaba notoriamente a una de las áreas con más valor paisajístico y ambiental de la isla de Ibiza.
Los ecologistas argumentaron también en su denuncia el hecho de que la construcción se hubiera ejecutado sobre la cima de una colina y en una zona protegida como área natural de especial interés (ANEI).
En 2001, la Audiencia Provincial dictaminó que la casa, a pesar de tener licencia municipal, era ilegalizable por estar construida en la cima de una montaña. El mismo año, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) ratificaría esta decisión. La mansión se tenía que demoler.
Cretu, a través de su abogado, Jaume Roig, recurrió la sentencia ante el Tribunal Supremo, que, en 2006, confirmó el derribo. Antes, en 2003, la disposición adicional decimoctava de la Ley de acompañamiento de los presupuestos de 2004, aprobada siendo presidente del Govern el popular Jaume Matas, legalizaba las construcciones levantadas en su día sin permiso de obra por encima de una cota de 200 metros, sin rebasar la de 250, siempre dentro de la franja de los 250 metros siguientes a la ribera del mar y sin estar emplazadas en la zona A señalada en las Normas Subsidiarias dictadas por el Govern el 26 de julio de 1990.
La disposición del PP causó un gran revuelo entre los demás grupos del Parlament. Tanto fue así, que el entonces diputado de Esquerra Unida y actual conseller insular de Urbanismo, Miquel Ramon, irrumpió en la Cámara balear con una pancarta en contra de la legalización de la mansión.
La Amnistía Cretu, derogada en 2007 por el hexapartito progresista presidido por Francesc Antich, no tuvo efectos duraderos. De nada sirvió. La justicia la declaró ilegal y volvió a exigir la demolición de la casa.
El caso tomó un giro hacia la vertiente penal, poco propicia para las aspiraciones del músico y del Ayuntamiento de San Antonio. En 2003, la Fiscalía de Ibiza abrió esta vía contra los responsables de la concesión de la licencia de la mansión. El entonces primer edil de Portmany, Antoni Marí Tur, y Cretu tuvieron que declarar como imputados en un proceso que todavía no se ha cerrado. El Consistorio ibicenco continuó intentando por todas las vías legales que legalizaran la casa. El alcalde actual, José Sala, primer edil del municipio desde 2003, repitió en varias ocasiones su deseo de que el derribo no llegara a hacerse realidad.
* El Mundo - Israel Rodríguez | Ibiza - 14.06.09
Foto: Ibiza, casa Cretu - diariodeibiza.es
‘Caso Cretu’: punto y final a un esperpento urbanístico
Gijón: Golpe judicial a un urbanismo inmune
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LNE* : «En Gijón nunca se ha visto cosa igual». Quienes suscriben son miembros de la Plataforma Ciudadana Contra el Muro de Cabueñes. El colectivo, en su particular lucha contra el proyecto de construir 655 pisos en la parroquia, ha sacudido los cimientos del urbanismo local. Sus averiguaciones sobre el llamado plan de Cabueñes sentarán ante el juez al que fuera arquitecto jefe del Ayuntamiento, Ovidio Blanco. Impensable en un municipio que se mantenía inmune al escándalo urbanístico.
La Plataforma de Cabueñes, respaldada por 63 vecinos, ha conseguido lo que no consiguieron tres multitudinarias «marchas verdes»: poner judicialmente en entredicho una actuación salida de las recalificaciones del último Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). «Será el primer juicio de estas características que se celebra en la ciudad», sostiene Ignacio Martínez. Como especialista en temas urbanísticos, ha ayudado a la plataforma en sus investigaciones sobre la operación de Cabueñes.
Cristina Moreno, periodista de profesión, y Francisco Díaz-Cadórniga, médico endocrino, han sido la voz y la imagen de esta iniciativa vecinal sin precedentes. Detrás de sus declaraciones y de sus denuncias hay más de un año de obstinado trabajo. Basándose en la documentación recabada por los vecinos, la fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Asturias decretó el pasado lunes que se formule denuncia contra Ovidio Blanco en el Juzgado de instrucción que corresponda.
El fiscal ve indicios de tres posibles delitos: cohecho, uso de información privilegiada y tráfico de influencias. La plataforma se personará como acusación particular en el procedimiento judicial que ahora se abre para determinar si Blanco es realmente culpable de esas ilegalidades. Llegados a este punto, ni Cristina Moreno ni Francisco Díaz-Cadórniga se olvidan del «desprecio» con el que -critican insistentemente- fueron tratados por el gobierno municipal.
Quizá los subestimaron cuando, antes de trasladar el llamado «caso Blanco» a la opinión pública allá por mediados de marzo, pusieron sus sospechas en conocimiento del concejal de Urbanismo. Cuando el equipo de gobierno quiso reaccionar ya era demasiado tarde para detener la tormenta que se le venía encima. La primera semana de polémica desbordó a más de uno dentro y fuera de la Casa Consistorial.
Los documentos aportados por los vecinos revelan que, en marzo de 1992, Ovidio Blanco compró una finca en Cabueñes a la sociedad Hoyant, S. L.; que se la vendió a esa misma empresa en octubre de 1998 y que, en julio de 2004, se la volvió a comprar. A lo largo de todo ese tiempo se producen dos cambios reseñables. Por un lado, Blanco abandona el Ayuntamiento para incorporarse a Sogepsa con un contrato de servicios y ejercer la arquitectura desde la iniciativa privada. Por otro, el PGOU recalifica en Cabueñes una bolsa de suelo en la que está incluida la finca objeto de compraventa entre Blanco y Hoyant.
El terreno que el ex arquitecto municipal compró en 1992 por 7.513 euros lo vende finalmente en enero de 2006 a la promotora Reyal Urbis -una de las que intervienen en el desarrollo residencial de Cabueñes- por 617.420 euros. Blanco estaba en excedencia del Ayuntamiento de Gijón desde el 1 de enero de 2004. Aunque la Plataforma de Cabueñes matiza que, para entonces, las recalificaciones del PGOU ya estaban decididas y a punto de iniciar su primera fase de información pública.
Blanco insiste en que no cometió ningún delito. Y el gobierno de Paz Fernández Felgueroso avala su trayectoria como arquitecto municipal, aunque se desvincula de actuaciones posteriores como la que pudo haber tenido en la parroquia de Cabueñes. Es más, suya fue la iniciativa de acudir a la fiscalía. Pero esta demostración de transparencia no ha podido evitar las repercusiones políticas del caso. Ovidio Blanco ha sido, durante casi 25 años, hombre de confianza de los servicios urbanísticos municipales y el PP ya pide responsabilidades más allá de su persona. La Plataforma de Cabueñes ha puesto en tela de juicio su reputación y, en definitiva, la del Ayuntamiento.
* La Nueva España - M. SUÁREZ -14.06.09
Foto: Cabueñes (Gijón)), vecinos contra Plan - lne.es
Viaje al corazón del caos urbanístico
PÚBLICO/Málaga* : El reglamento les exige conocer al detalle la topografía de la demarcación en la que trabajan y los recursos naturales de los que dispone.Se les conoce como Seprona, aunque tras las siglas se esconde el único grupo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado dedicado al Servicio de Protección de la Naturaleza; es decir, a velar, dentro de la Guardia Civil, por el cumplimiento de las disposiciones que fomentan la conservación de todos los recursos medioambientales.
Público ha pasado 24 horas de patrullaje con el Equipo de Protección de la Naturaleza de Málaga, por cuyas investigaciones, a las que dedicaron más de un año, y registros durante la denominada operación Arcos el pasado marzo fue desarticulada la trama de corrupción urbanística presuntamente integrada por el ya ex alcalde de la población malagueña de Alcaucín, José Manuel Martín Alba, y por otros 28 imputados.
A las ocho de la mañana, el sargento y jefe de la Patrulla Urbana del Seprona de Málaga, José Benito, realiza el briefing del día en su modesto despacho de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga, mientras sujeta con una mano el frasco de un pigmento ilegal requisado durante la última inspección de un centro de belleza de la Costa del Sol.
"Fue durante una inspección rutinaria. Muchos se quedan sorprendidos cuando ven entrar en su negocio a un agente de la Guardia Civil porque nos relacionan más con actividades vinculadas a la naturaleza. En este caso, los tintes estaban etiquetados en inglés, fueron comprados a través de Internet a una empresa gibraltareña para su uso en la micropigmentación de la piel y sin autorización de la Agencia Española del Medicamento. Un peligro para los clientes, que podrían sufrir a corto plazo daños irreparables", cuenta.
Sobre el escritorio del sargento, el 80% de los expedientes corresponde a casos de delito urbanístico. "Por mi experiencia, puedo decir que, en comparación con el norte de España, en el sur existen muchísimas más casas ilegales. La cultura de construir ilegalmente y que no suceda nada se ha instalado aquí desde hace mucho tiempo y es muy difícil de erradicar. Nos hemos visto en la situación de leer los derechos a gente del campo, gente humilde en principio. Y nos preguntamos por qué esta gente lo sigue haciendo en el sur tan tranquilamente y sin miedo. La respuesta creo que es la desidia administrativa que existe", asegura Benito.
Para que la construcción de una casa se considere ilegal deben cumplirse dos requisitos: que se construya en suelo no urbanizable y que no pueda legalizarse. Sólo la patrulla urbana del Seprona de Málaga realizó en 2008 más de 2.500 actuaciones, por las que quedaron imputadas 65 personas. "La mayoría de los delitos eran urbanísticos o relacionados: falsedad documental o prevaricación urbanística en ayuntamientos".
El boom de 2006 y 2007
En la comarca malagueña de la Axarquía, a la que pertenece la población de Alcaucín, se estima que existen más de 22.000 viviendas en suelo no urbanizable, de las que más de la mitad se construyeron en los últimos diez años. Y el boom llegó entre 2006 y 2007. "En el Parque Natural de Los Montes de Málaga tenemos denunciado e imputado por delito urbanístico al dueño de una vivienda unifamiliar. El problema es que no damos abasto", añade Benito. "Necesitamos más personal para poder controlar toda la Costa del Sol".
La petición parece razonable teniendo en cuenta que sólo son nueve agentes. Hoy, como casi cada día, el sargento Benito y el cabo Pedro Pérez Pinto peinan en todoterreno los Montes de Málaga, a 20 kilómetros del centro de la ciudad. A cada paso, una parada para señalar alguna de las innumerables viviendas construidas ilegalmente, algunas sin ni siquiera licencia de obra. En el lugar donde se levantan estas casas no debería haber más que casas de aperos.
"La cultura de construir ilegalmente y que no suceda nada es muy difícil de erradicar"
"Los constructores tienen gran parte de la culpa por acceder a construir en suelos sobre los que saben a la perfección que no dan licencia", dice el cabo Pinto, mientras señala al menos tres chalés sobre los que recae en estos momentos una orden de paralización de obra por parte de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga.
"El truco que usan los propietarios de las casas para no levantar nuestras sospechas es pintarlas por fuera y acabar cuanto antes el exterior de la vivienda. Dentro, sin embargo, sólo hay ladrillos", añade.
Para comprobar la situación legal de estas casas, algunas incluso construidas con grandes piscinas o con hasta cuatro alturas y garaje, el Seprona consulta las ortofotos de varios años atrás. Este procedimiento les permite saber si el propietario de la supuesta casa ilegal dice la verdad. "Muchos nos dicen que la casa ya existía antes y se escudan en que lo que están haciendo es una reforma. A través del GPS, sacamos las coordenadas de la casa, consultamos la ortofoto de la base de datos del catastro y lo comprobamos. Si hay delito, la responsabilidad es tanto del propietario como del constructor y el técnico". "Por eso caen tantos en operaciones como la de Alcaucín y otros ayuntamientos", asegura Benito.
Tatuajes
El Seprona, pese a la relevancia de su cometido, sigue siendo un cuerpo muy desconocido. Su abanico de responsabilidades es variopinto. Por ejemplo, y aunque parezca chocante, entre sus competencias está la de actuar de oficio en casos en los que las tiendas de tatuajes no cumplan con los requisitos de esterilización y de desecho por incineración controlada del material punzante usado.
Es un trabajo que realizan empresas autorizadas y que impide que se produzca la llamada contaminación cruzada. "Las agujas tocan sangre y estas, a su vez, contaminarían el medio ambiente", cuenta ItziarOrozco, propietaria de la tienda Tarántula, que los agentes acaban de inspeccionar.
Lo mismo se hace en las tintorerías, donde la contaminación proviene de percloroetileno, ese producto que hace tan reconocible al olfato estos establecimientos y cuya eliminación debe realizarse por parte de un gestor autorizado, pues es altamente tóxico y cancerígeno.
* Público - ESTHER RAMOS - MÁLAGA - 14/06/2009
Foto: Un agente del Seprona señala una vivienda supuestamente irregular - publico.es
El patrimonio cultural de Galicia, en "serio peligro"
ELCORREOGALLEGO* : El fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, advirtió ayer en A Coruña de que "una parte sustancial" del patrimonio cultural de Galicia se encuentra "en serio peligro". Varela, durante la clausura de las V Jornadas de Protección del Patrimonio Cultural y Arqueológico que se celebraron en el Museo de Bellas Artes de A Coruña, subrayó que esta situación se debe tanto al número de atentados que sufre este patrimonio, como a la insuficiente conservación y protección "por parte de los que tienen la titularidad de estos bienes o son depositarios de su tutela".
Así, hizo hincapié en la necesidad de completar los medios destinados a su preservación e incidió en la importancia de que la Administración haga "todo lo posible por afrontar la protección del patrimonio mediante la potestad sancionadora y de tutela que tiene encomendadas legalmente". Además, apeló también a la "responsabilidad" de la sociedad e instó a los ciudadanos a que pongan en conocimiento de la Administración y Ministerio Fiscal "toda conducta atentatoria contra bienes patrimoniales".
Por otra parte, remarcó el número de daños a cruceiros y hórreos que recogen las memorias provinciales, aunque admitió que muchas de estas causas acaban en archivo al desconocerse la autoría de los mismos.
* El Correo Gallego - E.P. - 13.06.09
Foto: La campana de Santa María de Caranza fue robada en 2007 - kiko delgado, elcorreogallego.es
La corrupción sale gratis
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ELPAÍS/Reportaje* : En enero pasado, el pequeño pueblo canario de Mogán fue noticia destacada. La policía detenía de nuevo a su alcalde y a otros cuatro colaboradores y funcionarios. La acusación: prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. Ese alcalde se llama Francisco González y es del Partido Popular. Cinco meses más tarde, ese partido ha aumentado su apoyo electoral en el pueblo logrando el 69% de los votos en las elecciones europeas.
El caso de Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón, es paradigmático. Este dirigente del PP ha dado a su partido una victoria electoral tras otra a pesar de ser perseguido por la Justicia y estar imputado por la Fiscalía Anticorrupción por fraude fiscal y delitos contra la Administración pública. Su partido ha superado los ya espléndidos resultados de 2004.
Tras la aplastante victoria de las elecciones municipales en 2007, Carlos Fabra proclamó que el PP había sido absuelto con sobresaliente cum laude por los ciudadanos. Ahora, tras las europeas de 2009, ha declarado: "La gente es muy lista y le preocupa más el paro que saber si Carlos Fabra o Paco Camps somos culpables o inocentes".
Análisis electorales diversos demuestran que, en España, para desánimo de muchos, Carlos Fabra tiene razón y que incluso se queda corto en sus valoraciones. Las urnas no castigan la corrupción, sino que en muchas ocasiones parece que la premian. "En efecto, todo hace pensar que la corrupción da votos", comenta el cabeza de lista de IU para el Parlamento Europeo, Willy Meyer, mientras pasea por Gran Vía. "Es como si la sociedad española no considerara la ética civil".
¿Es este fenómeno exclusivo de la joven democracia española? ¿Por qué las urnas no han pasado factura al PP y, sin embargo, sí han castigado a los socialistas allá donde se han destapado casos de corrupción similares como ha ocurrido en los pueblos de Lorca, Arrecife o Alcaucín, por citar unos pocos?
El caso Berlusconi hace sospechar que hay otros electorados que, como el español, parecen insensibles al escándalo y la presunta corrupción de algunos políticos. El catedrático de Ciencias Políticas Julián Santamaría habla de una cultura de la derecha mediterránea que genera similitudes entre España e Italia frente a los países anglosajones y los nórdicos, donde los electorados son extremadamente exigentes.
Los profesores en Ciencia Política Fernando Jiménez, de la Universidad de Murcia, y Manuel Villoria, del Instituto Ortega y Gasset y de la Universidad Rey Juan Carlos, se han centrado en el comportamiento electoral español. Para empezar, Villoria considera que en España hay una menor cultura cívica y una visión más negativa sobre los políticos que en el resto de Europa. "Se ve en los datos del CIS. Hay poca afiliación, poco compromiso social", añade. El perfil medio del español se traduciría, por tanto, en un votante menos sensible a la corrupción.
Del franquismo, dice Meyer, "los españoles sacaron la conclusión de que la política es un negocio y eso permanece en las mentes conservadoras". Así que, como varios coinciden en señalar, es idea generalizada en España que "todos los políticos son iguales" y que la corrupción es casi consustancial al desempeño de un cargo público.
Tales principios, sumados a la polarización bipartidista de la vida política actual, genera en el electorado, según Villoria, una defensa a ultranza de sus líderes políticos aunque éstos estén acusados de corrupción. Si todos son corruptos, prefiero a mi político corrupto que al de enfrente, que también lo es, sería el resultado lógico de ello.
¿Inmadurez democrática? "No lo creo", dice el profesor de Cambio Social en la Universidad a Distancia UNED Ramón Adell. "Es puro pragmatismo. Antes los políticos eran aficionados. Ahora son profesionales de la política. Ya no hay ideología y el bipartidismo español produce un desapego por la política".
En efecto, dada la elevada abstención de las recientes elecciones, todo parece indicar que sólo se han acercado a las urnas los militantes, los convencidos. Y en ese escenario, la agresión contra dirigentes políticos por casos de presunta corrupción ha generado una identificación con el líder atacado. "El nivel de linchamiento ha beneficiado al PP en Valencia y otros de sus feudos", ratifica Francesc Homs, jefe de campaña de Convergència i Unió. Es lo que Homs y el propio Jaime Mayor Oreja, cabeza de lista del PP a la Eurocámara, llaman "efecto bumerán". "El PP juega al victimismo allá donde dispone de un amplio poder mediático y financiero", explica Antonio Hernando, responsable de política municipal del PSOE. Es evidente que ha ganado esa partida.
Tanto Hernando como Meyer tienen por seguro que la corrupción le sale gratis a la derecha; no a la izquierda. En principio, los datos de las recientes elecciones al Parlamento Europeo les dan la razón. Allá donde ha habido casos públicos de presunta corrupción por parte de líderes socialistas, el PSOE ha perdido votos, algo que al PP no le suele ocurrir. La mayoría de los consultados hablan de un electorado de izquierdas más estricto, con un alto nivel de exigencia ética. Hernando añade el lastre que pesa todavía sobre la izquierda tras la década de los noventa, con Felipe González en el poder, cuando a la crisis económica se unió el desgaste del poder y casos de escándalo y corrupción.
La profesora de Conflicto Social de la UNED Begoña Alonso tiene un elaborado discurso al respecto. "La incertidumbre trastoca al ser humano y los cambios generan incertidumbre", explica Alonso. "La gente más conservadora es acrítica hacia su propia ideología. No quiere cambiar su posición porque le genera incertidumbre. A la hora de votar se podría decir que el conservador aplica el dicho de más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer".
Frente a esa derecha que se resiste al cambio, la izquierda sería más dinámica, variopinta y crítica, especialmente con sus propias posiciones y sus líderes políticos. Y Alonso añade: "La religión es un factor importante y recordemos que hay una identificación evidente entre la derecha y la cúpula eclesiástica. Y no olvidemos que el pecado se perdona, pero que en la izquierda nunca hay absolución".
Es de suponer que en el PP se revolverían contra tales afirmaciones. En el partido han remitido a las declaraciones públicas de la secretaria general, María Dolores de Cospedal, y su presidente, Mariano Rajoy. Ambos han considerado que los ataques hacia sus líderes han sido exagerados y que los ciudadanos les han exculpado con sus votos en las europeas.
"Ese juego del PP de intentar resolver en las urnas lo que hay que resolver en los tribunales le va a pasar factura a medio y largo plazo", señala Hernando. "Hasta ahora han obstaculizado la acción de la justicia, pero llegarán las condenas y entonces la gente no les perdonará".
A favor de la tesis de que la izquierda paga un precio mayor por sus desmanes podría sumarse el caso de Reino Unido, donde los laboristas han sufrido un serio revés electoral, a pesar de que las prebendas y abusos de los políticos salpican a todos los partidos, si bien es cierto que este caso requiere un análisis más profundo que tenga en cuenta la crisis de liderazgo del primer ministro Gordon Brown. Julián Santamaría señala todavía un aspecto distintivo más que suele darse entre derecha e izquierda en los países nórdicos y anglosajones: "Los escándalos económicos suelen castigar más a la izquierda. Los escándalos sexuales o que tienen que ver con la moral familiar suelen castigar más a la derecha".
Pero no todo el mundo está de acuerdo en que los comportamientos electorales de la derecha y la izquierda respecto a la corrupción sean distintos. Así lo viene a demostrar a nivel nacional el estudio conjunto publicado por la Fundación Alternativas de Jiménez y Villoria respecto a las elecciones municipales de 2007. Estos dos expertos en la corrupción política y sus consecuencias analizaron los resultados de 133 municipios salpicados por la presunta corrupción de sus regidores.
El 70% de los alcaldes sospechosos ganaron en las urnas y mantuvieron sus cargos. Y no hubo diferencias entre PSOE y PP. El porcentaje de victorias y derrotas fue similar.
Pero el análisis de Jiménez y Villoria desvela un resultado llamativo: en las municipales, a pesar de los primeros análisis periodísticos, la corrupción sí que pasa factura a los partidos políticos; incluido el PP. "Atendiendo a la ganancia o pérdida de apoyo electoral sobre censo en relación con 2003", dice el estudio, "se ve que sólo el 30% de los alcaldes [presuntamente corruptos] mantuvieron o ganaron en 2007 más apoyo sobre censo que en 2003, mientras que el 70% perdió apoyo en términos relativos".
Homs también se resiste a analizar comportamientos distintos a un lado y otro. "Tal diferencia la desmiente el 14-M. Cuando se engaña y se miente, cuando el electorado percibe un comportamiento éticamente incorrecto, lo sanciona en las urnas", dice este político de CiU. Mientras tanto, con los recientes éxitos electorales del PP en la mano, la izquierda siente cierta frustración. "Todo da lo mismo y se vota masivamente a Mayor Oreja, un eurodiputado que no ha dado un palo al agua", dice Meyer. "Sí, es frustrante, pero esto no nos va a disuadir de seguir persiguiendo la corrupción", asevera Hernando. "Me preocupa que no haya un pacto de Estado contra la corrupción firmado por los grandes partidos", añade Villoria. "Si se acusan pero no hacen nada, lo único que logran es dañarse mutuamente y aumentar la degradación de la política y la tradicional visión cínica del poder de la ciudadanía española".
* ELPAIS.com - GABRIELA CAÑAS 12/06/2009
Foto: Mogán (Gran Canaria), urbanismo salvaje - R.Cordero, elpais.com
La UE pide a Sinde que salve Numancia
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ABC/Soria* : La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que ha estudiado el nuevo asedio urbanístico a Numancia y ha recabado testimonios sobre el futuro de uno de los más importantes yacimientos de Europa, ha decidido pasar a la acción. Su presidente, Marcin Libicki, ha remitido una carta a la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, en la que le reclama que «tome cartas en el asunto y haga todo lo posible para preservar Numancia de las actuales presiones urbanística a las que se ve sometido»
En la misiva, Libicki afirma que la Comisión de Peticiones está «muy preocupada por la presión a la que este sitio singular se ve sometido por parte del Ayuntamiento de Soria y la Sociedad Gesturcal». El presidente del órgano del Parlamento Europeo subraya que «no está en absoluto justificada» la necesidad de construir un polígono industrial (Soria II) en los terrenos colindantes a la zona arqueológica. «En caso de llevarse a efecto», continúa, «representarían un daño irreversible para el sitio de Numancia así como para la ciudad de Soria, a la que cambiarán radicalmente el paisaje».
Libicki recuerda que los males no acaban aquí, puesto que está el proyecto de la «Ciudad del Medioambiente, proyectada por la Junta de Castilla y León. Los efectos cumulativos de los dos proyectos serían nefastos para la preservación de un paraje tan especial como el de Numancia.»
El Parlamento Europeo valora la movilización que este caso ha provocado. La carta recuerda que esta Comisión de Peticiones «no es la única institución en haberse interesado en que esto no ocurra, también lo han hecho un sinfín de organismos científicos y culturales en toda Europa y por ello esperamos que nuestro interés sea tenido en cuenta». De ahí que Libicki concluya con la petición a la ministra Ángeles González-Sinde de que tome cartas en el asunto. «No dudo, señora ministra, en su interés en preservar unos vestigios arqueológicos únicos en Europa y de especial relevancia para nuestra historia común».
Informe de impacto severo
A la carta se sumó ayer el contenido del estudio de impacto ambiental de Gesturcal sobre el polígono industrial Soria II, que afirma que su incidencia sobre Numancia es negativa, directa, permanente, irrecuperable, irreversible, que afecta a un recurso protegido y que su intrusión visual en el paisaje es severa, implicando un impacto negativo, directo, permanente, extenso, irrecuperable e irreversible. El estudio no fue incorporado al expediente de modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Soria (mayo de 2007) para la construcción del polígono.
* ABC - J. G. CALERO | SORIA - 13-06-09
Foto: Numancia (Soria) - elimparcial.es
Casi la mitad de las 613.000 viviendas terminadas sin vender se concentran en el litoral mediterráneo
COTIZALIA* : El número de viviendas de obra nueva terminadas en venta asciende a 613.512 a 31 de diciembre 2008, de las cuales el 45,7% se concentran en la costa mediterránea, según el primer informe sobre el 'stock' de vivienda nueva presentado por el Ministerio de Vivienda. Del total de las viviendas sin vender, se estima que el 70% será primera residencia mientras que el 30% tendrá uso vacacional o se destinará a otros usos teniendo en cuenta la ubicación geográfica de las viviendas terminadas sin vender y la distribución actual del parque de viviendas según su uso reflejado en la última estadística del Ministerio correspondiente a 2007.
Así, en dicha estadística, el 68,5% de las viviendas constituyen la residencia habitual de los hogares, el 21,3% son viviendas secundarias utilizadas ocasionalmente por los hogares en periodos vacacionales y el 11,2% restante se destina a otros usos.
Por provincias, Barcelona con 55.315 viviendas sin vender, Madrid con 51.034, Alicante con 46.366, Valencia con 30.038, Murcia con 27.279 y Málaga con 21.092 concentran el 37,7% del 'stock'.
La media de las viviendas sin vender en España se sitúa en 13,3 por cada 1.000 habitantes. Por provincias, Castellón con 30, Toledo con 29,1, Lleida con 27,6 y Almería con 27,3 encabezan el ranking, mientras que Ceuta y Melilla (2,2), Vizcaya (3,8), Cantabria (4,6) y Cáceres (5) presentan los porcentajes más bajos.
626.691 viviendas en construcción
Otro de los resultados que presenta el informe es el número de viviendas en construcción. A finales del año 2008, había en España 626.691 viviendas en construcción, de las que el 61,3% estaban en venta (384.050 viviendas) y el 38,7% ya están vendidas (242.641 viviendas).
Clasificadas éstas, según el estado de la obra, el 70,8% de estas viviendas están en fase de terminación, (443.673 viviendas), el 22,9% en cubierta (143.268 viviendas), 27.526 en estructura, el 4,4% y 12.224 en cimentación, el 1,9%.
Por comunidades autónomas, en Andalucía está el 19,4% de las viviendas en construcción, en Cataluña, el 12,7%, la Comunidad Valenciana tiene el 11,6%, Galicia, el 8,5% y Castilla y León, el 7,8%. El periodo medio de construcción de una vivienda es de 24 meses.
* Cotizalia - EP - 12/06/2009
El Tribunal Superior declara ilegal un gran hotel balneario en Oia
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LAVOZ/Pontevedra* : Un simple error administrativo puede tener unas consecuencias catastróficas. Lo saben en el Talaso Atlántico, un hotel de cuatro estrellas del municipio pontevedrés de Oia que asoma al océano y que cuenta con uno de los primeros, y el más grande, centros de talasoterapia que se construyeron en Galicia. El Tribunal Superior de Xustiza acaba de anular mediante una sentencia firme la licencia que otorgó el Concello para ejecutar las obras de este complejo turístico hace nueve años.
El pleno de Oia aprobó en 1996 unas normas subsidiarias de planeamiento para promover el crecimiento urbanístico del municipio y la creación de nuevas infraestructuras turísticas.
Pero al secretario municipal se le olvidó incluir el texto de la ordenanza que permitía la construcción del hotel en un solar junto a cabo Silleiro cuando envió el planeamiento para su publicación oficial. Los redactores del BOP (Boletín Oficial de la Provincia) recibieron el plano con el círculo marcado con el número de la ordenanza y fue lo único que publicaron. Pero para la Justicia ha sido como no haberlo hecho. La jurisprudencia declara reiteradamente la prevalencia del texto sobre las representaciones gráficas en los planes de urbanismo.
Por lo tanto, al no haber entrado en vigor dicha ordenanza, nunca podía haber sido concedida la licencia. Un particular especializado en detectar infracciones urbanísticas descubrió el caso y lo denunció. La Xunta también pidió una revisión de la licencia e inició un contencioso administrativo porque el Ayuntamiento se negó a contestar.
El caso es que uno de los establecimientos turísticos más emblemáticos de Pontevedra, que rivaliza con el parador de Baiona en la zona sur, ha quedado en una situación alegal.
Los responsables del negocio, la empresa Balneario del Atlántico, esperan que la situación acabe arreglándose de alguna manera, puesto que un simple error administrativo no puede echar por tierra un proyecto de esa envergadura y que da empleo a 80 personas del entorno.
El alcalde de Oia, Leandro Rodríguez, no sabe de momento por dónde salir. Indemnizar a la empresa por una licencia mal dada supondría la quiebra para las arcas públicas de este Ayuntamiento de 3.000 habitantes.
* La Voz de Galicia - Alejandro Martínez - 12.06.09
Foto: El Talaso Atlántico es un complejo turístico muy conocido que da trabajo a 80 personas- GUSTAVO RIVAS , lavozdegalicia.es
Córdoba: Las denuncias de la Fiscalía por delitos urbanísticos se triplican
ELDÍA* : Los delitos urbanísticos siguen extendiéndose como una plaga por la provincia. Prueba de ello es que las denuncias formuladas el año pasado por la Fiscalía Provincial de Córdoba contra parcelas ilegales se triplicaron respecto a 2007, al pasar de 18 a 51. Así consta en la memoria de la Sección de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico del Ministerio Público en Córdoba, que fue presentada ayer por la fiscal especializada en la materia, Consuelo Fidalgo, y por el fiscal jefe, José Antonio Martín-Caro.
La investigación de delitos contra parcelaciones o urbanizaciones ilegales se centró fundamentalmente en el término municipal de Córdoba -en el entorno de Medina Azahara y en la Sierra- y en los partidos judiciales de Lucena y Montilla.
El documento destaca que, a pesar de las sentencias de derribo dictadas contra varios parcelistas en el último año, "sigue existiendo un aumento de la presión urbanística en el entorno de la Sierra", declarada en gran parte espacio de especial protección. "La picaresca popular ha provocado insólitas situaciones -subraya la Fiscalía en su informe-, como la colocación de una casa prefabricada en la parcela donde previamente se había demolido por orden municipal una edificación ilegal". El Ministerio Público incoó las correspondientes diligencias de investigación sobre este asunto hace unos meses.
En total, los fiscales indagaron en 67 casos; de ellos, archivaron 16 y formularon denuncias en otros 51. Fidalgo subrayó que existe una "mayor sensibilización" por parte de la administración, pues "está dando respuesta a los problemas que se plantean" frente a la pasividad denunciada en años anteriores. La fiscal explicó que existe una coordinación articulada con la Dirección General de Inspección Urbanística, la Gerencia de Urbanismo y la Policía Autonómica para intensificar la vigilancia en los entornos de especial sensibilidad, como el yacimiento de Medina Azahara o la Sierra.
También destaca la memoria la implicación de los particulares y de los grupos ecologistas: "Las relaciones con estos colectivos se han intensificado y son fundamentales para mantener contacto con los principales problemas ecológicas que afectan a la provincia", destaca el texto. En el extremo negativo, la Fiscalía reclamó aumentar el plazo de seis meses legalmente establecido para elaborar las conclusiones provisionales en relación con los delitos urbanísticos y contra la ordenación del territorio, al considerarlo insuficiente para completar una investigación "compleja". Fidalgo lamentó que en ocasiones el asunto llega a los juzgados de forma "precipitada" y recordó que los casos de mayor relevancia en esta materia se han iniciado como diligencias de investigación por parte del Ministerio Fiscal.
También lamenta la memoria "la insuficiencia de medios personales y materiales para realizar" su labor. Entre otros aspectos, la Fiscalía reclama un "adecuado programa y registro informático" para "permitir estadísticas fiables y un auténtico control de la materia".
* El Día de Córdoba -
Las denuncias de la Fiscalía por delitos urbanísticos se triplican
El Ministerio Público remitió a los juzgados 51 casos de parcelaciones ilegales a lo largo del año pasado, lo que supone un aumento del 183% respecto a 2007
Á. R. - 11.06.09
Foto: Cordoba, zona viviendas ilegales - abc.es
Turbio legado urbanístico en L'Atzúvia
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ELPAÍS/Alicante* : El fallecimiento esta semana tras una larga enfermedad del alcalde de L'Atzúvia, el popular Manuel Reig (1949), abre un rosario de incógnitas judiciales y urbanísticas. El gobierno de Reig, quien estaba en el poder desde las primeras elecciones democráticas de 1979, permitió la construcción de una veintena de lujosos chalés en suelo no urbanizable que precipitó una investigación de la Unidad de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil que aún está pendiente en los juzgados y que acarreó la detención del promotor de parte las viviendas y de su esposa.
En realidad, la biografía de Reig simboliza la vertiginosa transformación sufrida por municipios del interior de La Marina Alta como L'Atzúvia (668 habitantes), que en poco tiempo pasaron de la economía agrícola a auspiciar el desarrollo de ambiciosos planes parciales. Así, el alcalde, quien fue elegido con apenas 30 años bajo las siglas de UCD, compaginó al inicio la actividad municipal con la labranza en los campos de su propiedad, pero poco a poco cambió. Abrió una casa rural y se codeó con promotores y hombres de negocios que veían un territorio virgen para la construcción.
Uno de ellos era el alemán Klaus May, quien el 11 de enero de 2008 fue detenido por la Guardia Civil junto a su esposa, Erna Sabrina May, acusados aún hoy de diez presuntos delitos urbanísticos, entre los que se cuentan los de ordenación del territorio, estafa, amenazas y coacciones. May era uno de los promotores que se había dedicado a construir lujosos chalés en suelo no urbanizable con licencias de casas de aperos que permiten una volumetría máxima de 32 metros cuadrados, a pesar de que algunas de las edificaciones llegaban a los 300 metros y contaban con piscina y pista de tenis. El grupo ecologista Gelibre, que hizo la denuncia, afirma que al menos existen veinte viviendas así.
L'Atzúvia estuvo a punto de convertirse así en un nuevo caso Catral, toda vez que la Consejería de Territorio fiscalizó la gestión urbanística del municipio y exigió la anulación de nueve de esas licencias. Reig siempre defendió su legalidad ya que una "casa de labranza es una vivienda". No obstante, L'Atzúvia quedó situada en el mapa de la fiebre urbanística algunos años antes, después de que el regidor popular decidiera impulsar tres planes urbanísticos -uno en la partida de la Moleta y dos en la de Forna- que sumaban un total de 2.000 viviendas. Para hacerlo, se inspiró en las Normas Subsidiarias de 1981, que carecen de los actuales criterios medioambientales e hídricos. Por ello, Territorio paralizó el PAI de la Moleta, pero aún debe decidir sobre los otros dos, y está pendiente la redacción de un nuevo PGOU. Reig también mantenía vínculos con los inspiradores de estos planes: el promotor de la Moleta, Jaume Ten, se censó junto a otras seis personas en un chalé en obras unas semanas antes de las últimas elecciones municipales, lo que les permitió votar pese a no haber residido jamás en el municipio. Con su habitual estilo, el alcalde dijo que "era lógico que los siete vivan juntos, pues son amigos".
Hubo otras anomalías llamativas en aquel censo: el entonces secretario del Ayuntamiento, pese a residir en Valencia, se empadronó en la casa rural del alcalde junto a un vecino de Pego, el médico lo hizo en el ambulatorio y otros misteriosos vecinos, en el centro cultural o en el local de la asociación de vecinos. El PP sacó cuatro concejales y el Bloc tres, por lo que los populares estuvieron a punto de perder el poder.
* ELPAIS.com - ARTURO RUIZ - Dénia - 12/06/2009
Foto: l´Atzúvia (Alacant), pedanía de Forna con chalés - lasprovincias.es
Juzgan a un ex alcalde y ocho ediles de Sanlúcar la Mayor por dar licencia a una hermandad
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ELCORREODEANDALUCÍA* : El juzgado penal 8 de Sevilla juzga el próximo lunes a Eustaquio Castaño (PP), ex alcalde de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), y a sus ocho concejales, para quienes el fiscal solicita 8 años de inhabilitación por dar una licencia de obras contraria al ordenamiento a una hermandad de Semana Santa.
Fuentes del caso han informado a Efe de que los nueve acusados se enfrentan a una petición del fiscal de 8 años de inhabilitación y multa de 5.400 euros, que la acusación particular, que ejerce un vecino afectado, eleva a diez años de inhabilitación y multa de 14.400 euros.
Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe, los imputados dieron la licencia de obras a la Hermandad de la Soledad en un pleno municipal celebrado el 16 de septiembre de 2002, con la mención expresa de que "superaba excepcional y puntualmente la altura prevista en las normas subsidiarias" del Ayuntamiento.
Precisa la acusación que la licencia de obras inicial fue concedida el 29 de abril de 2002, y según la misma el edificio no debía exceder de 7 metros, máximo permitido por la normativa municipal.
El 27 de agosto, el hermano mayor presentó un reformado del proyecto, en el que solicitaba una excepción de las normas subsidiarias y poder elevar el edificio hasta 9 metros, pese a que en esa misma comunicación "reconocía contraria a las normas de planeamiento vigentes", dice el fiscal.
Tal solicitud "fue informada negativamente por el arquitecto municipal, aunque, "excediéndose en su cometido técnico", afirma la Fiscalía, añadía que "debido al carácter social de las actividades a desarrollar, podría ser la Comisión de Gobierno la que valorara la procedencia de la excepcionalidad solicitada".
Poco después, la secretaria general de la corporación hizo un nuevo informe en el que exponía que la licencia era contraria al planeamiento urbano, que "no eran posibles reservas de dispensación", y que "la Administración carecía de libertad de acción y debía ceñirse estrictamente a las disposiciones normativas aplicables".
El escrito de defensa solicita la absolución por falta de pruebas contra los acusados, que en fases anteriores del proceso han alegado que solo defendían el "interés religioso" del pueblo, pues las diez hermandades de Semana Santa de Sanlúcar se encuentran "fuertemente arraigadas" y de ellas forman parte miles de personas, entre ellas "la inmensa mayoría de sus habitantes".
Por ello, cuando el pleno municipal aprobó la ampliación de la sede de la hermandad no lo hizo en un "ejercicio arbitrario del poder" sino "para causar un bien, remover obstáculos y favorecer el interés social, cultural y religioso que subyace en la localidad", según los recursos planteados.
* El Correo de Andalucía - EFE - 11.06.09
Foto: Sanlucar_la_Mayor (Sevilla) - andaluciarustica.com
Castellón: El PP acata la anulación judicial del PGOU pero mantiene planes vinculados al mismo
LEVANTE* : El gobierno del Ayuntamiento de Castelló (PP) anunció ayer que el próximo lunes acatará la sentencia del Tribunal Supremo que anula el Plan General de Ordenación Urbana de 2000 (PGOU) y que aún así pretende mantener la vigencia de los proyectos urbanísticos y de las modificaciones posteriores aprobadas gracias al polémico plan durante los últimos ocho años.
Así lo manifestó el vicealcalde y edil de Urbanismo, Javier Moliner, quien explicó que convocará un pleno extraordinario para que el plan se somete al periodo de exposición pública exigido por los tribunales con los mismos contenidos que en 1999 y sin las 11 modificaciones posteriores.
A juicio del gobierno local, este trámite será suficiente para cumplir el fallo judicial que anuló el PGOU en diciembre de 2009. Los magistrados del alto tribunal argumentan que en el año 2000 el Partido Popular introdujo modificaciones sustanciales en el documento aprobado en 1999 y privó a los vecinos afectados de su derecho a presentar alegaciones.
Una década después, el PP prevé exponer al público un plan que no se ajusta a la realidad actual porque obviará todos los cambios urbanísticos aprobados entre 2000 y 2009, algunos de los cuales hacen referencia a cuestiones tan polémicas como el PAI Mestrets, también anulado por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Las alteraciones urbanísticas no constan en la documentación sobre la cual podrán alegar los ciudadanos durante un mes. Pese a ello, el PP asevera que una vez se apruebe el plan de 1999 también volverán a entrar en vigor todos los planes y modificaciones posteriores basadas en un plan que a efectos jurídicos no existe. "Todas las modificaciones tienen carácter de firmeza salvo que las anule una sentencia", afirmó el concejal de Urbanismo.
Moliner también sostuvo que el ayuntamiento no está obligado a adaptar el nuevo PGOU a las leyes vigentes, lo cual exigiría importantes transformaciones en la distribución de las zonas verdes y del suelo protegido. "La sentencia ordena retrotraerse al momento posterior a la aprobación provisional del 31 de enero de 2000 y sacar de nuevo a exposición pública el plan. Y es lo que vamos a hacer, exactamente lo que dice la sentencia y lo que nos marca la Generalitat".
Dicho esto, el portavoz popular se negó a explicar cuál será el impacto de las alegaciones ciudadanas sobre aquellos ámbitos del PGOU de 2000 que posteriormente fueron modificados. Según Moliner, la orden del Supremo para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a alegar "no afectará al fondo del documento porque es una simple cuestión formal".
Incertidumbre jurídica
A pesar de la simplicidad a la que alude Moliner, lo cierto es que la anulación judicial del PGOU de 2000 destaca por su complejidad jurídica y los propios técnicos del ayuntamiento plantean criterios y opiniones contrapuestas que sólo podrían dirimir los magistrados del Supremo. De hecho, el propio vicealcalde admite ser incapaz de dar un plazo para restablecer la legalidad urbanística de la ciudad.
* Levante-EMV - NACHO MARTÍN - 11.06.09
Foto: Castellón, ayuntamiento - panoramio.com
Vecinos denuncian la ampliación de un hotel de Torremolinos para hacer nuevas viviendas
SUR/Málaga* : Los residentes de la urbanización La Roca, una de las colonias de veraneantes más antiguas de Torremolinos (Málaga), están molestos con el fuerte crecimiento del hotel Stella Polaris. Una de las alas de este establecimiento, construido a finales de los sesenta a 30 metros sobre el Mediterráneo, ha pasado de tener una planta a disponer de seis alturas, tapando unas casas bajas situadas detrás.
Un grupo de vecinos ha denunciado la obra de ampliación, al entender que atenta contra el PGOU de Torremolinos y que los promotores tratan de convertir el hotel de 76 habitaciones en 209 viviendas, mediante su paso previo por la categoría de apartahotel, lo que iría contra de la ordenanza hotelera de la ciudad.
La empresa que realiza la obra, TH Hoteles Spain, asegura, a través de su abogado, que su intención es edificar un apartahotel para explotarlo turísticamente y que el proyecto y la obra cuentan con todas las licencias y permisos municipales "en perfecto orden". El hotel, levantado por un pastor protestante escandinavo en la calle Brasil y destino de los primeros turistas de sol y playa de la Costa del Sol, fue comprado en el año 2000 por TH Hoteles.
Pocos meses después de la adquisición, la empresa presentó al Ayuntamiento un proyecto para pedir licencia de obras de reforma y ampliación del Stella Polaris previa completa demolición del ala que ahora ocupa seis plantas. Según los vecinos, "los técnicos municipales opusieron unos tímidos reparos técnicos", al igual que la Comisión Provincial de Urbanismo de la Junta de Andalucía, cuyo informe en este caso no es vinculante.
La arquitecta del Colegio de Madrid Emma Lomoschitz, residente en la urbanización privada La Roca, pidió en septiembre de 2004 la impugnación de la licencia de obra ya que "se vulneraba la lógica constructiva del complejo", cuyos edificios altos se sitúan de forma perpendicular a la playa para reducir el impacto visual del pueblo hacia el mar.
"La mole del Stella Polaris se ha erigido paralelamente a la playa, tapando las vistas, y obligará a los vehículos a dar toda la vuelta por la urbanización", se queja Lomoschitz. Cuatro días después de que comenzaran las obras, el 20 de junio de 2005, los vecinos denuncian los trabajos ante el Ayuntamiento y ante la Inspección de Trabajo de Málaga por falta de medidas de seguridad. Ambas denuncias fueron archivadas. Lomoschitz asegura que de acuerdo con el vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Torremolinos, de 1996, el Stella Polaris "está incluido en la relación de instalaciones hoteleras fuera de ordenación".
Ley de Ordenación
Según la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, en este tipo de edificios fuera de ordenación "sólo podrán realizarse las obras de reparación y conservación que exija la estricta conservación de la habitabilidad" y con carácter excepcional "podrán autorizarse obras parciales y circunstanciales de consolidación". Esto significa, según la arquitecta madrileña, que la licencia municipal que ampara las seis alturas "es nula de pleno derecho". El abogado de TH Hotels Spain niega que el establecimiento haya quedado fuera de ordenación.
Según Lomoschitz, "el 8 de junio de 2005, los nuevos propietarios presentaron en el Registro de la Propiedad número 3 de Málaga una escritura de división horizontal que segregaba 209 viviendas independientes más trasteros". Los vecinos denunciantes creen que esta maniobra es incompatible con la categoría urbanística de la parcela en que está enclavado el hotel, que estaba inscrita como hotelera.
Fue este uso el que invocó el propietario para realizar la ampliación acogiéndose a la modificación puntual de la Ordenanza Hotelera de Torremolinos, cuyo alcalde, Pedro Fernández Montes, denunció en septiembre de 2005 "las desinversiones en hoteles al mejor postor", es decir, "vender los hoteles para convertirlos en viviendas".
"Se autoriza, aunque lo prohíba el PGOU, la construcción de 209 viviendas en un complejo fuera de ordenación y absolutamente consolidado, y se causa un grave perjuicio patrimonial a los propietarios de las viviendas situadas en la calle Brasil, en la calle Skal y más atrás en el pueblo, que pierden sus vistas al mar, con la consiguiente pérdida de valor en venta y en renta", aseguran los vecinos en un recurso ante el Ayuntamiento. Esta pérdida se convierte en beneficio para los propietarios del hotel Stella Polaris "cuya inversión, pretendidamente hotelera, pero en realidad residencial", va a proporcionarles, según sus cálculos, unos 42 millones de euros.
* SUR- Foros - PABLO IGLESIAS 10 Junio 2009 - FERNANDO J. PÉREZ - 18/09/2006
Foto: torremolinos, vista aérea - SUR
El Ayuntamiento de Seseña dice que 'El Pocero' ha dejado un 'agujero' de 18 millones
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ELMUNDO/Toledo* : El constructor Francisco Hernando, Paco el Pocero, anunció el miércoles por carta que no va a terminar las obras que le corresponde realizar en el residencial que lleva su nombre en Seseña, el mayor de toda España acometido por un solo promotor. La legalidad de la adjudicación sigue siendo investigada en un procedimiento en el que está imputado por sobornos el ex alcalde socialista José Luis Martín.
Fuentes del Ayuntamiento de Seseña estimaron en unos 18 millones de euros el coste de los tres proyectos que quedan por finalizar: la vía de servicio que conecte la autopista de Andalucía con la urbanización -en la que está previsto levantar 13.000 viviendas, de las que sólo se han construido 5.000-; el desvío de la línea de alta tensión que atraviesa la nueva ciudad, y la infraestructura hidráulica que debe llevar el agua.
Además, el Consistorio advirtió de que debe ser la Comisión Regional de Urbanismo, organismo que depende de la Junta de Castilla-La Mancha, la que dé el visto bueno al abandono por el constructor de las obras que le corresponden.
El Pocero ya había anunciado hace meses su intención de dejar momentáneamente Seseña para centrarse en sus proyectos en Guinea, pero hasta ahora nada indicaba que tenía pensado incumplir su obligación de dejar terminadas las obras de urbanización (es decir, no propiamente las viviendas, sino sus calles e infraestructuras).
Fuentes de la familia Hernando responsabilizaron al alcalde de Seseña, Manuel Fuentes (IU), de la decisión. Señalaron que ya ha vencido el plazo de cinco años que pactaron con el Ayuntamiento -desde el Consistorio se matiza que es prorrogable- para terminar la urbanización, y que si no se ha concluido es por las trabas administrativas que ha impuesto el primer edil que, según dijeron, no ha impulsado ningún avance desde 2005.
Además, recordaron que las obras de la infraestructura hidráulica fueron adjudicadas a la constructora Hispánica -que está siendo investigada en Gürtel-, que ha denunciado al Ayuntamiento por impedirle rematar la obra, a la que está condicionada la concesión de licencias de primera ocupación a las más de 2.000 viviendas que Francisco Hernando vendió a los bancos.
El Pocero presume en su carta de haber creado "años de riqueza y de prosperidad para Seseña y para las industrias de la región", además de "12.000 empleos directos". "A esa cifra hay que sumar los 18 millones de euros ingresados en las arcas municipales por proyectos y licencias", sostiene el constructor.
* El Mundo - Joaquín Manso - Madrid - 11.06.09
Foto: Varias promociones sin acabar en el residencial Francisco Hernando. | Chema Tejeda, elmundo.es
Yaiza: La Justicia anula la licencia de otro complejo turístico de Playa Blanca
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LAVOZ/Lanzarote* : El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 de Las Palmas de Gran Canaria ha anulado las resoluciones del Ayuntamiento de Yaiza que permitieron la construcción del anexo del hotel Gran Castillo, ubicado en el Plan Parcial de Las Coloradas.El complejo turístico, de 48 bungalows, ocupa la parcela número cinco de este plan, y está ubicado junto al Papagayo Arena, también con sentencia judicial en contra, al igual que el Gran Castillo.
Esta nueva sentencia eleva a 23 los hoteles cuyas licencias han sido anuladas por la Justicia, de los 27 que fueron recurridos por el Cabildo. De los cuatro restantes, tres están vistos para sentencia y uno en la última fase del procedimiento, la de conclusiones, por lo que es previsible que finalicen este mismo año.
“Acto presunto”
La licencia de obras fue solicitada en noviembre de 1998 por la entidad Jaberme S.L. y seis meses después, el Consistorio, presidido entonces por José Francisco Reyes, emitió una “certificación de acto presunto”. Este certificado es un documento que la Administración expide a petición del interesado, cuando la misma no ha dictado resolución a un procedimiento en el plazo legalmente establecido, y en la práctica tiene la misma validez que si se hubiese dictado resolución expresa.
Cuatro años después, en abril de 2003, se volvió a dar luz verde con un mecanismo similar. Esta vez, permitiendo que se prorrogara la licencia por silencio administrativo. Es decir, el Consistorio no respondió a la solicitud, pero la dio por autorizada, al no haber dado una respuesta en el plazo establecido.
Cuestión de plazos
Cuando el Cabildo recurrió las resoluciones del Ayuntamiento, porque entendía que las obras realizadas eran “incompatibles con las determinaciones establecidas por el PIOT de Lanzarote”, el Consistorio defendió la vigencia de las mismas y alegó, entre otras cosas, que el recurso debía ser rechazado porque llegaba “de forma extemporánea”. Es decir, que llegaba tarde.
Sin embargo, la respuesta del Juzgado es contundente, y afirma que “no fue hasta el 23 de julio de 2003 cuando se notificó de forma fehaciente al Cabildo el acto que se recurre”, por lo que “debe considerarse que el recurso fue interpuesto dentro del plazo establecido legalmente”. En definitiva, lo que viene a poner sobre la mesa la sentencia es lo que el Cabildo llevaba años defendiendo: que el ex alcalde de Yaiza les ocultaba las licencias, pese a que tenía obligación de notificárselas, en un intento de evitar que fueran recurridas.
Precedente
Este fallo es el segundo que llega contra este complejo turístico, que también había sido recurrido en su día por la Fundación César Manrique. De hecho, la nueva sentencia cita los argumentos esgrimidos en la anterior resolución judicial, en la que también se acordó la anulación por carecer de informe de compatibilidad con el PIOT.
“No es el Ayuntamiento el que debe decidir si es o no necesario un informe de otra Administración que se configura como preceptivo, sino que lo que debe hacer es, simple y llanamente, cumplir la legalidad vigente y solicitar dicho informe”, sostenía la sentencia, que agregaba que “la licencia recurrida” se otorgó “como si no existiera el Plan Insular de Ordenación de Lanzarote”.
Respecto al resto de causas de impugnación planteadas por el Cabildo, el Juzgado no entra a valorarlas, ya que considera que no es necesario buscar más motivos para la anulación, siendo suficiente con la ausencia del informe de compatibilidad con el PIOT.
* La Voz de Lanzarote - Isabel Lusarreta • 9 de junio de 2009
Foto: El complejo está ubicado junto al Papagayo Arena. - lavozdelanzarote.com
El TSJ paraliza el PAI ´Nou Mil·leni´ al cuestionar también su sostenibilidad
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LEVANTE/Valencia* : Segundo varapalo judicial al urbanismo salvaje en l'Horta. La sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia valenciano ha reafirmado la paralización del Programa de Actuación Urbanística (PAI) "Nou Mil·leni" de Catarroja, avalado por la Conselleria de Medio Ambiente, que supone la construcción de 11.459 viviendas y más que duplicar la población actual de la citada localidad -que pasaría de 26.000 a 60.000 habitantes-, así como la reclasificación de 1.500.000 metros cuadrados.
El auto del TSJ da la razón al grupo socialista de las Corts -que presentó un recurso- y resuelve la suspensión cautelar del acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo mediante el que se aprobó la Homologación y Plan Parcial del Sector "Nou Mil·leni" de Catarroja. El TSJ ya aprobó a principios de mayo la suspensión a instancias del Gobierno pero únicamente por no haberse acreditado la disponibilidad hídrica, ya que la Conselleria de Medio Ambiente avaló el megaproyecto con un informe favorable de la empresa suministradora de agua pese a contar con uno negativo de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que consideró "no vinculante". El Consell recurrió esta suspensión.
Ahora, la paralización tiene mayor calado, ya que no se limita al problema del agua, sino que entra de lleno en la cuestión de la sostenibilidad del desarrollo urbanístico. Según fuentes conocedoras del auto, la sala entiende que un proyecto de la magnitud de "Nou Mil·leni", que va a provocar alteraciones determinantes en la geografía, las relaciones sociales, las necesidades y servicios de los ciudadanos, sólo puede canalizarse adecuadamente a través del Plan General y no mediante un instrumento al margen pensado para actuaciones concretas (un plan parcial de mejora). El tribunal, a expensas de su resolución definitiva, indica que en este caso ha podido entrar en conflicto el principio de la no paralización del planeamiento urbanístico "con otros dos constitucionalmente prevalentes", como la "necesaria sostenibilidad del desarrollo" y la defensa del medio ambiente a través del uso racional del agua. De no parar el proyecto, en caso de un fallo negativo, ya no habría marcha atrás.
El PSPV recurrirá "Rabassa"
La doctrina contenida en el auto del TSJ llevará ahora a los socialistas, según pudo saber este periódico, a recurrir también el Plan Rabassa de Alicante, que pretende construir 15.000 viviendas y la reclasificación de 3 millones de metros cuadrados.
* Levante-EMV - JUANJO GARCÍA GÓMEZ - 10.06.09
Foto: Catarroja (Valencia), proyecto urbanización Nou Mileni - levante-emv.com
Miranda: Los propietarios de La Arboleda piden que se retire el plan para urbanizar la zona
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ELCORREO/Burgos* : No es el momento adecuado, ni urbanística ni económicamente, para poner en marcha el proyecto de La Arboleda. Así lo entiende buena parte de los propietarios de las 21 hectáreas de suelo que están afectadas por un plan que consideran «insensato, inoportuno, innecesario y despilfarrador» y que, por tanto, piden a la Junta de Castilla y León y al Ayuntamiento -promotores de la iniciativa- que «lo retiren o, al menos lo pospongan para cuando realmente sea una necesidad social».
La propuesta ha quedado así recogida en un comunicado hecho público por un grupo de afectados que el lunes mantuvo su primera reunión para poner en común su punto de vista y tratar de acordar una línea de trabajo a seguir. Confían en que su la opinión sirva para algo y sea tenida en cuenta.
Y es que calculan que «más del 80% de los propietarios están en contra del proyecto». Un porcentaje que se eleva al cien por cien cuando se trata de personas que residen en la zona. «De los 12 ó 14 que vivimos aquí todos nos oponemos», explicó explicó Miguel Ángel Valderrama, uno de los implicados.
Por eso han decidido unirse para defender sus derechos y su dinero, ya que serían ellos los encargados de asumir el coste de ordenar la zona y no todos -aseguran- están en disposición de hacerlo. Pero si se lleva a cabo el plan según lo previsto no les quedaría más remedio que hacerlo.
La administración regional ha optado por la «coordinación» como modelo de desarrollo de la zona. Eso, en la práctica, implica que la Junta actúa como «agente urbanizador y los propietarios pagan el coste en dinero o en especie, es decir, en suelo», apuntó Valderrama.
Esto puede suponer, en su opinión, que una persona «sin comerlo ni beberlo, como no puede pagar la urbanización se queda sin su huerta». Según les han trasladado, se ha fijado en 51,68 euros el coste de urbanizar cada metro cuadrado y ese precio para una persona que tenga 500 metros de suelo se traduciría en un desembolso de más de 25.000 euros. Una inversión a la que, teniendo en cuenta la actual situación económica y la escasa promoción de viviendas, no saben cuándo podrían recuperar o sacarle un beneficio. Eso sin olvidar que el plan recoge la necesidad de «realojar a los vecinos de 5 casas, pero no sabemos quiénes son».
Una realidad que también le hicieron llegar ayer a la concejala de Urbanismo, Aitana Hernando, con quien se reunieron para tratar de aclarar algunas dudas.
En los próximos días tienen previsto mantener contactos con diversos abogados a los que pedirán asesoramiento profesional sobre los pasos a dar y las posibles acciones que podrían llevar a cabo. La primera de ellas la tienen claras: presentar alegaciones al proyecto. En eso están ahora, ya que saben que tienen de plazo hasta que finalice el mes.
En otras zonas
En su contenido de las mismas lo debatirán este domingo, cuando tienen previsto volver a reunirse, aunque ya tienen claro por dónde van a ir. «El plan se justifica en la idoneidad la demanda del mercado y una necesidad de viviendas que nosotros creemos que no existe», explicó Valderrama.
No entienden la urgencia por generar nuevo suelo urbanizado para 1.000 pisos más cuando en estos momentos, según sus cálculos, Miranda cuenta con terreno para «construir no menos de 4.000», parcelas en la que en su mayoría no se está trabajando «a causa del pinchazo de la burbuja inmobiliaria y de la negativa de los banco a conceder créditos hipotecarios»,.
Ellos lo tienen claro, antes de urbanizar La Arboleda es necesario dar salida a áreas como Miranda Sur, con capacidad para 2.000 viviendas; El Crucero Oeste, que prevé crear 900 más; así como la ampliación del Ronda y del PR-1.
* El Correo Digital - 10.06.09 - CRISTINA ORTIZ
Foto: La zona de actuación se centraría en un área de unas 21 hectáreas en las que se levantarían hasta 1.005 viviendas. / AVELINO GÓMEZ, elcorreodigital.com
¿Es la sombra de la corrupción un estímulo para votar?
SOITU* : El caso Gürtel en Valencia, el espionaje en Madrid o el tráfico de influencias en Castellón pueden haber resultado un acicate para los votantes del PP, a la vez que un anestésico para un electorado desmotivado. La ideología y no la gestión política se han impuesto de nuevo en las urnas. ¿Se cura la corrupción? En el informe que se presenta mañana sobre La Democracia en España 2009 de la Fundación Alternativas se compara la corrupción española con otros países europeos y se buscan soluciones que propicien un cambio de tendencia.
Si un racionalista como Pascal acuñó la frase "el corazón tiene motivos que la razón no entiende" será porque la lógica no siempre alcanza para analizar, por ejemplo, cuál es el factor determinante a la hora de votar. Desde luego, la corrupción no se encuentra entre los comportamientos que el electorado castiga. La sombra de la duda que oscurece la gestión de algunos dirigentes 'populares' con causas abiertas en los tribunales no sólo no ha cohibido a sus votantes sino que ha resultado ser un estímulo empaquetado de cruzada contra el enemigo. Frente al activismo, se sitúa el creciente desencanto con la clase política, la falta de credibilidad que transmiten los gobernantes y el peligro de que esa desidia siga relajando el necesario control ciudadano a la gestión política vía urnas.
Las elecciones municipales de 2007 ya dejaron constancia de que aunque España fuera un campo minado por la corrupción urbanística, a los votantes no les influía gran cosa que el alcalde de turno hubiera dejado su impronta en aberrantes complejos tipo colmena o hubiera arremetido contra espacios protegidos en aras del ladrillo y de su patrimonio personal. En el informe sobre La Democracia en España 2008 de la Fundación Alternativas se estudiaron 133 casos de municipios en los que se había producido una acusación por corrupción y cómo reaccionó el electorado en esa consulta municipal. En 94 de ellos (70,7%) los sospechosos mantuvieron la alcaldía y sólo 39 la perdieron. El informe GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción) del Consejo de Europa, presentado hace sólo unos días, sobre la transparencia de la financiación de los partidos españoles, critica la opacidad que rodea a las cuentas a nivel local y también a los ingresos de fundaciones y empresas ligadas a ellos —no obligadas a dar explicaciones al Tribunal de Cuentas—. También avisa sobre la excesiva dependencia, y por lo tanto, debilidad de los partidos frente a los bancos con los que han contraído fuertes deudas. Quizá por eso, la intensa transfusión del Estado al sector financiero ha sido uno de los únicos pactos alcanzados en la actual legislatura.
Tipical spanish
La corrupción política no es un caso tipical spanish exclusivamente. En todos los países existen políticos incapaces de resistir la tentación. Sin embargo, "España es un país relativamente corrupto comparado con los de su entorno, utilizando los indicadores estándar, donde existen fundadas razones para sospechar que la corrupción es incluso más elevada de lo que apuntan los datos", señala el análisis de Alternativas 2009, titulado 'Hacia un New Deal global'. El director de su Laboratorio, el ex ministro de Administraciones Públicas y Energía, Juan Manuel Eguiagaray, explica que "las razones que propician la corrupción están muy documentadas, como la elevada concentración de poderes, una excesiva regulación o un gran número de municipios —más de 8.000 que tienen que ser viables, entre otros—. Hemos tratado de ser más innovadores trasladando el ejemplo de Suecia, el país de Europa menos corrupto junto con Dinamarca y Nueva Zelanda". Suecia optó por la reducción de municipios logrando con la reagrupación entidades más potentes —con una media de 1.040 empleados frente a los 40 españoles—, más capaces de prestar servicios y más profesionalizadas. La separación de poderes dejaría la gestión en manos de técnicos o ejecutivos y la estrategia seguiría dependiendo de los políticos. Eguiagaray revela que, "aunque en la práctica parece la opción ideal, cada vez que se ha planteado esta posibilidad en España, los poderes públicos ponen el grito en el cielo".
El escritor José Saramago asegura hoy en una entrevista a EFE: "La corrupción no le importa a nadie. Ahora mismo, en España, un partido como el PP, minado por la corrupción, ha salido incólume de las elecciones europeas". En realidad, la corrupción sí preocupa a los ciudadanos pero no se refleja en las elecciones. Tanto el PP como el PSOE disponen de códigos éticos desarrollados en los noventa cuando el partido que lideraba un Aznar en la oposición criticaba la corrupción de la que se acusaba al Gobierno de Felipe González. En el pasado informe dice "se echa en falta en los partidos un mayor compromiso en la desincentivación de la corrupción de sus militantes".
Entre las miles de acusaciones que intercambian los políticos, la corrupción es considerada una más por muchos votantes, quienes aunque no aprueben que sus representantes utilicen ciertas prácticas éticamente reprobables en beneficio propio, vuelven a ratificarles en el cargo vía papeleta. Algo influirá esa actitud en la puntuación con que el grupo de investigadores y expertos de 'Hacia un New Deal global. Pactos para una nueva prosperidad en España' ha calificado la democracia en nuestro país. Un 6 frente al 6,2 del año pasado. Su director, Joaquín Estefanía explica que 'en esta especie de auditoría de la democracia se trata de conocer cual es su calidad. Se evidencia una importante diferencia entre la buena valoración que obtienen las instituciones y las reglas frente a la insatisfacción que producen las prácticas políticas y la crítica a la falta de autonomía del poder político frente al poder económico".
* SOITU.es - PILAR PORTERO - 9.06.09
Foto: Audiencia_nacional - google
Una juez ve indicios de prevaricación y delito urbanístico en el alcalde de O Pino
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ELPAÍS/A Coruña* : El trato político que el alcalde de O Pino, Manuel Taboada Vigo, ha dispensado a la promotora Fadesa en la tramitación administrativa de su polémico parque empresarial sentará al regidor popular en el banquillo. La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Arzúa, ha dictado un auto que ordena la apertura de juicio oral contra el citado alcalde del PP.
La juez ha visto en su actuación indicios de "prevaricación y de un delito urbanístico" y solicita tanto del Ministerio Fiscal como de la acusación particular que formulen sus escritos sin perjuicio de que puedan solicitar excepcionalmente la práctica de diligencias complementarias.
El auto, con fecha 20 de mayo, alude a la "tala de arboles sin licencia" (más de 66.000) efectuada por la empresa para llevar a cabo el parque empresarial. Y pone en tela de juicio la controvertida aprobación del proyecto de urbanización por el gobierno del PP el mismo día en que el Ayuntamiento de O Pino recibió una orden de paralización de la Dirección Xeral de Patrimonio de la Consellería de Cultura.
Según la versión del alcalde, en una misma mañaña recibió tres alegaciones de distintos grupos de propietarios, solicitó informes técnicos a los funcionarios y una consultora externa que le fueron entregados antes del mediodía para denegar las reclamaciones de los particulares y sólo entonces aprobó el proyecto de urbanización para las parcelas, un millón de metros cuadrados, donde se ubica el polígono empresarial.
Meses antes, el mismo regidor había recomendado por carta a sus vecinos vender las tierras a Fadesa por 6,05 euros el metro cuadrado. Dicho importe se probó irrisorio cuando el Jurado de Expropiaciones de Galicia fijo el justiprecio en 17,65 euros, tres veces más de lo que habían percibido los propietarios de terrenos que se guiaron por su alcalde y cerrarron tratos con la promotora inmobiliaria. Un grupo de particulares mantienen varios pleitos con el Gobierno de O Pino por este caso.
* ELPAIS.com - JOSÉ PRECEDO - Santiago - 09/06/2009
Foto: O Pino (A Coruña), obras polígono - elpais.es
La Plataforma Ciudadana contra el Muro de Cabueñes se personará en el caso de Ovidio Blanco
EUROPAPRESS/Asturias* : El presidente de la Plataforma Ciudadana contra el Muro de Cabueñes, Francisco Díaz-Cadórniga, apuntó hoy que se personarán como acusación particular en el proceso contra Ovidio Blanco. Resaltó además que considera "obvio" que se paralice el Plan Parcial de Cabueñes porque "está contaminado", en relación con la resolución de la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que ha apreciado irregularidades en la actuación del ex arquitecto municipal de Gijón Ovidio Blanco que obtuvo una plusvalía de 600.000 euros en la compra venta de una parcela afectada por el plan de Cabueñes.
Díaz-Cadórniga agradeció a la Fiscalía "no solo el resultado de su actuación sino también la atención prestada" cuando los responsables de la plataforma presentaron documentación del caso.
Asimismo, incidió en que "parece confirmar lo que la Plataforma ha venido denunciando todos estos meses", por lo que dijo que ya tienen abogado para personarse como acusación particular, en el momento en que dispongan de la confirmación formal de la resolución.
"La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón tendrá que hacer una valoración política de toda esta historia, ya que hasta el momento la alcaldesa Paz Fernández Felgueroso, que fue quien denunció el caso, decía que había que esperar a ver lo que decía la Fiscalía", apuntilló remarcando que "ahora que ya ha hablado el fiscal, el Ayuntamiento tendrá que hacer una valoración".
Para el presidente de la Plataforma es necesario que se evalúen las responsabilidades políticas. "El es ex arquitecto jefe del área de Urbanismo y tuvo unos responsables políticos que tendrán que decir algo al respecto", afirmó. Además, pidió a Izquierda Unida de Gijón que diga algo al respecto.
"Hacemos una valoración positiva de la resolución ya que parece indicar que nuestras denuncias iban por el buen camino. Ahora habrá que esperar, con todas las precauciones del mundo, a que el caso vaya al juzgado y se decida", concluyó.
* Europa Press - Gijón 8.06.09
