Planes urbanísticos ante los tribunales

LEVANTE/Valencia* : La Delegación del Gobierno mantiene vivos 101 recursos contra documentos urbanísticos avalados por las comisiones territoriales de Urbanismo controladas por la Generalitat Valenciana. De momento, los tribunales se han pronunciado solo en tres ocasiones.

Del total de las actuaciones urbanísticas que se han requerido o impugnado, en 58 ocasiones los recursos han sido admitidos a trámite y están pendientes de resolución; en veinte casos se ha estimado que no es el momento procesal oportuno; catorce han sido atendidos sin necesidad de una actuación judicial -los promotores, ayuntamientos o particulares, han optado por cumplir los requisitos legales que exigía la Delegación del Gobierno-; existen dos sentencias favorables en Ador y Alfarrasí; una sentencia desfavorable; tres pendientes de señalamiento de sentencia, y en cuatro casos los tribunales han concedido una suspensión provisional de la actividad urbanística o del trámite impugnado.
El balance, incluso si se incluye Porxinos, que la Delegación del Gobierno recurrirá en el Tribunal Supremo, parece favorable a las tesis gubernamentales.
Voluntad legal
Sin embargo, el subdelegado del Gobierno, Luis Felipe Martínez, no quiere ni oir hablar de un "marcador" favorable, pero sí admite "una cierta satisfacción por cómo han funcionado los resortes del Estado". "Aquí no hay una competición y tampoco una persecución contra nadie, sino la voluntad y la obligación que tenemos de que se cumpla la ley", explica.
"Las impugnaciones solo persiguen respeto a las competencias estatales en recursos hídricos, costas o carreteras, cuyos informes son preceptivos; favorecer un desarrollo sostenible; que los costes de la urbanización recaigan realmente sobre el promotor y no sobre el bolsillo de todos los ciudadanos y que se garanticen los derechos de quien ha adquirido una vivienda", añadió el subdelegado.
Respecto al criterio de sostenibilidad, Luis Felipe Martínez lo vincula "especialmente" a la exigencia de un plan de gestión de recursos hídricos. "Se ha simplificado mucho y de forma interesada. La Confederación Hidrográfica del Júcar pide que se acredite la disponibilidad de agua; de dónde va a salir, pero también cómo se van a depurar y a dónde van a ir cuando se viertan.Pero no solo eso, se mira con lupa que no se invadan cauces que son de todos y que luego, si llueve con fuerza, pueden provocar muchos problemas".
Para el subdelegado, los informes de los organismos estatales en todas estas competencias son "preceptivos" - deben estar inexcusablemente en el expediente- y ademas son "determinantes", lo que significa que es una opinión a tener en cuenta que solo se puede rebatir con otros informes bien armados.
Luis Felipe Martínez entiende que por parte de la Administración valenciana ha habido un cambio de actitud. "Las primeras sentencias que se han ganado en Ador y Alfarrasí son casos en los que ni siquiera habían presentado el informe, algo que ahora se hace en todos los casos", asegura.
"Creo que ahora hay más entendimiento. Lo lamentable es que se hayan tenido que presentar 101 recursos para llegar aquí".
En todo caso, afirma Luis Felipe, los 101 recursos planteados apenas representan un 18% de todos los que se han tramitado desde 2006, lo que evidencia, en su opinión, que no existen "campañas" de ningún tipo.







* Levante-EMV - J. Sierra - 6.04.09
Foto: caso polémico. El TSJ valenciano ha desestimado el recurso de la Delegación del Gobierno contra el proyecto de Porxinos aprobado por el Consell en 2006. mrw-fotografía aérea