ELCOMERCIO/Asturias* : El ex alcalde de Ribadesella y su mujer han sido condenados a seis meses de cárcel y a demoler la vivienda que construyeron en el terreno protegido de Covarosa, en el término municipal de Ribadesella.
La sentencia, que incluye también una multa de 3.600 euros para cada uno y la inhabilitación del derecho de sufragio pasivo durante seis meses, responde a la condena por un delito contra la ordenación del territorio del que habían sido absueltos en el dictamen inicial del caso.
El ex alcalde del PP fue declarado culpable, en octubre de 2008, de un delito de prevaricación urbanística por el que se le condenó a ocho años de inhabilitación especial para empleo y cargo público. Además, tendría que pagar una multa de 4.500 euros. Se le acusaba de concederle una licencia a su esposa, sabedor de que las obras superaban notoriamente las descritas en el documento. En aquella sentencia se condenó también a su mujer, Irene Vidal, como cooperadora necesaria en lo sucedido. Sin embargo, ambos quedaban absueltos del delito contra la ordenación del territorio del que también se les acusaba.
Recursos de apelación
Ninguna de las partes quedó conforme con aquel resultado y, este mismo mes, la fiscalía, la acusación personal y la defensa recurrían la sentencia. Los dos primeros lo hacían al entender que sí había existido un delito contra la ordenación del territorio, ya que «la primera sentencia recoge que se construyó en un espacio protegido y no pasó por la CUOTA». Incluso, el letrado de la acusación particular, Guillermo Medina, solicitó un aumento de la multa, por considerar que no se valoró la circunstancia personal del acusado.
La defensa también recurrió la sentencia aunque, en su caso, para pedir la absolución de la condena por el delito de prevaricación que implicaba una multa y la inhabilitación por un periodo de ocho años. No obstante, hay que decir que el riosellano decidió retirarse de la vida política al quedar fuera de la alcaldía en las últimas elecciones.
La jueza Paz González Tascón hacía pública ayer la sentencia firme en la que se admitía parcialmente el recurso de apelación presentado por la acusación e íntegramente la solicitud del fiscal, por lo que se condenaba al ex alcalde y a su mujer de un delito contra la ordenación del territitorio.
El letrado Guillermo Medina confirmaba ayer que sería «una sorpresa» que José Miranda y su mujer tuvieran que cumplir los seis meses de prisión, ya que ninguno de los dos tienen antecedentes penales y su condena es de menos de dos años. «Con toda seguridad pedirán la suspensión de la pena de privación de libertad, porque cumplen todos los requisitos», aclaró el abogado, que no quiso quitarle hierro al asunto: «La condena es muy seria, son seis meses de cárcel». El abogado confirmó también que la sentencia es firme. El ex alcalde de Ribadesella, José Miranda, no quiso hacer ayer declaraciones a este medio de comunicación y se justificó por el tiempo que lleva alejado de la política.
* El Comercio Digital - 13.02.09 -A. M. / I. C.
Foto: Ribadesella - elcomerciodigital.com
Condenan al ex alcalde de Ribadesella a seis meses de cárcel
El TSJ anuló una permuta de suelo público en La Nucía que duplicó su valor en un año
INFORMACIÓN/Alicante* : El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) anuló unas permutas de suelo aprobadas por el Ayuntamiento de La Nucía a favor de la empresa Dragados después de que la promotora que adquirió posteriormente los terrenos lo vendiera en menos de un año por el doble de lo que pagó.
La permuta, consistente en nueve fincas rústicas repartidas por el término municipal, se adjudicó en concurso público a Dragados a cambio de la ejecución del centro cultural, además del aparcamiento y otras infraestructuras complementarias. El valor de la operación ascendió a 16.690.000 euros y la superficie total del suelo sumaba 362.866 metros cuadrados.
A instancias de otra constructora, el TSJ anuló en 2007 la operación urbanística al entender que no precisaba la "urgencia" con que la aprobó el Ayuntamiento de La Nucía, gobernado por el Partido Popular, además de considerar que la permuta de suelo público debe ser una medida extraordinaria y no de carácter general, como pone de manifiesto la sentencia.
Dragados escrituró las parcelas el 8 de junio de 2005. Ese mismo día las vendió a la promotora Gestrumar 2001 por el mismo importe de la operación, 16,6 millones de euros. Gestrumar 2001 hipotecó las fincas con CAM y Bancaja y las revendió en menos de un año, en sendas operaciones realizadas en mayo de 2005 y septiembre de 2006. Como consecuencia de ello, obtuvo el doble de dinero de lo que pagó.
La mercantil se quedó con una de las parcelas (la mayor de todas, de 115.383 metros cuadrados), seis se las vendió a Iberdrola y dos a Capital Golf. El montante de la operación superó los 34 millones de euros y las plusvalías de la misma rebasaron los 17, 3 millones de euros. La mayor parte de las fincas se incluyen en el plan de actuación integrada La Serreta.
Todo en menos de un año y mientras se tramitaba el citado PAI, aprobado por el Consistorio nuciero el 28 de septiembre de 2005 y ratificado por la Generalitat Valenciana en mayo del año siguiente.
Sin embargo, el TSJ ratificó en 2007 la suspensión del plan urbanístico, que prevé la construcción de 3.884 viviendas y de un campo de golf sin plenas garantías de recursos hídricos, de acuerdo con los informes de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). El proyecto aumentaría la población de La Nucía en 16.000 personas, el doble de su censo actual.
El fallo judicial se sumaba a otro anterior de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJ redactado en términos similares. La resolución insistía en los mismos argumentos que sirvieron para paralizar el desarrollo de la macrourbanización en marzo de 2007 y consideraba que la documentación aportada por el consistorio que controla Bernabé Cano no variaba "en exceso las conclusiones del auto sobre el enorme incremento poblacional" que supondría el desarrollo del polémico PAI nuciero.
Los administradores de Gestrumar 2001 aparecen como socios de la sociedad Cases del Pinar junto a Andrés Ballester, presidente del grupo inmobiliario que lleva su nombre, y al empresario benidormense Roc Fuster, agente urbanizador del PAI La Serreta. La cúpula de Gestrumar también está ligada al Consejo de Administración de la mercantil Montera La Nucía, de la que es presidente Francisco Murcia Puchades. El máximo dirigente de los promotores alicantinos es el agente urbanizador del PAI Pie de Monte, el plan al que se vincula en la investigación abierta por el juez Garzón y del que intentaron hacer negocio algunos de los investigados en la presunta trama de corrupción ligada a la empresa Orange Market.
* Información - J. FAURÓ - 13.02.09
Foto: La Nucia - tagarinet
El urbanismo «silencioso» de Viveiro
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ABC/Lugo* : Primer varapalo judicial al urbanismo de Viveiro. El Juzgado de lo Contencioso -Administrativo de Lugo viene de anular la validez de una licencia urbanística para la construcción de un edificio de 200 viviendas en la parroquia de Covas en diciembre de 2006, que el Ayuntamiento concedió mediante el procedimiento de silencio administrativo, y saltándose los informes en contra del técnico municipal y las consellerías de Cultura y Política Territorial.
La juez titular del juzgado va más allá, al dar traslado del caso a la Fiscalía ante la existencia de «indicios» de infracción penal por posibles delitos, ya que la citada construcción se situaba en el entorno de la iglesia parroquial de Covas, un bien histórico inventariado y cuyo entorno de protección se vulneró con la concesión de la licencia.
De hecho, el Juzgado de Instrucción nº 2 de Viveiro ya investiga una denuncia por la vía penal de las mismas características de la ahora resuelta, y de la que ABC informó el pasado 4 de diciembre. La instrucción abarca hasta once licencias urbanísticas concedidas todas ellas mediante el procedimiento del silencio administrativo, y en cuatro de ellos la Policía Judicial atribuye -por ahora- al alcalde socialista Melchor Roel y su Junta de Gobierno la comisión de posibles delitos de prevaricación.
Ausencia documental
En la sentencia, notificada a las partes el pasado 28 de diciembre, la juez de lo Contencioso Administrativo estima en primer lugar que no ha lugar a la aplicación del silencio administrativo para la concesión de la licencia, ya que los plazos para beneficiarse de este procedimiento han de contabilizarse desde que toda la documentación del proyecto es presentada ante la administración competente, y no desde que se solicita inicialmente la licencia.
La magistrada estima que en el momento en que el Concello concede la licencia, el 4 de diciembre de 2006, el solicitante carecía del proyecto infraestructural común de telecomunicaciones y el estudio de seguridad y salud, ambos requisitos exigidos por la ley y sin los cuales «no es posible conceder la licencia ni expresamente ni por silencio».
Es más, la sentencia estima que tampoco se incluyeron ni el proyecto técnico ni la memoria urbanística, «y al faltar esta documentación no puede entenderse acreditdo el cumplimiento de la normativa aplicable». La juez acusa al ayuntamiento de «dar entrada de una forma bastante flagrande a un supuesto de silencio contra legem (contra la ley)», pero sin justificar jurídicamente su propia decisión.
Informe en contra
Lo que pretendía el Concello era pasar por alto la «expresa desautorización del proyecto por la Consellería de Cultura», un rechazo que no fue recurrido por la promotora pese a tratarse de un informe «previo, preceptivo y vinculante».
«De forma que no podría tenderse nunca que se pudiera adquirir una licencia en contra de la legalidad o el planeamiento urbanístico», si bien posteriormente el Ayuntamiento contrató ex profeso a un consultor externo para que le elaborase un informe a medida con el que conceder este permiso.
La juez distingue entre la infracción administrativa y la posible infracción penal -por un delito contra el patrimonio, el territorio y otro de prevaricación-, y por ello remite el caso a la Fiscalía de Urbanismo. Así, entiende apreciar «temeridad» en la Junta de Gobierno que preside el alcalde Melchor Roel, ya que no cabe interpretación legal de la norma que ampare la actuación del Concello.
* ABC - JOSE LUIS JIMÉNEZ - 13.02.09
Foto: Viveiro (Lugo) - elcorreogallego.es
Trece empresarios hicieron negocio con la trama de corrupción del ´caso Faycán´
LAPROVINCIA/Gran Canaria* : Trece empresarios se beneficiaron del entramado organizado por el ya ex alcalde de Telde Francisco Valido y los concejales del Partido Popular Carmelo Oliva y María Antonia Torres, con la ayuda del que fuera interventor municipal, Enrique Orts, según el juez instructor del caso Faycán, Francisco Javier García.
En el auto que pone fin a la instrucción, el magistrado apunta a 17 compañías que se avinieron a pagar entre todas casi un millón de euros, según el auto, para lograr adjudicaciones o desbloquear pagos. Las comisiones oscilaban entre el 6 y el 8%, aunque hubo quien dio el 20%.
Antonio Nadal, director de zona de Cobra y Moncobra, pagó a través de su empleado Juan Francisco Gordillo, 102.434 euros, un 8% del total contratado, mientras que Ángel Omar Suárez, administrador de Planos, Gestión y Construcción y Patrimonial Pacific, abonó entre 62.714 y 83.618 euros. El representante de Gráficas Atlanta, Domingo Campos, dice el juez, pudo haber pagado 9.386 euros.
En el escrito se relata cómo el administrador de Mazotti, Alejandro Navarro, entregó al encargado de gestionar las comisiones, el asesor de María Antonia Torres, Francisco Gordillo, 180.000 euros. Era "tan habitual", que Cobra y Cementos Las Torres, cuyo directivo Pedro Betancor también está imputado, plasmaron estas cantidades en sus libros de cuentas.
Quien más dio fue Felipe Ojeda, el dueño de Ferretería Felipe y Nicolás Ojeda Pérez, que ya suministraba a Torres cuando era consejera insular. García calcula que desembolsó 269.050 euros, el 20% de los casi 2,7 millones que cobró.
En el caso de Fernando Verona, administrador de Acinox, el juez sospecha que arregló el local del PP para cobrar una deuda pendiente de 39.376,10 euros. En cuanto a Preconte, el auto recoge que a cuenta de las comisiones, su administrador, José Manuel Gutiérrez, dejó un piso y dos plazas de garaje al matrimonio Torres-Orts, e hizo reformas en la casa de Gordillo.
Mención aparte merecen Salvador Santana, marido de la entonces edila del PP Guadalupe López, y administrador de Desra y Cariragua, y su socio Antonio Medina, a quienes se les adjudicaban trabajos fraccionados y les desbloquearon proyectos pese a los informes negativos.
Otra de las empresas implicadas es Iturri, que tuvo un empleado que se doblegó a las comisiones, Víctor Hugo Rosales. Sin embargo, su sucesor se negó, lo que provocó que Orts revocara los confirmings a última hora. Quien sí dio 60.000 euros para desbloquear un pago de 1,5 millones fue Abelardo Martínez, ex director regional de Dragados.
Por su parte, José Manuel Antón, administrador único de Grupo Europa, llegó a Telde de manos del portavoz del PP en el Parlamento de Canarias Jorge Rodríguez para hacer casas sociales a través de Urvitel. El juez habla de pagos por 90.000 euros que se justificaron con facturas falsas, entre ellas las hechas por Verónica García, empleada de Edasoft. En esta trama participó también uno de sus trabajadores, Francisco José Benítez.
La última empresa es Servicios Comunitarios, cuya representante, Mari Luz Navarro, es la denunciante del caso.
* La Provincia - E. M. A. - TELDE - 13.02.09
Foto: Telde, registro caso Faycán - Teldeactualidad
El alcalde de Benitatxell urdió el chantaje a un promotor al detectar un fallo en el plan general
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LEVANTE/Alicante* : Un error urbanístico tan evidente que resulta incluso burdo. Un error que dio pie al alcalde de Benitatxell, Juan Cardona, y a la primera teniente de alcalde, Hannelore Rheindorf, ambos del Pideb, a urdir, en connivencia con el arquitecto municipal y un abogado que hizo de intermediario, un supuesto intento de soborno. Los cuatro están imputados por cohecho.
De la declaración que efectuó el propio alcalde el 9 de julio en el cuartel de la Guardia Civil de Xàbia, donde estaba detenido, se desprende que los dos políticos vieron en un fallo urbanístico fácilmente subsanable la oportunidad de pedir 50.000 euros al constructor Pedro Sánchez, cuyos terrenos urbanizables y ya reparcelados del plan parcial Vista Montaña III se declaraban en el nuevo PGOU como suelo no urbanizable de protección paisajística. Además, el constructor, aparentemente, tenía que pasar por el aro, ya que el plazo de alegaciones había terminado.
Pero el promotor denunció los hechos a la Guardia Civil. El pastel se destapó cuando la concejala Rheindorf, que es de origen austriaco, y el abogado Kai Oliver Wagner, que supuestamente ejerció de intermediario en el intento de soborno, iban a entregar los dos informes que confirmaban el error urbanístico y que el constructor había exigido para pagar los 50.000 euros. Esos informes los firmaban el propio alcalde y el arquitecto municipal. En el del primer edil, se especificaba que las parcelas quedarían como suelo urbano y el promotor "podrá solicitar la correspondiente licencia urbanística".
El alcalde confesó los hechos ante la Guardia Civil y mostró su arrepentimiento. Relató que le comentó a Rheindorf que el error de estas parcelas se podía corregir y que era la oportunidad de pedir al constructor "una aportación económica para el partido". En principio, según la declaración del propio alcalde, decidieron pedir al constructor 60.000 euros, pero este último dijo que era demasiado y consensuaron la cantidad de 50.000 euros. Cardona también declaró que el arquitecto estaba al corriente de la petición de dinero y que le había dicho que "algo le tocaría".
* Levante-EMV - A. P. F. - 12.02.09
Foto: Benitachell (Alicante), costa - mma.es
"He visto urbanismo masivo en Europa, pero lo de España es surrealista"
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SOITU* : El Parlamento Europeo acaba de aprobar un nuevo informe demoledor sobre el urbanismo en España, en el que llega a sugerir la interrupción de fondos que no sean utilizados de forma acorde con las normativas europeas y a pedir una moratoria "de todos los planes urbanísticos nuevos que no respeten los criterios rigurosos de sostenibilidad ambiental y responsabilidad social". Hablamos con la ponente de este texto, la eurodiputada danesa de Los Verdes /Alianza Libre Europea, Margrete Auken.
"Este documento se ha hecho en respuesta a las más de 15.000 reclamaciones recibidas en la Comisión de Peticiones por ciudadanos de toda Europa. Alemanes ingleses, polacos... y sobre todo españoles. La gran mayoría de las personas que han pedido a gritos que las instituciones europeas tomen partido en los abusos urbanísticos de muchas zonas de España, han sido los propios españoles", cuenta Auken. Y es que "el desenfrenado urbanismo ha afectado gravemente al medio ambiente y a la vida de muchas personas", afirma esta eurodiputada de 64 años.
El informe, que ha sido aprobado en la Comisión del Parlamento Europeo con 23 votos a favor, 11 en contra y 1 abstención, señala que "esta actividad extendida que respaldan las autoridades locales y regionales irresponsables a través de una legislación inadecuada y en ocasiones injustificada, que en muchos casos es contraria a los objetivos de varios actos legislativos europeos, ha dañado considerablemente la imagen de España y de los amplios intereses económicos y políticos que tiene en Europa".
Por ello, "la Comisión ya ha abierto una investigación sobre más de 250 proyectos urbanísticos en diferentes comunidades españolas" e incide en que "las islas y las zonas costeras mediterráneas de España han sufrido una destrucción masiva en la última década, ya que el cemento y el hormigón han saturado esas regiones (...) y todo ello principalmente por la avaricia y la conducta especulativa de algunas autoridades locales y miembros del sector de la construcción que han conseguido sacar beneficios masivos de estas actividades".
¿Qué opinas del urbanismo en España? "He visto urbanismo masivo en Europa, pero lo de España es surrealista", afirma la eurodiputada, quien quiere dejar claro que el informe no sólo hace referencia a la corrupción urbanística, sino más bien al modelo de desarrollo que se ha llevado a cabo en muchas ciudades y costas del país. "La corrupción forma parte de esta situación, pero lo más grave de todo esto es que estas personas que han estado cometiendo un fraude, no han estado trabajando, no han ejercido bien sus competencias y el precio que se está pagando es el colapso del sistema urbanístico español", cuenta esta danesa, que lamenta que muchas áreas del país estén totalmente "minadas" y muchos europeos se vean en la necesidad de acudir a las instituciones europeas.
Desde el partido de Aukel argumentan que "la justicia española se ha mostrado incapaz de tratar con eficacia la inmensa mayoría de los casos de abusos urbanísticos. Los trámites son lentísimos, carísimos, tortuosos y no suelen llegar a entrar en el contenido de las demandas. Casi nunca se actúa con medidas cautelares para evitar la destrucción y las sentencias, si llegan, casi siempre llegan cuando el mal está hecho".
Como detalla el documento presentado ante los eurodiputados, se quiere conseguir "un replanteamiento del urbanismo en España de acuerdo con la legislación europea, como las Directivas Hábitat, Marco de Agua, de contratación pública y la de blanqueo de capitales", y también sugiere que si la situación no mejora, se interrumpan las ayudas financieras que provienen de los fondos europeos: "Se recuerda que la Comisión está facultada por el artículo 91 del Reglamento (CE) nº 1083/20062 a interrumpir la provisión de fondos estructurales, y por el artículo 92, a suspender dicha dotación a un Estado miembro o una región implicada, y a estipular correcciones en relación con los proyectos receptores de fondos que posteriormente considere que no han cumplido plenamente con la normativa que rige la aplicación de los actos legislativos pertinentes de la UE", detalla el texto.
A esta medida, hay que añadir la solicitud que hace la propuesta de Ankel a las autoridades regionales competentes: "una moratoria de todos los planes urbanísticos nuevos que no respetan los criterios rigurosos de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social, y que no garantizan el respeto por la propiedad legítima de los bienes adquiridos legalmente, y que detengan y anulen todos los desarrollos urbanísticos en curso que no han respetado o aplicado los criterios establecidos por el Derecho comunitario, principalmente por lo que se refiere a la adjudicación de contratos urbanísticos y al cumplimiento de las disposiciones en materia de agua y medio ambiente".
En relación a estas posibles resoluciones, Aukel opina que "las instituciones europeas tienen que poner todos los medios con los que cuentan para forzar nuevas acciones que cambien la situación actual y defiendan ante todo los derechos de los ciudadanos europeos".
Este texto, que pasará ahora al Pleno de la Eurocámara para someterse de nuevo a votación y decidir su aprobación definitiva, es el tercer informe sobre el urbanismo en España que elabora la UE a partir de las quejas enviadas por los ciudadanos. Los eurodiputados ya censuraron en 2005 y en 2007 los supuestos abusos de la construcción en suelo español, particularmente en la Comunidad Valenciana y la costa mediterránea, y alertaron de la situación que sufren residentes españoles y europeos.
* SOITU.es - ALMUDENA MARTÍN - 11.02.09
Foto: El hotel Algarrobico, construido en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería) - Reuters
Ocho contratos de la Comunidad para el imputado Ulibarri
ELPAÍS/Madrid* : El empresario José Luis Ulibarri, imputado en la trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón, ha obtenido al menos ocho contratos de obras con la Comunidad de Madrid para construir colegios, parte de la ampliación del metro, uno de los nuevos hospitales y un parque de bomberos.
Ulibarri, nacido en Burgos hace 54 años, es el presidente de Begar Construcciones y Contratas, SA, una empresa de obras que entre abril de 2004 y octubre de 2008 ha resultado adjudicataria de obras por 32.946.195 euros en tres consejerías (Transportes, Educación y Justicia) del Gobierno regional que preside Esperanza Aguirre. También recibió el encargo, junto a otras seis empresas, de construir el hospital Infanta Leonor de Vallecas. Juntas formaron una empresa (hospital de Vallecas, SA), que recibe 15,4 millones de euros de canon anual por el centro hospitalario.
Ulibarri es uno de los 37 imputados por la presunta trama de corrupción que encabeza Francisco Correa. Garzón considera que hay indicios de que los imputados formaron un conglomerado de empresas para obtener fondos de entidades públicas para beneficio propio con "dádivas y sobornos a funcionarios".La empresa de obras de Ulibarri ha construido al menos cuatro colegios y ha rehabilitado otro en Madrid. El juez Garzón señala a esta comunidad como una de las regiones en las que se movía la trama corrupta, que también actuaba en Valencia, donde el empresario burgalés controla cuantiosos negocios de construcción y medios de comunicación, principalmente. En Madrid, José Luis Ulibarri resultó adjudicatario entre 2005 y 2007 de cinco proyectos de la Consejería de Educación que superan los 16 millones de euros.
A principios de 2007 Begar se presentó y ganó frente a otras constructoras la obra del colegio de infantil y primaria Winston Churchill, en Valderribas (Vicálvaro). La oferta de la empresa rebajaba en más de 700.000 euros (de 5 a 4,3 millones) el presupuesto previsto por la Comunidad de Madrid para la obra. Debía terminarlo en 19 meses y construir las 27 aulas que finalmente fueron inauguradas por la presidenta Esperanza Aguirre el pasado octubre. En su nota a los medios de aquel día, la Comunidad destacaba que el centro, que cubre con otro más antiguo la demanda educativa de un barrio nuevo y joven, costó cinco millones de euros. Los mismos que había calculado al principio la Dirección General de Infraestructuras y Servicios de la Consejería de Educación. ¿Qué pasó con los 700.000 euros de diferencia?
Antes de que acabara el proyecto, la constructora de Ulibarri obtuvo una ampliación de contrato del primer concurso, y sin publicidad. En agosto de 2008, Begar Construcciones recibe 787.000 euros más para insonorizar el colegio Winston Churchill. Esta vez por procedimiento negociado, que permite elegir a una empresa sin competencia cuando la cuantía no supera el 20% del presupuesto. El proyecto se amplió, según explicaron ayer desde la Consejería de Educación, para insonorizar el colegio, situado junto a la estación de tren de Vicálvaro. Ésa fue precisamente una de las peticiones que hizo la asociación de padres y madres de alumnos meses antes de que concluyeran las obras, como consta en una carta del AMPA.
Los encargos a la empresa constructora de Ulibarri en la Comunidad de Madrid incluyen otros proyectos, todos adjudicados por concurso abierto y "con los procedimientos legalmente establecidos", asegura un portavoz del Gobierno regional. Begar es una de las firmas que ha construido el hospital Infanta Leonor (Vallecas), inaugurado el pasado marzo. Junto con otras seis empresas, creó la sociedad Hospital de Vallecas, SA. El centro se abrió al público sin la licencia de ocupación que debía otorgar el Ayuntamiento.
También es responsable de la ampliación de la red del metro, otra de las propuestas estrella de Aguirre en la anterior legislatura. Begar hizo la estación de Aviación Española de la línea 10 de Metro (Hospital del Norte- Puerta del Sur) que adjudica Mintra, la empresa que construye el suburbano. Recibió 12 millones de euros por esa obra, inaugurada a finales de 2006. El sello de Ulibarri también está detrás de las obras del parque de bomberos de Navacerrada, obtenido por 4,2 millones de euros.
* ELPAIS.com - P. Á. - Madrid - 13/02/2009
Foto: Obras en la Ciudad de la Justicia de la empresa Begar- L. SEVILLANO, elpais.com
Los movimientos ciudadanos contra el urbanismo salvaje se sienten victoriosos tras el informe del Parlamento Europeo
TELEPRENSA* : En una sesión histórica del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo se aprobó ayer el Informe Auken, un demoledor documento contra el urbanismo salvaje en España. Se rechazaron las enmiendas presentadas por el PP y PSOE español contra el informe y en cambio se admitieron otras enmiendas que han dado aun mayor dureza al texto, muchas de ellas extraidas del informe elaborado por la Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio (CCDT) y otras organizaciones y que fue enviado a todos los europarlamentarios en los dias previos a la presentación de enmiendas.
Se debatía el tema por que más quejas se han recibido de país alguno en el Comité de Peticiones: abusos ciudadanos y medioambientales asociados al urbanismo salvaje en España. En total se han recibido más de 20.000 quejas sobre 186 temas diferentes relacionados con el urbanismo en distintos puntos del territorio.
Jaime del Val comparecía unas semanas atrás como invitado del Comité de Peticiones y peticionario, como portavoz de Salvemos Mojácar, la Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio, Salvemos Las Rozas, Salvemos el Territorio, Reverso y otras organizaciones.
Se debatía el Informe de la parlamentaria Margrete Auken, en el que se piden moratorias urbanísticas y retirada de fondos de cohesión europeos para proyectos urbanísticos. Aunque el informe no es vinculante será una llamada de atención importante para el gobierno español y sus 17 autonomías, que podría posteriormente dar lugar a otras actuaciones vinculantes, igual el que informe Fourtou que el Parlamento Europeo publicó hace tres años, contra la ley valenciana, ha conducido posteriormente a que dicha ley acabe e el tribunal de Luxemburgo por violar el derecho comunitario.
En España no solo se están cometiendo miles de abusos urbanísticos contra ciudadanos españoles y comunitarios, sino que hay una violación sistemática de las normativas europeas de Hábitats y Lugares de Interés Comunitarios, así como de las directivas de aguas, saneamiento o participación ciudadana. Solo en el levante Almeriense se cuentan más de 7 macro proyectos para 17.000 viviendas y 6 campos de golf y numerosos hoteles (entre ellos el Algarrobico) ubicados enteramente en suelo protegido.
Es especialmente grave que se estén financiando con enormes fondos europeos proyectos urbanísticos, como el Algarrobico, que violan numerosas leyes europeas y españolas.
Se trata del primer informe que aborda la problemática del urbanismo salvaje en España en su conjunto, algo de lo que el Comité de Peticiones del parlamento ha cobrado conciencia en buena medida por los informes detallados que se les ha hecho llegar desde Salvemos Mojácar y la Coordinadora Ciudadana en defensa del Territorio en los últimos años, junto con más de una docena de peticiones de índole general.
Un problema que es el más grave, sistémico y endémico del Estado Español, por sus dimensiones medioambientales, sociales (vivienda y abusos), culturales (destrucción sistemática del patrimonio), económicos (haber apostado por el modelo suicida de la construcción ES la causa de la crisis), y politicos (la corrupción generalizada del sistema).
Jaime del Val, en representación de Salvemos Mojácar, la Coordinadora Ciudadana en defensa del Territorio y otras organizaciones exigió a todos los parlamentarios que aprobaran los puntos del texto que hacian referencia a las moratorias urbanísticas, y la retirada de fondos de la Unión Europea para proyectos urbanísticos. Exige también la devolución de todos los fondos que has sido destinados a proyectos, como el Algarrobico, que vulneran la ley europea.
Denuncia también que PP y PSOE se hallan unido contra el informe Auken en su desesperado y despreciable intento de seguir apostando por la especulación y el urbanismo salvaje, cerrándose en banda a reconocer el problema de fondo de España, y apostando por agrandar el agujero en el que nos han metido, en vez de sacarnos de él con un cambio radical de modelo económico, que en ningún caso se está poniendo en marcha.
El modelo suicida de economía hipercentrada en el ladrillo es lo que ha causado la crisis especialmente grave que se cierne sobre España con un 16% de desempleo. Por ello hace falta un cambio radical y urgente de modelo económico.
Desde la Coordinadora Ciudadana en defensa del Territorio exigen 90 medidas de choque contra el urbanismo salvaje. VARIAS DE ELLAS HAN SIDO INCLUIDAS EN LAS ENMIENDAS APROBADAS DEL INFORME AUKEN EN LA SESIÓN DE AYER.
* Teleprensa - Almería - 12.02.09
Foto: Movilización de organizaciones ecologistas - teleprensa.es
Garzón asegura que Correa sobornó a cargos públicos de la Comunitat Valenciana y Madrid
LEVANTE* : El juez explica en las diligencias del caso que los imputados se nutrían de fondos de entidades públicas a través de un conglomerado de empresas y advierte de que está investigando sus identidades y cargos "al objeto de tomar las decisiones que correspondan en derecho".
El juez Baltasar Garzón asegura que Francisco Correa lideraba un grupo organizado que creó un conglomerado de empresas para nutrirse de fondos públicos mediante el soborno a funcionarios y autoridades de consistorios y Consejerías de la Comunidad de Madrid y la Comunitat Valenciana, cuya identidad ahora investiga.
Así lo explica el magistrado en el auto en el que ayer acordó el ingreso en prisión incondicional de Correa -del que dice que trató de huir el día 7 a un país centroamericano- y de dos de sus más estrechos colaboradores en esta trama, su primo Antoine Sánchez y Pablo Crespo, secretario de organización del PP gallego hasta 1999.
El juez anuncia en esta resolución que se está investigando la "identidad y cargos" de esos "funcionarios y autoridades públicas" que recibieron "dádivas y sobornos", "al objeto de tomar las decisiones que correspondan en derecho".
Según lo investigado en las diligencias 275/08, "en la causa existen indicios suficientes de que los imputados, en unión de otros, establecieron un conglomerado de empresas para nutrirse de fondos de entidades públicas, en particular en algunos Ayuntamientos y Comunidades Autónomas", principalmente de la Comunidad de Madrid y la Comunitat Valenciana "para obtener un beneficio propio".
Se trata, según Garzón, de "un grupo organizado de personas y empresas", liderado por Correa del que forma parte "en inmediata relación de jerarquía" Pablo Crespo, Antoine Sánchez y "otros imputados en esta causa".
Por todo ello les imputa delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, fraude fiscal, "varios delitos" de falsedad, "múltiples delitos" de cohecho y "diversos delitos" de tráfico de influencias.
La principal finalidad de este grupo "a lo largo del tiempo, y, como mínimo en los últimos 10 años, "ha sido "captar negocios" y "fondos" en la Comunidad de Madrid y la Comunitat Valenciana, a través de ese conglomerado empresarial, expone el juez.
Sobre esa estructura nacional -añade- "se superpone una estructura internacional integrada por sociedades constituidas en Inglaterra y Holanda que participan en el capital de las sociedades patrimoniales constituidas en España".
Estas sociedades radicadas en el extranjero "son a su vez participadas por entidades creadas en paraísos fiscales", lo que permite a este conglomerado "incorporar fondos a las sociedades patrimoniales ubicadas en España mediante las aportaciones" de las empresas ubicadas en Inglaterra y Holanda.
Todo ello lo enmascaraban "como ampliaciones de capital", aunque "en realidad" los fondos procedían de "sociedades matrices" de la Antillas Holandesas, Islas del Canal y otros territorios "offshore".
El diseño de esta estrategia de ocultación, según el juez, ha permitido a Correa el control de este entramado societario "sin que él figurara", mediante la constitución de sociedades por medio de testaferros a través de los despachos de asesoramiento jurídico y fiscal con relaciones con paraísos fiscales.
Así, para Garzón "consta indiciariamente acreditada la defraudación fiscal y el movimiento de dinero en el extranjero" para colocarlo en paraísos fiscales y cómo "para disfrazar" las dádivas entregadas "no dudaron en alterar y falsificar documentos"·
Al frente de sus empresas en España, Correa puso a Crespo,aunque él era el que daba "instrucciones al resto de integrantes de la organización".
Por su parte, Antoine Sánchez "es pieza clave en la estrategia de desvinculación de Correa de las sociedades gestionadas en el despacho de uno de los imputados".
El juez relata que "el detonante" que activó el pasado viernes la operación "Gürtel" fue el riesgo de fuga de Correa, que planeaba salir de España el día 7 tras un acto en Barcelona con ayuda de Crespo.
Además, la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UCDEF) había advertido en un informe, el pasado día 3, que "quedaba constatado el nerviosismo de Pablo Crespo "al dar órdenes a otros miembros de la organización para que guardaran las cosas y escondieran otras".
De hecho, la organización disponía de un piso de seguridad en la calle madrileña de Martínez Campos en el que vivía "una persona de su confianza y trabajador en una de sus empresas" en el que guardaron "documentos sensibles" que sacaron de una sede de una de sus empresas de Serrano.
* Levante-EMV - EFE - 12.02.09
Foto: Audiencia_nacional - google
Patrimonio rechaza el Pepri del Albaicín por tener numerosos errores y propuestas "descabelladas"
EUROPAPRESS/Granada* : La Comisión Provincial de Patrimonio dictó hoy un informado desfavorable al Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) del Albaicín presentado por el Ayuntamiento de Granada, al considerar que tiene numerosos errores y propuestas "descabelladas", como la proyección de varios hoteles o un aparcamiento de dos plantas de sótano en la Muralla de la Alberzana.
Así lo indicó hoy en rueda de prensa el delegado de Cultura de la Junta en Granada, Pedro Benzal, quien informó de que que el Ayuntamiento tendrá que subsanar errores en todos los apartados del documento y aludió a numerosas contradicciones, como la inclusión de fichas de edificios que ya se han destruido o la ausencia de otros que aún existen.
En general, la comisión considera en su informe que las intervenciones propuestas en el Albaicín --declarado por la Unesco Patrimonio de la Humanidad-- modifican "sustancialmente" la trama histórica y tradicional del barrio y van "en contra" de la protección y conservación del conjunto artístico.
Entre estas intervenciones se encuentran la eliminación de edificaciones catalogadas en el Plan Especial vigente, la ocupación de algunas parcelas y la propuesta de cambiar el trazado de la carretera de Murcia para realizar una rotonda "sin justificación" que afectaría "gravemente" a parte de la ladera de la muralla nazarí.
La comisión califica de "agresivas" algunas de las propuestas de la Gerencia de Urbanismo para mejorar la accesibilidad a la zona, como la creación de nuevas vías previstas en el Sacromonte -que no se podrán efectuar en los términos presentados-- y el ensanchamiento de carreteras que afectan a elementos de interés patrimonial.
Así, Benzal criticó que se proponga la construcción de un aparcamiento de dos plantas de sótano en la Muralla de la Alberzana, cuando "existe un proyecto de recuperación urbana del entorno de la muralla que está en ejecución y que no contempla este espacio".
Los expertos también consideraron que los ámbitos de protección arqueológica recogidos en el documento no son los adecuados, puesto que "dejan fuera" del nivel integral zonas como la puerta y tramo de la muralla en Puerta Elvira, los baños árabes de la casa de las Tumbas y otras partes del recinto amurallado.
También se detectan "numerosas" confusiones en la terminología y errores en los planos adjuntados, según comentó el delegado que "tendió la mano al Ayuntamiento" para fijar un calendario de trabajo y subsanar los errores del documento, una vez que se pronuncie antes del 15 de marzo la Dirección General de Bienes Culturales.
Benzal dijo haberse sentido en los últimas días "presionado y descalificado" por la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, y el alcalde de la capital, José Torres Hurtado (PP), pese a que su departamento siempre ha sido "muy respetuoso" con el Ayuntamiento.
Argumentó el rechazo a las reuniones solicitadas en las últimas semanas por Nieto para estudiar el plan en que "lo único que procedía" tras ser remitido a Cultura era el pronunciamiento de Patrimonio y aclaró que deberá ser el Ayuntamiento y no su departamento el que deberá rehacer el documento.
Consideró que un asunto "tan importante para la ciudad de Granada" debería haber sido consensuado con los grupos de la oposición, mostrándose a favor de muchas de sus alegaciones, así como con los vecinos de la zona y las asociaciones interesadas en el patrimonio de la capital.
"A pesar de las descalificaciones, yo le tiendo la mano al Ayuntamiento para colaborar como se ha hecho en los jardines del Salón", aclaró Benzal, que recordó respecto a este último proyecto que si la Gerencia de Urbanismo no entrega antes del próximo 6 de marzo la memoria de usos no podrá comenzar los trabajos previstos, pues la Comisión de Patrimonio condicionó su informe favorable a la entrega de este documento.
Por otra parte, la Comisión Provincial de Patrimonio ha informado favorablemente a la solicitud de cambio de uso para el inmueble de Emasagra en la calle Molinos que fue solicitado por el Ayuntamiento.
Concretamente, se ha dado el visto bueno al cambio de uso para dos parcelas de transportes e infraestructuras a residencial familiar aislada y plurifamiliar en manzana cerrada, lo que está condicionado a que los respectivos proyectos de obras de adecuación sean autorizados previamente por la Consejería de Cultura.
* Europa Press - 12.02.09
Foto: Granada, Albaicin - wikipedia.org
Greenpeace hace 'desaparecer' El Algarrobico para denunciar que Medio Ambiente frena su expropiación
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ELPAÍS/Almería* : Sesenta activistas de la ONG Greenpeace han comenzado unos minutos después de las 07.00 de la mañana a cubrir el hotel El Algarrobico (Carboneras, Almería) con una tela de unos 18.000 metros cuadrados como señal de protesta por la "pasividad" del Gobierno en la expropiación de los terrenos de playa sobre los que se ha levantado el mastodonte de 20 plantas.
Junto a la tela que poco a poco está tapando la fachada del complejo, escaladores de la organización ecopacifista han colgado una pancarta con el lema "Parque natural sin hotel ilegal", mensaje este que también mostrarán dos zodiacs desde el mar. Hasta el lugar se han personado efectivos de la Guardia Civil que, por el momento, han identificado a algunos de los activistas sin frenar la protesta, informan fuentes de Greenpeace.
La ONG asegura en un comunicado haber tenido acceso a un informe encargado por el Ministerio de Medio Ambiente a la Abogacía del Estado para ver cómo la sentencia de nulidad del permiso de obras fallada en septiembre afectaría al proceso de expropiación. Según Greenepeace, el informe "aboga por abandonar el proceso de expropiación" sin ningún argumento jurídico de peso.
El expediente de expropiación de los terrenos e inmuebles en el paraje de El Algarrobico, de la empresa Azata el Sol, fue publicado en el BOE el 28 de marzo de 2006 tras el freno a las obras por orden judicial. Sobre la construcción del polémico hotel pesan 12 pronunciamientos judiciales en contra por vulnerar la Ley de Costas. Esta fija de forma general una zona protegida de 100 metros. El Algarrobico está levantado a unos 28 metros de la línea de mar.
"A pesar de todas las sentencias sobre la ilegalidad del hotel de El Algarrobico, el Ministerio que se supone debe defender el Medio Ambiente ha decidido paralizar la recuperación de los 100 primeros metros de playa" ha declarado Pilar Marcos, responsable de la Campaña de Costas de Greenpeace, desde la playa del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar donde se encuentra el hotel. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Almería dictó la nulidad de la licencia de obras de El Algarrobico el 5 de septiembre de 2008. El titular del juzgado halló entonces indicios de delito en la actuación de las administraciones.
La empresa propietaria, Azata el Sol, ha anunciado ya que denunciará a Greenpeace por el "asalto" e "invasión" del edificio, informa Efe.
* ELPAIS.com - 12/02/2009
Foto: Una zodiac de Greenpeace con la pancarta "Parque natural sin hotel ilegal" protesta contra el hotel El Algarrobico al fondo semicubierto- Greenpeace
El Parlamento Europeo critica el urbanismo salvaje de España y amenaza con suspender las ayudas
PÚBLICO/Bruselas* : La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE), con la oposición de los eurodiputados españoles del PP y el PSOE, ha aprobado un informe en el que critica con dureza la "urbanización masiva" en España y en el que sugiere suspender las ayudas de la UE al país en caso de que no se remedien los problemas.
El texto de la eurodiputada danesa Margrete Auken (Los Verdes) ha salido adelante con 23 votos a favor, 11 en contra y 1 abstención y pasará ahora al Pleno de la Eurocámara, que lo someterá a votación el próximo mes de marzo para su aprobación definitiva. Finalmente, las principales enmiendas planteadas por el PP y el PSOE para suavizar el informe fueron rechazadas por el resto de parlamentarios, que sí aprobaron otras que hacen aún más contundente la crítica.
"El PSOE y el PP españoles se han quedado aislados, marginados. Sus argumentos no convencen a nadie, porque hay miles de ciudadanos que han visto los abusos urbanísticos, los impactos ecológicos de este modelo", ha destacado tras la votación el eurodiputado verde español David Hammerstein, compañero de grupo de la ponente Auken.
Las dos principales fuerzas españolas habían presentado un buen número de enmiendas similares para tratar de eliminar del informe algunos de los puntos más críticos, entre ellos el llamamiento a la Comisión Europea y al PE para que suspendan las ayudas a España procedentes de fondos regionales y de cohesión si el desarrollo urbanístico viola normas europeas. Sin embargo, los votos de socialistas y populares de otros países decantaron la balanza a favor de la línea más crítica, que denuncia la "destrucción masiva" en las islas y zonas costeras mediterráneas a través del "cemento y el hormigón" y las "ganancias excesivas" del sector de la construcción durante los años de expansión económica.
Corrupción endémica
La Comisión de Peticiones considera que en España se "ha generado una forma endémica de corrupción" a causa de la falta de claridad y de aplicación adecuada de las normas sobre propiedad individual y respeto del medio ambiente. Además, los eurodiputados expresan en el informe su "preocupación" por las "dificultades" que, a su juicio, han encontrado las autoridades judiciales para hacer frente a las repercusiones de la "urbanización masiva" y consideran "alarmante la falta de confianza generalizada" en el sistema legal expresada por los cientos de ciudadanos que han protestado ante el PE.
Finalmente, ha quedado fuera del texto la petición de una "moratoria" de los planes urbanísticos sin garantías, pero se llama a las autoridades españolas a que "revisen y controlen" todas las nuevas planificaciones que "no tienen en cuenta los criterios de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social".
El eurodiputado de IU Willy Meyer ha conseguido incluir enmiendas en las que se califica el modelo urbanístico español de "expoliador de los bienes culturales" y en las que se considera que las altas previsiones de desempleo y el aumento de la deuda pública son "consecuencias" de ese modelo. También a propuesta de Meyer, la Comisión de Peticiones insta Gobierno español a abrir un debate público con todas las administraciones para "tomar medidas legislativas contra la especulación y el desarrollo insostenible".
* Público - EFE - Bruselas - 11/02/2009
Foto: Parlamento europeo, Strasbourg - Cédric Puisney, wikipedia.org
Garzón investiga los vínculos de la red con un 'pelotazo' en Castellón
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ELPAÍS* : El juez Baltasar Garzón ha imputado al constructor José Luis Ulibarri, que aparece en múltiples conversaciones grabadas donde el cabecilla de la supuesta red corrupta, Francisco Correa, le cita para hablar de grandes pelotazos urbanísticos cuyos beneficios se iban a repartir a medias.
Correa llega a comentar que en la adjudicación de una parcela en Boadilla del Monte a una empresa de Ulibarri se ganó una comisión. "Le he vendido mi barco a Ulibarri. En la parcela de Boadilla me ha dado unas pesetas por la parcela. Debemos ayudarle. Me interesa seguir haciendo negocios cuatro años en Boadilla", señala.
También habla de Ulibarri para comprar unos terrenos en un municipio alicantino y lograr unas plusvalías de "12.000 kilos". El proyecto no cuajó.
En la denuncia sobre la red corrupta también aparece un supuesto pelotazo en Xilxes (Castellón) que sí parece haberse consolidado. La empresa UFC, propiedad de Ulibarri, forma parte del accionariado de Xilxes Golf Resort. La sociedad presentó un programa para construir, sobre 1,7 millones de metros cuadrados, un campo de golf y 6.500 viviendas. El suelo afectado era, en su totalidad, rústico pero fue recalificado como urbanizable, al margen de las áreas reservadas como zona verde y suelo terciario.
El Plan de Actuación Integrada (PAI) pasó la tramitación y obtuvo el informe positivo sobre la declaración de impacto ambiental de la Consejería de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana. En mayo pasado, la Comisión de Urbanismo, que es la que ha de dar el último aprobado a los proyectos y que depende del Gobierno de Francisco Camps, dio el visto bueno a la actuación aunque requirieron al Ayuntamiento para que realizara unas correcciones sobre la necesaria reserva de suelo para la construcción de viviendas de protección oficial y modificaran un aspecto de los accesos.
Aunque entonces fuentes del departamento calificaron las modificaciones de "no muy importantes", ayer se afanaron en señalar que el proyecto no tiene la aprobación definitiva, ya que ha de volver a pasar por la Comisión de Urbanismo. En cualquier caso, el aprobado, con condiciones, de la comisión se realizó pese a la existencia de un informe negativo de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que señaló que no estaban garantizados los recursos hídricos para este desarrollo. Como en otras ocasiones, la Generalitat Valenciana consideró que los informes de la CHJ no son vinculantes.
El informe favorable a este PAI se incluyó en la primera tanda de resoluciones positivas que adoptó el Gobierno valenciano en 2008, después de que el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, constructores y empresarios del golf, entre otros, arremetieran contra el Ejecutivo valenciano por los supuestos retrasos en la aprobación de programas urbanísticos.
La sociedad que inicialmente, en 2004, presentó el proyecto estaba formada por promotores de la Comunidad Valenciana. Sin embargo, en 2006 comenzó a moverse el accionariado ya que algunos de los socios de Xilxes Golf Resort optaron por adquirir otra sociedad, Costa Malvarrosa, que había presentado una propuesta colindante a la primera, de 1,2 millones de metros cuadrados, otras 4.500 viviendas y un campo de golf.
El visto bueno de la Generalitat Valenciana, en mayo de 2008, se realizó de manera conjunta. Fue poco después cuando parte de los promotores se salió de Xilxes Golf Resort y entró UFC. La relación entre ambas sociedades llegó a través de Andrés Selma, un empresario inmobiliario que participa en grupos de comunicación con José Luis Ulibarri, presidente de UFC. Ambos, Ulibarri y Selma, son socios mayoritarios de Mediamed, firma concesionaria de 13 licencias de Televisión Digital Terrestre (TDT) en la Comunidad Valenciana.
* ELPAIS.com - M. FABRA / F. MERCADO - Castellón / Madrid - 11/02/2009
Foto: Xilxes (Castellón), playa - mma.es
Juzgan a un ex alcalde y a cinco ex concejales populares de Bueu por un presunto delito de prevaricación
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LAVOZ/Pontevedra* : Los criterios de la comisión de gobierno de la época en que el popular Tomás Barreiro fue alcalde de Bueu (1999/2002) centraron ayer una vista en Pontevedra por presunta prevaricación en asuntos urbanísticos.
La fiscala pide diez años de inhabilitación para el ex regidor y cinco ex ediles, y el pago las costas, a las que la acusación particular añade el abono de una multa por las cantidades que el Concello dejó de percibir en los expedientes bajo sospecha. El defensor solicitó la absolución.
Se enjuiciaron siete resoluciones sobre expedientes variados: un gallinero, varios muros, garajes y áticos. La denuncia la presentaron la ex edila socialista Aurora Cerviño y otro vecino.
La fiscala y la acusación particular aseguran que la comisión rebajó las sanciones por debajo del límite mínimo marcado por ley para las infracciones urbanísticas graves. Añaden que los informes técnicos señalaban que las obras no eran legalizables, que el secretario lo advirtió y por lo tanto no se las podía atenuar tratándolas de leves. En las resoluciones, se dejó la calificación de grave en casi todos los casos, aunque se les aplicó una sanción menor al margen fijado para infracciones graves.
Los ex miembros de la comisión apelaron a razones sociales, técnicas y la costumbre para justificar sus acciones, lo que no convenció a la fiscala, que las tachó de arbitrarias. La defensa negó la discrecionalidad y resaltó que ni Xunta ni Subdelegación del Gobierno reprocharon ilegalidad alguna cuando revisaron los acuerdos de la comisión.
* La Voz de Galicia - M.G. - 11.02.09
Foto: Bueu (Pontevedra) - farodevigo.es
"Ahí llevas, cuéntalo Juanico"
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ELPAÍS/Almería* : El próximo lunes el ex alcalde socialista de Ohanes, Juan Francisco Sierra, declarará como imputado por un presunto delito de cohecho y coacción tras la denuncia presentada por un promotor y constructor que asegura haber pagado al que fuera primer edil de la citada localidad almeriense para obtener determinados permisos urbanísticos.
Un vídeo supuestamente grabado en 2005 en casa del promotor y que la Fiscalía de Almería tiene en su poder desde el pasado 5 de diciembre aporta pruebas de este hecho. En concreto, según consta a la Fiscalía, Sierra -que dimitió el pasado 12 de enero argumentando motivos de salud- habría pedido al promotor inmobiliario el pago de contraprestaciones económicas para la concesión de licencias de primera ocupación para 25 viviendas construidas en el término municipal. Esta conducta, prolongada en el tiempo según el denunciante, habría ido acompañada de obligaciones que se habrían impuesto al denunciante para conseguir los citados permisos.
La Fiscalía remitió a mediados del pasado mes de diciembre al Decanato de los juzgados de Almería una denuncia contra el ex alcalde de Ohanes, en la que solicita la práctica de diligencias, entre ellas la toma de declaración en calidad de imputado, por los presuntos delitos de cohecho continuado y coacciones a un promotor inmobiliario.
En la grabación, dada a conocer ayer por el PP Andaluz desde Málaga, se ve cómo el ex alcalde acepta dinero en un sobre de manos del empresario. En el vídeo, el ex alcalde dice al empresario de forma tajante que él le concederá las licencias urbanísticas e incluso asegura sin tapujos que piensa presentarse y ganar las próximas elecciones y que empadronaría "a 50 personas" si fuera necesario para cumplir sus objetivos.
El secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, pidió ayer explicaciones al Ministerio Público sobre lo sucedido con el que fuera alcalde de Ohanes bajo las siglas socialistas. "Desde el PP consideramos que el fiscal general del Estado debería explicar qué actuaciones se han acometido desde principios de diciembre, porque ya han pasado muchos meses, y qué actuaciones ha llevado a cabo la Fiscalía, en relación con este asunto. Muchos ciudadanos pueden pensar que existen dos varas de medir", afirmó Sanz.
"Este alcalde ha dimitido como alcalde del PSOE, pero lo ha hecho después de que estos hechos se pusieran en manos de la Fiscalía. Los hechos se remontan al 5 de diciembre del 2008 cuando se produce una denuncia por parte del empresario ante Fiscalía, aunque el pleno de la dimisión de este alcalde no se celebra hasta el 12 de enero de 2009, pleno en el que no se deja intervenir a ningún miembro de la oposición y donde se alega su dimisión por motivos de salud y el traslado de trabajo como funcionario de la Junta de Andalucía en Medio Ambiente", explicó ayer Sanz.
En medio del cruce de reproches entre los dos principales partidos, el responsable de comunicación de la ejecutiva provincial del PSOE, Joaquín Jiménez, se refirió ayer al asunto: Nuestra única valoración es que la Justicia tiene que trabajar. Supimos por ustedes que fue imputado y también hemos sabido que ha sido llamado a declarar la próxima semana y también lo hemos sabido por ustedes. Yo creo que lo importante es que la Justicia está trabajando y tendrá que tomar las medidas que tenga que tomar. Esto es un Estado de derecho, afortunadamente".
La prueba de una corruptela
Promotor. Juanico, no digo nada. En tus manos me encomiendo. Ahí llevas, cuéntalo... Tenía que haber veintiocho.
Sierra. Te habrás equivocado o lo que sea.
P. Pues 1.000 euros te tengo que dar. Lo único que te digo, que tengas cuidado si a alguien más le has podido pedir algo.
A. Que al final nadie se cree... Si coges malo y si no coges peor. Yo lo más probable es que me presente para las próximas.
P. Lo que hay es para desarrollarlo en el tiempo que estés tú.
A. No, eso está claro. Las licencias, las licencias te las voy a dar yo. Puede ser que tarden dos meses, tres meses, que ya está. No creo que se tarde más.
P. Que aunque es dinero negro yo tengo que rendirle cuentas también a estos.
A. Nosotros, hombre a las pruebas... A la mejor amiga le vamos a sacar muchos votos al paro, entiendes, muchos. Entonces, si digo de censar 50 personas las censo.
* ELPAIS.com - M. J. LÓPEZ DÍAZ - Almería - 10/02/2009
Foto: Ohanes (Almería) - andaluciarustica.com
El urbanismo salvaje gana terreno en el interior de la provincia
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LAOPINIóN/Málaga* : Marbella es el ejemplo de lo que puede hacer con una ciudad el urbanismo desaforado. La masificación que sufre la Costa del Sol es evidente en todas y cada una de las localidades del litoral, aunque en los últimos años el interior ha ganado terreno en estas prácticas.
Si en la franja costera la mayor parte de los casos estaba relacionado con grandes urbanizaciones ilegales, en el interior de la provincia lo habitual es la construcción de casas irregulares sobre terrenos calificados en la ley como rurales.
Tanto el coordinador de la sección de Medio Ambiente de la Fiscalía, Juan Calvo-Rubio, como el fiscal jefe de Málaga, Antonio Morales, reconocen que esta tendencia se ha dado en los últimos años. "El interior gana terreno. Son otro tipo de casos. En la Costa del Sol eran las grandes urbanizaciones y en el interior son las pequeñas casitas, que no es que no hagan daño. Muchas veces se piensa que eso no hace daño, el problema es que todos queremos hacernos una pequeña casita y cuando salimos al campo no es lo mismo. Hay bastantes más del interior que del litoral", reflexiona Calvo-Rubio.
Para Morales, "estos delitos son muy graves y permanecen en el tiempo. La Fiscalía va a seguir siendo beligerante en la lucha contra estos ilícitos y, de hecho, se está pidiendo la demolición de las construcciones irregulares en todos los escritos de acusación. Por cierto, éstas son muy efectivas".
Antonio Morales también entiende que la Sección de Medio Ambiente está funcionando muy bien y ya "está consolidada. Ahora de lo que se trata es de apoyarla y profundizar en la materia, pero los cimientos son muy firmes y el área es muy eficaz". También expresa un deseo: "Lo ideal sería que pronto hubiera otro fiscal más en Medio Ambiente".
Otra paradoja que destaca Morales es la siguiente: "Lo lógico después de tantas condenas por delitos contra la ordenación del territorio es que se cometieran menos infracciones urbanísticas, pero cada vez hay más diligencias previas".
La permanencia en el tiempo de estos delitos es evidente: sólo basta coger el coche y darse una vuelta por algunos pueblos del Valle del Guadalhorce.
* La Opinión de Málaga - J. A. SAU - 10.02.09
Foto: Axarquía (Málaga), diseminados - laopiniondemalaga.es
Garzón eleva a 37 los imputados en la trama de corrupción en Madrid y Valencia
ELPAÍS* : El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha levantado parcialmente esta mañana el secreto de sumario de la red de corrupción vinculada al PP que destapó el pasado viernes. En un auto notificado hoy y a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, el magistrado imputa en la causa a 34 personas, entre las que se encuentra el ex alcalde de Boadilla, Arturo González Panero (PP); el ex alcalde de Majadahonda y hasta ayer gerente del Mercado Puerta de Toledo -cargo dependiente del Gobierno de Madrid-, Guillermo Ortega (PP); y el ex consejero delegado de Repsol y administrador de Rústicas MBS, José Ramón Blanco Balín.
El juez les imputa los presuntos delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal, tráfico de influencias y cohecho, pero no el de asociación ilícita, en contra de la petición del fiscal.
A los 34 imputados de hoy hay que sumar los tres detenidos el pasado viernes y que ayer comparecieron ante Garzón. Son el empresario Francisco Correa Sánchez, habitual organizador de actos del PP hasta que Mariano Rajoy prescindió de sus servicios en 2003 y amigo de Alejandro Agag; Pablo Crespo Sabaris, secretario de Organización del PP gallego hasta 1999 y hombre de confianza del dirigente popular ya fallecido Xosé Cuiña; y el empresario Antoine Sánchez, administrador de la constructora Catalunya Nord Recor y de Inversiones Kintamani, dos empresas implicadas.
En la lista de imputados no está el ya ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo, que ayer presentó a Esperanza Aguirre su dimisión después de que su nombre fuera relacionado con la trama. López Viejo fue responsable en 2003 de las escenografías electorales de la presidenta de Madrid, que montaba la compañía Special Events, regida por Correa.
Las declaraciones, entre mañana y el 5 de marzo
Tampoco lo está Benjamín Martín Vasco, diputado del PP que ha sido designado presidente de la comisión de investigación sobre la otra trama que afecta a Madrid, la crisis de los espías. PSOE e IU le han pedido hoy que renuncie tras revelar la cadena SER que Isabel Jordán, una de las detenidas en el marco de la operación Gürtel (correa en alemán) abierta por la Audiencia Nacional, afirma en las grabaciones en poder del juez que Martín Vasco cobró 30.000 euros del entramado de empresas de Francisco Correa.
Los que sí figuran son responsables de la empresa Orange Market, Álvaro Pérez Alonso, detenido anoche en Valencia; Ramón Blanco Balín, ex consejero delegado de Repsol; María del Carmen Rodríguez Quijano, esposa de Correa y ex jefa de gabinete del ex alcalde del PP en Majadahonda; y Felisa Jordán, detenidas ambas el pasado viernes y puestas en libertad por la Policía. Ambas, junto a una tercera -Carmen Luis Cerezo-, serán mañana las primeras en comparecer a partir de las diez de la mañana ante Garzón, que tiene previsto interrogar a todos los imputados en grupos a partir de mañana y hasta el 5 de marzo.
Después de esta primera toma de declaración, el juez decidirá también por la tarde si acuerda el ingreso en prisión de Correa, Crespo y Sánchez tras haber prorrogado ayer su detención a petición de las fiscales Anticorupción, Miriam Segura y Concha Sabadell, para la práctica de nuevas diligencias. Mañana también podría ser puesto a disposición judicial el último detenido en esta operación, Álvaro Pérez Alonso, conocido como el bigotes. Para notificar el auto con estas nuevas imputaciones, Garzón ha alzado parcialmente el secreto de sumario de la causa, en la que ayer abrió también una pieza separada para investigar las filtraciones a los medios de comunicación.
* ELPAIS.com - JOSÉ YOLDI - Madrid - 10/02/2009
Denuncian la ley del gobierno central que permite la compra-venta de viviendas en la costa
ECOLOGISTASENACCIÓN* : El mecanismo por el que se ha modificado la efectividad de la ley de Costas (modificación de la Ley de Navegación sin pasar por el Consejo de Estado ni Pleno de Congreso) es un claro indicio de la falta de transparencia en la actual gestión medioambiental. La nueva Ley de Navegación Marítima deja en entredicho la Ley de Costas (1988) ya que ahora las viviendas que ocupan zonas de dominio público marítimo terrestre, construidas antes de dicho año, pueden seguir siendo objeto de explotación y negocio.
Desde la entrada en vigor de la Ley de Costas en el año 1988 hasta el día de hoy, se ha efectuado el deslinde del 83% de la costa, aunque realmente comenzó a efectuarse de manera efectiva dicho deslinde con la ex ministra Cristina Narbona en 2004, proceso que poco a poco se ha ido viendo mermado.
Para los ecologistas, ahora con más descaro este gobierno pone de manifiesto su falta de interés por el medio ambiente y por las costas. Y es que a pesar de las limitaciones de la Ley de Costas el grado de artificialización de la costa canaria sigue aumentando, además con precedentes de distinto rasero en su aplicación, ya que los centros comerciales y los hoteles ilegales no cuentan con la misma “penalización” que los barrios y viviendas, de esta forma, esto hace que todavía existe menos legitimidad por el estado para ordenar y “proteger” la costa y el litoral.
Son muchos los afectados que apoyan y aplauden esta nueva enmienda, probablemente no sean conscientes de el coste ambiental y económico que supone la “legalidad” de sus viviendas. Viviendas situadas en domino público para disfrute privado, con inversión pública para mantener la playa. Y es que los problemas que trae consigo una regeneración son innumerables, además de afectar a numerosos ecosistemas, cada vez más vulnerables ante efectos antrópicos como el cambio climático, con este contexto de incremento del nivel del mar hay que empezar a retranquear las construcciones costeras, eliminando aquellas más cercanas al nivel del mar, para adaptarse a un nuevo escenario que en unas décadas será bastante patente.
Es por ello que desde Ben Magec-Ecologistas en Acción se exige que se aplique la Ley de Costas, eliminando las construcciones costeras y se evite la ocupación del litoral. Ya que esta nueva medida que no va a lograr sino generar una serie de problemas ecológicos en cadena y va a hacer necesaria una fuerte inversión pública en todo el litoral, dinero, que precisamente, en los tiempos que corren, no sobra.
* Ecologistas en Acción de Canarias - 9.02.09
Foto: ecologistasenaccion.org
'Caso Faycán': Un millón en comisiones
CANARIAS7/Telde* : El juez del caso Faycán concluye en el auto con el que da carpetazo a la instrucción que el ex alcalde Francisco Valido, los ex ediles del PP, Antonia Torres y Carmelo Oliva, y el interventor municipal, Enrique Orts, idearon una trama ilegal para financiar al PP, pero el dinero acabó en sus bolsillos. Llegaron a moverse casi un millón de euros en comisiones ilegales en tres años.
La presunta trama de corrupción municipal que investiga el llamado caso Faycán tenía un núcleo duro. El juez Francisco Javier García sitúa al frente de la orquesta al ex alcalde por el PP, Francisco Valido Sánchez, quien en supuesta connivencia con la ex edil de Obras, María Antonia Torres, el ex de Hacienda, Carmelo Oliva, y el interventor municipal, Enrique Orts, hoy en día apartado provisionalmente de sus funciones, pergeñó un sistema que tenía por cometido inicial la financiación ilícita del PP en el periodo 2003-2006, pero que, como admite el propio magistrado en un auto con el que cierra la instrucción, derivó en una trama para pasar el dinero obtenido a los bolsillos, al «peculio privado», de los cabecillas, de varios ex concejales como María del Carmen Castellano, del ex asesor Francisco Gordillo, y de 2 técnicos municipales, Jorge Rodríguez y Esteban Cabrera. Se llegaron a percibir casi un millón de euros en comisiones ilegales.
Tres años de instrucción.
Francisco Javier García llega a esas conclusiones en el auto del 6 de febrero pasado con el que pasa las diligencias previas del sumario a procedimiento abreviado, lo que en la práctica equivale a cerrar la instrucción tras más de tres años de investigación y, de paso, viene a confirmar los plazos que ya avanzó este periódico. El juez disecciona la supuesta trama para el cobro de comisiones ilegales en un escrito de 24 páginas en el que detalla el modus operandi y justifica los indicios de los que dispone para procesar a 38 personas frente a los 47 imputados que llegó a contabilizarse. Ahora pasan a ser procesados, según, entre otras, la sentencia 828/2008 del Supremo.
En esencia, la clave de la trama estaba en la alteración del sistema de pagos del consistorio. Con el concurso imprescindible del interventor municipal, marido a su vez de Torres, que actuó de facto como tesorero, el gobierno de Valido se saltó el orden de pagos que fija la ley y creó supuestamente un nuevo sistema que facilitaba adelantar los abonos a las empresas que el juez llama de confianza y a las que se les solían adjudicar obras por procedimiento negociado y sin publicidad en contratos que no superaban los 60.000 euros a cambio de comisiones que oscilaban entre el 6 y el 20%. El ex asesor de Torres, Francisco Gordillo, alertaba a la empresa de cuándo iba a cobrar para que así hiciese su aportación. Y en otros casos, como con Mazotti, se le pasaba antes el pliego.
Con el auto del día 6 el juez del caso Faycán da traslado de todas las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas para que en un plazo de 10 días presenten sus escritos de calificaciones. Empieza la cuenta atrás para el juicio.
Clave, la ferretería.
Por lo que aparece en el auto, la trama llegó a manejar casi un millón de euros en comisiones ilegales. La empresa que supuestamente más aportaba a la causa era la ferretería de Las Huesas (Felipe y Nicolás Ojeda), que daba un 20%. En total, aportó 269.050 euros. El Grupo Europa repartió 240.000 euros, Mazotti hizo un pago único de 180.000 y Dragados, otro de 60.000. El resto aparece muy fraccionado.
* Canarias 7 - G.F. / J.Q. / T.A. - 9.02.09
Foto: Telde, registro caso Faycán - Teldeactualidad
El TSJA anula la licencia al hotel Guadalpín nueve años después de que Gil la concediera
SUR/Málaga* : Nueve años han sido necesarios para que la licencia de obras del hotel Guadalpín de Marbella quede anulada por exceso de edificabilidad. Después de casi una década de pleitos los vecinos y la Junta de Andalucía han conseguido que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) les de la razón y considere que la licencia, concedida a la mercantil Confira el 14 de abril de 2000 con Jesús Gil como alcalde, «no fue ajustada a derecho».
Según la sentencia, a la que tuvo acceso SUR, «la validez o invalidez de las licencias no se resuelve conforme a normas de planeamiento futuras sino a las normas que resulten aplicables en el momento de su concesión».
El hotel de cinco estrellas, propiedad de la promotora Aifos, codemandada junto a Confira en el pleito, sigue abierto pese a las denuncias ante la Junta y la gestora de Marbella. La primera de ellas impugnó la licencia de obras junto a varios vecinos de la zona y a la comunidad de propietarios Casablanca, aunque finalmente, esta última se ha quedado descolgada del procedimiento después de que el alto tribunal andaluz determine que no tienen legitimación para solicitar la anulación de la sentencia. El resto de vecinos, representados por la abogada Inmaculada Gálvez, anunciaron que pedirán la revisión de este criterio.
Un símbolo
No es la primera vez que el TSJA o el Supremo ratifican la suspensión o la anulación de una sentencia otorgada en la era Gil, aunque quizás ésta sea, hasta la fecha, la más importante. El nombre del hotel Guadalpín está íntimamente ligado al del 'caso Malaya' contra la corrupción en Marbella tras las investigaciones que pusieron al descubierto el cobro de supuestos pagos millonarios por parte de la junta directiva de Aifos al ex asesor urbanístico Juan Antonio Roca y al ex alcalde Julián Muñoz para obtener las licencias de construcción.
* SUR - 0.02.09 -M. J. CRUZADO
Foto: Marbella, zona hotel Guadalpín - elpais.com
