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ELPAÍS/Galicia* : Hasta 31 municipios gallegos, en su mayor parte de reducidas dimensiones, han manifestado su interés en delegar en la Xunta competencias de vigilancia, inspección y sanción urbanística que no están en condiciones de ejercer eficazmente frente a los promotores inmobiliarios. El organismo encargado de asumir estas funciones será la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), cuyos estatutos fueron aprobados ayer por el Consello de la Xunta.
La agencia en cuestión, que se constituirá en los próximos días, ha sido diseñada de común acuerdo con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) con el objetivo de "garantizar la función social del suelo" y se ocupará de vigilar e inspeccionar el territorio, así como de proteger el litoral.
El combate de la ilegalidad, la prevención y la persecución de las infracciones en materia de urbanismo y de costas (especialmente aquellas que se puedan cometer en zonas consideradas sensibles) también figuran en la relación de materias de las que deberá ocuparse la nueva agencia.
De la agencia formarán parte todos los municipios que voluntariamente decidan adherirse a ella en los términos y condiciones establecidos. La vinculación se regulará mediante un convenio e incluirá, necesariamente, la atribución a la agencia de las competencias de inspección, supervisión, sanción y restablecimiento de la legalidad que correspondan al municipio.
Al frente del organismo estará un director (nombrado por el Consello de la Xunta por un período de cuatro años) y un consejo ejecutivo. Este último, como órgano de control de la agencia, estará formado por el director general de Urbanismo y ocho miembros (cuatro en representación de la Xunta y otros cuatro nombrados por los municipios). El personal de la agencia estará integrado por funcionarios públicos de la comunidades autónoma y de la administración local.
La Axencia da Legalidade Urbanística forma parte del conjunto de medidas en las que el Gobierno gallego ha depositado su confianza para "ordenar el territorio y frenar su degradación", entre las que destaca la Lei de Medidas Urxentes en Materia de Ordenación do Territorio e do Litoral de Galicia. Esta normativa suspendió cautelar y transitoriamente todos los nuevos desarrollos urbanísticos en la franja de los 500 metros del litoral para determinados tipos de calificación de suelos (se excluye el suelo urbano consolidado dentro de esa franja).
La ley afecta al 13% de la superficie urbanizable de los municipios costeros (unas 3.000 hectáreas), lo que representa el 1% de la superficie urbanizable de las cuatro provincias gallegas.
El Gobierno trabaja también en la preparación del Instituto de Estudios do Territorio, la entidad que se ocupará de prestar asistencia a los ayuntamientos para la elaboración, gestión, adecuación y ejecución de su planeamiento, así como realzar trabajos de investigación y difusión.
Al mismo tiempo, está en preparación el Plan de Ordenación do Litoral de Galicia, que establecerán los principios y normas urbanísticas de la costa a partir de criterios de desarrollo sostenible.
Como complemento de estas actuaciones, el Gobierno también ha habilitado ayudas anuales para subvencionar la adaptación de los planeamientos municipales a la normativa urbanística vigente que van del 100% al 80% de los gastos totales.
* ELPAIS.com - F. VARELA - Santiago - 01/11/2007
Foto: Santiago, pazo Raxoi, sede Xunta y Ayuntamiento - Vasco Roxo (wikipedia.org)
31 municipios quieren dar a la Xunta sus funciones de control urbanístico
"No creo que la M-30 solucione la movilidad"
ELPAÍS/Madrid* : Hace 30 años, los habitantes de Curitiba (Brasil) se acostaron un viernes y se levantaron un lunes con el centro de la ciudad cerrado al tráfico. Lerner era el alcalde. Comenzaba así una revolución en busca de la ciudad sostenible. Le llaman el Al Gore del urbanismo. Jaime Lerner (Curitiba, Brasil, 1937) fue durante 11 años alcalde de Curitiba y llevó a cabo una revolución sin precedentes en una ciudad suramericana. Inventó un sistema de autobuses más eficaz que el metro y peatonalizó el centro de la ciudad en 72 horas. "Innovar, es empezar", resume.
Arquitecto, urbanista y político, es hoy una referencia en la concepción de ciudades sostenibles. De 2002 a 2005 fue presidente de la Unión Internacional de Arquitectos. Ahora se dedica a la acupuntura urbana: intervenciones puntuales en ciudades de todo el mundo que modifican el desarrollo de su trama urbana. En Madrid, dice, todavía no le han pedido que clave sus agujas, pero estuvo de visita, la semana pasada, para dar una conferencia en La Casa Encendida.
Pregunta. ¿Por qué "la ciudad no es el problema, sino la solución"?
Respuesta. Hay una visión muy pesimista de las ciudades. La mayoría piensa que las de más de cinco millones de habitantes o que no tienen recursos no tienen solución. Y cuando se proyecta la tragedia, se encuentra. Este siglo será el de las ciudades. En ellas están todas las respuestas a la solidaridad: vivienda, salud, atención a los niños, la movilidad...
P. ¿Qué es la calidad de vida en una ciudad?
R. La ciudad debe mezclar las funciones y a los habitantes. Hay que mezclar renta, edades, religiones... Cuanto más heterogénea, más humana. La calidad de vida tiene que ver con eso.
P. ¿Considera que Madrid es una ciudad moderna?
R. ¿Moderna? Eso no quiere decir mucho. Si eso significa expandir la ciudad, eso no es bueno. Si significa ocupar mejor el centro histórico, entonces moderna es bueno. Hay gente que quiere vivir en la ciudad fuera de la ciudad. Se debe evitar que la vivienda esté lejos del trabajo, eso desperdicia la energía de los ciudadanos. Madrid puede mejorar la movilidad.
P. Madrid acaba de estrenar una megaobra de soterramiento de una vía de circunvalación. ¿Cree que es una solución a la movilidad?
R. No creo. Las grandes obras viales, autopistas o túneles son la manera más rápida de cambiar un punto de congestión por otro. En Toronto, por ejemplo, tienen una vía de circunvalación fantástica. Rapidísima. Pero para salir de ella tardas dos horas. En cualquier caso, estas infraestructuras se tienen que hacer para salir de la ciudad y no para entrar.
P. ¿Y los coches?
R. El coche es como la suegra: hay que tener buenas relaciones con ella, pero no podemos dejar que mande en nuestras vidas. En otras palabras, si la única mujer de tu vida es tu suegra, tienes un problema. París encontró una solución: además del metro, supo promocionar la bicicleta. Cada 300 metros hay un punto de bicis. Eso es fundamental. Tiene que haber de todo en una ciudad: metro, bus, taxi, bici... La única condición es que jamás compitan por el mismo espacio.
P. Usted peatonalizó una gran avenida en 72 horas. Es partidario del efecto sorpresa en estas obras. ¿Por qué?
R. Tres razones. Evitar la propia burocracia. Luego, una vez tomada la decisión política, hay que ejecutarla rápido. Y tercero, sirve para evitar nuestra propia inseguridad. A veces hay ideas muy buenas y les damos tantas vueltas que no las llevamos a cabo. Innovar es empezar.
P. ¿Es partidario de que se asuman grandes deudas para las infraestructuras?
R. Si quieres creatividad, quita un cero o dos al presupuesto.
P. En Madrid se ha hecho una gran apuesta por el metro. ¿Vale la pena potenciar el autobús como lo hizo usted en Curitiba?
R. Hay que metronizar al bus. No se puede esperar tantos años a que se construya una línea de metro. Hay que operar en la superficie. En Nueva York han estado discutiendo la línea de Second Avenue desde hace 50 años. La van a empezar ahora y tardarán 20 años. 70 años para construir una línea que costará 4.000 millones de dólares y que no transportará más pasajeros que el bus que pasa por mi casa.
P. Eso en Curitiba.
R. Sí. Es un bus en el que pagas antes de entrar. Opera como un metro. Pasan cada 30 segundos. Embarcas en el nivel del bus. Eso es calidad de vida.
P. Ese modelo necesita una ciudad con avenidas. No funcionaría en un casco antiguo como el de Madrid.
R. No hay necesidad de cruzarlo. Es como el mago que atraviesa con espadas la caja con la mujer dentro. El centro es la mujer. Y la magia es sólo que las espadas pasan tangencialmente y no la pinchan.
P. El turismo se ha convertido en un arma de doble filo para las grandes ciudades.
R. Sí. Sólo es bueno si lo es para los habitantes de la ciudad. Y un parque temático es lo peor que les puede pasar. Más vale la gracia de la imperfección que la perfección sin gracia. Las divisiones temáticas desintegran la ciudad. El mejor ejemplo de calidad de vida es la tortuga: tiene vivienda y trabajo juntos. No se puede dividir una ciudad en apartados de vivienda, ocio, trabajo...
P. ¿Barcelona es un mal ejemplo de ciudad turística?
R. Corre el riesgo de sobrepasar el límite. Es como una mujer demasiado maquillada sin necesidad. El Ensanche o el Palau de la Música son de las mejores cosas del mundo. Pero luego va y llega el Fórum... [pone cara de asco]. Estar a la moda no significa ser contemporáneo.
P. ¿Y qué le parece la moda de los arquitectos estrella y el efecto Guggenheim?
R. Estamos orgullosos de nuestras estrellas, pero lo que necesitamos es una constelación de arquitectos preocupados por sus ciudades. Se puede hacer buena arquitectura pensando en la gente, y no sólo en el propio ego. Se hacen demasiados museos. Y el mejor es la ciudad.
P. Usted aboga por la intervención puntual, la acupuntura urbana.
R. El planeamiento de una ciudad lleva tiempo. Pero a veces una acción puntual, un pinchazo, puede crear una nueva energía y ayudar a ese proceso. Es una contribución. Y no tiene que ser muy caro. La de Bilbao fue la gran acupuntura, pero hay otras, como la pirámide del Louvre, que solucionó un problema histórico.
P. Hay una ley en Madrid que prohíbe hacer edificios de más de cuatro pisos. ¿Qué le parece?
R. La ciudad no puede tener miedo a la densidad. No se puede ser tan radical.
P. ¿Cómo se recupera el centro de la ciudad?
R. Lo más importante es traer vida. Eso es vivienda, jóvenes y universidades. Que vuelvan al centro. Los grandes complejos universitarios han retirado a los jóvenes de la sociedad.
P. ¿Qué modelo de ciudad europea representa los valores que usted defiende?
R. Las ciudades europeas son heterogéneas. No ocurre en los países en desarrollo o en EE UU, donde cada vez se necesita más el coche y la ciudad está dividida en sectores temáticos.
* ELPAIS.com - DANIEL VERDÚ - Madrid - 29/10/2007
Foto: Madrid, atasco M30 - abc.es
Denuncian las obras de una urbanización "ilegal" en el Parque de Grazalema
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LAVOZ/Cádiz* : Ecologistas en Acción han denunciado hoy las obras que se están llevando a cabo en la urbanización "ilegal" de Tavizna, en Benaocaz, dentro del Parque Natural Sierra de Grazalema, donde se están hormigonando algunas de sus calles, al parecer promovidas por el propio Ayuntamiento. Según ha explicado la organización conservacionista en nota de prensa, Tavizna es una urbanización "ilegal" que incluye más de un centenar de chalets y que ha ocasionado un "alto" impacto ambiental y paisajístico en una zona de huertas tradicionales en la vega de uno de los ríos mejor conservados del parque: el río Tavizna.
Además, han destacado que la propietaria de una de estas viviendas ilegales es la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento gaditano, María Luisa Sánchez Toro.
Los ecologistas han recordado los numerosas ocasiones en las que el Ayuntamiento de Benaocaz ha intentado legalizar estas viviendas, a lo que se ha opuesto siempre Ecologistas en Acción, por entender "que sería un premio para los infractores a la Ley y tendría un efecto llamada para que otros iniciaran la constricción de viviendas ilegales en este espacio protegido con el convencimiento de que no sólo no los sancionarían, sino que los terminarían por legalizar".
Ecologistas en Acción ha denunciado estas obras ilegales al director del Parque Natural, y espera que la actuación de la Consejería de Medio Ambiente no se limite a abrir un expediente que culmine con una leve sanción económica, "como vienen siendo habitual", sino que se exija el levantamiento de todo los tramos hormigonados, "pues de lo contrario se estará fomentando la política de hechos consumado y la promoción de nuevas ilegalidades urbanísticas".
* La Voz Digital - 31.10.07
Foto: Benaocaz (Cádiz) - guiadecadiz.com
El presidente de los arquitectos apuesta por demoler las viviendas ilegales de la costa
LEVANTE-EMV* : El presidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, Carlos Hernández Pezzi, mostró ayer en Castelló su apoyo al plan que prepara el Gobierno socialista para sanear la costa y derribar aquellas construcciones ilegales situadas en primera línea de playa. Se calcula que decenas de casas y chalés se hallan al margen de la ley en la costa castellonense.
El máximo responsable de los arquitectos españoles calificó de «positiva» para el medio ambiente la medida que pretende relanzar el ejecutivo de Zapatero.
Hernández visitó Castelló para mantener una asamblea informativa con los colegiados ante la entrada en vigor de las nuevas normativas sobre seguridad, acústica y energía, que exigirán un nuevo esfuerzo de adaptación a los despachos profesionales. «En la costa se ha construido demasiado, los arquitectos defendemos un crecimiento sostenible en el litoral», dijo.
Partidario de la demolición con todas las garantías judiciales, el presidente de los colegios españoles avaló las medidas del ejecutivo socialista para «devolver la ley a las costas». «Hay algunas construcciones flagrantes, incontestables, para las que no queda otro recurso. Lo de Algarrobico no concibo que no se derribe, cueste lo que cueste, aunque haya habido permisividad o tolerancia de las autoridades», añadió.
Explicó que el plan de saneamiento provocará que «muchos» pierdan la sensación de impunidad de los últimos años, que en su opinión ha generado una confianza en algunos ámbitos políticos de que se podía «hacer lo que no se debía hacer». En esta línea, se refirió a los famosos maletines de Marbella: «Todos lo sabíamos y estábamos impotentes; el Colegio de Arquitectos lo sabía y era considerado un apestado por denunciarlo». Hernández incidió en que la corrupción urbanística ha provocado que «muchos profesionales se vieran postergados porque no pasaban por el aro. Todo lo que no sea legal nos parece tercermundista».
Recordó que los colegios de arquitectos han impulsado congresos para revisar los criterios sobre urbanismo, que han suscrito el manifiesto para una nueva cultura urbanística en el litoral y que en la mesa del consejo existe una «sensibilidad muy clara para defender los recursos del litoral». Y añadió: «Hay que inducir a la gente a que vea que los recursos naturales son muy importantes. En el litoral se juegan las bazas más importantes respecto al cambio climático».
* Levante-EMV - J. Antequera, Castelló - 01 de noviembre de 2007
Foto: Derribo bloques - elconfidencial.com
Cullera reclasifica 10 millones de metros junto al 'Manhattan'
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ELPAÍS/Valencia* : El Ayuntamiento de Cullera desbloqueó el pasado martes dos proyectos urbanísticos situados junto a la desembocadura del río Júcar que supondrán en la práctica la reclasificación de 10 millones de metros cuadrados de suelo no urbanizable y la construcción de cerca de 15.000 viviendas. Estos planes se suman al de la Bega -más conocido como el Manhattan de Cullera-, donde están previstas 5.000 viviendas más, 1.100 protegidas, distribuidas en 33 torres de hasta 25 alturas.
El Consistorio cullerense sacó anteayer adelante con los votos favorables del PP, partido en el gobierno, la abstención del PSPV-PSOE y la oposición del APC (Alternativa Progressista de Cullera) el documento de concierto previo a la revisión del Plan General de Ordenación Urbana. A los dos grandes PAI citados se añaden otros dos sectores urbanizables de tamaño menor. El documento se enviará ahora a la Consejería de Medio Ambiente para que dé, si procede, su visto bueno.
El PAI del Marenyet plantea la reclasificación de 5,5 millones de metros cuadrados, la edificación de 9.000 viviendas y un puerto deportivo con 1.100 amarres. La unión de empresas Rover Alcisa y Lubasa -a través de la sociedad Cullera Playa y Golf- se adjudicó a finales de 2005 la urbanización del PAI. La urbanización del PAI del Brosquil, previsto sobre 4,5 millones de metros y con 4.000 nuevas casas, fue a parar a la sociedad del ex presidente del Valencia CF Francisco Roig. El Grupo Roig buscó, tras convertirse en agente urbanizador, un socio y encontró a Llanera, compañía intervenida ahora judicialmente tras declararse en suspensión de pagos. Los interventores todavía no han aclarado qué proyectos de Llanera saldrán adelante. Otras sociedades (Bancaja, Blauverd y Sedesa) cuentan con terrenos en este proyecto, así como decenas de pequeños propietarios.
Ambos planes han tropezado desde que se hicieron públicos una notable oposición vecinal. El Gobierno, a través de la subdelegación de Valencia, está en contra de estos proyectos por la falta de informes de la Confederación Hidrográfica del Júcar y por el riesgo de inundación.
Pere Manuel, concejal de APC, siempre ha manifestado la necesidad de "consensuar la elaboración de ambos proyectos". Manuel advierte además de que el Patricova, plan de la Generalitat, declara todos estos terrenos inundables. "Y entre otros detalles que no podemos olvidar", agrega el edil de APC, "está el que la Confederación Hidrográfica del Júcar no se ha pronunciado sobre si hay agua suficiente". Según el edil, ambos proyectos "podrían estar cogidos con alfileres, pendientes de decisiones de administraciones superiores y posibles contenciosos". El pasado martes votó en contra.
Joan Grau, portavoz del Grupo Socialista municipal, abogó por un plan "más sostenible y salvaguardando los intereses de los pequeños propietarios; el tiempo dará o quitará la razón a unos u otros". Grau dijo que su grupo se abstuvo en respuesta al amplio apoyo electoral que recibió el PP de Cullera, abanderado de estos proyectos urbanísticos, en los comicios municipales celebrados en mayo.
De entre los pequeños propietarios afectados por ambos PAI, los hay que esperan vender a buen precio y los que se oponen o los que confían en que el plan no se ejecute. De momento, la crisis por la que atraviesa la construcción ha parado las operaciones de compra de terrenos.
PP y PSPV rechazan una moratoria
Unos por "radical", otros por "drástica". Los diputados del PP y del PSPV estuvieron de acuerdo ayer al rechazar la moratoria urbanística que planteó ante la comisión de Medio Ambiente el diputado de Compromís Lluís Torró. La iniciativa solicitaba detener la tramitación y ejecución de cualquier proyecto urbanístico que afecte a la franja costera y hasta un kilómetro hacia el interior hasta que se hayan aclarado las leyes que rigen el desarrollo urbanístico en territorio valenciano. Torró apuntó que mientras la ley urbanística y la ley de ordenación del territorio se adaptan y readaptan a las directivas comunitarias y a la nueva ley estatal del suelo, se desarrollan "proyectos extremadamente agresivos" sobre un medio ambiente que ya sufre "daños irreparables y gravísimos" por la "desmesurada" urbanización que han sufrido en los últimos años.
Francesc Signes, del PSPV, asumió la "anarquía total" que revela la urbanización de la costa; que "una grave inseguridad jurídica" pesa sobre el desarrollo urbanístico valenciano y que es "urgente" establecer un marco normativo "estable"; y que el "un 69% de la costa está urbanizada sin ningún criterio". Pero en el otro extremo de la balanza situó "la importante función social del urbanismo" y "el colapso social y económico" que acarrearía la iniciativa de Compromís para sentenciar que "la moratoria no es la solución".
David Serra, del PP, afirmó que la moratoria "sería letal" para el desarrollo económico de la sociedad valenciana y para "la estabilidad y confianza de los sectores productivos".
José Ramón García Antón, consejero del ramo que ayer plantó a la comisión parlamentaria, comentó en un foro con constructores que "es el momento de dialogar para lograr una legislación urbanística más útil, operativa y respetuosa con el medio ambiente".
* ELPAIS.com - JOSEP BLAY / EL PAÍS - Sueca / Valencia - 01/11/2007
Foto: Terrenos donde se proyectan los PAI de la Bega - jesús císcar (El País)
Otra denuncia en El Puerto destapa más casos de viviendas sin papeles
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LAVOZDIGITAL/Cádiz* : El urbanismo ilegal se ha convertido en el caballo de batalla de los ayuntamientos de El Puerto y Chiclana. La denuncias contra parcelaciones clandestinas y falsificación de certificados no cesan. La última denuncia por ocupación ilegal de suelo público la acaban de presentar los ecologistas ante el departamento de Disciplina Urbanística del consistorio de El Puerto. Se trata de la expansión «descontrolada» que ha experimentado el núcleo urbano de El Portal, en la zona de San Cristóbal, con más de 200 edificaciones sin licencia.
La Concejalía de Urbanismo ha recibido por escrito y con documentos gráficos las viviendas que se han levantado en los últimos meses sobre suelo no urbanizable de titularidad municipal.
De lo que se trata ahora es de tomar medidas. El colectivo Ecologistas ha denunciado que algunas de estas construcciones se han cimentado en un sólo fin de semana y el modus operandi de sus promotores es siempre el mismo: «se levanta durante el fin de semana un muro de unos tres metros de altura que cierra el campo de visión». Una vez cercada la parcela, se hacen los cimientos y se levanta a toda prisa la estructura.
El Ayuntamiento es conocedor de esta práctica. Así, la actual concejal de Urbanismo, Patricia Ybarra, denunció el pasado mayo esta situación antes de que el PP asumiera la alcaldía de El Puerto. Ybarra dijo entonces que «el alcalde de la ciudad, Fernando Gago, de IP, permite la construcción de nuevas viviendas ilegales, que se están edificando sobre terrenos municipales de la Sierra de San Cristóbal». La construcción ilegal no ha cesado en la zona.
La pasada semana era Juan Jiménez, presidente de la asociación de vecinos, quien denunciaba que desde el 2000 están luchando para que el Ayuntamiento, «independientemente de quien gobierne», se haga cargo de la zona y evite que la gente siga ocupando terrenos de propiedad municipal para construir libremente. Entiende que cuanto más crezca este diseminado más difícil será su regularización. Los ecologistas ya han hecho la denuncia formal.
* La Voz Digital - 31.10.07 - JAVIER RODRÍGUEZ
Foto: El Puerto de Santa María (Cádiz), ayuntamiento - wikipedia.org
Madrid: El COAM reclama al Ayuntamiento la rehabilitación de 40.000 viviendas de Centro
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EUROPAPRESS* : La Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), que integra a los 40 urbanistas más importantes y capaces de la región, reclamó hoy que el Gobierno local cumpla con su compromiso de rehabilitar 40.000 viviendas de Centro, contabilizando únicamente las actuaciones reales y contando con un presupuesto definido y apropiado.
Durante la Primera Jornada de Debate sobre Urbanismo de Madrid del COAM, que trató los temas urbanísticos más importantes actualmente concernientes al Ayuntamiento de Madrid, los arquitectos plantearon como conclusión, además, que es "imprescindible la elaboración de una Ley de Rehabilitación y apuesta por un Observatorio del Centro Histórico de Madrid".
Además, según el portavoz de Urbanismo del COAM, José María Ezquiaga, "hay que ampliar el concepto de casco histórico a la idea de ciudad consolidada". "El Ayuntamiento debe tener como prioridad la recuperación de los barrios de los años 60 y 70, en evidente deterioro", añadió este urbanista.
Asimismo, piden una revisión del Plan General con el objetivo de crear una ciudad compacta frente a una urbe difusa. En ese contexto, se mostraron contarios a la proliferación dispersa de centros comerciales y de ocio, así como a los nuevos barrios orientados hacia estos centros, lo que implica la necesidad de vehículo para los desplazamientos.
RESERVA DE SUELO
Por otra parte, consideraron que la Ley del Suelo es una ley "oportuna, pero que llega a deshora", pues entra en vigor justo cuando el ciclo alcista se acaba. Y es que, a su juicio, es necesario aumentar la reserva de suelo protegido, superando el 30% que ahora se contempla, que es insuficiente. "La única finalidad de una política de vivienda debería ser garantizar el derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna", precisa el urbanista Jesús Gago.
En cuanto al proyecto olímpico, los arquitectos consideraron que es "imprescindible" realizar un nuevo proyecto para que Madrid pueda optar a sede de los Juegos Olímpicos y "no es concebible presentar el mismo que en su día fue rechazado". "Las Olimpiadas, a su vez, pueden ser un buen vehículo para llevar las transformaciones necesarias a la ciudad", recogen las conclusiones. A continuación, la Comisión de Urbanismo del COAM ha presentado el borrador del "Código Ético de Conducta Profesional de los Arquitectos Colegiados en el COAM en Materia de Urbanismo". Este documento parte del criterio de que "la finalidad del Urbanismo es el "Interés General" -y no el de maximizar el beneficio económico del sector de la construcción y de los que con él se relacionan- y controlar el desarrollo urbano de forma que sea armónico y se adecue al interés público. Las decisiones urbanísticas deben ser, por tanto, "imparciales, transparentes y justificadas", recoge.
El Código recoge, asimismo, los principios de responsabilidad de los arquitectos ante los ciudadanos, clientes y organizaciones; principios en relación con la profesión y otros profesionales, y reglas de conducta sobre sus actuaciones.
En el turno del análisis del urbanismo concerniente a la Comunidad de Madrid, se ha tratado el Plan Regional, la resolución de los 90 planes de ordenación urbana de los municipios por parte de la Comunidad, la Ley del Suelo y legislación autonómica y los conflictos entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Urbanismo.
El objetivo del COAM con estas jornadas es la exposición y el intercambio de opiniones sobre el desarrollo urbanístico de Madrid. Asimismo, la Comisión de Urbanismo del COAM creará grupos de trabajo para cada una de las principales propuestas llevadas a la mesa de debate. La finalidad del COAM es ser tenido en cuenta por las administraciones pertinentes y contribuir al desarrollo de la región.
* Europa Press - MADRID, 30 Oct
Foto: Madrid. Puerta del Sol - Onar Vikingstad (wikipedia.org)
El 40% de la costa mediterránea está ya urbanizada
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EFE* : La presión urbanística que afecta a la costa mediterránea durante las últimas décadas ha propiciado que el 40% de la franja costera esté ya urbanizada, y que el 16% sea en la actualidad una costa artificial. Así lo refleja la Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa, que la ministra de Medio Ambiente presentó hoy al Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA), un órgano consultivo en el que están representadas las organizaciones ecologistas, los sindicatos, organizaciones patronales y consumidores. El documento elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente mantiene que la costa se urbaniza siguiendo el ritmo de los constructores, y no la demanda turística real.
La Estrategia hace un diagnóstico de la situación actual de la costa, y concluye que el 32% del litoral mediterráneo necesita actuaciones de restauración o de mejora ambiental, y que el 51% de las playas (más de 500 kilómetros) requieren una intervención.
En algunas comunidades del arco mediterráneo, más del 75% de los terrenos colindantes con el mar son urbanos o urbanizables, apunta el documento elaborado por el Gobierno, que subraya también que el 57% de las playas se encuentran ya en entornos urbanizables.
Los retos que se ha fijado el Ministerio de Medio Ambiente en la Estrategia son frenar la ocupación masiva de la franja costera, recuperar la funcionalidad física y natural del litoral, adaptarse al cambio climático y finalmente cambiar el modelo de gestión de la costa.
El documento radiografía los casi 8.000 kilómetros de litoral: 4.000 son acantilados, 2.000 playas, 1.000 costa baja, y unos 600 km se han transformado con obras artificiales.
La Estrategia advierte de que la reciente ocupación del territorio por los usos urbanos es uno de los elementos clave de la dinámica espacial de muchos territorios, lo que repercute en el aumento del consumo de recursos ambientales como el suelo o el agua.
Advierte además la Estrategia que la proliferación de puertos, diques, espigones o muros de contención provoca la interrupción de la dinámica propia del litoral, con acumulaciones excesivas en determinados lugares y fuertes erosiones en otros.
Se ha detectado también un déficit de aporte sedimentario a las costas debido a las actuaciones realizadas en las cuencas fluviales (encauzamientos o embalses), añade el documento.
Respecto al reto de adaptarse al cambio climático, el documento recuerda que "en pocas décadas" se reducirá la anchura de las playas debido al aumento del nivel del mar, y que los casi 900 kilómetros de fachadas marítimas urbanas situadas en el arco mediterráneo, Andalucía occidental y en los archipiélagos, están expuestos a sufrir daños significativos y crecientes por la acción del mar.
* El Mundo - Su Vivienda - 31/10/2007
Foto: Benidorm (Alicante), icono del urbanismo mediterráneo - J.Jordán (El Mundo)
Casas ilegales a la venta en Marbella
ELPAÍS* : La compra de viviendas de buena fe adquiere una nueva dimensión en Marbella. A pesar de los escándalos urbanísticos, la asociación de vecinos Arroyo Guadalpín mantiene que la inmobiliaria Cristina Szkely, una de las más reconocidas de la ciudad, trata de vender apartamentos de la Urbanización Jardines del Príncipe, sobre los que pesa una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) declarando su ilegalidad y decretando su derribo.
Cristina Szkely, propietaria de la empresa, asegura que no ofrecen estas viviendas desde hace al menos dos años.
El Plan General de Marbella, no incluye la urbanización Jardines del Príncipe en el proceso de regularización. El complejo, situado al inicio de la Milla de Oro marbellí, está formado por dos edificios de siete plantas con 81 apartamentos prácticamente terminados, pero no habitados. Los redactores consideran que sobrepasa la edificabilidad permitida y piden que se reduzca en un 60%.
La asociación Arroyo Guadalpín teme que la venta de estos pisos sea una "argucia" del promotor para intentar regularizarlos por la vía de los compradores de buena fe, es decir que los compradores ignoraban que la casa estaba en situación irregular. Su portavoz, Mercedes Vázquez, dice contar con testimonios de personas a los que la empresa inmobiliaria ha ofertado la promoción en los últimos meses. Una de estas personas, que pidió ocultar su nombre, dice que hace dos semanas le ofrecieron un apartamento de dos habitaciones por 647.000 euros. "Me dijeron que me podía ahorrar hasta 100.000 euros si lo compraba antes de que lo legalizaran ya que el promotor lo pensaba subir a partir de esta fecha", contó. "Incluso me aseguraron que había un pacto con el Ayuntamiento que lo regularizará de forma inmediata en cuando se apruebe el Plan General", añadió.
La dueña de la inmobiliaria Cristina Szkely insiste que "hace mucho tiempo" que no se ofertan estas viviendas. "La constructora me decía que estaba todo bien, que tenían los permisos, pero lo retiramos hace dos años, cuando empezaron a decir que había problemas.", declaró.
A pesar de que el complejo residencial no está habitado, ya tiene una veintena de propietarios, constituidos en asociación, que han alegado contra la situación que prevé para ellos el nuevo documento de ordenación urbana. En el escrito, redactado por el letrado José Carlos Aguilera, mantienen que el promotor llegó a un acuerdo con el equipo redactor para regularizarlo a cambio de una compensación, pero que, por motivos que desconocen, no aparece reflejado en PGOU.
* ELPAIS.com - JUANA VIÚDEZ - Marbella - 31/10/2007
Foto: Marbella - J.ROJAS - ELPAIS.com
Moratoria para salvar La Manga
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ELPAÍS/Murcia* : La Manga del Mar Menor está amenazada. La subida prevista del nivel del mar (15 centímetros en 2050, según Medio Ambiente) desaconseja seguir cementando la lengua de tierra que separa el Mar Menor del Mediterráneo. Por eso la Estrategia española para la sostenibilidad de la costa quiere "promover una moratoria urbanística con las Administraciones competentes ante el riesgo de inundación por el cambio climático".
Impulsar una moratoria urbanística en La Manga es como pretender que la Cruz Roja invada Irak. Y que lo haga además una vez que el país está destruido. Desde que en los años 60 el promotor Tomás Maestre compró la lengua de tierra que delimita la mayor laguna salada del Mediterráneo, constructores y ayuntamientos no han hecho otra cosa que edificar.
En sus 36 kilómetros apenas queda terreno libre. Según la citada Estrategia, hay "numerosas actuaciones, edificaciones sobre la playa, paseos marítimos, terrazas y jardines dentro del dominio público marítimo terrestre". Esta es la primera línea de litoral que, según la Ley de Costas de 1988, es de uso público.
Hay tanto cemento que el Gobierno regional, del PP, lanzó como idea construir un túnel para que los coches pudieran salir por el norte y autorizó, en contra de sus servicios jurídicos, un puerto deportivo, Puerto Mayor, y un complejo en terreno ganado al mar.
La moratoria debería afectar principalmente a una zona al norte de La Manga, justo donde está prevista -y ya parcialmente construida- una gran urbanización con un lago artificial llamada Veneziola, donde hay aprobadas tres torres de 24 plantas.
El presidente de la Asociación de Naturalistas del Sureste, Pedro García, recuerda que hace una década el ex director general de Costas del PP Fernando Marín ya advirtió por carta al Gobierno regional de las consecuencias que la subida del nivel del mar tendría sobre La Manga y le recomendó que pensase en trasladar algunos edificios. Desde entonces, y aunque oficialmente el Ejecutivo de Murcia no permite construir a menos de 500 metros del mar, se han levantado más de medio centenar de bloques de entre ocho y diez plantas.
El ministerio propondrá a la Comunidad de Murcia expropiar edificios y casas que ocupan el dominio público y terminar el deslinde (la delimitación de la zona pública y privada de costa). Además, planteará "recuperar la concesión de Puerto Mayor", hoy paralizado cautelarmente por un tribunal tras el recurso de Gobierno y ecologistas.
El plan también incluye comprar "las parcelas urbanizables de El Vivero", de las pocas que quedan, para "preservarlas de la urbanización masiva que se da en La Manga". Sin estas medidas, según el plan, "no tiene ningún sentido acometer la recuperación de playas" que ultima el Gobierno regional.
La estrategia para salvar la costa del ladrillo incluye más actuaciones polémicas. El plan apuesta por "eliminar el puerto de San Pedro del Pinatar, que está provocando la erosión de las dunas de San Pedro", un espacio protegido.
Uno de los empeños de Medio Ambiente con la Estrategia -elaborada por consultoras independientes durante dos años- es limitar la construcción de puertos. Los espigones alteran el flujo natural de la arena: la retiran de un lado y la acumulan en otro. Como explicó ayer el secretario general para el Territorio del ministerio, Antonio Serrano, "hay puertos mal utilizados, con barcos pequeños que podría ir en dársenas terrestres antes que construir nuevos". El plan pretende reubicar el puerto de Águilas y frenar la ampliación del de Casica Verde.
El cambio en los puertos es sólo uno de los muchos que introduce la Estrategia, con la que el ministerio pretende recuperar el uso público de los 8.000 kilómetros de costa española. Serrano insiste en que esta estrategia es un cambio radical en la política de costas y que tardará en cumplirse. Medio Ambiente quiere que en 2012 todo el litoral se pueda transitar a pie.
El Gobierno ha caracterizado el Mediterráneo, Baleares, Canarias, Cádiz y Huelva como primer paso. Hoy presenta el texto al Consejo Asesor de Medio Ambiente y ya se lo ha enviado a las autonomías. El plan incluye un diagnóstico, ya cerrado, y propuestas, como la moratoria en La Manga, que el Gobierno intentará consensuar con alcaldes y presidente autonómicos.
Aunque el ladrillo es la principal amenaza, aborda también la contaminación. En el Mar Menor, con deficiencias de depuración para los dos millones de personas que acoge en verano, el plan apuesta por minimizar el uso de fertilizantes en los invernaderos que lo rodean.
La contaminación por aguas fecales y nitratos ha producido en los últimos 10 años una proliferación de medusas sin precedentes en Europa. Este es un ejemplo, pero hay muchos más, de cómo la masificación es a largo plazo mala para el turismo.
Otro de los puntos más polémicos para Murcia es el intento de frenar la urbanización Marina de Cope -11.000 viviendas, 22.000 plazas hoteleras, cinco campos de golf, marina interior con 2.000 amarres y una inversión de 3.800 millones de euros-. Se trata de una especie de Marina d'Or que el Gobierno regional promueve en un parque natural que desprotegió por ley en 2001.
Esa ley está recurrida por el PSOE ante el Tribunal Constitucional, que lleva seis años con el tema, y sus desarrollos han sido recurridos por los ecologistas y el Gobierno. Pese a que su consejo jurídico le pidió esperar al fallo del Constitucional, el Gobierno de Murcia sigue adelante con su plan para construir en 11.000 hectáreas de costa virgen.
Sobre Marina de Cope, la Estrategia del Gobierno central afirma: "En el terreno actualmente clasificado como no urbanizable de uso general y antes del cambio de clasificación urbanística, adquirir una franja de 500 metros a partir del dominio público marítimo terrestre". Y establece que el ministerio tendrá que emitir un informe preceptivo sobre la urbanización.
Serrano insiste en que la Estrategia está completa en el diagnóstico y que la parte de propuestas para mejorarlo está abierta a acuerdos con las comunidades. Preguntado por casos como éste, en el que el acuerdo es altamente improbable, advierte: "El Gobierno quiere pactar pero, si no, actuará en consecuencia, tomará sus medidas legales y hará sus reservas" de terreno. La ley permite al Gobierno extender la franja de dominio público comprando o expropiando terrenos para proteger el litoral. Murcia es especialmente importante en el plan ya que tiene uno de los litorales mejor conservados (excepto La Manga).
Además, Medio Ambiente pretende impedir la construcción "de un nuevo puerto para tráfico de contenedores" en el espacio protegido de El Gorguel (Cartagena). Al menos hasta que se haya "optimizado la gestión de los existentes". Esta es una de las grandes reclamaciones de los ecologistas, que se oponen al plan del Gobierno autonómico y del ministerio.
En Cabo de Palos o Mazarrón, donde hay centenares de casas bajas en primera línea de playa, muchas anteriores a la Ley de Costas, el ministerio pretende ir derribándolas, pero "a largo plazo". Los autores del plan han detectado en Mazarrón mojones "en dudosa ubicación", presumiblemente movidos por los promotores para dar apariencia de legalidad a sus urbanizaciones. El movimiento de mojones era una especie de leyenda urbana en la costa, pero pocas veces había aparecido en un texto oficial. El de la rambla del Alamillo, en Mazarrón, "está en lugar inadecuado".
En gran parte del litoral murciano se extiende la recomendación de comprar los primeros 500 metros de costa, como hizo con las antiguas baterías de Defensa en Cabo Tiñoso, que quedan como uno de los grandes tramos vírgenes del Mediterráneo.
* ELPAIS.com - RAFAEL MÉNDEZ - Madrid - 31/10/2007
Foto: La Manga del Mar Menor 1963/2005 - PAISAJES ESPAÑOLES (El País)
La CCDT exige al Gobierno recortes masivos en la planificación urbanística
Hoy el gobierno ha anunciado un plan de actuación y un pacto de estado para frenar el urbanismo salvaje, que consistirá en la demolición de edificios, la finalización de los deslindes de costas y la compra de terrenos, con un presupuesto de 5.000 millones de euros. Desde la Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio* (CCDT) denunciamos que por un lado el plan resulta poco creible un función de actuaciones recientes del ministerio y por otro que sería netamente insuficiente para frenar significativamente el urbanismo salvaje, ya que no se atacan las causas principales ni se aportan las soluciones necesarias.
Por un lado hay que destacar que solo teniendo en cuenta las promociones ya comprometidas en la actualidad se triplicará el número de viviendas en la costa, con un numero de viviendas previstas de cerca de 20 millones, según se ha publicado recientemente en diferentes medios.
Si a esto añadimos los desarrollos pendientes de tramitación en la actualidad, podría superarse la inaudita cifra de 40 millones de viviendas nuevas, que triplicarían todas las existentes en España en la actualidad.
Frente a semejantes cifras las actuaciones propuestas por el gobierno hoy son insignificantes y van a afectar poco al contingente grueso de promociones en curso o pendientes de tramitación.
Por ello lo primero que ha de exigirse al gobierno es un pacto de estado con autonomías y ayuntamiento que pase en primer lugar por moratorias y recortes drásticos en la recalificación de suelo y en todas las fases de planificación, y por la elaboración inmediata de instrumentos rigurosos de ordenación territorial, que deben destinarse al crecimiento "hacia adentro" y a dotar los núcleos existentes de infraestructuras más adecuadas y sostenibles (saneamiento, evitar el transporte motorizado individual, moderar el consumo de agua, etc).
Tampoco resulta creible la toma de iniciativa drástica en materia de urbanismo sin plantearse una alternativa económica y laboral para España, especialmente teniendo en cuenta que el ejecutivo no deja de hablar de la construcción como fuente de riqueza.
Por otro lado son necesarias reformas legales y del sistema judicial y administrativo que impidan la especulación y agilicen los procesos de denuncia y sanción.
El caso del Algarrobico
La actuación del ministerio resulta poco creible a la luz de recientes intervenciones, como en el caso del hotel del Algarrobico, paralizado en los tribunales por un recurso interpuesto por la asociación Salvemos Mojácar, y del que ahora el ministerio pretende expropiar solo la mitad del edificio, la que está en la servidumbre de protección marítimo terrestre que marca el deslinde de costas, mientras que pretende dejar indemne la otra mitad, igualmente ilegal, que se ubica en zona protegida del Parque Natural Cabo de Gata Níjar y en habitat Prioritario.
Si este es el "buque insignia" y el ejemplo de las actuaciones ministeriales, desde esta organización consideramos que se trata de farsas y de mascaradas electoralistas intolerables.
Si el ejecutivo quiere marcar diferencias con la retórica execrable del desarrollismo y la ignorancia medioambiental del PP, deben hacerlo con acciones y no solo con discursos y pasos e falso.
Desde la ciudadanía exigimos al gobierno una toma de responsabilidad definitiva en esta problema, el más grave del país por sus múltiples ramificaciones, entre las que se encuentran las problemáticas medioambientales del cambio climático y las sociales de la vivienda.
El territorio es un recurso limitado y el daño que se está causando, mientras el gobierno lanza sus insuficientes planes, es irreversible.
* Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio
* Portalmería - 30/10/07
Blindados ante el alquiler
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ELPAÍS* : Vivir de alquiler es una opción minoritaria en España, sólo un 11,25% de los hogares españoles optaba por hacerlo en 2006, según datos del Ministerio de Vivienda. La cultura de la propiedad y una reducida oferta dificultan el despegue de una opción que el Gobierno se ha marcado como objetivo. El Plan de Apoyo a la Emancipación e Impulso del Alquiler pone el acento con ayudas destinadas a uno y a otro lado: la demanda, 210 euros mensuales a partir del próximo 1 de enero; y a la oferta, la agilización de los procesos de desahucio o la ampliación de ayudas para propietarios.
En la cara de la oferta, el objetivo es que se saquen más pisos al mercado de alquiler con "todas las garantías". Un muro, las garantías, con el que chocan muchos de los que quieren sumarse a esta opción. Dos piezas de un mercado que cuesta encajar.
Es el caso de Aitor R. que lleva dos meses buscando un piso de alquiler en Madrid junto a una amiga. Cerca de la treintena, licenciados y mileuristas, la única opción viable para independizarse es, por ahora, compartir vivienda. Pero, la tarea no es fácil. Además de los elevados precios y una oferta no demasiado amplia, chocan con el exceso de celo de muchos propietarios que, desprotegidos ante los largos trámites en caso de impago, exigen fianzas de varios meses, avales bancarios o el pago de meses por adelantado.
"Muchas veces las condiciones suponen un desembolso cercano a los 6.000 euros, todos mis ahorros, explica Aitor. Hay casos en los que nos han pedido, además de nómina y contrato indefinido, tres meses de renta por adelantado, avales bancarios por el importe de un año o fianzas de varios meses. Eso en alquileres que rondan los 900 euros", explica.
Al otro lado de estas peticiones, propietarios que, en muchos casos, han vivido ya malas experiencias con el arrendamiento, y quieren alquilar su casa pero arriesgando lo mínimo. "Te sientes desprotegido. Pueden destrozarte la casa, dejar de pagar. Necesitas muchos meses para recuperar el piso. Con esas garantías te aseguras perder menos dinero", explica Javier M., dueño de un piso en alquiler en Madrid. "Los propietarios, expone Carlos Mateu, abogado de Promein, necesitan de modo urgente que les abonen las rentas impagadas y que el inquilino moroso, profesional o no, desaloje su vivienda. El proceso actual de desahucio es excesivamente largo".
Ante esto, argumenta Fernando Encinar, de Idealista, "se ha generalizado pedir varios meses de fianza y aval bancario". A juicio de Encinar, en su portal hay cerca de 2.700 anuncios en alquiler frente a más de 21.000 en venta en la ciudad de Madrid, estas medidas dificultan el acceso de algunos colectivos y "estrangulan el mercado".
Un mes de fianza por ley
Con la Ley de Arrendamientos Urbanos en la mano, lo único obligatorio es un mes de fianza en metálico en el caso de viviendas y de dos si el uso es distinto. Isabel Cámara, abogada de Ausbanc, considera que este punto es preceptivo y no se puede alterar. Desde la asociación se recomienda evitar avales o fianzas excesivas. Asimismo Cámara recuerda la obligatoriedad de que ese mes de fianza se deposite en el organismo designado en cada comunidad. En caso de no hacerlo hay sanciones estipuladas.
Pero, ya sin carácter obligatorio, la norma deja la puerta abierta a más blindajes. "Las partes podrán pactar cualquier tipo de garantía [] adicional a la fianza en metálico", añade la normativa. Al otro lado, el inquilino es libre de decidir si las acepta. "Sabemos que si no lo hacemos nosotros, lo aceptará otro y perderemos el piso, pero nos parecen abusos en toda regla", se resigna Aitor.
Entre depósitos y avales
¿Qué diferencias hay en cada una de las restantes garantías que se suelen exigir? Los meses de renta por adelantado o los depósitos por determinadas mensualidades 'sólo' suponen un desembolso extra de dinero que se da al arrendador.
Para el aval se necesita la intermediación de una entidad bancaria. Normalmente lo que hace la entidad es, una vez que ha comprobado que se tiene el dinero requerido, inmovilizarlo y emitir el aval. Los gastos, aunque varían entre entidades, incluyen una comisión por formalización (ronda el 0,5%) y otra trimestral por riesgo de entre el 1 y el 1,5%.
A juicio de Carlos Mateu, de Promein, esta herramienta es una de las mejores garantías que existen para protegerse ante el impago de la renta (pese a no cubrir ni los destrozos ni los costes de un juicio), aunque reconoce que presenta inconvenientes para el inquilino. "El dinero se queda retenido y no puede disponer de él", explica, además del coste que conlleva. El propietario puede ejecutar el aval "a primer requerimiento" en caso de impago y el banco está obligado a abonarle las cantidades avaladas tras demostrar con pruebas documentales ese incumplimiento.
Al amparo del Estado
Ante esta situación, el Gobierno ofrece opciones, que ahora va a reforzar con el Plan de Apoyo a la Emancipación e Impulso del Alquiler, para dar "tranquilidad" al propietario. Una, existente desde abril de 2005, es recurrir a la Sociedad Pública de Alquiler (SPA), dependiente del Ministerio de Vivienda. Si el propietario inscribe su vivienda en el programa, la SPA le garantiza que va a recibir la renta, independientemente de que el inquilino las abone, hasta la resolución del contrato. Además, garantiza la devolución de la vivienda en las mismas condiciones en las que se entrego.
En esta línea, el nuevo plan incluye un epígrafe denominado 'Alquiler Seguro' que, según técnicos del ministerio de Chacón, viene a reforzar este punto de las garantías y se suma a la creación de nuevos juzgados y al desarrollo de 'juicios rápidos' para desahucios. Unas medidas, que en opinión de Mateu, van a ayudar a "que disminuya el temor del propietario en convertirse en arrendador".
En todo caso, en el sector inmobiliario, el anuncio de estas medidas se recibe con expectación. Desde una de las principales agencias del país creen que será el mercado y no estos impulsos gubernamentales los que dicten el futuro del alquiler. Las subidas de tipos y las crecientes dificultades para vender, explican fuentes del sector, "pueden hacer que la gente saque casas y se opte más por alquilar, no serán las medidas del Gobierno, será el mercado".
Recurrir al arbitraje
Otra de las opciones a la que recurren cada vez más arrendadores para intentar protegerse ante el inquilino es el arbitraje. Algunas entidades, como la Corte de Arbitraje, ofrecen lo que denominan 'Garantía de Alquiler', un documento que se adquiere, el coste es de 42 euros, y se adjunta al contrato. Lo que garantiza es que, en el caso de que haya algún incumplimiento por cualquiera de las dos partes, se puede recurrir al arbitraje para solucionar el conflicto (impagos de renta, problemas con los suministros, daños en la vivienda). Las partes remiten a la entidad las pruebas documentales que se requieran y el árbitro resuelve un laudo o sentencia arbitral en unos 45 días. "Si no se cumple con esta primera notificación, pasa a justicia ordinaria, donde el juez debe darle cumplimiento lo más rápido posible", explica Mario Navarro Rubio, máximo responsable de la Corte de Arbitraje que añade que la primera notificación tiene un carácter fuertemente disuasorio. "Muchos inquilinos que no abonan las mensualidades abandonan la casa en ese momento". El arbitraje no garantiza el pago de la renta, pero sí logra que el propietario recupere su casa en menos tiempo -unos tres meses- y con menos costes -alrededor de 150 euros-, explica Navarro. Desde que iniciaron estos servicios, en 2004, han vendido 240.000 garantías.
* ELPAIS.com - N. CANO - Madrid - 30/10/2007
Foto: Cartel de piso en alquiler- Alejandro Ruesga (El País)
«Los Ayuntamientos se lucran de las irregularidades urbanísticas que están consintiendo»
ABC/Valencia* : Integrante de la Sección de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia desde que se creó, Joaquín Baños asume ahora su coordinación. Responsabiliza a los ayuntamientos de muchos de los excesos urbanísticos y apuesta por mermarles las competencias. Entrevista...
-Cuando el hoy fiscal de Sala del Tribunal Supremo Antonio Vercher formaba parte de la plantilla de la Fiscalía de Valencia y se especializó en Medio Ambiente, le llamaban, despectivamente, el fiscal de los pajaritos. ¿Qué ha cambiado en esta casa desde entonces?
-Hay que partir de un dato puramente legislativo y objetivo: hasta 1983 no existía en el Código Penal ningún precepto que regulara el delito ecológico. Nos puede parecer lejano pero desde el punto de vista legislativo eso es antesdeayer. Había que perseguir los atentados al medio ambiente como daños, pero se castigaban con penas ridículas. Cuando Antonio Vercher empieza a llevar estos temas era novedoso, no existía ninguna otra Fiscalía que tuviera a nadie especializado en materia medioambiental y no había respuesta jurisprudencial porque no había dado tiempo a que lo hubiera.
-Cómo coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, ¿qué le pesa más, el primer apellido o el segundo?
-El urbanismo se castiga penalmente en la medida en que la desordenación atenta contra el medio ambiente. En la Comunidad Autonóma son más las diligencias que se incoan por delitos urbanísticos porque hay un importante problema de edificaciones ilegales que las que se incoan po medio ambiente entendido como vertidos y emisiones. Además, los delitos urbanísticos son más fáciles de perseguir porque el vestigio queda, está la edificación; pero un tema de vertidos es algo puntual y cuando aparece el vestigio, a veces el vertido ya ha cesado y hay que descubrir de dónde procede. Eso implica una dificultad mayor.
-¿Es más fácil detectarlos pero más difícil perseguirlos y sancionarlos?
-El problema es la falta de conciencia de que las agresiones urbanística son delito; y es un problema achacable no sólo al ciudadano sino también a las administraciones. ¿Por qué se introduce en el Código Penal el delito urbanístico? El problema de las urbanizaciones ilegales estaba resuelto con la Ley del Suelo; los ayuntamientos, que son los competentes en esta materia, ante la existencia de un chalé ilegal, deberían incoar un expediente sancionador y proceder a imponer una sanción por haber edificado sin licencia y si luego además resulta que no es posible legalizarlo, instar el procedimiento pertienente hasta llegar a la demolición de lo construido. Pero no lo hacen.
-¿A qué atribuye esa tolerancia administrativa?
-Es algo poco amable con los ciudadanos, es incómodo, impopular y cuanto más pequeño es el municipio y en zonas de interior bien conservadas es más patente. Ante un chalé ilegal e ilegalizable, los Ayuntamiento no hacían nada y encima les cobraban contribución urbana porque dicen que una cosa es la sección de Hacienda y otra la de Urbanismo y como hay un hecho mponible, había que tributar. Esto es tanto como que el narcotraficante que viene en el vuelo con un paquete de cocaína, primero pasa por la aduana, paga las tasas de importación por el paquete de cocaína y una vez abonadas, le está esperando la Guardia Civil para llevárselo detenido por traficar con droga. Los Ayuntamientos se lucran de las ilegalidades que están consintiendo. Uno lleva a juicio a este señor que ha levantado un chalé ilegal y nos enfrentamos por un lado, a unas normas urbanísticas complicadas, y por otro, al hecho de que en muchas ocasiones esos particulares son llevados a engaño por los propios ayuntamientos, que no actúan y les cobran contribución, les facilita la luz y a veces hasta les asfalta el camino. Entonces, cuando llega a juicio el individuo acusado de un delito de urbanismo nos encontramos con que el elemento objetivo del delito está claro, es decir la construcción el ilegal, el sujeto reconoce que nunca pidió licencia, la normativa, según los técnicos está clara, no se puede legalizar, pero sin embargo falta la conciencia de haber cometido un hecho ilícito. Él no sabía que eso no se podía hacer y no lo sabía porque no se ha informado pero también porque le ha llevado a engaño la propia inactividad de la administración.
-¿Que ocurre cuando no existe conciencia de un hecho ilícito?
-Pues se produce un problema porque los jueces son reacios a castigar aquello de lo que no hay conciencia de ilicitud. Si uno cree estar obrando lícitamente, hay un error que puede dar lugar a la impunidad.Los tribunales son reacios a condenar a personas que no son delincuentes; que son ciudadanos honrados y que construyen un chalecito en su propiedad con vulneración de las normas urbanísticas pero sin conciencia de que estaban vulnerando la ley y llevados a engaño por el propio ayuntamiento. El legislador en el 95 constató un hecho: la legislación no se cumple por quienes tienen que hacerla cumplir y decidió pasarle la patata caliente al Poder Judicial.
-¿Y eso no conduce a una excesiva penalización de asuntos que podrían resolverse en vía contencioso administrativo?
-Pese a que hay compañeros que opinan lo contrario, como el propio Vercher, yo creo que únicamente debían estar en el Código Penal los atentados más graves. Las construcciones en suelo no urbanizable común, que no tenga ninguna protección especial, yo no las hubiera sacado nunca del ámbito administrativo.
-¿Y muchos casos llegan a la vía penal por la mera instrumentalización política?
-En los delitos urbanísticos tendríamos que distinguir dos supuestos: la corrupción urbanística en base a las posibles connivencias de un Ayuntamiento con una constructora para obtener pingües beneficios y luego, los delitos urbanísticos cometidos por particulares. En la provincia de Valencia, los que más abundan son los segundos. Aunque se están investigando posibles casos de corrupción urbanística, esto no es Marbella ni Alicante. Aquí no hay un clima generalizado de corrupción de las administraciones en materia de urbanismo. Se siguen diligencias, entran denuncias, algunas no tienen ningún contenido penal... porque lo que sí detectamos es que se intenta utilizar a la Fiscalía con fines políticos y electoralistas. Y eso nosotros lo rechazamos. Llega época de elecciones y empiezan a llegarnos denuncias, que a lo mejor no están formuladas por el partido político pero sí por personas o asociaciones vinculadas a un partido y pretenden hacer daño al contrincante mediante una denuncia, que a lo mejor luego no tiene ninguna trascendencia pero el daño ya está hecho.
-¿Hay que meter mucha excavadora?
- El Código Penal prevé el derribo de la edificación, pero no lo establece como preceptivo, sino como algo potestativo del Tribunal. Y a veces, cuando hay condena, el Tribunal no ordena el derribo y le pasa la patata a la administración. Hay veces que llevas al juzgado una edificación ilegal que está incluida en una urbanización también ilegal pero en la que al resto de chalés no se les puede perseguir porque han pasado tres años y el delito está prescrito. El último chalé es tan ilegal como los demás pero como para ellos ha prescrito, por la vía penal no se les puede tocar y derribar el último es un poco exagerado e injusto. Si aparece un único chalé en una zona de alta protección, es lógico, razonable y necesario ordenar el derribo.
-¿Quién le da más quebraderos de cabeza, las administraciones o los particulares?
-Los delitos, la acción, la cometen los particulares pero la responsabilidad es de las administraciones por tolerarlo. Hay casos de 2.000 chalés ilegales, en una zona sin alcantarillado, con pozos ciegos...Los residuos orgánicos de un chalé pueden no contaminar un acuíferos pero los de 2.000 sí; no hay planes de prevención de incendios forestales y luego llegan los problemas de evacuaciones. ¿Quién es el responsable de que en una zona no urbanizable florezca una urbanización de muchos chalés? La administración. La solución pasa por limitar las competencias urbanísticas de los ayuntamientos. Quizá no habría que generalitat, porque no es lo mismo los grandes ayuntamientos, que tienen sus servicios técnicos y sus funcionarios de carrera, que los ayuntamientos pequeños, donde ellos se lo comen y se lo guisan,con un término extensísimo, mucho para proteger y mucho para ganar. Sin embargo la ley no distingue.
-¿Pero el urbanismo es su principal fuente de financiación?
-Ese es el problema. Pero si los Ayuntamientos se financian con el urbanismo, apaga y vámonos.
-En vísperas de elecciones, ¿Le preocupa que sus decisiones se interpreten sólo desde una óptica política?
-Nuestras decisiones están sometidas al imperio de la ley y a lo que luego resuelvan los tribunales, que son los que deciden si condenan o no. No nos vamos a someter ni a la presión mediática ni a la política; actuaremos con indiferencia absoluta respecto al momento en que estemos actuando. Me da igual que sean elecciones o no, porque la mejor forma de que no se nos utilice es demostrar que es inútil intentarlo; no acomodarnos al tempo electoral sino al nuestro, dependiente de la carga de trabajo y de la urgencia del tema.
-¿Hay que aplicar el Código Penal con más dureza o modificarlo?
-El Código que tenemos es suficiente; en temas de prevaricación ambiental o urbanística podría haber algún retoque pero la protección del Medio Ambiente no se soluciona con la aplicación del Código Penal, porque actúa como reacción, cuando el delito se ha cometido. En ese sentido, no es preventivo. ¿Quién puede prevenir?. Las Administraciones.
* ABC Valencia - ISABEL RGUEZ. DE LA TORRE - 29 de octubre de 2007
Muñoz y Roca declaran ante el juez por un nuevo delito urbanístico
EFE/Marbella* : El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y el que fuera asesor urbanístico del Consistorio Juan Antonio Roca han sido trasladados hoy a los juzgados de la ciudad para que declaren por una causa urbanística. Muñoz llegó a las dependencias judiciales procedente de la prisión provincial de Jaén, donde se encuentra en cumplimiento de dos condenas de un año de prisión por otros delitos urbanísticos. Veinte minutos antes fue trasladado hasta los juzgados marbellíes Juan Antonio Roca, quien está ingresado en la cárcel de Albolote (Granada) en prisión preventiva por el 'caso Malaya' contra la corrupción en Marbella.
Está previsto que ambos comparezcan ante la titular del Juzgado de Instrucción número 1 del municipio malagueño, Carmen Rodríguez Medel, por una causa en la que se les imputa los delitos prevaricación y contra la ordenación del territorio, han señalado fuentes judiciales. De estos mismos delitos están acusados el ex secretario municipal Leopoldo Barrantes y el consejero delegado de Divertilandia Marbella SL, Antonio García Barrios, que también han sido citados a declarar hoy ante la juez.
Este procedimiento tiene su origen en una denuncia presentada en diciembre de 2006 por la comisión gestora que estuvo al frente del Ayuntamiento marbellí tras la disolución de la Corporación, órgano que tuvo conocimiento de los supuestos hechos a través de la compañía Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA.
Según la denuncia, en mayo de 1995 el Ayuntamiento firmó un convenio con Repsol en virtud del cual la compañía autorizaba al Consistorio a tramitar la reparcelación de unos terrenos propiedad de la compañía en el entorno de Puerto Banús y en el que se establecía la apertura de una nueva parcela apta para desarrollar la actividad de estación de servicio.
La denuncia presentada por el órgano rector señala que, a pesar de que la propietaria de la parcela se vio obligada a ceder ésta al Consistorio para convertirse en un bien de dominio público, el Ayuntamiento transmitió la propiedad en marzo de 1998 a la sociedad Marbella Divertilandia SL. Posteriormente, en la aprobación provisional del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1998 por parte del Ejecutivo local -plan que posteriormente fue anulado por la Junta de Andalucía- la calificación de la citada parcela pasó a uso comercial.
Además de esta causa, Roca está citado para declarar como imputado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la ciudad, Óscar Pérez, sobre las investigaciones que aún continúan abiertas en relación al 'caso Malaya'. En este procedimiento además se encuentran imputadas al menos doce personas, de las que no ha trascendido su identidad ni los cargos que se les atribuyen y sobre las que el juez deberá decidir si son procesadas en la causa principal o encausadas en una pieza separada.
* SUR - 30.10.07
Foto: Marbella Ayuntamiento - UrbPatasArriba
Lanzarote: La Justicia frena la construcción de 38 villas en Playa Blanca
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LAVOZDELANZAROTE* : Los Tribunales de Justicia han dado la razón al Cabildo de Lanzarote al suspender la construcción de 38 villas unifamiliares en el plan parcial Playa Blanca. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Las Palmas dictó el pasado 19 de octubre un auto por el que se instan medidas cautelares, que fue notificado a la primera Corporación el 25 del mismo mes.
La decisión de la Sala paraliza la construcción de un complejo de 38 chaléts en la parcela R-21 del plan parcial Playa Blanca, cuya licencia fue concedida el 7 de septiembre de 2005 por el alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, a la empresa Luna de Oro, S.L.
Se trata de la primera suspensión cautelar que se ha resuelto en el plan parcial Playa Blanca. El Cabildo inició procedimientos contra las 14 licencias concedidas en esta zona en 2006, que autorizan unas 400 viviendas. Ha sido este año, tras la entrada de la nueva Corporación, cuando se han solicitado medidas cautelares en tanto se resuelven todos los pleitos.
Además de los recursos a las licencias de construcción, el departamento legal de la primera Corporación ha recurrido el propio plan parcial, al entender que está extinguido por inejecución desde 2001, tras la aprobación de la Ley 6/2001 de Medidas Urgentes, previa a la Ley de Directrices.
Las medidas cautelares impedirán la construcción de 150 plazas residenciales en el sur, en tanto los Tribunales se manifiestan en relación con la legalidad o no de sus licencias.
* La Voz de Lanzarote - 30 de octubre de 2007
Foto: Yaiza (Lanzarote), Playa Blanca - lavozdelanzarote.com
La Coordinadora en Defensa del Territorio denuncia que la corrupción urbanística es la primera causa del cambio climático
EUROPAPRESS* : La Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio (CCDT) denunció este viernes que la corrupción urbanística es la principal causa del cambio climático y su "problema más grave" tanto por "la destrucción" que supone como por "el engaño y abuso sistemático de los ciudadanos" que implica. La organización ha difundido un manifiesto que afirma que "España es Marbella" porque la localidad malagueña "no es la excepción, sino el paradigma" de "la precariedad democrática" que se deriva de la especulación urbanística.
"La causa de esta situación única en el mundo es que la ley favorece la especulación y desampara al ciudadano" mediante "plusvalías a los propietarios, convenios urbanísticos y la aplicación de la ley de suelo de 1998", reza el manifiesto.
Según la coordinadora, "es imprescindible para frenar la corrupción eliminar todas las figuras legales que favorecen la especulación" mediante "una ley rápida contra los abusos urbanísticos y medioambientales" y la imposición de "sentencias ejemplares".
La organización reclama además, una "moratoria general en la recalificación (hasta que se ocupen los 3 millones de viviendas vacías que hay), crecimiento cero o limitación del crecimiento al 10% del suelo urbano y retirada de competencias urbanísticas a los ayuntamientos y autonomías que promuevan el urbanismo salvaje".
* Europa Press - MADRID, 26 Oct.
Foto: Urbanismo salvaje - Ecologistas en Acción
España: Terapia de choque para la costa
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ELPAÍS* : En primera línea de la playa de Calpe se construye actualmente un hotel de 24 plantas. El edificio invade la zona de protección que fijó la Ley de Costas en 1988. Pero las máquinas siguen adelante. En Adra (Almería) hay 500 familias que ven cómo el mar amenaza con invadir sus casas, humildes viviendas sobre la misma playa hace décadas. Hay casos a miles: dos torres proyectadas en Benidorm (Alicante) en zona pública; casas sobre el mar en Pulpí (Almería) sin que esté claro sin es suelo público; un complejo paralizado en La Manga del Mar Menor que pretendía ganar terreno al mar...
Son sólo unos ejemplos de la disparatada situación que vive la costa española, motor económico del país como imán del turismo, y en la que la aplicación de la Ley de Costas es muy deficiente. La norma establece que toda la playa (o el lugar que alcanza los mayores oleajes) es pública. Después viene una servidumbre de paso de seis metros para que cualquiera pueda recorrer el litoral, y después 100 metros de protección, en los que se pueden instalar campos deportivos o cultivos pero no casas.
Todo esto, si el terreno no estaba declarado como urbanizable cuando la ley entró en vigor. Para las casas que ya estaban construidas legalmente en la playa en 1988, la ley les dio una concesión que normalmente es de 30 años y que comenzará a caducar en 2018.
Casi 20 años después de la entrada en vigor de la norma, el Ministerio de Medio Ambiente ha preparado una terapia de choque para reanimar al enfermo. El próximo miércoles ofrecerá a las comunidades autónomas un gran acuerdo, un pacto de Estado, no sólo para frenar el urbanismo salvaje sino para pactar la demolición de las viviendas, chalés, hoteles y piscinas que ocupan la zona pública de costa y así recuperar lo que ya está destruido.
"Sin acuerdo de las comunidades y ayuntamientos no será posible aplicar este plan, pero tenemos que convencer a las Administraciones de que retirando algunas casas fastidiamos a unos pocos pero a cambio gana mucha más gente y desde luego aumentará el turismo de calidad", explica el secretario general para la Biodiversidad y el Territorio del Ministerio de Medio Ambiente, Antonio Serrano.
El Gobierno les va a proponer "un cambio radical en la política de costas. Hasta ahora hacíamos paseos marítimos, que en realidad era poner dinero público para los gastos de urbanización de un promotor. Ahora queremos pasar a recuperar para el uso público los 8.000 kilómetros de costa". El pacto propuesto a las autonomías bajo el nombre de Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa abarca por el momento al Mediterráneo, Baleares, Canarias y Cádiz y Huelva. El Cantábrico, aún no tan urbanizado, queda fuera de esta primera fase.
Para los próximos años (la estrategia no tiene un plazo de ejecución) el ministerio prevé "rescatar concesiones" a lo largo de 776.972 metros de costa mediterránea y de Canarias. Se trata de rescatar los permisos de ocupación del dominio público de las viviendas construidas antes de la Ley de Costas para demolerlas y darle uso público. "Pretendemos negociar, no ir directamente a la expropiación, porque los propietarios suelen pleitear y eso alarga enormemente los trámites", según Serrano. Pese a ello, el Gobierno insiste en que su propuesta no es un plan de expropiaciones masivas.
Por eso es esencial la colaboración de ayuntamientos y comunidades. Porque el ministerio sólo tiene competencias en los primeros metros de costa y pretende que los ayuntamientos cedan suelo a esos propietarios en zonas alejadas de la costa.
Aplicar el plan costaría 5.000 millones de euros, pero Medio Ambiente insiste en que es una estrategia a largo plazo y que sólo será posible con colaboración institucional y empresarial.
La barrera de hormigón ha llegado a tal punto en el Mediterráneo que el 36% es suelo urbano y el 11% es urbanizable. Eso quiere decir que más de 1.000 kilómetros de la primera línea del Mediterráneo y Canarias ya están construidos o en vías de serlo. Por el contrario, un 32% de la primera línea está protegida (eso no impide que se construya 100 metros más atrás) y el 21% es no urbanizable.
Además, Medio Ambiente quiere construir 782 kilómetros de caminos naturales bordeando el litoral "para que cualquiera pueda circular la costa, no en coche, sino a pie o en bicicleta. Intentaremos huir de las obras duras", explica Serrano, catedrático de Ordenación del Territorio. En las pocas zonas que permanecen vírgenes, Medio Ambiente no construirá estos caminos, sino rutas alejadas del mar con viales para llegar al mar.
Otra de las cosas que tiene en cuenta el plan es la subida prevista del nivel del mar por efecto del calentamiento. Un estudio encargado por el Ministerio a la Universidad de Cantabria concluyó que las playas pueden retroceder en 2050 una media de 15 metros. Zonas como el Delta del Ebro son especialmente vulnerables. Allí, la urbanización Riumar queda tras la línea que teóricamente alcanzará el mar de unas décadas. Pero hay más. Serrano va a su despacho y vuelve con una foto de una urbanización en Valencia construida bajo el nivel del mar. "Tenemos que recuperar estas zonas e ir hacia atrás. Dejarlas libres para que la relación con el mar sea natural", sentencia Serrano.
El plan incluye obras de regeneración de dunas (el 70% está en regresión) y eliminar las obras que impiden la regeneración natural de las playas. También aborda las mejores formas para evitar la pérdida de arena de playas que producen los puertos deportivos.
* ELPAIS.com - J. M. ROMERO / R. MÉNDEZ - Madrid - 29/10/2007
Foto: El Sauzal (Tenerife), derribo de 418 viviendas - MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (El País)
Madrid: Un informe reconoce que las viviendas de la Cañada no son chabolas
MADRIDIARIO* : Un informe del Ayuntamiento de Madrid del mes de marzo reconoce que las construcciones de la Cañada Real no son "chabolas" o "infraviviendas" sino una serie de "viviendas unifamiliares de dos o tres plantas (con servicios anexos tales como barbacoas, granjas, etc...) todo ello sin licencia municipal".
La categoría de edificación es trascendental para el tratamiento que deben recibir para el desalojo y derribo, y para determinar la responsabilidad sobre este macroasentamiento en el que se calculan que habitan 40.000 personas.
Así, este informe de la Subdirección General del Régimen Jurídico y Control de Edificaciones, del departamento de Urbanismo que dirige Pilar Martínez, apunta que la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid considera el chabolismo como un fenómeno alegal no urbanístico que puede resolverse con desalojo y demolición "por razones constatadas de seguridad o salubridad, por ocupar suelo de titularidad pública, por obstaculizar la ejecución del planeamiento urbanístico o atendiendo a razones sociales derivadas del posible realojo de los ocupantes".
Sin embargo, el informe subraya que las edificaciones de la Cañada "no son propiamente chabolas o infraviviendas". "Aún existiendo una tipología edificatoria muy diversa se trata con carácter general de construcciones consolidadas de fábrica de ladrillo, que ocupan una o dos plantas (a veces más) con distribuciones de piezas habitables, materiales, servicios y acabados más propios de viviendas unifamiliares que de infraviviendas", y añade: "precisamente los informes policiales denuncian la construcción de auténticos 'búnkeres' de hormigón y puertas acorazadas casi inexpugnables".
El informe "no cambia nada"
El Ayuntamiento de Madrid restó este lunes importancia al estudio que determina que muchas de las edificaciones de la Cañada Real Galiana tienen la catalogación urbanística de viviendas unifamiliares, ya que "no cambia nada" porque estas construcciones "continúan siendo ilegales".
Así, fuentes municipales confirmaron que los procesos abiertos para el desalojo y derribo de algunas edificaciones de la Cañada Real no se verán afectados aunque se traten de viviendas unifamiliares y no chabolas. Éstas últimas, según la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que recoge el informe de la Subdirección General del Régimen Jurídico y Control de Edificaciones del Área de Gobierno de Urbanismo, sí pueden someterse a procesos de desalojo y derribo.
Las mismas fuentes indicaron que si las construcciones que actualmente se levantan en la Cañada Real Galiana se consolidasen, dejarían de ser ilegales, pero esta situación no se ha producido, por lo que la mayoría de las viviendas no cuentan con las licencias municipales oportunas.
Además, desde el Gobierno que dirige Alberto Ruiz-Gallardón se insistió en que la solución a los problemas de este asentamiento que se extiende desde la incineradora de Valdemingómez hasta la A-3 (autovía de Valencia) pasa por que la Comunidad de Madrid convoque una reunión con todos las administraciones implicadas.
* Madridiario - 29-10-2007 - MDO/EP
Foto: Madrid, casa Cañada Real - madridiario.es
Ronda: Cuenca Mediterránea vuelve a denegar el agua a Los Merinos
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ELPAÍS/Málaga* : La Cuenca Mediterránea Andaluza ha negado ya en dos ocasiones autorización para que la urbanización Los Merinos Norte, que contempla 781 viviendas y dos campos de golf en un paraje próximo a Ronda, pueda abastecerse de los acuíferos de la zona al considerar que las necesidades de consumo son "incompatibles" con el plan hidrológico de la cuenca, que se caracteriza por sus recursos deficitarios.
En el último informe se descarta además la posibilidad de que la urbanización pudiera recibir agua reciclada de la nueva depuradora de Ronda para el riego de los campos de golf, como han pactado la promotora y el Ayuntamiento pese a que éste carece de competencias para disponer del caudal.
En noviembre de 2005 la Cuenca Mediterránea Andaluza negó la concesión de caudales a Club de Campo y Golf, sociedad promotora del polémico complejo de Los Merinos Norte, cuyo proyecto de urbanización, aprobado por el Ayuntamiento de Ronda en febrero de 2006 está impugnado por la Consejería de Obras Públicas ante un juzgado que ha negado la suspensión cautelar de los trabajos. Meses después de aquella negativa, la promotora presentó a la Cuenca un nuevo esquema de aprovechamiento de agua que a su juicio no rompería el equilibrio hídrico. En la primera ocasión, la promotora pidió extraer del acuífero del que se abastecen las poblaciones de Arriate y Cuevas del Becerro un caudal de 595.570 metros cúbicos anuales, que la Cuenca consideró "desproporcionado" porque suponía una dotación anual por habitante y día de 520 litros, cuando el plan hidrológico sólo permite un máximo de 350 en la zona. En la nueva petición se solicitaba un caudal menor, 198.377 metros cúbicos anuales, y se proponían una serie de pruebas sobre el acuífero que la Cuenca rechazó también.
Aunque en esta segunda solicitud se pedía menos agua, se reconocía una necesidad de abastecimiento total para la urbanización mayor a la pretendida en la primera, 880.745 metros cúbicos anuales, aunque 682.368 metros cúbicos serían obtenidos de la depuradora de Ronda y de la que se construirá en la urbanización para el riego de los campos de golf, zonas verdes y baldeo de calles.
Uno de los motivos de la denegación es la falta de justificación de este caudal. La promotora invocó un convenio con el Ayuntamiento de Ronda para obtener 4.000 metros cúbicos diarios de la nueva depuradora de la ciudad. Pero, según el informe de los técnicos de la Cuenca Mediterránea, la planta de Ronda no tendrá tratamiento terciario que es el que permite la reutilización del agua, y además el Ayuntamiento no tiene la concesión ni el derecho de cesión del agua de la depuradora, que pertenece a la Agencia Andaluza del Agua. Además, la Cuenca adujo también que detraer 4.000 metros cúbicos del río Guadalevín provocaría un "inevitable impacto", que impediría los regadíos del bajo Guadiaro y aumentaría el riesgo de mortandad de peces.
Efectos irreversibles
Las obras de urbanización previas al inicio de la construcción del complejo urbanístico continúan en Los Merinos y han afectado ya a varios centenares de encinas, según denuncian las asociaciones ecologistas que se oponen al proyecto. Silvema lamenta que la juez de lo contencioso argumentara que las posibles afecciones se pueden restituir para denegar la suspensión cautelar de los trabajos. Para los ecologistas, los efectos ecológicos son irreversibles. La licencia está impugnada porque según la Junta el proyecto autorizado por el Ayuntamiento de Ronda incumple el informe de impacto ambiental y produce una transformación de más del 25% del territorio.
En los últimos días también ha habido novedades en el procedimiento penal. El fiscal ha remitido las diligencias que abrió a los juzgados de Ronda para que investiguen la comisión de un posible delito contra la ordenación del territorio o contra los recursos naturales y el medio ambiente. El fiscal ha pedido que se elabore un informe sobre el impacto de los trabajos realizados y que el Ayuntamiento de Ronda informe sobre si se están ejecutando las obras para la conducción del agua reciclada.
* ELPAIS.com - DIEGO NARVÁEZ - Málaga - 29/10/2007
Foto: Ronda (Málaga), Los Merinos - 20minutos.es
'La expansión urbanística es la responsable de las inundaciones alicantinas de la semana pasada'
EUROPAPRESS* : WWF/Adena afirmó este lunes que "la expansión urbanística es la responsable de las inundaciones que se produjeron la semana pasada en el litoral alicantino", tras las lluvias torrenciales que azotaron al litoral alicantino la semana pasada. Por otro lado, la entidad hizo hoy un llamamiento a la Generalitat Valenciana para que "revise los planes de ordenación urbanística del litoral con el fin de evitar que se repitan en un futuro los impactos de las avenidas o crecidas".
"Las dramáticas consecuencias de las intensas precipitaciones que asolaron el litoral alicantino durante la pasada semana ponen de manifiesto, una vez más, la necesidad de desarrollar y aplicar políticas efectivas de ordenación territorial que minimicen el impacto de las lluvias torrenciales", añaden.
Asimismo, desde WWF/Adena explican que "la ocupación del litoral, de los barrancos y ramblas sufrida en los últimos años para la construcción de viviendas o infraestructuras, ha destruido los ecosistemas naturales capaces de paliar los efectos de las avenidas, como riberas, humedales, saladares o llanuras de inundación. Los Planes Generales de Ordenación Urbana que aprueban los Ayuntamientos y, en última instancia la Generalitat Valenciana, así como la insuficiente aplicación de la Ley de Regulación de Actividad Urbanística (LRAU) de 1994, han llevado a la Generalitat Valenciana a ser un mal ejemplo para toda la Unión Europea, contando con numerosas denuncias de grupos conservacionistas y de la propia Comisión Europea".
Según la organización ecologista, "la Generalitat Valenciana reconoce la existencia de cientos de miles de viviendas construidas en zonas calificadas como 'inundables'. Sin embargo, no sólo no asume su responsabilidad si no que ha acusado al Ministerio de Medio Ambiente como responsable de la catástrofe por no mantener los 'cauces limpios'".
WWF/Adena recuerda que " tal y como se ha puesto de manifiesto en el II Seminario Internacional de Restauración de Ríos, celebrado esta semana en Madrid, la vegetación natural asociada a los cauces constituyen un elemento esencial de protección y no es, en ningún modo, la responsable de los efectos de las inundaciones".
Por su parte, la portavoz del Grupo de Alicante de WWF/Adena, Nuria Moreno, señala que "la única manera de revertir esta situación es impulsar un profundo cambio en la política de ordenación territorial, diseñando estrategias para proteger y conservar el dominio público hidráulico y el costero. La Generalitat Valenciana no puede continuar anunciando planes millonarios para paliar los efectos de posibles avenidas, mientras continúa permitiendo la construcción en zonas inundables".
Por último, WWF/Adena insiste en que "la Generalitat Valenciana invierta mayores esfuerzos en la aplicación efectiva con criterio de sostenibilidad de la legislación vigente y en la necesidad de que las administraciones locales no se comprometan a legalizar, con fines electorales, en los próximos Planes Generales de ordenación Urbanística las viviendas construidas en el dominio público hidráulico o costero".
Este tipo de lluvias son habituales en esta época del año debido al fenómeno de carácter natural de la llamada 'gota fría' que afecta principalmente, a la costa mediterránea. Los ecosistemas naturales asociados al litoral y a los ríos y barrancos mediterráneos constituyen un elemento fundamental de protección frente a inundaciones ya que cumplen una función amortiguadora por su elevada capacidad de infiltración de las aguas.
* Europa Press - MADRID, 29 Oct
Foto: Alicante, inundaciones - Europa Press
