Tindaya: Un sablazo monumental

LAPROVINCIA/Fuerteventura* : El Gobierno de Canarias encargó al escultor vasco convertir Tindaya en un referente cultural. El proyecto acabó en los tribunales con diversas demandas que fueron perdidas por el Ejecutivo. Quince años después no se ha tocado la montaña y se deben millonarias indemnizaciones.

'Sablazo: Obtención de dinero de alguien, con habilidad e insistencia, y sin intención de devolverlo'. Lo que era una excepcional idea del escultor vasco Eduardo Chillida (ya fallecido), el 'Monumento a la Tolerancia' que se pretendía construir en Tindaya, se ha transformado, con el paso de los años, en un sablazo monumental.

LA IDEA DE CHILLIDA. En 1993, el escultor vasco Eduardo Chillida, ya fallecido, recibió un encargo del Gobierno de Canarias para realizar un monumento etnográfico en la Montaña de Tindaya, en Fuerteventura, que se convirtiera en un referente mundial.

La idea de Chillida consistió en abrir en canal la montaña majorera y hacer un cubo interno de 50x50x50 metros, con un túnel de entrada de 200 metros y dos tragaluces. Para llevar a cabo el proyecto, el Gobierno de Canarias creó la sociedad Proyecto Monumental Montaña de Tindaya (PMMT), una empresa participada al cincuenta por ciento por Saturno (empresa pública) y Canteras Cabo Verde (propiedad de Rafael Bittini), esta última adjudicataria de la explotación minera de Tindaya y Tebeto, otra montaña contigua.

Así, el Gobierno puso en las manos de PMMT 12 millones de euros que fueron transferidos a la UTE formada por FCC y Necso, a las que se les adjudicó el proyecto de la obra diseñada en su día por Eduardo Chillida.

LA DESIDIA DEL GOBIERNO. Tras los primeros pasos, el proyecto del escultor vasco Eduardo Chillida cayó en la más absoluta desidia del Gobierno de Canarias. Después de que PMMT entregara 11,8 millones de euros (1.960 millones de pesetas) a la UTE adjudicataria del proyecto, el dinero se evaporó.

Lo que en un principio era una partida presupuestaria destinada a "sufragar gastos de estudio e implantación del proyecto", fue utilizado por las empresas constructoras adjudicatarias FCC y Necso para comprar a Canteras Cabo Verde S.A. los derechos de explotación minera que esta sociedad tenía sobre Tindaya.

Según consta en una sentencia que tumbó la demanda civil de devolución de los 11,8 millones de euros que reclamó entonces el Gobierno de Canarias, fue el propio Ejecutivo regional el que "impuso y aceptó condiciones de complicado cumplimiento", tanto a los propietarios de la montaña como a Eduardo Chillida.

De esta forma, sostiene la sentencia que data de febrero de 2008, la Administración pública "hizo inviable cualquier ejecución del contrato, pues, agotado el impulso político y mediático con el que el Gobierno de Canarias rodeó la adjudicación del contrato, éste cayó en la desidia, culminando en una tozuda negativa a cumplir las condiciones del autor". A raíz de ahí, comienza el declive judicial.

NI POR LO CIVIL NI POR LO PENAL. El propio Gobierno de Canarias decidió ir a los tribunales para intentar recuperar los casi doce millones de euros invertidos, pero le salió el tiro por la culata. De esta forma, se inició en el Juzgado de Instrucción número 4 de Las Palmas de Gran Canaria una causa penal que, años más tarde, fue archivada por no apreciar indicios de delito.

El archivo fue confirmado por la Audiencia Provincial de Las Palmas tras un recurso de Ben Magec Ecologistas en Acción. Mientras, continuaba la vía civil abierta, con la intención de recuperar el dinero. Pero en enero de 2008, el Juzgado de Primera Instancia número 8 de Las Palmas de Gran Canaria tumba también la demanda civil del Gobierno, le obliga a devolver a las empresas la garantía que depositaron para llevar a cabo la obra (2,1 millones de euros) y le condena a pagar las costas procesales, que en un procedimiento de mayor cuantía, como éste, pueden llegar a superar los tres millones de euros.


TEBETO: 92 MILLONES MÁS. Mientras caminaban en los juzgados los pleitos civil y penal emprendidos por el Gobierno de Canarias, el propietario de Canteras Cabo Verde S.A., Rafael Bittini emprendía, también ante la Justicia, los derechos que creía que le correspondía. Sólo así se entiende el fallo judicial consumado esta semana y que condena al Ejecutivo a pagar 92,3 millones de euros de forma inminente.

El pleito de la Montaña de Tebeto, contigua a Tindaya, data de principios de los noventa, cuando Cabo Verde solicitó al Gobierno la licencia de explotación minera tras una concesión que había obtenido en 1982. El Ejecutivo regional consideró que las concesiones habían caducado y Bittini acudió a la Justicia. El TSJC le otorgó la razón y el Supremo se la confirmó, pero cuando por fin se le habían concedido los derechos de explotación minera, había entrado en vigor el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura, que prohibía la extracción minera en Tindaya y Tebeto.

Fue entonces cuando Cabo Verde, al verse perjudicado por las decisiones del Gobierno, inició una reclamación patrimonial, cuya tesis fue aceptada por el TSJC, que cuantificó el perjuicio en 92,3 millones de euros. Bittini solicitó entonces la ejecución provisional de la sentencia y el TSJC la aceptó. Y el Gobierno ahora debe pagar.


Y SIN MOVER NI UNA SOLA PIEDRA. Mientras las sentencias perdidas aumentan las indemnizaciones a la velocidad de la luz, lo más curioso de todo es que de la Montaña de Tindaya no se ha movido una sola piedra. Todo lo más, unas catas para estudiar la viabilidad de la idea de Eduardo Chillida.

Sin embargo, el "Monumento a la Tolerancia seguirá adelante", dijo en febrero pasado el consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Domingo Berriel, quien aseguró que existe un acuerdo escrito con las empresas mediante el que se comprometen a defender únicamente sus intereses legales en los juzgados, y no interferir en la construcción de la obra.

Así las cosas, desde que el Gobierno le propuso el proyecto a Chillida, allá por 1993, han pasado tres lustros de película: Se han evaporado 12 millones de euros; ha muerto el escultor; se han perdido las causas civil y penal iniciadas por la Administración; y se tienen que pagar 92,3 millones más de indemnización.






* La Provincia - PEDRO GUERRA - 2.11.2008
Foto: Montaña de Tindaya. LA PROVINCIA /DLP