C. Valenciana: Una veintena de alcaldes ante la Justicia

LEVANTE* : Veintidós alcaldes de la Comunitat Valenciana se encuentran actualmente sentados en el banquillos de los acusados. Están el punto de mira de la Justicia por presuntos delitos que van desde la prevaricación a los urbanísticos pasando por malversación de fondo o falsedad en documento público, por poner sólo unos ejemplos, ya que la lista es larga.

La Marina Alta. La comarca con más imputados
Dénia debe de ser, seguramente, la ciudad de toda la Comunitat Valenciana donde más políticos hay imputados en la actualidad. La judicialización de la vida política ha marcado los últimos meses en la ciudad. Son múltiples las denuncias cruzadas entre partidos en un clima generalizado de confrontación política desde el cambio de gobierno que propició, el 7 de julio de 2008, la moción de censura que el Partido Popular encabezó junto al PSD, los independientes de Centre Unificat y Gent de Dénia, y el tránsfuga socialista Juan Collado. Actualmente son un total de 13 las imputaciones vigentes; 11 de ellas de concejales o ex concejales; y 2 de técnicos municipales.
Consecuencia de esa confrontación, las acciones judiciales están teniendo dos objetivos prioritarios: las cabezas visibles del anterior gobierno y del actual. De esta manera, la ex alcaldesa Paqui Viciano (PSPV) está imputada por tres asuntos; la actual, Ana Kringe (PP), por dos.
Viciano, junto al ex edil socialista Juli Martínez y al ex gerente de Urbanismo Joan Frasés están imputados por presunta prevaricación por la venta de un tramo de un antiguo camino catastral a una promotora. Los terrenos se enajenaron con todos los informes económicos y jurídicos favorables y con el voto de todos los miembros de la junta de gobierno, en la que estaba también el actual tránsfuga Juan Collado. La ex alcaldesa ha resultado además imputada -junto a Pau Reig y Manolo Amat, del Bloc- por haber visitado las obras del nuevo trinquete en campaña electoral, días después de que la Junta Electoral prohibiera poner la primera piedra; y también, junto a las concejalas socialistas Vicenta Bixquert y María José Lorenzo, y la técnico Silvia Blanco, por no constar en la contabilidad municipal los 11.600 euros recaudados entre 2004 y 2008 por los carnés de juventud.
En cuanto a la actual alcaldesa, Ana Kringe, está imputada por presunta prevaricación por haber ejercido durante un año -hasta la moción de censura- el cargo de gerente del Patronato Provincial de Turismo, sin contar con la titulación necesaria. Y está imputada también por prevaricación por haber despedido al ex gerente de Urbanismo, Joan Frasés, pese a que éste ocupaba plaza de funcionario.
En el resto de la Marina Alta, el ex alcalde de Benitatxell, Juan Cardona, que pertenecía a un grupo independiente con gran apoyo de residentes extranjeros, está imputado por cohecho al supuestamente pedir a un constructor 50.000 euros a cambio de que sus terrenos siguieran siendo urbanizables en el nuevo PGOU. La edil austriaca, que era primera teniente de alcalde cuando se produjeron los hechos, también está acusada de cohecho. Ambos fueron detenidos el pasado mes de julio cuando trascendió el presunto chantaje al promotor.
En Pego, está imputado el alcalde, el independiente Carmelo Ortolà, y todo su equipo de gobierno (Ciutadans per Pego, PSOE y Bloc) por prevaricación. Otro alcalde procesado y cuyo juicio se aplazó esta misma semana al extraviarse una importante prueba es el de la Vall del Laguar, Juan José Puchol, del PSPV. Se le acusa de falsedad documental al supuestamente cambiar el trazado de un vial que pasaba por un terreno de su propiedad.
Y un primer edil más de la comarca con causas judiciales pendientes es el de Xàbia, Eduardo Monfort, de Bloc-Centristes. Tanto él como su antecesor, Juan Moragues, que ahora es edil del PP, están imputados por un delito contra la ordenación del territorio al autorizar la ampliación de un hotel y luego dar licencia de actividad cuando los nuevos módulos se vendieron como viviendas independientes.
Otro concejal de la Marina Alta imputado es el calpino Juan Roselló, del PP, quien también es diputado provincial. Era concejal de Aguas y consejero de la empresa mixta Aguas de Calpe cuando se contrataron las obras de renovación de la red a la empresa de su cuñado, dedicada originariamente al buzoneo. Además, las obras tuvieron un sobrecoste de 1,1 millones de euros.
Castelló. El urbanismo, en
el punto de mira
El alcalde de Orpesa por el Partido Popular, Rafael Albert, lleva a cuestas dos imputaciones por presuntos delitos de prevaricación. Una tiene que ver con el intento del PP de legalizar dos edificios de 600 apartamentos, conocido como Edificio Mar, construido sobre suelo no urbanizable en un mandato anterior al suyo. Para ello, el equipo de Albert convocó un pleno con la pretensión de recalificar el suelo. Finalmente, la recalificación no fue posible ya que la sesión plenaria fue anulada por no quedar justificada la urgencia.
Otra imputación, por la que el alcalde de Orpesa prestó declaración en abril de 2008, es por una posible aprobación de la venta de suelo público a menor precio en la zona del Balcó del monte Renegà. Presuntamente se habría vendido a un precio de seis euros por metro cuadrado, cuando el precio medio del mercado era de 200 euros. Las causas están en los juzgados de instrucción número 3 y 4 de Castelló.
Otro alcalde imputado es el de Moncofa, José Vicente Isach, del PSPV. Al munícipe se le atribuye un presunto delito de prevaricación por presuntamente otorgar licencia de obras en el PAI Camí de Cabres, anulado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) por carecer de una publicación del proyecto en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Isach declaró por esta causa en agosto de 2007 en el juzgado de instrucción número tres de Nules.
Isach también está imputado por la presunta venta irregular de suelo municipal al venderlo a un precio inferior por debajo del precio de mercado a una empresa, todo ello en el PAI Belcaire Sur, que como se recordará está paralizado por el TSJ. Isach aún tiene pendiente declarar por esta causa tras dos aplazamientos.
En Burriana, a día de hoy sólo un concejal, el responsable de Fiestas, se encuentra imputado en estos momentos por un presunto delito de prevaricación por la presunta condonación del pago de los enganches de la grúa municipal a amigos y familiares. Capítulo aparte merecen las imputaciones del ex alcalde y actual senador por el PP, Alfonso Ferrada y dos de los ediles de su equipo, que todavía lo siguen siendo con Calpe. El primero lo fue por su intervención en el polémico PAI Pedrera Port mientras que sus concejales por otras acusaciones distintas. Los tres descansan ahora tranquilos al haberse archivado la causa de forma provisional, aunque se está esperando la decisión del juez al respecto de si se reabre o no parte o la totalidad de la investigación.
En Alcalà de Xivert, municipio del Baix Maestrat, están actualmente imputados el alcalde, el popular Francisco Juan Mars, también diputado provincial y su concejala de Hacienda, Cristina Pinilla, en la investigación que se sigue en los juzgados de Vinaròs sobre el destino de un millón de euros que debían haberse invertido en patrimonio municipal de suelo.
Además en el municipio de l'Alcora, su alcalde socialista Javier Peris tiene dos frentes judiciales abiertos con sendas imputaciones: una investigación por la presunta venta a bajo precio de un terreno a una empresa en el PAI Camí Santa, en la que el alcalde está imputado y una segunda investigación (en la que están imputados tanto Peris como dos de sus tenientes alcaldes) por la presuntas irregularidades en la adjudicación a una empresa de la redacción del Plan General de Ordenación Urbana.
Requena-Utiel. Viviendas en suelo rústico en Zarra
El alcalde de Zarra, Juan José Rubio, es uno de los casos más sonoros de primeros ediles que están en el punto de mira de la Justicia. Rubio, presuntamente, autorizó la construcción masiva de viviendas en terrenos rústicos.
El alcalde dio el visto bueno a licencias para casas con aperos agrícolas, donde finalmente se construyeron 73 chalés. Veinte de estas licencias se otorgaron a la empresa de su hijo.
Al alcalde de Zarra se le acusa de prevaricación urbanística, delito contra la ordenación del territorio, , actividad prohibida a autoridades y funcionarios públicos, fraude funcionarial y estafa.
El juez instructor pidió cárcel y el alcalde en la actualidad está en libertad tras pagar una fianza de 18.000 euros. Sigue al frente del Ayuntamiento de Zarra al no haber dimitido.
La Ribera Alta. La alcaldesa de Alzira, en el juzgado
Los vertidos que contaminaron el Júcar han acabado en el juzgado. La alcaldesa de Alzira, Elena Bastidas (PP), que también preside la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, está imputada por un presunto delito contra el medio ambiente a raíz de una denuncia que interpuso la Confederación Hidrográfica del Júcar por los vertidos de aguas residuales sin depurar realizados desde el alcantarillado municipal al río durante los años 2004 y 2006.
El alcalde de Cullera, Ernesto Sanjuán (PP), deberá declarar ante el titular del juzgado de instrucción número tres de Sueca en calidad de imputado por la querella que han presentado los vecinos de cuatro calles declaradas Zona Acústicamente Saturada en 2006. Los vecinos denunciaron al alcalde por permitir que los locales de ocio de estas calles continuaran abiertos, pese a la sentencia dictada por el TSJ hace tres años. El tribunal obligó al ayuntamiento a desarrollar un programa para atajar estas molestias y cumplir con la sentencia.
El alcalde de Benimodo, José Luis Sanchis (PSOE), declaró como imputado el pasado mes de noviembre dentro del proceso abierto por el juzgado de instrucción número 1 de Carlet tras una denuncia del fiscal. TOUS
El alcalde de Tous, Cristóbal García (PP), está inmerso en un procedimiento penal abierto por el juzgado después de que la Fiscalía apreciara indicios de delito por negarse a ceder al PSOE un local municipal para que la plataforma anti-vertedero celebrase una asamblea informativa. El juzgado investiga si se pudo cometer un supuesto delito de prevaricación.
El juzgado número 1 de Picassent imputó al ex alcalde de Montserrat, Josep María Mas (Gent d'Esquerres), por un presunto delito de prevaricación continuada. Mas dimitió hace unos meses como concejal después de la sentencia de la Audiencia de Valencia que le inhabilitó por siete años por dar una licencia para reformar una nave industrial situada en terreno rústico.
El ex alcalde de Massalavés, Vicente Villalba (PP), prestó declaración el pasado septiembre en el juzgado número 2 de Alzira como imputado por los presuntos delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio y de concesión de licencias ilegales en relación con la ampliación de una industria en suelo urbanizable.

El Camp de Túria/Los Serranos
Querella archivada por Porxinos
En abril de 2007 el Juzgado de Llíria decretaba el archivo provisional de la querella contra el alcalde de Riba-roja, Francisco Tarazona, y otros dos ediles del PP, por varios delitos relacionados con el urbanismo (algunos de ellos tenían que ver con el PAI de Porxinos), al estimar, una vez concluidas todas las diligencias, que no existen indicios en ninguno de los delitos imputados. Tarazona también fue imputado por un delito de cohecho tras la denuncia de un constructor que le acusó de exigirle ocho millones de euros para aprobarle varios proyectos y que fue archivada por el juez.
El juzgado de Llíria también sobreseyó la causa abierta contra el ex alcalde de Olocau, José Agustí (PSPV), por tramitar un PAI para construir alrededor de 12.000 viviendas en una zona que incluía varios terrenos de su propiedad, ya que finalmente el proyecto no se llevó a cabo.
En Los Serranos, la alcaldesa de Alpuente fue absuelta de un delito contra el medio ambiente por unos vertidos de aguas residuales.

El Camp de Morvedre. Castelló, acusado de prevaricación
La Fiscalía ha trasladado a los juzgados de Sagunt su informe en el que advierte de que existen indicios de prevaricación en una actuación del alcalde de Sagunt, el popular Alfredo Castelló. El dictamen tiene su origen en la denuncia realizada ante este organismo por el actual Intendente Jefe de la Policía Local, Rafael de Manuel, que advertía sobre la posible paralización en Alcaldía de todas sus propuestas de expedientes disciplinarios dirigidos contra el Inspector Juan Ramón Arnal, antecesor en el cargo y destacado militante del PP de Sagunt.
También la ex alcaldesa de Sagunt, la socialista Gloria Calero, fue acusada hace unos meses ante la Fiscalía de un posible delito de prevaricación al falsear un informe para beneficiar a la empresa Fertiberia en sus trámites de ampliación, en contra del resto de informes municipales. Sin embargo, el Fiscal archivó recientemente la denuncia.






* Levante-EMV - 5.04.09
Foto: Denia (Alicante) - Rodriguillo (wikipedia.org)