DIARIODELANZAROTE* : Varias decenas de personas se concentraron este sábado por la mañana en la Calle Real de Arrecife, frente al Cabildo viejo, para reivindicar el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. El portavoz de Vecinos Unidos y de la Plataforma Por Una Vivienda Digna Lanzarote, José Díaz, denunció la “dejadez” de nuestras autoridades para hacer efectivo este derecho.
Entre ruidos de pitos y golpes de cacerolas, el portavoz de Vecinos Unidos y de la Plataforma Por Una Vivienda Digna Lanzarote, organizaciones que convocaban la concentración, recordó que el artículo 47 de la Constitución Española declara que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Y que será obligación de los poderes públicos, promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho.
De hecho, José Díaz denunció la “dejadez” de nuestras autoridades que tampoco regulan la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. “En Lanzarote necesitamos 2.500 viviendas sociales y hace más de 16 años que no se construye ninguna”, lamentó el líder vecinal.
‘Stop a la especulación. Juntos podemos', era otra de las consignas que esgrimía la pancarta y es que, según denuncian las organizaciones Vecinos Unidos y Plataforma Por Una Vivienda Digna Lanzarote, “la ciudadanía de la Isla no se beneficia de las plusvalías que genera la acción urbanística de los ayuntamientos”.
* Diario de Lanzarote - 15.12.2008
Foto: diariodelanzarote.com
Varias decenas de personas exigen en Lanzarote una vivienda digna 'agitando la Constitución'
La Fiscalía investiga si Arrigorriaga prevaricó en un plan urbanístico
ELPAÍS* : La Fiscalía de Bilbao ha abierto una investigación por presunta prevaricación y vulneración de la ley de Medio Ambiente por parte del Ayuntamiento de Arrigorriaga en un plan urbanístico que intenta ejecutar desde 1990. El fiscal estudiará si se ha favorecido a una empresa en la recalificación de terrenos y si el Ayuntamiento le compró terrenos por un valor superior para liquidar una deuda anterior de seis millones de euros.
Además, el área donde se proyecta la urbanización (26 hectáreas) tiene más de 10 hectáreas calificadas como de protección especial. En el proyecto, con una inversión prevista de 50 millones de euros, se incluye la edificación de una plataforma logística de Eroski.
El caso se abrió tras un escrito presentado ante la Fiscalía el pasado 1 de octubre por una plataforma que integra a 23 grupos de Miraballes y Arrigorriaga. A finales de noviembre, el fiscal tomó declaración a varios miembros del colectivo y, según la información facilitada por éste, les aseguró que había indicios de delito en la actuación municipal.
Los intentos de recalificar esta zona de monte, ubicada en el límite de los municipios de Arrigorriaga y Miraballes, se remontan a 1990. Entonces el pleno municipal aprobó un convenio para recalificar el paraje denominado Bentako-Erreka con la empresa Desarrollo y Gestión con el fin de desarrollar un proyecto industrial. En dicha firma figuraba como socio un hermano de la anterior alcaldesa de Arrigorriaga, María José Albizua (PNV), según el escrito de la plataforma vecinal. Pero la Diputación de Vizcaya rechazó la recalificación de los terrenos por tres veces (en 1990, 1993 y 1996), ante lo cual la compañía Desarrollo y Gestión denunció en los tribunales al Ayuntamiento, que fue condenado a pagar más de seis millones de euros por incumplir el convenio.
El fiscal investiga si esa valoración económica fue proporcionada -la sentencia sólo dio la razón a la empresa a la hora de recuperar unos terrenos suyos que cedió al consistorio-, ya que se basó únicamente en la petición hecha por la compañía, ya que el Ayuntamientono ejercíó su derecho de tasación. En octubre de 2007, el consistorio planteó de nuevo la recalificación urbanística, con la diferencia ahora de que, con la nueva Ley de Suelo, y al tratarse de un municipio de más de 7.000 habitantes, no requiere el permiso de la Diputación.
En la denuncia presentada a raíz de esta iniciativa se señala que antes de esa fecha se empezaron a comprar terrenos "sin informar del objetivo final de los mismos", y que en algunos casos se dijo que era para uso agropecuario. Los vecinos afirman que la zona no presenta ventajas para la instalación de una planta logística, debido a su calificación como no urbanizable, las fuertes pendientes o los atascos permanentes en la BI-625 que discurre en las cercanías. "Sólo se explica por el bajo precio pagado en adquirir los terrenos", indican.
La investigación también se centra en un acuerdo municipal, de diciembre de 2007, por el que se compra a Desarrollo y Gestión por 2,7 millones terrenos que los denunciantes consideran "sin valor apreciable ni edificabilidad urbanística". Los vecinos estiman que la operación encubre un "intento de liquidar la deuda" de los seis millones.
Con la nueva Ley de Suelo, el Ayuntamiento tiene que contar con la opinión del Departamento de Medio Ambiente, que se ha mostrado crítico con el proyecto. En un informe de marzo pasado, calificó el impacto de la urbanización de "severo" y censuró que no se hayan priorizado suelos ya urbanizados en vez de recalificar terrenos agrarios y naturales. Además, el informe de Medio Ambiente reprocha que no haya ningún estudio sobre el ruido, la fauna protegida y las zonas de servidumbre de los arroyos.
La Fiscalía comentó a los vecinos que la investigación no se extenderá a los intentos de recalificación de la zona en los años 90, en el que se implicaba a familiares de la ex alcaldesa, al haber prescrito.
El alcalde de Arrigorriaga, Alberto Ruiz de Azua, también del PNV, anunció hace mes y medio, al presentarse el escrito en la Fiscalía, que estudiaba querellarse contra la plataforma por "injurias, calumnias y falsedad documental", pero no quiso valorar los hechos concretos que se aportaban. El consistorio ha iniciado ahora una campaña de información sobre el plan, en la que defiende "el respeto exhaustivo de la legalidad" y que, a diferencia de lo que sostiene Medio Ambiente, "no producirá ningún impacto crítico den la zona". Incluso asegura que se preservarán los valores ambientales de esta área.
El proyecto tiene la aprobación provisional
El Ayuntamiento de Arrigorriaga, en el pleno celebrado el pasado miércoles, aprobó provisionalmente el cambio en el planeamiento urbanístico municipal para acometer el proyecto en Bentako-Erreka. La autorización, a la que únicamente le queda la ratificación definitiva, tuvo el apoyo de los tres grupos del equipo de gobierno (PNV, Eusko Alkartasuna y Ezker Batua) y el rechazo de la oposición, conformada por el PSE y el PP.
El quipo de gobierno valoró, tras la sesión, que el proyecto es una oportunidad para el desarrollo del municipio "en el único terreno utilizable a nivel empresarial". Además, destacó el visto bueno del Consejo Asesor Urbanístico del municipio, una figura creada por la nueva Ley de Suelo y que debe emitir su opinión, aunque no es vinculante.
El Consejo Asesor, formado por partidos políticos y asociaciones sociales, aprobó el pasado día 3 la recalificación, pero gracias al voto de calidad del alcalde, el peneuvista Alberto Ruiz de Azua, ya que se registró un empate a ocho sufragios. Sólo dos asociaciones no políticas (los grupos deportivos y el representante de los empresarios) sumaron su voto al de los miembros de PNV, EA y Ezker Batua, mientras que el rechazo provino de los delgados de centros escolares, asociaciones de vecinos, ecologistas, sindicatos, el grupo de mujeres y los partidos PSOE y PP.
La plataforma vecinal Bentaakorreka Bizirik, que presentó la denuncia en la Fiscalía, comunicó después que el representante de los grupos deportivos se equivocó en la votación y que "aclarará su postura en la siguiente reunión del Consejo Asesor".
La plataforma censuró la actitud del alcalde en la reunión, ya que, según aseguraron, calificó de "ignorante" al representante del grupo ecologista y "arremetió en varias ocasiones" contra otros delegados de los centros educativos. "Su comportamiento fue sencillamente bochornoso", señaló.
La asociación vecinal consideró "sintomático" que los representantes de los colectivos sociales, "excepto los empresarios y el representante de los grupos deportivos", hayan votado en contra del proyecto urbanístico, "lo que a nuestro entender da idea del rechazo que genera".
* ELPAIS.com - ALBERTO URIONA - Bilbao - 15/12/2008
Foto: Una vista de parte de los terrenos donde se proyecta el plan urbanístico en Arrigorriaga- SANTOS CIRILO, elpais.com
La corrupción urbanística produce más dinero que la droga y está menos penada
ABC* : Municipio más bien pequeño que va a tener un desarrollo urbanístico muy importante y, por tanto, va a a aumentar su suelo construido de forma exponencial hasta quintuplicar su población en muchos casos. Ese es el caldo de cultivo en España para que surja una corruptela vinculada a las recalificaciones y al ladrillo en la que los protagonistas son, de un lado, miembros del equipo de gobierno del ayuntamiento o la comunidad y, de otro, empresarios que aspiran a repartirse el pastel, con técnicos o abogados asesorando a unos y otros y sacando tajada.
Si a esos elementos les sumamos zonas concretas como la costa mediterránea de norte a sur, ciertas áreas de Galicia y Asturias, y en general toda la costa, el trinomio está servido, según fuentes del Grupo de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil. Con estos mimbres, no es extraña la afirmación de los investigadores: «El urbanismo da ya más dinero que la droga y las penas son menores. Un terreno se revaloriza de forma exponencial».
Sólo con la intención de recalificar un terreno rústico en urbano comienza a moverse mucho dinero. De ahí, que los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) estén ojo avizor: en este momento mantienen abiertas seis operaciones que de aquí a unos meses darán resultados, similares a los que se han producido en Librilla y Totana (Murcia). Otra media docena de asuntos se están siguiendo con detenimiento, pero aún se encuentran en fase preliminar.
Investigaciones vivas
Una de las peculiaridades de este tipo de operaciones es que las detenciones de imputados y los registros son sólo una fase más; son investigaciones «vivas» en las que los documentos intervenidos pueden dar más fruto que todo lo que se haya trabajado hasta ese momento. Hasta ahora los ayuntamientos en los que la Guardia Civil ha detectado corrupción pertenecen al PP -la Policía ha llevado a cabo golpes en consistorios también del PSOE y de otros partidos-, pero los agentes están convencidos de que el color político de los consistorios «no es ni mucho menos determinante y el paso del tiempo equiparará a los distintos partidos».
La razón tiene que ver con la consideración social: «Si no hay un enriquecimiento o algún componente penal, son conductas asumibles por la sociedad», resumen fuentes del Grupo de Delitos Urbamísticos. «Es frecuente encontrarte a gente que te dice sin rubor que prefiere que se lo lleven los suyos (a quienes votan, se supone) a que se beneficien los contrarios o que te sueltan que lo han hecho todos los que han pasado por ahí antes». Por el momento no se ha encontrado que esa corrupción esté ligada a la financiación de los partidos políticos, «pero eso no quiere decir que no suceda».
Al margen de la crisis
No hay un patrón. La iniciativa de actuaciones corruptas, del pago de comisiones y sobornos, del blanqueo de dinero puede ser tanto de la autoridad pública como del empresario; el elemento común es el ladrillo y el dineral que lleva aparejado. «Aunque persista la crisis y se paralice toda la construcción, tendríamos para investigar varios años», explican gráficamente las fuentes consultadas.
El Grupo de Delitos Urbanísticos es el más joven de la Guardia Civil. Tiene apenas año y medio. Lo forman 25 agentes, bajo el mando de un comandante y se han creado tres puestos en cada Comandancia, en total 162 agentes formados en investigación financiera, blanqueo de capitales y urbanismo. Los iniciales estuvieron en Málaga, Madrid y Murcia, donde más casos de corrupción urbanística se habían detectado. Los juzgados vieron el cielo abierto con la puesta de largo de estas unidades. Casi todos los que tenían causas pendientes relacionadas con el urbanismo en jurisdicción de la Benemérita se las enviaron al nuevo grupo.
Antes de crearse, la Guardia Civil pidió a todas las unidades del Seprona información de las infracciones urbanísticas penales y administrativas detectadas, así como de las edificaciones ilegales levantadas en los últimos tres años. El Grupo recibe denuncias anónimas y otras con nombre y apellidos: una parte nada desdeñable proceden de empresarios que se sienten agraviados por el reparto del pastel. Muchos «afectados» acuden a la Guardia Civil tras fracasar en procesos contenciosos y creer que tienen razón.
* ABC - CRUZ MORCILLO/PABLO MUÑOZ | MADRID - 15.12.2008
El jefe de Medio Ambiente de la diputación es socio de una cantera sin licencia en Enguera
LEVANTE/Valencia* : El jefe técnico del servicio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Diputación de Valencia, Emilio Joaquín Sanchis Moll, es el consejero delegado y accionista de Áridos Enguera, SL, la empresa que ha estado extrayendo material de la cantera de Enguera desde hace años sin ningún tipo de permiso ni licencia, como confirmó el alcalde de la localidad, del PP.
Mientras que la empresa ha solicitado recientemente autorización para la extracción de áridos, el PSPV ha denunciado la inacción y la tolerancia del gobierno municipal con la cantera y ha forzado un pleno extraordinario para mañana. El alcalde, Santiago Arévalo, se escuda en que la extracción de materiales en esos terrenos comenzó en 1996, bajo el gobierno socialista.
El propio Sanchis Moll, en conversación telefónica con Levante-EMV, ha admitido que compagina los dos cargos pero minimizó las labores de extracción de piedra que se han realizado en esta cantera, situada en un apartado punto de la Sierra de Enguera (de 24.025 hectáreas). "Allí no hay una cantera, que yo sepa. No se ha hecho una explotación, sino una limpieza", afirmó. Respecto a la falta de licencias, Sanchis Moll añadió: "No sé si hace falta permiso para recoger cuatro piedras y hacer una limpieza como se ha hecho allí".
El técnico de Medio Ambiente aseguró que la mayor parte de la extracción de áridos se realizaron antes de 20005, cuando él accede al accionariado de Áridos Enguera, SL, según consta en el registro mercantil. Sin embargo, la última semana de noviembre -antes de que saltara el escándalo de la cantera ilegal al terreno político- todavía se veían máquinas en la cantera. "Estarían realizando labores de limpieza o tal vez se haya sacado alguna piedra", respondió a ello el consejero delegado de la empresa y responsable técnico medioambiental de la diputación.
Emilio Joaquín Sanchis Moll quiso dejar claro que la empresa "no ha facturado ni un euro en todo este tiempo" y negó tener "problemas de conciencia" por compaginar su cargo en Medio Ambiente y ser socio de una empresa que ha actuado sin permisos en esta cantera ilegal.
El PSPV critica el oscurantismo
El portavoz del PSPV de Enguera, Alfredo Barberán, declaró: "¡Qué casualidad! Cuando quisieron instalar el vertedero en Navalón, una de las socias de la empresa interesada era asesora de la Conselleria de Medio Ambiente. Ahora, el socio de la empresa que quiere legalizar la cantera es técnico de la diputación. Siempre que hay un proyecto en contra del patrimonio natural de Enguera aparecen siempre socios relacionados con organismos oficiales que controla el PP. Y todas las veces, el alcalde de Enguera quiere taparlo y apoyarlo, En política no existen las casualidades", añade el concejal socialista.
Aunque el pleno extraordinario se celebra mañana, la oposición socialista denuncia que el ayuntamiento no les ha facilitado el expediente de la cantera.
* Levante-EMV - Paco Cerdà - 14.12.2008
Foto: Enguera - lasprovincias.es
Estepona, un laberinto sin salida
MÁLAGAHOY* : Antonio Barrientos pasa sus primeros días de libertad en familia. Parece que intenta pasar desapercibido en Granada. La actitud de José Ignacio Crespo ha sido completamente distinta y el viernes se dejó ver sin pudor por la principal calle de Estepona. Repartió saludos y abrazos.
Considerados el núcleo duro de la presunta trama de corrupción desarticulada en la operación Astapa junto a José Flores y Manuel Reina, salieron de prisión el pasado miércoles, casi seis meses después de su detención. Tanto Crespo como Reina, concejales del PES y ex giles, tendrán que regresar ahora al Ayuntamiento y aparentar que hacen algo con su acta de edil, que no han dejado. Engordarán aún más el banquillo de la oposición, ocupado ya por 16 concejales. En frente, el equipo de David Valadez, que apenas se sostiene con seis votos suyos y tres prestados. El laberinto de Estepona se lía cada vez más.
La siempre convulsa Estepona despertó la mañana del 17 de junio con la detención de Barrientos, en ese momento uno de los alcaldes más importantes del PSOE de Málaga, y de una veintena de concejales, técnicos municipales y empresarios por una presunta trama de corrupción que fue tachada por la Fiscalía como una nueva Malaya. Gota a gota, la juez Isabel Conejo, encargada de instruir Astapa, ha imputado hasta ahora a 63 personas, incluida una maraña de familiares. Y subiendo.
Con Barrientos cayeron los cuatro ediles del PSOE Francisco Zamorano, Marisa Rodríguez, Mariví López y Asunción López, que están en libertad bajo fianza y acusados de varios delitos. Fueron expulsados por su partido, pero se negaron a dejar el acta de concejal y se quedaron en la oposición, en el grupo de no adscritos. A este grupo llegó también el concejal Rafael Montesinos, que se dio de baja del PA tras ser imputado, y dos ediles del PES avergonzadas por la detención de sus compañeros Crespo y Reina. La última incorporación ha sido la de la edil socialista María Miralles, también expulsada esta semana de su partido y obcecada en no abandonar el Ayuntamiento.
Astapa ha dejado un auténtico galimatías en Estepona y no ha puesto las cosas nada fáciles al alcalde, David Valadez, elegido tras el ingreso en prisión de Barrientos. El PSOE, ahora con seis concejales, se apoya para gobernar en un edil de IU, otro del PA y la de Estepona 2007. En la oposición hay 16 escaños: cinco del PP, ocho del grupo de no adscritos y tres del PES, incluidos Reina y Crespo. Ante esta situación, los populares insisten en la disolución del Ayuntamiento, pero el PSOE no recoge el guante y se limita a invitarlos a gobernar.
Barrientos, médico alergólogo de profesión, renunció a su cargo y dejó su acta tras ingresar en la cárcel acusado de malversación, blanqueo, tráfico de influencias y cohecho, los mismos delitos que se imputan al que fue su jefe de gabinete y hombre de confianza, José Flores, también en libertad bajo fianza de 150.000 euros desde el miércoles. El tercer eslabón en la cadena de mando sería, presuntamente, el abogado Juan Simón, primo de Flores y considerado por los investigadores como el "intermediario" entre la cúpula municipal y los empresarios. Simón está acusado de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo y eludió la prisión tras abonar una fianza de 300.000 euros.
¿Qué irregularidades se cometieron en el Ayuntamiento de Estepona durante la era Barrientos? Desde la defensa del ex alcalde repiten insistentemente que desconocen las acusaciones contra el ex regidor -las actuaciones continúan siendo secretas-, aunque la juez parece tenerlo más claro. La investigación arranca el mandato anterior, cuando Barrientos se apoyó en el PES (los ex GIL) para gobernar. Para la instructora, el ex alcalde encabezaría una estructura tejida en torno al Ayuntamiento para "obtener fondos" de los promotores y empresarios con intereses en el municipio. Ese dinero se destinaría no sólo para financiar actos públicos y privados de los partidos, sino para enriquecimiento personal, según la juez.
Uno de los métodos utilizados para estos fines sería la "infravaloración" de los aprovechamientos urbanísticos para aumentar las plusvalías de los promotores. A cambio, "se les solicitaba el pago de dinero", afirma Conejo en el auto de prisión de Barrientos dictado en junio. Pero el suelo no era la única forma de financiación ilegal de la que está acusado el ex alcalde. La instructora también pone en tela de juicio su política de contratación de personal, guiada más por la "afinidad política" que por la legalidad, o la contratación pública de obras y servicios. Para la juez, familia y amigos eran los primeros.
En Astapa hay dos hermanos imputados que son primos de Barrientos; también la madre y uno de los hermanos del ex regidor están acusados, igual que la mujer de Crespo y la de Zamorano. Simón es primo hermano de Flores, calificado por muchos como un "militante de élite" del PSOE (ya ha sido expulsado) con poder para hacer y deshacer. Flores es trabajador del Ayuntamiento, adscrito al área de Cultura, y tras su puesta en libertad, podría reclamar su incorporación a su puesto de trabajo.
Lo primero que dijo Barrientos tras abandonar la prisión provincial fue que estaba "feliz" por su recién recuperada libertad. Luego citó al poeta catalán Salvador Espriu ("Los hombres no pueden ser si no son libres", dijo) antes de definir como un "calvario" todo lo que había pasado desde su detención. Proclamó su inocencia. "Tengo la tranquilidad de conciencia de haber actuado siempre en defensa de la legalidad y defendiendo de la mejor manera que he sabido y podido los intereses de Estepona".
El juez Miguel Ángel Torres, primer instructor del caso Malaya contra la corrupción en Marbella, ahora destinado en un juzgado de Granada, alertó hace unas semanas en la capital malagueña durante una conferencia de ciertas prácticas ilícitas que pasan "desapercibidas" en las corporaciones locales, bien ayuntamientos o bien diputaciones. El magistrado dijo que la corrupción política no se limita a la concesión de una licencia ilegal, a la firma de un convenio que se salta la Ley o a una permuta de suelo irregular. A su juicio, hay "fenómenos de corrupción" más discretos, como un concurso o adjudicación de obras públicas, la contratación de personal o el patrocinio y financiación de actos públicos por parte de empresarios con intereses en la zona. Sus palabras recordaron a muchos lo que presuntamente ha pasado en Estepona.
En el caso Astapa hay 63 acusados y la cifra podría aumentar. "Aún no está cerrado, podría haber más empresarios imputados", apuntan fuentes cercanas al caso.
* Málaga Hoy - Esperanza Codina - 14.12.2008
Foto: Ayuntamiento Estepona - en-estepona.com
PAIsajes de la crisis
LEVANTE/Valencia* : La crisis financiera ha acabado por noquear al sector inmobiliario valenciano que ha dejado un paisaje de urbanizaciones fantasma a medio hacer y proyectos en el cajón que repasamos comarca a comarca. La frenética carrera que ha vivido el urbanismo valenciano en los últimos años se ha parado en seco.
En apenas año y medio, desde mediados de 2005, promotores y ayuntamientos llegaron a presentar más de doscientos programas de actuación integrada (los famosos PAI) para esquivar las novedades legislativas aprobadas por la Generalitat en ese corto espacio de tiempo. La primera avalancha de PAI se produjo antes de julio de 2005, para evitar la moratoria de la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje (Lotpp) que obligaba a redactar un nuevo plan general si se proyectaba una gran reclasificación y que provocó la presentación de un centenar de proyectos. El segundo tsunami lo generó la entrada en vigor de la Ley Urbanística Valenciana (LUV), en febrero de 2006, y que se aceleró para evitar la fiscalización de la Comisión y el Parlamento Europeo. Un total de 77 ayuntamientos presentaron 122 proyectos urbanísticos, según admitió entonces la Conselleria de Territorio. Un departamento por el que, en apenas año y medio, pasaron tres consellers (Rafael Blasco que provocó la aceleración del proceso, Esteban González Pons que lo ralentizó y José Ramón García Antón que lo frenó en seco durante sus primeros meses). Los técnicos de la conselleria han tenido que lidiar esta avalancha de PAI con el aliño de las nuevas leyes urbanísticas valencianas, sus dos nuevos reglamentos y la Ley del Suelo estatal, aprobada en 2007. La operación está siendo tan costosa como intentar digerir una fabada asturiana mientras se corre una maratón. La crisis financiera ha acabado por noquear al sector inmobiliario valenciano que ha dejado un paisaje de urbanizaciones fantasma a medio hacer y proyectos en el cajón que En Domingo repasa comarca a comarca.
VALENCIA
Hortensia García.
El PAI de Patraix, con alrededor de 3.000 viviendas, y el de Moreras (2.000) son dos de los desarrollos urbanísticos de mayor calado de Valencia a los que ha pillado el toro de la crisis económica. La ralentización del ritmo de trabajo es evidente y en el caso de Patraix está ocasionando serias molestias a los vecinos del entorno. Las viviendas del barrio de Safranar limítrofes con este PAI, que lleva tres años en marcha y sobre el que planean incertidumbres administrativas y jurídicas, se han quedado practicamente aisladas. El ámbito urbanístico, que antes eran huertos, está vallado y supone una barrera infranqueable para los vecinos de la zona que tienen que rodear las vallas y recorrer 500 metros si quieren ir a hacer la compra o al médico. «Hay tanto terreno por urbanizar y tan poca gente trabajando que esto no avanza», explica un vecino.
La crisis ha ralentizado el ritmo de trabajo en los PAI que están en marcha y, especialmente, ha dejado en el aire otros desarrollos urbanos que crecieron al calor de los grandes eventos deportivos y la bonanza económica.
CAMP DE TÚRIA
Voro Contreras.
En la mayor parte de los municipios del Camp de Túria, la actual crisis urbanística ha llevado a que unos cuarenta proyectos de actuación no se hayan desarrollado o su construcción haya quedado sin terminar. Existen ejemplos tan conocidos como el del PAI de Porxinos, en Riba-roja, aprobado definitivamente en agosto de 2007 pero del que, a día de hoy, no se ha puesto ni un sólo ladrillo, ya sea de las más de 2.000 casas que se proyectaban o de la futura Ciudad Deportiva del Valencia CF. Además del de Porxinos, en Riba-roja aún no se han desarrollado PAI que sí están aprobados, como el de Masía de Traver II (con 1.620 viviendas); el del Calvari (con 650 casas) o el de Mas d´Escoto (con 400), estos dos últimos aprobados en 2006.
En Vilamarxant, hay paralizados 4 PAI, que suman 7.200 casas, y otro en Benisanó. En los últimos años, en Bétera se han aprobado 21 PAI en zonas urbanizables, sólo se han entregado dos, se construyen otros dos y el resto aún no se han iniciado.
En Llíria, queda por iniciar el en su día muy polémico PAI del Coto del Català, aprobado en 2003, y con el que Sedesa proyecta un campo de golf y tres mil viviendas. Además de estos, faltan las casi 900 viviendas previstas en el SR-4 y el UE-14. En la Pobla de Vallbona, el ayuntamiento aprobó en 2006 el desarrollo del Sector Sur con la construcción de 3.300 casas y un campo de golf cuya construcción aún no se ha iniciado. Además de este proyecto emblemático, la Pobla tiene en su término otros dos sectores cuyas empresas urbanizadoras (Fadesa y Tremon) han abandonado el proyecto sin terminarlo. También en Olocau, una constructora -en este caso, Vanguard- dejó sin acabar una urbanización de un centenar de casas. El ayuntamiento, por su parte, aprobó en 2006 los trámites para urbanizar otro sector con 12.000 casas que, finalmente, no se llevarán a cabo.
En Benaguasil y en l´Eliana no se han iniciado varios proyectos. En San Antonio de Benagéber, la crisis se ha notado en el cerca de un centenar de chalés que se han construido pero no se han vendido, aunque también se han aprobado PAI en la zona de Montesano y San Vicente que ni siquiera se han iniciado.
En Serra queda por desarrollar un macro pai de 4.000 casas en pleno ámbito de influencia de la Calderona que el consistorio aprobó en diciembre de 2006. Mientras, en Nàquera, la paralización de la aprobación del PGOU ha impedido desarrollar una docena de PAI, entre ellos el de Fontanelles, como campo de golf y unos 2.000 chalés también en el ámbito de la Calderona.
LA RIBERA
Teresa Albendín.
Todas las grandes urbanizaciones proyectadas en la Ribera en pleno auge inmobiliario siguen en fase de tramitación. El cemento aún no ha transformado el paisaje agrícola, ya que ni una sola de las obras previstas se ha desarrollado. Pese a la crisis, los ayuntamientos mantienen sus planes de expansión y continuarán con los trámites, ya que consideran que son gestiones lentas y cuando éstas concluyan la situación económica puede haber mejorado. Los PAI que siguen pendientes en la Ribera prevén la construcción de casi 50.000 viviendas y la reclasificación de más de 23 millones de metros cuadrados.
Uno de los proyectos más controvertidos es el «Manhattan» de Cullera, donde en una zona de 610.000 metros cuadrados se construirán 4.883 viviendas distribuidas en 33 torres de 25 alturas. Pese a que la Comisión Territorial de Urbanismo aprobó de forma definitiva el proyecto hace un año, en la margen izquierda del río todavía no ha entrado ni una máquina ni ha comenzado la urbanización, ya que el desarrollo del proyecto sigue acumulando retrasos. También en tramitación se encuentran los otros dos grandes proyectos de Cullera. Los PAI del Brosquil y el Marenyet, que contemplan 18.000 viviendas y dos campos de golf, se incluyeron en el concierto previo del PGOU, aprobado hace más de un año.
La zona de Guadassuar donde se proyecta una macrourbanización con más de 6.000 viviendas y dos campos de golf aún está sembrada de naranjos. Hace más de tres años que comenzó a gestarse el proyecto, pero aún está en papel.
El plan para construir tres mil viviendas en la Garrofera de Alzira está tramitándose, así como otros previstos en la Barraca para edificar 1.400 viviendas. En Favara sigue en marcha el proceso administrativo del PAI para construir más de 2.200 viviendas. Llaurí prevé 3.700 viviendas nuevas. Uno de los proyectos más singulares que se presentó en la Ribera fue el de la ciudad geriátrica con 2.200 apartamentos entre Llaurí y Favara pero sigue paralizado.
ALICANTE
M.J. Mascarell
Las urbanizaciones fantasma, con centenares de viviendas sin terminar y cuyas obras están paralizadas, se disparan en la Marina Alta. De hecho, la suspensión de pagos de las promotoras debido a la crisis de la construcción deja más de 1.000 viviendas por concluir en la comarca. En el Verger, por ejemplo, Llanera tenía en marcha tres promociones. La más grande de ellas, la urbanización Portisel, sigue paralizada desde abril. No obstante, es Nou Temple la promotora que más obras deja pendientes de acabar y, además, en varios municipios. En Dénia, están paralizadas 61 viviendas. Otra de las urbanizaciones paralizadas es Residencial San Marcos, en els Poblets, con 18 viviendas a medio hacer. La mayor promoción prevista por esta empresa en la comarca, el complejo Marines 7 en el litoral de Dénia, con 51 apartamentos, está también paralizada. Nou Temple también promueve una urbanización en Jesús Pobre y otra de 20 viviendas en el Arenal de Xàbia. Todas ellas, algunas simplemente a falta de remates, dejan un paisaje desolador, triste, de total abandono.
Otra de las grandes empresas que suspendió pagos aunque meses más tarde fue Martinsa-Fadesa. Esta promotora promovía la construcción de 2.500 viviendas en Penya Roja, en Pego. Sin embargo, a pesar de que se llevaron a cabo los trabajos para abrir viales que dinamitaron la montaña, la constructora sólo había comenzado a levantar 500 chalés. Unas obras que quedaron paralizadas. Desde la carretera que une El Verger con Pego, se puede observar el cementerio de hormigón en que se ha convertido Penya Roja, completamente descarnada.
En Alicante, el Plan Rabassa -que contempla la construcción de 15.000 viviendas- ha sufrido un impulso al ser aprobado por el ayuntamiento con los votos del PP. Este proyectose inició el 26 de abril de 2005 pero ha tenido que experimentar bastantes modificaciones para incluir las alegaciones que ha recibido y poder obtener el visto bueno.
LA COSTERA
Ricard Gallego.
El estallido de la burbuja inmobiliaria ha obligado a ralentizar o suspender la ejecución de hasta tres macrourbanizaciones con campo de golf en los municipios de Anna, Benissuera, Xàtiva y Bèlgida, que contemplaban unas 4.000 nuevas viviendas, por la falta de clientes.
El más avanzado en su tramitación es el de Anna Golf. El retraimiento de la demanda parece ser que está afectando de manera decisiva al inicio de las obras de urbanización. En Benissuera, su ayuntamiento ha incluido el PAI de 1.500 chalés en su nuevo PGOU. También sin campo de golf, en el caso de Bèlgida, donde el ayuntamiento expuso al público el proyecto de Inmobiliaria Zaragozá e Hijos, se prevé construir 1.200 viviendas. Parece ser que la crisis lo ha detenido. En Xàtiva, Projecte Taronja, propiedad de un súbdito inglés, tiene pendiente de ejecutar el PAI el Carraixet. Como tampoco se ha iniciado la reparcelación de los terrenos de la Papalera de San Jorge, que en un controvertida decisión política pasaron de industrial a residencial generando una plusvalía de 7 millones de euros.La empresa Accord Business, SL, pese a tener aprobado el Plan de Reforma Interior (PRI) para construir unos 400 adosados, no ha empezado las obras.
Pero la acción de la Conselleria de Urbanismo también ha tenido su impacto. Las nuevas directrices urbanísticas tumbaron hace unas semana el PAI els Barranquets de Albaida por no ser de «especial interés» para el municipio. Estaban previstos cerca de 3.000 chalés, un campo de golf y un «dotacional sanitario» que en la pasada campaña electoral se promocionó como un nuevo hospital privado. Entre 2002 y 2007 proliferaron los anuncios de proyectos de PAI ligados a grandes urbanizaciones con golf. Por los ayuntamientos de la Font de la Figuera, l´Olleria, Canals, Bocairent, Fontanars dels Alforins y Ontinyent pasaron proyectos de PAI con golf que, finalmente, fueron abortados por la presión ciudadana o por no coincidir con la política urbanística del municipio.
L'HORTA
J.F.Peña/J. Tortosa/L. Sena.
En l´Horta la crisis también ha llegado al ladrillo y varias promociones están paradas, con cerca de un millar de viviendas que se han dejado de construir, mientras que los constructores tampoco tienen prisa en comenzar las obras de otros 3.300 pisos en pequeños Programas de Actuación Integrada (PAI). El macroproyecto de Nou Mil.lenni, en Catarroja, con cerca de 12.000 viviendas, sigue su fase de tramitación una vez aprobado y la crisis puede alargar su comienzo -Llanera, en concurso de acreedores, forma sociedad con el Ivvsa-, mientras que Gran Manises, con casi 10.000 pisos, aún queda pendiente de aprobación definitiva, al tener que solventar varios informes en contra de Fomento y Confederación.
Urbanizaciones como la Gran Manzana en Quart de Poblet o el PAI de San Jorge en Alfafar se han visto obligados a ralentizar o paralizar las obras. En Benetússer sólo hay una pequeña promoción de 30 pisos parada, según las fuentes consultadas, pero llama la atención que otros planes que sí tienen licencia no hayan comenzado todavía con la urbanización de alrededor de 140 pisos. Se prevé que es por la mala situación del sector inmobiliario, añadieron las mismas fuentes.
En Alcàsser hay una promoción de una veintena de bungalows parada desde hace unas semanas. En otros casos, PAI que sí están finalizados no están vendiendo ningún piso, según señalaron fuentes municipales. Y casos similares hay en Picassent, Paiporta, Massanassa, Moncada, Godella, Alfara del Patriarca, En Alboraia el parón inmobiliario se ha dejado notar en el PAI Vera II, con unas 1.500 viviendas.
En Torrent, el principal sector en desarrollo es Parc Central. En la zona se proyectaron 2.700 pisos, de los que ya están ocupados 800. Actualmente se están construyendo unos 600 y tienen problemas para salir al mercado. De ahí que el consistorio haya ofrecido a los promotores comprarles viviendas por el valor de la carga hipotecaria para alquilarlas a los vecinos. Del resto de pisos hasta los 2.700, por el momento no hay planes de los promotores de construirlos.
El contrapunto en l´Horta son los municipios donde los propios ayuntamientos son los que han desarrollado los sectores en marcha como los casos de Paterna y Alaquàs.
LA SAFOR
J.M.A.
En la comarca de la Safor existen más de una decena de proyectos urbanizadores que han quedado paralizados por la crisis inmobiliaria, sin contar muchos de los pequeños planes urbanísticos existentes o algunos ya desarrollados repletos de solares vacíos. En Gandia está pendiente de ejecución el plan Les Foies, con 1.700 viviendas sobre unos 428.000 metros cuadrados. En Oliva, está en marcha el plan de Espai d´Oci con una previsión de unas 1.600 viviendas, además del recientemente aprobado PAI del Camí al Mar 2, con unas 1.200 viviendas. Tavernes sigue los pasos para adecuar su planeamiento a los proyectos de la Vall del Mar con cabida para cerca de 4.000 viviendas y Granata Golf con cerca también de otras 2.000 viviendas. En Villalonga su alcalde Juan Ros también avanza lentamente en los pasos para poder desarrollar en el Pla de la Font un proyecto con cabida para otras 4.000 viviendas y en Xeraco hay previstas 1.800 viviendas. La Font d´en Carròs ha impulsado en la partida Valier otras 450 viviendas, en unos 125.000 metros cuadrados. Palma de Gandia no ha retirado el proyecto para la construcción de unas 1.700 viviendas.
CASTELLÓ
N.Soriano/A. Monleón/Ll. Puig.
Allá por el año 1999 el grupo Marina d´Or empezaba a gestar la que será la mayor ciudad de vacaciones de europa: Marina d´Or Golf. Hoy, los terrenos en los que se prevé construir, entre Orpesa y Cabanes, siguen siendo campos de naranjos. El PAI contempla la construcción de 18 millones de metros cuadrados, lo que equivale a alrededor de 2.500 campos de fútbol. En el corazón de Marina d´Or Golf estará situado el parque temático Mundo Ilusión, que ocupará una superficie de 800.000 m2. De todo ello, hasta ahora, sólo hay maquetas.
A la lentitud de los trámites burocráticos se suma, ahora, la crisis económica y la caída del sector de la construcción. El grupo Marina d´Or ha presentado ha presentado un Expediente de Regulación de Empleo que afecta a 214 empleados, lo que supone el 20% de la plantilla que alcanza los 1.170 empleados. Por contra, la empresa sigue con su expansión internacional en Francia, Reino Unido, China y Bulgaria. La burbuja inmobiliaria ha explotado en el PAI Torre la Sal de Cabanes. De los siete bloques de unos 200 apartamentos cada uno sólo se han construido tres, y todavía no se han vendido todos las viviendas.
A la crisis del ladrillo se suma la lenta tramitación de los PAI, especialmente la de los golfs. Es el caso de Torreblanca cuyo equipo de gobierno (PP y Bloc) y la urbanizadora Torremar SA se encuentran inmersos en la gestión del Golf Doña Blanca, un proyecto que se aprobó en 2005 y al que no piensan renunciar. Es más, calculan que podría estar terminado para cuando la economía ya se haya reactivado. Actualmente se encuentra a la espera de que se apruebe definitivamente la reparcelación que se prevé se produzca el día 23. Si finalmente se ejecuta, Doña Blanca dispondría de más de 4.400 viviendas en una superficie de casi dos millones de metros cuadrados.
El PAI Belcaire Sur de Moncofa se encuentra parado desde un año, aproximadamente, a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) emita una sentencia firme que aclare si el programa urbanístico cumple con la reserva de zonas verdes. Según abogados consultados, se estima que esta situación se podría prolongar unos tres años por lo que las construcción de las 3.000 viviendas previstas no es retomaría hasta el año 2014.
Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que anula el PAI Mestrets ha paralizado cinco grandes proyectos y obra civil por valor de más de 100 millones de euros y desfigura la columna vertebral del urbanismo orquestado por el PP en el la ciudad de Castelló, el cual prevía obtener suelo para las grandes promesas electorales de forma ilegal y a costa de los vecinos. Esta es una de las consecuencias inmediatas de la resolución judicial que anula la planificación urbanística con la que el Ayuntamiento de Castelló pretendía desalojar a 40 familias del Camí de Els Mestrets y que cargaba a los vecinos con el coste de obtener suelo para construir 4.500 viviendas protegidas, el Espai Comercial de Santiago Calatrava, la Universidad Internacional Valenciana (VIU), la Ciudad Deportiva de Castelló y la ronda oeste de circunvalación.
REQUENA-UTIEL
M.A./R.H./A.V.
El parón del sector inmobiliario ha dejado prácticamente sin grúas muchas zonas del Camp de Morvedre donde hace sólo unos años dominaban el paisaje. Hay grandes zonas urbanizadas donde los solares vacíos cobran protagonismo, como ocurre con los terrenos del norte del Palancia de Sagunt más cercanos al monte de San Cristóbal. Las tres fincas que están en marcha en el PAI Fusión constituyen un claro contrapunto, sobre todo, teniendo en cuenta que esta área residencial que unirá los dos núcleos de Sagunt está en una fase de ejecución más incipiente que otras.
Los grandes proyectos presentados hace años en la comarca para reclasificar miles de metros cuadrados y construir varios campos de golf siguen en tramitación, pendientes del pronunciamiento de la conselleria. En esta situación se encuentran los macroPAI con campo de golf presentados en 5 localidades de La Baronia o el impulsado en Quartell para transformar medio millón de terrenos agrícolas cercanos a la playa.
La actuación de más envergadura era la de La Baronia Golf Resort prevista por Paco Roig, el ex presidente del Valencia CF, en términos de Estivella, Torres Torres y Algímia d´ Alfara. Con casi 5 millones de metros cuadrados de superficie total, en cada término se proyectaba un campo de golf con viviendas. En Albalat dels Tarongers, otra empresa promovió una iniciativa idéntica, con más de 4.000 residencias, que ahora mismo también aguarda la respuesta de la Conselleria de Territorio.
El PAI del Plà de la Venta de Gilet es un claro ejemplo de esto último. Aunque la urbanización está a punto de acabarse, ninguna empresa ha empezado a construir allí. En Canet d´ En Berenguer, las obras del PAI Abadía están a punto de terminar, pero predominan los solares vacíos. De hecho, el proyecto de mayor envergadura -unas torres de lujo, de 20 alturas- parece prácticamente parado desde hace meses.
SERRANOS-EL RINCÓN
José Ferrer.
En las tres comarcas del interior de la provincia de Valencia, Requena-Utiel, La Hoya y El Valle, estaba previsto que se urbanizaran 23 millones de metros cuadrados de suelo para construir unas 14.000 viviendas y una nueva Chiva con vistas a alcanzar los 50.000 habitantes en un futuro próximo. La práctica totalidad de los PAI presentados en los consistorio o están paralizados o han sido desestimados y tan solo uno en Requena y otro en Yátova continuan con su tramitación.
En La Hoya la mayor superficie de suelo sobre la que se pretendía actuar estaba en Chiva, pero el proyecto está desestimado. Además de este macro PAI también han quedado pendientes otros dos proyectos, Perenchiza Golf con 1,3 millones de metros cuadrados y Valencia Constitución con 2 millones de metros y 2.300 viviendas. En Cheste también había otro proyecto con 1,3 millones de metros cuadrados y 1.100 viviendas, por el momento paralizado.El único PAI que continúa en marcha es Mijares Resort 590.000 metros cuadrados donde está prevista la construcción de 400 chalés y un hotel.
En Requena-Utiel la fiebre urbanizadora se centró en Requena donde el ayuntamiento recibió un total de 5 solicitudes. El único PAI que sigue en marcha es el de Casas Nuevas, donde Actu- ra proyecta un campo de Golf de 650.000 metros cuadrados y 1.035 chalés sobre 1,6 millones de metros. Por otro lado los 2 millones de metros y 4.500 viviendas de Casablanca se han desestimado definitivamente al igual que el millón de metros del Parque Logístico de San Antonio.
En El Valle el único PAI solicitado fue el que se presentó ante el Ayuntamiento de Jalance está detenido.
Míriam Civera.
osa del Obispo es el municipio que mayor crecimiento de población esperaba experimentar con la nueva autovía CV-35 que llega hasta su término municipal. Existen varios PAI -tanto industriales como residenciales- en estudio aunque, hasta la fecha, sólo se han ejecutado los que estaban previstos en su PGOU de 2001. En Calles, el PAI Campo Club Golf de Calles que afectaba a 1.000.000 m2 con 400 viviendas, un campo de golf y sede social con 100 apartamentos se encuentra en fase de estudio en la comisión de urbanismo de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.
En Bugarra se proyectó una zona industrial de 40.000 m2 que se ha ejecutado. En Aras de los Olmos el plan urbanístico de La Hoya también se ha llevado a cabo.
El proyecto Río Ebrón Residencial que pretendía construir un complejo deportivo, en Torrebaja, en El Rincón de Ademuz, todavía no ha visto la luz. Aunque a lo largo de este año la empresa extranjera inversora se ha reunido con el arquitecto valenciano del proyecto, Enrique Negre, las obras no han empezado. El complejo contaría con un campo de golf de dieciocho hoyos, un club de golf, centros de hípica, pesca y tenis, un hotel, viviendas y apartamentos tutelados, escuela ambiental, centro de interpretación de la naturaleza y un observatorio astronómico.
* Levante-EMV - 14.12.2008
Foto: La urbanización Penyaroja en la carretera que une esta población con El Verger. Ernest Weber, levante-emv.com
Indignación en Marbella
SUR* : Marbella está indignada. La salida ayer de los ex concejales del Grupo Independiente Liberal (GIL) condenados recientemente por un delito urbanístico ha levantado una tormenta de protestas desde partidos políticos a asociaciones vecinales que no salen de su asombro.
IU habló ayer de una «administración de Justicia fracturada y de alarma social»; el PSOE exigió el cumplimiento riguroso de la penas de prisión; y los colectivos vecinales calificaron la situación de «aberrante». Sólo el equipo de gobierno fue más prudente en sus valoraciones limitándose a recordar su deseo de recuperar el dinero robado.
La noticia, que adelantó SUR, corría ayer como la pólvora por la ciudad. Tomás Reñones, Alberto García, José Luis Troyano y José Luis Fernández Garrosa, que ingresaron a finales de noviembre de forma voluntaria en la prisión malagueña de Alhaurín de la Torre para cumplir una pena de nueve meses de prisión por la concesión de licencias ilegales, han conseguido el tercer grado penitenciario.
«Cuando Roca salió de prisión provisional tras pagar la fianza por el 'caso Malaya' nos echamos a la calle, pero está visto que en Marbella tendríamos que manifestarnos todos las semanas porque noticias así las tenemos ya todos los días», apuntó Alejandro Dogan, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Marbella. El representante vecinal, al igual que los líderes políticos marbellíes no daban crédito a la rapidez con la que los ex ediles han conseguido el tercer grado penitenciario. Su ingreso en la cárcel se produjo tras recibir la sentencia firme que los condenó por la concesión ilegal de licencias para la construcción de 250 viviendas en suelo rústico a la empresa Albagamar II S.L. entre 1998 y 1999, causa incluida en el acuerdo de conformidad con la Fiscalía malagueña. El tercer grado fue concedido el pasado miércoles por la Junta de Tratamiento del centro penitenciario. Lo peor, según Dogan, es que «no se puede hacer nada. Esto es un pueblo y sentarse en una cafetería y verlos pasear por la calle no le apetece a nadie, sobre todo después de dejar Marbella como la han dejado», sostuvo.
«Alarma social»
Enrique Monterroso, portavoz de Izquierda Unida, coincidió con el presidente vecinal. Según el líder de izquierdas, la 'libertad' de los ex ediles condenados confirma, a su juicio, «la existencia de un pacto de inmunidad para cerrar de un portazo la corrupción de Marbella». Monterroso, llegó a calificar ayer el caso de «alarma social y fractura de la Administración de Justicia» y recordó que su formación política ya denunció la «gravedad» del pacto entre acusados y Fiscalía para reducir el número de procedimientos y la gravedad de las condenas.
El PSOE, por su parte, exigió el cumplimiento íntegro de las penas. La portavoz del grupo municipal socialista, Susana Radío, abogó por una «revisión judicial de las causas urbanísticas» en las que están implicados los ex concejales gilistas e instó nuevamente al Ayuntamiento a reclamar el dinero esquilmado. El equipo de gobierno anunció su intención de hacerlo aunque no quiso pronunciarse sobre la medida de la Junta de Tratamiento Penitenciario. «Respetamos la decisión», aseguró ayer el portavoz, Félix Romero.
La acuerdo con la Fiscalía de Málaga establecía claramente que tenían que ingresar en prisión sin poder conmutar la pena de nueve meses de cárcel por una multa, como se ha dado en procedimientos judiciales anteriores por la concesión ilegal de licencias urbanísticas. Aceptar la culpabilidad y entrar en prisión eran las condiciones más importantes del pacto, a cambio que el fiscal rebajara la petición de cárcel para los ex concejales. Sin embargo, el acuerdo no impide que los condenados puedan beneficiarse de los permisos penitenciarios una vez dentro de prisión como el resto de los reos, como así ha sido.
La salida
Reñones, Troyano y Fernández Garrosa salieron ayer tarde mientras que en el caso de García, ha solicitado cumplir el tercer grado en un centro abierto de Madrid, según indicaron fuentes penitenciarias. En el caso de Reñones, fuentes del caso señalaron que se solicitó la clasificación en tercer grado, al considerar que se cumplían los requisitos legales, como son carecer de peligrosidad y riesgo de fuga. Además, se ha acreditado que tiene trabajo, por lo que sólo tendrá que ir a dormir a la Sección Abierta de Málaga de lunes a jueves.
Asimismo, se aportó el trabajo que está haciendo el ex jugador de fútbol en una fundación deportiva y en un equipo de motociclismo. Por el momento, ésta es la única condena incluida en el pacto, que supone cumplir pena de prisión, que tienen los concejales de la corporación marbellí de 1999-2003.
Por este caso, también fueron condenados de conformidad pero a un año de cárcel el ex alcalde Julián Muñoz, Rafael González y Marisa Alcalá, que se encuentran en tercer grado penitenciario; Manuel Calle, que está en libertad condicional; Dolores Zurdo y Mario Jiménez. Asimismo, se conformó con una pena de nueve meses de prisión Francisco Javier Lendínez.
Lendínez acudió al Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella el pasado día 1 para firmar, dentro de la medida cautelar impuesta por el instructor del 'caso Malaya', Óscar Pérez, aunque los rumores de una presunta fuga son cada vez más consistentes. De momento no existe en el juzgado de lo Penal 7 ninguna orden de busca y captura en su contra así que habrá que esperar al día 15, momento en que deberá comparecer nuevamente en el juzgado marbellí, para saber si los rumores se confirman.
Dolores Zurdo, por su parte, ingresaría posiblemente en prisión después de las fechas navideñas, según apuntaron fuentes judiciales, aunque en su caso, al igual que en el resto, la concesión del tercer régimen penitenciario también sería presumiblemente rápida.
* SUR - M. J. CRUZADO - 13.12.2008
Foto: marbella
Librilla: El juez detecta connivencia entre las sociedades de los principales imputados
SOITU/Murcia* : El juez de instrucción nº6 de Murcia, que investiga el caso de presunta corrupción en el Ayuntamiento de Librilla, ha observado que "existen llamativas coincidencias" entre los principales imputados en este caso, entre los que se encuentra el alcalde de la localidad y un ex funcionario de la Comunidad autónoma.
En el auto, al que ha tenido acceso Efe, el juez informa que por ello acordó varias entradas y registros, entre otros, en el Ayuntamiento de la localidad y las sedes sociales y despachos profesionales de los imputados.
A raíz de este caso, ingresaron en prisión tres semanas el alcalde de Librilla, José Martínez García, del PP; su edil de Urbanismo, Pedro Martínez Muñoz, el gerente de la empresa municipal del suelo y de Iniciativas para el Desarrollo de Librilla (IDL) José Andrés Cortes, y el ex funcionario Jose Luis Cano.
El material que obra en las diligencias incluye el auto que ordena los registros y detecta las connivencias, un informe de la Unidad Central Operativa UCO de la Guardia Civil sobre esta supuesta trama, así como la denuncia de un particular sobre presuntas irregularidades en Librilla.
El juez observa la coincidencia de que varios de los imputados figuran como fundadores de las mismas empresas supuestamente implicadas, y que en varios casos coinciden los domicilios sociales.
El auto, de 13 de noviembre, recoge expresamente que uno de los principales imputados, el ex funcionario de la Comunidad Autónoma José Luis Cano fundó junto con su esposa la sociedad "Control & Gis S.L.", de la que "se presume el carácter esencialmente instrumental con el fin de recibir de manera opaca determinadas prebendas económicas a cambio de facilitar la concesión de contratos de obra pública".
Añade que en marzo de 2004 esta empresa adquirió el 50 por ciento de las participaciones de otra de las entidades investigadas, ACADI, administrada por el ingeniero e igualmente imputado Domingo Peñalver.
"Con esta adquisición, es evidente -afirma el juez- que las ganancias que en el ejercicio de su actividad profesional pudiera tener Acadi no eran indiferentes a Jose Luis Cano".
El auto señala también que las "relaciones entre Cano y Peñalver se hacen aun más claras si se aprecia que, a pesar de que supuestamente el primero 'no aterrizó' en la copropiedad de la empresa de Peñalver hasta marzo de 2004, en la cuenta a nombre de Acadi de una sucursal bancaria de Molina de Segura, el ex funcionario figuraba autorizado desde el 30 de julio de 2001, dos meses antes de la constitución de Acadi".
Señala el juez que presuntamente "la separación de domicilios de las dos mercantiles es simplemente ficticia, con el fin de no dejar señales a terceros acerca de la íntima conexión entre ambos".
El juez deduce que Control y Gis "no es si no una cobertura a fin de vehiculizar los pagos a Cano de cantidades a cambio de su actividad a favor de la concesión de contratos de obra pública, entre otras, a la empresa Acadi".
Concluye el instructor que "debe investigarse el que la empresa Acadi haya recibido adjudicaciones de contratos públicos por parte de IDL por importe de 417.600 euros en el año 2005, y de 2,3 millones de euros en 2006".
El auto se refiere también a otras sociedades "que presuntamente podrían ser parte del entramado societario tejido para enmascarar y conseguir contratos públicos", como Emusal S.L., constituida en mayo de 2004 al cincuenta por ciento por las sociedades Acadi y Urvitec Levante S.L., administrada por José Antonio Núñez.
Tambien ordena investigar si las trasferencias de capitales entre las empresas, tras atribuirse contrataciones públicas por parte de los organismos oficiales donde prestaban sus servicios Cano y Peñalver "obedecen a negocios jurídicos reales o a enmascaramientos de pago de prebendas".
* SOITU.es - EFE - 11.12.2008
Foto: Librilla - librilla.es
VdeVivienda inaugurará el lunes 15 de diciembre su oficina por el derecho a la vivienda
ROJOYNEGRO* : VdeVivienda prosigue con su campaña Alquiler Social Universal por el derecho al alojamiento. Un grupo de activistas de la asamblea de Madrid instalará un punto de información de grandes dimensiones sobre esta iniciativa para todas las personas interesadas el próximo día lunes 15 de diciembre, a las 11 horas, frente a la Oficina de Vivienda de la Comunidad de Madrid, en la Avenida de Asturias número 28 de la capital. Allí se montará un escenario que recreará simbólicamente la que será la primera Oficina VdeVivienda por el Alquiler Social Universal.
Asamblea VdeVivienda Madrid
Viernes 12 de diciembre de 2008
El Alquiler Social Universal recoge el conjunto de propuestas de la asamblea VdeVivienda Madrid para solucionar el problema del derecho a la vivienda. Es por tanto una solución que surge de la ciudadanía, de las personas que padecen las consecuencias de las nefastas políticas públicas de vivienda, netamente especulativas, desarrolladas por todas las administraciones, que son las verdaderas culpables de la situación actual por su vergonzosa colaboración con la corrupción urbanística. El Alquiler Social Universal presenta un plan de medidas cuyos puntos básicos son los siguientes:
Creación de un parque público de vivienda en alquiler, con un precio basado en el coste de mantenimiento del inmueble, usando para ello la gran cantidad de viviendas vacías que hay en este país, calculado en torno a las 4 millones y medio de viviendas vacías sin contar segundas residencias.
Cambio de la ley hipotecaria de forma que cualquiera que no pueda afrontar el pago al banco nunca tenga que responder más allá del precio de subasta de la casa ante el banco.
Ni un euro de dinero público para entidades privadas, rechazo frontal a los planes usar el ICO para donar 3.000 millones a los constructores ni a las billonarias inyecciones de dinero público por medio del Banco Central Europeo.
Despenalización del uso de viviendas vacías para vivir o crear espacios sociales.
Durante el acto también se informará de la próxima MANIFESTACIÓN POR UNA VIVIENDA DIGNA, cuya fecha han acordado las asambleas VdeVivienda para el 14 marzo de 2009.
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Existen soluciones para el problema de la vivienda, para alcanzarlas no se pueden seguir haciendo las mismas cosas que lo han causado. Desde VdeVivienda exigimos que se acabe con la vergüenza de las viviendas vacías, más de 4 millones en España, y que se les dé un uso social; Que se deje de dar dinero público a las constructoras, inmobiliarias, etc, ni con el ICO ni promocionando VPO; Que no se condene a los hipotecados a la miseria cuando el banco subaste su casa y les requise la nómina para pagar el resto de la deuda; Que no sea delito usar casas abandonadas para sobrevivir o para abrir espacios sociales.
Porque ya estés sin casa o en la de tus padres, o hipotecado con el agua al cuello, o conviviendo con alguien a la fuerza, vengas de otro país y no puedas ni trabajar ni vivir, nuestro problema es el mismo, en este país unos pocos se han enriquecido muchísimo a costa de hacer la vida imposible a los trabajadores, impidiéndonos acceso a la vivienda o endeudándonos de por vida para acceder a una.
Por eso te animamos a que te unas a la asamblea de vivienda.
VIVIENDAS VACÍAS PARA EL ALQUILER SOCIAL UNIVERSAL
¿Qué es una vivienda vacía?
Las viviendas no ocupadas que se encuentren en zonas en las que existe necesidad de vivienda a las que su propietario no da uso durante al menos un año. Por ello, proponemos elaborar un censo de personas con necesidad de vivienda para optar a habitar estos pisos desocupados con un alquiler social
¿Qué es el uso social de una vivienda?
Uso social es la puesta a disposición de una vivienda vacía a favor de la persona o familia que no tenga este derecho básico cubierto, que tendrá que pagar únicamente los gastos de mantenimiento y conservación del inmueble, gastos a los que se limitaba la renta del alquiler en su origen.
¿Qué es una expropiación por uso?
El uso social no es una expropiación de la propiedad de la vivienda, sino que se trata de una limitación del derecho de uso durante un periodo determinado de tiempo durante el cual la vivienda será habitada por una persona o familia que haya acreditado su necesidad de vivienda.
Transcurridos dicho periodo el propietario podrá recuperar el uso de la vivienda siempre que se comprometa a ocuparlo y lo acredite posteriormente.
¿Qué viviendas formarán el Parque Público?
El Parque Público lo formarán principalmente las viviendas en propiedad de los grandes especuladores: bancos, cajas de ahorro, inmobiliarias, constructoras, etc.
Estas empresas privadas son los mayores propietarios de viviendas vacías, que han fomentado durante los años la burbuja inmobiliaria y la circulación de grandes cantidades de ’dinero negro’ que habitualmente se "lavaba" con la compra especulativa de inmuebles.
¿Qué beneficios tiene el alquiler social universal?
El primero de ellos y más importante es que garantizará el acceso a una vivienda digna en condiciones justas a la población actualmente excluida. La vivienda pasará a ser un derecho y no un privilegio de los más favorecidos.
Disminuiría de manera notable el número de viviendas construidas por lo que acabaría con la destrucción ambiental que el crecimiento urbanístico ha ocasionado en los últimos años.
El alquiler no supone una carga para la administración pública, ya que el demandante de vivienda será quien sufrague los gastos mínimos para mantener la vivienda en buenas condiciones.
El alquiler social universal eliminaría el lucro de los banqueros que se han hecho ricos cobrando intereses abusivos a los millones de hipotecados, así como el endeudamiento de la población.
Por otro lado la eliminación de ayudas fiscales y subvenciones a la adquisición de vivienda y la financiación pública a su construcción, permitirá destinar este dinero a otros fines más justos que reviertan en beneficio de la sociedad y no en el de los especuladores, así como la inversión en servicios públicos.
Permite la elección del lugar de residencia evitando el traslado forzoso hacia barrios o poblaciones alejadas del entorno social o del centro de trabajo en busca de una vivienda asequible, al que en la actualidad obliga a presión especulativa.
Alquiler Social Universal frente a Vivienda Protegida
El sistema de vivienda protegida lleva funcionando décadas en España desde que fue implantado por el franquismo sin que haya solucionado el problema del acceso a la vivienda.
El eje del sistema de vivienda protegida de promoción privada es la concesión de ayudas públicas para la financiación de la adquisición y subvenciones, a cambio de limitar el precio de venta de la vivienda durante unos años. Pero las ayudas acaban en el bolsillo del constructor o gestor, que ponen en práctica innumerables abusos para incrementar el precio de las viviendas muy por encima de su coste, e incluso del precio legal. Precisamente la subida del límite máximo del precio de venta de este tipo de vivienda en los últimos años la ha hecho inaccesible para buena parte de la población, por lo que mientras que en su origen la vivienda protegida estaba destinada a las rentas más bajas, ahora sólo pueden acceder a ella rentas medias-altas.
Tampoco la vivienda protegida de promoción pública es una solución al problema, puesto que además de haberse equiparado su precio a la de promoción privada, excluyendo por lo tanto a las rentas medias-bajas, no se adjudican a todos los demandantes de vivienda sino a una muy pequeña parte por sorteo.
Además la vivienda protegida pasa a al mercado libre en unos años, integrándose en la burbuja inmobiliaria.
Por lo tanto en el futuro la vivienda protegida de promoción privada debe desaparecer, mientras que la de promoción pública debe dar paso a un parque de viviendas de titularidad pública que serán destinadas en su integridad al alquiler social universal.
¿Hipoteca basura o hipoteca usura?
La legislación hipotecaria debe modificarse para que la subasta de la vivienda suponga la cancelación de la deuda pendiente de abonar al banco, de forma que sean las entidades prestamistas quienes asuman las consecuencias de la crisis que han generado concediendo préstamos basados en tasaciones fraudulentas y prácticas abusivas para obtener el máximo beneficio posible. La política de préstamos hipotecarios es pieza clave sin la cual no se hubiese producido la burbuja inmobiliaria y los hipotecados no deben pagar sus consecuencias.
¿Privatizar ganancias y socializar pérdidas?
Hace ya meses que venimos asistiendo a la inyección de dinero público a constructuras, promotoras, inmobiliarias y por supuesto, a los bancos, nuevas formas de dar dinero público a empresas empeorando el problema de acceso a la vivienda. Por eso exigimos que ni un euro público
¿Por qué hay que despenalizar la okupación?
La okupación de viviendas vacías no genera ningún daño a la sociedad, al revés, es la existencia de viviendas vacías la que ha provocado una enorme injusticia social, debiéndose en todo caso considerar delincuentes a los grandes acaparadores de vivienda vacía con fines especulativos.
La okupación de viviendas está considerada delito por nuestra legislación, criminalización que supone una excepción a la regla general puesto que en muchos países europeos se ampara como un obstáculo sano a la libre especulación. La okupación de viviendas vacías debe ser despenalizada.
* Diario Rojo y Negro - 12.12.2008
El urbanismo marchita
LAOPINIÓN/Málaga* : Probablemente no haga falta ninguna encuesta para llegar a la conclusión de que el urbanismo salvaje ha incidido en un deterioro de la calidad de vida de los andaluces. Los malagueños, de hecho, son quienes más han sufrido esta agresividad constructora y a los que más les duele la misma.
Lo que ya percibía el ciudadano de a pie lo ha confirmado el Ecobarómetro andaluz de 2008, un estudio efectuado por la Consejería de Medio Ambiente y el Instituto de Estudios Sociales de Andalucía (IESA).
Los malagueños son los ciudadanos que valoran en términos más negativos la influencia del desarrollo urbanístico en su entorno a lo largo de los últimos cinco años: un 54,8% de los habitantes de la provincia considera que la situación del medio ambiente se ha deteriorado algo o bastante, mientras que sólo el 26,1% ha visto algún punto positivo en la extensión de la actividad edificadora.
Jaén, por contra, es la provincia que refleja la tendencia opuesta: un 42,6% de los encuestados afirma que el urbanismo ha mejorado la situación medioambiental en sus localidades, frente al 19,5% que piensa que la ha empeorado.
Estas conclusiones no pueden sorprender si se tiene en cuenta que Málaga es una de las provincias más castigadas por las construcciones ilegales: sólo en Marbella existen 30.000 viviendas fuera de ordenación, y en Estepona hay unos 3.000 diseminados irregulares. A nadie se le escapa que Cártama o Mijas también soportan numerosas casas en suelos ajenos a la legalidad urbanística y, por otro lado, ésta es la provincia andaluza con mayor cantidad de fiscales Anticorrupción y de Medio Ambiente.
El urbanismo salvaje esconde, además de una agresividad inherente hacia el medio, un componente que lo relaciona con actividades delictivas: el elemento inmobiliario ofrece muchas posibilidades de lavar dinero a las mafias. Este problema evidentemente es puntual, pero los propios malagueños han concluido que la situación de la provincia es dramática en este aspecto.
Pero hay más. Cuatro de cada seis andaluces estiman que el fenómeno urbanístico ha empeorado su entorno más inmediato durante los últimos cinco años, una percepción que ha aumentado en cuatro puntos porcentuales en relación al Ecobarómetro de 2007. Sólo el 33% cree que la situación ha mejorado.
Otra tendencia interesante reside en que en 2007 la división de opiniones sobre la patología social que supone el urbanismo sin medida era mucho más evidente; hoy, la balanza se inclina por el lado de la mesura.
Tamaños. También queda patente en el estudio que los habitantes que viven en municipios inferiores a 20.000 habitantes atribuyen a la construcción un valor de calidad ambiental. En 2005, el 75% de los andaluces señalaba al urbanismo como el principal de los males ambientales y apoyaba que la Junta de Andalucía interviniera en los municipios que fueran necesario. Y así lo hizo. Todos recuerdan cuando la Administración autonómica dejó a Marbella sin sus competencias en disciplina urbanística (capacidad de dar licencias y sancionar), pocos meses antes del estallido de la operación ´Malaya´.
La Fiscalía de Málaga, por ejemplo, acusó al alcalde de Tolox, Juan Vera (CA), de 23 delitos urbanísticos por numerosas viviendas fuera de ordenación (uno o dos años de cárcel por cada ilícito, además de la pertinente inhabilitación).
Málaga también destaca en otros aspectos. Es la provincia que aglutina un mayor porcentaje de opiniones negativas en relación a la situación de la evolución ambiental: concretamente un 48,5% de los malagueños considera que el entorno andaluz ha empeorado algo o mucho en los últimos tres años.
En otro orden de cosas, mientras que el problema local que más preocupa a los andaluces es el ruido (sobre todo en municipios con más de 5.000 habitantes), en localidades con menos de 20.000 lo más destacado es la falta de zonas verdes. En las ciudades de mayor tamaño, la mayoría apunta a la suciedad de las calles.
En la región, son los incendios lo que más llama la atención. Cada verano el fuego devora inevitablemente numerosos bosques andaluces, y, a pesar de que el plan de extinción de incendios autonómico tiene gran calidad y eficacia, todo el mundo recuerda con amargura la amalgama de siniestros que asoló la comunidad hace dos veranos.
Mientras que es el fuego el problema ambiental más citado en la mayor parte de las provincias, Almería y Jaén muestran sus quejas en torno a la desertificación y la falta de agua que están sufriendo. La provincia del Poniente andaluz es sin duda la más castigada en este sentido y, por ello, la gestión del agua se ha revelado eficaz en la zona: el riego por goteo es allí todo un arte.
Saneamiento integral. En Málaga, sin embargo, se vuelve a incidir en una preocupación histórica: la contaminación de playas y mares. Este aspecto es fundamental para el sector turístico, cuyos representantes llevan décadas pidiendo por activa y por pasiva que se acometa de una vez el saneamiento integral de la Costa del Sol. Por ahora, se han dado pasos para completar la iniciativa, aunque resta mucho para culminar este proyecto histórico que ya se ha convertido en una reivindicación clásica como el embovedamiento del río Guadalmedina de la capital.
En Huelva preocupa también la contaminación del aire, mientras que el cambio climático es la realidad más señalada por los ciudadanos andaluces como la rémora medioambiental más importante del planeta.
* La Opinión de Málaga - JOSÉ ANTONIO SAU - 13.12.2008
Foto: Urbanismo. Imagen de la barriada de Nueva Andalucía, en Marbella, una de las zonas más urbanizadas de la provincia. L. O.
Urbanismo ¿para qué?
XERARDO ESTÉVEZ* : La ciudad, de nuevo global. Bajo este sugestivo lema se ha celebrado en Santiago el foro Ciudad, Territorio y Urbanismo, impulsado por la Consellería de Política territorial, Obras Públicas e Transportes y el Colegio de Arquitectos de Galicia. Tres jornadas en las que un grupo internacional de participantes transitó entre la gran escala americana y el pensamiento francés en torno al individuo y el colectivo, del detalle de la ciudad a la megalópolis. Ha sido un ejercicio para promover los pensamientos en zoom, flexibles, más que los holísticos que se demandaban antes.
Pese a la buena organización, el evento no tuvo apenas repercusión en los medios y el número de asistentes, unos 300, ha sido muy inferior al del foro de arquitectura que se alterna anualmente con el de urbanismo, con un gran eco mediático y éxito entre los alumnos de la Escuela de Arquitectura. Lo urbano, ante su complejidad y dificultad de comprensión, tiene menos audiencia. Por cierto, de mi generación éramos tres. El arquitecto se ha recluido en el proyecto, mientras muchos jóvenes se dejan obnubilar por el diseño efectista que pocos van a tener la oportunidad de realizar. Cabe preguntarse si se puede hacer arquitectura sin conocer el nuevo fenómeno urbano.
Urbanismo, ¿para qué? Cada ayuntamiento, y así lo promueve la legislación urbanística, tiene vocación de ser ciudad, con su núcleo urbano, su zona de expansión y su ámbito rural, máxime las poblaciones vecinas a las grandes ciudades y las del eje atlántico. Ahora, 30 años después de la "navallada", miramos de nuevo al conjunto de municipios del corredor Tui-Ferrol y del entorno de las ciudades y descubrimos un territorio densamente urbanizado que, de entrada, nos sorprende, luego nos horroriza e incluso incita a anatemizarlo. A esa expresión del territorio, presente de distintas maneras en todo el mundo, le hemos puesto cantidad de nombres: difuso, disperso, fragmentario, archipiélago... pero, para entendernos, le llamamos metrópoli. Es el resultado de la expansión y la conurbación de los municipios limítrofes producida por una sociedad y una economía que, rompiendo los cánones de concentración de la ciudad clásica, se ha desparramado por el territorio con sus servicios, sus empresas y la residencia. No siempre racionalmente, pero ¿a quién le interesa la racionalidad, si se sabe que detrás de esa fuerza de la dispersión viene la administración pública con una economía de la reparación que cose los fragmentos de tejido urbano y vuelve a abrir líneas de fuga con sus infraestructuras y sus planes sectoriales?
El urbanismo como disciplina de la ciudad se nos ha quedado pequeño para entender el fenómeno metropolitano. En un siglo ha pasado por diferentes enfoques -social, infraestructural, estético-formal, burocrático-jurídico- para convertirse en algo más político, pero no por ello ajeno. Hay que desacralizar la palabra política, alejarla del estricto marco partidario, ya que por ella hemos de entender la toma de decisiones claras y concisas en el momento oportuno, evaluando sus consecuencias sociales, económicas y territoriales. La política puede y debe tutear a la economía y la sociedad si está amparada por una buena base técnica, y ahí estamos los profesionales.
El territorio humanizado, la metrópoli, necesita análisis, describir ante todo cómo es, pero eso no quiere decir que el planeamiento haya muerto. Hay que seguir trabajando para que cada ayuntamiento tenga su plan general, contenido y bien articulado. Antes de meternos en la redacción de planes supralocales, como proponen las Directrices de Ordenación Territorial, los ayuntamientos metropolitanos tienen que reunirse con la autonomía en torno a una mesa de negociación y dedicar horas de reloj para llegar a acuerdos de cooperación en cuanto a servicios, transporte público, ubicación de la residencia, coordinación de los planes e incluso fiscalidad. Y, repito, con la presencia de la autonomía para sacar provecho de las inversiones y fomentar el esfuerzo territorial: yo invierto, juntos ordenamos.
Cuando se clausura un foro solemos preguntarnos para quién hablamos, si para los que asisten o si entre los ponentes aprovechamos la oportunidad para actualizar nuestro bagaje. El nuevo territorio metropolitano no necesita fórmulas mágicas; además, no las hay. Supongo que quienes iban tras ellas habrán salido algo decepcionados. Con el urbanismo o el nuevo término que acuñemos no se puede transformar la sociedad, como se pensaba antes, sino, sencillamente, mejorarla.
* XERARDO ESTÉVEZ es arquitecto
* ELPAIS.com - Opinión - 12/12/2008
Elda: Los vecinos piden un referéndum para opinar sobre el derribo de la plaza de toros
LAVERDAD/Alicante* : La Federación de Asociaciones de Vecinos de Elda (FAVE) solicitó ayer al Ayuntamiento que convoque un referéndum popular ante el proyecto de derribo de la plaza de toros y del estadio municipal de fútbol. La entidad vecinal acusó ayer al equipo de gobierno local (PP) de «atentar» al interés general de los eldenses y ha solicitado la construcción de un complejo comercial y un centro de salud.
Esta petición fue trasladada ayer formalmente al consistorio, después de presentar diez alegaciones a una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana que permite iniciar un proyecto que incluye un nuevo complejo deportivo, un auditorio y una nueva Plaza de Toros en el Sector 9 de la ciudad.
Asimismo, esta iniciativa urbanística contempla la construcción de 340 nuevas viviendas y jardines donde ahora se hallan los actuales campo de fútbol y coso taurino.
El vocal de la junta directiva de la FAVE, Amado Navalón, indicó que esta actuación que no está contemplada en ningún programa electoral, «por lo que es necesario arbitrar las oportunas medidas para conocer si el pueblo quiere este proyecto o no». «De no celebrarse el referéndum, se cometerá cuando menos un grave fraude electoral», agregó.
A su juicio, la modificación del Plan General de Ordenación Urbana aprobada por el PP «es de mucha envergadura y trascendencia, pues contempla el derribo de dos lugares emblemáticos de Elda».
No obstante, el vocal de la FAVE «duda» que la Alcaldía de Elda vaya a realizar la convocatoria electoral y ha acusado al PP de «hacer lo imposible por eliminar la participación ciudadana».
La FAVE, que es partidaria de la rehabilitación del actual coso taurino, solicita la construcción de un centro de salud en la zona 9 de la ciudad, así como de un centro comercial.
* La Verdad - EFE - 12.12.2008
Foto: Elda - ua.es
La Fiscalía estudiará por qué el Consistorio de Marbella no ejecuta varias sentencias
LAOPINIÓN/Málaga* : Ya lo advirtió. La plataforma 29-M, que reúne a los vecinos de Marbella que poseen viviendas legales y se consideran auténticos ´compradores de buena fe´ afectados por las irregularidades urbanísticas, denunció ayer ante la Fiscalía Superior de Andalucía la "amnistía anunciada" que plantea el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado provisionalmente y el órgano judicial ha abierto diligencias para estudiar el caso.
La abogada de la plataforma, Inmaculada Gálvez, cree que esta amnistía beneficiaría a los infractores urbanísticos, al considerar que el nuevo PGOU servirá para evitar que se ejecuten unas 50 sentencias firmes.
Varios miembros de la plataforma se reunieron ayer en Granada con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Augusto Méndez de Lugo, y el teniente fiscal de la Fiscalía Superior de Andalucía, Guillermo Sena, para argumentar sus sospechas y manifestarles su preocupación por la "quiebra del Estado de Derecho" que suponen.
Los representantes del colectivo le dieron a Sena documentación sobre las sentencias firmes no ejecutadas por el Ayuntamiento de Marbella, la dilación indebida de los procedimientos y el proceso de restauración de la normalidad urbanística "acordado por los distintos partidos" para que "no se continúen investigando los delitos urbanísticos".
El fiscal aclaró que su departamento investigará los asuntos que le competan, ya que el estudio de la mayoría corresponden, desde su punto de vista, a la Fiscalía provincial. No obstante, el teniente fiscal de la Fiscalía Superior de Andalucía se comprometió a reunirse con la plataforma en enero para acceder a mayor información, especialmente sobre el archivo de delitos urbanísticos por prescripción.
Los vecinos de la 29-M transmitieron a Méndez de Lugo la necesidad de reforzar los juzgados ante las impugnaciones que pueda recibir el documento urbanístico, con el fin de que el proceso no se prolongue durante años. "Los políticos están cogiendo el hábito de dejar pasar el tiempo y aprovecharse de una justicia lenta para que todo se tape y se calle", advirtió Gálvez, quien rechazó la postura del Consistorio marbellí que pretende "legalizar" la situación urbanística bajo la coartada de no tener que hacer frente a las posibles responsabilidades patrimoniales que puedan demandar los promotores en los tribunales por haber sido la propia Administración local la que otorgó licencias en la mayoría de los casos para permitir las obras.
Pero no es así. La abogada de la asociación asegura que los promotores no pueden exigir esa responsabilidad "al haber indicios de que han incurrido en dolo junto a los que les concedieron las licencias", lo que significa que conocían en muchos casos la situación de riesgo que suponía construir a pesar de contar con permiso.
"El Ayuntamiento sabe que un PGOU no puede legalizar una situación que tiene ya un título judicial que inhabilita esas licencias", argumentó Gálvez quien cree que tras este acuerdo entre partidos se puede esconder la posible financiación ilegal de los mismos.
Banderas. Por otra parte, el juzgado número 3 de Marbella ha archivado la causa por la concesión de la licencia de la casa propiedad del actor malagueño Antonio Banderas, al considerar que los delitos están prescritos.
* La Opinión de Málaga - P. SÁNCHEZ / AGENCIAS. MARBELLA - 12.12.2008
Foto: ayuntamiento - wikipedia.org
150 alcaldes imputados/ Forges
Viñeta de Forges - ELPAIS.com- 9.12.2008
Vandalismos públicos
EUGENIO S. PALOMARES* : De siempre las viñetas de Antonio Fraguas Forges han expresado en sus dibujos y frases lo que muchos sentimos. Da igual el problema que trate. Lo hace fácil porque en la mayoría de las ocasiones, cuando no en todas, nos identificamos con lo que pretende reflejar, y refleja. En la viñeta que ayer publicaba este diario, uno de sus protagonistas leía una noticia y decía en voz alta que 150 alcaldes estaban imputados en causas por corrupción urbanística. Esta noticia era asumida como real por otro ciudadano que, a su vez, preguntaba en qué provincia.
Lo cierto, que es como la verdad sin cinismo alguno, es que ya empiezan a parecernos pocos que pueda haber 150 alcaldes o personas próximas a la causa pública en procesos penales imputados por corrupción. Hagamos la prueba. Tomemos un periódico, cualquiera, y observaremos que entre sus noticias diarias siempre hay temas de corrupción urbanística; que alcaldes, concejales y funcionarios se encuentran imputados por todo el territorio nacional, siendo indiferente a estos efectos la comunidad autónoma o el municipio, como el grupo político que gobierne en la comunidad o en el ayuntamiento.
No obstante, se nota una mayor incidencia en la costa y las grandes ciudades. Ayer mismo, sin ir más lejos, podíamos leer que el Ayuntamiento de Estepona ha despedido a un auditor y lo va a denunciar a la fiscalía por desfalco, ya que cobrar dos o tres millones de euros por trabajar le parece excesivo. También siguen vivos, y con novedades a diario, los llamados casos Astapa, Hidalgo, Ballena Blanca, Camas..., mostrando que la corrupción no sólo no causa extrañeza, sino vive a nuestro lado y a diario. Lo peor es que no se observa una actuación política decidida a cortar por lo sano con este vandalismo y pillaje públicos. Hay una especie de excusa que se utiliza por uno u otro grupo político en función de quién o quiénes sean el autor o autores del desaguisado. No es algo, por lo demás, que quede limitado al ámbito municipal y urbanístico. No ya respecto a la comisión de delitos contra la ordenación del territorio, sino a otros desaguisados que, careciendo normalmente de relevancia penal, sí tienen relevancia pública. En unos y otros se muestra la ausencia de unidad en los grupos políticos para cortar por lo sano y hacer llegar a los ciudadanos un mensaje de coherencia. Así, esta semana hemos visto, como en los mejores tiempos del franquismo, que se puede decir públicamente y emplear la palabra muerte siempre que lo haga un nacionalista y la dirija al Borbón sin que tal empleo implica lo que dicen sus palabras y tenga una respuesta única por parte de todos los grupos políticos. Se ve, a las claras, que unos y otros exigen o justifican, en función de sus intereses, estos usos del lenguaje cuando cualquier individuo público que utilice la palabra muerte en un Estado que la ha abolido constitucionalmente no está capacitado para servir a este Estado. En fin, que en esto de la unidad frente a actos de salvajismo urbanístico o político todo sigue siendo del color que cada uno mira, y si no que se lo pregunte también a Fabra que no sabe qué hacer con el dinero que le toca a la lotería. En cualquier caso, hablemos de corrupción urbanística o de disparates públicos, soy de los que piensan que es necesario que los políticos conozcan sus límites; que sepan que la pertenencia a un grupo no les autoriza a expoliar el sector público y que sus compañeros de grupo no les van a proteger cuando se vean inmersos en una causa penal por temor a que se identifique a unos con otros, como tampoco que van a quedar sin respuesta sus excesos verbales. Y pienso de esta forma porque no es posible, salvo que la hipocresía sea la que rija la forma de hacer política, que los grupos políticos no pueden comprometerse a seguir un patrón de honestidad personal y política y, al mismo tiempo, amparar a quién o quiénes se sirven de lo público o hablan de la muerte con una frivolidad que pone los pelos de punta.
* ELPAIS.com - Opinión - 10.12.2008
Una plataforma asegura que el plan Rabassa vulneró la ley de contratos
ELPAÍS/Alicante* : El rechazo cívico al plan Rabassa (el mayor programa urbanístico de Alicante, con 13.503 casas, de las que 8.047 serán protegidas) no cesa. Justo cinco días después de que la iniciativa superara el último escollo municipal, la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC) denunció ayer que el Ayuntamiento ha vulnerado la ley de contratos públicos al negar la libre concurrencia empresarial.
Manuel Alcaraz, presidente de la entidad, incidió en que el gobierno local del PP sigue sin aclarar el "porqué" del proyecto. "Quizás la urgencia no sea la ejecución de las viviendas sociales, sino el desarrollo de la zona comercial", puntualizó.
El presidente de la PIC reiteró el anuncio de la plataforma de acudir a los tribunales, si finalmente el Consell da el visto bueno al plan Rabassa. A jucio de Alcaraz, existe jurisprudencia para defender por la vía del contencioso-administrativo la nulidad jurídica del programa. El también profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Alicante señaló que los acuerdos de adjudicación y aprobación provisional del programa por parte del pleno del Ayuntamiento vulneraron la ley estatal de contratos públicos y la legislación europea en esa materia.
Entre esos dos actos administrativos, es decir, el pleno de abril de 2005 y el de junio de 2006, cuando se adjudicó y se aprobó el PAI (Programa de Actuación Integrada), se produjo una modificación sustancial de las condiciones del plan. "En el apartado del presupuesto del programa, el coste pasó de 149 millones de euros a 187, es decir, un 28% más", explicó Alcaraz. Para el catedrático, esta modificación implica que el programa tenía que haber vuelto al principio para facilitar la libre concurrencia. "No se hizo así y se mantuvo la adjudicación al contratista Enrique Ortiz", precisó. "Por esta cuestión, el Tribunal Superior de Justicia ha anulado ya el PAI de Patraix. Creemos que la doctrina sentada por esa sentencia es plenamente aplicable al plan Rabasa", añadió.
Otro elemento que esgrimirá la plataforma en su hipotético recurso a los tribunales es que la iniciativa se ha autorizado con el informe negativo de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre la disponibilidad de recursos hídricos. "Este informe, de acuerdo con la legislación vigente, también es preceptivo", dijo. Alcaraz aseguró, no obstante, que en su recurso no solicitarán la suspensión cautelar de su ejecución. "Pretendemos demostrar su ilegalidad, no que se nos acuse de que vamos contra la creación de empleo", explicó.
El líder del movimiento social contra el plan Rabassa abundó en su crítica al PP (esta formación se ha quedado sola en la ciudad en defensa del Plan Rabassa) porque, en su opinión, no ha explicado "el porqué ni para qué" se aprueba el proyecto, "sólo sabemos el para quién, el promotor Ortiz". Alcaraz señaló que la defensa de las viviendas protegidas contenidas en el plan no se sostiene con la actual coyuntura de crisis inmobiliaria. El presidente de la PIC resaltó el suelo finalmente destinado a zona terciaria: 143.500 metros cuadrados del total de 1.458.361 metros de techo edificable. "Tampoco tenemos claro si esta cifra coincide con la inicial", apuntó.
Alcaraz destacó que el trámite del plan al margen del planeamiento de la ciudad desvirtúa el debate sobre el nuevo PGOU: "Resta credibilidad al PGOU. El documento recoge que el plan Rabasa está en ejecución, otra falsedad, porque ni siquiera ha sido aprobado definitivamente".
* ELPAIS.com - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 11/12/2008
Foto: Ayuntamiento Alicante - wikipedia.org
La asociación de abogados urbanistas a favor de la consulta popular para aprobar los Planes Generales
DIARIODIRECTO* : Así lo ha manifestado el Presidente de la Asociación D.José Maria García Gutiérrez tras la sentencia dictada por el Tribunal Supremo. Sentencia de 23 de septiembre 2008. La Asociación muestra su conformidad con el criterio seguido por el Tribunal Supremo que ha declarado nulo el acuerdo del Consejo de de Ministros de fecha 1 de septiembre del 2006 por el que se le denegó al Ayuntamiento de Almuñecar (Granada) la autorización para la celebración de una consulta popular sobre la aprobación inicial del PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) del Municipio.
El Supremo contrario a la anterior prohibición, en sentencia de 23 de septiembre del 2008, ha reconocido al Ayuntamiento el derecho a convocar ese referéndum.
La Sentencia da conformidad a la normativa Urbanística, ya que en materia de Planeamiento como es el caso de un PGOU, sobre su formulación y aprobación inicial, es el Ayuntamiento, el que tiene atribuida la competencia.
Igualmente el Supremo apela a la doctrina del Tribunal Constitucional por lo que la interpretación que realiza éste respecto al art. 71 de la Ley de las Haciendas Locales es acertada. La Planificación urbanística, reiteramos es competencia de los Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas se limitan al control de la legalidad y a las decisiones en el ámbito supramunicipal.
La Asociación, por boca de su Presidente, es partidaria de que los ciudadanos decidan sobre cuál es el modelo de ciudad en la desean vivir, y por tanto hay que contar con éstos.
Los Planes Urbanísticos nacen para resolver los problemas que existen en las ciudades. Estas tienen que crecer, pero el desarrollo de la ciudad afectará inevitablemente a las condiciones de vida de la población destinataria y los redactores deben tratar de mejorarla. Pero el ciudadano tiene derecho a participación y decidir sobre su futuro.
Este criterio no es nuevo y está recogido en la propia Ley del Suelo ( tanto en la anterior Ley 8/2007 de 28 de mayo, como en el reciente Real Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de junio que aprueba el Texto Refundido de la nueva Ley, que en su art. 4, anima a los ciudadanos a participar efectivamente en los procedimientos de elaboración y aprobación de cualesquiera instrumento de ordenación del territorio y en la ejecución urbanística, e igualmente en su evaluación ambiental.
Desde esta Asociación entendemos que este será el futuro, que los Planeamientos Urbanísticos tendrán que ser consultados por los ciudadanos antes de ser aprobados y la sentencia de 23 de septiembre del 2008, no será la única, sino que habrá otras en el mismo sentido, pronunciándose a favor de la consulta popular.
* Diario Directo - 10.12.2008
