Barrientos se negó a revocar una licencia para 75 casas junto al mar

ELPAÍS/Málaga* : Desde que hace tres semanas se desarrolló la operación policial y judicial por corrupción en el Ayuntamiento de Estepona (Málaga), el concejal de Urbanismo, Rafael Duarte, no se ha cansado de repetir que lo ocurrido en esta ciudad tiene poco que ver con lo que pasó en Marbella durante los gobiernos del Grupo Independiente Liberal (GIL) investigado en el caso Malaya.

Una de las diferencias esenciales es el cumplimiento de la legalidad urbanística. Durante 15 años, los gobiernos municipales de Marbella concedieron licencias de obras contrarias a la normativa urbanística, no siguieron ningún tipo de planeamiento, recalificaron suelo sin seguir los procedimientos reglamentarios y autorizaron la construcción de unas 18.000 viviendas ilegales. Todo ello a cambio de comisiones y dádivas cuando no el propio gerente de Urbanismo, Juan Antonio Roca, participó en los negocios de las promociones ilegales.

No es que el Ayuntamiento de Estepona haya sido modélico en la disciplina urbanística, pero no hay constancia de que haya existido una práctica sistemática de los gobiernos municipales de adoptar resoluciones contra las normas en la materia. La juez instructora del caso Astapa investiga cuestiones como si en los convenios urbanísticos firmados por el Ayuntamiento de Marbella se fijaron compensaciones proporcionadas, si se tasaron por debajo del valor de mercado suelos municipales antes de ser permutados, o si pudo haber extorsión a promotores por parte de técnicos y políticos municipales. Otra cosa es que de estas corruptelas se derivaran también incumplimientos de la legalidad urbanística.

A diferencia de Marbella, por los datos conocidos hasta ahora no parece que en Estepona haya ocurrido así, al menos de forma generalizada. Cuando en marzo de 2006 saltó el caso Malaya, la Junta de Andalucía tenía impugnadas en los tribunales 400 licencias de obras otorgadas por el Ayuntamiento.

En Estepona, la Junta sólo tiene impugnados en la vía de lo contencioso administrativo cinco acuerdos municipales en materia de urbanismo, si bien han podido producirse más resoluciones susceptibles de ser recurridas -desde la entrada en vigor del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente en 1994 el Ayuntamiento ha introducido 150 modificaciones puntuales-.

De los acuerdos impugnados en los tribunales por la Junta, tres son anteriores a la llegada a la alcaldía de Antonio Barrientos, y los tres son por autorización de viviendas unifamiliares aisladas en suelo no urbanizable.

De los otros dos contenciosos que datan de la etapa de Barrientos, en la legislatura 2003-07, hay uno especialmente significativo, por la concesión de licencia para construir 75 viviendas junto a la playa de Punta la Plata en un suelo que PGOU vigente reservaba como sistema general. Antes de poner el recurso contencioso administrativo, la Junta conminó al equipo de gobierno presidido por Antonio Barrientos a revocar la licencia de obras, el consistorio acordó ratificarla. La Junta pidió al juzgado de lo contencioso la suspensión cautelar de las obras, pero éste lo negó, de forma que la promotora ha continuado la construcción, ya concluida. Quien sea nuevo alcalde de Estepona se encontrará con la patata caliente, ya que la promotora ha solicitado al consistorio la licencia de primera ocupación

La otra impugnación se refiere a una modificación de elemento del PGOU para transformar en urbanizable una zona de verde y de espacios libres porque el Ayuntamiento la aprobó pese a tener informe desfavorable de la Consejería de Obras Públicas y no pidió un pronunciamiento que es preceptivo al Consejo Consultivo.

Pero el principal problema de legalidad urbanística en Estepona es el control de las construcciones de viviendas unifamiliares en suelo no urbanizable, asunto en el que el Ayuntamiento si se ha mostrado laxo y ha evidenciado cierta dejadez. Puede haber más de un millar de viviendas ilegales en suelo rústico, según estimaciones del concejal de Urbanismo.

Cuando Rafael Duarte se hizo cargo de la concejalía, tras las elecciones municipales de 2007, comprobó que en las dependencias municipales había un atasco de 1.500 expedientes por infracciones urbanísticas de particulares sin resolver. Fuentes de la Junta han reconocido que hasta 2007 el Ayuntamiento de Estepona solía no contestar los requerimientos que le realizaba pero que a partir de entonces, es decir, de la llegada de Duarte a la concejalía de Urbanismo, lo hace con regularidad y ha incoado expedientes de protección de la legalidad y de suspensiones de obras.

El urbanismo de Estepona y Marbella

- Antes del 'caso Astapa', la Junta había impugnado cinco acuerdos municipales, tres anteriores al mandato de Antonio Barrientos, en prisión preventiva por esta operación contra la corrupción.

- Antes del 'caso Malaya', la Junta había recurrido la concesión de unas 400 licencias. Se emitieron durante los 15 años de gobierno del GIL en la ciudad.

- En mayo de 2007, el Ayuntamiento de Estepona tenía un atasco de 1.500 expedientes por infracciones urbanísticas de particulares sin resolver, pendientes de tramitación.




* ELPAIS.com - DIEGO NARVÁEZ - Málaga - 07/07/2008
Foto: Estepona (Málaga), ayuntamiento - wikipedia.org