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IDEAL/Almería* : Hay políticos, arquitectos, promotores y dueños de inmobiliarias entre ellos. Las investigaciones policiales y judiciales para aclarar la presunta trama urbanística de Zurgena, donde se cuestiona la legalidad de un millar de viviendas construidas sobre suelos rústicos continúa abierta.
A pesar de que el trabajo de los tres agentes del Equipo de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil se ha cuestionado desde distintos ámbitos, las diligencias siguen marchando y la lista de imputados aumenta.
En las dos próximas semanas están llamadas a declarar por la jueza que instruye la 'Operación Costurero', Pilar Alfonso Rodríguez, en calidad de imputadas, otras 15 personas que han tenido relación con el urbanismo zurgenero. Entre ellos hay políticos de todas las formaciones -PA, PSOE e PP-, arquitectos, promotores, constructores y dueños de inmobiliarias.
Entre los políticos están José Juan Sánchez, concejal del PP en el anterior mandato del Ayuntamiento de Zurgena; José Antonio Ramos, cabeza de lista del PSOE de Zurgena en el anterior mandato; al que se unen sus compañeros de partido, Juan Morales y Pedro Soto -propietario, a su vez, de una inmobiliaria en Garrucha-; Emilia Jiménez Pérez, concejal del PA; y Miguel Marín Ramos, que fue concejal por el PA en la anterior corporación municipal y que se presentó por el PP en las pasadas elecciones de 2007. Todos ellos votaron en los plenos de Zurgena para aprobar las licencias urbanísticas que se concedían en suelos rústicos.
Asimismo, Pilar Alfonso tomará declaración, también como imputado, a José Díaz, socio de uno de los principales bruñidores de la trama -según el sumario-, Tomás Zurano, que se encuentra en libertad con cargos. Díaz comparte la promotora 'Dizu' con Zurano, de hecho, el nombre de esta empresa responde a un acrónimo realizado con los apellidos de los dos presuntos implicados. Junto a ellos aparecen por primera vez los hermanos Francisco y José María Nortes Rabasco, promotores murcianos que decidieron invertir en Zurgena cuando empezó el 'boom' del ladrillo, también imputados.
Por otro lado, cabe destacar que según ha podido saber IDEAL el sumario de la 'Operación Costurero' consta ya de 36 carpetas, en la que están justificadas todas las imputaciones y que contienen todas las pruebas, como los famosos pagarés del edil de Urbanismo.
DECLARACIONES
F 15 de mayo: Tendrán que declarar como imputados Francisco Nortes Rabasco, José María Nortes Rabasco, Faustino Mellado Blesa y Adoración Gómez Fábrega.
F 16 de mayo: Están llamados a declarar como imputados José Juan Sánchez, José Antonio Ramos Muñoz, Juan Morales Díaz, Pedro María Soto Carrillo y José María García Ramírez.
F 20 de mayo: Tendrán que declarar como imputados José Miguel Díaz Navarro, Juan José Galera Román, Emilia Jesús Jiménez Pérez, Miguel Marín Ramos, José Sánchez Sánchez y Fernando Jiménez Rodríguez.
* Ideal - 11.05.08 -ÁFRICA MATEO
Foto: Zurgena (Almería) - teleprensa.net
La jueza llama a declarar a otras 15 personas imputadas en la trama urbanística de Zurgena
La ley de costas amenaza a casas y amarres de Roses
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ELPERIÓDICO/Girona* : Los vecinos de Santa Margarida, urbanización del municipio de Roses, están en pie de guerra. La decisión del Ministerio de Medio Ambiente de iniciar un expediente para delimitar el espacio de dominio público marítimo-terrestre de los canales de la marina de esta urbanización ha desencadenado la indignación popular.
Y es que este trámite administrativo tiene una gran repercusión sobre las propiedades de unas 2.500 personas, muchas de ellas extranjeras.
Cerca de 400 afectados se reunieron ayer en la bocana del puerto para asistir al denominado acto de apeo del deslinde dirigido por técnicos del servicio provincial de Costas. En la reunión se vivieron momentos de tensión cuando los congregados increparon a los representantes ministeriales durante la lectura del acta, en la que se hizo constar la disconformidad de los propietarios.
El deslinde convierte en papel mojado las escrituras de propiedad de los amarres, que pasan a ser una concesión del Estado. También provocará una devaluación de las fincas colindantes con los canales, ya que la ley de costas establece una franja de servidumbre de 6 metros desde el agua al interior de las parcelas. El resultado es que muchos vecinos ven ahora cómo esta línea imaginaria cruza su jardín o su comedor.
SERVIDUMBRE
Los propietarios dicen que la ley de costas no es aplicable en Santa Margarida, ya que se trata de una antigua laguna que se abrió al mar con una concesión administrativa de 1971 y, por lo tanto, debe considerarse una zona de aguas continentales. Por el contrario, el ministerio y la Generalitat coinciden en que la normativa actual establece que los canales interiores, así como los espacios que se excavaron posteriormente en la urbanización para construir nuevos amarres, pasaron a formar parte de la delimitación marítimo-terrestre desde el momento en que fueron conectados con el mar.
"Si esto es así, ¿por qué notarios y registradores de la propiedad no han hecho constar las afectaciones en las escrituras de compraventa?", replican los vecinos. "¿Por qué se ha cobrado el impuesto de bienes inmuebles y los permisos de obras, si la titularidad de la franja de servidumbre es pública? ¿Qué podrá hacerse ahora y qué no en las propiedades afectadas?", preguntaban.
Ayer, los técnicos del ministerio no eran capaces de despejar estas incógnitas. La única respuesta clara la ofreció la alcaldesa de Roses, Magda Casamitjana, que expresó su desacuerdo con el expediente de delimitación y afirmó: "Iremos hasta donde haga falta para que los afectados no pierdan sus propiedades".
* El Periódico - FERRAN COSCULLUELA - 9/5/2008
Foto: Técnicos de Costas explican detalles del plan a los vecinos, ayer/ JOAN CASTRO, elperiodico.com
Julián Muñoz deberá responder en 40 juicios fuera del pacto con el fiscal
ELPAÍS* : Los asuntos urbanísticos no son el único motivo por el que el ex alcalde de Marbella Julían Muñoz tiene abiertos procedimientos judiciales. A pesar de que el ex edil del Grupo Independiente Liberal (GIL) acaba de acogerse a un pacto con la fiscalía con el que se evita cerca de 70 juicios por conceder licencias de obra ilegales a cambio de tres años de cárcel, en los juzgados todavía le esperan más de 40 causas no relacionadas con la prevaricación urbanística, única modalidad delictiva a la que se podía aplicar este pacto.
Sólo en los juzgados de instrucción de Marbella, el ex alcalde marbellí aparece como imputado en 38 ocasiones, entre diligencias previas y procedimientos abreviados. En estas causas se le vincula a supuestos delitos de malversación de caudales, prevaricación, falsedad, desobediendia, fraude o impedimiento de ejercicio de los derechos cívicos, entre otros.
Además de esta hilera de procedimientos, muchos de ellos prácticamente desconocidos, Muñoz tiene pendiente su implicación en el núcleo central del caso Malaya -por el que se le ha estimado una responsabilidad civil de 400.000 euros y se encuentra en libertad bajo fianza-, y dos piezas separadas de la gran operación contra la corrupción en Marbella. En la primera está acusado de blanqueo de capitales junto a su actual compañera sentimental, la cantante Isabel Pantoja, y en la segunda, aparece imputado junto al ex asesor de Urbanismo, Juan Antonio Roca y la ex alcaldesa Marisol Yagüe, por dos operaciones urbanísticas en las que se estima una posible malversación de caudales.
En febrero, un procedimiento en manos del Tribunal de Cuentas, acordó embargarle dos fincas en Ávila. El órgano fiscalizador del dinero público estudia un presunto alcance contable por importe inicial de 17,4 millones generado a las arcas municipales entre 2000 y 2001.
Una de las causas judiciales más antiguas que se le conocen a Julián Muñoz se remonta a 2003. Por aquella fecha, la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella contra el fallecido alcalde Jesús Gil y otras 34 personas, todas concejales del GIL, por una presunta deuda de 90 millones de euros en la Seguridad Social. El caso, instruido en la Audiencia Nacional, se bautizó Tribunal de Cuentas, ya que estaba basado en un informe de fiscalización del Ayuntamiento de Marbella y de las sociedades mercantiles participadas realizado entre 1991 y 2001. Entre los querellados estaba Julián Muñoz, que un año después, en 2004, resultó implicado en el caso Monteverde, también instruido en la Audiencia Nacional, por un un presunto desvío de 42 millones de euros de las arcas municipales. A finales del año pasado, el Ayuntamiento de Marbella decidió personarse con carácter de urgencia en el caso en el que se investiga el pago de más de 70 proyectos firmados por el arquitecto Carlos Monteverde que no llegaron a ejecutarse o eran simples copias de otros construidos en diferentes ciudades. El caso, en fase de diligencias previas, lleva "demasiado tiempo parado", según fuentes municipales
Otro de los casos más conocidos, sobre los que tendrá que rendir cuentas Muñoz está relacionado con las minutas del abogado y presidente del Sevilla Fútbol Club, José María del Nido. La querella, interpuesta en 2006 por la Fiscalía Anticorrupción, aborda las irregularidades en los encargos del Ayuntamiento de Marbella entre los años 2000 y 2001 a los servicios de asistencia jurídica del abogado, quien facturó en ese período más de tres millones de euros.
El caso cayó en manos del juzgado de instrucción número 1 de Marbella, donde también se tramita otra causa en la que comparte imputación con el presunto cerebro de la trama de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella, José Antonio Roca, y el tasador José Mora. Se les atribuyen irregularidades en los convenios sobre permutas y tasación de terrenos con un perjuicio patrimonial a las arcas del Consistorio en 136 millones de euros.
Principales causas pendientes
- Caso Monteverde. La Audiencia Nacional investiga la fuga de 42 millones de euros de arcas municipales marbellíes a través del pago de proyectos arquitectónicos que no se ejecutaron o que eran simples copias de otros realizados en otras ciudades.
- Minutas de Del Nido. Querella de la Fiscalía Anticorrupción en manos del juzgado número 1 de Marbella. Se refiere a las irregularidades en los trabajos de asesoramiento legal que prestó José María del Nido y que fueron pagados por el Ayuntamiento de Marbella entre los años 2000 y 2001. Del Nido, imputado junto a Julián Muñoz, facturó 3,1 millones de euros en total.
- Caso Malaya. Macroproceso en el que el ex regidor Julián Muñoz está acusado de cohecho y malversación. Está imputado además en dos piezas separadas, una de ellas por blanqueo de capitales y la otra por dos operaciones urbanísticas.
* ELPAIS.com - JUANA VIÚDEZ - Marbella - 10/05/2008
Foto: Marbella Ayuntamiento - UrbanismoPatasArriba
Ladrillo: El tinglado de la farsa
RAFAEL TORRES* : En los últimos diez años, inmobiliarias, constructores, agencias y promotoras (también políticos corruptos) se han forrado con el ladrillo, pero esos beneficios desmesurados no han servido para reforzar el sector y salvaguardarlo en tiempos de crisis, sino para todo lo contrario. Las quiebras, despidos masivos y suspensiones de pagos en los negocios del ramo se suceden a velocidad escandalosa, pero es que aquellos beneficios no se usaron para consolidar y reinvertir, sino para que los empresarios, buena parte de ellos, se los metieran en el bolsillo y, eventualmente, para ponerlos a buen recaudo en algún paraiso fiscal del extranjero.
O dicho de otro modo: las ganancias del ladrillo se las han quedado los particulares, en tanto que las pérdidas, el lucro cesante más bien, han ido a parar a sus empresas. El colmo de semejante conducta antisocial es, con todo, la pretensión de esos mismos empresarios de que el Estado les socorra (¿?) con dinero público.
Cuando un bien tangible, sujeto por tanto a la lógica del mercado a la de su relación con otros bienes, se convierte en un bien especulativo, el absurdo, la incongruencia y la opacidad se apoderan de él, pero cuando ese bien ya irreal y especular se convierte en el eje o en el motor de una economía nacional, entonces sobreviene el desastre. El desastre, claro, para la nación, que no para los tiburones del dinero que han movido los hilos de la farsa (con la complacencia, por cierto, del Estado) y que hoy, cuando el timo ya no da para más, cuantan los miles de millones ganados hasta que, aburridos ante tanto fajo, dejan de contar.
Al otro lado de esos despachos, de esas mansiones, de esos yates y de esos clubs, a la intemperie, los pringados, los figurantes, esto es, los trabajadores y las personas decentes, que algunas quedan, se ven sin trabajo, sin futuro y adeudados hasta las orejas. En eso consiste, por lo demás, el capitalismo cuando no hay gendarmes (políticos virtuosos) que vigilen, siquiera, sus sobreexcesos.
* Información - Opinión - 10 de mayo de 2008
Gecen dice que la protección del paisaje de Orpesa se supedita a los intereses urbanísticos
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LEVANTE/Castelló* : El Grupo para el Estudio y Conservación de los Espacios Naturales (Gecen) ha denunciado, a través de un comunicado, que el estudio de integración paisajística que se está elaborando en Orpesa con motivo de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), no siguen criterios científicos.
En opinión de la asociación "hay una clara prevaricación por parte de los técnicos redactores cuyo trabajo se ve condicionado por los intereses urbanísticos". Actualmente, el estudio se encuentra en la fase de exposición pública.
Los ecologistas apuntan que se están siguiendo directrices "urbanísticas ajenas a la realidad paisajística y medioambiental". Es más, añaden que "no se entiende cómo una unidad paisajística acaba donde empieza un PAI cunado los valores paisajísticos son los mismos". "De hecho, el Mapa Geocientífico de la Provincia de Castelló define el valor de las unidades paisajísticas, que para nada coinciden con los PAI", explican desde el grupo.
El PGOU será "nefasto"
Para el Gecen, el nuevo plan general será "nefasto" a nivel paisajístico y ambiental "por la urbanización de espacios con alto valor medioambiental". Por ejemplo, "califica espacios naturales de alto valor paisajístico y medioambiental, como es Torre de Bellver, de urbanos".
El grupo ecologista dice que una manera de poder compatibilizar los intereses del ciudadano con los del ayuntamiento sería "anteponiendo el interés general al privado, es decir, los espacios naturales frente a la urbanización con fines lucrativos".
Por último, el Gecen considera el plan de participación ciudadana que ha puesto en marcha el consistorio "como un mero trámite burocrático y que desde luego, a las expectativas a las que va a responder, ya están escritas y redactadas". "No se derivará, por tanto, ninguna actuación en positivo ni responderá a ninguna expectativa que no esté ya premeditada. Por ejemplo, ningún PAI se eliminará", concluyen.
* Levante-EMV - Nerea Soriano, Castelló - 10 de mayo de 2008
Foto: Oropesa del Mar (Castellón) - navymar.com
Constituida la plataforma 'Bierzo Aire Limpio' contra la incineración de residuos en la cementera Cosmos
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ELBIERZODIGITAL* : Una treintena de asociaciones y entidades vinculadas al mundo de la agricultura, la ecología, la cultura, la ciencia, el asociacionismo vecinal, las asociaciones de mujeres, de lactancia materna, juntas vecinales, agrupaciones políticas... reunidas este jueves en Cacabelos, han acordado constituirse en plataforma y "unir esfuerzos para impedir que el proyecto para incinerar residuos en la cementera de Cosmos, en Toral de los Vados, se lleve adelante".
Entre los primeros acuerdos adoptados por la plataforma Bierzo Aire Limpio se encuentran la organización de actos informativos, con la proyección de un audiovisual "sobre los peligros que encierra la incineración de residuos"; la primera Imagen de la reunióncharla se realizará en Ponferrada, para continuar en los pueblos del entorno próximos a la instalación. También se aprobó solicitar una entrevista con el Presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, para pedir el apoyo de la institución berciana, así como redactar una moción para que los ayuntamientos del entorno se posicionen al respecto.
También se acordó colocar mesas informativas en los principales eventos que se realicen en la comarca, donde se recogerán firmas para que la ciudadanía "pueda mostrar su oposición al proyecto". Se ha decidido preparar una nueva convocatoria de movilización coincidiendo con el “Día Mundial del Medio Ambiente” (5 de junio) y se ha aprobado la creación de un blog y una cuenta de correo en internet para canalizar la información y adhesiones que se vayan produciendo. Por último se decidió la elección de cuatro personas par formar una comisión permanente que haga las labores de coordinación y portavocía de la plataforma.
MANIFIESTO DE LA PLATAFORMA “BIERZO AIRE LIMPIO”
Las entidades y ciudadanos que integramos la Plataforma “Bierzo Aire Limpio”, mediante esta declaración, queremos dejar patente nuestra oposición al proyecto de valorización energética (incineración) de residuos (neumáticos, harinas y grasas animales, lodos de depuradora, pláticos y biomasa) de la empresa Cementos Cosmos, S.A en Toral de los Vados- Villadecanes (León) basada en los siguientes motivos:
- La incineración es la forma más insostenible y peligrosa de tratar los residuos puesto que no los elimina, sólo los traslada y dispersa.
- La incineración de estas sustancias creará emisiones contaminantes y tóxicas a la atmósfera, la generación de residuos peligrosos y la contaminación del agua, hecho que afectará negativamente a las explotaciones agrícolas y ganaderas de la comarca y a la salud de las personas.
- Es inadmisible e irracional que en nuestra comarca, ya de sobra castigada por la contaminación atmosférica y cuya calidad del aire está cienticamente demostrado que es desastrosa, se plantee siquiera la posibilidad de agravar esta situación con la presión alarmante que supondría este tipo de industria para el aire que respiramos.
- No es ético ni justo contribuir al empeoramiento de la ya deteriorada imagen medioambiental del Bierzo y de la salud de las persona que aquí vivimos, es inaudito e irresponsable que se pisotee con total impunidad el principio que sostiene que es mejor prevenir el daño antes que repararlo.
- Este tipo de proyectos conlleva invariablemente impactos socioeconómicos negativos generados por las repercusiones sobre la calidad ambiental, circunstancia a la que es especialmente sensible la actividad agroalimentaria y también el turismo, fuentes principales de ingresos en la comarca del Bierzo.
- La incineración de residuos incrementa la emisión de metales pesados (plomo, cadmio, mercurio), dioxinas y furanos, gases de efecto invernadero, gases ácidos y partículas ultra finas.
- Los metales pesados generan una serie de daños a la salud de los seres vivos, incluyendo disfunciones neurológicas, alteraciones del sistema inmunológico, malformaciones congénitas, problemas en los riñones y los pulmones.
- Las partículas ultrafinas han sido relacionadas con una variedad de problemas en salud, incluyendo asma, problemas en el funcionamiento de los pulmones y problemas cardiacos.
- Las dioxinas son compuestos orgánicos persistentes, bioacumulativos, altamente tóxicos aún en muy bajas concentraciones, persisten en el medio ambiente por periodos prolongados de tiempo sin degradarse, se concentran en los tejidos grasos de los organismos vivos, se van acumulando a media que asciende la cadena alimentaria (biomagnificación) y se transmite de la madre al bebé durante la gestación y la lactancia. Causan una gran variedad de problemas de salud, incluyendo malformaciones congénitas, desarrollo anormal del feto, alteraciones en el sistema inmunológico y el sistema hormonal, desórdenes del comportamiento, aumento de la incidencia de diabetes, infertilidad, retraso en el desarrollo y cáncer.
- El aumento de dioxinas y furanos incumple tanto el Convenio de Estocolmo, ratificado por España, como el Reglamento 850/2004 del parlamento Europeo, así como los planteamientos de La Organización Mundial de la Salud, y de otras mucha iniciativas de la ONU sobre este tema (El Llamamiento de París, etc.), considerando cada vez más preocupante, paralelamente a los avances científicos y estudios en este campo, la contaminación química ambiental, como precursora de las enfermedades y trastornos más acuciantes de hoy en día.
- La gran cantidad de micropartículas que se generarán no serán detenidas ni por los filtros más sofisticados y terminarán inexorablemente en lo más profundo del aparato respiratorio de las personas.
- Ante el indiscutible e implacable Cambio Climático y el desprestigio internacional que sufre la industria incineradora, la coincineración nos la quieren vender con eufemismos como valorización energética. Está más que demostrado (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU) que la utilización de residuos como combustible incrementa las emisiones de gases de efecto invernadero y de contaminantes tóxicos, no es ninguna alternativa al cock de petroleo que hoy utilizan. Que hablen de gas natural, en todo caso, no de incineración de residuos como combustibles alternativos.
- La incineración de residuos incumple, también, los planes de gestión de residuos establecidos a nivel europeo y estatal, en cuanto no respeta la jerarquía básica: Reducir-Reutilizar-Recuperar materiales-Recuperación energética. La valoración (incineración) de residuos está en el último lugar de esta jerarquía.
Por todo ello exigimos:
- La paralización definitiva de este proyecto y la búsqueda de proyectos que desarrollen alternativas más sostenibles con mayor generación de empleo (que en este caso sería cero) como las que se centran en la reutilización y reciclaje físico de estos residuos. Las cementeras no deben hacer competencia desleal a otras técnicas de gestión más eficientes.
- Entendemos que la única justificación es económica y beneficia exclusivamente a la empresa, que con la cínica excusa de cumplir con el protocolo de Kyoto, ahorrará en adquisición de combustibles convencionales, cobrará como gestor autorizado de residuos, al recogerlos y volverá a cobrar subvenciones por la generación de energía eléctrica que produzca la coincineración, hipotecando por los miserables intereses económicos de unos pocos el suelo, el agua y la atmósfera y poniendo en juego nuestra salud y la de nuestros hijos/as.
- Esperamos que las autoridades competentes reaccionen y sepan tener en cuenta el Principio Democrático según el cual todas las personas que puedan verse afectadas por una decisión tienen derecho a participar en el proyecto de la toma de decisión.
- Animamos a todos los ciudadanos y ciudadanas en general, asociaciones, colectivos, ayuntamientos y políticos a apoyar esta iniciativa para dejar claro que con la salud no se juega, y que nadie puede decidir por nosotros, suscribiendo este manifiesto, elaborado en Cacabelos el 8 de Mayo de 2008.
¡POR UN BIERZO SALUDABLE!
* El Bierzo Digital - 10/05/2008
Foto: Imagen de la cementera Cosmos/ EBD.Com
La Fiscalía abre investigación penal contra Borriol por aprobar un PAI sobre un yacimiento
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LEVANTE* : La Fiscalía de Castellón ha abierto diligencias de investigación penal contra el Ayuntamiento de Borriol después de atender la denuncia presentada por la ex edil y ex militante del PSPV, Teresa Tena, y de la que se desprende, según el fiscal, la presunta comisión de un delito de prevaricación por la aprobación en pleno de un PAI pese a afectar, presuntamente, a un poblado romano.
Así lo ha comunicado a la denunciante el fiscal-jefe de la Audiencia Provincial de Castellón, Javier Carceller, a través de un decreto fechado el pasado 23 de abril.
La ex socialista y ex concejala de Borriol presentó la denuncia ante la Fiscalía hace 19 meses, en noviembre de 2006, siete meses después de que el pleno, gracias a los votos del equipo de gobierno del PP al completo, de dos ediles del PSPV y de otro edil no adscrito, diera el visto bueno al plan parcial SAU PAI ZU 7U bis y el plan de reforma interior en las unidades de ejecución 3, 4 y 5 de las normas subsidiarias de Borriol.
Según recogió en la denuncia ante la Fiscalía, la ahora ex concejala entendía que todos los ediles de la corporación (incluidos sus compañeros del PSPV) podrían haber incurrido en un delito de prevaricación por aprobar el proyecto pese a conocer que afectaba a parte del suelo protegido en las normas subsidiarias por coincidir con el yacimiento romano de El Palmar. Así, y según la denuncia el proyecto urbanístico reclasificaba "irregularmente 31.400 m2 de suelo no urbanizable protegido de carácter arqueológico (poblado romano del Palmar) a suelo urbano residencial". La presentación de esta denuncia ante la Fiscalía, tal y como publicó Levante de Castelló en su día, supuso la apertura de un expediente disciplinario contra la concejala por parte de la ejecutiva comarcal de la Plana Mitja del PSPV. De resultas de ese proceso tanto Tena como su abogado, también militante, fueron expulsados del partido.
"Muy tranquilos"
Manuel Luis, portavoz del grupo municipal del PSPV en el consistorio de Borriol, insistió ayer, como ya hiciera en 2006, que el grupo aprobó el PAI siguiendo "los informes municipales"ya que éste no se encontraba sobre terreno protegido. "Estamos muy tranquilos. Votamos arreglo a nuestra conciencia y avalados por informes técnicos", aseguró.
* Levante-EMV - Victoria Salinas - 10 de mayo de 2008
Foto: terrenos. Parte del suelo afectado por el plan urbanístico aprobado por el consistorio y que afecta, según la denunciante a suelo protegido/ levante-emv
Cádiz concede una licencia que incumple el plan urbanístico
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ELPAÍS* : El Ayuntamiento de Cádiz (PP) ha concedido a una empresa privada la construcción y explotación de un restaurante en la plaza Santa María del Mar, en un mirador junto a la playa del mismo nombre, a pesar de que esta zona está catalogada como espacio libre en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
Según este documento, en estos lugares sólo se pueden levantar recintos cerrados, pero no cubiertos, para "proteger el paseo de inclemencias atmosféricas, actividades musicales al aire libre (...) o construcciones provisionales destinadas a la venta de bebidas, periódicos, helados o similares", que sean desmontables y de no más de 20 metros cuadrados.
A pesar de estos límites, el Consistorio gaditano sacó a concurso este establecimiento y resultó ganadora la empresa Grupo Grosso. La compañía presentó un proyecto de dos plantas, para un bar de tapas, de copas y un espacio reservado para comidas, con un presupuesto de medio millón de euros. La mitad de esa inversión será sufragada por el Ayuntamiento. La concesión es por 15 años ampliable a 20. La alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, sostuvo ayer que la concesión se ajusta al PGOU, y una portavoz de la empresa argumentó que el diseño se ajustará a la normativa municipal. Ayuntamiento y compañía anunciaron el proyecto tras asegurar que contaban con la aprobación de la Demarcación de Costas. Este organismo, del Ministerio de Medio Ambiente, aclaró ayer que nunca se posicionó sobre este restaurante al ser un espacio de titularidad municipal. Un colectivo de vecinos ha convocado una manifestación el martes en contra del proyecto.
* ELPAIS.com - PEDRO ESPINOSA - Cádiz - 10/05/2008
Foto: Cadiz, ayuntamiento - Falkue 03 (wikipedia.org)
Lerner: «Siempre digo que el automóvil es nuestra suegra mecanizada»
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LAVERDAD* : Jaime Lerner se toma su tiempo antes de hablar y, en sus pausas, aprovecha para darle un trago a su cortado. Este afamado arquitecto y político brasileño pasa desapercibido, sentado en una de las terrazas de la murciana Plaza de las Flores. Su franqueza y su humildad casi logran que una se olvide de que se encuentra ante una mente poblada de ideas brillantes. Pero entonces comienza a hablar.
- Su presencia, como gurú de las urbes sostenibles, en Murcia ha desatado cierto revuelo. Con su experiencia, ¿podría mostrarnos el camino para mejorar esta ciudad?
- Bueno, cada ciudad tiene su propia solución, lo que es común es la filosofía. La ciudad siempre debe ser una estructura de vida y de trabajo. El mejor ejemplo que yo doy como calidad de vida es la tortuga, porque es un ejemplo de vida, trabajo y movimiento, todo junto. La tortuga tiene el caparazón parecido al diseño de una ciudad, una estructura urbana. ¿Tu te puedes imaginar si cortásemos el casco, la tortuga, vida aquí, trabajo allí, ocio allá? Mataríamos la tortuga. Pues esto es exactamente lo que estamos haciendo en nuestras ciudades, separando las funciones urbanas. Cada vez más; es más perjudicial para la ciudad.
- Una explicación simple.
- El resto también separa por ingresos, edades... Yo aprendí en estos cuarenta años de trabajo en la ciudad que cuanto más mezclamos las cosas, cuanto más se mezclan ingresos, edades... más humana la ciudad será.
- ¿Cómo observa usted el futuro de las ciudades?
- Yo tengo una visión muy optimista en relación con el futuro de la ciudad, porque la gente siempre está muy pesimista y siempre están proyectando la tragedia. Si esta gente proyecta la tragedia, al final la encontrará. Yo creo que si invierten su energía en cambiar tendencias que no son deseables lograrán más. Es el momento del cambio. Es lo que siempre he intentado hacer como arquitecto, como alcalde o como gobernador. Para mí, la ciudad es como una estructura de trabajo y de vida juntos.
- La sostenibilidad es ahora la palabra más repetida por políticos, arquitectos, ecologistas, urbanistas... ¿Cómo se logra alcanzar?
- Una ciudad que tiene buena calidad de vida es también sostenible. Hoy en todo el mundo está ese discusión sobre la sostenibilidad y todo este pavor del cambio climático. Nos sentimos como pacientes terminales, pero no sabemos qué hacer. He frecuentado los grandes seminarios y discusiones y veo, con preocupación, que muchos piensan que la sostenibilidad son nuevos materiales. Es muy importante pero no es todo. O la sostenibilidad significa green building-edificios ecológicos-. Es muy importante pero no es todo. O que la sostenibilidad son nuevas formas de energía. También importante pero no es todo. No nos damos cuenta de que el 75% de las emisiones de carbono, están en las ciudades. Es en las ciudades donde tenemos que actuar, en el concepto de ciudad. Yo diría sencillamente que si se quiere cambiar a una ciudad más sostenible hay que cambiar algunas cosas, unos mandamientos.
- ¿Cómo cuáles?
- Lo primero de todo es utilizar menos el coche. Esto no significa que no lo utilicemos, pero sí que lo utilicemos menos. Tener en el itinerario de rutina, un buen transporte público. El segundo punto es separar la basura y el tercero, muy importante, vivir más cerca del trabajo o traer el trabajo más cerca de casa. El siguiente mandamiento a tener en cuenta es entender que la sostenibilidad es una ecuación entre lo que se ahorra y lo que se desperdicia.
- ¿Una ecuación?
- Sí, si el desperdicio es cero, la sostenibilidad tiende al infinito. Por último, hay que entender que la ciudad debe de ser multiusos. No se puede tener una parte de la ciudad vacía 16 horas al día.
- El transporte público de su ciudad ha sido copiado en otras grandes urbes, ¿cómo lo hizo?
- Yo creo que el automóvil es el gran responsable de la emisión de carbono. El coche es, yo siempre digo, como nuestra suegra mecanizada. Tenemos que tener muy buenas relaciones con nuestra suegra, pero no podemos dejar que ella comande nuestras vidas. O, en otras palabras, si la única mujer de tu vida es tu suegra, tú tienes un problema. Insistimos con la suegra, somos dependientes.
- Para ello, es necesario concienciar a la población...
- Yo estoy obcecado con la idea de enseñar sostenibilidad a los niños porque eso lo hicimos en Curitiba y fue enseñar a los niños, durante seis meses, cómo separar la basura. Después, los niños enseñaron a los padres y después empezamos la campaña. Desde entonces, veinte años atrás, Curitiba es la ciudad del mundo con la más alta tasa de separación de basura, el 70%. La gente sabe que hay una basura que no es basura, que es reciclaje.
- La ciudad es la solución. Ése es el lema que da nombre a las jornadas. ¿Está de acuerdo?
- Actuar en las ciudades es mucho más efectivo que fabricar productos sostenibles. Es muy importante, porque no podemos olvidar que en la ciudad, está la solución. No basta con que el alcalde proclame públicamente que está de acuerdo con el protocolo de Kioto, debe explicar también qué está haciendo para mejorar su propia ciudad.
¿QUIÉN ES LERNER?
Jaimer Lerner: arquitecto, urbanista y político brasileño.
Lerner fue alcalde de Curitiba a lo largo de tres mandatos y gobernador de Paraná, otros dos.
Curitiba está considerada como un ejemplo de ciudad actual y sostenible. En 2002, fue elegida como una de las cinco urbes más modernas del mundo.
Lerner fue condecorado en el año 1996 por Unicef y hasta 2005 ocupó el cargo de presidente en la Unión Internacional de Arquitectos (UIA).
Sus mandamientos
Utilizar menos el coche: Esto no significa que no lo utilicemos, pero sí que lo utilicemos menos. Tener en el itinerario de rutina, un buen transporte público.
Separar la basura.
Vivir más cerca del trabajo: o traer el trabajo más cerca de casa.
Entender que la sostenibilidad es una ecuación entre lo que se ahorra y lo que se desperdicia: Si el desperdicio es cero, la sostenibilidad tiende al infinito.
Entender que la ciudad debe de ser multiusos: No se puede tener una parte de la ciudad vacía 16 horas al día. Una arena puede ser usada por la mañana, un mercado; por la tarde, una facultad y por la noche, para eventos culturales.
* La Verdad - Murcia - ALICIA NEGRE - 9 mayo 2008
Foto: Curitiba (Brasil), Rua XV de Novembro, cerrada al tráfico de vehículos en 1972 - wikipedia.org
El líder pro trasvase de Villena proyecta 1.200 casas con golf
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ELPAÍS/Alicante* : El presidente de los regantes de Villena y una de las figuras destacadas en la reclamación del trasvase del Ebro, Andrés Martínez, tramita desde el año 2004 la reclasificación de un millón de metros cuadrados para construir un campo de golf y 1.200 viviendas. Según fuentes municipales, el proyecto, que comparte con otros socios, fue aprobado por el Ayuntamiento en la anterior legislatura, tras varias modificaciones. Además, el municipio de Villena ha autorizado la venta de agua de sus acuíferos a la empresa Danone para embotellarla.
Ahora depende de que la Consejería de Territorio reclasifique el suelo agrícola a urbanizable. Los terrenos son mayoritariamente propiedad del tenista Juan Carlos Ferrero y una parte de la familia de Martínez. La promotora es Prosport Golf, una sociedad en la que un 50% pertenece a la empresa Horfres, de la que es gerente Martínez, y el otro 50% a Ferrero. El deportista, que ha participado en varios actos de reivindicación del trasvase, tiene en las inmediaciones una escuela de tenis de élite.
El dato se añade al conocido el miércoles: pese a la falta de agua, los regantes de esta seca zona del interior de Alicante, con Martínez a la cabeza, han acordado vender entre 0,2 y 0,7 hectómetros cúbicos de agua de sus pozos para embotellarla al precio de 1,2 euros el metro cúbico.
El acuerdo provocó ayer un alud de críticas y reacciones encontradas. El colectivo ecologista Xúquer Viu lo calificó de "ilegal", ya que las concesiones son para usos agrícolas y no industriales. En una nota de prensa, Xúquer Viu asegura que el presidente de los regantes de Villena, Andrés Martínez, es un "promotor urbanístico que ha servido más a los intereses personales y políticos que a defender la agricultura".
Los acuíferos de Villena tienen una "declaración provisional de sobreexplotación", aseguraron fuentes de la Confederación del Júcar. El colectivo Xúquer Viu cuestionó la vigencia del trasvase del Júcar al Vinalopó, que "teóricamente se autorizó para paliar un déficit hídrico en la agricultura de la comarca", y no para hacer negocio. La medida también ha creado fisuras entre los propios regantes de la zona. La Comunidad General de Usuarios del Alto Vinalopó mostró su malestar por el proyecto de embotellar agua, ya que "echa por tierra" sus reivindicaciones.
El presidente de la Comunidad General de Usuarios del Alto Vinalopó, Pedro Menor, dijo a Efe que la venta de agua es "totalmente inoportuna" y recordó que el cambio de usos del agua lo tiene que autorizar la Confederación y "no es tan sencillo".
El portavoz del Consell, Vicente Rambla, intentó salir ayer al paso del escándalo que supone que los regantes que han protagonizando tantas protestas en demanda de agua abandonen sus campos y la vendan para embotellar. Vicente Rambla achacó esta operación a "la política de estrangulamiento" en materia hídrica de sufre la Comunidad Valenciana. "Con agua suficiente no se hubiera planteado", dijo Rambla, que habló de la "desesperación del campo valenciano". Un argumento similar al esgrimido por Andrés Martínez, que tilda de "fórmula imaginativa" esta operación que permitirá a los regantes unos ingresos iniciales de 240.000 euros anuales.
Sobre las ocho hectáreas necesarias para instalar la planta embotelladora, Martínez reiteró ayer que "la operación no está cerrada". La empresa Horfres, de la que es gerente Martínez, tiene el 20% de la propiedad al menos de dos de las parcelas en las que se estudia instalar la planta, según datos oficiales del catastro. Entre los socios que comparten la titularidad de estos terrenos figuran también los hermanos Salvador y Pedro Ribes Martí, dos importantes empresarios de Cullera con numerosas empresas vinculadas al sector de la construcción y a promociones inmobiliarias. Según datos obtenidos del registro de la propiedad, la empresa Horfres SL, tiene una participación total en cinco parcelas rústicas y Andrés Martínez posee además otras 17 parcelas.
La clasificación de estas parcelas en las que se podría ubicar la planta, según el planeamiento urbano de la localidad, es suelo de especial protección. Ello obligaría a que la Generalitat autorice su desprotección.
* ELPAIS.com - EZEQUIEL MOLTÓ - Alicante - 10/05/2008
Foto: Villena (Alicante) - wikipedia.org
Pontevedra: La Fiscalía investiga anualmente sesenta denuncias urbanísticas
LAVOZDEGALICIA* : Los delitos urbanísticos están de moda en la provincia. Así lo vino a asegurar ayer el fiscal jefe de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, en el transcurso de las quintas Xornadas de Urbanismo que organiza la Diputación. Anualmente, por término medio, el ministerio público investiga unas sesenta denuncias en la provincia.
En cualquier caso, el ritmo de las investigaciones judiciales no parece haber contentado a todo el mundo. El concejal César Mosquera reveló en el mismo foro que el Concello de Pontevedra remitió 100 infracciones a la Fiscalía y todavía no se sentenció ninguna.
Los espacios con mayor riesgo de ser escenario de estos delitos es el litoral, donde, al igual que ocurrió en el Levante, está notando la presión del ladrillo. Subrayó que el motivo no es otro que el hecho de que «la gente quiere acercarse al mar», aunque eso, en ocasiones, implique la invasión del dominio público.
De este modo, los casos más habituales se circunscriben a construcciones en suelos con una determinada protección, urbanizaciones y la modificación de planes de ordenación. Se trata de cuestiones complejas y de difícil instrucción, en las que se puede a llegar a decretar demoliciones o derribos.
En cuanto a la figuras que se encuadran dentro de los delitos urbanísticos, una de las principales es la prevaricación. Aladro reseñó que tiene que ser un acto doloso, si bien matizó que, siendo posible el error, en urbanismo es «bastante inconcebible» que se produzca.
En sintonía con esta cuestión, Aladro también mantuvo la tesis de que es complicado que se pueda hablar de un delito en grado de tentativa. «El hecho de clavar una punta o de colocar una piedra ya es consumación», resaltó, aunque se hizo eco de una sentencia de la Audiencia de A Coruña en la que se condena por tentativa ya que existió un acopio de material.
Indignados
Las palabras del fiscal sobre el delito urbanístico y la escasa posibilidad de error no sentaron nada bien a algunos técnicos municipales que ocuparon la misma tribuna solo hora y media después. Javier Rivas, arquitecto que desempeñó cargos de relieve en al gerencia de urbanismo de Vigo, dijo sentirse indignado. El urbanista, que dijo haber pasado varias veces a declarar en los juzgados, explicó que la proliferación de leyes en los últimos años obliga a un período de aprendizaje en el que es inevitable cometer «errores». Señaló que los arquitectos incurren en los mismos al igual que los juzgados que ven casadas sus sentencias en instancias superiores.
* La Voz de Galicia - L. Penide / A. Castroverde - 09.05.2008
Foto: El derribo de este edificio en Raxó, en febrero del 2007, es uno de los últimos realizadas en la comarca - RAMÓN LEIRO, lavozdegalicia.es
Una docena de familias desalojadas de la Cañada demanda al Ayuntamiento de Madrid
ELPAÍS* : Una decena de familias bolivianas, que fueron desalojadas el 22 de abril de un edificio de la Cañada Real en el que vivían alquilados y que a continuación fue derribado, han demandado hoy al Ayuntamiento de Madrid porque, sostienen, actuó "sin una orden judicial de desalojo" y violó sus "derechos fundamentales".
Fuentes municipales han negado estas acusaciones y aseguran que su actuación fue "ajustada a lo que establecía la orden y la legalidad". Desde el departamento de Urbanismo, un portavoz ha recordado que en casos como éste "es el juzgado quien comunica el desalojo y quien ordena, el Ayuntamiento sólo cumple la orden". En concreto, fue el Juzgado 14 de Madrid y la fecha del auto es del 21 de febrero.
Fuentes de la parroquia de San Carlos Borromeo, donde todavía permanecen acogidas 10 de las 12 familias bolivianas desalojadas hace más de dos semanas, han informado de que la demanda ha sido presentada ante un juzgado de lo Contencioso Administrativo de la Gran Vía por un grupo de 10 abogados que colabora con ellos desde hace tiempo. Entrevistada por la cadena SER, una de las abogadas ha señalado que, con independencia de que exista o no orden de desalojo, que lo dudan, se han violado "al menos tres" derechos fundamentales: "el de la intimidad, el de la inviolabilidad de domicilio y el de defensa, ya que no estaban en el momento de la ejecución de la sentencia". La abogada recuerda que estas familias, que llevaban una medida de tres años viviendo en las casas ahora destruidas, son personas "especialmente desprotegidas" al ser inmigrantes.
En la conocida como Iglesia roja de Entrevías, están acogidos más de 20 inmigrantes bolivianos, entre ellos una decena de niños, algunos de los cuales son trasladados a diario en coches de voluntarios hasta un colegio de Rivas-Vaciamadrid. "Desde el martes 22, tras el atropello sufrido por parte de las Administración derribando sus viviendas", dicen en la parroquia, duermen en el templo, con sus colchones extendidos en el suelo entre los bancos y al pie del Cristo colocado en una pared. Mientras, los responsables de San Carlos Borromeo están "a la espera de que algún responsable político se acerque a dialogar" y buscan "los recursos necesarios para que estas personas puedan volver a vivir con dignidad como lo hacían antes del derribo de sus viviendas".
El Ayuntamiento actuó "correctamente"
"Una vez más, la solidaridad de parte de la ciudadanía y el compromiso con aquellos que sufren vilmente el atropello de sus derechos fundamentales ha hecho que nuestra parroquia sea lugar de refugio y acogida para algunas de estas familias", afirman.
El 22 de abril, efectivos de la Policía Nacional desalojaron a varias decenas de personas de tres inmuebles del sector 5 de la Cañada Real y las excavadoras tiraron abajo los edificios, sin que se produjeran incidentes. En uno de esos edificios, uno de tres plantas y propiedad del presidente del Sector 5 de la Cañada Real, vivían de alquiler una veintena de familias, la mayoría de origen boliviano, la mitad de las cuales viven acogidas en la parroquia de Entrevías.
Entrevistado por esta web, el portavoz de Urbanismo ha expresado su "escrupuloso respeto" a la decisión de las familias de recurrir a la Justicia, al tiempo que ha negado la acusación. A su juicio, el Ayuntamiento ha actuado "correctamente", por lo que confía en que los jueces le de la razón. "Se ha hecho con orden judicial, amparados por esta orden y cumpliendo esta orden", ha dicho, para recordar que "es el juzgado quien ordena los desalojos". Preguntado por la posibilidad de que existiera dicha orden pero que no se le comunicara a las familias, Urbanismo recalca que el responsable de comunicar dichas órdenes es el propio juzgado.
* ELPAIS.com - EFE - Madrid - 09/05/2008
Foto: Casas demolidas en la Cañada Real- JOSÉ RAMÓN AGUIRRE, elpais.com
Apaño de mínimos
JOSÉ MANUEL ATENCIA* : Después de muchos años en Marbella donde a la Justicia pareció darle igual ocho que ochenta, la solución a las tropelías cometidas por los ex ediles del GIL parte de otra premisa numérica: da igual tres que setenta. La mayoría de los concejales que, como bien expresó Fernando J. Pérez en este periódico, convirtieron Marbella en un parque temático de la corrupción urbanística tienen ya prácticamente aceptado un acuerdo con la Fiscalía, por el que pasarán un mínimo de tiempo en prisión a cambio de que se le reduzcan al mínimo las penas.
Este apaño de mínimos está sustanciado en otro principio de mínimos, el de economía procesal y parte de considerar conexas las más de 70 causas por delitos urbanísticos que arrastran, como término medio y casi mínimo, cada uno de los ex ediles imputados. Como consecuencia de ello, los condenados sólo purgarán el triple de la condena más alta que se les imponga. O lo que es lo mismo y también lo mínimo, de las 70 imputaciones por aprobar licencias de obras irregulares, sólo serán condenados por tres y 67 de ellas les saldrán gratis a los ex ediles, que no a la ciudad porque las viviendas que avalaban esas licencias irregulares si se construyeron y no fueron precisamente una cifra mínima. Fueron 30.000.
Este pacto contempla muchos mínimos y poco máximos, ya que los máximos parecen también mínimos. Solo hay dos máximos. Uno, que los más de 15 ex ediles afectados, entre ellos los ex alcaldes Julián Muñoz y Marisol Yagüe, pasarán como máximo tres años en la cárcel. El otro, que el fiscal pedirá un máximo 12 meses de prisión por cada causa. Eso sí, se establecen unos requisitos mínimos: ingresarán en prisión aunque no tengan antecedentes; el tiempo pasado en la cárcel por otras condenas firmes no servirá para liquidar futuras penas y el acuerdo no abarca otros delitos supuestamente cometidos por los ex ediles, como malversación de caudales públicos o cohecho. Hasta ahí podríamos llegar, falta decir en el acuerdo. Con ello, los ediles evitarán sentarse 70 veces en el banquillo de los acusados pero irán a prisión y la Justicia se ahorrará la celebración de 70 juicios, lo que reducirá al mínimo el proceso judicial.
La fiscalía ha confirmado que la oposición a los términos del acuerdo es mínima, como mínimo es el número de ediles que podrían desmarcarse. Por ello, todo hace indicar que la solución al descontrol urbanístico durante los tres lustros de gilismo se va a poder sustanciar con el personal de servicios mínimos: los mínimos fiscales, los mínimos jueces, los mínimos juicios y el gasto mínimo. Todo ello reducirá los futuros recursos al mínimo, habrá un mínimo de apelaciones y serán mínimas las nuevas resoluciones. A resultas de ello, habrá un mínimo común denominador para los procesados: de cada setenta sólo se llevarán tres.
El acuerdo jurídico complementa el anterior apaño urbanístico, ya que el plan general diseñado por la Junta de Andalucía para Marbella permite legalizar casi un 90% de las viviendas que se construyeron irregularmente y establece una cifra de pisos a derribar que es mínima. Si 12 años antes de que la Junta dijera donde se podría construir, los ex gilistas ya estaban dando licencias de obras en esas zonas, parece lógico que la visión de futuro sea considerada un atenuante en este último pacto de mínimos.
En definitiva, el acuerdo pergeñado por la Fiscalía de Medio Ambiente cuenta con el visto bueno de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y de la Fiscalía General del Estado, avales más que suficientes para descartar una mínima crítica jurídica sobre su legalidad. Otra cosa bien distinta es la apreciación que se pueda tener de este pacto y sobre todo, si con él se consigue, de verdad, mejorar la imagen de la justicia. Habría sido lo mínimo.
* ELPAIS.com - Opinión - 06/05/2008
«El modelo urbanístico de 'resorts' es pan para hoy y hambre para mañana»
LAVERDAD/Murcia* : «Pan para hoy y hambre para mañana». Salvador Rueda, biólogo, psicólogo y director de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, eligió ayer este dicho popular para mostrar su opinión acerca del modelo urbanístico de urbanizaciones y resorts que impera en ciertas zonas de la Región.
¿El motivo? El mayor consumo de energía que vivir en una urbanización implica. Rueda propone la idoneidad de la llamada ciudad compacta y, para ello, nada mejor que un ilustrativo ejemplo. El habitante de una urbanización consume cerca de 250 litros de agua por día, mientras que en la ciudad este gasto se reduce a los 100 litros. Un ahorro de 150 litros diarios a la mano de cualquiera.
«Lo que debemos hacer es crear grandes ciudades, no ciudades grandes». Rueda compartió ayer su punto de vista acerca de los elementos idóneos que debe tener la ciudad futura en la jornada inaugural de las IV Jornadas de Urbanismo que se celebrarán en Murcia hasta mañana. De este puesta en común de expertos de muy diversos ámbitos se pretende lograr un paso en el camino adecuado que debe emprender el urbanismo murciano a la hora de asegurar una ciudad saludable, cómoda y sostenible.
Rueda coincidió con el resto de ponentes, entre otras cosas, en las posibilidades que, a este respecto, presenta la capital murciana. «Murcia, como ciudad, tiene aspectos esperanzadores, como su periferia», explicó; «ahora faltan más peatonalizaciones y que lleguen las bicicletas, que llegarán, le pese a quien le pese».
La solución para el problema del cambio climático debe también, según este experto, buscarse en las propias ciudades. «En ellas está la solución porque son las responsables del 75% del consumo».
Anteponer un sistema basado en el consumo de información al actual, en el que prima el consumo excesivo de productos es, tal y como ayer manifestó Rueda, un cambio de conciencia que, antes o después, todos tendremos que interiorizar. «La sostenibilidad está hoy en manos de los ciudadanos y de cómo organicemos las ciudades», sentenció Rueda. Nos jugamos mucho.
* La Verdad - ALICIA NEGRE - 9 mayo 2008
Foto: Murcia, vista huerta - wikipedia.org
´Hidalgo quería demostrar su poder construyendo sin licencia´
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DIARIODEMALLORCA* : La fiscalía Anticorrupción no deja títere con cabeza. Acusa al ex alcalde Hidalgo de querer demostrar "su fuerza ante el pueblo construyendo una casa sin licencia"; a Jaume Massot de "tutelar" esta trama urbanística en Andratx; a Ignacio Mir de firmar "informes jurídicos que beneficiaran a Hidalgo"; y a Jaume Gibert de "no haber denunciado la obra ilegal que realizaba el ex primer edil".
Joan Carrau fue la voz de la fiscalía anticorrupción que defendió las duras penas de prisión que se solicitan para los acusados del caso Andratx. La mayor parte de su informe lo dedicó a ensalzar la gravedad de los hechos cometidos por el ex primer edil. "Debía dar ejemplo, era el garante de la legalidad urbanística y es él quien comete el delito". Para Carrau, Hidalgo no actuó solo. Lo hizo con la ayuda de Massot, ex director general del Govern del PP, con el abogado Ignacio Mir y con el ex celador de obras Jaime Gibert. Entre todos, según el fiscal, se permitió que el alcalde construyera una casa ilegal frente al Ayuntamiento sin licencia. "Parecía que se estaba riendo de todos". El fiscal mantiene que Hidalgo conocía muy bien el nivel de protección que tenía el solar que compró y era consciente de su limitación urbanística. "Cuando lo compró ya planeó el delito y acudió en ayuda de Massot para cometerlo". Anticorrupción sitúa a Massot en un lugar estratégico desde donde puede dominar toda la cascada de irregularidades. "Se aprovecha de la jerarquía que le da su experiencia para controlar, supervisar y tutelar toda la obra ilegal". Para la acusación, no se trata de un problema de interpretación de la normativa urbanística, como han intentado sostener los acusados. "En ese terreno no se podía construir". Pero a pesar de ello "Hidalgo obtuvo una licencia que le otorgaba un cheque en blanco. Podía construir hasta el infinito si quisiera. Podía construir la madre de todas las naves agrícolas porque la licencia se lo permitía". Carrau culminó su informe pidiendo una sentencia ejemplar, que establezca los límites legales de los excesos de construcción que se han cometido en Andratx.
Por otra parte, Josep de Lluís, abogado del ayuntamiento de Andratx, calificó de "urbanismo de recreo" y apuntó directamente a Massot como "el gurú de todas estas irregularidades".
En cambio, Miquel Borrás, abogado de la acusación en nombre de la regidora Isabel Alemany, mantuvo que los acusados buscaron un "maquillaje" para dar legalidad a todos los excesos que se habían cometido con esta casa.
* Diario de Mallorca - J.F. MESTRE/T.A. PALMA - 09 de mayo de 2008
Foto: Andratx (Mallorca), urbanismo - diariodemallorca.es
'Malaya' impulsa los juzgados especializados en corrupción
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LAOPINIÓN/Málaga* : ´Malaya´ ha sido pionero en muchos aspectos: en primer lugar, porque era el primer golpe que se daba contra una trama de corrupción institucionalizada; y, por otro lado, por la forma de investigar que aplicó la Udyco a las órdenes del juez Torres. Se investigaba patrimonialmente al imputado y si éste no podía explicar sus bienes con sus ingresos, había gato encerrado. El círculo se cerraba.
Pero para ello, el juez Torres hubo de echar mano de expertos en blanqueo de capitales cedidos por Hacienda. Este mismo juez buscó el apoyo de los técnicos en el ´caso Ballena Blanca´, donde cayó una red que presuntamente ´lavaba´ dinero a delincuentes de todo el mundo y cuya ramificación llegó a alcanzar a la petrolera Yukos.
En cualquier caso, ha sido la investigación de la trama de corrupción del Ayuntamiento de Marbella la que ha hecho que muchos se planteen la posibilidad de que se creen juzgados especializados en corrupción económica y urbanística, un fenómeno que algunos expertos criminólogos califican ya de patología social.
El propio Juan Carlos López Caballero, primer fiscal Anticorrupción de Málaga, ha propuesto en innumerables ocasiones un cambio en los modelos de investigación: que se premie con una rebaja penal la delación o la posibilidad de infiltrar agentes en estas organizaciones serían dos buenos métodos para luchar desde dentro contra el monstruo.
Y la especialización no es una locura. Juzgados de este tipo funcionan ya en Francia y Alemania, por lo que ahora que existe un único espacio judicial europeo sería un buen momento para implementar este tipo de iniciativas, al igual que ocurrió cuando la Fiscalía decidió especializar a sus mejores hombres en este tipo de lucha.
López Caballero propone implantar en España un modelo similar al que se aplica en Italia en la lucha contra las mafias, que allí controlan parte de la economía. "Los medios tradicionales de investigación pueden no ser lo suficientemente eficaces, y en este contexto se alude en los convenios internacionales a la posibilidad de acudir a expedientes o procedimientos especiales de investigación, como serían la introducción de agentes infiltrados en este tipo de criminalidad organizada, que yo creo que podría dar unos resultados muy importantes", explicaba el fiscal a este periódico en una reciente entrevista.
Especialización y mejorar la eficacia de la investigación son los dos ases que manejan los expertos en este tipo de lucha policial. Varios abogados consultados, expertos a su vez en la defensa de estos criminales, ven con buenos ojos que la instrucción de estos casos se especialice para ser más eficaz. Y que yerre menos.
* La Opinión de Málaga - JOSÉ ANTONIO SAU - 09.05.2008
Foto: Marbella, registro policial - J.Lanza (SUR)
Hartos de ser los malos del urbanismo
LAVOZDEGALICIA* : Durante dos días, expertos de distintas Administraciones, catedráticos y arquitectos debatieron en Pontevedra la situación del urbanismo en Galicia. La reflexión ha dejado al descubierto el enorme foso que separa los puntos de vista de los concellos y el que mantienen Xunta y Gobierno.
Hartos de ser los malos de la película de los desastres urbanísticos, técnicos y responsables locales no han dudado en pedir cuentas a las otras dos Administraciones, eso sí, sin dejar de reconocer sus propias responsabilidades, especialmente en los noventa.
Ocho leyes, normas y sentencias importantes en los últimos años -cuatro con origen en Santiago y otras cuatro generadas en Madrid- han convertido la adaptación de los planes municipales a las nuevas normativas poco menos que en una misión imposible. Algunos de los datos vertidos en el coloquio pueden ilustrar la situación: solo 23 concellos lograron la adaptación en Galicia, ninguno de ellos de la provincia de Pontevedra. Al sur del Ulla, se cree que este año puede recibir luz verde un ayuntamiento, pero habrá que esperar al 2012 para que la situación comience a enderezarse.
Javier Rivas, arquitecto con amplia experiencia en el Concello de Vigo, calificó de «hipócrita» la actitud de otras Administraciones. Señaló que cada reforma supone «una tutela más» y un elemento de sospecha sobre los municipios a los que se presenta, con frecuencia, como responsables únicos de todos los males. «Trabajamos sobre arenas movedizas», señaló en referencia a la proliferación normativa y su incidencia en los planes. Esto genera inseguridad y obliga a adoptar todo tipo de cautelas y rigores.
Una ruina
Manuel Freijeiro, arquitecto con amplia experiencia en consultoras redactoras de planes, asegura que es difícil bajar de ocho años en la actualidad y que esto supone poco menos que la ruina para este tipo de empresas. Algunas consultoras de arquitectos han dejado de presentarse a los concursos de planeamiento -el de Mos, próximo a Vigo, encendió la alarma- y algunos técnicos han decidido reciclarse para «dedicarse a otra cosa».
Redactar un plan es poco menos que una «carrera de obstáculos», aseguró José Romero, arquitecto municipal con amplia experiencia en Redondela y Baiona. Pero el planeamiento no lo es todo. En materia de gestión, los concellos se enfrentan a cientos de expedientes (al igual que en disciplina urbanística) sin medios humanos ni materiales. Además, los servicios de disciplina se sienten solos muchas veces ante «el sentimiento de impunidad» que existe en cuestiones de urbanismo. Romero lo tiene claro: mientras no haya derribos de importancia y con publicidad habrá poco que hacer, máxime si prosigue la comprensión de los políticos ante los problemas «personales» de los infractores.
Los concellos se quejan además de que, con frecuencia, se les dice que hay exceso de edificación para las previsiones de evolución de la población, pero no se les explica por qué se han pasado en el plan de ordenación. Freijeiro echa de menos un diálogo con los técnicos de la Xunta, antes de que emitan su veredicto sobre un plan, para tratar de adaptarlo a sus exigencias. Javier García, del bufete Garrigues, llamó la atención sobre el hecho de que la Xunta no elabore partes de los planes que finalmente están en sus manos. César Mosquera, tras ocho años al frente de Urbanismo en Pontevedra, es más directo: si los planes son aprobados por la Xunta y las competencias las tiene Santiago, pues que los planes se hagan desde Compostela. Según sus cálculos, las competencias en urbanismo de los concellos no llegan al 10%.
Los arquitectos han terciado en la polémica justificando medidas como la protección de los 500 metros, pero también apuntando que hay que hacer los planes de otra forma. Por una parte, no dar bajo y cuatro plantas en núcleos bien conservados de bajo y uno. Por otra, haciendo planes más preparados para una movilidad sostenible y menos detallistas y encorsetados. El arquitecto García Braña puso un ejemplo: el plan de Barcelona tiene 30 años, pero experimentó 3.000 modificaciones.
* La Voz de Galicia - A. Castroverde - 09.05.2008
Foto: Galicia, ría_de_Arosa - Luis M. Bugallo Sánchez - wikipedia.org
11-mayo: ¡Especulatour, viaje por el Madrid que no deseamos!
VIVIENDADIGNA* : El pasado mes de febrero, decenas de “turistas” llenaron dos autobuses que recorrieron cuatro de los puntos más emblemáticos del depredador modelo de desarrollo urbano imperante en Madrid: las cuatro Torres del Real Madrid, el PAU de Las Tablas (Fuencarral), Torrelodones, donde el Gobierno regional proyecta cerrar la M-50 en pleno Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares y El Álamo, localidad en la que el equipo de Esperanza Aguirre prevé construir un aeropuerto de uso privado.
Pero, desafortunadamente, quedan muchos más. El próximo domingo 11 de mayo llevaremos a cabo otra aleccionadora excursión por otros exponentes del “sostenible” modelo urbano que promueven las administraciones madrileñas: el PAU de Vallecas, el parque Santander -una zona verde ubicada en pleno centro urbano donde el Gobierno regional ha construido un campo de golf “de interés general”- y Villalba, un municipio de la sierra norte de Madrid afectado por el proyecto de cierre de la M-50.
La excursión partirá a las 9:30 de la mañana desde Atocha el dominog 11 de mayo, frente a la sede del Ministerio de Agricultura y finalizará al mediodía.
En cada una de las paradas, las plataformas y asociaciones ciudadanas en defensa del territorio llevarán a cabo acciones de denuncia del modelo de ordenación urbana imperante.
Para apuntarte, no tienes más que escribir a especulatour@viviendadigna.org o llamar al 607 75 85 86.
¡Te esperamos!
* Plataforma Vivienda Digna - 7 Mayo 2008
Muñoz y cinco ex ediles del GIL evitan 70 juicios a cambio de cárcel
ELPAÍS* : Los concejales que pusieron los cimientos del caos urbanístico de Marbella (Málaga) a la sombra del fallecido alcalde Jesús Gil ven cómo se aclara su futuro judicial. Seis ex ediles del equipo de gobierno municipal del Grupo Independiente Liberal (GIL) de 1995 a 1999, entre ellos el célebre Julián Muñoz, han aceptado el pacto con la Fiscalía de Málaga por el que cumplirán tres años de prisión a cambio de evitar cerca de 70 juicios por conceder licencias de obra ilegales.
Los concejales Muñoz, Marisa Alcalá, Dolores Zurdo, Rafael González, Manuel Calle y Mario Jiménez formaban parte de la corporación que el 6 de agosto de 1998 aprobó, en un pleno nocturno, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que daba luz verde a enormes aumentos de edificabilidad o la construcción de apartamentos en suelos reservados a colegios o centros sanitarios. Aunque el PGOU de 1998 nunca tuvo validez jurídica, el urbanismo gilista se rigió por él hasta la disolución del Ayuntamiento en marzo de 2006 tras la Operación Malaya. Incluso, numerosas licencias anteriores a 1998 se otorgaron sobre ese PGOU ilegal.
En virtud del pacto cerrado ayer entre la Fiscalía y las defensas de los concejales, el ministerio público pedirá una pena máxima de un año de prisión y diez de inhabilitación para cargo público en las 70 causas abiertas por prevaricación urbanística, un delito castigado hasta con dos años de prisión. Al tratarse de delitos conexos, la ley establece que se cumplirá como máximo el triple de la mayor de las penas impuestas, esto es tres años de cárcel. Además, las condenas no se podrán suspender ni sustituir por multa, lo que supone el ingreso efectivo en prisión de los concejales.
Este pacto se limita a los casos de prevaricación urbanística y no afecta a otros delitos que hayan podido cometer los concejales, como prevaricación y cohecho. De no llegar a un acuerdo, estas 70 causas urbanísticas se tratarían en un juicio con vista oral y la Fiscalía podría solicitar hasta dos años de prisión, con lo que aplicando la regla del triple de la pena máxima para los delitos conexos que fija la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los ex concejales se arriesgarían a pasar seis años en prisión, al margen de la incertidumbre de acudir durante años a decenas de juicios.
Según el letrado Ernesto Osuna, que calificó el acuerdo de "muy positivo" para todas las partes, en el cómputo de las penas se deberá descontar el tiempo que los ediles ya han pasado en prisión por sentencias de prevaricación urbanística. En el caso de Julián Muñoz, el ex regidor marbellí lleva cumpliendo pena desde el 30 de septiembre de 2006, cuando el juez ordenó la ejecución de la sentencia de una año de cárcel por el caso Proinsa -la concesión de una licencia para construir 150 viviendas en zona verde-. Por lo tanto, los 19 meses que Muñoz ha pasado en prisión como recluso penado -entró en la cárcel como preventivo por el caso Malaya en julio de 2006- se considerarían ya liquidados. De este modo, dentro de cinco meses Muñoz podría salir en tercer grado al haber cumplido dos tercios de la condena. Osuna calcula que en septiembre se podrá "poner en práctica" el acuerdo.
En junio, el fiscal y los letrados negociarán la situación de los ediles de la corporación 1999-2003, que se niegan a aceptar el paso por la prisión, aunque en muchos casos, las penas serían inferiores a doce meses. El fiscal, de momento, se mantiene firme en su posición de exigir que vayan a la cárcel. Entre estos ex concejales disidentes se encuentran Tomás Reñones, Francisco Javier Lendínez o Alberto García Muñoz.
* ELPAIS.com - FERNANDO J. PÉREZ - Málaga - 09/05/2008
Foto: Marbella - J.ROJAS - ELPAIS.com
El 'caso Andratx' es la economía, estúpido
MATÍAS VALLÉS* : Resulta sugerente la tesis de menospreciar la primera piedra del caso Andratx como "la caseta ilegal que nos hemos construido todos los mallorquines", hasta que examinamos los precios inmobiliarios. Las cuadras con antena parabólica que Eugenio Hidalgo le erigió a su pony no definen a la jungla urbanística, ni a las bagatelas ecologistas en la isla más destruida del Mediterráneo, sino al negocio del siglo. Es la economía, estúpido, según gritaba Bill Clinton en su marcha hacia la Casa Blanca.
Los expertos coinciden al tasar la mansión agrícola de Hidalgo. ¿Una casa de 150 metros sobre una parcela de tres mil metros de la cotizada Andratx, con porches, altillos y un entorno protegido a perpetuidad por los mismos ciudadanos de quienes se mofa el alcalde al construir donde no debiera? "Puedes ponerla en el mercado por 250 millones de pesetas". Esa cifra equivale al sueldo en toda su carrera profesional de cada uno de los altos funcionarios -jueces y fiscales- que devanan estos días la madeja penal. A un trabajador medio le cuesta sesenta años reunir esa suma, si no come. Ni urbanismo, ni ecología, ni espeleología. Pasta gansa al arrimo de un cargo público.
Por tratarse de ustedes, y dado que los inmobiliarios siempre exageran, les dejaremos el gallinero parabólico e hiperbólico en 150 millones. La tesis no varía, porque esa cifra triplica los 50 millones en juego en el proceso del Túnel de Sóller, de magnitud indudable. Y así sucesivamente, hasta llegar a las 68 causas acumuladas en Andratx. Legal o no, la trama era muy rentable. ¿Ecología o economía?
El opíparo negocio no es una consecuencia sobrevenida, sino el origen de la residencia para ponies. El alcalde adquirió la parcela por 30 mil euros, a diez euros el metro cuadrado, ¡en Andratx! Casi da vergüenza reproducirlo sin risas en off. Intente encontrar un solar urbanizable -así ocurrió por voluntad de Hidalgo- en ese municipio por cien veces ese precio, con todos los ajustes por la inflación y la crisis que desee, sin suscitar carcajadas. Por 30 mil euros, en Andratx te venden la superficie suficiente para construir un cuarto de baño, no muy ancho. El fichaje del PP se garantizó una plusvalía estratosférica, en una inversión de riesgo nulo. A condición de que seas el alcalde.
La prisión debe quedar al margen del discurso periodístico pero, ya que existe, analicemos las cantidades que han llevado a ella a sus inquilinos. ¿Qué porcentaje de la población reclusa cumple penas por un aprovechamiento ilícito por encima de los 250 millones de pesetas? Coincidiremos en que más del 99 por ciento de los presos acumularon ganancias por debajo de la suma a debate, en el juicio de "la caseta ilegal que nos hemos construido todos los mallorquines".
La relación entre los delitos juzgados ahora y los condenados previamente certifica dos aprensiones. En primer lugar, demuestra que el caso Andratx es sustancioso económicamente, al margen de que sea sustanciado penalmente. Dado que el precio es el factor que mejor aprecia un mallorquín, se acredita la relevancia de Cas Pony. En segundo lugar, queda claro que la cárcel no se hizo pensando en los ricos, por lo que requiere esfuerzos ímprobos ingresar en ella cuando se computan ingresos medibles en cientos de millones de pesetas. Aceptemos la segunda cláusula -prisión sólo para pobres-, a cambio de que se nos respete la primera. En la Audiencia se ha radiografiado un pelotazo de aúpa.
* Diario de Mallorca - Opinión - 08 de mayo de 2008
