La CCDT exige al Gobierno recortes masivos en la planificación urbanística

Hoy el gobierno ha anunciado un plan de actuación y un pacto de estado para frenar el urbanismo salvaje, que consistirá en la demolición de edificios, la finalización de los deslindes de costas y la compra de terrenos, con un presupuesto de 5.000 millones de euros. Desde la Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio* (CCDT) denunciamos que por un lado el plan resulta poco creible un función de actuaciones recientes del ministerio y por otro que sería netamente insuficiente para frenar significativamente el urbanismo salvaje, ya que no se atacan las causas principales ni se aportan las soluciones necesarias.

Por un lado hay que destacar que solo teniendo en cuenta las promociones ya comprometidas en la actualidad se triplicará el número de viviendas en la costa, con un numero de viviendas previstas de cerca de 20 millones, según se ha publicado recientemente en diferentes medios.
Si a esto añadimos los desarrollos pendientes de tramitación en la actualidad, podría superarse la inaudita cifra de 40 millones de viviendas nuevas, que triplicarían todas las existentes en España en la actualidad.

Frente a semejantes cifras las actuaciones propuestas por el gobierno hoy son insignificantes y van a afectar poco al contingente grueso de promociones en curso o pendientes de tramitación.

Por ello lo primero que ha de exigirse al gobierno es un pacto de estado con autonomías y ayuntamiento que pase en primer lugar por moratorias y recortes drásticos en la recalificación de suelo y en todas las fases de planificación, y por la elaboración inmediata de instrumentos rigurosos de ordenación territorial, que deben destinarse al crecimiento "hacia adentro" y a dotar los núcleos existentes de infraestructuras más adecuadas y sostenibles (saneamiento, evitar el transporte motorizado individual, moderar el consumo de agua, etc).

Tampoco resulta creible la toma de iniciativa drástica en materia de urbanismo sin plantearse una alternativa económica y laboral para España, especialmente teniendo en cuenta que el ejecutivo no deja de hablar de la construcción como fuente de riqueza.

Por otro lado son necesarias reformas legales y del sistema judicial y administrativo que impidan la especulación y agilicen los procesos de denuncia y sanción.


El caso del Algarrobico

La actuación del ministerio resulta poco creible a la luz de recientes intervenciones, como en el caso del hotel del Algarrobico, paralizado en los tribunales por un recurso interpuesto por la asociación Salvemos Mojácar, y del que ahora el ministerio pretende expropiar solo la mitad del edificio, la que está en la servidumbre de protección marítimo terrestre que marca el deslinde de costas, mientras que pretende dejar indemne la otra mitad, igualmente ilegal, que se ubica en zona protegida del Parque Natural Cabo de Gata Níjar y en habitat Prioritario.

Si este es el "buque insignia" y el ejemplo de las actuaciones ministeriales, desde esta organización consideramos que se trata de farsas y de mascaradas electoralistas intolerables.

Si el ejecutivo quiere marcar diferencias con la retórica execrable del desarrollismo y la ignorancia medioambiental del PP, deben hacerlo con acciones y no solo con discursos y pasos e falso.

Desde la ciudadanía exigimos al gobierno una toma de responsabilidad definitiva en esta problema, el más grave del país por sus múltiples ramificaciones, entre las que se encuentran las problemáticas medioambientales del cambio climático y las sociales de la vivienda.

El territorio es un recurso limitado y el daño que se está causando, mientras el gobierno lanza sus insuficientes planes, es irreversible.



* Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio




* Portalmería - 30/10/07