JAIME MINGUIJÓN* : Uno de los aspectos que más me ha sorprendido en relación al proyecto empresarial de Gran Scala es la fuerza con la que se ha introducido en el debate cotidiano, en las conversaciones en el trabajo, entre amigos, con la familia. Y en esos casos, ya va siendo habitual que, tarde o temprano, alguno de los contertulios te asalte con la pregunta: "¿pero, tú, estás a favor o en contra?" He de reconocer que, hasta el momento, mi respuesta ha sido siempre la misma: "pues, según cómo". Y es que, a día de hoy, lo único que sabemos es que se trata de un proyecto que si algún calificativo merece es el de desbordante.
Los datos sobre capital a invertir, trabajadores a emplear, superficie a urbanizar, casinos, centros de ocio, hoteles a construir, etc. hacen muy difícil que cualquier ciudadano medio (entre los cuales me ubico) se pueda ni siquiera hacer una idea de la magnitud de la empresa a la que nos enfrentamos. Una única iniciativa que excede sobremanera cualquier otra que haya podido haber nunca en Aragón.
Hasta el momento, el proyecto ha sido gestionado de forma discreta por nuestros gobernantes y, según nos dicen, en ello ha residido en gran medida el acierto de que al final, sus impulsores, se hayan decidido por realizar la inversión en nuestra Comunidad. Sin embargo, esa discreción, que a lo mejor era necesaria, incluso imprescindible, ha conllevado una serie de efectos perversos que no pueden dejarse de lado. Quizás el más trascendente de ellos es que se están articulando en la sociedad una serie de respuestas, tanto a favor como en contra del proyecto, que cada vez están alcanzado mayor fuerza y vigor. Estas respuestas, en general, pueden calificarse como precipitadas, pues no disponemos de la información suficiente para poder armar un argumento y un juicio definitivo sobre lo que será y representará Gran Scala en nuestra Comunidad. Y es que nos faltan datos y, mientras no se complete la información, es muy difícil desmarcarse de la respuesta lacónica y tibia que representa el "pues, según" y tomar partido por una u otra opción.
Pero los ciudadanos tenemos derecho a poder tomar partido y expresar nuestra opinión en torno a un asunto que parece tendrá gran trascendencia para nuestro propio futuro. Por lo tanto, antes de tomar una decisión política definitiva respecto al proyecto de Gran Scala, es preciso que se nos proporcione la información suficiente para que nos podamos formar un juicio de valor en torno al mismo. Este aspecto es un requisito imprescindible de cualquier proceso democrático de participación.
Sin embargo, una vez esté a disposición pública esa información de forma accesible y asimilable para la mayoría, no estará solucionado el problema, pues será el momento de abrir un debate ciudadano en torno a la cuestión, debate que tendrá una dimensión formal, a través de los medios que establezcan nuestros representantes políticos, pero que sin duda tendrá una dimensión informal, como se está pudiendo comprobar ya en las interacciones y conversaciones en las que tomamos parte. Y en ese momento deberán establecerse unos patrones claros y compartidos acerca de los elementos que habrán de ser tomados en consideración para ayudar a formar un juicio sobre el proyecto. Aunque todas las opiniones son válidas, las decisiones colectivas, los procesos de consenso, no deben ampararse exclusivamente en un acuerdo entre facciones que representan intereses contrapuestos. Ni tampoco se pueden dejar llevar por el miedo al cambio o por previsiones de todo tipo (catastrofistas y triunfalistas) que se vierten de forma demagógica. Sin olvidar los intereses particulares presentes en el debate, el criterio que más fuerza debe alcanzar en este proceso de toma de decisión es el bien común y el interés colectivo.
Pero definir el bien común tampoco es una tarea sencilla. Defender que lo que decidan las Cortes de Aragón representa, per sé, el interés general, no deja de ser una táctica peligrosa, pues significa hurtar del debate público un tema totalmente novedoso, de gran trascendencia, que nos implica a todos y que, recordemos, no ha sido objeto de confrontación ni sometido a valoración en ninguna consulta popular, pues se lanzó a la arena pública justo después de las elecciones autonómicas de mayo pasado. Por lo tanto, nuestros representantes tienen la obligación, más que en ningún otro caso, de abrir ese debate público y de establecer los criterios compartidos que deben formar parte de ese horizonte que representa el bien común.
Bien común que en la era de la globalización ha ensanchado extraordinariamente sus límites, pues ahora sabemos que cualquier acción, y especialmente una de tanta envergadura, se dé donde se dé, tiene efectos que se extienden más allá de los territorios aledaños y de las generaciones actuales. Por lo tanto, hay un criterio prioritario que debe tomarse en consideración por todos los participantes en el debate sobre el proyecto de Gran Scala desde la perspectiva del bien común: la sostenibilidad. La sostenibilidad no nos habla exclusivamente de la adopción de posturas sensibles hacia el medio ambiente, sino que abarca igualmente a las dimensiones económica y social. Un proyecto sostenible es aquel que, garantizando la pervivencia de las generaciones actuales, no hipoteca la de las generaciones futuras. Y precisamente, en esa tensión es donde nos vemos en la obligación de encontrar un difícil equilibrio, que en ningún caso puede primar "exclusivamente" uno de los polos. Por otra parte, Gran Scala tendrá una incidencia que sin duda sobrepasará los límites de los municipios donde se instale, por lo que el debate y la información debería ampliarse en círculos concéntricos, partiendo del lugar privilegiado que deben tener los territorios y personas directamente afectados, pero extendiéndose en momentos posteriores al conjunto la comarca, de la provincia, de la Comunidad Autónoma, etc.
* Sociólogo
* El Periódico de Aragón - Opinión - 13/01/2008
Gran Scala, un proyecto a debate
El juez imputa a Roca, Muñoz y Yagüe en una pieza separada por operaciones de urbanismo
YAHOO/Marbella* : El juzgado de Instrucción número 5 de Marbella (Málaga) investiga dos operaciones urbanísticas en una pieza separada del "Caso Malaya", en la que han sido imputados, entre otros, el ex asesor del Ayuntamiento Juan Antonio Roca y los ex alcaldes Julián Muñoz y Marisol Yagüe. El instructor, Óscar Pérez, ha abierto un procedimiento aparte de la causa en virtud de un informe policial sobre las vinculaciones del entramado societario de Roca con el empresario Francisco Javier Arteche y las operaciones en las parcelas denominadas "Ave María" y "Francisco Norte".
El magistrado ha ordenado tomar declaración como imputados en relación con la primera de las operaciones, además de a Roca, Arteche y Muñoz, a los empresarios Carlos Sánchez y Andrés Liétor y al abogado Francisco Soriano -también procesados por el "Caso Malaya"-, así como a Inés Soroeta y al tasador José Mora.
En relación con las actuaciones urbanísticas sobre la parcela "Francisco Norte", tendrán que comparecer como imputados Muñoz, Arteche, Segundo Pastor y Marisol Yagüe.
En el auto, al que ha tenido acceso Efe, el juez no accede a la propuesta policial de proceder a la detención de Arteche y solicita al Ayuntamiento que informe sobre los expedientes urbanísticos de ambas fincas, y ordena que se practiquen distintas pruebas periciales.
El magistrado señala que en la operación "Ave María" el Ayuntamiento firmó un convenio en septiembre de 2002 con la empresa CCF 21, propiedad de Sánchez y Liétor, por el que el consistorio cedió un aprovechamiento urbanístico por valor de más de 1,4 millones de euros a cambio de una finca cuyo valor no superaba los 30.000 euros.
El juez destaca que antes del convenio, en agosto de 2002, más de 9.500 metros cuadrados de aprovechamiento en "Ave María", así como casi 900 en "Los Verdiales", fueron vendidos por CCF 21 a la sociedad Masdevallía, propiedad de Roca, por más de 2,5 millones de euros.
Un mes después Madevallía vendió los aprovechamientos urbanísticos de "Ave María" a Obarinsa S.L., propiedad de Arteche, por más de 1,8 millones de euros.
El auto judicial señala que además la finca que permuta CCF 21 con el Ayuntamiento la había obtenido en escritura pública de Inmuebles y Fincas Canopus, propiedad también de Roca.
Establece además que nueve días después de ratificarse dicha permuta en Comisión de Gobierno, en la contabilidad del ex asesor urbanístico se refleja un pago por un importe de 60.000 euros identificado con el acrónimo J.A., "sospechándose que pueda corresponder a Javier Arteche, beneficiario final de los aprovechamientos".
El magistrado apunta que, teniendo en cuenta el PGOU de Marbella de 1986, la operación supuso un perjuicio a las arcas municipales de más de 1,4 millones de euros.
Dicha actuación, según Pérez, "conduce a una eventual malversación de caudales públicos imputable a Sánchez y Liétor, por su vinculación con CCF 21, Arteche y Mora como partícipes en el delito especial propio, y Roca y Muñoz como autores".
Subraya además que en la hipótesis que se manejaba en el convenio de la aplicación de la revisión del PGOU de 1998 el valor de los aprovechamientos que permutaba el consistorio ascendía a casi cinco millones de euros, mientras que fueron adquiridos por Arteche por 1,8 millones de euros, "lo que muestra indicios de fraude".
* Yahoo Noticias - EFE - Marbella (Málaga), 13 ene 2008
Foto: Marbella, imputados Muñoz, Roca, Yagüe y Reñones - 20minutos.es
Arona: El juez acusa al alcalde y a siete ediles de cohecho, tráfico de influencias y extorsión
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ELDÍA/Tenerife* : A los presuntos delitos de prevaricación continuada y contra la ordenación del territorio añadió los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y extorsión a raíz de la declaración testifical del empresario José Ramón Ansorena, que motivó las detenciones de un empresario y del arquitecto municipal.
El testimonio del empresario José Ramón Ansorena Cabrera, como representante de la entidad Proguito S.L., motivó no sólo las detenciones y posterior prisión del arquitecto municipal, Eliseo de la Rosa, y del empresario Arsenio Zamora, sino que supuso la ampliación de las imputaciones al alcalde, José Alberto González, y a los siete concejales que formaban con él la junta de gobierno local durante el mandato anterior.
Hasta el pasado 18 de diciembre, fecha en que compareció Ansorena ante Nelson Díaz Frías, magistrado-juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Arona, tanto el alcalde como los concejales Félix Sierra, Alfonso Barroso, José Luis González, Juan José Alayón, Manuel Barrios, Sebastián Martín y Daniel Martín estaban imputados por los presuntos delitos de prevaricación continuada y contra la ordenación del territorio. Sin embargo, el juez emitió un auto al día siguiente en la que explicaba que a tales supuestos "habría que añadir (...) los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y extorsión".
En el auto citado, en el que también procede a "declarar totalmente el secreto de las actuaciones", que estará vigente hasta el próximo día 19, el juez tiene en cuenta la declaración del representante de Proguito S.L., "así como los elementos probatorios aportados por el referido", para adoptar esta medida. De hecho, especifica que en los presumiblemente nuevos delitos incorporados a la causa "presuntamente estarían implicados, según dicha declaración testifical, varios funcionarios públicos del Ayuntamiento de Arona, aludiendo dicho testigo (José Ramón Ansorena) directamente a un concejal ya imputado", además de al detenido Arsenio Zamora.
Según otras fuentes consultadas por EL DÍA, efectivos de la Policía Judicial acudieron a la casa consistorial aronera el viernes pasado para recabar la documentación necesaria obrante en las dependencias municipales con las que constatar aspectos de lo declarado ante el juez por el empresario Ansorena Cabrera.
Se ampliará en breve
Por otra parte, el abogado de una de las partes personada en la querella, Felipe Campos, confirmó ayer a este periódico que "estoy ultimando los detalles" para proceder a la ampliación de dicha denuncia a los actos de dicho órgano municipal posteriores a la fecha (mediados de febrero de 2007) en que la Fiscalía Anticorrupción interpuso tal querella contra la Junta de Gobierno Local anterior. El motivo es que percibe una supuesta reiteración del comportamiento que dio lugar a la denuncia en el transcurso de los últimos meses del mandato que concluyó con las elecciones celebradas el 27 de mayo pasado.
Felipe Campos no especificó la cantidad de acuerdos adoptados en ese periodo por la Junta de Gobierno Local, pero sí apuntó que el mismo órgano ya ha tomado decisiones similares, supuestamente, en el mandato actual, incluyendo la concesión de una licencia vinculada a un ex concejal del equipo gobernante anterior.
El gobierno municipal de Arona durante el periodo 2003-2007 lo formaban CC, CAN y PP, mientras que el presente está integrado sólo por ediles de Coalición Canaria, que obtuvo la mayoría absoluta hace siete meses.
* El Día - MEDINA, Arona - 11 DE ENERO DE 2008
Foto: Arona (Tenerife), ayuntamiento - coralia, picasaweb.google.com
Europa pide al Consell que anule los contratos con las ocho empresas mixtas urbanísticas
LEVANTE/Valencia* : La Comisión Europea ha pedido a la Generalitat que anule los contratos suscritos con ocho empresas mixtas, creadas por el Consell a través del Instituto Valenciano de Vivienda (Ivvsa) con un selecto grupo de promotoras valencianas, porque incumplen preceptos de hasta cuatro directivas europeas sobre adjudicación de contratos públicos de obras, suministros y servicios.
El comisario de Mercado Interior, Charlie McCreevy, alega que "los procedimientos de selección de los accionistas privados en las sociedades mixtas sólo se publicaron en medios locales, con plazos de presentación de ofertas particularmente reducidos y con criterios de atribución carentes de claridad y objetividad".
Igualmente, solicita a las autoridades competentes (en este caso la Generalitat) que derogue un párrafo de la Ley Urbanística Valenciana (LUV) que concede trato de favor a estas mercantiles mixtas cuando su objeto sea construir viviendas de protección oficial (VPO). El ejecutivo comunitario también advierte que si este asunto tiene que dirimirse ante el Tribunal de Justicia Europeo "la Comisión solicitará al Tribunal que suspenda la disposición legislativa (el párrafo de la LUV), que acuerde las medidas provisionales necesarias y, particularmente, el cese de las actividades que constituyen contratos públicos atribuidos a las sociedades mixtas, en cuyo capital participan dichas entidades infringiendo las directivas".
La dirección de Mercado Interior desgrana las decisiones que le han llevado a tomar esta decisión en el dictamen motivado enviado a la Generalitat en el que demuestra que conoce al detalle los pasos que se han dado en la constitución de las polémicas empresas mixtas.
Las dos primeras mercantiles se crearon entre el Instituto Valenciano de Vivienda (Ivvsa) y las inmobiliarias de Bancaja y la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) por adjudicación directa donde "no ha existido ningún tipo de publicidad", apunta el dictamen motivado de la Comisión Europea. Esta decisión de la Conselleria de Territorio sentó a cuerno quemado entre los promotores valencianos por lo que para las seis siguientes empresas mixtas se publicaron anuncios en periódicos de ámbito provincial o en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Sin embargo, "los plazos para la presentación de ofertas no habrían superado, en el mejor de los casos, quince días después de su publicación". En realidad, en dos de las sociedades urbanizadoras el concurso público apenas duró cinco días y, según publicó Levante-EMV, se pactaron con las promotoras antes de que el Ivvsa hiciera pública la búsqueda de socios.
La Comisión Europea incide además en otro detalle, "el urbanismo de Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como", tal como lo denunció en su momento el PSPV. "Se da la circunstancia de que el presidente del consejo de administración de las sociedades mixtas participadas por el Ivvsa es el consejero autonómico de Territorio y Urbanismo de la Generalitat Valenciana y que dicha consejería es la encargada de aprobar definitivamente dichos PAI y de otorgar la cédula de urbanización, requisitos sin los cuales, la ejecución del PAI no se podría producir. De este modo, se demuestra que dicha consejería atribuye contratos públicos de obras y servicios (la redacción de un plan urbanístico) a través de la aprobación definitiva de PAI que se adjudican a las sociedades mixtas creadas por ella misma a través del Ivvsa".
Un hecho que, a juicio de la comisión, se produce "sin respetar las disposiciones de las directivas en materia de contratación pública" y "perjudicaría al objetivo de que exista una competencia libre y no falseada y a los principios de igualdad de trato y no discriminación".
Sobre estas cuestiones también incidió el Síndic de Comptes en su informe de 2006 en el que recomendaba "disolver estas sociedades mercantiles" porque en algunos casos había quedado "sin contenido el objeto social de las empresas constituidas".
Por último cabe recordar que la mayoría de sociedades mixtas creadas desde 2003 por el Ivvsa planificaban sus proyectos sobre suelo no urbanizable que obligaba a reclasificar hasta 6,2 millones de metros cuadrados de suelo. La mayoría de actuaciones tampoco estaban previstas en los planes generales a pesar de que, en algunos casos, duplicaban la población de las municipios donde se proyectaban.
* Levante-EMV - L. Ballester Beneyto, Valencia - 13 de enero de 2008
Foto: Parlamento europeo, Strasbourg - Cédric Puisney, wikipedia.org
El mapa de la crisis
ELCONFIDENCIAL* : La crisis inmobiliaria y crediticia ya está golpeando con fuerza a España. Y donde se va a sentir con mayor crudeza es en la costa mediterránea -Andalucía, Murcia y, en menor medida, la Comunidad Valenciana-, según un mapa caliente de la crisis que ha elaborado Citigroup. Por eso, las entidades financieras con mayor riesgo son las que tienen mayor exposición a estas zonas, en especial las cajas de ahorros regionales. Algo que preocupa mucho al Banco de España, que va a lanzar inspecciones masivas referidas al riesgo inmobiliario y al Gobierno, que pretende evitar la quiebra de alguna gran inmobiliaria.
En un detallado estudio titulado gráficamente The Pain in Spain (El dolor en España), Citigroup identifica a siete cajas como las más vulnerables en el entorno actual: todas las andaluzas -San Fernando, Granada, Cajasur, Cajasol, Unicaja y Jaén- más Caja Murcia. Dentro de los bancos, el que peor lo tiene es el Banco de Valencia y, dentro de los grandes, el Popular, a juicio de este análisis.
A su juicio, todo el sistema financiero español tiene una exposición parecida al mercado inmobiliario y a los créditos hipotecarios. Por eso, considera que el factor diferencial es su presencia geográfica. Así, determina el perfil de riesgo de cada comunidad autónoma en función de de 18 criterios referidos al mercado inmobiliario, al crediticio, a la riqueza, a la inmigración, al mercado laboral y al tejido empresarial de cada región. En función del grado de exposición de cada banco o caja a cada comunidad, calcula el riesgo de su cartera de créditos: cuanto mayor es la presencia de una entidad a una comunidad de "alto riesgo", mayor es el peligro para su activo.
La conclusión del estudio es que las zonas que más van a sufrir en la crisis son el sur de la costa mediterránea, es decir, Murcia y Andalucía. Le siguen la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y La Rioja. En el otro extremo, las regiones con menor riesgo son Madrid, País Vasco y Navarra (ver el mapa adjunto).
"Las cajas sufrirán el grueso del dolor"
Se da la circunstancia de que las cajas tienen una cuota de mercado -sobre todo en hipotecas nuevas- mayor que la media nacional en las zonas con más peligro; en especial, en La Rioja (70% de cuota), Murcia y Castilla-La Mancha (64%) y Valencia (58%). De ahí que las entidades más concentradas en esos mercados regionales afronten los mayores problemas potenciales en sus carteras de créditos. Asimismo, la generalidad de las cajas andaluzas -con muy poca diversificación fuera de su comunidad, según Citigroup- presentan un perfil de riesgo "alto".
Con perfil "medio-alto" aparecen las cajas de Onteniente, La Rioja y la CAM, mientras que el riesgo es "medio", siempre según Citigroup, para Bancaja, Ibercaja, General de Canarias, Asturias, Baleares, CAI, Cantabria, Canarias, Extremadura, Badajoz, Guadalajara y Pollença. En el otro extremo, las entidades más a salvo de la crisis son Caja Navarra y Caja Vital.
Respecto a la banca, ninguna entidad tiene un nivel de riesgo tan alto como estas cajas. La que más se acerca es el Banco de Valencia, con el 73% de sus créditos en su comunidad y en Murcia. Le siguen Banca March, Espirito Santo y Pueyo. Entre los medianos y grandes, el que tiene mayor exposición a las zonas problemáticas es Popular, seguido por Banesto, BBVA, Santander y Bankinter. Por el contrario, los más protegidos son Sabadell, Pastor y, a la cabeza del ranking, Guipuzcoano. Algo que puede sorprender a la vista de los esfuerzos de sus accionistas por vender el banco.
El banco norteamericano coincide con otros expertos (como Merrill Lynch) en las causas de la crisis: el debilitamiento de la economía, el estallido de la burbuja inmobiliaria con caídas de precios, unos mercados de capitales ilíquidos en un momento en que la banca española está fuertemente endeudada y el esperado mayor deterioro del entorno de crédito.
* El Confidencial - Eduardo Segovia.- 11/01/2008
Foto: cotizalia.com
Las vicisitudes del POTAUS
JORGE BENAVIDES SOLÍS* : Hace un cuarto de siglo (13 de junio de 1984), oficialmente la Junta de Andalucía, ante los evidentes problemas que se estaban haciendo patentes, reconoció la necesidad de "formular directrices de Planeamiento Urbanístico para el Área Metropolitana de Sevilla" y como consecuencia de ello, cinco años después, publicó el avance de las "Directrices para la Coordinación Urbanística". Tardó 5 años más para ordenar que la Consejería de Obras Públicas redactara y terminara en el plazo de un año, el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS 1994). Dos años necesitó para hacer el diagnóstico pero, en lugar de terminar su redacción, sólo se decidió a publicar los "documentos de objetivos del POTAUS 2000". Habían pasado 16 años. ¡Cuántos desmanes se habrían evitado!
Mientras tanto, el proceso de deterioro del territorio metropolitano avanzaba de manera acelerada e irreversible. La construcción sin control de miles de monótonos contenedores de ladrillo, dispersos en un territorio de olivares, vid y naranjos marcaba una nueva forma de ocupar el suelo pero, sobre todo, la inauguración de la primera tienda de IKEA en Andalucía, se convirtió en un nuevo hito efecto de la globalización, que exigía a la Junta, terminar el POTAUS. Durante el 21 de enero 2004, los coches atascados necesitaron más de una hora para recorrer tres kilómetros y llegar a dicha tienda. Existen centros comerciales similares en 33 países.
Para este acontecimiento, no se habían preparado ni las vías ni los accesos ni los aparcamientos. La alcaldesa de Castilleja de la Cuesta, pequeño término municipal sin patrimonio natural porque su suelo está completamente asfaltado, en lugar de compartir responsabilidades con las empresas, prometió resolver todos los problemas presentes y futuros, como siempre, con dinero público para asegurar, dijo, los puestos de trabajo y el desarrollo. La realidad se ha encargado de contradecirle: pese a la inversión inmobiliaria, según el Instituto de Estadística de Andalucía (IEA), existen 866 mujeres y 432 hombres en paro en Castilleja, la carencia de equipamientos es notable y la calidad de vida ha disminuido.
Los nuevos problemas que soportaba Castilleja, también se estaban incubando y reproduciendo de forma similar, pero con mayor magnitud y variedad, en los demás municipios del área metropolitana de Sevilla. La finalización de la redacción del POTAUS que ya duraba 10 años, a todas luces resultaba urgente, pero, ¿qué poder o qué ley obligaba a la Junta a cumplir el plazo que ella misma se había impuesto? A tenor de los resultados de las elecciones, ni siquiera éstas fueron un medio eficaz para castigar los incumplimientos. Al contrario, los ciudadanos premiaron al gobierno concediéndole mayoría absoluta.
La desidia de la Junta ha durado un cuarto de siglo. No la comprendían ni los empresarios del Aljarafe que en 2006, en un acto ejemplar digno de mención, entregaron a la Consejería de Obras Públicas la "Estrategia Territorial para el Desarrollo Económico del Aljarafe" y solicitaron que se concluyera el POTAUS. La Consejera les respondió que se harían cuatro planes sectoriales: transportes, espacios verdes, vivienda e infraestructuras y con esa idea, en noviembre de 2006 se publicó por segunda vez una Orden con el mismo motivo y plazo que la primera: redactar el POTAUS pero incorporando varios municipios y, sin razón suficiente, dejando fuera otros. En planeamiento, la suma de las partes no es igual al todo.
El plazo para su conocimiento y alegaciones ha terminado.
Se puede alegar el incumplimiento, la omisión o la incorrecta interpretación de la legalidad (norma) pero no del soporte teórico ni conceptual del Plan. En este aspecto solamente cabe plantear preguntas y compartir públicamente las ideas para enriquecer la opinión pública. Según Habermas "el espacio de la opinión pública es una red para la comunicación de contenidos y tomas de postura, es decir, de opiniones y en él los flujos de comunicación quedan filtrados y sintetizados de tal suerte que se condensan en opiniones públicas agrupadas en torno a temas específicos", por ejemplo, el planeamiento. Su mayor expresión es posible en democracia: interacción entre verdad, transparencia y participación activa.
Justamente lo que no se ha hecho al firmar los convenios, base de la desbocada expansión urbanística que el POTA, instrumento jurídico jerárquicamente superior, ha puesto freno con porcentajes máximos para la expansión del suelo (40%) y de la población (30%) y, por otra parte, ha impuesto una forma de ocupación del suelo para recuperar el "modelo de ciudad mediterránea" compacta y continua: sostenible. Sin embargo, la Junta, lejos de hacer cumplir estas determinaciones, ha prometido excepciones al POTA. El POTAUS, haciendo caso omiso al principio jerárquico de contenido legal, se ha encargado de recogerlas.
Se están cumpliendo los plazos, pero persisten las mismas dolencias urbanísticas que tanto están perjudicando a la salud cívica: elefantiasis del ámbito privado y anemia del público.
* Jorge Benavides Solís es doctor arquitecto y profesor titular de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla.
* ELPAIS.com - Andalucía - 11/01/2008
Arrestados e imputados por cohecho dos empresarios de Totana
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ELPAÍS/Murcia* : El empresario Domingo Sánchez Martínez fue detenido ayer por la mañana en su domicilio de Totana, dentro de la Operación Tótem contra una trama de corrupción urbanística, y fue puesto en libertad a las seis de la tarde tras declarar ante los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en Murcia. Hacia las tres de la tarde, la titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Totana, María Asunción Navarro Artero, que investiga el caso, decidió imputar también al hermano del detenido, Francisco Sánchez Martínez.
A ambos empresarios, propietarios de la empresa Visanfer, la juez les imputa presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias.
Fuentes cercanas a la investigación sostienen que la detención de este empresario, cuya sociedad firmó cuatro convenios urbanísticos con el anterior alcalde de Totana, Juan Morales -ahora diputado del Grupo Mixto en el Parlamento murciano tras ser expulsado del PP- para construir un millar de viviendas, podría estar relacionada con una promoción en el paraje del Llano de las Cabras, cerca del Parque Natural de Sierra Espuña.
Recalificación
Los investigadores consideran que pudo haber cometido un delito de cohecho al acordar con el actual alcalde del PP, José Martínez Andreo, en la cárcel desde el pasado 3 de diciembre, la reclasificación de 200.000 metros cuadrados rústicos tras la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de Totana, que todavía está en tramitación. Según fuentes de la oposición, el primer edil había firmado, de forma paralela, un acuerdo privado con una confederación de empresarios en las que se comprometía a no aprobar la urbanización del detenido, que incluía 318 viviendas.
Con el arrestado ayer, que fue puesto en libertad, ya son 14 los detenidos en la Operación Tótem, entre los que se encuentra el regidor del municipio, que no ha dimitido.
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia informaron de que la Fiscalía está a la espera de la entrada en la Sala de lo Penal del informe de la juez sobre la supuesta intervención de Juan Morales, parlamentario regional y alcalde de Totana entre 2003 y 2007, en un caso de cohecho. De los detenidos, 11 están en libertad provisional, nueve con fianza.
* ELPAIS.com - TONO CALLEJA - Murcia - 12/01/2008
Foto: Totana (Murcia), ayuntamiento - totana.es
Un juez anula la venta en Salamanca de una parcela municipal para un hospital privado
NORTECASTILLA* : El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Salamanca ha declarado ilegal la enajenación mediante venta por parte del Ayuntamiento de la capital de un solar con destino a «equipamientos» para la construcción de un hospital privado por parte de la empresa del conocido médico salmantino Juan Abarca, que había adquirido el suelo por más de cinco millones de euros.
Los Verdes Foro de Izquierdas, que ayer dieron a conocer la sentencia, presentaron los pasados meses un recurso contra la operación al entender que era ilegal destinar esta parcela del patrimonio municipal del suelo en el sector de La Plata para la construcción de un negocio privado.
El portavoz de Los Verdes, Ángel Gamazo, destacó que «los tribunales han emitido una nueva sentencia condenatoria por las malas prácticas urbanísticas de este Ayuntamiento que quiere saltarse las leyes y pretendía llevar a cabo un expolio del suelo de todos los salmantinos».
Por su parte, el Consistorio dio ayer una valoración distinta de la sentencia y aseguró que sí podrá enajenar el solar municipal «tras la desafectación del terreno, expediente en el que ya se está trabajando». El Ayuntamiento reconoció que los servicios jurídicos municipales detectaron un defecto legal en la tramitación de la enajenación, por lo que en noviembre del 2006 «decidió declarar desierto el concurso a pesar de que se había presentado una empresa». El Ayuntamiento insistió en que «la sentencia carece, por tanto, de efecto real ya que no se culminó la enajenación de la parcela con los pliegos de condiciones impugnados y ya está trabajando para subsanar el error».
Obras de El Corte Inglés
Los Verdes también anunciaron ayer que presentarán la próxima semana ante el Juzgado de lo Contencioso número 1 de Salamanca una demanda contra las obras de construcción de El Corte Inglés en el antiguo solar del Cuartel Julián Sánchez 'El Charro'. En este caso, Gamazo señaló que el partido no solicitará un «parón radical» de los trabajos, sino que pedirán que se limite la construcción del nuevo edificio por encima de la rasante del solar.
* El Norte de Castilla - 12.01.08 - F. GÓMEZ
Foto: Salamanca, ayuntamiento - Julien Navarro, wikipedia.org
Lanzarote: Otro fallo del TSJC hace que una veintena de hoteles y apartamentos sean ilegales
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LAPROVINCIA* : Una nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha anulado los permisos que el alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, concedió en los años 1999 y 2003 a la empresa Urena Mountain SA, para la construcción de un hotel de 443 plazas en la parcela 139 del Plan Parcial de Montaña Roja, en las proximidades del faro de Pechiguera. Con esta son ya 20 los complejos turísticos cuyas licencias han sido anuladas por los Tribunales en las Sentencias dictadas en los recursos interpuestos por el Cabildo de Lanzarote.
Se estima que el número de camas turísticas afectadas por estas sentencias supere ya las 9.000 plazas.
En esta última sentencia el Alto Tribunal estima una vez más los recursos interpuestos por el Cabildo en defensa de la legalidad urbanística y del planeamiento insular y declara nulas las licencias recurridas porque las mismas fueron otorgadas vulnerando la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias (Ley 9/1999, de 13 de mayo), la Ley de Medidas Urgentes en materia turística (Ley 6/2001, de 23 de julio) y el Plan Insular de Ordenación, al haber omitido el informe previo, preceptivo y vinculante que el Cabildo debe emitir en sentido favorable para que puedan autorizarse nuevas obras en suelos cuyos planes parciales no estén adaptados al PIOT.
El recurso interpuesto en 2003 por el Cabildo contra los permisos concedidos por el alcalde de Yaiza para la construcción de este hotel (cuyas obras iban a iniciarse en dicho año) consiguió evitar que ese complejo turístico se ejecutara, impidiéndose de este modo la edificación de una construcción de gran envergadura en las proximidades de Pechiguera.
La batería de sentencias a favor del Cabildo ha hecho que la Corporación haya iniciado una serie de conversaciones con los propietarios de estos establecimientos para determinar una salida negociada con cada uno de ellos. Los promotores han designado a un único interlocutor para estas negociaciones. Desde el Cabildo se ha dejado claro que no todos los establecimientos se podrán legalizar.
* La Provincia - DLP - ARRECIFE - 12 de enero de 2008
Foto: Vista de la zona del Faro Pechiguera en Playa Blanca. LP
Granada: Premios Aguas de Mayo y Atila 2007
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ECOLOGISTASENACCIÓN/Granada* : El premio Atila 2007, que se concede a la persona o institución que durante el año en curso más ha destacado por su nefasta actuación medioambiental, ha sido ganado por méritos propios por D. Salvador Rodríguez Martín, Alcalde de Carataunas, que lleva una política urbanística nefasta, destrozando su pueblo, desoyendo las indicaciones de las administraciones y de la fiscalía en materia de urbanismo y por los vertidos de escombros y basuras que están tapando las minas de Fátima.
También se han hecho merecedores a este premio las siguientes personas e instituciones:
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por todos sus responsables, por las trabas que ponen a facilitar información a los ciudadanos, a quienes se les obliga a ir a Sevilla para poder consultar cualquier proyecto, aunque se vaya a realizar al lado de su casa.
D. Jesús Amurrio Sánchez, alcalde de la Puebla de Don Fadrique, por confundir el desarrollo con la especulación urbanística, por negar información a los ciudadanos, por mantener un vertedero ilegal junto a los depósitos de agua potable y por apoyar instalaciones insostenibles como marraneras en espacios de gran valor ecológico.
D. Víctor Sánchez, Alcalde de Atarfe, por su actitud al no reconocer su responsabilidad en los vertidos de las balsas de alpechín y por su política urbanística plagada de irregularidades.
Ganadores Premios Aguas de Mayo:
Se conceden a aquellas personas o colectivos que durante el año se han significado por su labor en pro de un medio ambiente saludable en cualquiera de sus manifestaciones. Este año consideramos merecedor de este premio a:
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que está trabajando los temas ambientales con riguroso criterio y además dando a entender a la ciudadanía que la Ley está para cumplirse por parte de todos.
También hay que reconocer la labor que en pro de un mejor medio ambiente han desarrollado:
Plataforma del Teléferico, que han dinamizado a gran parte de la sociedad granadina para conseguir librarnos de ese engendro especulativo.
Dª Beatriz Muñoz Benítez, por su trabajo durante años en pro de un buen urbanismo y de la Ordenación del Territorio en los pueblos de la Cornisa Sur del Área Metropolitana de Granada.
D. Manuel González de Molina, ex Director General de Agricultura Ecológica de la Consejería de Agricultura y Pesca, por su magnífico trabajo para fomentar el consumo de productos autóctonos y de calidad.
Cortijo del Pino, en Churriana de la Vega, por apostar por el mantenimiento de la vega en su forma tradicional y luchar contra la especulación urbanística.
* Ecologistas en Acción de Granada - 7 de enero 2008
Foto: Carataunas (Granada), bloque voluminoso - Ecologistas en Acción
Valencia: La Síndic de Greuges denuncia el trato de favor al urbanismo salvaje
ELPAÍS/Valencia* : Dos meses y medio cubren cualquier periodo de cortesía. La Síndic de Greuges (defensora del pueblo autonómica) Emilia Caballero, colgó ayer en Internet el informe correspondiente a 2006 entregado en el registro de las Cortes Valencianas el 17 de octubre. La publicidad del informe se produce después de que la presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez, haya sido incapaz de encontrar un hueco en su agenda para recibir a la Síndic de Greuges que deseaba, como ha sido habitual, entregarle su informe anual en mano.
En el informe correspondiente a 2006, divulgado ayer, la Síndic de Greuges denuncia el trato de favor al urbanismo salvaje. Caballero relata que tanto el informe sobre la existencia de recursos hídricos como la declaración de impacto ambiental no se obtienen al inicio del procedimiento de elaboración de los planes urbanísticos, sino al final, de manera que es el proyecto "el que condiciona y limita en la práctica la declaración de impacto ambiental y no al revés".
La Síndic destaca "la importante reticencia" del Consell y los ayuntamientos para pedir informes favorables sobre la existencia de agua necesaria a la Confederación Hidrográfica del Júcar. El informe asegura que en muchas ocasiones este informe no se llega a solicitar y en otras muchas se intenta suplantar o sustituir con informes de otras entidades que carecen de competencia legal para acreditar la existencia de agua suficiente.
"Desde esta institución no nos cansamos de repetir que no se debe aprobar y ejecutar un plan urbanístico si no se cuenta con el informe favorable de la Administración estatal de aguas", indica Caballero en su informe.
Para Caballero, las Administraciones valencianas deberían ser más transparentes y hacer mayores esfuerzos por facilitar la información urbanística a los ciudadanos. La Síndic también constata que "en más ocasiones de las deseables" la Administración es reacia a iniciar expedientes sancionadores y ordenar las demoliciones de las construcciones ilegales".
En su escrito, la defensora de los ciudadanos recalca también la insuficiente oferta de viviendas de protección pública y afirma: "son muchas las quejas que hemos tramitado relativas a personas que llevan años esperando una vivienda y que, debido a la escasez de las mismas, todavía no han podido acceder a ella". "Son interminables las listas de espera", remacha la Síndic que ve "inadmisible que la propia Generalitat no mantenga en adecuadas condiciones higiénico-sanitarias para garantizar el derecho a una vivienda digna". El informe corresponde a 2006 y, con posterioridad, el Consell anunció un plan para rehabilitar su parque de viviendas públicas de acuerdo con los ocupantes.
De acuerdo con el informe, la Síndic recibió 280 quejas relacionadas con el urbanismo -una de cada cinco presentadas. El documento denuncia que ocho consejerías mostraron una actitud "hostil" o "entorpecedora" a los requerimientos de la Síndic. Actitud demostrada también por un total de 25 ayuntamientos.
* ELPAIS.com - EP - Valencia - 11/01/2008
Foto: Valencia, sede Les_Corts - wikipedia.org
Manos Limpias denuncia que el Ayuntamiento de Roquetas "intenta aprovechar" urbanísticamente el patrimonio de todos
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TELEPRENSA/Almería* : El Pleno del Ayuntamiento de Roquetas aprobó, con los votos de los Sres. Concejales del PP , el Plan de Sectorización del Sector 43 del PGOU de Roquetas de Mar, o lo que es lo mismo, según el PGOU aún pendiente de aprobación, la actuación de Suelo urbanizable sectorizado Z-PAR-01, dicha actuación se encuentra en la salida de la Autovía del Mediterráneo por El Parador y allí se pretende realizar una nueva gasolinera y naves industriales, según la ficha urbanística.
Viendo la ficha se puede afirmar que aquí existe, como en otros muchos puntos del término Municipal de Roquetas de Mar, el intento de aprovechar urbanísticamente un terreno que es de todos por ser de dominio público en beneficio de particulares, es decir se le da aprovechamiento a una rambla con la connivencia de nuestro ayuntamiento.
Y se demuestra muy claramente ya que el sector según ficha tiene 48.409 metros cuadrados, compuesto Catastralmente por las parcelas 20, 21,25 y 34 del polígono 44 de Roquetas de Mar el resto del terreno que computan como con aprovechamiento, hasta llegar a los 64.527 metros corresponden a las parcelas 9005 y 9007 del polígono 44 de Roquetas de Mar que pertenecen a la Rambla de Las Hortichuelas y por lo tanto no pueden tener ningún tipo de aprovechamiento. .
El beneficio obtenido al precio actual de los terrenos supondría unos 12 millones de Euros
Pero además para realizar dicha actuación no existe normativa al respecto, por encontrarse el Plan General en fase de aprobación y mientras tanto se debe proceder a la suspensión de aprobaciones y otorgamiento de autorizaciones y licencias urbanísticas.
Desde el Colectivo Manos limpias por el Urbanismo en Roquetas de Mar creemos que una de las obligaciones principales del Ayuntamiento Roquetero es conservar todo aquello que pertenece a “todos” y no utilizarlo para actuaciones especulativas en beneficio de particulares, obligación que hasta estos momentos se está incumpliendo en perjuicio de todos los Roqueteros.
* teleprensa.es - 12 de Enero del 2008
Foto: Roquetas de Mar (Almería) - aytoroquetas.org
El jefe policial de Conil se construyó una vivienda 'ilegal' con los coches robados
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ELPAÍS/Cádiz* : La trayectoria profesional paralela del jefe de la Policía Local de Conil de la Frontera (Cádiz), Francisco Luis González, detenido el miércoles tras haber sido acusado de comerciar con coches robados, siguió ayer deparando sorpresas. El responsable policial conducía por el pueblo un furgón Mercedes Vito que figura en la lista de vehículos robados. Fuentes de la investigación explicaron que González le daba un uso privado para sus desplazamientos.
El mando policial, además, se construyó en la localidad donde trabajaba como uno de los garantes de la legalidad un chalé ilegal sobre suelo sin calificación urbanística. Por esta razón también tendrá que responder ante el juzgado como supuesto autor de un delito contra la ordenación del territorio, que se suma a las acusaciones de estafa, hurto de vehículo a motor y falsedad documental.
Según fuentes de la investigación, la financiación del chalé ilegal podría haber salido de los fondos que obtuvo Francisco Luis González de manera ilícita por la venta de los coches robados. Tras declarar ayer durante varias horas ante el Juzgado número 1 de Chiclana, González fue puesto en libertad con cargos por el titular de este juzgado, que decidió inhibirse en favor del Juzgado número 3 de Chiclana, que instruye el caso.
El jefe policial había llegado a las dependencias judiciales alrededor de las 17.00 y salió cuatro horas después. Ante el juez también compareció un segundo detenido cuya identidad no ha trascendido y que quedó en libertad a las 15.00. Según la investigación inicial, el mando policial modificaba la documentación y revendía los coches cuyo robo había sido denunciado por sus propietarios. Cuando los vehículos eran recuperados por la Policía Local, González ocultaba a los denunciantes el rescate del automóvil para poder revenderlos en el mercado negro.
La investigación judicial fue abierta hace meses por el juzgado, que actuó a instancias de una empresa aseguradora, que se vio obligada a pagar una indemnización a uno de sus clientes en compensación por el robo de su vehículo.
Al mismo tiempo, abrió una investigación privada para comprobar la veracidad de la denuncia. En el curso de las pesquisas, la compañía relacionó el coche robado con el papel de mediación del jefe de la policía y puso el caso en manos del juez. Varias aseguradoras han anunciado ayer su intención de revisar los casos de indemnizaciones por robo que han pagado en la zona en los últimos tiempos.
Durante la reunión mantenida ayer por los portavoces municipales del Ayuntamiento de Conil, gobernado por Izquierda Unida, el alcalde, Antonio Roldán, informó de la apertura de un expediente urbanístico al jefe policial por el chalé ilegal. Aunque este expediente fue abierto el pasado 14 de noviembre, el policía no sufrió ninguna medida sancionadora.
Tampoco las nuevas actuaciones judiciales han tenido repercusión en la faceta profesional de González de momento, ya que el Ayuntamiento de Conil no ha adoptado ninguna medida contra él de forma provisional. En la junta de portavoces se anunció el inicio de una investigación de la Policía Local.
* ELPAIS.com - F. J. ROMÁN - Cádiz - 11/01/2008
Foto: Conil (Cádiz) - conil.org
Renta básica de Emancipación ¿Medida social o sostenimiento de la Inversión Especulativa?
MANUEL CAMINANTE* : El PSOE, a través de su ministra Chacón, a cargo de un ministerio estrella (propio de la sociedad del espectáculo en el que estamos inmersos), nos ha vendido la idea de que con una ayuda de 210 euros para jóvenes (que han de tener entre 22 y 30 años, que han de cobrar menos de 22.000 euros y unas cuantas trabas mas) conseguirán paliar en alguna medida su precaria situación vital. Renta básica de Emancipación se atreven a llamarla. A simple vista toda ayuda es bienvenida. Pero parémonos un poquito, que según mi abuela las prisas no son buenas consejeras.
Pongamos un ejemplo. Desde que un amigo –llamémosle Juan Nadie- supo que 22.000 euros era el límite de ingresos, y dado que él cobra anualmente 23.200, anda pensando pedir a su Jefe que le degrade de Oficial de Primera a Auxiliar, que aunque le paguen 1.200 euros menos anuales, conseguirá recuperar esa cantidad mas otros 1320 con las ayuditas de marras. Me parece que su jefe estará encantado con la idea.
¿Pero realmente esa supuesta ayuda será tal para mi amigo Juan Nadie o cualquier otro joven?. Supongamos que Juan Nadie tiene 22 años y accede a esta ayuda. Tendrá ocho años por delante para “disfrutar” de ella. Pero resulta que como se emancipó con 18 años (esto suena a ciencia ficción) le toca renovar su contrato de arrendamiento el año que viene y qué creéis que hará su casero –José Especulador- que lee la prensa y oye la radio por lo que sabe que Juan Nadie (y todos los Juan Nadie disponibles) ingresarán 210 euros extras por pagar su alquiler… Eeeeefectivamente, actualizarle la renta con una subida que se llevará esos 210 o gran parte de ellos (o muchos mas). Es decir, que la ayuda no irá a los bolsillos de Juan Nadie, sino directamente a su humilde casero, que se gana la vida con el sudor de su frente (de la frente de Juan Nadie, se entiende).
Juan Nadie pensó en alquilar un piso entre cuatro amigos que cumpliesen los requisitos de la ayuda, ya que así alcanzarían los 800 euros, precio usual de la vivienda de alquiler en Madrid (en muchos casos de un par de habitaciones). Pero grande ha sido su decepción cuando le han avisado que la ayuda no es por peticionario, sino por piso (por cada piso de Juan Especulador), así que si Juan comparte con otros tres, a cada uno le tocará una ayudón 52’5 euros mensuales.
Andaba yo con estas cuitas cuando me topé con esta noticia: http://www.publico.es/033535/200000/interesados.
Mi tendencia a la obsesividad y mi preocupación por mi compañero de cervezas Juan Nadie me llevaron a otra reflexión. Si los de este periódico no son unos mentirosos manipuladores, no sería de extrañar que si en 48 horas se han interesado por estas ayudas alrededor de 200.000 jóvenes, en los próximos días esta cantidad podría duplicarse. Supongamos que, finalmente, tengan acceso a esta ayuda 150.000 jóvenes (esto habrá que comprobarlo en los próximos meses para ver si mis conjeturas tienen sentido). Si esto es así, cada mes el Estado Español desembolsará en ayudas (que en última instancia se llevarán los José Especulador del reino) una cantidad cercana a los 31’5 millones de euros. Es decir, anualmente 378 millones de euros.
Como decimos en Canarias: “¡Chaaaacho, chaaacho, chaaacho!”.
Si esto fuese así, sinceramente creo que estamos tirando el dinero público y desaprovechando una oportunidad de dar una solución real al problema de la vivienda en todo el Estado, y no sólo la de los jóvenes entre 22 y 30 años. ¿Por qué?. Pensemos ahora en El Pocero, el pocero bueno, el de Fuenlabrada (no el de Seseña). Esa persona que ha impulsado cooperativas de vivienda en Madrid que han construido y entregado pisos en urbanización con piscina por menos de 600 euros el metro cuadrado. Repito, en Madrid (ver: http://www.publico.es/033535/200000/interesados o http://www.youtube.com/watch?v=w04UY3BWzRk).
Pues yas’tá, que diría mi abuela. Las cuentas salen claras. El primer año nos podemos dedicar a construir los famosos y polémicos minipisos (esos de 30 metros cuadrados). Con el presupuesto de 378 millones de euros, El Pocero Bueno puede construir aproximadamente 21.000 viviendas al año que podrían dedicarse al alquiler a muy bajo coste (¿qué tal 200 euros mensuales?... al año, el Estado recuperaría 8’5 millones de euros del dinero invertido –sobre estas 21.000 viviendas-).
Alguno dirá, pero es que sólo da solución a 21.000 de los jóvenes mientras que la ayuda es para 150.000 jóvenes. Efectivamente, pero este dato hay que tomarlo con la cautela pedida por mi abuela. El hecho de inyectar anualmente 21.000 viviendas públicas de alquiler tendrá un efecto directo e inmediato sobre el precio de mercado del alquiler –ajustándolo a la baja-, que se acentuará en los años siguientes… cabe preguntarse si realmente es esto lo que quieren los gobiernos que estamos sufriendo en este país (tendría que serlo, pues nuestra Constitución de 1978 les obliga a ello). Además, en aproximadamente 8 años habríamos usado ese dinero para empezar a tener un parque inmobiliario público de alquiler que se acercaría ligeramente a la media de los países europeos de nuestro entorno. Y no sólo con los micropisos, sino con viviendas mas amplias para parejas sin hijos, y parejas con hijos, y ancianos… que también lo estamos pasando jodido. Y aún así seguiríamos estando por debajo de la media de la Europa de referencia (Suecia, Francia, Alemania, etc).
Las ayudas que nos plantean suponen simplemente trasladar una importantísima cantidad de dinero público (según esta hipótesis podríamos hablar de casi 4.000 millones de euros en 10 años) a los bolsillos de los arrendadores, que en muchísimos casos son los mismos especuladores que han acaparado gran número de las viviendas construidas en el último decenio y, por tanto, responsables de la actual situación. Y pasados estos 10 años no nos quedará nada.
Pero no sé si este gobierno está con Juan Nadie o con José Especulador. Estaremos atentos.
lajaira@gmail.com
* Rebelión - Opinión - 05-01-2008
La fiscalía de Urbanismo ordena que se derriben las construcciones ilegales
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ELPAÍS* : Antonio Vercher, fiscal especial de Medio Ambiente y Urbanismo del Tribunal Supremo, trasladó ayer a los fiscales delegados de esa materia las conclusiones alcanzadas en unas jornadas celebradas en diciembre en Fuerteventura para que se apliquen. Entre ellas, figura que los fiscales de las secciones de Medio Ambiente y Urbanismo pidan la ejecución de las sentencias firmes que hayan declarado una obra ilegal.
En concreto, en el apartado dedicado a cuestiones relativas a los delitos sobre la ordenación del territorio y contra el patrimonio histórico consta: "Se insiste en la importancia de que se acuerde la demolición de la obra ilegal en el proceso penal para evitar sensaciones de impunidad y en la necesidad de una especial vigilancia por parte de los fiscales de Medio Ambiente y Urbanismo de las ejecutorias para la efectiva aplicación de dicha medida cuando así se haya establecido por sentencia".
Esas conclusiones incluyen "la conveniencia de la adopción de medidas cautelares en los casos de obras ilegales" y también de acciones preventivas ante una actuación que pueda significar un daño irreparable. "Como medida preventiva en el caso de acciones anunciadas que puedan suponer un daño irreparable a la ordenación del territorio o al patrimonio histórico, el fiscal considerará la posibilidad de intervenir en el proceso administrativo, de Responsabilidad Medioambiental o bien comunicar a quien pueda autorizar la acción que ocasionaría un daño, que se iniciarán acciones penales", se detalla en el documento.
El texto, que fija entre otras cosas un protocolo para que trimestralmente sean remitidas a Vercher las sentencias de las distintas Audiencias y calificaciones de cada fiscalía en estas materias, también se refiere a la relación con las Administraciones en materia de urbanismo y de medioambiente. Para evitar confusiones y aclarar posiciones, se detalla: "Se pone de manifiesto los conflictos existentes entre las Administraciones de diversas comunidades autónomas con los correspondientes cuerpos de Agentes Forestales, acordándose que dichas circunstancias no deben suponer obstáculo alguno para que por parte de la sección de Medio Ambiente se siga contando con los mismos en el desempeño de su función como policía judicial genérica".
Y, en otro punto, se precisa: "No se estima procedente la suscripción de protocolos de colaboración o convenios en materias que son propias de dichas Administraciones y relativas al ejercicio de sus funciones, dado que el incumplimiento de la obligación de colaborar con la Administración de justicia en general y con el ministerio fiscal en particular lleva aparejada la responsabilidad legal oportuna".
* ELPAIS.com - LYDIA GARRIDO - Valencia - 11/01/2008
Foto: Varias urbanizaciones con sentencia firme de derribo en Liencres (Cantabria)- SANTOS CIRILO, elpais.com
"España está a la cabeza del incumplimiento ambiental en Europa"
CONSUMER/Entrevista* : Luis Jiménez Herrero dirige el Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE), un organismo autónomo cuyo objetivo es analizar y estimular los procesos de desarrollo sostenible. En marcha desde 2005 gracias a un convenio entre el Ministerio de Medio Ambiente, la Fundación Biodiversidad y la Fundación General de la Universidad de Alcalá, donde tiene su sede, el OSE ha publicado diversos estudios. Del tercer informe sobre sostenibilidad en España, dado a conocer recientemente, Jiménez destaca que se han producido avances modestos en ciertas pautas, sobre todo en algunos aspectos económicos, pero en mucho menor grado en los aspectos ambientales, territoriales y sociales. "La bonanza de estos años ha permitido un crecimiento económico fuerte, pero emparejado a importantes impactos ambientales y sociales", asegura.
¿Se les está dando solución a los aspectos negativos que destaca el informe?
Se está en una línea acertada. Por ejemplo, hay un indicador clave, la intensidad energética (el consumo de energía por unidad de producto), que ha disminuido en los dos últimos años. Esto significa que somos capaces de mejorar el proceso productivo consumiendo menos energía. En contra tenemos que la distancia con los otros países europeos es también muy grande, porque son mucho más competitivos al producir más bienes y servicios con menos energía. Nos queda mucho camino por recorrer, aunque la tendencia es esperanzadora.
La construcción en España es una de las bestias negras del medio ambiente, pero también uno de los motores de la economía.
En los últimos años se ha construido de forma desproporcionada, no tanto para atender una demanda social sino como inversión alternativa. De las 800.000 viviendas que se han hecho en los últimos años en España, prácticamente la mitad han sido viviendas de residencia no habitual, especialmente en las costas, que ha sufrido un fenómeno de "litorización" en forma de construcción de rápido crecimiento. No obstante, en el último año hemos visto en el informe que este sector crece un poquito menos, y el sector industrial se recupera, lo que produce un cierto reequilibrio del sistema productivo.
¿Y qué se le puede decir al ciudadano que ha comprado una casa que está afectando al medio ambiente?
Si ha sido una compra ilegal, estamos hablando de cuestiones en las que interviene la Justicia. Otra cosa es que las personas tengan cierta conciencia de que su inversión, aunque sea legal, tiene un determinado impacto ambiental. En cualquier caso, todas las formas de consumo siempre tienen un impacto ambiental que dependen de nuestra racionalidad para que puedan ser más sostenibles. Si hubiera una mejor información y más transparente, los consumidores podríamos estar más concienciados, tomar decisiones más racionales y tener una participación más responsable.
El informe también señala que España destaca con respecto a otros países por el aumento de delitos y procedimientos abiertos por cuestiones ambientales. ¿Cuáles son los más graves?
Sobre todo en los ámbitos urbanístico y territorial, con esta expansión descontrolada del urbanismo en los últimos años, en muchos casos con síntomas de corrupción difusa. El 34% del primer kilómetro de las costas españolas está totalmente artificializado, y va llegando incluso hasta el décimo kilómetro. Aunque también hay otros incumplimientos de normativas ambientales, lo que nos hace estar a la cabeza del incumplimiento ambiental en la UE.
¿Qué retos son los más importantes para conseguir la sostenibilidad?
España tiene que tomar como referencia el marco europeo, donde ya se ha diseñado una estrategia de desarrollo sostenible, pero también hay que tener en cuenta las singularidades de nuestro país. Los retos principales son el cambio climático, la energía limpia, el transporte y el consumo sostenible, la salud, la gestión de los residuos, etc. En el caso español, el cambio climático y la energía son elementos aún más trascendentales. Por una parte, somos el país más vulnerable del continente europeo al cambio climático. Por otra parte, tenemos una dependencia energética de casi el 85%, consumimos muchos combustibles fósiles y emitimos por tanto muchos gases de efecto invernadero (GEI). Si la solución pasa, como parece, por las energías renovables, podremos disminuir las emisiones contaminantes y la vulnerabilidad energética. Asimismo, los aspectos territoriales, con la litorización de la que he hablado, o la presión turística, son aspectos más relevantes en España que en la UE.
Vistos los datos del informe, parece que los consumidores no están dispuestos a asumir pautas sostenibles en su vida cotidiana. ¿Por qué cree que es así?
En teoría mucha gente estaría dispuesta a pagar más por proteger el medio ambiente, incluso a pagar impuestos ambientales, pero en la realidad, cuando hay subidas de tasas de basura, tarifas de agua o canon de recogida de residuos, la predisposición no es tanta. Insisto, es un tema de información, formación y participación.
¿Cómo pueden elevarse esos niveles de participación?
Con el convenio de Aarhus, los ciudadanos tienen un mayor y mejor acceso en materia de medio ambiente y pueden participar activamente. En definitiva, la gestión del medio ambiente es una cuestión de corresponsabilidad de todos los actores sociales.
¿Qué les diría a quienes piensan que cambiar los hábitos de consumo de los españoles es muy complicado por no decir imposible?
Los cambios se logran cuando hay incentivos. En este caso, los incentivos pueden llegar de varias maneras. La participación, la información, la transparencia... pueden ayudar como ya he dicho. Pero también esos incentivos pasan por el mercado, por la necesidad de pagar por el medio ambiente. Los recursos naturales son finitos, escasos, y no son gratuitos; hay que pagar por ellos, sobre todo por el mal uso y el abuso. En consecuencia, los precios de los productos deberían reflejar la "verdad ecológica", internalizar los costes externos para una mejor gestión del medio ambiente. Tanto los mecanismos normativos como los de mercado hay que complementarlos para que trabajen a favor del medio ambiente y el desarrollo sostenible.
¿Por qué los precios no reflejan esa "verdad ecológica"?
Hay una cierta resistencia al cambio. No obstante, las empresas y los consumidores empiezan a apreciar que internalizar esos costes no es perjudicial. Las empresas más competitivas ahora y en el futuro son las más limpias y eficientes, ahorran agua y energía, lo que les ayuda por ejemplo a pagar menos por los seguros al tener menos riesgos ambientales. Los acuerdos voluntarios, como la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), también contribuyen a mejorar las empresas.
No obstante, parece que al final es el consumidor el que tiene que hacerse cargo de los gastos que supone cuidar del medio ambiente.
Es verdad que al final el consumidor siempre paga. Incluso cuando hay subvenciones para que las empresas contaminen menos, el consumidor como contribuyente tiene que hacerse cargo.
La calidad del aire urbano ha centrado otro de los informes del OSE. ¿Cuál es la situación del aire de nuestras ciudades?
No es muy favorable. El análisis de las 56 ciudades españolas de más de 100.000 habitantes muestra que una gran parte de la población se encuentra sometida a niveles de contaminación atmosférica por encima de los límites marcados por la UE. La calidad del aire afecta a la calidad de vida, a la salud, deriva una pérdida de bienestar y sostenibilidad urbana. Y es aun más preocupante en las grandes ciudades, donde la contaminación atmosférica es mayor, sobre todo por el tráfico rodado que incluye especialmente al coche privado, lo que supone un problema de modelo urbanístico y de movilidad. La contaminación de las ciudades ya no se produce en general por los focos industriales, como hace unos años, sino por el transporte basado en el coche privado.
¿Cree que la nueva ley de calidad del aire contribuirá a su mejora?
Sin duda. Hay una estrategia de calidad de aire a nivel europeo y español, y esta nueva ley se hace con un enfoque más integrador, para reducir no sólo los niveles de emisión de contaminantes, sino también para que las ciudades de más de 250.000 habitantes cuenten con planes de movilidad y planificación urbana.
El agua y la desertificación son también preocupantes en España. ¿Qué rasgos principales destacaría?
A España le afecta especialmente el "cambio global", formado por el cambio climático, la desertificación y la pérdida de diversidad biológica. En el caso del agua vamos a hacer un informe en 2008, y participaremos en la Expo de Zaragoza. Este estudio tiene un enfoque dirigido a la funcionalidad de los ecosistemas fluviales. Nos interesa mucho saber cómo funcionan las cuencas de los ríos, y rescatar la cultura del agua, un recurso cada vez más valioso y escaso en España, y agudizado por el cambio climático, lo que supondrá un mayor estrés hídrico.
¿Puede apuntar algunos datos de su próximo informe?
Antes del informe anual, que se publicará a últimos de 2008, haremos uno breve sobre sostenibilidad local teniendo en cuenta la dimensión urbana y rural. A veces hablamos de sostenibilidad en términos generales, pero hay que hacer una aproximación local. El mundo rural son unos 14 millones de personas y sus condiciones para un desarrollo sostenible son diferentes. Por ello, hay que tenerlas muy presentes a la hora de diseñar una estrategia nacional de desarrollo sostenible, y tratar de establecer un nuevo diálogo entre campo y ciudad. En cuanto al informe anual, lo haremos comparando los países europeos, para hacer un seguimiento de los principales indicadores y ver si las estrategias europeas y españolas de desarrollo sostenible están dando sus frutos.
* Consumer - Alex Fernández Muerza - 6 de enero de 2008
Guateque: Un tendero al que exigieron 72.000 euros destapó la 'trama de los conseguidores'
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ELPAÍS/Madrid* : El dueño de una tienda de animales de la zona de El Rastro fue quien destapó con su denuncia la trama de los conseguidores de licencias, según el sumario de la Operación Guateque. Juan Luis A. G. recibió una notificación del Ayuntamiento de Madrid para que clausurase su local y seguidamente, según su confesión, contactó con él alguien que, falsamente, se identificó como gerente de Urbanismo de Madrid. Éste le ofreció solucionar todos sus problemas con la licencia a cambio de 72.000 euros. Su denuncia activó la segunda fase de la Operación Guateque.
La primera ya había cosechado 17 detenidos y nueve encarcelamientos, la mayoría funcionarios del Ayuntamiento; entre éstos, como supuestos cabecillas, el funcionario de la sección de Medio Ambiente Victoriano Ceballos.
El 30 de julio pasado, bajo autorización del juez Santiago Torres, la Guardia Civil pinchó teléfonos tanto de funcionarios municipales de Madrid y de particulares y descubrió la llamada trama de los conseguidores. Se trata de funcionarios y particulares que, según el sumario, "se están lucrando indebidamente, con el consiguiente perjuicio para la ciudadanía y para la imagen de la Administración". Los investigadores detectan al menos 21 expedientes de licencias sobre locales públicos plagados de "irregularidades".
En su informe, los agentes muestran su "certeza de que la acción de la justicia tiene muy complicado demostrar esas irregularidades" y por eso piden al juez que autorice los pinchazos telefónicos. Los agentes fijaron su lupa sobre Carmelo García Sánchez, ex funcionario jubilado del Ayuntamiento de Madrid (quien ya fue absuelto en 2004 de un delito de tráfico de influencias), y Santiago Castillo, directivo de la firma de arquitectura AC 93, dedicada a tramitar proyectos de licencias. Señala la Guardia Civil en su informe: "Los denunciados Carmelo García y Santiago Castillo forman un equipo en el que actúan de intermediarios entre empresarios y el funcionario [municipal] encargado de la gestión administrativa [de las licencias]". No especifica quién de ellos, aunque sólo en esta segunda fase de la trama hay al menos implicados siete funcionarios de la Gerencia de Urbanismo y de la Junta Municipal de Centro, cuatro de ellos en la cárcel. García y Castillo, según el sumario, se dedican "a la captación de posibles clientes con la necesidad de iniciar negocios en locales comerciales de la capital". Es decir, hablan con ellos y les ofrecen, a cambio de dinero, "acortar notablemente los tiempos en la tramitación de los expedientes, garantizándoles [en unos casos] que obtendrán la licencia y [en otros] la posibilidad de lograr dictámenes favorables a que puedan estar abiertos y legalizados locales que no cumplen los requisitos y que han sido denunciados por los vecinos".
Los 21 expedientes en los que los investigadores han hallado irregularidades están repartidos por distintos barrios de Madrid. Los implicados en la trama de los conseguidores son los particulares Carmelo García y Santiago Castillo (ambos presos) y la empleada del mismo Beatriz Martínez. El papel de Carmelo García dentro de la trama es "realizar el trabajo de campo, tener trato directo con los clientes". Castillo, en nombre del citado estudio de arquitectura, tiene un amplio abanico de funcionarios con los que contacta para garantizar que los empresarios, tras pagar, consiguen su licencia o que la policía local no les cierre el negocio. En el sumario hay una conversación telefónica entre Carmelo García y el funcionario municipal, actualmente preso, Fernando Ruiz. El primero ofrece al segundo "cuatro o 5 millones" por una licencia de ampliación para la clínica Ruber.
* ELPAIS.com - JOSÉ A. HERNÁNDEZ / JESÚS SÉRVULO GONZÁLEZ - Madrid - 10/01/2008
Foto: Madrid, investigación trama urbanística - C.Álvarez (El País)
Ávila: Ya hay calendario para la declaración de los imputados por la Ciudad del Golf
ÁVILADIGITAL* : Las declaraciones por el escándalo urbanístico de la Ciudad del Golf en Las Navas del Marqués se retomarán el martes con la comparecencia de quince nuevos imputados. Entre ellos están el jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, Juan Manuel Pardo; el director general de Medio Natural, José Ángel Arranz; y Francisco Gómez Henández ‘El Paloma’, el representante de Residencial Aguas Nuevas, la empresa promotora que compró los terrenos a la Sociedad Montes de Las Navas para construir la Ciudad del Golf, que ha pedido declarar en Ávila y cuya comparecencia aún no está fijada.
Todos ellos fueron propuestos por los ecologistas y la Fiscalía por su presunta implicación en la recalificación de un Área Crítica para la cigüeña negra en una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de Interés Comunitario (LIC), y por la tala de cientos de pinos que se inició tras conocer una sentencia del Tribunal Superior de Justicia en la que se anulaba la clasificación de los terrenos como suelo urbano.
Ante el juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ávila, Miguel Ángel Pérez Moreno, se sentarán el 15 de enero, a las 10,30 horas, el jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, Juan Manuel Pardo Hontoria; Arturo Menduiña, arquitecto; y Sabas Yagüe, técnico de la Junta que ya declaró en el mes de abril como testigo.
Y el miércoles 16 de enero prestarán declaración, a partir de las diez de la mañana, tres de los imputados que votaron a favor de la recalificación en la Comisión Territorial de Urbanismo. Se trata del entonces jefe del Servicio Territorial de Cultura, José Cubillo Velasco; Tertulino Fernández González, como representante de la Administración del Estado; y José Crespo, del área de Fomento de la Junta de Castilla y León.
Por su parte, Miguel Ángel Jiménez Herrero, representante de la Cámara de Comercio e Industria de Ávila; Juan Antonio Chamorro Sánchez e Ignacio Rodríguez, vocales de libre designación; y José Antonio Pérez Suárez, que entonces era diputado provincial por el PP, declararán el 21 de enero a las diez de la mañana.
Y en el Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid comparecerán, el 23 de enero, a las 10,30 horas, Noelia Díez y Yolanda Lorenzo, y el día 24, a las 9,30 horas, el director general de Medio Natural, José Ángel Arranz; y José Ignacio Molina, otro de los técnicos de la Junta que ya prestó declaración como testigo en abril.
Dos testigos más
En cuanto a los testigos, el viceconsejero de Desarrollo Sostenible, José Manuel Jiménez Blázquez, que entonces era secretario general de la Consejería de Medio Ambiente, tendrá que presentarse en el Juzgado número 5 de Valladolid el día 6 de febrero a las 9,30 horas junto con María Gavilán Pimentel.
Su comparecencia estaba prevista inicialmente para los días 26 y 27 de noviembre, y se unirá a las del alcalde de Las Navas, Gerardo Pérez; el secretario, Carlos de la Vega; el ex director de Medio Natural, Mariano Torre; y el ex delegado de la Junta, Félix San Segundo.
* Ávila Digital - María Cuenca - 10 DE Enero 2008
Foto: Navas del Marqués, tala Ciudad Golf - aviladigital.com
Ni Seseña ni Benidorm
CARLOS HERNÁNDEZ PEZZI* : El dilema entre crecimiento y crisis es recurrente. En la ciudad suele corresponderse con épocas de desorientación teórica e ideológica, que buscan acuerdos para superar las contradicciones. Estamos en una crisis, o lo que se podría llamar una acelerada desaceleración económica del sector de la construcción, tras una larga fase de desorbitado crecimiento que, a su vez, preludiaba un estancamiento inmobiliario. Desde el segundo semestre de 2006 es difícil que veamos un repunte al alza, al menos hasta bien acabado el segundo semestre de 2008.
La situación de alarma es tan inusitada como la fuerte reacción de prudencia de los compradores ante la información asimétrica que recibieron antes -como potenciales consumidores- y después, durante la previsible crisis de demanda frente a una oferta saturada en segmentos concretos. Se trata de un efecto de la subida de los tipos de interés y de las incertidumbres económicas provocadas por la marcha de la economía norteamericana y del mercado hipotecario en general. Esa incierta evolución, entre otras razones estructurales de mayor peso, abre un debate sobre la sostenibilidad general del sector de la construcción en nuestro país y su influencia en el PIB, en el que la edificación residencial ha llegado a alcanzar cuotas de casi el 16%, con un número de unidades de vivienda producida que no habíamos conocido nunca.
Ese debate coincide también con dos factores muy entrelazados: por un lado, la nueva percepción del cambio climático como una realidad inapelable desde el punto de vista científico y, por otro lado, con la relación directa que tiene la construcción y la vida de la ciudad, precisamente con el aumento o la disminución de ese cambio. Estas circunstancias se suman al persistente debate acerca de las torres en la ciudad y la pugna entre lo que se ha dado en llamar ciudad densa o -en otro sentido- compacta, frente a la despilfarradora ciudad difusa, basada en la cultura del despilfarro y del predominio irresponsable del automóvil y la movilidad insostenible.
En un país de tan grande y profundo crecimiento económico y edificatorio, las torres arquitectónicas de media y alta envergadura se proponen como una solución responsable para conseguir la densidad suficiente para equilibrar los costes ambientales y las cargas del metabolismo urbano en materia de energía y recursos, porque la experiencia del sprawl, producido por los suburbios alimentados por urbanizaciones de baja densidad y viviendas adosadas constituye una tara inaceptable para una ciudad equilibrada. El crecimiento metropolitano de estos años ha sido tan intenso que lasconurbaciones surgidas a su calor han producido todo tipo de desastres en baja y media densidad -unifamiliar y plurifamiliar-, tanto en la costa como en los desarrollos de ciudades del centro de la Península.
En todas las ciudades se solicitan, proyectan y promueven rascacielos más o menos altos y, en algunos casos, simplificando al extremo, se propone la ciudad turística de Benidorm como una alternativa sostenible o, al menos, como un mal menor, frente al caos conglomerado por el desarrollo espasmódico de las ciudades españolas. La simplificación proviene tanto de estudiar la construcción en altura como un caso singular y aislado, como de eludir los contextos en que se produce o debería producirse. Medidas como la limitación de plantas en algún territorio como Madrid aumentan el desconcierto, alimentado por la sensación de que las torres de firma resuelven el crecimiento deslavazado de las periferias, o mejoran a priori la vida en los centros.
Sin embargo, reducir el problema de la densidad al de la construcción singular en altura es doblemente engañoso. Al menos, lo parece tanto como sería, de forma sarcástica, considerar las 13.000 viviendas nacidas en el municipio de Seseña -al albur de decisiones administrativas sin amparo ambiental ni ordenación territorial digna de nuestro tiempo- como un ejemplo de construcción compacta y en altura, al menos mayor de la habitual. Semejante razonamiento serviría para argumentar que tales alternativas constituyen una solución al problema de la densidad de la ciudad compacta que un crecimiento sostenible delimita y requiere. Al margen de la ocultación de que tales experimentos, Seseña y Benidorm -como ejemplos relevantes de impostación de la densidad y la altura-, lo son de islas en el territorio, la exacerbación de estos modelos u otros parecidos quiebra un principio de información racional. Este principio exigiría informar a la ciudadanía acerca del hecho de que el territorio así construido ni constituye ciudad (aunque cuente con los equipamientos legales) ni favorece la soberanía de los ciudadanos sobre el espacio colectivo, y menos aún sobre el espacio público (aunque responda a un plan).
Con frecuencia creemos que ser ciudadano es ser peatón o habitante, consumidor... o turista. Sin embargo, la condición de ciudadanos la otorgan realmente otros atributos que están en el Gobierno, la decisión, el uso y el disfrute de la ciudad, plenos e iguales para todos. La doble simplificación consiste asimismo en hacer creer que no hay modelos de ciudad densa, sostenible y compacta que rebajen las cargas ambientales y contribuyan al confort urbano: y eso aunque estas ciudades existan y se desarrollen en las alturas convenientes, con los espacios libres necesarios (y no sólo reglamentarios), con los sistemas de usos y transportes adecuados (y no sólo suficientes o discriminatorios para edades, sexos o minorías), con los aportes de mezclas de usos, de accesos y de transferencia social responsables (y no sólo con las suficientes reservas de vivienda pública). Y, sobre todo, con la calidad de vida, el intercambio de flujos económicos y la dignidad estética y arquitectónica que tienen o intentan tener muchas ciudades españolas.
Vitoria, Santiago, Córdoba, Pamplona, Sevilla, Gijón, Girona o León..., por citar sólo unos pocos ejemplos a los que habría que añadir Sarigurren o Valdespartera (como nuevos barrios eficientes), van por ese camino. Las ciudades españolas luchan por la calidad de vida y contra el cambio climático, desde la nueva visión del transporte público, mediante la densificación ordenada del territorio para la residencia en relación con otros usos y desde la implicación de la ciudadanía que las dirige y regula. No desde la promoción de islas temáticas y desarrollos sin contexto urbano, en el que la carga ambiental se multiplica.
Simplificar o amplificar, siquiera irónicamente, los dudosos modelos de Benidorm y Seseña que -en mi opinión profesional- pertenecen claramente a un pasado obsoleto o propugnar, sin límites claros, la construcción de islas en altura es exagerado. En ese aspecto, las boutades de algunas afirmaciones poco matizadas vuelven a esconder la tentación dogmática de los arquitectos hacia la ciudad, sujeta a movimientos pendulares y cíclicos. Tales actitudes desmesuradas crecen o entran en crisis a la par que los discursos teóricos y económicos sobre la ciudad. A veces se olvida que los profesionales del urbanismo y la arquitectura podemos caer en involuciones gremiales o endogámicas extemporáneas. Especialmente, si llevamos a la opinión pública presunciones -más allá del bien y del mal- que medien acerca de proyectos o teorías exentos de responsabilidad social (o ambiental); lo que a todas luces, además de falso, es inaceptable en una democracia madura.
* Carlos Hernández Pezzi es arquitecto y presidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE).
* ELPAIS.com - Opinión - 09/01/2008
