La ley de costas amenaza a casas y amarres de Roses

ELPERIÓDICO/Girona* : Los vecinos de Santa Margarida, urbanización del municipio de Roses, están en pie de guerra. La decisión del Ministerio de Medio Ambiente de iniciar un expediente para delimitar el espacio de dominio público marítimo-terrestre de los canales de la marina de esta urbanización ha desencadenado la indignación popular.

Y es que este trámite administrativo tiene una gran repercusión sobre las propiedades de unas 2.500 personas, muchas de ellas extranjeras.
Cerca de 400 afectados se reunieron ayer en la bocana del puerto para asistir al denominado acto de apeo del deslinde dirigido por técnicos del servicio provincial de Costas. En la reunión se vivieron momentos de tensión cuando los congregados increparon a los representantes ministeriales durante la lectura del acta, en la que se hizo constar la disconformidad de los propietarios.
El deslinde convierte en papel mojado las escrituras de propiedad de los amarres, que pasan a ser una concesión del Estado. También provocará una devaluación de las fincas colindantes con los canales, ya que la ley de costas establece una franja de servidumbre de 6 metros desde el agua al interior de las parcelas. El resultado es que muchos vecinos ven ahora cómo esta línea imaginaria cruza su jardín o su comedor.

SERVIDUMBRE

Los propietarios dicen que la ley de costas no es aplicable en Santa Margarida, ya que se trata de una antigua laguna que se abrió al mar con una concesión administrativa de 1971 y, por lo tanto, debe considerarse una zona de aguas continentales. Por el contrario, el ministerio y la Generalitat coinciden en que la normativa actual establece que los canales interiores, así como los espacios que se excavaron posteriormente en la urbanización para construir nuevos amarres, pasaron a formar parte de la delimitación marítimo-terrestre desde el momento en que fueron conectados con el mar.
"Si esto es así, ¿por qué notarios y registradores de la propiedad no han hecho constar las afectaciones en las escrituras de compraventa?", replican los vecinos. "¿Por qué se ha cobrado el impuesto de bienes inmuebles y los permisos de obras, si la titularidad de la franja de servidumbre es pública? ¿Qué podrá hacerse ahora y qué no en las propiedades afectadas?", preguntaban.
Ayer, los técnicos del ministerio no eran capaces de despejar estas incógnitas. La única respuesta clara la ofreció la alcaldesa de Roses, Magda Casamitjana, que expresó su desacuerdo con el expediente de delimitación y afirmó: "Iremos hasta donde haga falta para que los afectados no pierdan sus propiedades".





* El Periódico - FERRAN COSCULLUELA - 9/5/2008
Foto: Técnicos de Costas explican detalles del plan a los vecinos, ayer/ JOAN CASTRO, elperiodico.com