+-+mma.esjpg.jpg)
DIARIODEIBIZA* : El Grup d´Estudis de la Natura (GEN) denuncia que el Ayuntamiento de Sant Josep y el Consell tramitan un Plan Parcial que permite la construcción de una urbanización con capacidad para 400 nuevas plazas en Cala Tarida.
El nuevo desarrollo urbanístico permite, según los ecologistas, más de 100 nuevas viviendas y 90 nuevas plazas turísticas. Esta urbanización está prevista en las nuevas Normas Subsidiarias del municipio.
Los ecologistas alertan en un comunicado que se trata de «una nueva aberración» en la costa de Sant Josep y denuncian que los servicios públicos de esta urbanización, impulsada por promotores privados, los garantizan las administraciones públicas. «Es intolerable que la especulación urbanística, que está en directa contradicción con el interés general, no sólo sea permitida por las administraciones responsables, sino que incluso la incentive con inversiones millonarios procedentes de fondos públicos», denuncian. En concreto, el GEN explica que en Cala Tarida se está construyendo una depuradora «con coste millonario para las arcas públicas para dar servicio a las promociones urbanísticas privadas, en buena parte, realizadas al margen de la legalidad».
Además, los ecologistas aseguran que la Comisión Balear de Medio Ambiente prevé el suministro de agua depurada gracias a un futura ampliación de la desalinizadora de Portmany, obras a las que hay que sumar las conducciones hasta Cala Tarida, también sufragadas con fondos públicos. «Durante décadas se están tramitando y construyendo miles de nuevas plazas turísticas en la isla sin que se haya obligado previamente a los promotores a justificar la existencia real de los servicios más elementales. Esto ha supuesto una auténtica sangría para las arcas públicas y unos suculentos beneficios para la especulación urbanística, que se ha extendido como el peor cáncer para la isla», lamentan.
* Diario de Ibiza - 09 de julio de 2008
Foto: Sant Josep de Sa Talaia - San José (Ibiza), costa - mma.es
El GEN denuncia una nueva urbanización que supera las 400 plazas en Cala Tarida
Anticorrupción denuncia al ex alcalde de Seseña por aprobar un plan urbanístico para 'el Pocero'
,+urbanizaci%C3%B3n+de+El+Pocero+-+EFE.jpg)
EFE/Toledo* : La Fiscalía Anticorrupción ha denunciado al ex alcalde de Seseña José Luis Martín (PSOE) por prevaricación, cohecho y delito contra la hacienda pública en la aprobación del PAU de El Quiñón de Seseña (Toledo), donde Francisco Hernando, 'Paco el Pocero', prevé la construcción de 13.508 viviendas.
Anticorrupción, que ha investigado la autorización de ese PAU durante dos años a instancias de Izquierda Unida, ha encontrado "unos incrementos patrimoniales injustificados" por parte de Martín, que gobernó en Seseña entre 1999 y 2003, por lo que ha presentado una denuncia ante el juzgado de instrucción de Illescas (Toledo).
El actual alcalde de Seseña, Manuel Fuentes, de Izquierda Unida, denunció ante la Fiscalía el 14 de julio de 2006 un presunto trato de favor por parte del anterior gobierno municipal y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la tramitación y aprobación del PAU.
La denuncia de la Fiscalía, fechada hoy 9 de julio, sostiene que el alcalde forzó, el último día hábil de la legislatura, la aprobación de un PAU que iba a quintuplicar la población del municipio a sabiendas de que faltaban informes preceptivos de la Comisión Provincial de Urbanismo o la evaluación ambiental de la Consejería de Agricultura de la comunidad.
Entre 2002 y 2005, Martín realizó sucesivas inversiones y desembolsos de importantes cantidades de dinero, incremento patrimonial que justificó ante la Fiscalía alegando haber cobrado un cupón de la ONCE premiado con 144.000 euros en el año 2000 y las sucesivas reinversiones de ese dinero.
La Fiscalía considera que esas afirmaciones no quedan acreditadas "al no constar declarados los incrementos patrimoniales relacionados con ese u otros ingresos".
Según la denuncia, en 2002 coincidió la presentación por parte de la empresa ONDE 2000 SL, propiedad de Francisco Hernando, del PAU en el Ayuntamiento con la suscripción por parte de Martín de dos fondos de inversión y seguros por importe de 158.000 euros y 1.800 euros, respectivamente.
También adquirió entonces un bien inmueble en Málaga por importe de 9.617 euros a pesar de que su salario entre 2001 y 2005 fue de 27.806 euros brutos, excepto en 2003, cuando, al dejar en junio el Ayuntamiento, sólo percibió 17.074 euros.
El 13 de mayo de 2003, cinco días después del pleno municipal en el que se aprobó el PAU, Martín suscribió tres fondos de inversión a favor de sus hijos por importe de 48.000 euros cada uno (un total de 144.000 euros).
Ese año también firmó fondos de inversión por importe de 20.000 euros a dos de sus hijos, realizó un desembolso en efectivo de 77.208 euros y se subrogó en dos préstamos hipotecarios por importe conjunto de 250.244 euros para comprar dos viviendas de la sociedad Promociones del Saz 2000 SL, empresa vinculada a ONDE 2000 SL, a la que ya se había adjudicado el PAU de El Quiñón.
En 2004, cuando José Luis Martín ya había dejado el Ayuntamiento, adquirió nuevos fondos de inversión por importe de 60.000 euros, mientras que el año siguiente firmó dos fondos de inversión por 15.000 y 110.113 euros, y desembolsó 71.334 euros a Promociones Zapata y Muñoz y 14.921, a Mapfre Mutualidad.
La Fiscalía relata en la denuncia el proceso de autorización del PAU, en el que el alcalde convocó tres plenos extraordinarios en los últimos meses de la legislatura para sacar adelante el proyecto, que aún no contaba con el visto bueno de la Comisión Provincial de Urbanismo ni con el informe ambiental de la Consejería de Agricultura.
Martín ignoró en varias ocasiones las advertencias de la oposición y el PSOE sacó adelante con sus votos el proyecto, aprobación que fue anulada por el Ayuntamiento después de las elecciones que ganó Manuel Fuentes.
La Fiscalía cierra la investigación con una denuncia que sólo afecta al ex alcalde, a pesar de que IU había pedido que se investigara la actuación de Hernando, la de varios ediles del PSOE y del PP y la del entonces consejero de Obras Públicas, Alejandro Gil, puesto que el informe de Urbanismo salió de la Consejería el mismo 8 de mayo en que se aprobó el PAU.
Asimismo, IU pidió la investigación de la relación del entonces presidente regional, José Bono, con la empresa ONDE 2000, que, según IU, habría realizado trabajos en la Hípica Almenara, de la que era accionista el actual presidente del Congreso.
* La Vanguardia - EFE - 09/07/2008
Foto: Seseña (Toledo), urbanización de El Pocero - EFE
El alcalde de Guadarrama paga su defensa con dinero público
,+ayuntamiento+-+ayuntamientodeguadarrama.es.jpg)
ELPAÍS/Madrid* : El alcalde de Guadarrama (13.000 habitantes), José Ignacio Fernández Rubio, del PP, paga a los abogados que le defienden de un caso de prevaricación con dinero público. Fernández Rubio, el primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Miguel Rodríguez Bonilla, y otros tres concejales del PP del municipio han sido acusados por un juez de Collado Villalba de un delito de prevaricación (adoptar una decisión a sabiendas de que es injusta).
Y claro, el proceso judicial sale caro. Por eso, el pasado 25 de abril la junta de Gobierno del Ayuntamiento aprobó destinar 20.800 euros a la defensa jurídica del regidor y de su mano derecha. Los dos implicados se abstuvieron durante la votación, pero este órgano de decisión está controlado exclusivamente por los concejales del PP, por lo que no hubo oposición a la propuesta.
Fernández Rubio, Rodríguez Bonilla y los otros tres concejales populares fueron acusados por conceder la licencia provisional de explotación al restaurante El Molino de El Rey, situado en suelo con la máxima protección. El primer teniente de alcalde es administrador de la empresa que gestiona el mesón.
Sufragar la defensa jurídica de un proceso judicial contra la figura del alcalde no es ilegal, según varios expertos consultados. Pero en el caso de que la sentencia condene finalmente al regidor será "éticamente reprobable", aseguran. El alcalde explica que este es el procedimiento habitual que se ha seguido siempre en Guadarrama. "Incluso cuando había alcaldes de otro signo", precisa.El grupo socialista de Guadarrama considera "un escándalo y un insulto para los contribuyentes que los vecinos tengan que pagar la defensa de ambos individuos".
El caso nació hace ocho años, en 2.000. La empresa Golden Hipotecaria, de la que es administrador el primer teniente de alcalde, compró unos terrenos junto al río Guadarrama para reformar un antiguo molino de piedra y convertirlo en un restaurante. Pero los terrenos tienen el máximo grado de protección. Pese a todo, la empresa siguió adelante para instalar su negocio y solicitó la correspondiente licencia al Ayuntamiento, que concedió una licencia provisional e hizo caso omiso de las repetidas advertencias de la Comunidad de Madrid. El director general de Urbanismo reclamó, en 2003, al Ayuntamiento que cerrase el restaurante, que hizo oídos sordos.
En marzo de 2008, el juzgado de instrucción número 2 de Collado Villalba confirmó el delito contra la ordenación del territorio. Ahora, el juez que instruye el caso ha remitido el proceso al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
El alcalde es también diputado regional, por lo que sólo puede ser juzgado por este tribunal. De esta forma, el proceso comienza de nuevo. Ahora el TSJM tiene que decidir si admite a trámite la denuncia y reiniciar todo el proceso, que se dilatará durante años.
* ELPAIS.com - J. S. G. - Madrid - 09/07/2008
Foto: Guadarrama (Madrid), ayuntamiento - ayuntamientodeguadarrama.es
La alcaldesa de Marbella altera el plan urbanístico de la Junta
ELPAÍS/Málaga* : Los cambios en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella, el documento que provocó la protesta en las calles de unas 2.000 personas y que cosechó 8.000 alegaciones. obligarán una nueva exposición pública, ya que el equipo de gobierno de Ángeles Muñoz (PP) ha introducido "cambios de calado".
"Sólo se volverá a exponer las partes que han sido modificadas, no el PGOU entero", precisan fuentes municipales.
El equipo de Muñoz se cierra en banda a la hora de hablar de esos cambios. No quieren crear polémica y menos aún contribuir a que se retrase la aprobación de este documento tan necesario para la seguridad jurídica de la ciudad y la tranquilidad de muchos de sus vecinos.
La incontinencia urbanística del Grupo Independiente Liberal (GIL) dejó 18.000 viviendas ilegales, ahora pendientes de regularización; unos 1.000 comercios sin licencia, y 700 construcciones que se juegan la posibilidad de ser demolidas. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) también espera a que se apruebe el documento para decidir sobre numerosas sentencias de demolición.
La regidora del PP dice tener la fórmula para que no sean los compradores de las viviendas ilegales quienes asuman las cargas urbanísticas, pero no da detalle alguno de cómo lo conseguirá.
El PSOE marbellí, en la oposición, cree que el equipo de gobierno cambiará uno de los pilares del PGOU: el sistema de compensaciones ideado por la Junta de Andalucía para que los responsables de los desmanes urbanísticos resarcieran a los vecinos con zonas verdes o de equipamientos.
Según las fuentes consultadas, se ha acordado una rebaja de la cantidad de metros que tienen que aportar los promotores para regularizar las viviendas ilegales, con lo que el ratio de metros cuadrados de zonas verdes por habitante que calculó el equipo redactor quedaría "completamente alterado". "Han abierto el melón por la parte más sensible", aseguran.
El PGOU fue aprobado inicialmente por el equipo de gobierno hace un año. El documento establecía que los promotores de las viviendas ilegales compensaran a la ciudad con la entrega 1,8 millones de metros cuadrados para equipamientos y espacios libres.
Estos cálculos preveían que la ciudad se situara entre las mejores de Europa en cuanto a zonas verdes y lugares abiertos, con una ratio de 60 metros cuadrados por habitante, cifra comparable a la de Londres.
Durante el proceso de redacción del PGOU, el responsable de la oficina de planeamiento de la Junta en Marbella, José María Ruiz Povedano, se reunió con los promotores de viviendas con problemas legales para fijar la compensación correspondiente en cada caso y que como término medio es de 104 metros cuadrados de suelo por casa construida.
"Si se rebaja, por ejemplo, de 100 a 60 metros cuadrados por casa, afectaría a una serie de cálculos que ya están hechos y la totalidad del plan", considera el concejal socialista Javier de Luis, que trabajó como asesor del PGOU tras la disolución de la corporación municipal por el caso Malaya. Luego vendrían los cálculos por equipamientos, viales, sanitarios...
Otro de los aspectos de envergadura que se modificarán será la construcción de un nuevo cementerio y el traslado del polígono industrial de la ciudad. El arquitecto Manuel Fustegueras, encargado de la redacción del documento, decidió que el polígono de la Ermita cambiara su uso a residencial-comercial y que la mudanza se hiciera de forma paulatina.
El equipo de Muñoz asegura que todavía no ha decidido qué pasará con este enclave, situado en la entrada de la ciudad y en segunda línea de playa. Los afectados ya están pidiendo "que no se especule" con el futuro emplazamiento de la zona industrial. El traslado de los 400 industriales se haría a una parcela al norte de la ciudad, situada muy cerca del centro Comercial La Cañada. Para ello el PGOU debe calificar estos terrenos como terreno urbanizable, sectorizado y ordenado.
La delegada de Urbanismo, Alba Echevarría confía en que el Ayuntamiento marbellí llegue a tiempo para los plazos marcados: julio para la aprobación provisional y finales de año para la definitiva.
Los técnicos trabajan a marchas forzadas en los escritos de respuesta a las 8.000 alegaciones. Aseguran que ya han terminado 5.000, pero que están retrasando la entrega porque quieren enviarlas todas juntas. La fecha tope es el 15 de julio.
La parte no alterada del PGOU se aprobará en pleno, probablemente a finales de julio, pero los trámites derivados de los cambios retrasarán considerablemente el visto bueno general del documento.
Tras exposición pública de los cambios, pactada con el equipo redactor y la Junta de Andalucía, llegará el turno a las alegaciones, que el gobierno municipal debe responder después de estudiar cada caso. La delegada de Urbanismo confía en que durante esos dos meses no se reciban muchas quejas.
"Época fría y oscura"
La oposición marbellí (PSOE) ha bautizado el primer año de gestión de la concejal de Urbanismo Alba Echevarría como una etapa "fría y oscura".
La negativa a informar sobre los cambios que están realizando al Plan General de Ordenación Urbana ha cosechado casi tantas críticas como su desinterés por la participación ciudadana. "Los cambios son de tal calado que necesitarán una nueva exposición publica del documento, pero ninguno ha sido consultado, ni comunicado a los representantes de los colectivos sociales o a la mesa de participación ciudadana", asegura el edil Javier de Luis (PSOE). El colmo llegó en algunas de las reuniones de esta mesa, en las que el concejal advirtió de que el Consistorio ni siquiera había enviado a un secretario que diera cuenta de los temas que se estaban discutiendo.
Echevarría alude a las dificultades jurídicas y a su interés porque el ciudadano reciba una atención más "accesible y cercana". En su primer año, ha concedido 2.682 licencias de obras menores de 60.000 euros y han informado sobre 470 permisos de obra mayor.
* ELPAIS.com - JUANA VIÚDEZ - Málaga - 08/07/2008
Foto: Vista aérea de la localidad malagueña, que acumula 18.000 viviendas ilegales.- JUALIÁN ROJAS, elpais.com
Trece torres
JOSÉ MARÍA ASENCIO MELLADO* : Trece torres, trece agujas elevadas sobre el cielo alicantino que romperán la esperanza de una gran zona verde, de un gran paseo, de un lugar de esparcimiento en una ciudad a la que le sobra el cemento y le falta naturaleza. Y cuatro mil viviendas, un nuevo enjambre en el centro de la ciudad; que viene a sumarse a las miles que se prevén en los planes existentes y proyectados.
Quince mil personas, más o menos, en ese espacio que se prometía libre y que ahora se revela un nuevo Rabasa, más reducido es cierto, pero en un lugar más pequeño y del que esperábamos un desarrollo como el que existe en ciudades que soterraron sus vías para el AVE y dejaron expedito el lugar para el disfrute de la ciudadanía. Una oportunidad perdida, en caso de llevar adelante este proyecto, para que nuestra ciudad sea un poco más habitable.
Una propuesta que sale, según cuentan, del Ministerio de Fomento y que, de ser cierta y definitiva, pondría pocas diferencias reales con la política urbanística del PP, tan criticada por el PSOE con argumentos de peso, que precisaría, pues, explicaciones profundas para ser aceptada. Un Gobierno socialista no debe considerar que toda obra pública necesita de financiación en forma de ladrillo, pues en tal caso contribuirá a que se pueda convenir que idéntica razón ampara a los gobernantes alicantinos y valencianos cuando de abrir espacios públicos a la iniciativa privada se trata. Es necesario marcar las diferencias, que existen e importantes y no asumir iniciativas que las diluyan y lleven a confusiones innecesarias, pues éstas siempre benefician a quienes las practican como forma ordinaria de comportamiento y que están interesados en esa identificación que constituye su único argumento justificativo.
Que el soterramiento ha pasado de doscientos a seiscientos millones de euros en estos años es tan evidente como que dejar transcurrir otros diez aumentará la factura hasta el punto de que habría que construir centenares de torres para financiarlo. Eso no es motivo para que los alicantinos hayamos de sufrir los errores iniciales de cálculo o los posteriores acontecimientos que han encarecido la obra. Es necesario que desde Madrid se tome conciencia de la necesidad de empezar a actuar con mayor interés por esta Comunidad y esta ciudad; no es posible desde aquí, sin esa ayuda decidida, cambiar las cosas aunque cambien las personas. Y esto último, aun siendo imprescindible, no será nada por sí mismo sin esa colaboración activa del Gobierno, sin ese compromiso real que ha de verse reflejado en actuaciones concretas. Leire Pajín, a la que felicito por su nuevo puesto, así lo ha manifestado en el Congreso Federal del PSOE y entiendo que está, pues, obligada a intentar una modificación de la postura de Fomento. El soterramiento de la estación es, sin duda alguna, una buena forma de comenzar a implicarse en el cambio que estas tierras necesitan.
Que el PP en este asunto pueda aparecer como un partido que limita la voracidad constructora del Gobierno me parecería una burla a la realidad; que sea capaz de descolocar todos los discursos hasta ahora mantenidos por el PSOE por un error de estrategia o de comprensión ante la realidad alicantina, un fallo incomprensible que, no obstante, tiene aún remedio y debe tenerlo, pues no estamos hablando de formaciones políticas iguales en materia urbanística, sino profundamente diferentes. Errores de este tipo, casi infantiles, hacen tanto daño que pueden servir para destrozar lo hecho en varios años y anular esperanzas de futuro. No caben más equivocaciones, pues la factura cuesta mucho en pagarse, si alguna se vez se llega del todo a abonar.
Hay que cambiar de estrategia inmediatamente, invertir lo que sea necesario, preservar el entorno en los terrenos liberados conforme a los programas electorales del PSOE y denunciar, a la vez, al PP local y valenciano, que, a pesar del encarecimiento del proyecto, se ha negado absolutamente a invertir ni un euro más (aunque de nuevo parece que Mario Flores quiere introducir una nota de coherencia y seriedad en ese mundo complejo de su partido), a colaborar activamente en su realización, viendo en ello un horizonte de dificultades para el PSOE que han de aprovechar en su propio beneficio. Tal vez con esta posición consigan que fracase la llegada del AVE y se mantengan unos años más en el poder, pero habrá sido incumpliendo con las obligaciones que tienen para con la ciudadanía que espera de sus gobernantes acciones positivas, no obstáculos a lo que constituye el bien común.
Lo que se propone en la estación es una barbaridad que, como tal, ha de ser denunciada y enmendada. No es por medio de la construcción descontrolada como ha de financiarse la obra pública y menos en un momento de crisis en el que la venta de viviendas se hace compleja. Reivindico un crecimiento sostenible y espero que el PSOE, que lo mantiene en su programa, lo cumpla sin excusas. Si el PP luego no lo hace de ellos será la responsabilidad, pero para que así sea hay que enmendar los errores y no incurrir en contradicciones de difícil explicación.
Nota: el pleno de la Diputación, siguiendo el camino del Ayuntamiento y en clara infracción de la Ley de la Memoria Histórica, ha rechazado retirar el título de hijo predilecto a Franco. Conozco a algunos diputados provinciales del PP y sé que no son franquistas. No entiendo, por tanto, siendo algunos de ellos juristas, la razón por la que se obstinan en mantener símbolos de una época autoritaria, cuando la ley obliga a lo contrario. La disciplina de partido no puede llevarles a renunciar a sus creencias y a infringir dolosamente el ordenamiento jurídico. Una ley es superior a un reglamento y lo saben. Queda en los medios de comunicación lo dicho y algún día se lo recordarán, pues la vida política suele ser corta. Pero, a su vez, desde el Gobierno se debe implementar la ley, desarrollarla en sus aspectos prácticos, especialmente en lo referido a la legitimación para impetrar ante los tribunales su cumplimiento cuando se obvia la ley de forma manifiesta. La ley, sin su correspondiente reglamento, puede quedar inaplicada cuando nos encontramos en ciudades como Alicante o en comunidades como la valenciana donde el ordenamiento jurídico es sólo un obstáculo que se supera con mayorías en este caso ilegítimas, aunque sean legales. Reitero de nuevo y denuncio la ilegalidad manifiesta del cambio en la Sindicatura de Agravios. No reconozco al nombrado, al margen de sus méritos, pues ha accedido al cargo a través de una actuación ilegal. Insto al PSPV a que actúe en la forma debida ante los tribunales. Lerma puede, aunque haya perdido la costumbre, hacer algo hacia afuera del partido. Para algo es el presidente de la Gestora.
* José María Asencio Mellado es catedrático de Derecho Procesal de la UA.
* Información - Alicante - Opinión - 08 de julio de 2008
Gáldar, en contra del nuevo centro comercial y las 1.400 viviendas
,+costa+-+laprovincia.es.jpg)
LAPROVINCIA/GranCanaria* : Organizaciones como Ben Magec, defensores del Patrimonio Histórico y vecinos de Gáldar plantarán batalla al proyecto de construir un centro comercial y 1.400 viviendas en la vega agrícola del municipio, a pocos metros de la Cueva Pintada, algo que prohíbe una sentencia del TSJC.
Así lo afirmó hoy el portavoz de los ecologistas de Ben Magec, Antonio Hernández, quien agregó que la sentencia será firme cuando pase por el Tribunal Supremo y que, aunque en Canarias es costumbre incumplir los fallos judiciales como sucedió con la "supercomisaría", las torres del Canódromo y el edificio Woerman, en este caso "se cumplirá la ley".
El plan territorial especial contempla un proyecto que abarca un millón y medio de metros cuadrados, incluido el desvío de la autovía para no aislar el centro comercial, que ocuparía una superficie de 140.000 metros, cuando Las Arenas, en la capital grancanaria, ocupa 35.000.
Además, 1.400 viviendas suponen un desarrollo "desorbitado" que no cuenta con estudio de sostenibilidad.
En el entorno del lugar escogido para el proyecto existen cuatro bienes de interés cultural más un quinto que próximamente puede ser declarado como tal y es el primer pozo de agua de la isla que data de 1750, lo que se suma al los vestigios aborígenes que esconden estas tierras y que serían desvelados en cuanto comiencen las obras.
Antonio Hernández criticó que los empresarios ligados a la promotora Yudaya estén tan empecinados en la idea que usen sus medios de comunicación, Canal 9 radio y televisión, dijo, para vetar a artistas como Arístides Moreno por manifestarse en contra de este proyecto, que a su juicio debe ser sometido a debate público y no sólo a información pública consistente en la entrega de un engorroso CD.
Los representantes vecinales agregaron no estar en contra del centro comercial, pero sí de su ubicación, pues afectaría a la vega agrícola como sucedió en Vecindario, Telde o Jinámar, que se asentaron sobre terrenos rústicos que desaparecieron, igual que está sucediendo en Arucas y Gáldar.
Además, esta política está en contra del documento de lucha contra el cambio climático del Gobierno canario, que apuesta por recuperar las zonas agrícolas de las islas.
Por ello, los vecinos concluyeron que cuando quieran vivir en poblaciones de 50.000 habitantes la elegirán ellos mismos, pero no permitirán que se la impongan los políticos, que cuando están en la oposición luchan contra el centro comercial y al obtener la Alcaldía la defienden, pues "poderoso caballero es don dinero".
* La Provincia - EFE - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 08.07.2008
Foto: Gáldar (Gran Canaria), costa - laprovincia.es
A Estrada: Denuncian irregularidades en la tramitación de la Cidade do Moble
,+pol%C3%ADgono+Lagartons+-+farodevigo.es.jpg)
FARODEVIGO* : La Asociación pola Defensa do Val do Liñares acaba de alegar al proyecto de la Cidade do Moble que se pretende emplazar en la parroquia estradense de Lagartóns denunciando "irregularidades en el procedimiento administrativo, la no consideración de los principios de sostenibilidad establecidos por Medio Ambiente en la redacción del proyecto, la incompatibilidad urbanística del proyecto y la valoración inadecuada de las características naturales del entorno así como de los impactos ambientales previstos".
El colectivo solicita que la exposición pública sea declarada nula "de pleno derecho" y que se abra un nuevo período de exposición "en el que se cumpla la legalidad vigente" así como "la retirada del proyecto y su posterior adecuación a la normativa ambiental y urbanística vigente".
En cuanto a su petición de declaración de nulidad de la exposición pública del estudio de impacto ambiental, la asociación la justifica asegurando que dicho estudio "debería haber sido expuesto al público durante un plazo de 2 meses en lugar de los 30 días establecidos en el anuncio publicado en el DOG" y que, además, ese estudio n estuvo "disponible durante los 30 días establecidos de manera que no se ha podido localizar el mismo ni en el Concello da Estrada ni en el Instituto Galego de Vivenda e Solo". Para justificarlo, aporta un acta notarial.
Asimismo, respecto de los principios de sostenibilidad ambiental, entiende que no se han valorado otras ubicaciones diferentes y que se propone su ubicación en suelo rústico especialmente protegido "en un claro incumplimiento de la legalidad urbanística".
En cuanto a la justificación del carácter supramunicipal y de interés público, entiende que "no se ha tenido en cuenta a todo el sector del mueble en A Estrada sino que se pretende beneficiar únicamente a un porcentaje ínfimo de empresarios, ubicados en Lagartóns", que "las acciones de promoción empresarial, mejora del marketing, mejora de los procesos productivos" y el asociacionismo se pueden propiciar sin la creación del polígono industrial especializado, que la creación de la Cidade do Moble supondrán la utilización "de dinero público para duplicar instalaciones existentes en A Estrada" como el recinto de exposiciones o las aulas de formación y que la justificación esgrimida para la ejecución del polígono permiten su inclusión en cualquier terreno del término municipal de A Estrada.
Respecto de la caracterización ambiental de la zona de implantación del polígono, entiende que no se tuvo en cuenta la existencia de flora y fauna protegidas, que no se cuantificó el valor ambiental de los recursos fluviales existentes en la zona y que no se realizó un estudio de dispersión de la contaminación atmosférica. Finalmente, asegura que en la realización de la valoración de impacto ambiental del polígono no se usó una metodología objetiva y que no se tuvieron en cuanta los impactos sobre los ríos y humedales de la zona, sobre las especies protegidas y sobre la calidad del aire.
* Faro de Vigo - Silvia Pampín / A ESTRADA - 08 de julio de 2008
Foto: A Estrada (Pontevedra), polígono Lagartons - farodevigo.es
La Fiscalía incoa diligencias por la macrourbanización de Candeleda
,+terreno+urbanizaci%C3%B3n+-+aviladigital.com.jpg)
ÁVILADIGITAL* : La Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo ha incoado diligencias informativas por las posibles irregularidades en una macrourbanización que se pretende construir en Candeleda y que no cuenta con Declaración de Impacto Ambiental.
Se trata de la urbanización ‘Candelas de Gredos’, que promueve la empresa Dávila Monteblanco en el paraje de Navalpilón, junto al Parque Regional de la Sierra de Gredos.
En total son 431 viviendas y 200 plazas hoteleras en una superficie de 26 hectáreas las que incluye el proyecto, con lo que la ocupación podría llegar a las 2.000 personas. El municipio cuenta ahora con 5.000 vecinos.
Fue en el mes de mayo cuando la Plataforma Ciudadana contra la Especulación Urbanística de Candeleda, junto con varias asociaciones locales, denunció ante la Fiscalía General del Estado el inicio de las obras para el suministro de agua y las “diversas irregularidades” del Plan Parcial aprobado en la zona de Navalpilón, en la zona en la que pretende construirse la urbanización.
Los hechos denunciados ya han sido investigados por la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo, que ha comunicado a la Plataforma contra la Especulación de Candeleda la incoación de diligencias informativas para valorar si tiene trascendencia penal.
La Fiscalía de Medio Ambiente ha dado trasladado, además, del contenido de la denuncia y de la documentación anexa a la Fiscalía Provincial de Ávila.
Irregularidades en la tramitación
El plan parcial fue aprobado en octubre de 2006 y entre las irregularidades que denuncia la Plataforma contra la Especulación de Candeleda figura la recalificación de terrenos rústicos después de que fueran comprados por la promotora o la ausencia de un estudio de impacto ambiental.
Se ha variado, además, el dominio público hidráulico en zona protegida que establece el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Regional de la Sierra de Gredos y de la Ley de Espacios Naturales de Castilla y León, según se detallaba en la denuncia interpuesta en el mes de mayo por la Asociación para la Protección del Medio Natural de Candeleda, Cinclus, integrada en la plataforma, que aseguraba también que se trata de una zona ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves).
Las obras para la captación de agua en el arroyo Castañarejo, el principal afluente de la garganta de la que se abastece Candeleda, y la construcción de un depósito se iniciaron en el mes de mayo, aunque a principios de junio, el Ayuntamiento de Candeleda suspendió temporalmente los trabajos para revisar el expediente.
A finales de mayo, más de 2.000 personas, entre las que se encontraba el actor Daniel Guzmán, se manifestaron contra la urbanización.
* Ávila Digital - María Cuenca - 08.07.2008
Foto: Candeleda (Ávila), terreno urbanización - aviladigital.com
Los defensores del ladrillo recuperan la alcaldía de Dénia
,+moci%C3%B3n+de+censura+-+elpais.com.jpg)
ELPAÍS/Alicante* : Un tránsfuga otorga el poder al PP entre gritos de "especuladores". Los defensores del ladrillo recuperaron ayer la alcaldía de Dénia. Gracias al apoyo de un tránsfuga socialista, la popular Ana Kringe recibió a la una del mediodía la vara de mando entre gritos de "usurpadora", "mafiosos" y "especuladores".
Kringe, que ni siquiera pudo acabar su discurso de investidura por culpa de los abucheos del público, había recibido minutos antes el apoyo del concejal tránsfuga socialista Juan Collado y de los ediles de Gent de Dénia, Centre Unificat y PSD, cuyos votos en el pleno sirvieron para aprobar la moción de censura que derroca al anterior gobierno de PSPV y el Bloc, encabezado por la socialista Paqui Viciano. De esta manera, vuelve al gobierno municipal el equipo que entre 1999 y 2003 planificó la construcción de 20.000 viviendas en la costa norte de Dénia. Un plan que abortó la alcaldesa socialista Paqui Viciano, que se proponía la protección de cuatro millones de metros cuadrados en la localidad. Protección que estaría incluida en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), cuya redacción no pudo concluir y que ahora está en manos del nuevo equipo de gobierno local. Tanto Kringe como Pepa Font, de Centre Unificat, formaron parte del equipo que impulsó los planes que paró Viciano.
Fue sin duda el pleno más tenso de la historia democrática de Dénia. El público abarrotó tanto el salón de plenos como la escalinata exterior del edificio consistorial, donde fue necesario colocar una pantalla de televisión. La mayoría de los asistentes eran partidarios del PSPV y el Bloc e interrumpieron con sus gritos los diferentes discursos de los portavoces que habían firmado la moción de censura y que prácticamente no pudieron escucharse.
Las iras del público, que en numerosas ocasiones mostró su temor por los intereses urbanísticos que escondería el nuevo gobierno, se concentraron sobre todo en la nueva alcaldesa, contra la que clamaron "Kringe, el pueblo no te admite" y a quien compararon con Zaplana por haber alcanzado el poder gracias al apoyo de un tránsfuga: A este último le espetaron "Collado, traidor" y "Collado, Judas".El público desplegó en la sala una pancarta contra el transfuguismo en la que podía leerse "Contra la traición, escuchar a la voluntad popular". No obstante, y aunque en clara minoría, también hubo partidarios de la moción de censura que aplaudieron cuando pudieron las intervenciones de Kringe y de sus aliados. Destacó la presencia de conocidos promotores de Dénia, cuya presencia no era baladí: en juego está el futuro de una de las costas más emblemáticas del Mediterráneo, cuyo Plan General ha de redactarse en apenas un año.
El urbanismo de Dénia y la ruptura del pacto antitransfuguismo centraron las diferentes alocuciones. Viciano definió el día de ayer "como el más triste de la historia democrática de la ciudad", acusó a los partidos votantes de la censura de cometer un "atentado contra la soberanía del pueblo" (instante en que el público gritó "manos arriba, esto es un atraco") y dijo que el gobierno de Kringe quiere redactar un nuevo PGOU "basado en intereses particulares".
El portavoz socialista, Vicent Grimalt, acusó a Collado de "traicionar a su partido" y advirtió de que el gobierno de Kringe "llenará la costa de hormigón". Y el del Bloc, Pau Reig, indicó: "La amalgama de partidos que nos van a gobernar no son tan distintos, porque constituyen la derecha de siempre".
Por su parte, los partidos que arropan a Kringe incidieron en las presuntas irregularidades urbanísticas que habrían cometido PSPV y Bloc. Cansado ya de que el público le tildara de "especulador", el edil tránsfuga advirtió de que "quien ha especulado aquí ha sido Viciano, quien debería explicar sus relaciones con las empresas Realia y Conca"·, mercantiles que han desarrollado varios planes parciales en Dénia. Collado aseguró haber recibido "amenazas telefónicas y por e-mail" contra su familia y anunció que liderará una comisión anticorrupción sobre asuntos urbanísticos. La nueva alcaldesa también anunció que realizará una auditoría urbanística, si bien quiso hacer un guiño a la nueva oposición y le ofreció consensuar el futuro Plan General.
Kringe prometió una política económica "seria y restrictiva" y reducir los ediles liberados de ocho a tres. Kringe se aprestaba al cierre de esta edición a firmar las nuevas delegaciones de su Corporación, cuya distribución demuestra que todos los partidos van a tener voz y voto en la gestión del urbanismo. Las principales carteras de esta última área recaerán en la portavoz de Centre Unificat, Pepa Font, quien en su día fue la principal precursora del plan de las 20.000 casas en Les Marines y que asumirá Planeamiento; en el portavoz del PP, Vicent Chelet, que gestionará Grandes Proyectos; en el de GD, Miguel Llobell, con licencias; y en el propio Collado, que llevará Aguas y Medio Ambiente. Chelet también será el responsable de Hacienda y Llobell de Gobernación, mientras que, significativamente, el ex presidente de los promotores, Juan Sancho, sea el portavoz más alejado de las competiciones urbanísticas, al asumir Cultura y Juventud. Turismo recaerá en Toni Sentí, el número dos de CU.
Al pleno acudieron numerosos responsables de ambos partidos. Por el PP, asistió la zaplanista Mónica Lorente, así como el alcalde de Ondara, Ximo Ferrando. También estuvo el presidente del PSD de Alicante, Antoni Romera, quien, paradójicamente, mantiene en Calp un pacto con socialistas y nacionalistas.
La derrota unió a las diferentes familias socialistas. Junto al candidato a la secretaría general del PSPV, Jorge Alarte y a varios miembros de la actual gestora del PSPV, estaba el secretario general de La Marina Alta, Paco Carrió. También acudió el secretario general de los socialistas alicantinos, Roque Moreno, que mantuvo una amplia discusión con Collado. El PSOE responsabilizó al presidente del PP, Mariano Rajoy, de romper el pacto antitransfuguismo y avalar la moción de Dénia.
* ELPAIS.com - ARTURO RUIZ - Dénia - 08/07/2008
Foto: Moción de censura en el Ayuntamiento de Dénia- NATXO FRANCÉS, elpais.com
Barrientos se negó a revocar una licencia para 75 casas junto al mar
,+ayuntamiento+-+wikipedia.org.jpg)
ELPAÍS/Málaga* : Desde que hace tres semanas se desarrolló la operación policial y judicial por corrupción en el Ayuntamiento de Estepona (Málaga), el concejal de Urbanismo, Rafael Duarte, no se ha cansado de repetir que lo ocurrido en esta ciudad tiene poco que ver con lo que pasó en Marbella durante los gobiernos del Grupo Independiente Liberal (GIL) investigado en el caso Malaya.
Una de las diferencias esenciales es el cumplimiento de la legalidad urbanística. Durante 15 años, los gobiernos municipales de Marbella concedieron licencias de obras contrarias a la normativa urbanística, no siguieron ningún tipo de planeamiento, recalificaron suelo sin seguir los procedimientos reglamentarios y autorizaron la construcción de unas 18.000 viviendas ilegales. Todo ello a cambio de comisiones y dádivas cuando no el propio gerente de Urbanismo, Juan Antonio Roca, participó en los negocios de las promociones ilegales.
No es que el Ayuntamiento de Estepona haya sido modélico en la disciplina urbanística, pero no hay constancia de que haya existido una práctica sistemática de los gobiernos municipales de adoptar resoluciones contra las normas en la materia. La juez instructora del caso Astapa investiga cuestiones como si en los convenios urbanísticos firmados por el Ayuntamiento de Marbella se fijaron compensaciones proporcionadas, si se tasaron por debajo del valor de mercado suelos municipales antes de ser permutados, o si pudo haber extorsión a promotores por parte de técnicos y políticos municipales. Otra cosa es que de estas corruptelas se derivaran también incumplimientos de la legalidad urbanística.
A diferencia de Marbella, por los datos conocidos hasta ahora no parece que en Estepona haya ocurrido así, al menos de forma generalizada. Cuando en marzo de 2006 saltó el caso Malaya, la Junta de Andalucía tenía impugnadas en los tribunales 400 licencias de obras otorgadas por el Ayuntamiento.
En Estepona, la Junta sólo tiene impugnados en la vía de lo contencioso administrativo cinco acuerdos municipales en materia de urbanismo, si bien han podido producirse más resoluciones susceptibles de ser recurridas -desde la entrada en vigor del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente en 1994 el Ayuntamiento ha introducido 150 modificaciones puntuales-.
De los acuerdos impugnados en los tribunales por la Junta, tres son anteriores a la llegada a la alcaldía de Antonio Barrientos, y los tres son por autorización de viviendas unifamiliares aisladas en suelo no urbanizable.
De los otros dos contenciosos que datan de la etapa de Barrientos, en la legislatura 2003-07, hay uno especialmente significativo, por la concesión de licencia para construir 75 viviendas junto a la playa de Punta la Plata en un suelo que PGOU vigente reservaba como sistema general. Antes de poner el recurso contencioso administrativo, la Junta conminó al equipo de gobierno presidido por Antonio Barrientos a revocar la licencia de obras, el consistorio acordó ratificarla. La Junta pidió al juzgado de lo contencioso la suspensión cautelar de las obras, pero éste lo negó, de forma que la promotora ha continuado la construcción, ya concluida. Quien sea nuevo alcalde de Estepona se encontrará con la patata caliente, ya que la promotora ha solicitado al consistorio la licencia de primera ocupación
La otra impugnación se refiere a una modificación de elemento del PGOU para transformar en urbanizable una zona de verde y de espacios libres porque el Ayuntamiento la aprobó pese a tener informe desfavorable de la Consejería de Obras Públicas y no pidió un pronunciamiento que es preceptivo al Consejo Consultivo.
Pero el principal problema de legalidad urbanística en Estepona es el control de las construcciones de viviendas unifamiliares en suelo no urbanizable, asunto en el que el Ayuntamiento si se ha mostrado laxo y ha evidenciado cierta dejadez. Puede haber más de un millar de viviendas ilegales en suelo rústico, según estimaciones del concejal de Urbanismo.
Cuando Rafael Duarte se hizo cargo de la concejalía, tras las elecciones municipales de 2007, comprobó que en las dependencias municipales había un atasco de 1.500 expedientes por infracciones urbanísticas de particulares sin resolver. Fuentes de la Junta han reconocido que hasta 2007 el Ayuntamiento de Estepona solía no contestar los requerimientos que le realizaba pero que a partir de entonces, es decir, de la llegada de Duarte a la concejalía de Urbanismo, lo hace con regularidad y ha incoado expedientes de protección de la legalidad y de suspensiones de obras.
El urbanismo de Estepona y Marbella
- Antes del 'caso Astapa', la Junta había impugnado cinco acuerdos municipales, tres anteriores al mandato de Antonio Barrientos, en prisión preventiva por esta operación contra la corrupción.
- Antes del 'caso Malaya', la Junta había recurrido la concesión de unas 400 licencias. Se emitieron durante los 15 años de gobierno del GIL en la ciudad.
- En mayo de 2007, el Ayuntamiento de Estepona tenía un atasco de 1.500 expedientes por infracciones urbanísticas de particulares sin resolver, pendientes de tramitación.
* ELPAIS.com - DIEGO NARVÁEZ - Málaga - 07/07/2008
Foto: Estepona (Málaga), ayuntamiento - wikipedia.org
El desajuste
ÁNGEL RODRÍGUEZ* : No podemos dudar ya de la existencia de un grave desequilibrio en la reacción del Estado de Derecho contra el uso del urbanismo como fuente irregular de financiación de municipios, partidos o particulares. Está originado por la práctica desaparición de los controles ordinarios, por una parte, y el uso abusivo de los extraordinarios, por otra.
Los controles ordinarios deberían de ser, como marca el sentido común, los que, tanto preventivamente como con carácter sancionatorio, frenaran en primer lugar esta modalidad de corrupción política de algunos ayuntamientos. Pero no se extrañe usted si al leer una afirmación tan inocentemente naif le ha aflorado involuntariamente una sonrisa en los labios: hace tiempo que la fiscalización del Tribunal y de la Cámara de Cuentas, la supervisión de la Administración autonómica o el control de la jurisdicción contencioso-administrativa demostraron que no servían prácticamente para nada en estos casos, y permítame que no me refiera a la labor de los funcionarios supuestamente encargados de reparar o de velar por la legalidad del funcionamiento de estas corporaciones, para evitar así que su sonrisa se transforme en una abierta carcajada.
Existen, además, otros tipos de controles, tan importantes como los citados, de los que también hace tiempo que no tenemos noticia: el que deberían proyectar los partidos políticos sobre sus propios cargos públicos. ¿Ha oído usted hablar alguna vez de un partido cuyo comité de ética haya impedido formar parte de una candidatura a alguien de poco fiar pero capaz de llenar de votos las urnas de su pueblo? Yo tampoco. Es realmente lamentable que los partidos, a los que nuestra propia Constitución encomienda un papel trascendental para el desarrollo de la democracia representativa, hayan hecho una dejación tan evidente de sus funciones, y se limiten, en el mejor de los casos, a proclamar la tolerancia cero ante la corrupción, pero nunca antes de que hayan sido enviados a la cárcel los que ellos mismos presentaron como los mejores candidatos: la caballería llegando cuando ya se han ido los indios. Si el escenario permitiera ponerse chistoso, sería un buen momento para apostillar que, más que de educación para la ciudadanía (ya saben, para los ciudadanos y para las ciudadanas), la verdadera urgencia de este país consiste en elevar considerablemente la dosis de educación cívica de nuestra clase política.
¿Qué tenemos por el otro lado? Un Derecho Penal que, ante el enorme vacío provocado por la inoperancia de esos instrumentos, pretende erigirse como la única respuesta jurídica capaz de atajar el problema, pero que, ignorando su papel de última ratio (algo que nuestros estudiantes aprenden casi cuando entran en la Facultad), se ha expandido claramente fuera de sus límites: el panorama actual no podría describirse sin tener en cuenta instrucciones sumariales con más protagonismo policial que judicial, interceptaciones indiscriminadas de las comunicaciones, detenciones a la carta y en directo, prórrogas arbitrarias de privación de libertad y un uso interesado de los medios de comunicación con un irreparable daño para la reputación de las personas.
Todo ello, además, con un alto riesgo de ser igualmente ineficaz, porque, como saben muy bien los criminólogos, una vez que se ha dejado que la corrupción política llegue a ese nivel delictivo ya se ha generado a su alrededor un trama de criminalidad muy difícil de erradicar; y, además, porque, precisamente por la trascendencia de los bienes jurídicos en juego (la libertad de las personas), el Derecho Penal se rodea de una muñida red de garantías que sembrará de potencial nulidad todo lo actuado sin su observancia, con la eventual frustración del ciudadano que, creyendo ya juzgado y condenado al detenido que ve por televisión entrar esposado en la cárcel, no llega a entender que poco después pueda reintegrarse a su vida normal y que al cabo del tiempo sea incluso declarado inocente.
En definitiva, nos jugamos mucho en la lucha contra la corrupción urbanística local, una lacra cuya erradicación debería constituir un objetivo prioritario de nuestros gobernantes. Pero, precisamente por la trascendencia del partido, no deberíamos ceder a la tentación de apostar todo a la tanda de penaltis sin haber jugado antes los dos tiempos reglamentarios y, si fuera necesario, la prórroga. Quien piense que al fin y al cabo lo importante es sólo ganar al adversario debería reflexionar sobre lo que ocurre cuando se justifican como meros "daños colaterales" los que se producen cuando, con la mejor de las intenciones, se entra en la vida y en el honor de las personas como elefante en cacharrería.
* Diario de Cádiz - la tribuna - 06.07.08
Piden 9 años de inhabilitación al alcalde y al ex alcalde de Morón por licencias ilegales
+-+todopueblos.com.jpg)
DIARIODESEVILLA* : La Fiscalía de Sevilla ha pedido un año y medio de cárcel y nueve años de inhabilitación para el alcalde de Morón de la Frontera (Sevilla), Manuel Morilla (PP), y su antecesor, José Párraga (PSOE), por permitir desde 2001 la instalación de varias industrias ilegales en un antiguo secadero de algodón.
Fuentes judiciales han informado hoy a Efe de que la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo imputa a ambos alcaldes un delito continuado contra la ordenación del territorio, porque permitieron la instalación en un terreno calificado como "de uso agropecuario" de un aparcamiento para 150 camiones, una empresa de tapicería de muebles y un centro de lavado y engrase de vehículos.
Desde 2001 hasta la actualidad, tanto Párraga como Morilla permitieron la "consolidación de hecho" de un polígono industrial "totalmente ajeno a la legalidad", sostiene la Fiscalía, cuyo escrito de acusación se une al que han presentado los vecinos afectados, que piden para cada acusado cuatro años de cárcel y siete de inhabilitación para cargo público.
La Fiscalía afirma que entre 2001 y 2005 tuvieron lugar al menos ocho plenos municipales en los que se denunció la ilegalidad de las sucesivas licencias otorgadas y las molestias que estaban sufriendo los vecinos, y además tanto el arquitecto municipal como el secretario de la corporación emitieron sendos informes en contra de las licencias.
Los vecinos de la zona de La Alameda entregaron numerosas quejas al Ayuntamiento por los ruidos que producía el polígono, especialmente en horas de madrugada, y además presentaron, sin éxito, alegaciones en todos los expedientes, añade la Fiscalía.
El fiscal imputa a ambos alcaldes haber tenido "perfecto conocimiento" de la imposibilidad de recalificar la antigua nave algodonera, pese a lo cual se ampararon en la primera licencia otorgada en 1986 para llevar a cabo una serie de actuaciones que permitiesen, de hecho, la conversión de la zona en suelo industrial.
Además de permitir la instalación de las tres industrias, Párraga llegó a dar en 2002 licencia de obra menor a una de ellas.
Morilla, tras tomar posesión en junio de 2003, continuó con la misma política de "consolidación del polígono industrial" de manera que, a día de hoy, la actividad continúa "sin ningún óbice por parte del Ayuntamiento", sostiene el fiscal.
En su declaración como imputados, realizada en mayo de 2007, ambos dijeron desconocer los hechos por los que están imputados y no recordar nada sobre la licencia, ya que se limitaban a firmar los documentos que les pasaban.
La denuncia de los vecinos se dividió en dos procedimientos, el dirigido contra los alcaldes y otro contra los propietarios del aparcamiento, que en junio de 2006 fueron condenados a seis meses de cárcel por delito urbanístico.
* Diario de Sevilla - EFE - 07.07.2008
Foto: Morón de la Frontera (Sevilla) - todopueblos.com
‘Ladrilleros’ murcianos exigen 27 millones de euros a Greenpeace por “hundir” el mercado inmobiliario
,++bajo+el+mar+-+P.+Armestre+y+M.+G%C3%B3mez+(Greenpeace).jpg)
ELCONFIDENCIAL* : Ahora resulta que el hundimiento del mercado inmobiliario, al menos el de Murcia, es culpa de Greenpeace. No es una broma. Es la conclusión a la que ha llegado un grupo de ‘ladrilleros’ murcianos, que exigen a la organización ecologista internacional nada menos que 27 millones de euros para indemnizar el daño causado, incluido el perjuicio moral.
¿El motivo? Un fotomontaje incluido en el libro Photoclima de Greenpeace, que muestra una Manga del Mar Menor anegada en un futuro no muy lejano como consecuencia del cambio climático (en la imagen). Los promotores exigen por burofax a Juan López de Uralde, director ejecutivo de Greenpeace España, que les resarza del daño grave que la fotografía ha causado "para nuestros intereses", so pena de emprender acciones judiciales.
Así es como los promotores argumentan su exigencia: "El fotomontaje de La Manga inundada por las aguas publicado en su libro ‘Photoclima’ y su difusión en los medios de comunicación, tanto escritos como audiovisuales, ha provocado el hundimiento del mercado inmobiliario y de servicios de la zona afectada, lo que es causa de daño grave para nuestros intereses y de miles de propietarios y empresarios de La Manga".
‘El Confidencial’ ha tenido acceso a dos de estas misivas, fechadas en marzo y abril del presente año. Aunque sus remitentes son distintos, ambas cartas están cortadas por el mismo patrón. El último párrafo de las dos reza literalmente así: "Si en el plazo de 7 días no tengo noticias suyas, entenderé que renuncian a un acuerdo amistoso y procederé a actuar judicialmente contra Vds. y contra todos aquellos que directa o indirectamente han contribuido a causar el daño". Hasta la fecha, Greenpeace aún no ha recibido denuncia posterior alguna.
El firmante del primer burofax es José Ángel Abad Martínez, "abogado y representante legal de Inversiones Dos Mares, SL, Faher Holidays SL y Bureau Investments, propietarios de un chalet construido en primera línea de playa del Mar Mediterráneo, valorado en dos millones de euros, y de ocho locales comerciales de 100 metros cuadrados cada uno, más 300 metros cuadrados de terrazas, en un centro comercial valorados en 3,6 millones de euros". El remitente del segundo burofax es Justo Aznar, de la Inmobiliaria Tíbet, "propietario de inmuebles en La Manga del Mar Menor y representante legal de la sociedad Nuevo Pozo Estrecho S. A., con propiedades en la misma zona. Estamos hablando de chalet, parcelas y apartamentos en primera línea de mar y de canal, local comercial alquilado a terceros, negocio propio en dos locales, plazas de garaje, etcétera, valorado todo en 17 millones de euros". Entre las dos cartas, los promotores murcianos piden a Greenpeace, ‘ad cautelam’, 27,1 millones de euros. En ningún caso hacen referencia a quiénes han tasado dichas propiedades ni, lo que es más importante en estos momentos, cuándo se realizaron dichas valoraciones.
Recientemente, Greenpeace hizo público su informe Destrucción a toda costa 2008 (ver vídeo), en el que situó a la Región de Murcia como una de las cuatro comunidades autónomas que "más maltratan su litoral". El informe señala hasta siete ‘puntos negros’ de la línea costera murciana. Estos son San Javier y San Pedro del Pinatar, por dañar espacios protegidos; La Manga y el Mar Menor, por contaminación y urbanización excesiva; Portmán, por contaminación; y Marina de Cope, por urbanización. Pero la peor parte se la lleva el entorno de Cartagena, que acumula tres zonas sensibles: Valle de Escombreras, por contaminación; El Gorguel por el proyecto del puerto de contenedores, y Novo Carthago y Lo Poyo, por la posible urbanización de estos espacios. El informe hace además un repaso a los casos de irregularidades urbanísticas, desde La Zerrichera a Los Alcázares, pasando por Totana.
El informe Destrucción a toda costa 2008 destaca los niveles de saturación de otras comunidades como Valencia o Andalucía. Precisamente en Almería, la inmobiliaria Azata, constructora del polémico Hotel Algarrobico, también emprendió acciones legales contra Greenpeace, tal y como detalló en su día este diario.
* El Confidencial - Fátima Martín - 07/07/2008
Foto: La Manga (Murcia), montaje bajo el mar - P. Armestre y M. Gómez (Greenpeace)
La corrupción alimenta la indiferencia hacia los políticos
GACETA* : Puestos a evaluar el poder, los españoles exhiben un cinismo proverbial. Y la proliferación de casos de corrupción en los últimos años —sobre todo los vinculados al ámbito urbanístico— no hace sino incrementar la desconfianza de los ciudadanos. El 63% de los españoles encuestados por la organización Transparencia Internacional (TI) en 2006 considera a los partidos bastante corruptos o extremadamente corruptos.
Sin embargo, se da la paradoja de que muchos alcaldes en cuyos municipios se venía denunciando con bastante fundamento algún escándalo inmobiliario —Estepona (PSOE), Los Alcázares (PSOE), Totana (PP), Torre Pacheco (PP), Zurgena (PA), etcétera—, revalidaron el cargo en las elecciones municipales celebradas un año después, en 2007, lo que invita a fundar una opinión escasamente favorable al espíritu democrático de los españoles. O quizá más bien contribuye a cimentar su atávico pasotismo.
El reciente Informe Global 2008 sobre Corrupción, elaborado por TI, muestra la relación existente entre la corrupción percibida y lo que denomina la “anomia social”, que no es otra cosa que la aplicación, al tejido civil, del silogismo “si nadie cumple las normas, por qué yo las voy a cumplir”. El documento apunta la causa estructural ya conocida que perpetúa la lacra de la corrupción urbanística en nuestro país. “La apuesta por un urbanismo desarrollista, altamente especulativo, insuficientemente planificado y escasamente participativo”, que viola sistemáticamente el modelo de ciudad sostenible.
Poca participación política
Actualmente en España existe una vivienda por cada dos habitantes (sólo en 2005 se construyeron 800.000 nuevas viviendas en nuestro país, tantas como en Reino Unido, Alemania y Francia juntas). Semejante sobreproducción no ha abaratado el precio del producto, sino todo lo contrario: el coste de los pisos ha subido un 150% en siete años, aunque ahora parece que está finalizando tal incremento. Los sobreprecios galopantes son fruto de una demanda mayoritaria de viviendas como activos financieros y no como valores de uso, lo que además favorece el empeoramiento de la calidad de los servicios en esos ámbitos.
El desaliento cunde entre el ya de por sí escéptico pueblo español. La corrupción incrementa la desconfianza y destruye el capital social. España es, de entre los países desarrollados, el que tiene un menor nivel de participación política convencional, y uno de los que tienen un menor nivel de participación política no convencional (movimiento asociativo). Una de las oleadas del CIS en 2007 certificaba que, para el 77% de los encuestados, la política aparece como nada o poco importante. Déficit de institucionalidad, anomia social... Pero hay más: improductividad en la economía.
Círculo vicioso
Según el estudio de TI, la corrupción acarrea un desequilibrio en el gasto público en favor de un sector tan poco productivo como el de la construcción. “Nuestros ayuntamientos han encontrado en el suelo su principal fuente de financiación extra, pero en numerosos casos el suelo se malvende o el dinero que obtienen con la recalificación tienen que emplearlo luego en dar servicios a los nuevos habitantes, con lo que acaban aumentando sus gastos, por lo que necesitan sacar más suelo o a la venta o a recalificación, en un imparable círculo vicioso”. El sector inmobiliario está aportando un 32% de los ingresos municipales, mientras que genera el 36% del total de gastos municipales. Lo comido por lo servido.
El informe de TI revela que un 41% de españoles encuestados considera a los órganos legislativos bastante o extremadamente corruptos, el 54% a las empresas y el 44% a los medios de comunicación. En cuanto a los servicios públicos, el 40% considera bastante o muy corrupto al sistema legal y al poder judicial, el 29% a la policía, el 47% a los servicios de registros y permisos, el 29% a los servicios públicos telefónicos, de gas, electricidad, etc., y el 37% a la recaudación de impuestos.
* Gaceta.es - Jorge Bustos - 04/07/2008
Foto: especulación viñeta
Más del 90% de los ayuntamientos gallegos aún no adaptaron su planeamiento a la normativa vigente
LAREGIÓN* : Un total de 291 ayuntamientos de Galicia, más del 90 por ciento del total, no cuenta aún a día con su planeamiento urbanístico adaptado a la Ley 9/2002 de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, pese a que esta normativa establecía que la fecha límite para hacerlo era el 1 de enero de 2006.
En concreto, han recibido la aprobación definitiva de la Consellería de Política Territorial los Planes Generales de Ordenación Municipal (PGOM) de Lousame, Oroso, As Somozas, A Capela, Vilarmaior, Cerdido, Vedra, Boimorto, Zas, Curtis, Toques y Pobra (A Coruña), O Incio, Paradela y Castroverde (Lugo), San Cibrao das Viñas, Xunqueira de Ambía, Sandiás, Avión, Amoeiro y Laza (Ourense).
A todos ellos se suma el plan de Ourense, que se encuentra anulado por una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), aunque sigue en vigor porque no es firme. Además, han recibido la aprobación parcial los ordenamientos urbanísticos de Santiago de Compostela y de Vigo, este último el único plan de toda la provincia de Pontevedra adaptado a la normativa vigente.
Precisamente los de Vigo y de Pobra do Caramiñal son los únicos ayuntamientos costeros de Galicia que han adaptado su PGOM a la ley de 2002, lo que les permite quedar al margen de la suspensión de nuevos desarrollos urbanísticos en la franja de 500 metros de litoral que establece la Lei de medidas urgentes de protección del litoral.
TRAMITACION.
En cuanto a la situación en los 291 ayuntamientos restantes, en varios su planeamiento fue suspendido por la Xunta y en cinco de ellos incluso anulado por sentencias del TSXG, en algunos casos ratificadas por el Tribunal Supremo y en otros aún en fase de recurso. Se trata de los municipios de Ribadeo, Gondomar, Verín, Ares y Abegondo, según informó el Ejecutivo gallego.
Además, la Consellería de Política Territorial tiene en tramitación numerosos proyectos de ordenamiento y, en ese sentido, ha emitido informes previos a la aprobación inicial de más de 40 planeamientos cuya documentación fue remitida por parte de los municipios, según consta en la página web del departamento dirigido por María José Caride.
La página ofrece también información sobre el planeamiento vigente en los ayuntamientos gallegos, entre la que destaca que más de un centenar de municipios de la comunidad no cuentan con un plan de ordenación urbana y se rige por normas subsidiarias de planeamiento, que en algunos casos datan de finales de los años setenta.
AYUDAS.
Fuentes de la Consellería de Política Territorial destacaron a Europa Press las medidas que llevan a cabo para ‘estimular’ la adaptación de los planes, con ayudas que en este año 2008 se elevan a un total de 3,5 millones de euros. Actualmente, están abiertos 178 expedientes de ayudas a entidades locales para la elaboración de su planeamiento.
La Xunta financia la totalidad de los costes en los municipios de menos de 5.000 habitantes, el 90% en los de entre 5.000 y 20.000, el 80% en los de entre 20.000 y 50.000 y tiene además convenios con las ciudades. Finalmente, otorga subvenciones del 100% a aquellos ayuntamientos con el planeamiento anulado o suspendido.
* La Región - AGENCIAS - SANTIAGO - 06-07-2008
Foto: Galicia, ría_de_Arosa - Luis M. Bugallo Sánchez - wikipedia.org
Los imputados de la trama de Estepona blanqueaban dinero en Marruecos
,+a%C3%A9rea+-+seasmountains.com.jpg)
ABC/Málaga* : Varios de los imputados en la trama de corrupción de Estepona podrían haber blanqueado importantes sumas de dinero con inversiones en Marruecos, según señalaron fuentes de la investigación. En concreto, la Policía investiga la compra de hoteles, pub, locales de alterne, restaurantes y otros negocios en el reino alauí.
Fuentes consultadas por este periódico han señalado que algunos de estos imputados tienen propiedades en Asilah y otras localidades marroquíes a través de sociedades interpuestas. Los agentes no descartan que el dinero utilizado para adquirir estas propiedades proceda de las comisiones ilegales que cobraron en el Ayuntamiento, y que en parte sirvieron para financiar al PSOE local. Entre las personas investigadas figuran concejales, abogados y técnicos del Consistorio esteponero.
Además, la Policía intenta aclarar el testimonio de algunos implicados, que han comenzado a colaborar con los investigadores y que podrían implicar a más personas en el escándalo. En concreto, se investiga a algunos empresarios y políticos que aparecen también en la trama de corrupción de Marbella, que desembocó en la disolución del Ayuntamiento.
En las escuchas telefónicas grabadas por la Policía algunos investigados hablan de comisiones y también se jactan de tener contactos con políticos de la Junta de Andalucía y con responsables de otras instituciones locales, provinciales y regionales, que muy probablemente serán llamados a declarar por la instructora.
Por otra parte, la juez mantendrá en prisión a los principales implicados en la «operación Astapa», ya que el fiscal Anticorrupción de Málaga, Juan Carlos López Caballero, informará a favor de que se prorrogue la medida. Actualmente se encuentran en prisión el ex alcalde de Estepona Antonio Barrientos; el jefe del Gabinete de Alcaldía, José Flores, y el portavoz del PES, un partido local, José Ignacio Crespo. Los imputados han recurrido el auto de encarcelamiento alegando distintos motivos. Pero ninguno de los argumentos esgrimidos por los defensores de los principales implicados parecen haber convencido a la juez, que cuenta con pruebas más que suficientes de su directa implicación en la trama.
Riesgo de fuga
Tanto el fiscal como la juez consideran que existe riesgo de que se destruyan pruebas y también de que puedan fugarse los imputados. Esta primera fase de la operación «Astapa»ha aportado además numerosos datos para emprender nuevas líneas de investigación. Los agentes investigan a empresarios que podrían haber realizado pagos a los principales implicados en la trama de Estepona para conseguir las licencias para poder construir.
Esta semana tendrán que declarar ante el juez varias de las personas que ya lo han hecho ante la Policía. En concreto, podría desvelarse si el concejal de Urbanismo, Rafael Duarte, que fue vocal de la misma área en la gestora de Marbella, es finalmente imputado en el caso. Duarte es una de las personas que han sonado como posible sucesora de David Barrientos en la Alcaldía de Estepona.
* ABC - J.M. CAMACHO / MÁLAGA - 7 de julio de 2008
Foto: Estepona (Málaga), aérea - seasmountains.com
Hegemonía del ladrillo
MANUEL CASTELLANOS PLAZA* : Esto no es "ba-lon-ces-to", sino "ur-ba-ni-za-ción". Aquél es saludable para quien lo practica, y no degrada el medio ambiente. La habilidad para encestar el balón se adquiere gracias a ímprobos entrenamientos. Sin embargo, los "gimnastas" del otro pelotazo se curten desde su despacho de edil, consejero, o presidente, sin más ensayos que los necesarios y suficientes para aprender a robar lo que otros ganan en la cancha.
Y éstos sí atentan contra la Naturaleza: según un estudio de Greenpeace, Murcia es una de las comunidades autónomas "que peor tratan su litoral"; el estudio de la organización ecologista se ilustra con una playa invadida por grúas, frente a la cual se han erigido ya múltiples edificios lujosos que parecen mirar hacia el mar altivamente, como si lo desafiaran.
El Gobierno se comprometió a prohibir la compatibilidad de la ostentación de un cargo público con su participación en el negocio inmobiliario. El señor Rodríguez Zapatero, como en tantas otras preguntas que sobre la corrupción se le formulan, siempre responde que "está en ello". Debería, sin embargo, "estar sobre ellos": Totana, Torre Pacheco, Los Alcázares... Las grúas siguen decorando el paisaje, y los delincuentes que se lucraron con este cómodo deporte han vuelto a la calle; hasta ahora no ha habido quien les gane este partido que no respeta las normas. Y el planeta avanza, así, hacia un irreversible desastre. ¿Cuándo va a "anotarse" el presidente Valcárcel un tanto a favor de la erradicación de estas lacras, que finiquite tanto juego envenenado.
* ELPAIS.com - Opinión - MANUEL CASTELLANOS PLAZA - El Palmar, Murcia - 06/07/2008
Intento de ´pelotazo´ en la reserva natural de Güi-Güi 20 años después de su venta
LAPROVINCIA/GranCanaria* : El empresario canario Jaime Cortezo promueve la venta de la principal parte de la reserva natural de Güi-Güi al Cabildo de Gran Canaria por un precio 165 veces mayor que el que se pagó en 1988 cuando La Caja de Canarias vendió el último paraíso de la isla a Helmut Rahms y a la empresa suiza Pellerine Ltd.
El emblemático macizo del suroeste grancanario vuelve a entrar en escena, veinte años después, con una nueva operación de compra y venta. En aquella ocasión la entidad financiera traspasó 20 millones de metros cuadrados de este espacio protegido por 40 millones de pesetas, es decir 240.000 euros.
Ahora, el empresario ha ofertado a la corporación insular hacerse con un total de 12 millones de metros cuadrados por 40 millones de euros, esto es, 6.600 millones de pesetas.
Desde el Cabildo, su consejero de Hacienda, Luis Ibarra, ha mostrado su interés en hacerse con Güi-Güi aprovechando fondos europeos para actuaciones en el litoral que tiene el Ministerio de Medio Ambiente hasta finales de este ejercicio. Estos mismos fondos han permitido ya la adquisición de la reserva natural de Juncalillo del Sur y la playa del Cabrón por 16 millones de euros.
Luis Ibarra, por lo pronto, ha solicitado una tasación externa sobre el valor de los terrenos que se quieren vender y que comprenden la cuenca del barranco y la desembocadura de sus dos playas, Güi-Güi grande y Güi-Güi chico. Desde la Casa Palacio se estima desorbitada la cifra planteada por los promotores de la operación de compra y venta y estiman que su valor está muy por debajo. De hecho, el propio Luis Ibarra ha señalado que, con las cifras propuestas por sus propietarios, el Cabildo "no puede adquirir Güi-Güi".
La venta de este símbolo natural causó una enorme conmoción en los grancanarios que veían marchar a manos de una empresa extranjera una de las últimas zonas vírgenes de la isla. Más si se tenía en cuenta que una entidad financiera pública, con una gran presencia en su consejo del propio Cabildo grancanario, presidido por aquel entonces por el socialista Carmelo Artiles, la entregaba por dos pesetas el metro cuadrado a una empresa suiza, Pellerine Ltd. La rocambolesca operación deparó, a su vez, en una reventa a los pocos días de los terrenos a otra entidad domiciliada en un paraíso fiscal, la Isla de Mann.
SORPRESA. La noticia difundida en primicia por LA PROVINCIA fue en aquel entonces un auténtico sorpresón ya que no se entendía que la corporación insular no hubiese adquirido el macizo aldeano, siendo en aquel entonces un gran comprador de terrenos de alto valor natural por toda la geografía insular.
Tampoco se entendió, en ese momento, que La Caja Insular de Ahorros de Canarias no subastase los terrenos del ahora espacio natural protegido, ya que habría conseguido un mejor precio del que obtuvo con la venta directa a una empresa desconocida, de nombre Pellerine Ltd.
El asunto se convirtió en un tema de interés general al reflejar una nueva derrota de Gran Canaria frente a la especulación turística, en aquel momento monopolizada por empresas extranjeras. La recuperación de Güi-Güi se convirtió también en una baza política ante lo extraño de su traspaso.
La administración autonómica intervino para abrir el expediente con el que recuperar ese suelo virgen, pero errores de forma impidieron que esa expropiación se completara en la que hubiese sido la primera ocupación pública con fines medioambientales.
La venta del macizo del suroeste grancanario se efectuó poco después de la aprobación de la primera Ley de Espacios Naturales Protegidos de Canarias que clasificaba este espacio como parque natural. Esta primera normativa se actualizó con posterioridad para seguir las directrices estatales en materia de conservación de la naturaleza, que dio lugar a la segunda ley canaria de 1994, que daba una mayor protección a Güi-Güi con su clasificación como una reserva natural especial.
* La Provincia - ANÍBAL RAMÍREZ LEÓN - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 06 de julio de 2008
Foto: Una vista aérea de las pequeñas playas y calas que se encuentran en el macizo que acoge a Güi-Gui, en el municipio de La Aldea. LP/DLP
Los "10 puntos negros" de la costa española
++y+Cartagena+-+greenpeace.org.jpg)
20MINUTOS* : Greenpeace ha publicado la nueva edición de su informe anual "Destrucción a toda costa", en el que denuncia el proceso de degradación de la costa española. En el estudio se citan los que, a su juicio, son los diez "puntos negros" más amenazados por el ladrillo: Algarrobico, el Puerto de Tarifa, el polo químico de Huelva, el Delta del Ebro, Marina d'Or, el "Manhattan" de Cullera, el Puerto deportivo de Pasajes, la ría de Vigo, el puerto de Granadilla en Tenerife y la Marina de Cope en Águilas.
El documento de esta organización recopila hasta cien puntos negros en el litoral español, y cuestiona el modelo de desarrollo económico de los últimos años, basado -mantiene el informe- en la construcción ilimitada a costa de recursos y del patrimonio natural.
Un crecimiento basado en el ladrillo
Andalucía, la Comunitat Valenciana, Murcia y Canarias son las autonomías que más "maltratan" su litoral, según la organización ecologista Greenpeace, que ha denunciado además que durante el último año ha seguido el modelo de crecimiento basado en la degradación del litoral.
El "podio" de las que menos cuidan su litoral lo encabezarían las cuatro comunidades citadas junto a las de Ceuta y Melilla; en el segundo escalón estarían Cataluña, Baleares y Galicia; y el tercer lugar sería para el País Vasco, Cantabria y Asturias.
El estudio pone de relieve además que durante el último año los casos de corrupción urbanística en el litoral ascienden a 67, y que a los tres millones de viviendas proyectadas en la costa en 2007 se han sumado 137 nuevas actuaciones urbanísticas en infraestructuras portuarias.
Un viaje por el urbanismo costero
- Andalucía, con 817 kilómetros de litoral, posee 18 puntos negros. Destacan dos de los lugares más contaminados de la península ibérica: el polo químico de Huelva y la bahía de Algeciras.
- Asturias, con 345 kilómetros de costa y 6 puntos negros, está sufriendo una presión urbanística sin precedentes. Tan sólo en la franja oriental se tiene previsto la construcción de más de 30.000 viviendas.
- En Cantabria se analizan 5 puntos negros en 284 kilómetros de costa. En esta provincia, aproximadamente el 50% de los estuarios han sido modificados por la acción humana.
- Con 10 puntos negros, casi la mitad de la costa de Cataluña (700 kilómetros) se encuentra ya urbanizada. A esta costa enladrillada se le suman en 2008 la proyección de 6.000 nuevos amarres deportivos.
- Ceuta y Melilla, poseen respectivamente un punto negro. Ambas presentan un elevado índice de ocupación de su territorio, (35,4% en Ceuta y 53,3% en Melilla).
- Para la Comunidad Valenciana, con 518 kilómetros de costa, los grandes desarrollos turísticos (especialmente Marina d'Or Golf y el Manhattan de Cullera), el aumento de puertos deportivos y el problema de la contaminación se reflejan en 11 puntos negros.
- Euskadi cuenta con 5 puntos negros repartidos en 246 kilómetros de costa, destacando los problemas de contaminación. Las cifras hablan por sí solas: el 33% de las industrias metalúrgicas más contaminantes se encuentran en esta región.
- Galicia, con 1.498 kilómetros de costa y 19 puntos negros, plantea triplicar su oferta de amarres para embarcaciones en los próximos años y desfigurar su costa con granjas de acuicultura. La contaminación de sus rías es uno de los aspectos más negativos.
- Con 1.428 kilómetros de litoral, Baleares acumula el 12% de la oferta total de amarres portuarios del Mediterráneo. Greenpeace ha seleccionado 7 puntos negros.
- Canarias, con 1.583 kilómetros de costa y 10 puntos negros ha visto florecer en los últimos años los casos de corrupción, con 118 personas implicadas en irregularidades urbanísticas.
- En los 274 kilómetros de costa de la Región de Murcia se analizan 7 puntos negros en una comunidad autónoma en la que desde 1987 la construcción ha aumentado un 200% y se desprotegen espacios naturales para construir complejos turísticos como Marina de Cope.
* 20 Minutos - EFE - 02.07.2008
Foto: Destrucción a toda costa, 2008. Puerto de Escombreras. Al fondo Puerto de Cartagena, Murcia. - greenpeace.org
Oropesa 'perdonó' 3.000 metros en una permuta
,+urbanizaci%C3%B3n+Marina+D%27Or+-+C.Francesc+(El+Pa%C3%ADs).jpg)
ELPAÍS/Castellón* : El aprovechamiento que le correspondía al Ayuntamiento de Oropesa por el desarrollo del PAI de Les Amplaries sigue en Fiscalía. El particular que denunció irregularidades en la cesión que el urbanizador, el grupo Marina d'Or, realizó al Ayuntamiento ha aportado ahora un informe realizado por un arquitecto que sostiene que el Consistorio dejó de recibir cerca de 3.000 metros cuadrados de techo de los más de 39.000 a los que le obligaba la urbanización de dos de los sectores de este programa, situado en primera línea de playa.
El valor de estos metros se sitúa entre más de 200.000 y cerca de 1,5 millones de euros, dependiendo de la tasación del suelo. La Fiscalía de Castellón habrá de determinar ahora si halla indicios de delito en el desarrollo de una zona que ya está en el juzgado por las irregularidades que supuso su tramitación.
Tal como publicó EL PAÍS, el aprovechamiento de este PAI ya estaba siendo investigado por Fiscalía. El desarrollo de programas urbanísticos obliga a todos los urbanizadores a ceder el 10% del aprovechamiento que obtienen del desarrollo a los Ayuntamientos. En muchos casos, los consistorios optan por no llegar a admitir ese patrimonio sino que perciben su compensación en metálico de manos del mismo urbanizador, pese a que el suelo debería ser subastado, para lograr el mejor postor en la venta. En el caso de dos de los sectores del PAI de Les Amplaries, en la zona de expansión de Marina d'Or, el grupo compró al entonces alcalde unos terrenos para después cederlos al Ayuntamiento, que aceptó el pago del aprovechamiento en suelo pero en una zona distinta al programa urbanístico a desarrollar. Así, el valor de los terrenos del alcalde difiere considerablemente del que debía ceder el urbanizador ya que, entre otras cosas, mientras que la cesión correspondía a un programa presentado en primera línea de playa, el suelo comprado al alcalde está, aproximadamente, a un kilómetro de la costa y limitado por autopista y la carretera nacional 340. Además, mientras que los terrenos sobre los que urbanizará Marina d'Or están calificados como "residencial", los cedidos al Ayuntamiento están clasificados como "dotacional multifuncional" y se encuentran en una zona "muy degradada", según el propio Plan General de Ordenación Urbana de Oropesa.
Al margen de estos datos, la Fiscalía cuenta ahora con un informe que sostiene que Marina d'Or no cedió la totalidad de los metros que le correspondía al Ayuntamiento. La diferencia de metros se debe, según el propio escrito, a un cálculo mal realizado sobre los terrenos que pertenecieron al alcalde. Teniendo en cuenta el precio que el propio Ayuntamiento de Oropesa puso a ese suelo, en el caso de que el informe esté en lo cierto, el Consistorio habría dejado de percibir más de 200.000 euros. Sin embargo, el denunciante ha aportado también otro informe de valoración de los terrenos que indica que el valor de los mismos asciende a más de 500 euros el metro cuadrado de techo, con lo que sitúa su valor en cerca de 1,5 millones de euros.
* ELPAIS.com - MARÍA FABRA - Castellón - 06/07/2008
Foto: Oropesa del Mar (Castellón), urbanización Marina D'Or - C.Francesc (El País)
