31 municipios quieren dar a la Xunta sus funciones de control urbanístico

ELPAÍS/Galicia* : Hasta 31 municipios gallegos, en su mayor parte de reducidas dimensiones, han manifestado su interés en delegar en la Xunta competencias de vigilancia, inspección y sanción urbanística que no están en condiciones de ejercer eficazmente frente a los promotores inmobiliarios. El organismo encargado de asumir estas funciones será la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), cuyos estatutos fueron aprobados ayer por el Consello de la Xunta.

La agencia en cuestión, que se constituirá en los próximos días, ha sido diseñada de común acuerdo con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) con el objetivo de "garantizar la función social del suelo" y se ocupará de vigilar e inspeccionar el territorio, así como de proteger el litoral.

El combate de la ilegalidad, la prevención y la persecución de las infracciones en materia de urbanismo y de costas (especialmente aquellas que se puedan cometer en zonas consideradas sensibles) también figuran en la relación de materias de las que deberá ocuparse la nueva agencia.

De la agencia formarán parte todos los municipios que voluntariamente decidan adherirse a ella en los términos y condiciones establecidos. La vinculación se regulará mediante un convenio e incluirá, necesariamente, la atribución a la agencia de las competencias de inspección, supervisión, sanción y restablecimiento de la legalidad que correspondan al municipio.

Al frente del organismo estará un director (nombrado por el Consello de la Xunta por un período de cuatro años) y un consejo ejecutivo. Este último, como órgano de control de la agencia, estará formado por el director general de Urbanismo y ocho miembros (cuatro en representación de la Xunta y otros cuatro nombrados por los municipios). El personal de la agencia estará integrado por funcionarios públicos de la comunidades autónoma y de la administración local.

La Axencia da Legalidade Urbanística forma parte del conjunto de medidas en las que el Gobierno gallego ha depositado su confianza para "ordenar el territorio y frenar su degradación", entre las que destaca la Lei de Medidas Urxentes en Materia de Ordenación do Territorio e do Litoral de Galicia. Esta normativa suspendió cautelar y transitoriamente todos los nuevos desarrollos urbanísticos en la franja de los 500 metros del litoral para determinados tipos de calificación de suelos (se excluye el suelo urbano consolidado dentro de esa franja).

La ley afecta al 13% de la superficie urbanizable de los municipios costeros (unas 3.000 hectáreas), lo que representa el 1% de la superficie urbanizable de las cuatro provincias gallegas.

El Gobierno trabaja también en la preparación del Instituto de Estudios do Territorio, la entidad que se ocupará de prestar asistencia a los ayuntamientos para la elaboración, gestión, adecuación y ejecución de su planeamiento, así como realzar trabajos de investigación y difusión.

Al mismo tiempo, está en preparación el Plan de Ordenación do Litoral de Galicia, que establecerán los principios y normas urbanísticas de la costa a partir de criterios de desarrollo sostenible.

Como complemento de estas actuaciones, el Gobierno también ha habilitado ayudas anuales para subvencionar la adaptación de los planeamientos municipales a la normativa urbanística vigente que van del 100% al 80% de los gastos totales.







* ELPAIS.com - F. VARELA - Santiago - 01/11/2007
Foto: Santiago, pazo Raxoi, sede Xunta y Ayuntamiento - Vasco Roxo (wikipedia.org)