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SUR/Málaga* : La ampliación, que invade el dominio público, se ha realizado sin licencia de obra. La Demarcación de Costas ha impuesto una sanción a un chiringuito de Estepona por invadir zona de dominio público al ampliar su superficie de los 100 metros cuadrados permitidos por la legislación a 508, según informó ayer la concejala de Playas, Carmen Ocaña.
El departamento de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Estepona también ha abierto un expediente sancionador en el que se establece que el propietario tiene hasta principios del próximo mayo para demoler la parte construida sin la correspondiente licencia de obras.
En el caso de que el propietario del establecimiento 'Bikini Beach' no lleve a cabo la demolición de la estructura que excede la normativa será el Ayuntamiento el que la ejecute de forma subsidiaria.
La Demarcación Costas, organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, establece la superficie de los chiringuitos en 40 metros cuadrados más 100 metros de terraza, mientras que la superficie de concesión para hamacas es de 300 metros. En este caso, los vecinos habían protestado porque no podían transitar por la playa debido a la cercanía de estas hamacas a la orilla. Según Ocaña, este aspecto ya está solventado y el propietario las ha retranqueado hasta la zona permitida.
La concejala indicó que algunos empresarios le han trasladado sus críticas ante la situación en la que se encuentra este establecimiento. Así, propietarios de chiringuitos del municipio entienden que 'Bikini Beach' hace además una «competencia desleal», entre otras razones, por no ajustarse su fachada a la línea cromática establecida.
De otro color
Y es que el chiringuito sancionado por la Demarcación de Costas está pintado de blanco, frente a los restantes establecimientos que lo están de color marrón, como está establecido por la normativa. En este sentido, Ocaña señaló que el empresario rectificó y pintó algunas partes de marrón; si bien, quedan otras como la terraza en color blanco. Según la edil, el empresario se ha comprometido a pintar el próximo lunes.
No es el único chiringuito que incumple la normativa. El Consistorio ha sancionado al establecimiento 'Heaven' por la realización de una reforma en sus instalaciones sin licencia de obra. La multa asciende a 30.000 euros.
* SUR - 09.04.09 -MERCEDES PERIÁÑEZ / YEDALAMO
Foto: El chiringuito tiene permiso para colocar hamacas pero no camas balinesas. / M. P, diariosur.es
Estepona: Costas sanciona a un chiringuito por quintuplicar la superficie permitida
Un ´granito de hormigón´ para un triste récord europeo
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LAOPINIÓN/Málaga* : Aparcados el respeto al medio ambiente y los principios, que no los ingresos, el Ayuntamiento sigue luchando por construir en Arraijanal. El litoral valenciano, Murcia y la provincia de Málaga encabezan el ´ranking´ de depredación urbanística española. En el caso de Málaga, la mitad de nuestra provincia tiene el litoral cuajado de urbanizaciones y la otra mitad está ´a verlas venir´, aguardando a que la crisis ´se desacelere´.
Esta ´dinámica´ tan perjudicial para los intereses a medio y largo plazo de la provincia no impide que muchos ayuntamientos malagueños, tan parcos en ingresos como en principios éticos, sigan haciendo negocio allí donde pueden. Gracias al esfuerzo denodado de tantos concejales y alcaldes malaguitas, nuestra provincia está adquiriendo un tufillo a escándalo y chanchullo que tardará décadas en borrarse, si es que puede.
Pero no hay que irse al Código Penal para comportarse de forma lamentable. También amparándose en la legalidad se puede actuar con la misma pulcritud que un malo de telenovela.
Es lo que está haciendo nuestro Ayuntamiento de Málaga con la última parcela de playa virgen de la ciudad. Como ya hemos comentado alguna vez en esta sección y ustedes conocen, Arraijanal se llama este terreno en el que el respeto medioambiental se ha topado con un urbanismo desfasado que está siendo impulsado, sonrojo causa decirlo, por nuestro alcalde.
Las últimas noticias son descorazonadoras para quienes pretenden recuperar las dunas y la fauna de esta parcela acosada: nuestro Consistorio seguirá manteniendo el pulso con el Gobierno y ha iniciado la ordenación de la parcela.
El objetivo es que allí se construyan 664 viviendas, pasar caja (28 millones de euros) y quienes quieran una parcela con dunas y playa virgen que se vayan con viento fresco a Huelva o a Cádiz.
Con este inteligente planteamiento, estamos en condiciones de superar las proezas cementeras de valencianos y murcianos. El Ayuntamiento de Málaga se permite el lujo de despreciar este futuro parque marítimo y en su lugar quiere poner su granito de hormigón (que no de arena) para que esta provincia siga en los más alto en lo que a destrucción del litoral se refiere.
Una idea: si las 664 viviendas se construyen, con sus pistas de ´squash´, piscinas, viales, su centro comercial y su riego automático, qué mejor sitio que esta idílica urbanización para que nuestras autoridades presenten, sin rubor alguno, el proyecto de capitalidad cultural de Europa.
Otra cosa es que una ciudad con unos políticos tan provincianos y cortos de vista se merezca semejante privilegio. Aun a riesgo de ser tachado de ´traidor a la patria´, un servidor se queda con los aires menos bárbaros de Córdoba capital. Al no haber playa no hay tan malas tentaciones.
La pena
Un hombre de trono de Fusionadas, con dos hernias de disco y que ya no saldrá más después de casi 30 años, estará esta Semana alejado de los tronos. La pena le puede. Va por él.
* La Opinión de Málaga - ALFONSO VÁZQUEZ - 8.04.09
Foto: Benalmádena Costa (Málaga) - J.Rojas (El País)
La Muela: Muchas existencias, pocos beneficios
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ELPERIÓDICO/Aragón* : La Sociedad Urbanística de La Muela ha sido el órgano que ha pilotado el desarrollo de la población. Tanto es así que todavía tiene entre sus existencias la plaza de toros, el auditorio, la casa cuartel o el museo del aceite. Todas estas existencias tienen un valor total, según figura en la auditoría del 2007, de más de 39 millones de euros.
Y eso que en un solo año las ventas de la sociedad han caído de forma estrepitosa, al pasar de 23 millones millones de euros a solo 1,2. A pesar de ello, el saldo del ejercicio anterior siguió siendo positivo, con un beneficio de 452.731,76 euros. Muy inferior sin embargo, al conseguido en el 2006, cuando la actividad anual se saldó de forma satisfactoria con 2,8 millones de euros.
Es decir que al parón en la actividad de la Sociedad Urbanístico ha sido más que notable. En todo este proceso, este órgano se ha ido descapitalizando hasta perder casi el 94% de su valor. Por eso es llamativo que siga manteniendo en su haber gran parte de las obras que ha ido desarrollando en los últimos años en La Muela.
En cuanto a la composición de sus miembros, hay que destacar que dos de ellos están en prisión, María Victoria Pinilla, alcaldesa de La Muela y presidenta de la Sociedad, y Juan Carlos Rodrigo Vela edil del PAR, ingresado en la cárcel de Zuera. Además, Miriam Fajardo, primera edila en funciones, es la gerente desde febrero del 2008. Figuran también en este órgano Esteban Moya y Fernando Barba. A principios del 2009 se incorporó como auditor de cuentas José Luis López.
Es esta sociedad la que ha encabezado todo el desarrollo urbanístico de la localidad. Y lo ha hecho, precisamente, amparada en la Ley del Suelo de Aznar. Durante los últimos años se ha hecho cargo de ella Julián de Miguel, imputado en la presunta trama de corrupción y en libertad bajo fianza de 120.000 euros. Aunque ahora su nombre ya no figura entre los responsables de un órgano que podría tener los días contados. Así lo anunció la alcaldesa en funciones, Miriam Fajardo. El descenso en las ventas y su delicada situación financiera podrían estar detrás de una decisión que significaría el punto y final para una forma de desarrollo urbano basado en el crecimiento de poblaciones a partir de las recalificaciones.
* El Periódico - 06/04/2009 E. BAYONA / M. VALLÉS
Foto: La Muela (Zaragoza) - turismodezaragoza.es
Imputan por prevaricación al equipo de gobierno por las viviendas de Cóbreces
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ELDIARIOMONTAñÉS/Cantabria* : El Juzgado de Instrucción nº4 de Torrelavega ha decidido el procesamiento del alcalde de Alfoz de Lloredo, Enrique Bretones (PP), y de los cinco ediles del equipo de gobierno por un presunto delito de prevaricación, relacionado con el bloqueo de la construcción de 80 viviendas en Cóbreces.
Además, ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa que afectaba al anterior alcalde, el socialista Luis Alfonso González, así como a la secretaria y al aparejador municipal, por considerar que no han participado en el hecho delictivo relacionado con la construcción en la llamada "Finca del Obispado", en Cóbreces.
En una diligencia, el juez anuncia que una vez sea firme una resolución sobre el procesamiento del equipo de gobierno iniciará de oficio una investigación sobre otro convenio urbanístico firmado hace unos meses, por si la concesión de licencia urbanística podría estar afectada por otro delito.
En especial, el magistrado entiende que su actuación futura permitiría determinar si la licencia concedida a la otra empresa promotora vino procedida por una "ilícita intimidación" por parte miembros del equipo de gobierno o funcionarios municipales, "merecedora de reproche legal".
El procesamiento del alcalde y el equipo de gobierno del PP es consecuencia de la querella presentada hace meses por una promotora inmobiliaria, ante lo que considera resoluciones injustas adoptadas por el equipo de gobierno que le impiden desarrollar un proyecto urbanístico para la "Finca del Obispado".
El contencioso tiene su origen en 2004, cuando una promotora adquiere en 240.000 euros la llamada "Finca del Obispado", situada junto al polideportivo de Cóbreces, con el compromiso de construir 40 viviendas sociales, diez de ellas de régimen general y 30 de régimen autonómico.
Pocos meses después surgieron las desavenencias entre el Ayuntamiento y una nueva empresa constructora que adquirió la finca y los derechos urbanísticos en 1,5 millones de euros. Esa empresa pretendía construir 40 viviendas de precio libre.
Posteriormente, y ante las dificultades que la promoción tenía para ser aprobada por el Ayuntamiento, la propietaria del suelo intentó vender la finca y los derechos de construcción a un tercera promotora en 4,8 millones de euros, operación que no se llegó a producir ante la oposición de la Corporación a tramitar el proyecto.
Durante este tiempo, la empresa llegó a iniciar los trámites para levantar en este finca una urbanización de 81 viviendas, propuesta rechazada en un pleno con los votos del equipo de gobierno del PP, que además promovió una modificación de las Normas Subsidiarias para posibilitar la construcción de viviendas de protección oficial.
La empresa esgrimía que el primitivo convenio urbanístico -de 2005- no contempla de forma expresa que el solar debía ser para construir viviendas sociales y, por ello, defendía su derecho a urbanizar la parcela de acuerdo a sus intereses.
Ante la negativa de la Corporación, la promotora acudió al Juzgado con una denuncia contra el alcalde y el equipo de gobierno, asegurando que los ediles habían dictado resoluciones injustas a sabiendas que la habían perjudicado económicamente.
El magistrado del Juzgado de Instrucción número 4 de Torrelavega da por buenas en su resolución parte de las consideraciones de la empresa, entre ellas que el convenio urbanístico de 2005 no existió y fue "un pacto de caballeros" sin soporte en la licencia concedida.
También hace constar que la actuación municipal "es merecedora de reproche legal", ya que la concesión de licencias urbanísticas son actos reglados y el hecho de pretender la construcción de viviendas sociales "no justifica ni elimina la arbitrariedad de la medida adoptada", como es retrasar la construcción de las casas.
* El Diario Montañés - EFE - 8.04.09
Foto: Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo, en Novales, la capital municipal. - wikipedia.org
Santa Cruz: La juez cita como imputada a Reverón por el ´mamotreto´
LAOPINIÓN/Tenerife* : La concejal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife, Luz Reverón, tendrá que comparecer ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Santa Cruz de Tenerife en calidad de imputada por delitos relacionados con el edificio de aparcamientos situado a la entrada de la playa de Las Teresitas, popularmente conocido como el mamotreto.
Así lo ha reflejado la magistrada Juana María Hernández Hernández a través de una providencia emitida el pasado 3 de abril, dentro de las diligencias previas.
En el documento se establece el próximo 12 de mayo como fecha para tomar declaración tanto a Luz Reverón como a su antecesor al frente de Urbanismo, Manuel Parejo. No obstante, en el caso de Parejo, que comparecerá ante la juez justo antes que Reverón, no se menciona la palabra imputado, de modo que acudirá en calidad de testigo.
El Juzgado de Instrucción número 2 de la capital acepta de esta forma la petición realizada por el Ministerio Fiscal en julio pasado. El día 15 de aquel mes, la fiscal Inmaculada Violán solicitó la imputación de Reverón por "la comisión de un delito Relativo a la Ordenación del Territorio y de Prevaricación urbanística. La providencia de la magistrada no define, no obstante, cuáles son los delitos que se le imputan a la actual responsable del Urbanismo en la capital tinerfeña.
ATAN. La primera denuncia contra Reverón fue presentada por el colectivo ATAN, cuyo representante legal es Pedro Fernández Arcila, el 28 de enero de 2009, al considerar que la obra invadía tanto el dominio público marítimo terrestre como la servidumbre de protección, y no constar en ningún caso de las autorizaciones pertinentes. Con la misma fecha Dolores Rebrow, en representación de la Asociación de Amigos de la Playa de Las Teresitas, y, sólo un día después, el secretario general del PSOE de Santa Cruz, José Manuel Corrales, presentaron su propia denuncia y aportaron documentación con el objetivo de que se abrieran diligencias penales.
Reconocimiento. Urbanismo ha reconocido que comenzó los trabajos de edificación del mamotreto sin haber obtenido el correspondiente permiso por parte del Gobierno de Canarias, a cuya administración compete la ordenación de esa zona inmediatamente posterior al dominio público. Tal autorización no era susceptible de darse por el Ejecutivo toda vez que aún no se había aprobado el nuevo deslinde Las Teresitas. La ley de Costas de 1988 impide actuar en servidumbre hasta que no se fije el deslinde.
No está en suelo público
Al margen de la depuración de responsabilidades penales, en el caso mamotreto se incluye un aspecto que ha modificado la situación respecto a la descrita por Inmaculada Violán en su escrito de petición de imputación para Luz Reverón. Se trata del nuevo deslinde de Las Teresitas, aprobado por la Dirección General de Costas el pasado febrero y que deja al mamotreto en servidumbre de protección en su totalidad, a diferencia del anterior, en función del cual una parte del edificio se levantaba sobre suelo público. En la providencia de la magistrada, se vuelve a solicitar a la Demarcación de Costas de Santa Cruz de Tenerife la resolución acerca del nuevo deslinde. El consejero de Medio Ambiente, Domingo Berriel ha dicho ya que la obra es "autorizable".
* La Opinión de Tenerife - S.L.- S.G. (IDEAPRESS) - 8.04.09
Foto: Imagen del edificio de aparcamientos y centro comercial conocido como el mamotreto, junto al barrio de San Andrés y la playa de Las Teresitas. José Luis gonzález, laopinion.es
Barcelona: Imputados por corrupción un edil del PP y un asesor de Fernández Díaz
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ELPAÍS* : El Juzgado de Instrucción nº9 de Barcelona ha imputado a dos destacados militantes del PP de Barcelona por los supuestos delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias. Uno de ellos es asesor del presidente del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Barcelona y ex líder regional del partido en Cataluña, Alberto Fernández Díaz.
El segundo es concejal del equipo de gobierno de Vallirana (Baix Llobregat), población en la que encabezó la candidatura en las últimas elecciones locales.
La querella ha sido presentada por la propietaria de un bar de Barcelona a la que se concedió el permiso de apertura del establecimiento después de pagar presuntamente 6.000 euros a ambos militantes para que agilizaran los trámites administrativos. Cuando al parecer se negó a abonar más dinero, el Ayuntamiento le precintó el bar alegando que no cumplía la distancia mínima de separación con otro establecimiento del mismo tipo, en concreto le faltaban seis centímetros. Un primer informe de los técnicos municipales, realizado un año antes y que ahora no aparece, verificó que la distancia era la legal, 25 metros (véase la fotografía adjunta). Por este motivo, la querella se amplía contra la gerente del distrito de Gràcia y un funcionario técnico.
El asesor municipal del PP es Alberto Belón García, que además ocupa el cargo de consejero en el distrito de Gràcia, barrio donde se ubica el bar objeto de la querella y en el que forma parte de la Comisión Consultiva de Urbanismo. Belón envió un fax desde el propio Consistorio, con membrete del PP, a los propietarios del establecimiento adjuntándoles las alegaciones que presentó para obtener el permiso de apertura del local.
El otro imputado es Antonio Penalba Fernández, asesor de profesión y miembro del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Vallirana. Los otros imputados son la gerente del Consistorio barcelonés en el distrito de Gràcia, María Carmen Fernández González, y Josep Serrano Jornet, un funcionario técnico.
En la querella se expone que a finales de febrero de 2008, poco antes de las elecciones generales, la propietaria del bar se entrevistó con el entonces secretario del PP en Cataluña, Rafael Luna, en su despacho del Parlament, para quejarse de la actuación de Belón y Penalba. Durante esa entrevista Luna recibió una llamada de Alberto Fernández Díaz para interesarse por el caso, extremo que Luna admite, según comentó ayer un portavoz oficial del partido. Luna, según consta en la querella y reconoce el PP, recomendó a la propietaria del local que si existía algún hecho delictivo, lo denunciara ante los tribunales, y ésta así lo hizo.
Los hechos que investigará ahora el juzgado se remontan a diciembre de 2006, cuando María Iciar Fernández alquiló un local en la Travessera de Dalt de Barcelona para instalar un establecimiento de restauración, Store Café. Tras una primera inspección del funcionario Josep Serrano Jornet, el distrito de Gràcia le denegó la apertura por la existencia de otro establecimiento de las mismas características a menos de 25 metros. Los abogados de la perjudicada alegan que esta normativa no entró en vigor hasta dos años después.
Fue entonces cuando, siempre según la querella, Antonio Penalba y Alberto Belón se pusieron en contacto con la propietaria para, a cambio de 18.000 euros, resolverle los problemas administrativos. Iciar Fernández sólo pagó 6.000 con un pagaré.
El Ayuntamiento de Barcelona aceptó finalmente las alegaciones presentadas por Belón y confirmó que la distancia entre ambos bares era de 25 metros -la legalmente establecida-, según verificaron el "jefe del departamento de licencias e inspección y la directora de los servicios técnicos".
Un año más tarde, el Ayuntamiento rectificó este cálculo y aceptó las mediciones presentadas por el propietario del otro bar, denominado Mylka, que no alcanzaban los 25 metros. El distrito de Gràcia optó entonces por precintar el local Store Café, de la denunciante. Según ésta, los problemas empezaron cuando se negó a pagar más dinero a Belón y Penalba. Al final, realizó obras en el local para cambiar la puerta de acceso e incrementar así la separación entre locales. Pero el Ayuntamiento insiste en que todavía le faltan seis centímetros para respetar la distancia legal.
La admisión de la querella contra estos dos militantes del PP se suma ahora al proceso penal que tramita el Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona y en el que están imputados, entre otros, el abogado Fernando Martínez, ex vicepresidente del PP en Barcelona y presidente del comité de garantías hasta el congreso regional del partido celebrado el pasado otoño.
"Seré implacable", dice Rubalcaba
El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró ayer en Barcelona: "todo apunta" a que la trama de extorsión de los burdeles ha destapado un caso de corrupción policial, ante el que considera que hay que ser "implacable" y "especialmente duro". El caso está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona y entre los 19 imputados figuran seis policías o ex policías de diversa graduación: desde un comisario hasta un agente.
Rubalcaba recordó que la investigación judicial se encuentra aún abierta y que en ella están implicadas también "algunas administraciones", en alusión al Ayuntamiento de Barcelona y al hecho de que estén imputados dos funcionarios municipales y un ingeniero que emitió informes para avalar la concesión de licencias y que ahora se ha descubierto que extorsionó a pequeños comerciantes. Uno de esos funcionarios, Manuel Martínez, está en prisión provisional.
"No quiero vulnerar la presunción de inocencia de nadie, pero todo apunta a que estamos ante un tema de corrupción y creo que contra eso hay que ser absolutamente implacable", dijo Rubalcaba, antes de asegurar que los cuerpos policiales son los "primeros interesados" en que estos casos de corrupción "que se pueden dar y se dan" se corrijan y subrayó que la "inmensa mayoría" de policías "trabajan en España de sol a sol y son gente honesta".
Al margen del funcionario municipal, también están encarcelados por esta causa el inspector de la policía José Javier Martín Puyal y el ex inspector Andrés Otero. La lista se completa con Carmelo Sanz y Raúl Pascual, director y propietario de burdel Saratoga, respectivamente, y Antonio Lárazo, dueño del Riviera.
* ELPAIS.com - JOSEP GARRIGA - Barcelona - 08/04/2009
Foto: Barcelona vista - Sergi Larripa (wikimedia)
Los ayuntamientos presentaron 556 planes urbanísticos para evitar la LUV
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LEVANTE/Valencia* : La Conselleria de Urbanismo ha aprobado en los últimos cinco años un total de 714 planes urbanísticos, según han informado a Levante-EMV fuentes del departamento que dirige José Ramón García Antón. Esta cifra incluye todo el abanico de posibilidades desde un plan parcial o de reforma interior, hasta un programa de actuación integrada (PAI) o un plan general, aunque las mismas fuentes no pudieron detallar la cifra a la que se eleva cada instrumento de planeamiento.
Del total de actuaciones aprobadas a través de las comisiones territoriales de urbanismo se lleva la palma la de Valencia con 333 instrumentos de planeamiento, seguida de Alicante con 214 y Castelló con 167, según la estadística recopilada por la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Cabe recordar que las comisiones territoriales de urbanismo son órganos colegiados en los que están representados todas las administraciones (central, municipal y autonómica), ade más de los colegios profesionales como los arquitectos.
Aunque el detalle de la estadística oficial que más llama la atención es el momento elegido por los municipios valencianos para sacar a información pública sus planes urbanísticos. Las cifras confirman la avalancha de PAI que algunos políticos y empresarios achacaban al excesivo celo informativo de los periódicos. El tiempo y la fría estadística ha confirmado que el alud existió.
Antes de que entrara en vigor la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje (Lotpp), el 3 de julio de 2004, las comisiones territoriales probaron 198 planes urbanísticos. La provincia de Valencia volvió a ser la más activa (82 propuestas), aunque seguida muy de cerca por Alicante (74) y ya muy de lejos por Castelló.
Veinte meses de oleada
Aunque la auténtica oleada vendría en los siguientes veinte meses. Las comisiones territoriales de urbanismo dieron vía libre a 358 instrumentos de planeamiento, con Valencia a la cabeza (195), seguida de Alicante (74) y Castelló (74). En dos provincias prácticamente se doblan las propuestas de la etapa anterior, aunque desde la conselleria se puntualiza que "en estos expedientes ya se aplican criterios de la Lotpp como los criterios de sostenibilidad territorial y los informes de paisaje".
La calma llegó con la entrada en vigor de la Ley Urbanística Valenciana (LUV) el 1 de febrero de 2006. Tres años después sólo se han tramitado 158 planes urbanísticos: 56 en Valencia, 51 en Alicante y 51 en Castelló.
* Levante-EMV - L. Ballester Beneyto - 6.04.09
Foto: benidorm. Edificios en altura junto a un acantilado en el litoral de la población de la Marina Baixa. ferran montenegro, levante-emv.com
Málaga: La Fiscalía investiga un centenar de irregularidades urbanísticas
LAOPINIÓN* : La sección de Medio Ambiente de la Fiscalía de Málaga investiga actualmente alrededor de un centenar de supuestas irregularidades urbanísticas en la provincia. El volumen de trabajo es enorme y los medios son pocos, ya que estas cien causas están catalogadas como diligencias de investigación, lo que quiere decir que son los propios acusadores públicos los que desarrollan las pesquisas. Si hay indicios de ilegalidad, se presenta después la correspondiente denuncia o querella ante el juzgado de instrucción.
Ocho de cada diez diligencias de investigación son relativas a autoconstrucciones efectuadas por propietarios de suelos rústicos o no urbanizables en municipios del interior de la provincia, un problema especialmente grave en la Axarquía, donde estas pequeñas casas se han multiplicado contaminando el horizonte de la comarca.
Las diligencias de investigación arrancan de las denuncias que particulares o colectivos hacen a la propia Fiscalía. En cierto modo, el fiscal ejerce como instructor antes de que un juez se haga con la investigación. El Ministerio público filtra aquello que encierra indicios claros de ilegalidad.
Sólo en los tres primeros meses del año han entrado más de cuarenta causas de este tipo y en lo que va de mes se han puesto diez denuncias y una querella, lo que da una idea del volumen de trabajo que soporta la Fiscalía de Málaga.
En 2008 se incoaron unas 400 diligencias de investigación, lo que quiere decir que este año podría igualarse el número del pasado ejercicio. En muchos casos, son los propios ayuntamientos los que denuncian a sus vecinos, aunque el verdadero problema estriba en que los pequeños consistorios no tienen en muchas ocasiones ni siquiera un funcionario dedicado al urbanismo. La falta de medios materiales y humanos, especialmente en el interior, es la principal carencia de estas administraciones públicas.
A estas cien investigaciones propias que tramita la Fiscalía -alguna parecida desembocó en el caso de Alcaucín-, hay que unir las que se tramitan en los juzgados de Instrucción, cuyo volumen no pudo ser confirmado por las fuentes consultadas.
Una tendencia preocupante es la seguida por los municipios del interior, como reconocía hace escasas fechas Juan Calvo-Rubio, coordinador de la sección: "El interior gana terreno. En la Costa del Sol eran las grandes urbanizaciones y en el interior son las pequeñas casitas. Muchas veces se piensa que eso no hace daño, el problema es que todos queremos hacernos una pequeña vivienda y cuando salimos al campo no es lo mismo".
Falta de medios. En relación a la falta de medios de las administraciones locales, Calvo-Rubio aseguró a este periódico que los dos consistorios más colaboradores son sin duda Málaga y Vélez Málaga. "El resto no es que no colaboren, sino que casi siempre lo hacen a requerimiento de la Fiscalía", dice.
El propio acusador público reconoce que el ministerio fiscal prácticamente está presente en causas urbanísticas relativas a todos los municipios de la provincia. "No sé a cuántos se investiga, pero sí puedo asegurar que a la mayoría", aclara. En este caso hay que diferenciar entre los asuntos que se abren por delitos urbanísticos cometidos por particulares y aquellos casos en los que se investiga a una corporación, que son los menos.
* La Opinión de Málaga - JOSÉ ANTONIO SAU - 7.04.09
Foto: Delito. Las casas en suelo rústico se han convertido en el objetivo número uno de la Fiscalía. F. E. , laopiniondemalaga.es
Galicia: El favorito para Obras Públicas fue fichado por la firma a la que adjudicó
ELPAÍS* : El diputado popular Agustín Hernández, uno de los dos representantes del futuro presidente, Alberto Núñez Feijóo, en la comisión que negocia el traspaso de poderes, y principal candidato a conselleiro de Obras Públicas en la nueva Xunta, fue fichado como consejero en 2006 por una sociedad integrada en el grupo constructor Puentes y Calzadas. Sólo un año antes, Hernández había adjudicado a esa empresa infraestructuras por más de 30 millones de euros, desde la Dirección Xeral de Obras Públicas, en el último Gobierno de Manuel Fraga.
Según consta en el Registro Mercantil, Hernández fue fichado por el grupo constructor Puentes y Calzadas en septiembre de 2006, 13 meses después de que el bipartito lo removiese de su cargo el 18 de agosto de 2005. Ese mismo año, el departamento de Obras Públicas que dirigía Hernández había otorgado al menos dos contratos a Puentes y Calzadas. Tal y como figura en el informe de licitación pública, la Consellería de Política Territorial que entonces presidía Feijóo, también vicepresidente primero de aquel Gobierno, adjudicó al grupo constructor una infraestructura por 19,6 millones de euros.
Además, cinco días antes de que se celebraran las elecciones que desalojaron al PP del poder, el 14 de junio de 2005, Política Territorial falló el concurso por el que encomendaba a Puentes y Calzadas, en UTE (unión temporal de empresas) junto a Copasa y Caixanova, el desdoblamiento de la polémica vía rápida del Salnés, a cambio de 40,2 millones de euros. La ejecución de la obra correspondió ya al bipartito, que la inauguró en julio del año pasado. Durante las próximas tres décadas, la Xunta deberá abonar a la unión temporal de empresas -en la que Puentes tiene un 30%- un canon proporcional al tráfico de la vía, siguiendo la fórmula de peaje en la sombra, para financiar la infraestructura.
Ya fuera del Gobierno gallego, a finales de 2005, Agustín Hernández pasó primero por la constructora de Pontevedra Sercoysa, en la que ejerció durante algunos meses como "director de construcción", según él mismo confirmó ayer a este periódico. Un año después de abandonar la Xunta, se incorporó como consejero a Inversiones Prethor SL, una filial recién constituida de Puentes y Calzadas [propietaria del 75% de las acciones y con el mismo domicilio social] dedicada a la "fabricación, distribución y venta de elementos prefabricados, vigas, bancadas, utillajes, así como a la financiación de empresas".
De acuerdo con la documentación que figura en el Registro Mercantil, el ex director general de Obras Públicas en el Gobierno de Fraga permaneció como cargo directivo en el grupo constructor desde el 12 de septiembre de 2006 hasta el 28 de marzo de 2008. En esa fecha regresó a la vida pública de la mano del presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, quien lo rescató como director de infraestructuras en el departamento de vías y obras de la institución provincial.
Hernández seguía en ese cometido hasta que, en enero de este año, Feijóo se volvió a acordar de él y lo incorporó a la candidatura por Pontevedra en el puesto número 11. Durante la campaña electoral, Hernández representó al PP en los debates sobre infraestructuras programados por distintos medios de comunicación.
Tras la victoria el 1 de marzo, se ha convertido en látigo del ejecutivo saliente sometiendo a un riguroso marcaje a la conselleira de Política Territorial, María José Caride, a quien acusó en múltiples ocasiones, la última ayer, de "vaciar las arcas de la Xunta para atar de pies y manos" al futuro gobierno de Feijóo.
Al contrario de lo que sucede en la actualidad, la ley autonómica de incompatibilidades no establecía en 2006 -cuando Hernández dio el salto al sector privado y fichó por el grupo Puentes- ninguna limitación para que los altos cargos de la Administración se incorporasen a las empresas con las que habían tenido tratos en el Gobierno. La normativa estatal sí prohíbe expresamente desde 1995 a ministros, secretarios de Estado, subsecretarios, directores generales, delegados del Gobierno y a otros cargos institucionales realizar, "durante los dos años siguientes a su cese, actividades privadas relacionadas con expedientes sobre los que hayan dictado resolución en el ejercicio del cargo". El texto legal no establece restricciones a los responsables de las administraciones autonómicas. El vacío vino a cubrirlo el bipartito con un decreto aprobado el 4 de septiembre de 2008, que prácticamente calca la ley estatal y obliga a los altos cargos de la Xunta a esperar al menos 24 meses para incorporarse a empresas del mismo sector en el que trabajaron desde las instituciones. El decreto no tiene efectos retroactivos, pero sí impide a los altos cargos que están a punto de abandonar la Administración tomar el camino de vuelta al sector privado que siguió Hernández hace tres años.
"En aquel momento la ley lo permitía"
Todas las quinielas lo sitúan al frente de la macroconsellería que fusionará las de Política Territorial y Medio Ambiente. De momento, Feijóo, que sigue fiel a su costumbre de no soltar prenda, ya lo ha señalado como uno de sus hombres de confianza, al encargarle, junto a Pedro Puy, que negocie con el Gobierno en funciones el traspaso de poderes. Desde el 1 de marzo acude y opina en todas las reuniones importantes donde el PP traza el futuro Ejecutivo. Agustín Hernández Fernández de Rojas se aferró ayer a la literalidad de la ley autonómica de incompatibilidades de 1996 para justificar su incorporación al grupo Puentes y Calzadas. Subrayó que ninguna norma le impedía "en aquel momento" trabajar en la constructora y aclaró que su tarea como "director de desarrollo" de la matriz y consejero de su filial Prethor "no tuvo ninguna relación con los expedientes administrativos en los que había participado" desde la Xunta. "Trabajé en la división inmobiliaria", apuntó.
En conversación con este diario, el diputado del PP insistió en que "el órgano de contratación que adjudicó los contratos no era la Dirección Xeral de Obras Públicas, sino la consellería"
[en la que el propio Hernández figuraba como número 3]. Hernández no encuentra tampoco ningún reparo ético a su tránsito desde la Xunta al sector privado. "Si actúas con lealtad al cargo, sin interés profesional y sin beneficiar a ninguna sociedad, no hay incompatibilidad ética, un profesional puede desarrollar su actividad en la administración o la empresa privada", asegura. No obstante, admite que hoy vulneraría el decreto de incompatibilidades aprobado en 2008.
* ELPAIS.com - JOSÉ PRECEDO - Santiago - 06/04/2009
Huelva: La Fiscalía registra un aumento de causas por delitos urbanísticos
HUELVAINFORMACIÓN* : Las causas relacionadas con delitos urbanísticos y contra la ordenación del territorio aumentaron a lo largo del último ejercicio, que se cerró con 19 detenciones y otras 10 personas imputadas (sin arresto) por estos motivos a cargo de la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la Junta, duplicando la cifra del año precedente (19 detenciones).
El fiscal de Medio Ambiente, Alfredo Flores, advierte un año más de la situación de la provincia por los cambios de uso de terrenos (de forestal a agrícola), investigaciones que se siguen en los juzgados de Moguer y por el aumento de las construcciones ilegales en distintas zonas de la provincia.
Entre las causas que se han iniciado durante 2008, en Aracena se abrió procedimiento después de que el mismo Ayuntamiento diera la voz de alerta por edificaciones no autorizadas (segundas residencias) en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche.
En la larga lista de actuaciones en la materia, están además en los juzgados la construcción de una torreta de telefonía móvil también en el interior del parque, así como la construcción de una casa en Cortegana, para la que el propietario (e imputado) sólo había solicitado licencia para la apertura de un pozo y captación de aguas, obras que fueron paralizadas de forma cautelar a petición de la Fiscalía.
En los juzgados de Aracena se investigan igualmente otras obras en el término de Corteconcepción, con un informe condicionado del Parque Natural que los propietarios no han tenido en cuenta, así como otro caso en el que después de haber solicitado una licencia para construir una nave en suelo no urbanizable, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil advirtió de la construcción de una vivienda unifamiliar (incluida piscina). Por su parte, en la Palma del Condado se han abierto diligencias por la construcción de un "chiringuito en la playa y en Moguer por la construcción de una balsa en Lucena del Puerto, en terrenos afectados por el Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (Potad).
Las construcciones ilegales, según estos datos, no se han detectado únicamente en el Parque de Aracena y salpican ya a otras comarcas. Así, llegaron dos denuncias por estos motivos a los juzgados de Valverde. En la recta final del año, tanto el Ayuntamiento de Valverde como la entidad de Tharsis emitieron sendos informes alertando de construcciones de viviendas en suelo no urbanizable que no cuentan con licencia municipal.
Según el fiscal, "la rapidez" con la que los responsables municipales denunciaron estos casos, ha facilitado poder adoptar a tiempo medidas cautelares que han impedido que los promotores de las mismas pudieran concluir las edificaciones.
En cuanto al origen de las causas que se han tramitado por delitos urbanísticos y contra la ordenación del territorio, se iniciaron en gran parte por denuncias de la Fiscalía, que ha recibido informaciones tanto de particulares como de asociaciones, además de comunicaciones de algunos Ayuntamientos, punto que destaca el fiscal de Medio Ambiente, subrayando que estas comunicaciones ponen de manifiesto que los Consistorios empiezan a cumplir lo dispuesto en la legislación urbanística, en el sentido "de dar cuenta al fiscal de las conductas que revistan apariencia delictiva".
Moguer es ejemplo de ello. Aquí, un particular hizo llegar al Ministerio Fiscal supuestos irregularidades que podían constituir delito en la Urbanización El Vigía de Mazagón, expediente en el que la acusación pública recurrió el auto de archivo y solicitó diligencias e informes técnicos para investigar debidamente la denuncia.
La Fiscalía ha formulado acusación en cuatro casos por edificaciones no autorizadas (segundas residencias) dentro del Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. En todos los casos, se solicitaron dos años de prisión y la demolición de lo construido, con restauración del terreno. Estas causas están pendientes de juicio, salvo un caso, en el que se dictó sentencia condenatoria sólo por el delito de desobediencia y ha sido la Fiscalía la que ha recurrido la absolución del imputado.
La unidad de la Policía Nacional adscrita a la Junta vigila especialmente a instancia de los juzgados y del Ministerio público, el cumplimiento de las medidas cautelares de paralización de este tipo obras.
* Huelva Información - M. Rosa Font - 7.04.09
Foto: Una de las fincas investigadas por cambio de uso del suelo. - huelvainformacion.es
Planes urbanísticos ante los tribunales
LEVANTE/Valencia* : La Delegación del Gobierno mantiene vivos 101 recursos contra documentos urbanísticos avalados por las comisiones territoriales de Urbanismo controladas por la Generalitat Valenciana. De momento, los tribunales se han pronunciado solo en tres ocasiones.
Del total de las actuaciones urbanísticas que se han requerido o impugnado, en 58 ocasiones los recursos han sido admitidos a trámite y están pendientes de resolución; en veinte casos se ha estimado que no es el momento procesal oportuno; catorce han sido atendidos sin necesidad de una actuación judicial -los promotores, ayuntamientos o particulares, han optado por cumplir los requisitos legales que exigía la Delegación del Gobierno-; existen dos sentencias favorables en Ador y Alfarrasí; una sentencia desfavorable; tres pendientes de señalamiento de sentencia, y en cuatro casos los tribunales han concedido una suspensión provisional de la actividad urbanística o del trámite impugnado.
El balance, incluso si se incluye Porxinos, que la Delegación del Gobierno recurrirá en el Tribunal Supremo, parece favorable a las tesis gubernamentales.
Voluntad legal
Sin embargo, el subdelegado del Gobierno, Luis Felipe Martínez, no quiere ni oir hablar de un "marcador" favorable, pero sí admite "una cierta satisfacción por cómo han funcionado los resortes del Estado". "Aquí no hay una competición y tampoco una persecución contra nadie, sino la voluntad y la obligación que tenemos de que se cumpla la ley", explica.
"Las impugnaciones solo persiguen respeto a las competencias estatales en recursos hídricos, costas o carreteras, cuyos informes son preceptivos; favorecer un desarrollo sostenible; que los costes de la urbanización recaigan realmente sobre el promotor y no sobre el bolsillo de todos los ciudadanos y que se garanticen los derechos de quien ha adquirido una vivienda", añadió el subdelegado.
Respecto al criterio de sostenibilidad, Luis Felipe Martínez lo vincula "especialmente" a la exigencia de un plan de gestión de recursos hídricos. "Se ha simplificado mucho y de forma interesada. La Confederación Hidrográfica del Júcar pide que se acredite la disponibilidad de agua; de dónde va a salir, pero también cómo se van a depurar y a dónde van a ir cuando se viertan.Pero no solo eso, se mira con lupa que no se invadan cauces que son de todos y que luego, si llueve con fuerza, pueden provocar muchos problemas".
Para el subdelegado, los informes de los organismos estatales en todas estas competencias son "preceptivos" - deben estar inexcusablemente en el expediente- y ademas son "determinantes", lo que significa que es una opinión a tener en cuenta que solo se puede rebatir con otros informes bien armados.
Luis Felipe Martínez entiende que por parte de la Administración valenciana ha habido un cambio de actitud. "Las primeras sentencias que se han ganado en Ador y Alfarrasí son casos en los que ni siquiera habían presentado el informe, algo que ahora se hace en todos los casos", asegura.
"Creo que ahora hay más entendimiento. Lo lamentable es que se hayan tenido que presentar 101 recursos para llegar aquí".
En todo caso, afirma Luis Felipe, los 101 recursos planteados apenas representan un 18% de todos los que se han tramitado desde 2006, lo que evidencia, en su opinión, que no existen "campañas" de ningún tipo.
* Levante-EMV - J. Sierra - 6.04.09
Foto: caso polémico. El TSJ valenciano ha desestimado el recurso de la Delegación del Gobierno contra el proyecto de Porxinos aprobado por el Consell en 2006. mrw-fotografía aérea
La lucha por el Alquiler Social Universal
DANIEL JIMÉNEZ LORENTE/ VdeVivienda* : Las últimas manifestaciones que convocamos desde VdeVivienda el 14 de marzo en Madrid y Donostia ha servido para que la ciudadanía comience a conocer el Alquiler Social Universal (ASU), el programa de medidas que proponemos para hacer efectivo el derecho al alojamiento. Hablamos de un conjunto de propuestas que parten de un movimiento asambleario compuesto por personas que sufrimos las consecuencias de la especulación inmobiliaria.
Por tanto, nuestras soluciones tienen que ser a la fuerza radicalmente distintas de las planteadas por los que han causado el problema, es decir, la clase política, la banca y los señores del ladrillo: constructores y promotores. Esta fuerte contradicción nos hace ser conscientes de que jamás se podrá plantear un acuerdo con las administraciones. Tampoco lo queremos. Nuestro objetivo no es convencer al poder político, sino a la ciudadanía, que es la verdadera depositaria de la soberanía popular.
El primer punto del ASU exige dar un uso social a las viviendas vacías existentes en nuestro país. Según datos del Banco de España, a finales de 2007 el parque total superaba los 25,5 millones, sobre un total de 16,69 millones de familias. Estas cifras indican un promedio de 1,56 viviendas por familia, una de las tasas más altas del mundo. Tantas viviendas sobran que España es el país de la UE con más viviendas vacías, superando los cuatro millones. La idea es realizar una expropiación de uso de esas viviendas sobrantes, en manos de los grandes acaparadores de propiedades inmobiliarias, que poseen un stock de viviendas vacías sin vender que supera ampliamente el millón, y de las grandes fortunas. Estas viviendas se destinarían a un parque público en alquiler. Para optar al uso de estas viviendas, el futuro inquilino sólo tendría que inscribirse en un censo de demandantes. Cuando la recibiera, pagaría únicamente una renta mínima para el mantenimiento del inmueble, y en ningún caso el lucro de sus dueños.
La segunda de las medidas del ASU plantea un cambio de la ley hipotecaria, de forma que cualquiera que no pueda afrontar el pago de la cuota no tenga que responder más allá del precio de subasta de su casa por el banco. Actualmente, la pérdida de la vivienda no significa la cancelación automática de la deuda, porque puede suceder que la deuda sea mayor que lo obtenido por la entidad financiera en la subasta. Esto no pasa en la mayoría de los países, donde la subasta de la vivienda supone siempre el fin de la deuda.
El tercer punto es acabar con las subvenciones de dinero público para las entidades privadas. El Instituto de Crédito Oficial, dependiente del Ministerio de Economía, debe dejar de socorrer a los especuladores con avales (se han previsto 5.000 millones para construir más innecesarias viviendas protegidas) y créditos (otros 3.000 millones destinados a refinanciar deuda de los señores del ladrillo que conviertan vivienda libre en vivienda en alquiler). También rechazamos las inyecciones de liquidez destinadas a la banca.
La última medida incluida en el ASU es la despenalización de la okupación para vivir o crear espacios sociales. En la mayoría de países, la okupación es falta y no delito penal, constituyendo España una excepción a esta normal general. La okupación no genera ningún daño a la sociedad, sino que es la existencia de viviendas vacías la que provoca una enorme injusticia social, y por tanto los que deben ser perseguidos son los que especulan con este bien, tal y como se hace en el resto de Europa. Esto es lo que defendemos desde VdeVivienda. Sin duda, hay otras muchas propuestas interesantes que habrá que estudiar. Lo importante, en todo caso, es que las soluciones partan desde la ciudadanía, y que al fin nos convirtamos en dueños de nuestros propios proyectos vitales.
* Periódico Diagonal - Daniel Jiménez Lorente, VdeVivienda Madrid. - Del 2 al 15 de abril de 2009
Alicante: Noventa localidades de la provincia siguen sin tener Plan General de Urbanismo
LAVERDAD* : Hasta 94 de los 141 municipios de la provincia de Alicante carecen aún de Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y se rigen por planeamientos urbanísticos desfasados, en muchos casos aprobados hace veinte años, o por normas transitorias, según datos facilitados a este diario hace unos meses por la Conselleria de Territorio y Vivienda.
El artículo 38 de la Ley Urbanística Valenciana (LUV), que entró en vigor el 1 de febrero del 2006, establece que el PGOU es el único instrumento válido para definir el crecimiento y determinar el espacio físico de las localidades, por lo que todas deben contar con un plan ajustado, por lo demás, a la nueva normativa autonómica.
En el listado de las poblaciones que carecen aún de este documento aparecen algunas con un padrón ciertamente importante como Novelda, Monforte del Cid, Albatera, Almoradí, Muro d'Alcoi, Mutxamel, Sax o El Pinós, entre otros.
En todo caso, los que más problemas tienen para redactarlo, dada la escasez de recursos económicos con los que cuentan y el alto coste de su elaboración, son los municipios más pequeños. En esa situación se encuentran Benferri, Jacarilla, Torremanzanas, Busot y, sobre todo en las comarcas de Las Marinas, l'Alcoià y El Comtat, Planes, Benilloba, Sella, Relleu, Murla o Balones, por poner sólo algunos ejemplos.
«Eso no significa que carezcan de ordenamiento. Mientras no se adapten a la LUV, los planeamientos antiguos y las normas subsidiarias siguen vigentes», explican desde el departamento regional de Territorio.
La falta de esta herramienta ha provocado en los últimos años que los gobiernos locales hagan uso de los Planes de Actuación Integrada (PAI), que incluyen recalificaciones masivas de suelo y no pocos de los cuales están recurridos ante los juzgados.
Para los ayuntamientos con menos recursos, la Generalitat dispone de una serie de ayudas destinadas a la redacción de los PGOU. La última orden fue publicada en el 2006 y tenía vigencia para ése y el año siguiente.
Por su parte, la Diputación cuenta con una oficina de asesoramiento técnico y jurídico en esta materia a través de la empresa mixta Proaguas Costablanca. Su gerente, el ex conseller Fernando Modrego, advierte sin embargo de que la institución no tiene por ahora presupuesto para financiar la redacción de esos planes de los pueblos más pequeños.
* La Verdad - 06.04.09 -M. C. S.
Foto: Casa de Benifato que deberá ser demolida./ V.B. - laverdad.es
Diez alcaldes sevillanos son investigados por la Fiscalía por delitos urbanísticos
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ABC* : La Fiscalía de Medio Ambiente de Sevilla tiene abiertas investigaciones al menos contra diez alcaldes de la provincia de Sevilla. La mayoría de ellos por delitos urbanísticos que, en todos los casos, tienen un denominador común según explican desde la propia Fiscalía: la falta de respeto a la legalidad.
Se trata de un puñado de primeros ediles (también hay un par de ellos que ya han dejado el sillón municipal) que han permitido que en sus municipios se construyera sin licencia y que anteponen sus propios criterios a los que estipula la norma urbanística. Estos son los que actualmente están siendo investigados.
Gerena. El alcalde de esta localidad, Jacinto Pereira, (PSOE) se enfrenta una investigación sobre destrucción de yacimientos arqueológicos para que se construyera una urbanización sobre el yacimiento. Además ese mismo alcalde también está siendo investigado por la Fiscalía por el derribo de un edificio catalogado para la construcción de una residencia de ancianos. Y se libró de otra denuncia porque ya había prescrito al haber pasado más de tres años que recaía sobre él por la construcción de una nave en suelo rústico.
Castilblanco de los Arroyos. En este caso se trata del ex alcalde, Manuel Ruiz (IU). Tiene un juicio inminente por haber permitido edificar centenares de construcciones ilegales en las Minas de Castilblanco. En este caso, según fuentes de la Fiscalía, «las toleró y las alentó durante varios años». Se enfrenta por tanto a un posible delito de prevaricación por omisión.
Morón de la Frontera. Su alcalde Manuel Morilla (PP) ha sido objeto de una querella por autorizar vertidos ilegales al cauce del río Guadaira. Se trata de un presunto delito contra el medio ambiente ya que durante años no ha evitado que los vertidos de derivados de la aceituna llegaran al río. Además, Morilla se alió con su antecesor, el ex alcalde del PSOE, José Párraga y ambos aprobaron un aparcamiento ilegal en suelo rústico.
Guillena. El alcalde socialista Justo Padilla tiene en el juzgado de instrucción número 18 de Sevilla un juicio pendiente con una acusación de prevaricación urbanística por permitir la edificación en suelo rústico sin hacer nada durante años. Se trata de una urbanización «Los lagos del Serrano». Pero el primer edil de Guillena también está siendo investigado por la Fiscalía por permitir el vertido al río de todas las aguas residuales de la población sin depurarse. Burguillos. José Juan López, alcalde socialista autorizó un edificio ilegal en suelo urbano. Era un edificio que tenía más altura de la permitida. El juicio tendrá lugar en el juzgado de lo penal número 12 de Sevilla en unos días. En este caso la Fiscalía pide varios meses de prisión y al menos ocho años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
El Madroño. La alcaldesa, la socialista María Josefa Rubiano, también está siendo investigada por conceder licencias ilegales en suelo rústico. Al parecer se trataba de una vivienda unifamiliar a la que concedió la citada licencia en 2004 pese a que el arquitecto municipal informó de que estaba en suelo rústico.
Aguadulce. Otra mujer, la ya ex alcaldesa socialista Isabel Ortiz, a quién también se acusa de prevaricación urbanística por dar licencias contrarias a la legalidad. La licencia en cuestión se otorgó para la construcción de dos naves para engorde de pavos en suelo calificado como no urbanizable en el PGOU. Y ello pese a que los técnicos municipales habían informado contrariamente a esa licencia.
El Viso del Alcor. Manuel García Benítez, alcalde socialista y el concejal Antonio Salvat fueron denunciados por un delito urbanístico ya que realizaron una adjudicación en suelo rústico sin licencia.
Cazalla de la Sierra. Se trata del ex alcalde socialista, Angel Rodríguez de la Borbolla (hermano del ex presidente de la Junta), también denunciado por prevaricación urbanística. Falta el escrito de acusación y el caso se ha demorado por la avalancha de recursos.
Lora de Estepa El alcalde socialista Salvador Guerrero, también se tuvo que enfrentar a un juicio similar. Por haber tolerado la construcción de un edificio ilegal en suelo rústico llegaron a pedirle un año de cárcel aunque fue absuelto hace un par de meses.
Cinco fiscales dedicados a ello
En Sevilla hay cinco fiscales de la red de fiscales medioambientales dedicados a eso: a investigar los asuntos urbanísticos, contra el medio ambiente o el patrimonio. Su trabajo está surtiendo efecto dado que cada años son más los casos. El problema es que cada asunto tarda dos o tres años en resolverse por que a la lentitud de la justicia se suma que, cuanto toca en órganos de pueblo, los juzgados son aún mas lentos.
* ABC - MERCEDES BENÍTEZ. - 6.04.09
Foto: Guillena (Sevilla), ayuntamiento - sevillaweb.info
C. Valenciana: Una veintena de alcaldes ante la Justicia
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LEVANTE* : Veintidós alcaldes de la Comunitat Valenciana se encuentran actualmente sentados en el banquillos de los acusados. Están el punto de mira de la Justicia por presuntos delitos que van desde la prevaricación a los urbanísticos pasando por malversación de fondo o falsedad en documento público, por poner sólo unos ejemplos, ya que la lista es larga.
La Marina Alta. La comarca con más imputados
Dénia debe de ser, seguramente, la ciudad de toda la Comunitat Valenciana donde más políticos hay imputados en la actualidad. La judicialización de la vida política ha marcado los últimos meses en la ciudad. Son múltiples las denuncias cruzadas entre partidos en un clima generalizado de confrontación política desde el cambio de gobierno que propició, el 7 de julio de 2008, la moción de censura que el Partido Popular encabezó junto al PSD, los independientes de Centre Unificat y Gent de Dénia, y el tránsfuga socialista Juan Collado. Actualmente son un total de 13 las imputaciones vigentes; 11 de ellas de concejales o ex concejales; y 2 de técnicos municipales.
Consecuencia de esa confrontación, las acciones judiciales están teniendo dos objetivos prioritarios: las cabezas visibles del anterior gobierno y del actual. De esta manera, la ex alcaldesa Paqui Viciano (PSPV) está imputada por tres asuntos; la actual, Ana Kringe (PP), por dos.
Viciano, junto al ex edil socialista Juli Martínez y al ex gerente de Urbanismo Joan Frasés están imputados por presunta prevaricación por la venta de un tramo de un antiguo camino catastral a una promotora. Los terrenos se enajenaron con todos los informes económicos y jurídicos favorables y con el voto de todos los miembros de la junta de gobierno, en la que estaba también el actual tránsfuga Juan Collado. La ex alcaldesa ha resultado además imputada -junto a Pau Reig y Manolo Amat, del Bloc- por haber visitado las obras del nuevo trinquete en campaña electoral, días después de que la Junta Electoral prohibiera poner la primera piedra; y también, junto a las concejalas socialistas Vicenta Bixquert y María José Lorenzo, y la técnico Silvia Blanco, por no constar en la contabilidad municipal los 11.600 euros recaudados entre 2004 y 2008 por los carnés de juventud.
En cuanto a la actual alcaldesa, Ana Kringe, está imputada por presunta prevaricación por haber ejercido durante un año -hasta la moción de censura- el cargo de gerente del Patronato Provincial de Turismo, sin contar con la titulación necesaria. Y está imputada también por prevaricación por haber despedido al ex gerente de Urbanismo, Joan Frasés, pese a que éste ocupaba plaza de funcionario.
En el resto de la Marina Alta, el ex alcalde de Benitatxell, Juan Cardona, que pertenecía a un grupo independiente con gran apoyo de residentes extranjeros, está imputado por cohecho al supuestamente pedir a un constructor 50.000 euros a cambio de que sus terrenos siguieran siendo urbanizables en el nuevo PGOU. La edil austriaca, que era primera teniente de alcalde cuando se produjeron los hechos, también está acusada de cohecho. Ambos fueron detenidos el pasado mes de julio cuando trascendió el presunto chantaje al promotor.
En Pego, está imputado el alcalde, el independiente Carmelo Ortolà, y todo su equipo de gobierno (Ciutadans per Pego, PSOE y Bloc) por prevaricación. Otro alcalde procesado y cuyo juicio se aplazó esta misma semana al extraviarse una importante prueba es el de la Vall del Laguar, Juan José Puchol, del PSPV. Se le acusa de falsedad documental al supuestamente cambiar el trazado de un vial que pasaba por un terreno de su propiedad.
Y un primer edil más de la comarca con causas judiciales pendientes es el de Xàbia, Eduardo Monfort, de Bloc-Centristes. Tanto él como su antecesor, Juan Moragues, que ahora es edil del PP, están imputados por un delito contra la ordenación del territorio al autorizar la ampliación de un hotel y luego dar licencia de actividad cuando los nuevos módulos se vendieron como viviendas independientes.
Otro concejal de la Marina Alta imputado es el calpino Juan Roselló, del PP, quien también es diputado provincial. Era concejal de Aguas y consejero de la empresa mixta Aguas de Calpe cuando se contrataron las obras de renovación de la red a la empresa de su cuñado, dedicada originariamente al buzoneo. Además, las obras tuvieron un sobrecoste de 1,1 millones de euros.
Castelló. El urbanismo, en
el punto de mira
El alcalde de Orpesa por el Partido Popular, Rafael Albert, lleva a cuestas dos imputaciones por presuntos delitos de prevaricación. Una tiene que ver con el intento del PP de legalizar dos edificios de 600 apartamentos, conocido como Edificio Mar, construido sobre suelo no urbanizable en un mandato anterior al suyo. Para ello, el equipo de Albert convocó un pleno con la pretensión de recalificar el suelo. Finalmente, la recalificación no fue posible ya que la sesión plenaria fue anulada por no quedar justificada la urgencia.
Otra imputación, por la que el alcalde de Orpesa prestó declaración en abril de 2008, es por una posible aprobación de la venta de suelo público a menor precio en la zona del Balcó del monte Renegà. Presuntamente se habría vendido a un precio de seis euros por metro cuadrado, cuando el precio medio del mercado era de 200 euros. Las causas están en los juzgados de instrucción número 3 y 4 de Castelló.
Otro alcalde imputado es el de Moncofa, José Vicente Isach, del PSPV. Al munícipe se le atribuye un presunto delito de prevaricación por presuntamente otorgar licencia de obras en el PAI Camí de Cabres, anulado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) por carecer de una publicación del proyecto en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Isach declaró por esta causa en agosto de 2007 en el juzgado de instrucción número tres de Nules.
Isach también está imputado por la presunta venta irregular de suelo municipal al venderlo a un precio inferior por debajo del precio de mercado a una empresa, todo ello en el PAI Belcaire Sur, que como se recordará está paralizado por el TSJ. Isach aún tiene pendiente declarar por esta causa tras dos aplazamientos.
En Burriana, a día de hoy sólo un concejal, el responsable de Fiestas, se encuentra imputado en estos momentos por un presunto delito de prevaricación por la presunta condonación del pago de los enganches de la grúa municipal a amigos y familiares. Capítulo aparte merecen las imputaciones del ex alcalde y actual senador por el PP, Alfonso Ferrada y dos de los ediles de su equipo, que todavía lo siguen siendo con Calpe. El primero lo fue por su intervención en el polémico PAI Pedrera Port mientras que sus concejales por otras acusaciones distintas. Los tres descansan ahora tranquilos al haberse archivado la causa de forma provisional, aunque se está esperando la decisión del juez al respecto de si se reabre o no parte o la totalidad de la investigación.
En Alcalà de Xivert, municipio del Baix Maestrat, están actualmente imputados el alcalde, el popular Francisco Juan Mars, también diputado provincial y su concejala de Hacienda, Cristina Pinilla, en la investigación que se sigue en los juzgados de Vinaròs sobre el destino de un millón de euros que debían haberse invertido en patrimonio municipal de suelo.
Además en el municipio de l'Alcora, su alcalde socialista Javier Peris tiene dos frentes judiciales abiertos con sendas imputaciones: una investigación por la presunta venta a bajo precio de un terreno a una empresa en el PAI Camí Santa, en la que el alcalde está imputado y una segunda investigación (en la que están imputados tanto Peris como dos de sus tenientes alcaldes) por la presuntas irregularidades en la adjudicación a una empresa de la redacción del Plan General de Ordenación Urbana.
Requena-Utiel. Viviendas en suelo rústico en Zarra
El alcalde de Zarra, Juan José Rubio, es uno de los casos más sonoros de primeros ediles que están en el punto de mira de la Justicia. Rubio, presuntamente, autorizó la construcción masiva de viviendas en terrenos rústicos.
El alcalde dio el visto bueno a licencias para casas con aperos agrícolas, donde finalmente se construyeron 73 chalés. Veinte de estas licencias se otorgaron a la empresa de su hijo.
Al alcalde de Zarra se le acusa de prevaricación urbanística, delito contra la ordenación del territorio, , actividad prohibida a autoridades y funcionarios públicos, fraude funcionarial y estafa.
El juez instructor pidió cárcel y el alcalde en la actualidad está en libertad tras pagar una fianza de 18.000 euros. Sigue al frente del Ayuntamiento de Zarra al no haber dimitido.
La Ribera Alta. La alcaldesa de Alzira, en el juzgado
Los vertidos que contaminaron el Júcar han acabado en el juzgado. La alcaldesa de Alzira, Elena Bastidas (PP), que también preside la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, está imputada por un presunto delito contra el medio ambiente a raíz de una denuncia que interpuso la Confederación Hidrográfica del Júcar por los vertidos de aguas residuales sin depurar realizados desde el alcantarillado municipal al río durante los años 2004 y 2006.
El alcalde de Cullera, Ernesto Sanjuán (PP), deberá declarar ante el titular del juzgado de instrucción número tres de Sueca en calidad de imputado por la querella que han presentado los vecinos de cuatro calles declaradas Zona Acústicamente Saturada en 2006. Los vecinos denunciaron al alcalde por permitir que los locales de ocio de estas calles continuaran abiertos, pese a la sentencia dictada por el TSJ hace tres años. El tribunal obligó al ayuntamiento a desarrollar un programa para atajar estas molestias y cumplir con la sentencia.
El alcalde de Benimodo, José Luis Sanchis (PSOE), declaró como imputado el pasado mes de noviembre dentro del proceso abierto por el juzgado de instrucción número 1 de Carlet tras una denuncia del fiscal. TOUS
El alcalde de Tous, Cristóbal García (PP), está inmerso en un procedimiento penal abierto por el juzgado después de que la Fiscalía apreciara indicios de delito por negarse a ceder al PSOE un local municipal para que la plataforma anti-vertedero celebrase una asamblea informativa. El juzgado investiga si se pudo cometer un supuesto delito de prevaricación.
El juzgado número 1 de Picassent imputó al ex alcalde de Montserrat, Josep María Mas (Gent d'Esquerres), por un presunto delito de prevaricación continuada. Mas dimitió hace unos meses como concejal después de la sentencia de la Audiencia de Valencia que le inhabilitó por siete años por dar una licencia para reformar una nave industrial situada en terreno rústico.
El ex alcalde de Massalavés, Vicente Villalba (PP), prestó declaración el pasado septiembre en el juzgado número 2 de Alzira como imputado por los presuntos delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio y de concesión de licencias ilegales en relación con la ampliación de una industria en suelo urbanizable.
El Camp de Túria/Los Serranos
Querella archivada por Porxinos
En abril de 2007 el Juzgado de Llíria decretaba el archivo provisional de la querella contra el alcalde de Riba-roja, Francisco Tarazona, y otros dos ediles del PP, por varios delitos relacionados con el urbanismo (algunos de ellos tenían que ver con el PAI de Porxinos), al estimar, una vez concluidas todas las diligencias, que no existen indicios en ninguno de los delitos imputados. Tarazona también fue imputado por un delito de cohecho tras la denuncia de un constructor que le acusó de exigirle ocho millones de euros para aprobarle varios proyectos y que fue archivada por el juez.
El juzgado de Llíria también sobreseyó la causa abierta contra el ex alcalde de Olocau, José Agustí (PSPV), por tramitar un PAI para construir alrededor de 12.000 viviendas en una zona que incluía varios terrenos de su propiedad, ya que finalmente el proyecto no se llevó a cabo.
En Los Serranos, la alcaldesa de Alpuente fue absuelta de un delito contra el medio ambiente por unos vertidos de aguas residuales.
El Camp de Morvedre. Castelló, acusado de prevaricación
La Fiscalía ha trasladado a los juzgados de Sagunt su informe en el que advierte de que existen indicios de prevaricación en una actuación del alcalde de Sagunt, el popular Alfredo Castelló. El dictamen tiene su origen en la denuncia realizada ante este organismo por el actual Intendente Jefe de la Policía Local, Rafael de Manuel, que advertía sobre la posible paralización en Alcaldía de todas sus propuestas de expedientes disciplinarios dirigidos contra el Inspector Juan Ramón Arnal, antecesor en el cargo y destacado militante del PP de Sagunt.
También la ex alcaldesa de Sagunt, la socialista Gloria Calero, fue acusada hace unos meses ante la Fiscalía de un posible delito de prevaricación al falsear un informe para beneficiar a la empresa Fertiberia en sus trámites de ampliación, en contra del resto de informes municipales. Sin embargo, el Fiscal archivó recientemente la denuncia.
* Levante-EMV - 5.04.09
Foto: Denia (Alicante) - Rodriguillo (wikipedia.org)
Inaugurada la nueva plaza de Lesseps en medio de las protestas de los vecinos
ELPERIÓDICO/Barcelona* : Algunas personas han mostrado pancartas contra el exceso de cemento en el espacio urbano. La nueva plaza Lesseps de Barcelona, en obras desde hace tres años, se ha inaugurado hoy con la presencia del alcalde de la ciudad, Jordi Hereu, que se ha encontrado con las protestas de un grupo de vecinos por la falta de espacio verde.
Para celebrar el estreno de la remodelada plaza, el ayuntamiento ha celebrado una fiesta que ha contado con gigantes, diablos, chocolate y gospel.
La reforma, controvertida y con un proceso de participación complejo, se ha inaugurado con quejas de algunos vecinos que han llevado pancartas al acto presidido por Hereu en las que denunciaban la falta de espacios verdes y el exceso de cemento.
Ampliación de aceras
Con la firma del arquitecto Albert Viaplana, la plaza acoge la central de recogida neumática de residuos y es un nudo de comunicaciones que comunica los distritos de Gràcia y Sarrià-Sant Gervasi con una entrada a la línea 3 del metro y, en un futuro, a la línea 9. La reforma ha hecho ganar a la plaza 6.000 metros cuadrados, la mayoría por la ampliación de las aceras.
Ya en 1996 todos los grupos municipales del distrito de Gràcia pactaron impulsar la reforma de un entramado que por entonces tenía más de 20 años, aunque no fue hasta 2002 cuando se constituyó una comisión mixta (Ayuntamiento y vecinos) para afrontar la remodelación.
Tres años después el Consistorio aprobó el proyecto definitivo y las obras comenzaron en agosto del 2005.
* El Periódico - EFE - 5.04.09
Foto: EL Ayuntamiento ha organizado una fiesta para la inauguración de la nueva plaza de Lesseps. - FRANCESC CASALS, elperiodico.com
La Fiscalía advierte que las casas "alegales" también son perseguibles
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DIARIODESEVILLA* : La Fiscalía de Sevilla se mantiene al margen de los acuerdos alcanzados por la Junta de Andalucía y varios ayuntamientos de la provincia para poner freno a la proliferación de construcciones sin permisos en sus términos municipales. Dichos pactos pasan por la realización de un inventario detallado de las edificaciones levantadas en áreas no urbanizables, estudiar su legalización y, en caso contrario, dejar constancia de su existencia en los PGOU, pero siempre al margen del ordenamiento urbanístico.
Esta última circunstancia ha hecho albergar en muchos propietarios de estas viviendas, alentados en algunos casos por los alcaldes, la esperanza de que podrán legalizarlas en el futuro, librándose así de la amenaza de la piqueta. De hecho, con el fin de acelerar la realización de los citados censos, muchos dueños están elaborando y entregando a los ayuntamientos las "fichas" con los detalles de sus viviendas a fin de incorporarlas a los citados censos.
Fuentes de la Fiscalía sevillana de Medio Ambiente admitieron ayer que conocen los términos de esos acuerdos entre la Junta y los ayuntamientos porque la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio se los ha comunicado, si bien se desvinculan de ellos.
"El cumplimiento de la legalidad no es algo discrecional o una cuestión de oportunidad política", indicaron ayer a las citadas fuentes, que apuntaron que toda actuación delictiva "será perseguida por la Fiscalía".
La situación de buena parte de las viviendas construidas en suelo no urbanizable es para los ayuntamientos y la propia Junta de Andalucía de "alegalidad", si bien el Ministerio Público insiste en que no entra en este debate. "No vamos a hacer la vista gorda porque tenemos que perseguir el delito grande y el pequeño", afirmaron.
Hasta el momento, la Administración autonómica ha suscrito con los consistorios sevillanos de Castilblanco de los Arroyos, Pilas, El Cuervo, Guillena, Lora de Estepa y Arahal acuerdos para la realización de los citados diagnósticos de situación.
Los criterios que se evaluarán para determinar el futuro de las casas, según la Consejería de Vivienda, serán su ubicación física exacta (en suelo rústico, paraje natural...), su situación legal (con licencia, denunciada o no...) y su utilización (vacía, primera residencia o segunda residencia). En función de esas variables, los ayuntamientos optarán por condenarlas a la demolición, legalizarlas -algo muy complejo- o situarlas en el limbo del "fuera de ordenamiento", a la espera de una oportunidad.
* Diario de Sevilla - 24.03.09
Foto: Construcciones sobre suelo no urbanizable en Arahal. - diariodesevilla.es
Cercle Obert de Benicalap solicita la creación de Planes de Rehabilitación para espacios y edificios singulares
KAOSENLARED/Valencia* : Los vecinos y entidades cívicas llevamos reclamando desde hace años la completa rehabilitación y regeneración de diversos edificios y zonas urbanas de Valencia norte, tales como la antigua fábrica modernista Bombas Gens de Marxalenes y la fábrica de cerámica de reflejo dorado la Ceramo de Benicalap, así como el conjunto de edificios conocido como Agryfersa, ubicado en la Parreta.
Los dos primeros edificios industriales, llevan muchos años en completo abandono, sufriendo ocupaciones y expolios, sin que el Ayuntamiento que preside Rita Barberá, requiera a sus legítimos propietarios para que lo mantengan en buen estado de uso y mantenimiento, permitiendo que se conviertan en vertederos de basuras y foco de infecciones y vandalismo.
Es responsabilidades de las autoridades locales y autonómicas velar por el cuidado y rehabilitación del patrimonio y de los edificios y espacios singulares, así como también deben garantizar nuestras instituciones públicas, la seguridad, bienestar y salud de todas las personas y vecinos de la zona.
A pesar de las fundamentadas y reiteradas denuncias y protestas cívicas, ni el consistorio ni la Generalitat Valenciana han tomado cartas en el asunto para favorecer la regeneración de La Parreta y la recuperación y rehabilitación integral de las dos fábricas: Bombas Gens y la Ceramo.
Los barrios (Benicalap, Marxalenes, Tendentes, Parreta...) donde se encuentran los referidos elementos patrimoniales susceptibles de ser recuperados y reutilizados por los vecinos y residentes, carecen de equipamientos sociales, culturales, lúdicos... y llevan años exigiendo a la administración pública valenciana, inversiones que favorezcan el cultivo y desarrollo de actividades culturales, así como espacios destinados al encuentro y la participación.
Cercle Obert de Benicalap - Iniciativas Sociales y Culturales de Futuro reclama al gobierno central que preste mayor atención y controle los programas destinados a la creación de empleo a través de programas de rehabilitación. Conviene que los citados elementos patrimoniales (La Ceramo, Bombas Gens), así como el edificio vecinal de Agryfersa en la Parreta, donde viven personas sin recursos, ancianos y emigrantes, puedan acogerse a Planes Especiales de Rehabiitación, cogestionados por el Ayuntamiento, Generalitat, Ministerio de la Vivienda y Ministerio de Cultura.
http://www.annanoticies.com/
* Kaos en la Red - Antonio Marín Segovia | Anna Notícies - Cercle Obert de Benicalap | 1-4-2009
Foto: Un edificio industrial modernista valenciano abandonado desde hace años y convertido en basurero - Cercle Obert de Benicalap
Cabo de Gata: La justicia llega hasta los barrios en la protección del Parque Natural
ELALMERÍA* : El tercer auto cautelar llega hasta áreas urbanizables en Cabo de Gata-Níjar. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictado un nuevo auto judicial directamente relacionado con el planeamiento aprobado por la Junta de Andalucía para el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.
Tras las decisiones de noviembre de 2008 y el pasado 19 de marzo, ha vuelto a extender la suspensión cautelar del PORN de Cabo de Gata hasta una aplicación que llega también a las áreas urbanizables. La decisión, cautelar a la espera de una sentencia definitiva, de la sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal andaluz ha reconocido que en el auto de 10 de marzo por el que suspendió la ejecución de la ordenación del parque natural aprobada en Consejo de Gobierno para las 169 hectáreas colindantes a los núcleos urbanos omitió hacer extensiva esta decisión a la zonificación, que afecta a los núcleos urbanos de Cabo de Gata, entre ellos San José, la Isleta del Moro y Aguamarga. La suspensión responde a la consideración del alto tribunal de que el PORN aprobado en consejo de Gobierno en febrero de 2008 abre la posibilidad a autorizar edificaciones en suelos que, en principio, "no deberían albergarlas", señala el auto.
El objetivo es el de evitar la alteración del parque "de la edificabilidad en un parque sometido a protección", como los "gravísimos e irreparables" perjuicios para el medio ambiente, que ya se planteaban para la zona de El Algarrobico, gestionada por la empresa Azata.
Antes de darse a conocer este auto, pero después de que el TSJA decidiera la suspensión para las zonas de grado C, el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, defendió en rueda de prensa en Almería que la intención del Gobierno andaluz con este nuevo PORN fue la de intensificar la protección del Cabo de Gata. Así también lo resaltó el consejero de Vivienda, Juan Espadas, quien explicó que "no se había entendido la pretensión de la Junta", en referencia a la utilización urbanística que se ha realizado por parte de los promotores, con todo, resaltó la necesidad de realizar un estudio en profundidad de la decisión judicial.
El propio Chaves explicó que la Junta no albergaría "ningún tipo de ilegalidad" a través el PORN que, insistió, recogió "la voluntad política" de intensificar todas las medidas de protección de los recursos del parque natural almeriense, según recoge Europa Press. Para las organizaciones ecologistas encabezadas por Salvemos Mojácar, Salvemos Macenas o Cóndor, se trata de una victoria jurídica sin precedentes antes la Junta de Andalucía. De esta manera, quienes iniciaron la andadura judicial contra el urbanismo autorizado a través del PORN, piden responsabilidades políticas, puesto que se sienten respaldados ante las críticas sobre la construcción de "miles de viviendas ilegales en el parque natural".
Ya el pasado día 19 de marzo se amplió la zona de protección en 1.120 hectáreas la superficie sometida a máxima protección para la reserva de valores medioambientales.
La planificación de la zona fue redactada con Fuensanta Coves, actual presidente del Parlamento andaluz, como responsables de la Consejería de Medio Ambiente, y como viceconsejero el actual responsable de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas.
Vuelve así a tumbarse el proyecto urbanístico que se desarrolló para el parque natural, a la espera de que sean los tribunales los que decidan sobre los espacios en los que se pueda construir, en virtud de la protección existente.
* El Almería - J. Guerrero - 4.04.09
Foto: Barrio de La Fabriquilla en el Parque Natural - elalmeria.es
Totana: La Justicia investiga la operación que propició un 'pelotazo' de 6,5 millones
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LAVERDAD/Murcia* : La verdad se asemeja a un tapón de corcho que, tarde o temprano, termina por asomarse a la superficie. Han pasado ya tres años desde que Proinvitosa, una empresa municipal de Totana, renunció a recuperar una parcela muy valiosa del polígono industrial El Saladar, que ésta gestiona, permitiendo así, según la denuncia lanzada por IU, un pelotazo de 6,5 millones de euros.
Todos los implicados en aquella operación han respirado tranquilos estos años hasta que esta semana el magistrado de la Sala de lo Civil y Lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Julián Pérez Templado, ha tocado a sus puertas y ha citado a algunos de ellos a declarar como imputados.
El juez instructor de la Operación Tótem lleva meses estrechando el cerco sobre la actuación que permitió la reventa de estos terrenos. La parcela, de 60.000 metros cuadrados, fue adquirida en 1998 por la empresa Assidoman -anterior nombre de la actual Smurfit Kappa- a un precio asequible, 18 euros el metro cuadrado. La compradora se comprometía, sin embargo, a construir en el lugar una fábrica de envases que daría empleo a 60 personas.
Este contrato incluía, además, una clausula a favor de Proinvitosa y era el derecho de adquisición preferente por un plazo de cinco años en el caso de venta de los terrenos a terceros. Sin embargo, el 22 de junio de 2006 la empresa municipal renunció a esa claúsula de reversión y autorizó la venta de 40.000 metros cuadrados de esa parcela a las empresas Huevos Maryper, Pronalevante y Pronaservicios. Según la denuncia que IU realizó de esta operación, Smurfit Kappa podría haber revendido el terreno a 180 euros el metro cuadrado generando unas plusvalías de 6,5 millones de euros.
El gerente de la empresa Huevos Maryper, Gabriel Martínez, pasa precisamente por ser hombre de confianza y amigo de Juan Morales, ex alcalde del municipio y diputado regional. Ambos están actualmente imputados en la Operación Tótem. Martínez habría actuado presuntamente de intermediario del ex alcalde para intentar cobrar una comisión de 3,6 millones de euros a cambio de apoyar e impulsar la recalificación de unos terrenos de 2,2 millones de metros cuadrados. Este plan parcial, en el que se iban a levantar unas 5.000 viviendas, lo desarrollaba el grupo gallego Nuaria S.L.
Entre las personas que tendrán que declarar como imputados a lo largo de este mes se encuentran todos los consejeros nombrados a propuesta del PP de Proinvitosa en el 2006 y que ofrecieron su voto favorable para autorizar esa reventa.
El primero en prestar declaración ante el juez será José Miguel Martínez Soler, el que fue concejal de Industria en el mandato del ex alcalde Juan Morales y presidente de Proinvitosa. También deberán acudir a los juzgados Juan José Salas Andreo, ex edil de Seguridad Ciudadana y ex vocal de Proinvitosa; Isabel Ivonne Nau, tesorera de la empresa municipal y actual presidenta de la ejecutiva local del PP; José Agustín Romero Martínez, otro de los vocales, y Daniel Aroca Arias, actual concejal de Vivienda, Transporte, Suelo, Patrimonio y Calidad del Consistorio totanero.
Además, en esta ronda de declaraciones, el magistrado instructor ha querido escuchar también al que fuera representante de Smurfit Kappa, Desmond O'Connor, que también acudirá a los juzgados como imputado. Pérez Templado ha llamado a declarar, aunque esta vez en calidad de testigos, al que fue secretario de la empresa municipal, Fulgencio González López, y a Justo Cánovas Jiménez.
* La Verdad - R. FERNÁNDEZ/A.NEGRE - 4.04.09
Foto: Terrenos anexos a la empresa Smurfit Kappa que Huevos Maryper adquirió en el 2006. / S. M. LARIO, laverdad.es
