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LAPROVINCIA/Fuerteventura* : El Gobierno de Canarias encargó al escultor vasco convertir Tindaya en un referente cultural. El proyecto acabó en los tribunales con diversas demandas que fueron perdidas por el Ejecutivo. Quince años después no se ha tocado la montaña y se deben millonarias indemnizaciones.
'Sablazo: Obtención de dinero de alguien, con habilidad e insistencia, y sin intención de devolverlo'. Lo que era una excepcional idea del escultor vasco Eduardo Chillida (ya fallecido), el 'Monumento a la Tolerancia' que se pretendía construir en Tindaya, se ha transformado, con el paso de los años, en un sablazo monumental.
LA IDEA DE CHILLIDA. En 1993, el escultor vasco Eduardo Chillida, ya fallecido, recibió un encargo del Gobierno de Canarias para realizar un monumento etnográfico en la Montaña de Tindaya, en Fuerteventura, que se convirtiera en un referente mundial.
La idea de Chillida consistió en abrir en canal la montaña majorera y hacer un cubo interno de 50x50x50 metros, con un túnel de entrada de 200 metros y dos tragaluces. Para llevar a cabo el proyecto, el Gobierno de Canarias creó la sociedad Proyecto Monumental Montaña de Tindaya (PMMT), una empresa participada al cincuenta por ciento por Saturno (empresa pública) y Canteras Cabo Verde (propiedad de Rafael Bittini), esta última adjudicataria de la explotación minera de Tindaya y Tebeto, otra montaña contigua.
Así, el Gobierno puso en las manos de PMMT 12 millones de euros que fueron transferidos a la UTE formada por FCC y Necso, a las que se les adjudicó el proyecto de la obra diseñada en su día por Eduardo Chillida.
LA DESIDIA DEL GOBIERNO. Tras los primeros pasos, el proyecto del escultor vasco Eduardo Chillida cayó en la más absoluta desidia del Gobierno de Canarias. Después de que PMMT entregara 11,8 millones de euros (1.960 millones de pesetas) a la UTE adjudicataria del proyecto, el dinero se evaporó.
Lo que en un principio era una partida presupuestaria destinada a "sufragar gastos de estudio e implantación del proyecto", fue utilizado por las empresas constructoras adjudicatarias FCC y Necso para comprar a Canteras Cabo Verde S.A. los derechos de explotación minera que esta sociedad tenía sobre Tindaya.
Según consta en una sentencia que tumbó la demanda civil de devolución de los 11,8 millones de euros que reclamó entonces el Gobierno de Canarias, fue el propio Ejecutivo regional el que "impuso y aceptó condiciones de complicado cumplimiento", tanto a los propietarios de la montaña como a Eduardo Chillida.
De esta forma, sostiene la sentencia que data de febrero de 2008, la Administración pública "hizo inviable cualquier ejecución del contrato, pues, agotado el impulso político y mediático con el que el Gobierno de Canarias rodeó la adjudicación del contrato, éste cayó en la desidia, culminando en una tozuda negativa a cumplir las condiciones del autor". A raíz de ahí, comienza el declive judicial.
NI POR LO CIVIL NI POR LO PENAL. El propio Gobierno de Canarias decidió ir a los tribunales para intentar recuperar los casi doce millones de euros invertidos, pero le salió el tiro por la culata. De esta forma, se inició en el Juzgado de Instrucción número 4 de Las Palmas de Gran Canaria una causa penal que, años más tarde, fue archivada por no apreciar indicios de delito.
El archivo fue confirmado por la Audiencia Provincial de Las Palmas tras un recurso de Ben Magec Ecologistas en Acción. Mientras, continuaba la vía civil abierta, con la intención de recuperar el dinero. Pero en enero de 2008, el Juzgado de Primera Instancia número 8 de Las Palmas de Gran Canaria tumba también la demanda civil del Gobierno, le obliga a devolver a las empresas la garantía que depositaron para llevar a cabo la obra (2,1 millones de euros) y le condena a pagar las costas procesales, que en un procedimiento de mayor cuantía, como éste, pueden llegar a superar los tres millones de euros.
TEBETO: 92 MILLONES MÁS. Mientras caminaban en los juzgados los pleitos civil y penal emprendidos por el Gobierno de Canarias, el propietario de Canteras Cabo Verde S.A., Rafael Bittini emprendía, también ante la Justicia, los derechos que creía que le correspondía. Sólo así se entiende el fallo judicial consumado esta semana y que condena al Ejecutivo a pagar 92,3 millones de euros de forma inminente.
El pleito de la Montaña de Tebeto, contigua a Tindaya, data de principios de los noventa, cuando Cabo Verde solicitó al Gobierno la licencia de explotación minera tras una concesión que había obtenido en 1982. El Ejecutivo regional consideró que las concesiones habían caducado y Bittini acudió a la Justicia. El TSJC le otorgó la razón y el Supremo se la confirmó, pero cuando por fin se le habían concedido los derechos de explotación minera, había entrado en vigor el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura, que prohibía la extracción minera en Tindaya y Tebeto.
Fue entonces cuando Cabo Verde, al verse perjudicado por las decisiones del Gobierno, inició una reclamación patrimonial, cuya tesis fue aceptada por el TSJC, que cuantificó el perjuicio en 92,3 millones de euros. Bittini solicitó entonces la ejecución provisional de la sentencia y el TSJC la aceptó. Y el Gobierno ahora debe pagar.
Y SIN MOVER NI UNA SOLA PIEDRA. Mientras las sentencias perdidas aumentan las indemnizaciones a la velocidad de la luz, lo más curioso de todo es que de la Montaña de Tindaya no se ha movido una sola piedra. Todo lo más, unas catas para estudiar la viabilidad de la idea de Eduardo Chillida.
Sin embargo, el "Monumento a la Tolerancia seguirá adelante", dijo en febrero pasado el consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Domingo Berriel, quien aseguró que existe un acuerdo escrito con las empresas mediante el que se comprometen a defender únicamente sus intereses legales en los juzgados, y no interferir en la construcción de la obra.
Así las cosas, desde que el Gobierno le propuso el proyecto a Chillida, allá por 1993, han pasado tres lustros de película: Se han evaporado 12 millones de euros; ha muerto el escultor; se han perdido las causas civil y penal iniciadas por la Administración; y se tienen que pagar 92,3 millones más de indemnización.
* La Provincia - PEDRO GUERRA - 2.11.2008
Foto: Montaña de Tindaya. LA PROVINCIA /DLP
Tindaya: Un sablazo monumental
Más pruebas de la presunta prevaricación en O Pino
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ELPAÍS/Santiago* : Las dos últimas comparecencias en el juzgado de Arzúa que investiga al alcalde de O Pino, Manuel Taboada Vigo, acusado de prevaricar en la gestión administrativa del polígono industrial que Fadesa promueve en el municipio coruñés, han desbaratado los argumentos del regidor popular.
La cronología de sus decisiones durante la mañana del 21 de junio de 2007 confirma la apresurada tramitación del proyecto urbanístico y la inconsistencia de algunas de las tesis de su defensa.
Según el alcalde, esa mañana en que expiraba el plazo de exposición pública del plan, el Ayuntamiento recibió alegaciones de tres grupos de propietarios de los terrenos expropiados que desestimó poco después en virtud de seis informes firmados por funcionarios y organismos externos, antes de aprobar el plan. Todo, antes de que el Gobierno local recibiese el decreto de paralización de la Xunta. Los últimas diligencias practicadas por la juez constatan que la redacción de los seis dictámenes del arquitecto, la secretaria municipal, un bufete de abogados y la consultora de ingeniería que elaboró el plan, sólo pudieron redactarse en cuestión de minutos.
Lo que dijo la cartera
Según la subdirectora general de Protección de la Consellería de Cultura, la orden de Patrimonio "se entregó en las dependencias del registro del concello entre las 9.30 horas y las 10" del 21 de junio. Ese decreto suponía el fin de la tramitación del polígono. En este contexto cobra especial interés la declaración de la empleada de Correos que entregó las cartas certificadas con las alegaciones vecinales. La comparecencia de la cartera aclaró que el Ayuntamiento recibió la notificación de la Xunta entre las 9 y las 10.30 de la mañana, hora en que se cierra la oficina.
Taboada apunta a que ese día recibió primero las alegaciones, luego encargó los seis informes que la secretaria, el arquitecto contratado por el Ayuntamiento, el bufete de abogados externo y la consultora de ingeniería independiente habrían entregado rematados en menos de una hora, y finalmente aprobó el proyecto de urbanización. Según él, fue después cuando llegó la orden de Patrimonio de cesar la tramitación. Lo contrario, seguir con la tramitación obviando las instrucciones de una administración superior, constituiría el delito de prevaricación que un grupo de vecinos imputa a su regidor.
* ELPAIS.com - J. P. - Santiago - 02/11/2008
Foto: O Pino (A Coruña) - xunta.es
Urbanismo da luz verde al segundo PAI con golf de Sant Jordi con el voto en contra de la CHJ
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LEVANTE/Castelló* : La Generalitat sigue aprobando poco a poco planes urbanísticos con oferta de golf en la provincia de Castelló. La Comisión Territorial de Urbanismo dio ayer luz verde a un PAI en Sant Jordi con campo de golf y 2.200 viviendas. La Confederación Hidrográfica del Júcar votó en contra por no estar garantizado el suministro hídrico.
Sant Jordi Golf ocupará una extensión de 1,9 millones metros cuadrados y contará con 2.200 viviendas, de las que 220 serán de promoción pública. El campo de golf abarcará una superficie de 792.579 metros.
Es el quinto proyecto con golf aprobado este año por el Consell. En este ejercicio la Comisión de Urbanismo ha dado luz verde a planes en Sant Rafael del Río, Xilxes(2) y Sant Jordi (La Carrasca). La Generalitat ha relanzado en esta legislatura la tramitación de la decena de PAI con golf presentados en la provincia. Castelló sólo dispone de tres instalaciones de este tipo (Borriol, Sant Jordi y Castelló) y ya han pasado 15 años desde que se construyera el último. Los promotores y el mismo presidente de la diputación, Carlos Fabra, han criticado en los últimos tiempos la demora del Consell en aprobar los proyectos urbanísticos de Castelló. Ahora parece que el Gobierno valenciano ha puesto el pie en el acelerador, aunque de momento no se han iniciado las obras de ningún campo. Tampoco de los tres proyectos que fueron aprobados en la pasada legislatura, como Benicàssim Golf, Sant Gregori en Burriana y Doña Blanca en Torreblanca.
El secretario general de la Asociación Provincial de Empresas de la Construcción de Castelló (Apecc), Fernando Calpe, subrayó la aprobación del campo de Sant Jordi. También destacó el visto bueno a la ampliación del campo de fútbol El Madrigal en Vila-real. "Ambos proyectos significan un importante valor añadido para el turismo y desarrollo de nuestra provincia que ayudarán a situarla en el mapa a muchos turistas extranjeros", afirmó.
Por otra parte, la comisión suspendió el plan general del municipio de Ludiente por no prever reserva para VPP.
* Levante-EMV - J. Mestre - 1.11.2008
Foto: panorámica. Sant Jordi dispone ya de un campo de golf. - levante-emv
La ampliación de la M-30 es ilegal
El Juzgado Contencioso-Administrativo nº 22 de Madrid es contundente: la ampliación de la M-30 se hecho vulnerando diferentes normativas y leyes de protección de la salud, el medio ambiente y el patrimonio histórico y cultural. La sentencia (de 41 páginas) recoge todos los argumentos esgrimidos por Ecologistas en Acción* y hace suyos los planteamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la más alta instancia judicial comunitaria, resultando demoledora para las tesis defendidas por el Ayuntamiento y su alcalde.
Este tremendo correctivo legal se une a las informaciones recientemente conocidas sobre el verdadero coste de esta obra megalómana (más de 10.400 millones de euros, según actas del propio Ayuntamiento) que hipotecará los presupuestos municipales durante 35 años.
En buena lógica democrática, a partir de esta sentencia el Sr. Ruiz-Gallardón debiera extraer evidentes consecuencias políticas y personales, toda vez que la obra más emblemática de su anterior legislatura ha sido declarada ilegal y sus argucias leguleyas puestas en evidencia.
La sentencia es de una tremenda rotundidad contra el Ayuntamiento de Madrid. El juez acoge “en su integridad los motivos de impugnación contenidos en la demanda” de Ecologistas en Acción y declara nulos los actos recurridos, esto es, todos los proyectos de soterramiento junto al cauce del Manzanares.
Antes de emitir su sentencia, el juzgado elevó una cuestión prejudicial a la más alta instancia judicial de la Unión Europea, el Tribunal de Luxemburgo, quien, en julio de 2008, fue también muy contundente contra el Ayuntamiento [1]. Ahora, el pronunciamiento y los argumentos del Alto Tribunal Europeo han sido incorporados a la sentencia del tribunal madrileño, por lo que son muy difícilmente cuestionables.
Varapalo sin precedentes para el Ayuntamiento y su alcalde
El juzgado admite todos los argumentos de la organización ecologista y rechaza la totalidad de los defendidos por el Ayuntamiento. Así, concluye que era imprescindible la realización previa de un estudio de impacto ambiental, que no es de recibo el “troceado” en diversos proyectos para eludir este procedimiento y que el hecho de que sea una vía urbana, o no, (reiterado “argumento” del Sr. Gallardón, de ahí lo de “Calle 30”) resulta irrelevante, puesto que en todo caso su reforma –y más si es del calibre de la que se realizó– tenía que someterse a este precepto legal.
Connivencia culposa de la Comunidad de Madrid
La sentencia tampoco olvida la connivencia culposa de la Comunidad de Madrid. El juez declara que “se ha constatado la infracción de una norma imperativa del derecho interno español, contenida en una ley autonómica”, refiriéndose a la vulneración de la Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, que obliga taxativamente a la evaluación de impacto ambiental previa a todo proyecto que afecte a un Bien de Interés Cultural, como era el caso de las Terrazas del Manzanares afectadas por las obras.
Las componendas de última hora no pueden justificar actos administrativos que desde el principio son nulos
El Ayuntamiento ha venido presentando como éxitos judiciales algunas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, quien consideraba que, aunque se evidenciaban numerosas ilegalidades, resaltaba la dificultad de parar las obras próximas a su finalización y entendía que las irregularidades podrían ser compensadas con el compromiso contraído por el Ayuntamiento con la Comisión Europea de realizar una evaluación ambiental a posteriori.
Pero, finalmente, estos argumentos no son de recibo para el Juzgado Contencioso-Administrativo 22, el cual, citando numerosa jurisprudencia, deja claro que no se pueden alegar componendas posteriores para justificar un acto administrativo (en este caso, la adjudicación de los proyectos) que resultaba nulo desde el principio.
Lentitud judicial: indefensión del medio ambiente y de la calidad de vida
Ecologistas en Acción se congratula de esta sentencia, pero no puede sino constatar cómo nuestro sistema judicial no permite en la práctica la defensa del medio ambiente, ni de la salud y bienestar de la población. A pesar de que los recursos han sido interpuestos antes del inicio de las obras, no se ha podido evitar la ejecución del proyecto ni que los vecinos sufrieran una larga tortura de más de dos años (en los que muchos llegaron a abandonar sus viviendas) por la forma en la que se realizaron los trabajos (ruidos nocturnos, zanjas, vallas, afecciones respiratorias, etc.).
En definitiva, y como ha venido repitiendo Ecologistas en Acción desde el principio, la ampliación de la M-30 era ilegal. Pero no sólo se trata de una obra que ha vulnerado diversas leyes y normativas. También ha supuesto una ruina económica para las arcas municipales que se prolongará durante muchas legislaturas sin que, en contra de lo que sigue pregonando el Ayuntamiento, se haya resuelto ninguno de los problemas que teóricamente la justificaban: los problemas de movilidad siguen siendo los mismos, los atascos persisten, la contaminación del aire continúa por encima de los límites legales, los jardines prometidos brillan por su ausencia… Ahora, además, mientras las deudas aumentan y los impuestos suben, las ilegalidades se ponen en evidencia.
La responsabilidad política de este descomunal despropósito recae, nadie lo duda, en el Alcalde, Ruiz-Gallardón: ¿asumirá sus responsabilidades políticas?
* Ecologistas en Acción de Madrid - 29.10.2008
La ex alcaldesa de Dénia, imputada tras una denuncia por prevaricación
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INFORMACIÓN/Alicante* : La ex alcaldesa de Dénia, Paqui Viciano (PSPV-PSOE), quien fuera su gerente de Urbanismo, Joan Frasés, y el edil de Urbanismo entre 2003 y 2007, el también socialista Juli Martínez, tendrán que explicar en los tribunales la operación por la que el Ayuntamiento vendió en el año 2004 un tramo de un antiguo camino catastral a una promotora.
Hace un mes, el fiscal de Dénia admitió a trámite la denuncia interpuesta en el pasado mes de mayo por el PP, Gent de Dénia y Partido Social Demócrata, por presunta prevaricación administrativa, y ayer mismo llegó la consecuencia directa de esa admisión: un auto de la Fiscalía de Alicante ordena al Juzgado número 3 de Dénia que abra las diligencias citando a declarar como imputados a Viciano, Frasés y Martínez.
Los hechos se remontan al año 2004, cuando el Ayuntamiento enajenó a la mercantil Construcciones Conca S.L. la parte de un antiguo camino catastral por el valor de 38.317,34 euros. El viejo vial atravesaba una parcela urbanizable propiedad de la empresa que, al comprar ese tramo (240 metros cuadrados) al consistorio, pudo llevar a cabo la edificación de una urbanización que está ya concluida.
En la denuncia que interpusieron en mayo, cuando estaban aún en la oposición, PP, GD y PSD acusaban de presunta prevaricación a los ahora imputados. A su juicio, los tres se habrían puesto "previamente de acuerdo" para tramitar la venta del camino, con un informe jurídico "sin firmar". Y que la venta se había "adjudicado a la empresa urbanizadora sin subasta y sin justificación del valor de venta al precio de 222,37 euros por metro cuadrado, cuando el precio medio por metro cuadrado para el mismo Ayuntamiento a mediados de 2004 era de 2.021 euros".
Sin embargo, los informes municipales desdicen todos estos extremos. La venta del camino se realizó con el visto bueno de todos los técnicos. Así, respecto al valor de venta, el informe del arquitecto municipal, Rogelio Mira, daba su visto bueno al valor estipulado; es más, indicaba también que el precio está fijado por una tasación "realizada por una oficina bancaria" y que incluso "es superior al de los valores urbanísticos de las tablas de transferencias" de aprovechamiento que aplicaba el ayuntamiento. Es decir, que incluso el ayuntamiento ingresó más dinero del que hubiera recaudado si aplicaba sus propias tablas.
Asimismo, el informe jurídico, que sí que estaba firmado, concluye que "se proceda a la enjenación directa de la parcela sobrante de propiedad municipal, antiguo camino catastral" y que se haga "por un valor total de 38.317,34 euros". El mismo informe explicaba también que el camino enajenado había dejado de ser un camino catastral desde el Plan General de Ordenación Urbana de 1972, pasando a ser un bien patrimonial considerado parcela sobrante. Y por tanto, en base al artículo 115 del Reglamento de Bienes,de las Entidades Locales, su destinto ha de ser ser enajenada o vendida directamente "al propietario o propietarios colindantes". Según ese informe, la denuncia de PP, GD y PSD partiría ya en su primera línea de una premisa falsa, en la que los denunciantes acusan a Viciano de "aprobar y firmar el contrato de compraventa para la venta directa del camino catastral XXVIII municipal".
Defienden la legalidad de la operación
Paqui Viciano acogió ayer la noticia con sorpresa. Pese a estar fechado el auto el pasado día 27, ni ella ni los otros dos imputados, aseguró, habían recibido a última hora de la tarde la notificación que circulaba ya por todos los medios de comunicación. No obstante, la actual portavoz socialista, que se reunió tras conocer la imputación con Joan Frasés y Juli Martínez, manifestó que "estamos tranquilos, porque el expediente se tramitó, como todos, con total escrupolosidad " y con el aval de la legalidad. De hecho, cuando el anterior gobierno local PSPV-Bloc aprobó la venta de los 240 metros cuadrados del antiguo camino lo hizo, recordó, tras recabar todos los informes jurídicos y económicos necesarios. Y todos ellos avalaban tanto legalidad de la operación como el precio de venta. Para Viciano, "está claro" que el actual pentapartito que gobierna la ciudad a raíz de la moción de censura del 7 de julio, "tiene que justificar" su operación de acceso al poder.
* Información - SERGI GARCÍA - 1.11.2008
Foto: Denia (Alicante) - Rodriguillo (wikipedia.org)
El fiscal se querella por prevaricación urbanística contra el alcalde de Piélagos
EFE/Santander* : La Fiscalía de Cantabria se ha querellado por delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio contra el alcalde de Piélagos, Jesús Ángel Pacheco (PP), al que acusa de conceder licencias de construcción en suelo no urbano, de forma arbitraria y pese a tener informes en contra.
En un auto al que ha tenido acceso Efe, el Juzgado de Instrucción número 1 de Santander declara a Pacheco imputado en los dos delitos citados por el Ministerio Público y emplaza a las partes a que formulen los correspondientes escritos de acusación, o de sobreseimiento, para decidir si procede abrir juicio oral.
Piélagos ha recibido en los últimos años varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que han puesto en cuestión la legalidad del urbanismo practicado por el Ayuntamiento durante el mandato de Pacheco, que gobierna con mayoría absoluta.
Entre otras, se han dictado cuatro sentencias de derribo contra otras tantas urbanizaciones que suman un centenar de viviendas en la localidad costera de Liencres y se ha declarado ilegal un plan parcial que permitía construir 400 apartamentos y chalés en el Alto del Cuco, incrustados mediante taludes en la ladera del monte.
El auto no explicita por qué licencias en concreto se considera a Pacheco imputado en prevaricación y delito contra la ordenación del territorio, pero sí recoge que concedió licencias en 18 expedientes comprendidos entre los años 2001 y 2004 en los que el arquitecto municipal y los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Piélagos habían formulado objeciones o reparos.
La querella del fiscal fue presentada en 2005, pero no se ha conocido hasta hoy, al hacerse público el auto dictado el pasado día 23 por el magistrado Jaime Parra, en el que se da por terminada la instrucción del caso y se emplaza a las partes a que se pronuncien sobre la apertura de juicio oral contra el alcalde.
* SITU.es - EFE - 1.11.2008
Foto: Piélagos, Alto del Cuco - eldiariomontanes.es
Chabolismo universitario
ELPAÍS/A Coruña* : Dueños de chalés en A Coruña instalan en el jardín casetas para estudiantes. La Universidade da Coruña, con dos campus y 22.527 alumnos, es la única en Galicia, y de las pocas en España, que carece de cualquier oferta pública de alojamiento para estudiantes.
Un vacío clamoroso que arrastra desde hace casi dos décadas y que ha suplido con picardía y fuera de la ley la iniciativa privada, con la construcción en el entorno rural del campus coruñés de asentamientos de casetas ocultas en fincas de particulares, sin condiciones mínimas para ser habitadas y alquiladas al precio de una vivienda en el centro de la ciudad, a razón de 9 a 10 euros el metro cuadrado.
Todo un fenómeno urbanístico y especulativo "dramático y preocupante" que ha sacado a la luz un grupo de profesores de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña, tras una investigación de dos años. Infravivienda universitaria reza el título del detallado trabajo que se expondrá a partir de la próxima semana con elocuentes fotografías, tanto áreas como en superficie, planos y datos sobre estos asentamientos para estudiantes. Se trata de un tipo singular de alojamiento próximo a la definición de chabola del diccionario de la Real Academia Española: "Vivienda de escasas proporciones y pobre construcción, que suele edificarse en zonas suburbanas".
Un engendro urbanístico que prolifera dentro de fincas particulares con chalé, a la entrada del campus coruñés, en la zona residencial y periférica de A Zapateira. El grupo de investigación de Arquitectura, encabezado por los profesores Xosé Lois Martínez y José Manuel Vázquez Mosquera, detectó entre 100 y 150 asentamientos de casetas construidas en propiedades privadas al margen de cualquier ley para alquilar a estudiantes. Sería sorprendente que estas construcciones tenga siquiera licencia. El guión siempre es el mismo: una hilera de casetas, de 8 a 20 unidades, erigida en una esquina de una finca con vivienda principal legal, por lo general un chalé rodeado de zona ajardinada. No son construcciones visibles desde la calle, ya que están estratégicamente situadas y ocultas por el cierre de la parcela, sea éste un muro o vegetal. Cada módulo, con ventana y puerta orientada hacia el interior de la finca, está lejos de reunir las condiciones mínimas para ser habitado, destacan los profesores de Arquitectura.
Detectaron y denuncian, con esta exposición, 11 casos en los que se ven dos tipologías de infravivienda para universitarios. Una con una superficie útil de 12,4 metros cuadrados que consta de una única habitación, amueblada con cama, mesa de estudio y un armario, y un diminuto aseo. Se alquila por 140 euros mensuales. Hay otro tipo de módulo (17 metros cuadrados) que incluye, además de la estancia principal y el aseo, un habitáculo con una pequeña cocina independiente, eso sí sin ventilación o evacuación de humos. El precio es de 170 euros al mes. Por supuesto, no hay calefacción. Incluso se descubrieron sótanos de casas particulares, reconvertidos en alojamientos alquilados a estudiantes, denunció Vázquez Mosquera. Los dueños de un chalé con piscina y amplia zona ajardinada urbanizaron la estrecha parte trasera de su finca con siete casetas para universitarios, a las que se accede a través de un pasillo acotado por hileras de setos con el fin de dividir y preservar la intimidad de los caseros.
La falta de residencias públicas, en una universidad con una demanda de 8.000 plazas de alojamiento, también hizo enormes estragos en la pequeña aldea de Castro de Elviña. Encajonada en el campus, que la rodea, y pasto de una especulación salvaje, está siendo "destruida" con la construcción de edificios de hasta siete pisos erigidos entre las tradicionales casas de una planta, denuncian los autores de esta investigación. "Las instituciones, empezando por las consellerías de Educación y Política Territorial, además de la propia universidad, no deben tolerar más estos procesos de degradación urbanística, y menos en un campus donde se supone que se educa", reclamó Xosé Lois Martínez.
* ELPAIS.com - PAOLA OBELLEIRO - A Coruña - 01/11/2008
Foto: A Coruña, campus Zapateira - udc.es
Insa da por caducados los expedientes de 61 infracciones urbanísticas en Ontinyent
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LEVANTE/Valencia* : La alcaldesa de Ontinyent, Lina Insa, del PP, ha aprobado la caducidad de los expedientes de 61 infracciones urbanísticas denunciadas durante la última etapa del anterior gobierno municipal, formado por PSOE, Bloc y EU. La mayoría de los casos están relacionados con la construcción de viviendas unifamiliares en suelo no urbanizable.
La medida, que no ha sido avalada por ningún informe técnico, beneficia también a una promoción de nueve adosados que un constructor inició en una zona de especial protección y que el Seprona ordenó paralizar.
En el acuerdo plenario se requiere al registro de la propiedad para que "elimine" las anotaciones registrales en las propiedades afectadas. Paradójicamente, en el tercer punto del mismo acuerdo, votado en contra por PSOE y Bloc, se deja la puerta abierta a la reapertura de los expedientes -como recomienda en cada uno de los caducados la oficina técnica- toda vez que la infracción urbanística persiste y no se ha restituido la legalidad.
La persona que deberá "analizar caso por caso" la posible reapertura de los expedientes caducados, el concejal de Urbanismo, Filiberto Tortosa, proclamó en el pleno que la decisión se había tomado porque "en nuestro programa electoral prometíamos dar una solución definitiva a la problemática de las casitas", una de las banderas utilizadas por el PP en su oposición frontal al anterior gobierno municipal cuando decidió aplicar a LUV en el caso urbanístico del diseminado de Ontinyent. Tortosa acusó al anterior equipo de gobierno de haber aplicado la ley "de manera arbitraria" y declaró que "lo que queremos es cerrar una etapa y abrir otra", aunque no dio más detalles. El concejal de Urbanismo tampoco aclaró qué sucederá con los expedientes de paralización de obras en el diseminado abiertos durante los 15 meses que lleva gobernando, algunos de los cuales también podrían declararse como caducados.
En este punto, técnicos urbanistas consultados por este diario se han mostrado "perplejos" por la actuación del gobierno de Ontinyent, porque consideran que se ha lanzado a la ciudadanía un mensaje de "impunidad urbanística" que "no traerá nada bueno desde el punto de vista de la legalidad". Estas fuentes explicaron que, a partir de esta decisión, "cualquier vecino puede solicitar el mismo trato por parte del ayuntamiento". Y ponen como ejemplo a una persona que haga una pequeña obra en su casa: "para qué tiene que solicitar licencia, si el expediente de la infracción se lo pueden caducar", han insistido.
Estos mismos expertos han advertido de que la caducidad de un expediente "no supone la restitución de la legalidad", tal como apuntan los responsables de la oficina técnica de Ontinyent, por lo que consideran que el concejal de Urbanismo "debería ordenar la reapertura de los expedientes porque la infracción cometida persiste". "De lo contrario", estiman las mismas fuentes, "el concejal podría estar cometiendo una prevaricación al no ejercer sus funciones".
La regidora socialista, Rebeca Torró, que explicó el voto negativo de su grupo, expresó en el pleno su "incredulidad" porque el concejal de Urbanismo, Filiberto Tortosa, planteara la caducidad de unos expedientes en el pleno, ya que según explicó Torró, "este asunto es de su área (Urbanismo), es materia de despacho ordinario". La edil socialista preguntó a Tortosa porque lo llevaba al pleno, "a qué tiene miedo y por qué quiere que todos seamos corresponsables de esta decisión". Torró explicó que la caducidad de unos expedientes no es competencia del pleno y, por tanto, "este no puede asumir competencias que no le han sido atribuidas". La regidora pidió al equipo de gobierno del PP y a Tortosa que "no eludan su responsabilidad y tomen las decisiones que les tocan".
Por su parte, Joan Cambra, que durante la sesión no quiso explicar su sentido del voto negativo, respondió a las acusaciones lanzadas por parte del líder vecinal Víctor Márquez. Cambra, ex cocnejal del Diseminado, dijo que lo que se hizo "es cumplir la ley y ordenar el territorio", y que a los de Adecca "se les pidió paciencia para resolverlo y no la tuvieron, además todos tienen la casa terminada y no hay peligro de nada, ni de que se haga derruir y de nada", insistió Cambra.
* Levante-EMV - 1.11.2008
Foto: Ontinyent (Valencia), ayuntamiento - wikipedia.org
Marbella: Afectados por el PGOU reclaman que se revisen las licencias ilegales y piden amparo al Parlamento Europeo
SUR* : Mientras algunos vecinos han visto el cielo abierto con el blindaje que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) hace a los compradores de viviendas ilegales para que no tengan que asumir el coste de las compensaciones para regularizar sus inmuebles, otro sector de la población sigue con la mosca tras la oreja y vive con temor el contenido del futuro planeamiento.
Son los otros afectados, a los que casas construidas durante el gilismo al margen del Plan General les usurparon equipamientos, zonas verdes o le privaron de intimidad. De nuevo, tras la aprobación provisional del documento, empiezan a moverse para hacer oir sus críticas y reclamar que se les resarza por los daños causados. Que no sea sólo pasar página.
Inmaculada Gálvez, abogada y candidata al Senado en las últimas elecciones por el partido Ciudadanos, representa a más de 3.500 vecinos que se encuentran en esta situación y que están buscando amparo incluso en el Parlamento Europeo. Según avanzó a este periódico, las gestiones para que una comisión parlamentaria se desplace a la ciudad están en marcha. «Instalarían una oficina parlamentaria varios días para recoger las quejas vecinales e investigar el urbanismo de la ciudad», apunta. La mirada está puesta en la intervención que el Parlamento Europeo hizo en Valencia con la publicación del informe Fourtou, que ponía en entredicho sus leyes urbanísticas.
«Pediremos amparo porque la Justicia española ni responde ni ha respondido, porque los hechos están consumados», recordó Gálvez al hilo de las sentencias firmes y de los edificios construidos y habitados pese a su ilegalidad. A su juicio, el Plan actual es de «difícil ejecución porque no se puede cobrar directamente al promotor por legalizar; no se puede hacer una ley para regular las ilegalidades urbanísticas».
Sentencias
Es una de las medidas que se pusieron sobre la mesa tras una reunión celebrada en la noche del jueves en un hotel de la ciudad entre representantes de varios colectivos. La otra, según explica Rafael Ávila, portavoz de la Plataforma 29 de marzo, que pide el cumplimiento de las sentencias, es instar al equipo de gobierno a que se revisen las licencias ilegales para garantizar que los promotores tengan que pagar las compensaciones.
«Si no se hace así no hay ningún arma para reclamar a los promotores y acabará pagando de nuevo el pueblo», sostiene. Igualmente, Inmaculada Gálvez advierte de que, de seguir así, impugnarán el documento tras su aprobación definitiva, al tiempo que advirtió de que presentarán reclamaciones patrimoniales al Ayuntamiento y la Junta. «Hay que negociar a tres bandas y no se está teniendo en cuenta a los realmente perjudicados», añadió.
* SUR - 01.11.08 -CRISTINA GONZÁLEZ
Foto: Marbella, Ayuntamiento - UrbanismoPatasArriba
El TSJ pone en jaque el urbanismo de Castellón
ELPAÍS* : El Tribunal Superior de Justicia ha declarado "nulo y contrario a derecho" el Programa de Actuación Integrada (PAI) Mestrets de Castellón. Se trata de un desarrollo urbanístico de un millón de metros cuadrados en el que el alcalde del PP, Alberto Fabra, depositó todas sus esperanzas para cumplir con sus compromisos electorales aun a costa de la legalidad, como ha apuntado la sala.
El Ayuntamiento, con el beneplácito del Consell, que aprobó definitivamente el proyecto, intentó repercutir en este PAI el suelo dotacional de otros aprovechamientos urbanos de la ciudad, de forma que "más del 50% del suelo de la zona" recibió esta carga urbanística en perjuicio de los propietarios, lo que ha llevado al tribunal a asegurar que el Ayuntamiento y la Generalitat "infringieron los artículos 9, 62 y 66 entre otros" de la LRAU por vulnerar el principio de distribución de beneficios y cargas urbanísticas.
Alberto Fabra convirtió el suelo del Plan dels Mestrets en una especie de cajón de sastre, donde cabían el Centro de Convenciones de Santiago Calatrava, el rectorado de la VIU, la ronda de circunvalación o más de 3.000 viviendas protegidas. Ahora, con la anulación del PAI, todos estos proyectos carecen de suelo que los acoja.
Por otra parte, el Ayuntamiento y el Consell se comprometieron a "ejecutar las medidas correctoras establecidas en el estudio de inundabilidad" y "someter el plan director a la Confederación Hidrográfica del Júcar". En su sentencia, los magistrados recuerdan que ese informe "fue desfavorable". Por otra parte, el tribunal reprocha al Ayuntamiento de Castellón que no contestase "a ninguno de los argumentos de la demanda" en lo referente a las competencias locales "haciendo expresa dejación de sus derechos procesales".
El conflicto se inició en 2003, cuando el entonces concejal de Urbanismo y hoy alcalde, Alberto Fabra, anunció la urbanización de Els Mestrets, con la construcción de 6.300 viviendas, de las que la mitad serían de VPO. Los vecinos de Mestrets-Borriolenc denunciaron que el Ayuntamiento les dejaba literalmente en la calle, dadas las mínimas compensaciones y las cargas excesivas. El TSJ les ha dado la razón.
* ELPAIS.com - MIGUEL Á. CAMPOS - Castellón - 01/11/2008
Foto: protestas. Los afectados del PAI Mestrets han asistido con pancartas a los plenos municipales durante 4 años - vicent gamir, levante-emv.com
Cuando la palabra 'sostenible' da risa
SOITU* : El apelativo 'sostenible' se usa hasta el aburrimiento. Basurama, un colectivo cultural que nació de una iniciativa de estudiantes de la Escuela de Arquitectura de Madrid, ha querido incidir sobre el empleo que se hace de este ambiguo término con una serie de humor titulada "100% Sostenible" que ha lanzado hoy en internet.
Con una mezcla de ironía y humor, Basurama pretende con este corto titulado 'Murcia: lechugas, pelotas de golf y otros animales' hacernos ver que "lo que se nos ha vendido como desarrollo en el fondo no es más que crecimiento sin límites". La serie es una llamada de atención sobre el uso actual del concepto de sostenibilidad, "verdadero placebo para nuestras consumistas y a la vez preocupadas mentes".
El capítulo presentado es sólo el comienzo. Como explica Pablo Rey, uno de los integrantes de este colectivo cultural, "ahora estamos trabajando en el siguiente capítulo que trata sobre Nápoles (ver trailer) y también nos gustaría grabar otros cortometrajes sobre las autovías y la construcción del casino en los Monegros. "Queremos ser testigos de la ilimitada ambición humana y por eso nos hemos propuesto 'ir al lugar' y retratar todos estos fenómenos reales, pero de una manera divertida que refleje la levedad de nuestro paso por este mundo".
¿Cómo se gestó el concepto de 'desarrollo sostenible'? Como explica el economista José Manuel Naredo en su texto 'Sobre el origen, el uso y el contenido del término sostenible', "tras la aparición de Informe sobre Nuestro futuro común (1987-1988) coordinado por Gro Harlem Brundtland en el marco de las Naciones Unidas, se fue poniendo de moda el objetivo del 'desarrollo sostenible' entendiendo por tal aquel que permite 'satisfacer nuestras necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas'. ¿Por qué tuvo tanto éxito? Pues, según este economista, la explicación está justamente en el halo de ambigüedad que acompaña esta terminología.
En la serie estrenada por Basurama, los protagonistas de este cortometraje que dura unos 20 minutos son tres científicos de élite (Dr. Heart, Dr.Metz y Dr. Artila) apoyados por un ordenador central llamado Hols. Todos se encargan de controlar la sostenibilidad del planeta frente a la acción destructiva del hombre. En concreto, este capítulo dedicado a Murcia retrata cómo la especulación inmobiliaria está influyendo en la transformación irreversible del litoral mediterráneo.
El documental puede verse también en www.100x100sostenible.com y 'Sostenible Youtube'.
* SOITU.es - 30.10.2008
La Justicia llega tarde al medio ambiente
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ADN/Madrid* : Sentencias inútiles. El soterramiento de la M-30, el desdoblamiento de la M-501 y el Recinto Ferial de la Isla de Colegio (Alcalá Henares). Tres proyectos con sentencias judiciales en contra por falta de respeto alas leyes que protegen el medio ambiente, los tres ejecutados y en funcionamiento cuando llegaron los fallos.
El acuerdo del Ayuntamiento para hacer los túneles de la M-30 junto al río Manzanares omitió una declaración de impacto ambiental previa. El magistrado anuló el proyecto el 16 de octubre. Pero los coches circulan desde hace más de un año.
Jaime Doreste, el abogado que llevó el recurso para Ecologistas en Acción, explica: "Si se hace firme la sentencia, pediremos alguna compensación a la hora de ejecutarla". La delegada de Urbanismo, Pilar Martínez, dio ayer el asunto "por finiquitado", ya que piensa que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) les dará la razón en su apelación.
Proceso lento
La lentitud resta fuerza a las sentencias que protegen los valores naturales. Los vehículos transitan por la M-501 convertida en autovía desde julio. El TSJM sentenció el 14 de febrero "la restitución al estado anterior [a las obras] de la zona". El recurso ante el Supremo de la Comunidad dejó en suspenso esta decisión. La carretera funciona desde hace cinco meses, a pesar de que no contempló la normativa europea sobre medio ambiente.
En Alcalá de Henares, el Ayuntamiento levantó un re cinto ferial y de ocio en la Isla de Colegio, un espacio de la Red Natura 2000 protegido por la Unión Europea. El TSJM anuló en mayo de 2007 el proyecto por no haberse sometido al estudio de impacto ambiental, del que fue eximido por la Consejería de Medio Ambiente. Mandó el fin de las obras cuando ya estaban realizadas.
De hecho, las fiestas patronales de 2007 se celebraron en este espacio a pesar de la sentencia, ya que "el tribunal no aludía a limitación de uso en el espacio ya construido", dijeron.
EL APUNTE
Estudios ambientales para evitar sanciones
La Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid hacen estudios de impacto ambiental 'a posteriori' para la M-501 y la M-30 respectivamente. Los expedientes abiertos por la Comisión Europea ante la falta de respeto a la normativa medio ambiental les llevó a tomar estas medidas para contentara la CE y evitar una proceso judicial en Luxemburgo.
* ADN - Raúl Rejón - 30.10.2008
Foto: Madrid obras_M-30 -L. Magán (El País)
Marbella: Más de 60 urbanizaciones demandan ayuda al Consistorio por la falta de infraestructuras básicas
SUR* : Suele decirse que a río revuelto, ganancia de pescadores. Eso debieron pensar durante años algunos promotores que, camuflados en la voraz política urbanística del GIL, que arrambló como una apisonadora con suelos de equipamientos y zonas verdes para armar paredes de ladrillo, dejaron flecos considerables en las infraestructuras necesarias para las urbanizaciones donde pusieron su firma.
Las consecuencias las pagan ahora miles de vecinos con problemas en el saneamiento, el asfaltado, el acerado, el alumbrado o la seguridad vial, entre otros aspectos básicos para garantizar la calidad de vida.
Muchos, algunos también para subsanar los achaques propios de la antigüedad de las construcciones, ya han llamado a la puerta del Ayuntamiento para pedir ayuda para solventar los déficit y para abaratar los costes de la obra con el asesoramiento técnico municipal. Según explicó Javier García, director del Área de Urbanizaciones y coordinador de Las Chapas, en total son más de 60 los núcleos residenciales que se han puesto en contacto con el departamento para acogerse a los convenios de colaboración con el fin de concluir sus equipamientos.
Las seis primeras
La iniciativa, puesta en marcha por el equipo de gobierno a principios de año, ya ha cuajado en obras en seis urbanizaciones: en calle Cártama (Nagüeles), Las Lomas de Marbella Club, la calle Nerja (Rocío de Nagüeles), Marbesa, Carlina Norte y Carib Playa (Las Chapas). En estos casos la Junta de Gobierno Local ha dado el visto bueno a los acuerdos de colaboración, por los que el Ayuntamiento se encarga de la redacción de los proyectos y exime a los vecinos de pagar la licencia de obras, con el consiguiente abaratamiento de la actuación, que, no obstante, corre a cargo de la urbanización al estar fuera del ámbito de su competencia.
«El notable aumento de peticiones evidencia las ventajas que comporta el acuerdo ofertado, puesto que disponen de asesoramiento técnico municipal y además se benefician de un considerable abaratamiento de los costes», valoró García, al tiempo que resaltó que con estos convenios se pone fin «a los problemas acumulados durante muchos años fundamentalmente por obras que no fueron ejecutadas en su momento por los promotores y en otros muchos por la antigüedad, de varias décadas». Los tramites municipales se prolongan unos dos meses, según apuntó.
Informes técnicos
A las primeras seis actuaciones, le seguirán muchas más. A día de hoy están en tramitación, a la espera de recibir el informe técnico, otros seis proyectos relativos para las urbanizaciones Los Pinos, Los Molineros, El Mirador, Marqués del Duero, Las Torres de Marbella Club y La Virginia. Igualmente el Ayuntamiento está a la espera de recibir las solicitudes formales de Las Flores, Marbellamar, Panorama, Supermanzana F, Coto Real, Lomas de Río Real, Sol Lido y Grace Paradise.
Sobre el terreno, las obras se traducirán en la construcción de aceras, la instalación de tuberías y de colectores para el saneamiento o la colocación de alumbrados, en los casos de abandono más flagrante. En otros casos puntuales, las peticiones obedecen al interés vecinal de mejorar su calidad de vida con la implantación, por ejemplo, de puntos limpios para depositar los residuos.
MÁS INFORMACIÓN I Delegación de Urbanizaciones. C/ Pinsapo. Las Chapas. 952 838 410/11. urbanizaciones@marbella.es.
* SUR - 30.10.08 -CRISTINA GONZÁLEZ
Foto: MARBESA. Una de las urbanizaciones más antiguas cuyos vecinos han solicitado firmar el convenio con el Ayuntamiento. / JOSELE-LANZA, diariosur.es
Contra el automóvil
ORIOL BOHIGAS* : En el libro Dues hores de lucidesa, Noam Chomsky dice: "Durante los años 50, el gobierno de los Estados Unidos lanzó uno de los programas de ingeniería social más vastos de todos los tiempos. Se trataba de desmantelar la red de transporte público (el ferrocarril) en beneficio de la carretera y los aviones (...). Fue comprada por tres compañías: General Motors, Firetone y Standard Oil. La desmantelaron para privilegiar el transporte por carretera, con lo cual podían ganar mucho dinero.
Fueron acusadas de connivencia ilícita y condenadas a pagar una cantidad ridícula, del orden de cinco mil dólares. Después, el gobierno americano, pretextando intereses de defensa nacional, construyó una red de autopistas (...). Simultáneamente, destruyó las vías de tren y construyó aeropuertos. El resultado fue la creación de un sistema de transporte basado en la lógica industrial en vez de una lógica de servicio público". Y al preguntarle sobre las consecuencias de esta operación, Chomsky contesta: "Consecuencias inmensas, empezando por la decadencia de los centros de las ciudades y el desplazamiento de los habitantes hacia la periferia. Las ciudades ya no tienen centro, la gente vive en los alrededores, donde hay los grandes centros comerciales (...). Este programa gigantesco de ingeniería social, pensado para enriquecer a los constructores de coches, los fabricantes de neumáticos y las compañías petrolíferas, tuvo un impacto terrible en la sociedad, los esquemas de consumo y las relaciones individuales". Sólo añadiendo algunos datos seguramente más radicales, las afirmaciones de Chomsky explican los orígenes mafiosos y las graves consecuencias de la invasión abusiva de automóviles en las ciudades y en los paisajes interurbanos.
Un ejemplo escandaloso puede ser Caracas, víctima de los sucesivos populismos gubernamentales. Una enmarañada red de monstruosas autopistas a tres niveles anula cualquier vialidad peatonal, sin ni siquiera aceras donde refugiarse, y soporta los permanentes embotellamientos de coches que no tienen escapatoria hacia una red menos especializada. Y mientras tanto, el Gobierno promueve con incentivos alocados la compra de automóviles y ofrece gasolina prácticamente gratis. Del transporte público de gran alcance se habla sólo como una lejana utopía. Una ciudad dividida en dos especies antiurbanas: los terribles tugurios y unos pretendidos centros sepultados bajo unas autopistas que sustentan el perpetuo colapso. Una ciudad en la que no se puede andar, no sólo por temor a la delincuencia, sino porque ya no quedan calles utilizables.
Las ciudades europeas funcionan mejor, pero, a pesar de ello, se ven presionadas por los ciudadanos, que reclaman soluciones de urgencia, casi siempre tan ingenuas como la simple ampliación de espacios vehiculares sin prever las congestiones que puedan producir. En Barcelona se resiste discretamente el envite del populismo. Hay que reconocer que el municipio se ha esforzado en reducir o controlar los espacios vehiculares exclusivos, aumentando aceras y eliminando carriles en algunos puntos significativos con resultados plausibles. La oferta y demanda de espacio vehicular funciona de manera especial. Si en un punto de tráfico demasiado denso se aumenta el espacio, acudirán más coches y la densidad será la misma. Si se quiere reducir esa acumulación, hay que poner dificultades disuasorias a los vehículos y, sobre todo, darles menos espacio, civilizarlos para que convivan y no destruyan la ciudad. En la década de 1980 ya se derribaron en Barcelona dos autopistas elevadas y ahora veo otros programas en este mismo sentido. Los cinturones se construyeron con dimensiones mínimas para reducir la entrada de coches en la ciudad. Un cinturón con más carriles habría colapsado algunos barrios. Hay que conformarse: en una ciudad grande y densa -dos cualidades específicamente urbanas- hay que contener en el tráfico -hacerlo incómodo, pero todavía útil para el coche- si no se quiere colapsarla.
Esta actitud es difícil de mantener con radicalidad ante las contradicciones habituales entre las urgencias y la planificación. Los aparcamientos pueden ser un buen ejemplo. En zonas densas facilitan el uso del coche y, por tanto, favorecen su excesiva acumulación. Pero, en cambio, bien dimensionados y bien situados, son indispensables para una mínima supervivencia, indispensable en muchos casos. Por tanto, hay que cifrar correctamente esos mínimos y no dejarse llevar por el optimismo funcional inmediato.
En la nueva terminal del aeropuerto de El Prat parece que se construye un aparcamiento inmenso de no sé cuántos miles de plazas y que, en cambio, todavía se discute -con augurios no muy esperanzadores- sobre la interconexión directa con el metro, el tren y la alta velocidad. Es decir, se prevé una prioridad del transporte privado sobre el público que puede tener un impacto negativo en los esquemas de consumo de la ciudad, como decía Chomsky. Un mal ejemplo y una mala lección. Nadie se preocupará en cambiar esa prioridad porque, según parece, los ingresos más cuantiosos de AENA provienen de la explotación del centro comercial y de los aparcamientos. También aquí se está creando un sistema "basado en una lógica industrial en vez de una lógica de servicio público".
Pero la mayor contradicción está en que cualquiera de estas decisiones para reducir o civilizar el tráfico exige otra decisión previa: la mejora y la eficacia responsable de un sistema de transporte público de gran alcance, especialmente el metro y sus variantes con autonomía de trazado. Y eso es lo difícil, especialmente en Barcelona, donde los déficit son evidentes. Pero es indispensable porque hemos llegado al límite. Ya no se puede seguir civilizando el coche si no se ofrece una alternativa que acoja a los que se habrán declarado no usuarios por respeto al orden y el bienestar de la colectividad.
* Oriol Bohigas es arquitecto.
* ELPAIS.com - OPinión - 29/10/2008
Aguirre y Gallardón excluyen a la Cañada Real de su plan 'antichabolismo'
ELMUNDO/Madrid* : La presidenta regional, Esperanza Aguirre, y el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, han dejado fuera del protocolo que han firmado esta mañana para la erradicación del chabolismo a la Cañada Real Galiana, situado cerca de la localidad de Rivas-Vaciamadrid.
La Cañada está considerada como la mayor concentración de viviendas ilegales levantadas sobre terreno público de España y probablemente de Europa. A lo largo de 20 kilómetros de una antigua vía pecuaria se asientan más de 4.000 chamizos y casas, algunos chalés de lujo. Muchos de ellos son ilegales. En total, viven allí más de 40.000 personas.
En el acto en el que han participado los dos políticos 'populares' no se ha permitido hacer preguntas de los periodistas. El que sí ha justificado la decisión ha sido el gerente del IRIS (Instituto de Realojamiento e Integración social), Javier Ramírez, que ha asegurado que la Cañada Real Galiana "no es un núcleo chabolista, es un asentamiento ilegal".
Dentro del plan presentado se contemplan desmantelar los núcleos chabolistas de El Cañaveral (Vicálvaro), Las Mimbreras II (Latina), Santa Catalina (Puente de Vallecas) y Ventorro (Villaverde).
El pasado 14 de octubre, el Ayuntamiento de Madrid derribó cinco infraviviendas ilegales de la Cañada Real Galiana. Desde el pasado mes de mayo, el Consistorio de Gallardón ha demolido en el ámbito de la Cañada al menos 81 construcciones, 13 infraviviendas, 1 puente y 1 nave industrial.
De todos los derribos, el que más eco tuvo fue el que se produjo a mediados de octubre de 2007. Vecinos y policía se enfrentaron en una auténtica batalla campal que se saldó con 23 policías y cuatro civiles heridos y nueve personas detenidas.
* El Mundo - JAIME G. TRECEÑO - 30.10.2008
Foto: Varias personas contemplan sus viviendas derruidas en la Cañada Real. - EFE
Andratx: El perito judicial niega que el terreno sea urbano
DIARIODEMALLORCA* : El perito judicial ha declarado que el argumento de los expertos de la defensa para demostrar que el ex director general de Ordenación del Territorio Jaume Massot no cambió ilegalmente un terreno de rústico a urbano es "capcioso" e intenta "hacer pasar por verdad lo que es falso (que el suelo es urbano)".
Así lo ha dicho durante su testimonio junto a los dos peritos de la defensa en la última jornada del segundo juicio del "caso Andratx", en el que se analiza la construcción de un restaurante en zona protegida por parte de Juan Carlos Hidalgo, hermano del ex alcalde del PP Eugenio Hidalgo, gracias a la presunta falsificación de Massot.
El ex director general argumentó ayer, durante su declaración en la Audiencia Provincial, que cometió un error al haber certificado en 1998 y 1999 -años en los que Juan Carlos Hidalgo compró la casa- que el terreno era Área Natural de Especial Interés (ANEI), tal y como consta en diversas normas urbanísticas del Ayuntamiento.
Massot sostuvo que cambió la clasificación a urbano en 2001 porque la zona tenía todos los servicios, un extremo que han intentado demostrar los peritos de la defensa y ha negado el perito judicial y arquitecto Rafael Balaguer, director de la Oficina de Información Deontológica del Colegio de Arquitectos de Baleares.
El arquitecto ha asegurado que, aparte de red de baja tensión, "no se ha acreditado existencia alguna de otro servicio, ni uno más" anteriormente a 1981, año de aprobación de un real decreto que permitiría su clasificación como urbano, de reunir los citados servicios y de acuerdo con la Ley de Espacios Naturales.
"Por tanto, intentar desvirtuar la condición de ANEI a través de un supuesto fáctico que queda desmontado es lo que me ha parecido un auténtico sofisma", ha añadido.
Además, ha dicho que intentar demostrar lo contrario se basa en "argumentos capciosos", en los que "para hacer pasar por verdad lo que es falso, se parte de premisas válidas para desembocar en una conclusión inadmisible".
El perito ha afirmado asimismo que la Ley de Espacios Naturales de 1991 cataloga la zona como ANEI y "con la más alta clasificación", porque es un espacio húmedo y está a menos de cien metros del mar. "Entiendo que no es urbano en absoluto", ha concluido.
Previamente, los peritos de la defensa han argumentado que la citada ley excluye de ANEI los terrenos que parezcan urbanos de acuerdo con la realidad del terreno, en alusión a la supuesta dotación de servicios de esta zona propiedad de Juan Carlos Hidalgo.
Massot, Eugenio Hidalgo y su hermano Juan Carlos Hidalgo se enfrentan a penas de entre seis y medio y ocho años por los delitos de falsedad documental y prevaricación urbanística. Juan Carlos Hidalgo se enfrenta además a un delito contra la ordenación del territorio.
* Diario de Mallorca - EFE - 30.10.2008
Foto: andratx - guides
NOTICIA RELACIONADA: Massot dice que legalizó el restaurante ya que la zona era ´más urbana que una catedral´ - Diario de Mallorca - 30.10.2008
El alcalde de Zarra permitía a su hijo construir chalés con jacuzzi bajo licencia de casitas de aperos
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LEVANTE/Valencia* : Los datos con los que trabaja la Unidad de delitos Urbanísticos de la Guardia Civil apuntan a que el alcalde de Zarra, el independiente Juan José Rubio, pudo otorgar 87 licencias de obra a la empresa constructora de su hijo, Sergio Rubio, para construir casitas de aperos -permitidas por la ley- en terrenos no urbanizables que al final acabaron convertidas en chalés que superaban el límite legal de construcción y que, además, contaban con piscina independiente y jacuzzi.
La llamada a declarar como testigos a varios propietarios ingleses de chalés en Zarra en la causa abierta contra el alcalde del municipio, Juan José Rubio, y su hijo -detenidos desde el martes por un delito contra la ordenación del territorio y otro de malversación-, ha hecho saltar todas las alarmas entre la colonia inglesa de El Valle.
Los titulares de ayer sobre la detención del alcalde y sobre la construcción de sus chalés en suelo rústico sentó como un jarro de agua fría entre los propietarios de estos inmuebles, la mayoría ingleses, que los habían adquirido a través de inmobiliarias también inglesas que llevan operando desde 2002 en la comarca.
Las reacciones no se hicieron esperar y a primera hora de la mañana algunos propietarios acudieron a Ayora histéricos para pedir explicaciones a las inmobiliarias y defender que compraron los chalés "pensando que todo estaba ok".
En Zarra, y dado que la mayoría de británicos sólo siguen la prensa internacional o las publicaciones propias que edita en la comarca la colonia inglesa, muchos se enteraron ayer a primera hora de los ocurrido cuando algunos vecinos de la población les enseñaron los titulares de los periódicos con las palabras "ilegal", "chalé" y Zarra.
Robert y su familia compraron hace cuatro años una de las villas que construyó en medio de la huerta la empresa del hijo del alcalde de Zarra y hoy no sabía nada de lo ocurrido hasta que alguno de sus vecinos los han avisado. "No teníamos ni idea, pagamos todo y tenemos todo en regla, nadie nos dijo nada cuando nos pusieron la luz, el teléfono o el agua", comentó este propietario.
Como el de Robert, los casos se repiten en los cinco sectores en los que se han construido estas villas que responden a un mismo modelo de vivienda. Unos 120 metros cuadrados de casa principal, un garaje independiente y una pequeña piscina junto a una zona verde.
Los británicos pagaron entre 120.000 y 150.000 euros y ahora descubren que quizá sus casas son ilegales y no saben muy bien qué va pasar a medida que avance la investigación.
"No estoy preocupada porque no tengo casa aquí, yo la tengo en Casas de Madrona,-decía otra súbdita inglesa- pero mis amigos sí y hoy se han enterado de todo".
Según ha podido averiguar Levante-EMV, un grupo de propietarios de estas promociones ya estaba al tanto de la situación y también han denunciado la situación ante los tribunales. "Querían construir otra casita en el jardín y entonces no les dieron licencia de obras porque no se podía", explicaron ayer algunos vecinos.
Desde las inmobiliarias inglesas que operan en el Valle, sus responsables -que también tuvieron que acudir a declarar como testigos- insistieron ayer en que todos los propietarios que han adquirido viviendas en Zarra "cumplen con sus obligaciones y pagan todo lo que se les ha pedido, como el catastro, y todos los impuestos".
A última hora de ayer, los agentes seguían realizando las entradas y registros, especialmente en el ayuntamiento. Mientras tanto, el juez tomaba declaración a algunos de los denunciados, a la espera de localizar a todos los propietarios, la mayoría residentes británicos y que en algunos casos siguen viviendo en Alicante porque todavía no estaba acabada su casa en Zarra.
Irregularidad previas
Un matrimonio de residentes británicos explica en la página web de una inmobiliaria cómo decidieron comprar una casa y establecerse en Zarra. En la primavera de 2003, contactaron con Ann y Alison, de la inmobiliaria "Hills and Valley". Compraron un terreno y, al día siguiente, ya tenían una casa diseñada "con la ayuda de Sergio, de Telyzán SL, un constructor local recomendado por Ann y Alison".
Al febrero siguiente regresaron y sufrieron un "shock" al ver que su casa aún estaba a medias. Una mañana llegó un coche de la policía con el arquitecto municipal de Teresa y la Guardia Civil para informarles de que debían parar las obras porque estaban en el cauce de un río y podía inundarse. Les faltaba la licencia municipal.
* Levante-EMV - Íñigo Roy/Regina Laguna - 30.10.2008
Foto: una tras otra. Vista general de varios de los chalés que la empresa del hijo del alcalde construyó en las huertas de Zarra. - josé ferrer, levante-emv.com
Imputado el presidente del Consell de Ibiza por el caso Eivissa Centre
EFE* : El magistrado del juzgado de instrucción nº2 de Ibiza, José Espinosa, ha emitido hoy un auto imputando al presidente del Consell de Ibiza, Xico Tarrés en el marco de la investigación de un presunto cobro de comisiones en la remodelación del centro de la ciudad, en el caso Eivissa Centre.
Tarrés, que ha atendido a los medios después de conocer la noticia, ha explicado que el juez le imputa "porque no tiene más remedio" ya que, según el presidente insular, no puede ser testigo en la causa.
El presidente del Consell, diputado autonómico y ex alcalde de Vila (Ibiza), que deberá declarar ante el juez el próximo día 2 de febrero, ha declarado su intención de "ir lo antes posible ya que esperar hasta esa fecha es casi cruel".
Tarrés ha insistido en que el juez no le "acusa de nada" y ha afirmado: "Simplemente tengo que ir a explicar lo que sé".
El presidente del Consell no se ha mostrado sorprendido por la imputación ya que ha asegurado que "es normal que el juez quiera escuchar a uno de los acusados y que en aquel momento era el alcalde de la ciudad".
Tarrés era alcalde de Ibiza en el momento que en el ex secretario general de PSOE de las Pitiüses, Roque López, grabó las cintas en las que presuntamente se demuestra el cobro de comisiones por parte de altos cargo del partido socialista de Vila.
El ahora presidente del Consell ibicenco ha manifestado que no tiene intención de dimitir y ha insistido en que "según el auto el juez no cree que haya indicios de criminalidad".
"Ir imputado quiere decir simplemente que tengo que ir con mi abogado", ha insistido.
Tarrés ha afirmado que su imputación no tiene nada que ver con otros casos de presunta corrupción política que se investigan en estos momentos en Baleares, como el llamado caso Ordinas, acerca de supuestos cobros de comisiones ilegales en el Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB) la pasada legislatura.
El presidente ibicenco ha asegurado en relación a dicha causa que él no tiene "ninguna lata de Cola-cao en el jardín", como la hallada por la Fiscalía Anticorrupción en la vivienda de la ex gerente del CDEIB Antónia Ordinas, por indicaciones de la propia acusada.
"Puedo decir con orgullo que nadie me ha dado un duro nunca", ha concluido Tarrés.
El caso Eivissa Centre comenzó tras la denuncia realizada hace veinte meses por el ex secretario general de los socialistas de Ibiza y Formentera y ex concejal, Roque López, quien en los pasados días anunció que solicitaría "una nueva ampliación de la querella por falsedad documental contra Xico Tarrés".
López interpuso una querella contra el equipo de gobierno de Vila, encabezado entonces por Tarrés, por presunta corrupción urbanística, para lo que presentó varias grabaciones de conversaciones telefónicas.
Según López, tras el inicio del edificio Joan XXII se llevó a cabo una declaración de obra nueva certificada ante un notario, que no se correspondería con la realidad y en la que Tarrés declaró ante notario que se habían construido 36 viviendas en un inmueble de cinco plantas más el sótano, cuando ya se habían construido 160 viviendas.
* Soitu.es- EFE - 29.10.2008
Foto: Ibiza, eivissa centre - flickr.com
Adeje: Lucha contra la construcción de un supuesto Centro Comercial
CANARIAS24H* : La Asociación de Vecinos de Playa Paraíso en el Municipio de Adeje lleva luchando mucho tiempo contra la intolerable construcción de un supuesto Centro Comercial, en el extremo de la punta más bonita y simbólica que linda al mar en esta Zona.
Este proyecto recibió las bendiciones de las distintas Administraciones, a pesar de que no sólo destrozó el paisaje al edificarse en pleno dominio marítimo terrestre levantando un muro de protección para el edificio cuyos escombros estuvieron años, sino que acabó impidiendo acceso al mar y el tránsito por el litoral a todos los vecinos.
En realidad, este proyecto de Centro Comercial no era tal, sino que se trataba, y actualmente lo sigue siendo, de un edificio en el que la mayor parte de sus apartamentos son viviendas de lujo actualmente vendidas en su mayor parte a extranjeros.
Además se construyó una planta más sobre el proyecto presentado, y todo ello sin cumplir la Ley de Costas que impide edificar residencias en esta franja del Litoral.
Los vecinos hemos presentado numerosas quejas no solo por el atropello urbanístico, sino porque también interrumpió el acceso a una punta costera donde nuestros niños jugaban en los charcos y muchos de nosotros íbamos a pescar.
Lo único que conseguimos es que la Demarcación de Costas autorizara una pequeña escalera portátil para acceder al mar, ya que teníamos que pasar por una tortuosa vereda al estar herméticamente cerrado el paso por un muro que defiende del mar el edificio.
El supuesto "Centro", que permaneció un tiempo precintado por incumplir manifiestamente la Ley, fue legalizado.
La Asociación de Vecinos ante tal injusticia y el constante silencio de las Autoridades no ha tenido más remedio que llevar este asunto a los Tribunales encomendándoselo a la Letrada, Sra. Palliser.
El Informe del Perito Judicial designado por el Tribunal Superior de Justicia es contundente y advierte que el edificio invade totalmente la servidumbre de protección marítimo-terrestre.
Por ello queremos salir a la opinión pública y manifestar que deseamos que las Autoridades apliquen con el mismo rigor y contundencia la Ley de Costas contra este tipo de inversiones especulativas que infringen la Ley, dado que la misma es igual para todos y parece ser que nuestras Autoridades no tienen la misma vara de medir y son mucho más condescendientes con este tipo de construcciones que verdaderamente constituyen un atentado al medio ambiente y a nuestro modo de vida.
Asociación de vecinos de Playa Paraíso
* Canarias 24H - 27.10.2008
Foto: Adeje, urbanismo insostenible - canarias.indymedia.org
M-30: 18 meses después, un pozo sin fondo
REBELIÓN/Madrid* : Los ciudadanos madrileños tendrán que pagar 864.000 euros al día, hasta 2040, por una obra que no ha resuelto ningún problema estructural relacionado con la movilidad, la contaminación atmosférica o la articulación urbana de la ciudad. Gallardón intenta aprovechar la confusión de la crisis general para evadir responsabilidades.
La Plataforma M-30 No Más Coches y el Foro por la Movilidad Sostenible de la Comunidad de Madrid, a las que pertenece Ecologistas en Acción, denuncian que a pesar de los reiterados intentos del Ayuntamiento para ocultar la verdadera magnitud del coste de la ampliación de la M-30 y de la deliberada desinformación a la que nos ha venido sometiendo al respecto desde que se iniciaron las obras, poco a poco los ciudadanos vamos conociendo la verdad y el verdadero alcance de la hipoteca económica y social que nos va a suponer durante más de treinta años a todos los madrileños.
Diez mil cuatrocientos millones
Según un informe de la Comisión de Vigilancia y Seguimiento de la Gestión Integral de la vía del 26 de marzo de 2007 – y que sólo hemos podido conocer más de un año después -, “el coste final de la M-30 será de diez mil cuatrocientos millones de euros”. En este documento, la Comisión desmiente rotundamente todas las informaciones interesadas que al respecto han venido proporcionando el alcalde y su equipo, quienes, incluso con posterioridad al mismo, han seguido minimizando la importancia de la deuda contraída con las compañías constructoras y los bancos, llegando a falsear descaradamente las informaciones públicas sobre las cifras comprometidas (nunca han admitido un coste superior a los 4.800 millones de euros).
El acta de la Comisión avala las previsiones que desde el primer momento formulamos en la Plataforma M-30 No Más Coches, que siempre ciframos el coste total por encima de los 10.000 millones, mientras que un chequeo pormenorizado del estado de la autovía avala la pertinencia y seriedad de nuestras denuncias sobre el despropósito de esta obra faraónica.
Atascos y contaminación en aumento
Un año y medio después de su inauguración, se puede comprobar que la ampliación de la M-30 no ha resuelto ningún problema estructural de movilidad en Madrid (tanto en la ciudad como en la propia autovía persisten –con tendencia al alza– los mismos atascos en hora punta que en 2004), mientras la contaminación atmosférica se mantiene un mes tras otro superando los límites legales.
Por su parte, los túneles presentan deficiencias que pudieran resultar gravemente peligrosas (contaminación muy elevada, ventilación insuficiente, inundaciones periódicas, señalizaciones confusas, etc.), mientras que el proyecto “Madrid Río” está estancado y los terrenos “recuperados” en superficie se han convertido en un erial inhóspito e insalubre.
La madre de todas las deudas
La agencia de calificación financiera Standard and Poor’s ya ha rebajado de “estable” a “negativa” la solvencia financiera del Ayuntamiento a causa de “el fuerte incremento de la deuda en el periodo 2003-2007” por causa de la ampliación de la M-30, advirtiendo que existe “un 30% de posibilidades” de que la solvencia ahora calificada, y la nota que le otorga la agencia, se vean rebajadas aún más “en los próximos dos años”.
La crisis general ha destapado con mayor antelación de la que seguramente preveían los gestores municipales la verdadera dimensión del disparate económico que supone esta obra y las gravísimas hipotecas con las que tendremos que pechar durante los próximos 35 años. En estas circunstancias, al Sr. Gallardón no se le ocurre otra cosa que intentar eludir sus responsabilidades, como pésimo gestor que es, culpando al gobierno central del déficit municipal y ordenar una subida generalizada de los impuestos.
Falta de fiabilidad y transparencia municipales
Una conclusión que, en cualquier caso, debiéramos extraer de todo lo anterior es la cada vez más ineludible necesidad de saber la verdad completa sobre todos los aspectos económico-financieros de la M-30, así como sobre su seguridad, lo que exige ordenar sin demora que se hagan las auditorías necesarias bajo los criterios de máxima publicidad y transparencia, contando con la supervisión directa de todos los grupos municipales y huyendo de los informes conocidos hasta el momento los cuales, en tanto que han sido realizados a petición de parte interesada, carecen de la necesaria fiabilidad.
Se trata de que, si ya es imposible eludir la deuda de la M-30, al menos se eviten más engaños a la ciudadanía y de que, si al final las deudas municipales nos van a ahogar a todos, como mínimo sepamos por qué.
* Rebelión - 28.10.2008
