Insa da por caducados los expedientes de 61 infracciones urbanísticas en Ontinyent

LEVANTE/Valencia* : La alcaldesa de Ontinyent, Lina Insa, del PP, ha aprobado la caducidad de los expedientes de 61 infracciones urbanísticas denunciadas durante la última etapa del anterior gobierno municipal, formado por PSOE, Bloc y EU. La mayoría de los casos están relacionados con la construcción de viviendas unifamiliares en suelo no urbanizable.

La medida, que no ha sido avalada por ningún informe técnico, beneficia también a una promoción de nueve adosados que un constructor inició en una zona de especial protección y que el Seprona ordenó paralizar.
En el acuerdo plenario se requiere al registro de la propiedad para que "elimine" las anotaciones registrales en las propiedades afectadas. Paradójicamente, en el tercer punto del mismo acuerdo, votado en contra por PSOE y Bloc, se deja la puerta abierta a la reapertura de los expedientes -como recomienda en cada uno de los caducados la oficina técnica- toda vez que la infracción urbanística persiste y no se ha restituido la legalidad.
La persona que deberá "analizar caso por caso" la posible reapertura de los expedientes caducados, el concejal de Urbanismo, Filiberto Tortosa, proclamó en el pleno que la decisión se había tomado porque "en nuestro programa electoral prometíamos dar una solución definitiva a la problemática de las casitas", una de las banderas utilizadas por el PP en su oposición frontal al anterior gobierno municipal cuando decidió aplicar a LUV en el caso urbanístico del diseminado de Ontinyent. Tortosa acusó al anterior equipo de gobierno de haber aplicado la ley "de manera arbitraria" y declaró que "lo que queremos es cerrar una etapa y abrir otra", aunque no dio más detalles. El concejal de Urbanismo tampoco aclaró qué sucederá con los expedientes de paralización de obras en el diseminado abiertos durante los 15 meses que lleva gobernando, algunos de los cuales también podrían declararse como caducados.
En este punto, técnicos urbanistas consultados por este diario se han mostrado "perplejos" por la actuación del gobierno de Ontinyent, porque consideran que se ha lanzado a la ciudadanía un mensaje de "impunidad urbanística" que "no traerá nada bueno desde el punto de vista de la legalidad". Estas fuentes explicaron que, a partir de esta decisión, "cualquier vecino puede solicitar el mismo trato por parte del ayuntamiento". Y ponen como ejemplo a una persona que haga una pequeña obra en su casa: "para qué tiene que solicitar licencia, si el expediente de la infracción se lo pueden caducar", han insistido.
Estos mismos expertos han advertido de que la caducidad de un expediente "no supone la restitución de la legalidad", tal como apuntan los responsables de la oficina técnica de Ontinyent, por lo que consideran que el concejal de Urbanismo "debería ordenar la reapertura de los expedientes porque la infracción cometida persiste". "De lo contrario", estiman las mismas fuentes, "el concejal podría estar cometiendo una prevaricación al no ejercer sus funciones".

La regidora socialista, Rebeca Torró, que explicó el voto negativo de su grupo, expresó en el pleno su "incredulidad" porque el concejal de Urbanismo, Filiberto Tortosa, planteara la caducidad de unos expedientes en el pleno, ya que según explicó Torró, "este asunto es de su área (Urbanismo), es materia de despacho ordinario". La edil socialista preguntó a Tortosa porque lo llevaba al pleno, "a qué tiene miedo y por qué quiere que todos seamos corresponsables de esta decisión". Torró explicó que la caducidad de unos expedientes no es competencia del pleno y, por tanto, "este no puede asumir competencias que no le han sido atribuidas". La regidora pidió al equipo de gobierno del PP y a Tortosa que "no eludan su responsabilidad y tomen las decisiones que les tocan".
Por su parte, Joan Cambra, que durante la sesión no quiso explicar su sentido del voto negativo, respondió a las acusaciones lanzadas por parte del líder vecinal Víctor Márquez. Cambra, ex cocnejal del Diseminado, dijo que lo que se hizo "es cumplir la ley y ordenar el territorio", y que a los de Adecca "se les pidió paciencia para resolverlo y no la tuvieron, además todos tienen la casa terminada y no hay peligro de nada, ni de que se haga derruir y de nada", insistió Cambra.





* Levante-EMV - 1.11.2008
Foto: Ontinyent (Valencia), ayuntamiento - wikipedia.org