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ELMUNDO* : Tazacorte, en la isla de la Palma, se ha convertido en el primer municipio de España que solicita formalmente a las administraciones públicas que los ciudadanos puedan utilizar los tribunales de justicia como vehículo para exigir una vivienda. La iniciativa tiene su origen en una propuesta presentada ante el pleno del Ayuntamiento por el grupo mayoritario, Unión Bagateña, en el mes de enero.
Según ha explicado el teniente de alcalde de la localidad, Juan Miguel Rodríguez Acosta, la intención del gobierno del municipio (cuyo pleno está formado por 7 concejales de UB, 4 del PSOE y 2 de CCN) es sensibilizar a los gobiernos central e insulares para que una familia sin recursos económicos, y con una serie de condiciones que así lo justifiquen, pueda reclamar una vivienda por vía judicial.
Con unos 6.000 habitantes y una superficie de 12 kilómetros cuadrados, este municipio palmero se ha convertido en el primero de España en pedir que se faciliten todas las condiciones necesarias, como la adquisición de suelo, construcción y financiación de viviendas, para que "más personas tengan derecho a una vivienda". "A ver si alguien coge al vuelo esta iniciativa y se implica con ella", ironiza Rodríguez Acosta.
El teniente de alcalde señala que no se trata "de que se regalen los pisos", sino que "se facilite aún más el acceso a la vivienda y que la vía judicial se utilice como un instrumento eficaz para que garantizar este derecho".
Recuperar el suelo para el dominio público
Por su parte, el alcalde de la localidad, Ángel Pablo Rodríguez, ya reclamó a la Demarcación de Costas, dependiente del gobierno central, medios económicos para adquirir suelo y construir viviendas para las familias que se encuentran en situación de chabolismo en el litoral, donde es necesario recuperar el dominio público.
Y es que el gobierno local del pueblo más pequeño de la isla, con una densidad de población de 512 habitantes por km2, recuerda que "la vivienda es un derecho básico y constitucional". Según comenta el teniente de alcalde, la renta per cápita de la localidad es 700 euros, por lo que "la iniciativa surgió en parte para intentar mejorar la situación de nuestros vecinos, la mayoría asalariados o agricultores que no pueden pagar una hipoteca".
En el municipio se han construido alrededor de 500 Viviendas de Protección Oficial (VPO). "Otra medida para luchar contra los precios de las viviendas es la creación de viviendas sociales de alquiler con opción a compra y es en lo que nos vamos a centrar en el futuro", comenta Rodríguez Acosta. "Esperamos que esto y la demanda que hemos emitido al gobierno sirva para que alguien coja al vuelo esta iniciativa y se implique con ella".
* El Mundo - 23/08/2007
Foto: Tazacorte (La Palma) - elmundo.es
Tazacorte, primer municipio en exigir que la vía judicial se use para solicitar una vivienda
Territorio, urbanismo y financiación local
JOSÉ VICENTE SÁNCHEZ* : Buena parte de los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana y también del resto del Estado se encuentra ante el gran problema de la financiación. Es de derecho reconocer que el boom de la construcción ha terminado por multiplicar los ingresos de las maltrechas arcas locales. En la mayoría de los casos estos ingresos se han reinvertido en distintos servicios municipales, tales como bibliotecas, zonas deportivas o de ocio. No es menos cierto que también se acaban financiando de forma irregular determinadas obras derivadas de la venta de los patrimonios municipales de suelo que en su momento son cedidos a los consistorios en las distintas reservas por crecimientos urbanos. La experiencia del algún municipio nos dice que acaban asumiendo determinados gastos más allá de la necesaria vivienda protegida.
Si afloja el sector inmobiliario, nuestros ayuntamientos tendrán que apretarse el cinturón, reajustando notablemente las partidas y muy significativamente los apartados de gastos e inversiones. Señalar a modo de ejemplo que en nuestro litoral muchos de nuestros municipios han aumentado la población de derecho en más de un 30% en el período 2000-2004. Curiosamente, y a pesar del alud inmobiliario que nos ha sacudido, no se ha producido el mismo incremento en los presupuestos municipales.
El tema no es baladí, ya que muchas de las familias que tenían una segunda residencia han terminado por convertirla en la primera. Ello es debido en parte a la inminente caída de la vivienda especulativa que limita el pago de más de una hipoteca. Otros motivos pueden ser, por qué no decirlo, la misma fijación de su primera residencia en zonas relativamente atractivas aprovechando la flexibilidad laboral o empresarial que disfrutan algunas capas de la población.
Sea cual sea el caso, el aumento demográfico local implica una serie de ingresos, pero también problemas ambientales y de carencia estructural. En definitiva, mayor gasto local. Ejemplos de problemáticas ambientales derivadas son la movilidad urbana desaforada junto al excesivo tránsito de vehículos privados; la consecuente contaminación atmosférica y acústica, o la destrucción territorial de un paisaje donde su protección debe mostrarse como clave dentro de un contexto de competitividad turística global. Los elementos de carencia estructural tampoco desmerecen de los anteriores: aumento de carreteras y asfaltado de caminos locales, necesidad de mayores redes de infraestructuras de abastecimiento en materia de agua, saneamiento y luz, necesidad de más y mejores servicios asistenciales o sanitarios.
Dependiendo del sistema de gestión urbana que se emplee, estas cargas no siempre son repercutibles a los costes de urbanización que asume cualquier promotor (al menos en los que harían referencia al mantenimiento o renovación de redes). Al final, el político acaba haciendo cuentas y remata la faena subiendo los impuestos al ciudadano de a pie y no al verdadero interesado del crecimiento desmesurado.
El aumento presupuestario municipal debería ir ajustado y acompasado al volumen de población real (y no de derecho) que tiene un municipio. En otras palabras, debe ir en solfa con los ritmos de crecimiento que marque todo el aparato inmobiliario y poblacional que finalmente se asiente sobre el territorio. Escuché con atención unas notas del profesor Joan Romero, director del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local, en que afirmaba que un aumento demográfico local debería ajustarse proporcionalmente al presupuesto municipal. Esto debe ser analizado siempre per cápita. Otro crecimiento que no sea como el indicado plantea un desajuste innecesario en el desembolso municipal y cuestionaba el modelo masivo de ese urbanismo que al final de la película acaba lastrando más que rellenando las arcas municipales.
De todo lo expuesto se concluye con afirmación nada novedosa: la financiación local está mal resuelta en España, sobre todo en un contexto donde los ayuntamientos suministran cada vez más servicios de carácter personalizado a sus ciudadanos, superando de largo sus competencias establecidas en sus bases de régimen local.
Se estima que más de un tercio de los ingresos locales depende directamente de la construcción, que básicamente se centraliza en impuestos, tasas y contribuciones especiales. También en la venta o plusvalía de cesiones adquiridas por aprovechamiento urbano y del uso y abuso del convenio urbanístico. A pesar de todo lo expuesto, éstas se muestran a día de hoy del todo insolventes para saciar las arcas municipales.
Lo importante es que el modelo territorial y urbanístico elegido por los ayuntamientos importa, y mucho. Mientras esto ocurre, nuestro capital territorial es borrado del mapa, y llegan las sorpresas al comprobar las cuentas de lo que a uno le entra por ladrillo y se acaba gastando por habitante.
*Colegio de Geógrafos de la Comunitat Valenciana.
* Levante-EMV - 23 de agosto de 2007
Los constructores alertan de que el coste del suelo es ya el 53% del precio final del piso
ELPAÍS/PaísVasco* : ¿Cuál es el factor que más influye en la carestía de la vivienda en Euskadi y, en general, en el resto de España? Los expertos citan varios, pero uno sobresale por encima de todos: el coste del suelo sobre el que se asientan las viviendas. Los constructores vascos alertan de que representa ya el 53% del precio final de los pisos que se venden en la comunidad. Del conjunto de partidas clave en la formación del precio por el que se vende un piso, la que ha registrado las variaciones más significativas en los últimos años es la carestía del suelo, que crece sin parar.
Por el contrario, los costes de construcción, proyecto, licencia, obra, financiación, gestión y comercialización, es decir, el resto de componentes que interviene en el precio final, apenas se han movido y sí lo han hecho, ha sido a la baja.
El suelo ha pasado de representar el 30% sobre los costes totales de la construcción de una vivienda en 1994 al 53% ocho años más tarde, en 2006. Este es uno de los datos más relevantes del informe El sector de la construcción 2006, elaborado por el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales a partir de una encuesta realizada a más de 100 constructores, promotores y agentes inmobiliarios. La conclusión es clara: el suelo es el principal problema y el factor de que los precios de la vivienda sigan subiendo, aunque en el último año de una forma más moderada.
De ese 53% que supone el terreno, el 42% correspondería al coste del suelo bruto, al que habría que añadir el 11% que representa el gasto de urbanización. En cuanto a los gastos de construcción, los promotores aseguran que representan el 27% del precio final de la vivienda, correspondiendo el 20% restante a los costes generales y financieros, entre los que se incluye el margen empresarial.
La opinión de todos los agentes relacionados con el mercado inmobiliario refleja que la oferta actual de suelo urbanizable es insuficiente para dar respuesta a las necesidades actuales de edificación. Esta impresión de escasez es compartida en las tres provincias. Los expertos atribuyen esta situación de insuficiencia tanto a la clasificación como no urbanizables de suelos adecuados para la edificación y, por lo tanto, con posibilidad de reclasificarse, como a la falta física de suelo libre como tal.
Trabas burocráticas
La consecuencia de todo ello es el crecimiento generalizado de los precios de los solares y de las viviendas. Las trabas burocráticas para sacar los suelos al mercado también repercuten de una manera negativa en el coste, ya que ralentiza todo el proceso. Entre las principales trabas figuran desde la lentitud en la concesión de las licencias por parte de los ayuntamientos hasta la rigidez de las normas de las juntas de compensación, formadas cuando el suelo es de varios dueños.
La Ley de Suelo aprobada por el Parlamento en junio del año pasado recoge algunos mecanismos para que la salida de los solares al mercado sea más rápida. Por ejemplo, acaba con las subastas de suelo que en su momento promovían algunos ayuntamientos, cuyos ingresos dependen en buen parte de este tipo de recursos. Este procedimiento de los concursos contribuye a encarecer el precio final del suelo. La ley establece que se adjudiquen mediante concurso.
La figura del agente urbanizador, una empresa privada que prepara un solar una vez que está calificado, también debe ayudar a que todo sea más rápido. Para el 56% de las promotoras inmobiliarias consultadas para elaborar el informe, la presencia del agente urbanizador ayudará a dinamizar el mercado, mientras que un 4% piensa que no será así y mantiene recelos hacia el trabajo que pueda desarrollar.
Prioridad a la política sobre los solares
Las promotoras inmobiliarias consultadas consideran que las políticas de vivienda del Gobierno vasco deberían centrarse principalmente en el desarrollo de actuaciones sobre el suelo y en la concesión de más ayudas a la promoción de viviendas. Fijando la atención en las operadoras que trabajan únicamente en el mercado libre, el 68% considera que las actuaciones sobre los solares tienen que ser prioritarias. Mientras, un 57% opina que se deberían dar más ayudas a la promoción, un 34% aboga por reducir la fiscalidad y un 25% porque se concedan más subvenciones para la compra de pisos.
Por su parte, las promotoras que desarrollan su actividad, tanto en el segmento de la vivienda libre como de la protegida, conceden mayor importancia a las ayudas a la promoción (el 59% de las respuestas), por delante de las actuaciones sobre el suelo (57%). A continuación, citan por igual en el informe la reducción de la fiscalidad y las ayudas a la compra.
Por otra parte, los constructores y promotores del País Vasco consideran que ha crecido la presión competitiva por parte de empresas radicadas en el resto del Estado. Al menos el 39% de las empresas consultadas así lo asegura. A pesar de este aumento, son optimistas en cuanto a sus condiciones para adaptarse a un escenario de mayor competitividad.
LO QUE CUESTA EL SUELO
El coste del suelo sobre el precio final de un piso ha pasado del 30% en 1994 al 53% en 2006.
Ese 53% se reparte entre el 42% del gasto del suelo en bruto más el 11% que supone la urbanización.
Los costes de construcción se han reducido del 49% en 1994 al 27% de 2006.
En el mismo periodo de tiempo, los costes generales y financieros se han estabilizado: del 21% en 1994 al 20% registrado el año pasado.
El precio final del piso es el resultado del 53% del coste del suelo, el 27% de construcción y el 20% de los generales y financieros (incluido el margen del beneficio empresarial).
* ELPAIS.com - EDUARDO AZUMENDI - Bilbao - 27/08/2007
Foto: manifestación vivienda digna - nodo50.org
Los tarraconenses se rebelan en masa contra el plan general de Urbanismo de la ciudad
ELPAÍS/Cataluña* : Los ciudadanos de Tarragona se han rebelado masivamente contra el Plan de Ordenación Urbana Municipal (POUM) de Tarragona, que aprobó el anterior equipo de gobierno de la ciudad (CiU y PP) en vísperas de las municipales por un ajustado margen de 14 votos contra 13 (PSC, ERC, IC V). La oposición votó en contra. Ahora es la ciudadanía la que se ha enfrentado al proyecto, con la presentación de 4.387 alegaciones.
La reacción es inusual. Lo reconoce el teniente de alcalde de Urbanismo, Josep Lluís Navarro, quien advierte de que si en Tarragona hay 120.000 habitantes y calculamos una media de tres personas por familia, significa que de los 40.000 núcleos familiares resultantes, uno de cada diez rechaza tan contundentemente el plan que se ha movilizado para redactar y presentar las miles de alegaciones.
Se jugaban su casa. Así lo explica Santiago Blanco, portavoz de las diversas asociaciones de afectados por las expropiaciones, unidas para ganar fuerza. Muchos de los afectados son matrimonios de jubilados que han tenido que desembolsar 170 euros de una pensión de 600 mensuales para pagar abogados. En Torreforta, uno de los barrios obreros más antiguos y poblados, estaba previsto derribar prácticamente una hilera completa de viviendas de la calle de entrada. En el centro urbano, el POUM prevé derribar bloques enteros de viviendas casi nuevas, algunas construidas hace apenas 30 años.
Entre los casos impactantes, destaca el de un matrimonio con cuatro hijos que compró su vivienda en la carretera de Valls por 240.000 euros en enero después de haberse informado de que la casa estaba limpia de cualquier carga. A los seis meses se enteró de que pertenece a una de las áreas que el plan de urbanismo prevé derribar. Otro matrimonio de Riaño compró su casa con el dinero de la expropiación y la nueva también se proyecta derribar. Los afectados advierten de que, pase lo que pase, sus viviendas en el presente han perdido ya su valor.
El actual alcalde, el socialista Josep Félix Ballesteros, y su concejal de Urbanismo han prometido a los afectados que el POUM será "sustancialmente" reformado. Además, Navarro se compromete a informar zona por zona a los afectados por cada plan parcial. También se muestra decidido a pactar con la actual oposición, responsable del plan, porque cree que un proyecto de estas características es una hoja de ruta que tiene una vigencia para 25 o 30 años.
Además de la coordinadora de ciudadanos afectados en sus viviendas, se ha creado otra de tarraconenses que defienden la preservación de zonas naturales, que son públicas. Marc de Jesús, representante de esta coordinadora (Retirem el POUM), indicó que el plan es clasista, poco respetuoso con el medio ambiente y sin visión de futuro, al no tener en cuenta los grandes problemas que acechan a una "ciudad que forma parte de un planeta", e ignora el cambio climático.
De Jesús concretó que el POUM sigue distribuyendo las viviendas en guetos: las más pequeñas y de protección oficial las ubica frente al polígono petroquímico, mientras que los chalets de 125 metros cuadrados los instala en la llamada corona verde, junto a un acueducto romano popularmente conocido como Puente del Diablo. Estos chalets ocuparían 5,22 kilómetros cuadrados de lo que actualmente son bosques de pinos. Consideran insuficiente pasar del 25 al 30% las viviendas de protección oficial que proponen los socialistas.
Retirem el POUM también se opone al proyecto de aumentar el suelo dedicado a los polígonos de ocio (con cines, restaurantes y grandes superficies) fuera del centro urbano, a los que no se puede acceder sin un coche.
Preguntas sin respuesta
¿Cómo CiU no temió el gran coste electoral de aprobar un plan de urbanismo que prevé que 1.500 familias se tengan que marchar de su casa? ¿Por qué los socialistas no gritaron más alto ante una barbaridad así? Son preguntas que se hacen los afectados y que no han encontrado hasta ahora una respuesta convincente.
"Hubieran ganado las elecciones con mucho más margen", dicen los miembros de la coordinadora. Joan Aregio dice que el plan no podía ser muy distinto, aunque admite que a los redactados se les pudo ir la mano con los derribos. El teniente de alcalde de Urbanismo, por su parte, dice que sí, que los socialistas protestaron mucho y a menudo. Pero la coordinadora de afectados insiste en que la protesta no llegó a los oídos de los ciudadanos como llegan las noticias cuando quieren que la gente se entere de verdad.
El suelo urbano es un oro muy codiciado y los afectados responden con un "Uuuuuhhhhhh" cuando se les pregunta si sospechan que puede haber problemas de especulación urbanística.
* ELPAIS.com - PILAR ENCUENTRA - Tarragona - 27/08/2007
Foto: Tarragona - musique09.free.fr
Más de 3 meses acampados por una vivienda digna en la Universidad Complutense de Madrid
La acampada organizada por la Asamblea por la Vivienda Digna y Contra la Precariedad* en la Ciudad Universitaria de Madrid se alarga. Comenzó el pasado 13 de mayo como un intento de intervenir en la campaña electoral y denunciar la política del ladrillo de los ayuntamientos. De hecho, se anunció que duraría sólo dos semanas, pero por el camino sus integrantes decidieron mantener las tiendas instaladas en el campus, y plantear unos objetivos que van más allá de los recogidos en un principio.
Entre las perspectivas de la Asamblea se encuentra la de crear un espacio de encuentro que reúna a universitarios, trabajadores y personas sin techo y en el que se organicen todo tipo de actividades de autogestión y sensibilización sobre el problema de la vivienda.
En un comunicado dado a conocer a Rebelión, la Asamblea expone sus puntos de vista con respecto a la situación económica y social en el Estado, considerando que se encuentra "en crisis" y donde "la gente vive ahogada por el pago desmesurado de algo básico como es una vivienda".
Para la organización la cuestión es que de "una necesidad básica, un derecho fundamental de nuestra constitución" se ha creado una corriente especulativa, en la cual se trata de embarcar a todos los ciudadanos. Por eso a pesar de que en los últimos años se han construido más viviendas que nunca, revalorizado de forma fraudulenta terrenos que no era edificables para este fin, el precio no ha hecho más que aumentar, el nivel de endeudamiento también (llegando a casi un 80%) y más de 3 millones de viviendas se encuentran vacías.
Fruto de ello "la gente no es capaz de ahorrar y casi no llega a fin de més, y la despoblación de los municipios rurales es deprimente". Y sin embargo, "nos venden una vida llena de comodidad (dependencia) que se caracteriza por la concentración demográfica en nucleos urbanos. Focos de contaminación y de explotación de personas, de alienación de nuestro trabajo y de borreguismo".
Para completar el panorama, el sistema neoliberal alimenta "el miedo a perder nuestras casas, nuestra comida y nuestras comodidades o la incertidumbre en nuestro futuro, nos obligan a aguantar a veces situaciones laborales contra las que ya se lucho en su día y que ahora parece que dicha lucha no ha servido para nada".
En efecto, "los sueldos son bajísimos para el nivel de vida que nos quieren implantar, los contratos basura que no dejan que los jóvenes podamos comenzar nuestro proyecto de vida, los pensionistas que no llegan a final de mes y viven en situaciones de precariedad absoluta, la gente de mediana edad que vivien inmersos en cárceles hipotecarias, y en definitiva y como siempre, el enriquecimiento de unos pocos a costa del empobrecimiento de otros muchos".
Por eso surge la acampada, contra la explotación de seres humanos y a favor de otra vida posible, ofreciendo alternativas de vivienda y de vida que van encontrando durante su lucha. Entre otras la de repoblar las aldeas abandonadas del pais, ofreciendo a todo el mundo la información sobre lugares desocupados, o en proceso, sobre ayudas del estado y sobre modelos de vida basados en la sostenibilidad y la autogestión basada en la explotación local de los recursos frente a una globalización inminente que pretende acabar con todo esto para que puedan seguir haciendonos dependientes de un sistema que nos engaña y que se aprovecha de las personas.
Desalojo previsto
Pero todo este proyecto parece tener los días contados, pues el 1 de septiembre puede ser la fecha en que lleve a cabo el desalojo. Empiezan las clases y desde el rectorado de la universidad se pretende poner fin a la acampada.
Por su parte la Asamblea se halla organizando un fin de semana lleno de actividades y acciones de forma que la gente que aún no sabe de ellos o que han estado de vaciones conozca lo que ocurre en la Complutense, sobre el problema de la vivienda y la precariedad, y que hay que seguir luchando.
Entre otras actividades habrá cine, teatro, música, comida, talleres, encuentros y debates. Cuyo programa definitivo disponible en unos días.
La direccion del grupo es: http://groups.google.com/group/acampadaxlavivienda
Y su direccion de correo: acampadaxlavivienda@googlegroups.com
Acampados por una vivienda digna y contra la precariedad
Introducción
El problema de la vivienda es el de un modelo económico y social que ha puesto este país al servicio de la especulación inmobiliaria, con el objetivo de hacer negocio con el suelo y las viviendas, sin importar su coste económico o medioambiental o si alguien las habitará. En este país sobran viviendas para especular (hay más de 3 millones vacías, 300.000 en Madrid), es más caro que nunca acceder a ellas (en compra o en alquiler) y faltan viviendas asequibles para vivir. ¿La causa? La vivienda, una necesidad social básica, se ha dejado en manos del mercado, una mercancía más con la que se especula y mercadea, excluyendo de su acceso a “los no rentables”. Un mercado controlado por un oligopolio de propietarios del suelo, promotoras, constructoras y políticos corruptos que se forran a costa de hipotecar y atar a la precariedad a millones de vidas de por vida, obligadas a aceptar condiciones de esclavitud del siglo XXI en el intento de desarrollar su proyecto vital.
Frente a este modelo de “capitalismo popular del ladrillo”, la acampada reivindica que el acceso a la vivienda digna (entendido como alojamiento, no como propiedad) sea un derecho universal, reclamable y equiparado a otros derechos fundamentales como la educación o la sanidad. El objetivo es que en el periodo más breve posible, toda la población que lo desee pueda acceder a una vivienda de alquiler social. Para llevar esto a cabo son necesarios cambios legislativos y unas Administraciones Públicas no corruptas que dejen de estar al servicio de la especulación inmobiliaria.
La precariedad es un concepto amplio con muchas caras que cada vez abarca y limita un mayor número de aspectos de nuestra vida: precariedad en el trabajo, en los salarios, en la relación laboral, en las relaciones sociales y en las redes de apoyo mutuo, en la lacra de los accidentes laborales, en la discriminación laboral (sexo, nacionalidad, edad), precariedad como debilidad y desmantelación de los servicios públicos y la protección social,... Los colectivos afectados por esta precariedad son igualmente múltiples: parados, trabajadores sin contratos ni derechos, temporales y precarios, becarios, falsos autónomos y autónomos dependientes, subempleo,…Jóvenes, mujeres e inmigrantes sufren en mayor medida la explotación laboral. Una precariedad que antes era un peaje “temporal” a pagar por parte de los jóvenes y que cada vez más se generaliza a toda la población como modelo económico y social permanente, una profunda reforma laboral encubierta que está erosionando las pocas conquistas sociales y laborales alcanzadas.
La carestía de la vivienda (hipoteca, alquiler) y las malas condiciones laborales son dos factores que se retroalimentan: La obligación mensual de hacer frente un pago desmesurado por alojamiento obliga a las personas a aceptar las precarias condiciones laborales que ofrecen los empresarios y a no protestar o reivindicar mejoras ante la amenaza del despido. Este chantaje obliga a aceptar recortes y condiciones laborales a la baja y la necesidad de dos salarios para poder sobrevivir, impidiendo conciliar la vida familiar y personal con la laboral.
La última década de fuerte crecimiento macroeconómico ha generado un aumento considerable de las desigualdades sociales y de renta, explicado en gran medida por el ciclo inmobiliario, la construcción y el encarecimiento de la vivienda. La riqueza del país (el PIB, producto interior bruto) se ha “duplicado” en estos años, pero no todos nos hemos beneficiado en igual cuantía de este crecimiento. De hecho, mientras que la mayoría de los trabajadores y de la población en general ha visto como se estancaba o empeoraba su poder adquisitivo y sus condiciones de vida, una minoría de empresarios y especuladores ha visto multiplicarse sus beneficios a costa del esfuerzo de la mayoría.
Desde la acampada defendemos un acceso más justo de toda la población (y no solo de una minoría) a la riqueza generada entre todos. La lucha contra la precariedad hay que enmarcarla en un proceso de mejoras sociales globales en este país y ligado al impulso del mismo proceso en el resto del mundo (en una economía globalizada, las conquistas sociales se universalizan o perecen fruto de la lógica competitiva capitalista como estamos viendo con las deslocalizaciones). Se debe abogar por otro modelo socioeconómico a nivel global, basado en mayores derechos sociales, económicos y laborales para el conjunto de la población y surgido de una verdadera democracia real, consciente y crítica.
Objetivos
La acampada por el derecho a una vivienda digna y contra la precariedad en cualquier ámbito tiene unos objetivos concretos, los cuales se exponen a continuación.
*
Sensibilización y concienciación del problema de vivienda y precariedad que provoca la especulación.
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Informar al ciudadano y ofrecerle un punto de encuentro, de opinión y reivindicación acerca del problema que acontece en la actualidad.
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Movilización de la sociedad e implicación directa por parte de ésta en la reivindicación del derecho a una vida digan en la que todos tengamos acceso a una vivienda digna y no provoquen situaciones de precariedad en cualquiera de sus formas.
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Ofrecer alternativas de vivienda, autogestión e integración en un sistema en el que se olvida a minorías con situaciones de precariedad extrema.
Sensibilización y concienciación del problema
Desde la acampada creemos que es muy importante la concienciación de los ciudadanos ante los problemas expuestos en el punto anterior. Pensamos que no es que la gente no sienta el problema como suyo, ya que todos lo vivimos de alguna forma en particular, sino que vivimos en un sistema en el que se ofrecen todo tipo de distracciones y engaños para que pensemos que el problema de la vivienda y la precariedad de este país no tiene la magnitud que en realidad tiene.
En la acampada queremos concienciar a la ciudadanos/as los problemas que se derivan de la situación actual con respecto a la vivienda, desde el endeudamiento familiar, las situaciones de precariedad laboral o social de cualquier tipo e incluso la precariedad extrema como puede ser el caso de la gente sin techo.
Para conseguir esta concienciación queremos ofrecer una serie de actividades, que se detallarán más adelante, encaminadas a difundir este problema entre todos los estamentos de la sociedad.
Información al ciudadano y ofrecerle un punto de encuentro, de opinión y reivindicación
Desde la acampada queremos ofrecer al ciudadano un lugar que reconozcan como punto de encuentro del problema expuesto en la introducción. Queremos informar de la situación actual del problema a través de las siguientes actividades:
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Recabar la información y la opinión de expertos en la materia.
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Promoviendo debates, reivindicaciones o denuncias de situaciones particulares a quien así lo desee.
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Ofrecer medios para que las situaciones personales no se entiendan como casos aislados y que todos veamos el problema como propio.
Pretendemos que al disponer de toda la información posible, la manipulación pierda su efectividad y por tanto la concienciación ante el problema pueda ser un hecho real. Condenando al especulador y al corrupto públicamente, pretendemos la sensibilización y la tolerancia cero por parte de toda la sociedad ante las trampas políticas y económicas existentes en el sistema actual.
De esta forma al disponer de información clara y vinculante sobre un problema y sus causas, se crea una movilización generalizada contra él. Recogiendo las opiniones, visiones, reivindicaciones o testimonios de cada individuo y utilizando medios de difusión “libres” de la manipulación como puede ser Internet, el movimiento por una vivienda digna y contra la precariedad se convierta en un movimiento de todos y por todos, en que no se haga diferencias sociales o culturales, y se entienda como una lucha común ante un problema de tal magnitud.
Movilización de la sociedad e implicación directa por parte de ésta en la reivindicación
En la acampada consideramos de vital importancia la implicación directa en la reivindicación por parte del ciudadano de a pie. Creemos que si el proceso de concienciación e información se lleva a cabo de la forma adecuada y continuada, se puede provocar en las personas un sentir real de la necesidad de dicho cambio, de forma que la reivindicación no se relegue a los colectivos más activos, sino que se generalice y se extienda lo máximo posible.
Ofreciendo un punto de reivindicación conseguimos que la protesta se centralice. Contando con la visibilidad que ofrece el estar en la propia calle y siendo un lugar de libre acceso, creemos que puede ser un buen punto de partida para aquellas personas que sienten un descontento interior y que no saben hasta que punto pueden ser partícipes. Para conseguir una integración de todos los individuos de la sociedad proponemos una forma de funcionar abierta y horizontal y así no prevalecen intereses y opiniones de partidos, asociaciones, grupos, etc. Sino que cada uno puede expresar su forma de pensar de forma totalmente libre.
Con esto no sólo queremos que se sumen a nuestra reivindicación, sino que la sientan como el camino hacia el cambio. Queremos dejar claro que la movilización del mayor número de personas es la clave para que el cambio sea real, y por eso queremos ofrecer este espacio de acampada como punto de partida a la movilización, para conseguir la continuidad y que mucha gente comience a participar de forma activa.
Ofrecer alternativas de vivienda, autogestión e integración en un sistema en el que se olvida a minorías con situaciones de precariedad extrema
En todos los sistemas hay siempre un determinado grado de exclusión hacía grupos minoritarios a veces olvidados en muchas de las decisiones que se toman en el ámbito de la política. En el campamento no sólo pretendemos ser un ejemplo claro de integración de personas pertenecientes a dichas minorías, sino que su implicación está siendo básica para el desarrollo de la acampada y demostramos que en la sociedad, no solo se les desecha por su aparente pasividad, sino que además se les excluye sin ofrecerles ninguna participación. Nosotros desde aquí, les ofrecemos la participación contra una situación que quizá ellos viven desde una perspectiva más extrema, pero convencidos de que no se les puede seguir ninguneando, como se viene haciendo desde siempre.
Por otro lado queremos ofrecer alternativas de autogestión o/y de vivienda a éstas personas, acercándoles información importante que de otra forma no serían capaces de encontrar. Por otra parte acercando a estas personas a la sociedad se eliminan muchos de los prejuicios que les mantienen en su situación, por eso en el campamento todos tenemos la oportunidad de contar nuestra situación personal que nos ha llevado a la situación actual.
De ésta forma no sólo denunciamos los casos de precariedad que existen claramente en la situación política, social y económica de éste país, sino que hacemos participe de la denuncia a quienes lo sufren de una forma más pronunciada.
Motivaciones personales
Las motivaciones personales de todos los que apoyamos la acampada como medio de reivindicación y contando con lo expuesto anteriormente, se pueden resumir en una bien clara: “Que se respete el artículo 47 de la constitución en el que se entiende la vivienda digna como un derecho inalienable”. Que se establezcan los mecanismos adecuados para que no se provoque la precariedad generalizada por la especulación y el mercadeo de un bien primario como es una vivienda digna. Así como el sentir común con las personas que no tienen techo, y compartir que cuando finalice la acampada ellos volverán a la calle.
Autogestión del campamento
Desde la acampada queremos manifestar nuestro respeto al medio ambiente y por tanto estamos pendientes del mantenimiento de nuestro entorno, puesto que en definitiva queremos que sea un lugar habitable, no sólo para los que dormimos allí, sino para los visitantes que se acercan a informarse o reivindicar. Por eso no sólo queremos expresar nuestra decepción ante el corte de la luz de las farolas colindantes sino que también queremos pedir que se nos facilite un punto de luz de cara a que podamos hacer uso de los medios electrónicos de difusión de que disponemos y de cara a actividades que requieran de energía para poder realizarse.
Queremos que el respeto por el entorno sea una de nuestras características más visibles y reivindicativas en el campamento ya que la especulación y la corrupción son ejemplos concretos de no respeto al medio ambiente. Por eso también pedimos que se nos faciliten medios para que podamos mantener la pulcridad y salubridad del campamento en los días u horas que las facultades colindantes se encuentren cerradas.
* Rebelión - 27-08-2007
Foto: Acampada Mayo 2007
La cuarta parte de los edificios de Ceuta están en mal estado o ruinosos
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SUR/Ceuta* : El estudio previo del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) avisa: «Casi la cuarta parte de la edificación está en estado deficiente, malo o ruinoso». Más de 1.900 edificios, el 23,6 por ciento del parque residencial de la Ciudad Autónoma deja mucho que desear, a juicio de los servicios técnicos encargados de redactar el futuro PGOU. De esos casi dos mil edificios en mal estado, 568 se acercan a la ruina peligrosamente.
Además, señala el avance, la mayoría de los edificios tiene las instalaciones básicas, -bien debido al clima o a la baja renta per cápita, argüye el informe-. Así, sólo la tercera parte de los inmuebles dispone de agua caliente central o instalación telefónica.
Carencias y limitaciones propias de edificios antiguos. El avance del PGOU subraya que, si se exceptúa la parte más antigua del parque edificado residencial, aquella construida antes de 1900, con escasa presencia en la ciudad, la antigüedad de los inmuebles ceutíes «es mayor que la del parque español». Aún así no parece que esta antigüedad vaya a ser un problema en el futuro vista la evolución de la construcción en la ciudad autónoma. Y es que si en 1990 la mitad de los edificios de Ceuta se había construido antes de 1940, diez años después la mitad habían desaparecido. Se renueva así el parque inmobiliario pero con la renovación se evapora buena parte de la historia de Ceuta.
Este problema no afecta por igual a toda la ciudad autónoma. Y es en el Almina y en el istmo, el origen de la ciudad, donde el deterioro de los edificios es más acusado, con el 40 por ciento de ellos en mal estado, según el avance del PGOU.
Quizá debido al mal estado del común de los edificios de Ceuta se ha impulsado las obras de reforma y rehabilitación que ha afectado desde 1999 a más de 150 casas.
Por otra parte el crecimiento del número de viviendas ha sido muy importante pese a las limitaciones de suelo. En la década de los ochenta el parque creció a un ritmo del 15 por ciento, que se elevó al 23,3 por ciento en la siguiente década, lo que supone 2.467 y 4.310 nuevas viviendas respectivamente en cada decenio. Es decir, 6.777 nuevos hogares en veinte años.
La mayoría de la vivienda que se visa en Ceuta, señala el avance del PGOU, es libre y tan sólo se han visado 139 VPO, el 3,6 por ciento del total, entre 1993 y 2004, muy lejos del 12,5 por ciento de pisos protegidos respecto al volumen total construido en el resto del país.
Infravivienda
El precio sube y el tamaño medio de la vivienda aumenta, situándose entre los 60 y los 120 metros cuadrados. A pesar de esta aparente mejora aún hay en Ceuta 1.414 de menos de 30 metros, en las que, apunta el avance técnico del PGOU, debido al tamaño medio de un hogar ceutí «tienen que darse situaciones de hacinamiento». Un serio problema que alcanza dimensiones preocupantes en Benzú, donde la tercera parte de las casas presentan situaciones de hacinamiento que rozan la infravivienda.
Más zonas verdes
Los ceutíes suspiran por una zona verde cerca de su casa, o lo que es lo mismo, un parque urbano, la zona ajardinada más habitual en Ceuta, que sólo cuenta con el decrépito parque de San Amaro, pendiente de renovación. Según el preámbulo del PGOU, dos de cada tres ceutíes ven en este su principal problema, seguido por la poca limpieza de las calles, los ruidos exteriores o la delincuencia y el vandalismo en la zona. Jerarquía de preocupaciones similar a la ofrecida por el sondeo de voto de SUR y la encuesta sobre calidad de vida del INE.
* Diario SUR - 13.08.07 - JAVIER SAKONA
Foto: RUINA. Medio millar de inmuebles se acercan al estado ruinoso, según el avance del PGOU. / SKN
Porto do Son consuma su desfeita urbanística
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ELCORREOGALLEGO* : Hace ya algunos años que tanto este periódico como quien esto firma nos ocupamos con reiterada obstinación de la situación urbanística que vive el municipio de O Son, que hemos calificado en la práctica totalidad de las ocasiones con el expresivo nombre de desfeita. Como la exageración es propensión humana disculpable cuando se pone pasión en la defensa de los propios argumentos, podría aducirse que la referida desfeita responde a una interesada distorsión por parte de periódico y de periodista, antes que, como entendemos, a la fiel constatación de lo sucedido.
Y como en los años transcurridos desde que se diera la primera voz de alarma las obras han ido sucediéndose y a la vista están, y las que faltan pronto asomarán lo que va a suponer el más grave atentado perpetrado en el municipio a la riqueza natural, ambiental y paisajística -queda por saber si también a la histórica, dada la existencia de numerosos hallazgos arqueológicos castreños-, conviene refrescar la memoria de lo sucedido y, tras ello, dejar que sea el avispado lector quien, en su sano albedrío y mejor juicio, ponga el calificativo que estime oportuno a la sucesión de hechos relatados.
1) Se dijo desde aquí en todo este tiempo que el patrimonio natural heredado es riqueza que ningún pueblo puede destruir a su conveniencia o capricho, y un centenar de chalés ilegales jalonan espacios catalogados dentro de la Red Natura.
2) Se advirtió de la continuada usurpación del patrimonio construido, que, en tanto conforma tipologías urbanas dignas de relieve, se constituye en riqueza común inalienable (Castro de Baroña, Casas Colgantes de Cuenca, Barrio Alto de Lisboa, judería de Ribadavia...). Pues bien, se han tirado salazones, derruido casas con hornos de pan artesanales, derribado fuentes, demolido algún viejo cine...
3) Se reclamó un catálogo de casas singulares para su conservación como símbolo de una peculiar arquitectura digna de preservarse, y se hizo, pero justamente para tirar algunas de ellas cuando ya habían sido singularizadas como tales por el equipo técnico, según reconoció el propio ex regidor. Otras, con elementos arquitectónicos excepcionales, han sido frenadas por condicionantes externos pero nada vaticina que no sigan, en breve, la misma suerte.
4) Se alertó de la belleza natural de un acantilado encima de un mar excepcionalmente atractivo en su bravura invernal, y se anuncia un proyecto de senda verde que amenaza destruirlo. ¿Justificación? En las proximidades había un humedal con nutrias. Nutrias y humedal están a punto de ser enterrados bajo la piqueta en el más osado proyecto de desfeita urbanística, pero la senda se mantiene. Todo ello a pie de costa.
5) Se avisó de la irracionalidad de aplicar unas Normas Subsidiarias datadas en 1994 y superadas al menos por tres leyes del Suelo, autonómicas y estatales, que deslegitimaban su contenido, y se mantuvieron en plena vigencia hasta hace escasos meses, con el consentimiento de la Xunta y por exclusivas razones de clientelismo. Con mucho más exquisita preocupación, la misma Xunta, con otro color político, paralizó las licencias en Oroso y en Teo. Con ello se generó un daño cierto a promotores y particulares, pero sólo temporal y reversible; con el dejar hacer en O Son, se propició un daño continuado, para todos e irrecuperable.
6) Se recomendó la conveniencia de extremar la inspección urbanística, y a día de hoy hay edificios que sobreviven a ilegalidades reconocidas por sentencia, otros denunciados por particulares por no ajustarse a proyecto, el citado centenar de chalés construidos sin licencia en espacios de la Red Natura y más de una decena de otros levantados en suelo rústico.
7) Se denunciaron por la oposición municipal supuestos tratos de favor, y nadie investigó. Es público y publicado que buena parte de los proyectos de obra realizados llevan la firma de quien, se dijo, es compañero en el mismo estudio de arquitectura del que fuera arquitecto municipal encargado de validar esos proyectos. Una relación que, en todo caso, sí existió entre ambos como miembros del consejo de administración de una misma empresa. De igual modo que el mismo arquitecto municipal fue socio de un empresario que en los últimos tiempos, y desde otras siglas comerciales, ha cobrado protagonismo singular en los más ambiciosos y lesivos proyectos urbanísticos actualmente en marcha (comida y toros por medio).
8) Se recomendó acabar con la engañosa práctica de publicitar y vender con el reclamo de primera línea de costa o de vistas al mar, y en su insaciable voracidad, los distintos promotores han ido comiéndose terreno, alturas y vistas y, en idéntica medida, engañado a los compradores de pisos, quienes a los pocos meses comprobaban como sus "vistas al mar" eran tapadas por las de nuevas promociones que iban surgiendo. Todo un fraude.
9) Cuantas advertencias se hicieron de acomodar el planeamiento a las nuevas disposiciones legales fueron respondidas por alcalde y equipo de gobierno socialista con el visto bueno a expedientes urbanísticos justo 24 horas antes de la entrada en vigor de una nueva ley del suelo que haría inviable tal aprobación. Y, reincidiendo en el intento, hace escasos meses, aprobando trámites de licencia de más de dos centenares de viviendas a pie de litoral, en base a la misma disposición de 1994 y justo el día antes de la entrada en vigor de la disposición de los 500 metros de distancia de la costa.
10) Que la escalada de irracionalidad llegaría a más se encargó de constatarlo este periódico, al informar de la compra por parte del concejal de Urbanismo de fincas rústicas susceptibles de posterior recalificación urbana. Una denuncia que investigó de oficio el fiscal Anticorrupción y que ahora espera el dictamen judicial.
11) Si el robo es definitivo en la memoria urbanística, también lo es, aunque temporal, en el uso y abuso de los espacios públicos por parte de las promotoras invadiendo durante meses aceras, plazas y hasta carreteras con los materiales de construcción. Poniendo en peligro vidas humanas. Sólo la providencia ha evitado un accidente. ¿Asumiría Xunta o Concello la responsabilidad debida en caso de haber ocurrido?
12) Señalamos que cuanto se estaba haciendo era un urbanismo pobre y empobrecedor, "sin alma", como muy acertadamente lo definió desde este periódico una de las más fervientes y documentadas luchadoras contra la desfeita en este municipio, María Luisa García Gil. Insistimos hasta la saciedad que el progreso del municipio difícilmente podría asentarse en la indiscriminada construcción de soluciones habitacionales de verano mientras se olvidaban los proyectos de primera residencia, ahora que Noia, Brión, Bertamiráns y hasta Compostela quedan lo suficientemente cerca, en tiempo. Pero el cemento lo inundó todo, volviéndolo inhóspito, del mismo modo que la villa se tornará un pueblo fantasma tan pronto pasen los calores del verano. Lo conocen de primera mano hosteleros y comerciantes, que saben cuándo, en qué medida y de qué bolsillos llega el valor añadido que cada turista o visitante aporta a la economía vecinal. Basta preguntarles.
13) Finalmente, este periódico repitió hasta la saciedad que ese urbanismo conduciría ineludiblemente al retroceso económico, a la par que al social de todo el municipio. Pues bien, en los últimos años, ningún indicador económico -población, paro, inmigración, cuotas de mercado, indicadores comercial, industrial o turístico, existencia de oficinas bancarias...- arroja un sólo dato favorable respeto de épocas anteriores. Y si la población tuvo un descenso continuado desde los 12.000 a los pocos más de 10.000 habitantes, el paro se incrementó respecto al año precedente pese a todo el bum constructivo, la emigración de la gente joven continúa, con un saldo migratorio negativo; el precio de la vivienda para los lugareños se multiplicó por varios enteros, la industria se mantiene en índices de ocupación de hace años y ni siquiera tanta riqueza logró que se abriera una nueva sucursal bancaria. En suma, más viejos y más pobres gracias a esa forma de hacer urbanismo.
Pero no será desde aquí desde donde, a la vista del panorama descrito, se concluya con la insultante moraleja de que cada pueblo tiene lo que se merece. Lo que no ofrece duda es que cada pueblo tiene lo que quiere, cuando sabe luchar por él, como recientemente demostraron Corrubedo o Baroña. Y ese sentimiento de creciente indignación colectiva ha comenzado a madurar, aunque da la impresión de que surge cuando ya se antoja tardío. La desfeita apura sus últimas y más graves consecuencias para ignominia de unas autoridades políticas que han propiciado, cuando no apurado, la mayor de las afrentas que caben contra toda una colectividad vecinal: usurparle lo mejor de su propia memoria histórica -natural y construida- e hipotecar, a la vez, el futuro crecimiento armónico. Y se decían pueblo.
* El Correo Gallego - XOÁN SALGADO SUBDIRECTOR DE EL CORREO GALLEGO - 26.08.2007
Foto: La barbaridad arquitectónica que muestra la foto es, en su nimiedad, paradigma del grado de desfachatez con el que algunos promotores han sentado sus dominios en O Son, sin que nada les sonroje - elcorreogallego.es
"Queremos gas, pero no a costa del territorio"
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ELPAÍS/Cataluña* : Una superficie industrial equivalente a 18 campos de fútbol, con chimeneas de 60 metros ardiendo las 24 horas, a dos kilómetros de la playa y a menos de 1,5 del núcleo urbano de Alcanar (Montsià). Esto es contra lo que se ha alzado la sociedad civil y la clase política del último municipio de Cataluña lindando con Castellón. En menor medida, el mismo movimiento ha echado ya a andar en Vinaròs, ya en tierras valencianas.
A ambos lados, están convencidos de que esta planta pensada para transformar el gas que se almacenaría en un depósito submarino 20 kilómetros mar adentro supondrá un durísimo golpe al cada vez más importante turismo familiar, a la vez que terminará con una de las escasísimas zonas vírgenes del litoral mediterráneo.
Haakon Brenner es austriaco de nacimiento, pero de Alcanar de corazón. Lleva 11 años viviendo en esta pequeña ciudad pegada al sur del delta del Ebro y de 10.000 habitantes, ganándose la vida alquilando a los turistas Villa Carmen, una antigua residencia señorial que ha restaurado. "Todos queremos que el gas llegue a los hornillos de nuestras cocinas, pero no a costa de destrozar por completo un territorio", dice. Y, como él, así piensa una mayoría social aplastante en el municipio, lo que queda reflejado en dos recientes sesiones plenarias del Consistorio en las que ICV, PP, CiU, PSC y ERC han votado juntos su rechazo a la instalación. Desde la terraza de Villa Carmen, las parejas de mediana edad y con hijos, mayoritariamente catalanes, aragoneses y valencianos, que llenan actualmente el establecimiento de Brenner tendrían unas vistas fabulosas a las chimeneas de la planta transformadora. "Es un problema de seguridad enorme, y de salud. El turismo se iría asustado", señala.
Todo un vasto territorio llano como un papel entre el Maestrazgo valenciano y el Montsià catalán, y en el que cualquier construcción alta tendría esas mismas vistas, al margen de una mayor acumulación de gases de efecto invernadero y partículas de desecho en su atmósfera.
La empresa Escal UGS, por encargo de un Ministerio de Industria que considera urgente la construcción de esta instalación, solicitó el 6 de agosto al Ayuntamiento de Vinaròs un informe de compatibilidad urbanística de la planta. Se trata de un terreno calificado como rústico al lado del río Sénia, un torrente seco que delimita el territorio entre Castellón y Tarragona. Esta zona ha quedado al margen de la presión urbanística y en el lado catalán está protegida no sólo para las actividades industriales, sino también para el uso residencial.
Apenas a una decena de metros, en el lado valenciano, el ministerio que dirige Joan Clos ha diseñado una planta transformadora que convertirá en apto para su uso un gas que se almacenaría 20 kilómetros mar adentro, en el antiguo pozo petrolífero Chaparral, hoy en desuso. Según el plan energético aprobado en Consejo de Ministros el 31 de marzo, la instalación global tendrá capacidad para almacenar 1.300 millones de metros cúbicos de gas, de los que podrían extraerse 25 millones al día, en la mayor instalación de las otras tres de este tipo que hay en España, según prevé el documento. Todas deberían estar operativas en 2009, y el plan energético mencionado subraya la proximidad en Vinaròs del gran centro de consumo de gas que supone la industria del azulejo castellonense. De hecho, el consumo de gas de Castellón cuadriplica al de la provincia de Valencia, según datos del Ayuntamiento castellonense. Industria considera estratégicas y prioritarias unas instalaciones que permitirían aumentar la autonomía energética de España almacenando un gas que hoy llega de países potencialmente inestables políticamente.
Las contrapartidas son varias: la flota pesquera del norte del Castellón y sur de Tarragona vería reducido su ámbito de acción, ya que no podría faenar ni en las inmediaciones del depósito ni en las de la tubería que transportaría el gas hacia la planta de Vinaròs. Y el turismo, como añade el farmacéutico vinarocense Javier Roca, huiría. Roca ejemplifica la relación fluida que existe entre los municipios del sur de Tarragona y norte de Castellón. Su hija tiene una farmacia en Les Cases d'Alcanar, un barrio del municipio catalán, y él está convencido de que la instalación de la planta de gas va a significar la "muerte" del territorio. "Vendemos tranquilidad y calidad de vida", subraya, y lamenta que el Ayuntamiento de Vinaròs no haya hecho el esfuerzo suficiente de informar con detalle a la población del proyecto. De hecho, la zona en la que se prevé construir la planta ha sido objeto de numerosas operaciones de compra-venta por parte del sector inmobiliario, que ve en este espacio natural un lugar de crecimiento para la oferta de turismo residencial. Escal UGS posee sólo el 7,8 de las 177 hectáreas que necesita.
Javier Roca, como Brenner y unas 700 personas más de la zona, forman parte de la Plataforma en Defensa de las Tierras del Sénia, un recién nacido movimiento vecinal que se ha puesto como objetivo informar tanto a Vinaròs como a los pueblos afectados de ambos lados sobre el impacto del proyecto. "Es mucho más grave esto que discutir sobre el futuro del puerto", dice Roca, refiriéndose a un controvertido proyecto de ampliación y reforma del puerto local que concentra la atención de los vecinos.
"Con nocturnidad y alevosía"
La tramitación del proyecto se ha precipitado en agosto, pese a estar presente en los planes ministeriales desde 2002. "Ha sido con nocturnidad y alevosía", según ha denunciado la plataforma vecinal. El propio Ayuntamiento de Alcanar no lo ha tenido fácil para conseguir la información de un proyecto que le afecta de lleno. Fuentes del ministerio no saben explicar el porqué de la publicación en el BOE el pasado 2 de agosto del proyecto por parte de Industria. El teniente de alcalde de Vinaròs, Juan Antonio Beltrán (PSPV), detalla que el Consistorio ha alegado contra el proyecto debido a la incompatibilidad urbanística de la zona, y advierte de los mismos impactos negativos sobre la zona que la plataforma vecinal. Sin embargo, y pese a todas las iniciativas contrarias que han surgido en el lado catalán, matiza: "La única vía para frenarlo es que la Generalitat valenciana se oponga".
* ELPAIS.com - ORIOL AYMÍ 26/08/2007
Foto: Alcanar (Tarragona) - mma.es
Benidorm autoriza a ocupar 112 pisos que ilegalizó el tribunal superior
EL PAÍS* : El Ayuntamiento de Benidorm (Alicante) ha otorgado cédula de habitabilidad de primera ocupación a 112 apartamentos construidos en la manzana comprendida entre las calles Mallorca, Girona y Mediterráneo. La comisión de Urbanismo accedió el pasado 13 de agosto a la solicitud de la promotora, Coblanca Mediterráneo SL con los votos favorables del PP y el PSPV. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dictó una sentencia el 11 de abril que anuló y dejó sin efecto la aprobación del estudio de detalle para dicha manzana, un trámite que sirvió de cobertura a la modificación de la licencia municipal para superar la edificabilidad prevista inicialmente.
La fórmula del estudio de detalle permitía al promotor pasar de construir 92 apartamentos, como pretendía en un primer momento, a 112, aprovechando el trasvase de edificabilidad de otra parcela. El TSJ de la Comunidad Valenciana tumbó ese acuerdo. El consistorio interpuso un recurso de casación pendiente ahora de resolución.
El abogado del propietario que presentó el recurso contra la decisión municipal afirma: "Al anular el estudio de detalle quedan ilegalizadas las viviendas, porque la licencia de edificación se otorgó sobre la base de esas condiciones ahora no validas". Y añade: "Entregar la licencia de ocupación es como decir que todo se ha realizado correctamente y que el edificio cumple los requisitos, algo falso".
El Ayuntamiento otorgó la licencia de nueva ocupación después de solicitar un informe jurídico externo favorable, con el fin de "no perjudicar a los vecinos que nada tienen que ver", sostiene el concejal de Urbanismo, José Ramón González. "Un edificio vacío en un lugar perjudica a una ciudad que vive de la imagen", apunta. Federico López, el abogado que firma el informe jurídico externo señala que las licencias "son actos administrativos independientes del estudio de detalle". Y argumenta que las obras están amparadas en dicha licencia y "son legales".
* ELPAIS.com - SERGI CASTILLO - Benidorm[EMPTYTAG] - 26/08/2007
Foto: benidorm - losgenoveses
La especulación y su impacto ecologico
AUREO SÁNCHEZ* : Lo que a continuación leerá no será un artículo de carácter técnico adornado con cifras ni con un afán tecnicista, es un escrito para aquellos que soportan cada día la especulación en el mercado inmobiliario español. Es, para los ciudadanos que observan desolados como bosques y zonas de campo colindantes a las metrópolis son masacradas por un afán de lucro personal, mientras los ecosistemas se debilitan y producen comportamientos anómalos en la fauna del lugar.
Quizá el peor de los efectos que ha provocado la burbuja del sector inmobiliario ha sido la continua recalificación de terrenos para la construcción de viviendas, esta medida ha provocado que gran parte de las zonas colindantes a los pueblos y ciudades se vean ahora reducidas a cemento y ladrillos, el efecto recalificador ha provocado tal afán lucrativo que ha supuesto que la superficie urbanizada aumentase en mas de un 100% en algunos municipios de la zona noroeste de Madrid por no hablar del caso mas famoso ; Seseña.
Tanto crecimiento urbano se sostiene según los medios oficiales por un aumento de la población que prefiere ir a vivir al extrarradio creando las llamadas ciudades dormitorio ; y sin embargo Madrid o Barcelona siguen teniendo los precios de los alquileres al mismo nivel o superiores , tal efecto que debería preconizar el éxodo a las ciudades dormitorio no repercute a los precios de las viviendas en las capitales y mientras en el extrarradio se siguen construyendo viviendas aun cuando recientemente salio el alarmante dato que advertía que en España existía una vivienda para cada 2 personas , situándose nuestro país en el primer puesto de la lista en toda la unión europea.
Y sin embargo los promotores inmobiliarios siguen especulando, edificando nuevas viviendas aunque parece ser que estas no serán nunca habitadas ya sea por sus precios desorbitados o por exceso de demanda, la actitud de los alcaldes de estos municipios ya sean socialistas o populares es denigrante puesto que en sus campañas electorales para los comicios del pasado mayo apostaron por la calidad de vida en sus municipios y tras haber resultados elegidos han llevado a cabo las reformas contrarias a las que prometían, como es posible apostar por municipios que ofrecen calidad de vida a los ciudadanos en cuanto a comodidad y prestaciones cuando la realidad muestra que avanzamos inexorablemente hacia la conurbación entre pueblos y a la masificacion y a la desaparición de los espacios vegetales.
Tanta urbanización y recalificación esconden tras de si un afán de crecimiento desmesurado por parte de los municipios que aspiran a tener mas importancia en la comunidad aunque esto conlleve acabar con la belleza natural del entorno y hacer que la clase social de los promotores inmobiliarios haya estado beneficiándose de la situación durante demasiado tiempo.
Esta es la encrucijada en la que ahora nos vemos, podemos cerrar los ojos y hacer que no vemos como nuestros entornos naturales siguen siendo destrozados por personajes sin escrúpulos hasta que se conviertan en los paraísos del cemento y la plastificación de la sociedad. O bien podemos reaccionar ahora que el proceso no esta del todo terminado, aun hay cabida para la lucha y la protesta frente a los destrozos incontrolados . Tenemos que pelear ya sea denunciando los casos de corrupción, llevando a juicio a aquellos que demasiado tiempo han estado estafando a la sociedad y haciendo saber a aquellos que no quieren ver la situación que la cosa no tiene porque ser de esta manera y que un buen municipio no es el que mas habitantes tiene , la lucha es aplicable a numerosos campos pero ha de ser inmediata , no podemos dormirnos ahora , es el momento de actuar.
El mercado de la vivienda parece estar comenzando a desinflarse, no podemos dejar se renueve otra vez. Hay pelear contra aquellos que juegan con nuestro futuro y el de nuestro planeta, no hay que dejarse intimidar por aquellos que utilizan en miedo como mejor mecanismo de defensa. Ahora es el momento de actuar y no de mirar a otro lado
* Rebelión - 24-08-2007
EL TSJ declara ilegales las obras del nuevo edificio del Ayuntamiento de Calp
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ELPAÍS* : El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) ha declarado ilegales, pese a que ya están finalizadas, las obras de ampliación que llevó adelante el anterior gobierno municipal del Partido Popular en el edificio del nuevo Ayuntamiento de Calp y en la piscina municipal. La sentencia denuncia que los fondos que se utilizaron para la financiación de ambas obras provenían de la venta de suelo municipal que sólo puede estar destinado a promover viviendas de protección oficial.
El nuevo alcalde socialista busca fórmulas para devolver el dinero.
El TSJ emite sendas sentencias en las que desestima los dos recursos de apelación que presentó el anterior gobierno del Partido Popular en Calp, presidido por Javier Morató, y argumenta que el dinero obtenido con la venta de Patrimonio Municipal de Suelo no puede destinarse a cualquier fin, "sino al de desarrollar técnica y económicamente la expansión de las poblaciones", a través de la construcción de viviendas de protección oficial (VPO).
El gobierno del Partido Popular gastó en la pasada legislatura alrededor de 3 millones de euros en la rehabilitación del edificio consistorial y 1,7 millones de euros en la construcción de la piscina. El dinero que financió estas obras, provenía de la venta de diversas bolsas de terreno recalificadas como suelo público y que únicamente podían ser destinadas a la promoción de VPO.
Con ambos recursos desestimados, el TSJ impondrá al Ayuntamiento calpino que reponga el importe total del gasto que realizó en sufragar dichas obras, es decir, 4,7 millones de euros que sólo pueden ir destinados a viviendas de promoción pública. Pese a que las obras son ilegales, el edificio no se demolerá, aunque habrá que devolver toda la partida que supuso su coste. El ex alcalde de Calp ya acumulaba tres sentencias del TSJ, junto a estas dos, que estaban recurridas por vender en los últimos años suelo municipal, incurriendo así en un delito urbanístico, según especifica la ley.
La Subdelegación del Gobierno llegó a impugnar al Ayuntamiento popular hasta 40 partidas, que sumaban 7,5 millones de euros, cuyo dinero no ha sido destinado a financiar estas viviendas sino a gastos del equipo de gobierno entre los que se encuentran muebles de despachos y oficinas, mobiliario urbano, equipos de aire acondicionado, el acondicionamiento de la calle de la Pilota y la ampliación efectuada en el edificio consistorial, que ahora es declarada ilegal junto a las obras de la piscina.
El Tribunal Superior de Justicia confirma en las sentencias la "ilegalidad" de las obras efectuadas al estar financiadas con cargo a los fondos del suelo municipal cuya finalidad es "muy distinta" y añade que para estas obras se puede utilizar la partida de gasto corriente del Ayuntamiento.
El problema para que el actual Ayuntamiento pueda devolver el dinero es la liquidez, que ya justificaba el anterior alcalde del PP, Javier Morató. Y es que el gobierno popular de Calp ha endeudado en estos últimos años el Ayuntamiento "al límite", y sigue aumentando las deudas con las sentencias. Hasta ahora, la deuda calpina ascendía a 60 millones de euros entre deuda bancaria y derechos urbanísticos, lo que supera el 100% del endeudamiento permitido.
En el primer pleno convocado en el Ayuntamiento con la nueva dirección PSPV, Bloc y PSD, se anunció que se realizaría una auditoria al Consistorio para averiguar dónde se ha invertido tanto dinero. Según los técnicos del Ayuntamiento, el dinero de Calp "ha desaparecido" de las arcas municipales.
Sin embargo, las facturas siguen llegando. El equipo de gobierno actual denuncia la innumerable cantidad de facturas sin expediente y sin contrato que se han ocultado por parte del PP, y que por tanto permanecen pendientes de pago, y que, según conocen los funcionarios, se encuentran "en la nevera", a la espera de que se conozca el concejal que lo encargó y la partida a la que deben cargarse.
El PP no ha querido realizar comentarios al respecto y su responsable de Hacienda, Fernando Penella ya matizó en sesión plenaria que "habrá deuda pero es que se han hecho muchas cosas para Calp".
El edil nacionalista, Ximo Tur recuerda que a un mes de las elecciones el PP solicitó dos créditos por un total de 10 millones de euros, lo que "compromete actualmente mucho la sostenibilidad económica del consistorio", sentencia.
Según La Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, a un municipio como Calp, de más de 10.000 habitantes, las bolsas de suelo municipales sólo pueden ser destinadas a la promoción de VPO, según los técnicos del Ayuntamiento, el ex alcalde popular durante sus doce años de legislatura debería haber promocionado 200 viviendas, sin embargo, no se ha llevado a cabo ninguna en todo el término municipal en los últimos 14 años.
* ELPAIS.com - NEUS GÓMEZ - Xàbia - 25/08/2007
Foto: Calpe - Císcar (ELPAIS.com)
La Comisión Europea tomará medidas sobre el urbanismo de las Comunidades Autónomas
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EUROPA PRESS* : La Comisión Europea tomará las "medidas pertinentes" en relación a las leyes urbanísticas que rigen en las distintas comunidades autónomas una vez que el Tribunal de Justicia de la UE (TUE) haya fallado sobre la denuncia que presentó Bruselas el pasado mes de junio contra la Ley Urbanística Valenciana (LUV) por no cumplir las normas comunitarias sobre contratos públicos.
El comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas, se refirió a este caso en su respuesta a una pregunta parlamentaria que le planteó el eurodiputado de IU Willy Meyer en relación las presuntas irregularidades en el desarrollo urbanístico en la costa asturiana.
"En cuanto a las legislaciones urbanísticas en vigor en las otras comunidades autónomas españolas, la Comisión tomará las medidas pertinentes una vez que el Tribunal se haya pronunciado en el asunto relativo a la legislación valenciana", afirmó.
Meyer preguntó a la Comisión qué medidas prevé para preservar la costa del Principado de Asturias, sometida a la "presión" de las inmobiliarias y a un plan para construir 17 campos de golf que se sumarán a los 11 ya existentes. En su exposición, el eurodiputado alude al informe Fourtou, con el que el Parlamento Europeo denunció los excesos del urbanismo valenciano en diciembre de 2005.
En su respuesta, Dimas afirmó que los proyectos urbanísticos tienen que determinar, antes de ser aprobados, si pueden tener efectos significativos en el medio ambiente, por medio de un estudio de impacto.
Fallo sobre Valencia, clave
Por lo que respecta a los mercados públicos, el titular de Medio Ambiente recordó que la Comisión examinó la legislación urbanística valenciana y concluyó que "la atribución de los programas urbanísticos en base a esta legislación tiene que someterse a la directiva en materia de mercados públicos".
"La Comisión considera que estos programas (de desarrollo urbano) constituyen mercados públicos, algo que ha sido rechazado por las autoridades españolas", lo que, dijo, fue causa de la denuncia ante el TUE, el pasado 27 de junio, con cuyo fallo se examinarán el resto de leyes autonómicas.
* El Mundo - 21/08/2007
Foto: Casas ilegales en la urbanización 'El Perpen' en la huerta de Catral. (FOTO: CRISTOBAL LUCAS)
¡Oído en terraza!
MIGUEL DALMAU* : Es lo que tiene el verano. Si nos sentamos en una terraza junto al mar, podemos asistir al espectáculo de la comedia humana. En este caso, se trata de tres parejas de mediana edad, españoles, ropa de marca, desenvueltos, sobradillos. Se sientan en la mesa contigua, ya con los vasos de vino en la mano, y piden para todo un regimiento. En cierto punto, descubro que son constructores. "Rara avis in terris", me digo, y procedo a escucharlos furtivamente para comprobar si queda un átomo de decencia en el sector. Lo hay. De pronto, uno de los comensales, que ha bebido más de la cuenta, empieza a increpar a otro. El ataque es demoledor. "El chollo se nos va a acabar, tío", repite. Y no contento con ello, lo razonaba así: "Ha sido una vergüenza. Todos estos años robando y especulando, ganando fortunas a costa del país entero. ¿Sabes cuánto he ganado yo los últimos diez años?". El otro, que indudablemente no lo sabe pero se lo imagina, guarda silencio. Humilde. Abochornado.
A estas alturas uno comprende que deben, forzosamente, ser muy amigos para que el increpado soporte tan tranquilo el rapapolvo. Asombra, eso sí, el estoicismo o la cobardía del constructor, que sólo toma la palabra cuando el otro se sirve una nueva copa de vino. "La cosas funcionan así. No iba a chuparme el dedo. Todo el mundo ha sacado tajada. Mira a...". El otro estalla: "No me hables de ése. ¡Vaya pelotazos! ¡Qué vergüenza!". Entonces yo recuerdo la Ley del Suelo del PP, que ha sido sinónimo del "todo urbanizable" y ha provocado un crecimiento del ciento dieciocho por ciento de la vivienda española.
En este punto interviene un tercer comensal. "Ahora hay que verlas venir. Estar quietos. Esperar". Coincidencia general. Mientras acaban el arroz de bogavante, comentan que hay que obrar con mucha cautela. Aunque no haya crisis en el sector, se percibe una cierta regresión y, sobre todo, cierto malestar social. ¿Resultado? Ya no habrá arroz de bogavante cada día, pero seguirán tomándolo varias veces a la semana. En eso queda siempre la crisis de la construcción.
Pero el otro insiste: "Hemos hipotecado al país. ¿Qué pasa con la gente? ¿No nos da vergüenza? Un piso en Leganés por cien kilos. Y encima hay imbéciles que lo compran. ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Me quieres decir para quién estamos construyendo?". La pregunta, al fin, conmueve a las damas. Y una de ellas se lanza a recordar el caso de un sobrino que... Las mujeres de estas lumbreras no son precisamente mejores. Yo diría que son peores, porque alimentan el ego y la ambición de estos tiburones para vivir a lo grande sin dar un palo al agua. Inútil añadir que en todo ese tiempo no se ha hablado de cine, teatro, pintura, literatura, filosofía, medicina... En el fondo, no se ha hablado de nada, pero he aprendido mucho de un tema que nos afecta a todos.
Por alguna razón el país entero, en efecto, está en manos de esos. Y de los bancos y de los políticos, que son sus compinches. Pero me consuela el pensar que el mar sigue brillando, eterno.
* Diario de Mallorca - Opinión - 19 de agosto de 2007
Aifos saca pisos de debajo de la tierra
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ELPAÍS* : La promotora Aifos ha construido en Fuengirola una promoción con 203 viviendas, Terrazas de Torreblanca, cuando la licencia concedida por el Ayuntamiento le autorizaba a levantar 161. Las 42 casas construidas de más se encuentran actualmente en un limbo jurídico porque el consistorio que preside Esperanza Oña (PP) se niega a dar la licencia de primera ocupación hasta que el proyecto no se ajuste al autorizado. Este obstáculo administrativo no ha impedido a la promotora malagueña comercializar las viviendas, con lo que los compradores pueden ser al final los principales perjudicados del conflicto.
La promotora defiende la legalidad de su actuación y asegura tener informes jurídicos que le dan la razón. Según Aifos, la edificabilidad final no excede de la autorizada y no considera que exista una planta de más porque "cuando se hizo el muro de contención resultó que el terreno era más profundo que lo que aparecía en el estudio geotécnico del Ayuntamiento, que estaba mal hecho". Las 42 viviendas construidas de más ocupan una planta bajo rasante no contemplada en el proyecto que el Ayuntamiento autorizó y para el que dio la pertinente licencia. Es decir, la promoción de Aifos no ha crecido en altura porque ha crecido en profundidad sobre un talud.
Para el Ayuntamiento de Fuengirola, sin embargo, la situación es evidente y no admite matices. Concedió una licencia para 161 viviendas y se han construido 203. Según el departamento municipal de prensa, "en su momento, Aifos presentó un proyecto de obras que se ajustaba a la ley y por lo tanto el Ayuntamiento le concedió la correspondiente licencia. Sin embargo la construcción edificada por la promotora no se corresponde con el proyecto presentado, ya que sobrepasa la edificabilidad permitida por la ley y ante este incumplimiento no se puede conceder la licencia de primera ocupación".
Aifos realizó el proyecto de la urbanización Terrazas de Fuengirola en octubre de 2002, y el Ayuntamiento le concedió la licencia el 11 de octubre de 2003 por decreto de la concejal de Urbanismo, Ana Mula. En octubre de 2004, los mismos arquitectos que hicieron el proyecto lo reelaboraron e incluyeron ya las 203 viviendas que se han ejecutado finalmente. El Ayuntamiento no detectó las irregularidades hasta que la promotora concluyó las obras y solicitó el permiso de primera ocupación.
La construcción acabó hace un año, y el 2 de agosto de 2006, la promotora solicitó la preceptiva licencia de primera ocupación. Ante la falta de respuesta del Ayuntamiento, en enero volvió a solicitar el permiso, pero el consistorio sigue sin contestar. Según Aifos, se podría entender concedida la licencia por silencio administrativo dado el tiempo transcurrido sin respuesta, pero ha anunciado que de momento no entregará las viviendas a sus compradores a la espera de resolver el conflicto con el Ayuntamiento.
Fuentes municipales han informado a EL PAÍS de que el consistorio "no concederá licencia de primera ocupación mientras el edificio no respete la ley" y han precisado que "la empresa no va a encontrar apoyo ni colaboración municipal hasta que no rectifique". El consistorio hace responsable a Aifos de cualquier perjuicioque puedan sufrir los compradores por no cumplir la legalidad.
En el escrito de solicitud de la licencia de primera ocupación, la promotora justifica la diferencia entre lo construido y lo autorizado en que es titular de un aprovechamiento de 1.650 metros cuadrados de techo en una parcela distinta en la misma zona y ha decidido por su cuenta una redistribución. Invoca principios legales que según entiende Aifos le permiten materializar todos sus derechos sobre las dos parcelas en la que ocupa Terrazas de Torreblanca. Pero en el mismo escrito Aifos admite la falta del pertinente permiso municipal para hacerlo. "En este caso, nos encontramos con una situación basada en la confianza dada por esa administración que si bien en ningún momento nos autorizó reglamentariamente a concluir la edificación sita en la parcela TB-058 con los 1.650 metros de techo provenientes de la parcela TB-059, tampoco nos lo ha impedido".
Aifos, una de las promotoras inmobiliarias más potentes de la provincia de Málaga, se ha visto con frecuencia en los últimos tiempos en el ojo del huracán. Su presidente y fundador, Jesús Ruiz Casado, está procesado en el caso Malaya junto a otros tres directivos de la firma por cohecho al haber entregado cantidades más de cinco millones de euros al presunto cerebro de la trama de corrupción, Juan Antonio Roca, para obtener trato beneficioso el Ayuntamiento de Marbella en varias de sus promociones, entre ellas los dos hoteles Guadalpín.
Pero además, del sumario de Malaya se han desgajado dos piezas separadas, una por presunto delito contra la Hacienda Pública de Ruiz Casado y su esposa, y otra para investigar los regalos que la promotora ha realizado a cargos públicos, jueces y técnicos de algunos ayuntamientos. Ruiz Casado se encuentra además imputado por un presunto delito de estafa por vender varias promociones de pisos en Rincón de la Victoria que nunca construyó y para los que no llegó a tener siquiera licencia de obras.
EL AYUNTAMIENTO NO COLABORARÁ
Aifos levantó en la promoción Terrazas de Torreblanca 203 viviendas cuando sólo podía construir 161.
El edificio se acabó de construir en agosto de 2006 pero el Ayuntamiento no dará la licencia de primera ocupación "hasta que el inmueble respete la ley".
Los directivos de Aifos están imputados en el caso Malaya por dar más de cinco millones a Roca.
* ELPAIS.com - DIEGO NARVÁEZ - Málaga - 21/08/2007
Foto: Urbanización de Aifos Terrazas de Torreblanca- JULIÁN ROJAS (El País)
Urbanismo y protección del patrimonio
JOSÉ CARMONA* : En relación al patrimonio, en los territorios se manifiestan las luchas y las tensiones entre distintas fuerzas. Aquellos que consideran que todo lo que en el territorio existe tiene una dimensión económica que prima sobre las otras, y que urgen para que los plazos de planificación se adecuen a esa dimensión. Pero están también aquellos que deben imponer pausa, impulsar la integralidad de los procesos y defender que los recursos patrimoniales y culturales sean mirados y tenidos en cuenta desde otras perspectivas. Éste debe ser el papel de la Consejería de Cultura.
Tras los descubrimientos que se están haciendo en Castilleja de Guzmán alrededor del extraordinario dolmen de Montelirio, que incluyen cuatro nuevos dólmenes, el delegado de Cultura convoca una rueda de prensa y aparece dándole legitimidad técnica y política a la rapidez con que se desarrollan las excavaciones, guiadas por intereses urbanizadores. Hay una duda que las promotoras inmobiliarias ya tienen resuelta: ¿se excava para construir o se excava para conocer, profundizar, relacionar las partes de lo que se encuentra, y después valorar las distintas posibilidades científicas, sociales y de puesta en valor de lo que aparece?
La Consejería de Cultura, y el alcalde, en el caso de Montelirio, parece que también han resuelto esa duda aliándose con las fuerzas urbanizadoras. Primero, reduce el perímetro de protección del dolmen para que quepan un geriátrico y un supermercado en su entorno, aunque hay un informe en contra, que simplemente no aparece en el expediente; y después, el delegado se lanza a decir a los cuatro vientos que los restos de los cuatro dólmenes que acaban de aparecer están muy deteriorados, ninguneando así su valor.
¿Quién va a reclamar pausa, mirada de conjunto y unos mínimos principios para que no sea devastado uno de los conjuntos dolménicos más importantes del calcolítico europeo? Podemos hacerlo los ciudadanos, pero, por favor, que entonces nos ahorren el sueldo del delegado de Cultura.
* ELPAIS.com - José Carmona Navarro - Valencina, Sevilla - 20/08/2007
El alquiler sigue en lista de espera
ELPAÍS* : "El número de viviendas en alquiler es claramente insuficiente; y la política oficial debe potenciar este mercado mediante medidas que incrementen la oferta de pisos de alquiler a precios moderados". Aunque podría serlo, esta cita no es de ningún responsable del ministerio de Carmen Chacón, sino de una tribuna publicada en este periódico en 1991. La firmaba la entonces directora general de Vivienda y hoy ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona.
Hoy, 16 años y varios Gobiernos -socialistas, populares y de nuevo socialistas- más tarde, la situación del alquiler sigue igual. O peor.
A pesar de las declaraciones de Narbona y de todos sus sucesores, el porcentaje de inquilinos se ha mantenido en torno a un raquítico 11%, a un abismo del 38% de media europea. A finales de julio, el presidente Zapatero anunció con efluvios maoístas un "gran salto" para facilitar el acceso al alquiler, sobre todo a los más jóvenes. Ni él ni ningún portavoz gubernamental especificaron en qué va a consistir ese "gran salto" a ocho meses del fin de la legislatura.
Pero el anuncio llega en un momento en el que los desorbitados precios de la vivienda y la inacabable escalada del Euríbor hacen que sobre muchos españoles planee la duda de si les compensaría renunciar a la inveterada pasión patria por la propiedad del piso. Porque algo parece estar cambiando. En los últimos tres años se firmaron 421.000 contratos de alquiler, casi un cuarto de los existentes.
"Hasta ahora. El alquiler ha sido el patito feo del mercado español. A partir de ahora, ya no va a ser así", dice Fernando Encinar, portavoz de Idealista.com, el mayor portal inmobiliario en Internet. Y los argumentos que da son consistentes: según un estudio realizado sobre casi un millar de pisos que comercializa la web, alquilar sale un 49% más barato que comprar.
Idealista.com comparó el precio que los propietarios solicitaban al mes a sus hipotéticos inquilinos con la cuota, también mensual, de lo que costaría pagar la hipoteca de ese mismo piso. Para calcularlo, supusieron un préstamo con un interés del 3,5% y a 30 años.
Este mismo estudio hecho en mayo de 2006 reducía la diferencia al 40%, lo que hace suponer a los responsables del portal que cada vez más gente se inclina al alquiler.
Menos ventajosa para éste resulta la comparación entre el precio que pagaron de media las familias que arrendaron el año pasado un piso de 100 metros cuadrados, 720 euros, con los 787 euros que supuso en el primer trimestre la cuota hipotecaria media, a pagar en un plazo de casi 28 años.
El catedrático de Economía Aplicada de la Autónoma de Barcelona Josep Oliver no cree que la subida de los tipos de interés vaya a generar una gran salida hacia el mercado del alquiler. Más bien al contrario: "El Euríbor por las nubes hará que se creen menos hogares, tanto en propiedad como arrendados", asegura.
Y es que las malas noticias no llegan sólo para los que tienen una hipoteca. Mientras que el precio de la vivienda libre aumentó en el primer semestre del año sólo un 3,2%, los alquileres de las grandes ciudades, según el INE se encarecieron en torno al 4,3%. No es éste el único problema del alquiler.
Las ayudas fiscales, además de ser escasas, no benefician a la mayor parte de arrendatarios, informa Lucía Abellán. "No son muy allá", resume Luis del Amo, gerente del Registro de Economistas Asesores Fiscales. Según esta organización, sólo cinco comunidades (Asturias, Canarias, Castilla y León, Cataluña y Valencia) más el País Vasco, que tiene sus propias normas forales, ofrecen deducciones generalizadas. En Andalucía, Baleares, Cantabria, Extremadura, Galicia, Madrid y Navarra se conceden sólo a rentas bajas o colectivos desfavorecidos.
Pero al presentar la declaración, el ciudadano no suele tener en cuenta esa posibilidad por desconocimiento. No existen datos sobre lo que se gastan las administraciones en incentivar el alquiler, pero es de suponer que poco. Las ayudas son bastante "cicateras", según los asesores fiscales. Y eso que las deducciones ayudan a combatir el fraude.
Hay una condición indispensable según los profesionales para que el mercado del alquiler deje de ser residual. En palabras del consejero delegado de Colonial, Mariano Miguel: "Necesitamos una legislación de desahucio rápida. Mientras no se cambie la filosofía hiperproteccionista hacia el inquilino que no paga, que esconde una política social mal entendida, esto no se va a arreglar".
A pesar de que se aprobaron en 2003, los juicios rápidos para los desahucios por impagos no funcionan todavía. La falta de acuerdo entre el Ministerio de Justicia y las autonomías sobre quién ha de financiar los nuevos juzgados mantiene la reforma en la nevera.
Enrique Sanz, vicepresidente del Consejo General de la Abogacía, dice que a pesar de que con la legislación vigente los plazos no deberían sobrepasar los tres meses, es muy habitual que lleven ocho o nueve. "Si el propietario ha reclamado varios meses el pago antes, como es habitual, el proceso puede superar el año. Un negocio ruinoso".
* ELPAIS.com - LUIS DONCEL - Madrid - 20/08/2007
Las 14 urbanizaciones ilegales de la Sierra de Córdoba no tienen planes contra incendios
TERRA* : La marea de parcelaciones ilegales está pasando factura a la Sierra cordobesa. El Avance del Plan Especial de Protección y Ordenación de la Sierra de Córdoba da la voz de alarma sobre los perniciosos efectos que la presión urbanística está ejerciendo en este vasto territorio de 31.000 hectáreas que 'constituye uno de los espacios naturales más ricos y variados de la Península Ibérica', según recalca el citado documento elaborado por un equipo multidisciplinar de la Universidad de Córdoba y la Gerencia de Urbanismo.
La interminable lista de impactos describe un cuadro muy alejado de esa imagen de evocaciones bucólicas y de gran belleza paisajística: vulnerabilidad de los acuíferos: formación de vertederos incontrolados que 'convierte el entorno de las parcelaciones en grandes focos de contaminación'; destrucción de la vegetación natural por rotulación, desmontes y talas indiscriminadas para la apertura de caminos y explanadas de parcelas; establecimiento de alambradas, vallados y paredes que ponen en peligro la fauna, así como afecciones sobre vías pecuarias y 'valores culturales en su mayoría desprotegidos ante la actividad parcelaria'.
Riesgo de incendio
El documento se marca como 'uno de sus puntos prioritarios' atajar el preocupante riesgo de incendios, que clasifica como 'alto y muy alto' en más del 60 por ciento de las parcelaciones situadas en suelo no urbanizable, que consumen 2.320 hectáreas, de las cuales casi dos terceras partes están ocupadas de manera ilegal.
Sólo pequeños núcleos de población cuentan, según expone el informe, con un plan de emergencia contra incendios, es decir, con servicios de saneamiento e infraestructuras diseñados de forma que respetan una anchura mínima de accesos. Sin embargo, son casos aislados, porque 'otras parcelaciones por su situación de ilegalidad no cumplen con ninguno de estos requisitos', avisa.
Pero la conclusión más inquietante que arroja el documento es que lo abrupto del terreno hace imposible que se puedan establecer dichos dispositivos, por lo que sus residentes se encontrarían completamente indefensos y sin posibilidad de cambiar su situación en caso de que una lengua de fuego amenace sus viviendas.
'Las condiciones en las que se encuentran éstas dificultan y pueden llegar a imposibilitar el diseño de un plan de emergencia contra incendios, evacuación y las labores de prevención', advierte el documento.
En el ámbito del plan especial existen 24 parcelaciones. De ellas, 14 no están reconocidas por el PGOU y ocupan 1.550 hectáreas en las que se ubican a su vez 1.400 viviendas. Mientras que las 10 restantes están situadas en suelo no urbanizable con parcelación, lo que significa que son susceptibles de reconducirse con un Plan Especial de Mejora del Medio Rural.
El Avance dedica un capítulo monográfico y hace un inventario de los asentamientos. Asimismo, revela que desde la aprobación del PGOU de 2002 su superficie ha crecido un 7,8 por ciento.
Los efectos de estos asentamientos también son apreciables en los acuíferos. Así, el diagnóstico realizado con motivo del plan, que se basa en el muestreo de aguas en las cuencas hidrológicas, pone de relieve que 'la excesiva extracción de aguas subterráneas ha provocado la disminución apreciable del caudal' de los manantiales, así como 'la desecación de muchos de los pozos existentes'.
Considera el entorno de Santa María de Trassierra, regado por los arroyos El Molino y Bejarano, como 'la zona con mayor presión urbanística e impacto'.
Zona de máximo interés
Cabe destacar que el Avance define el cauce y vertientes del río Guadiato y arroyos Guadanuño, Bejarano, Don Lucas y El Molino como la zona de máximo interés ambiental, que será objeto de un estudio pormenorizado posterior.
Su interés paisajístico radica en su relieve accidentado, resultado de la incisión fluvial, así como la vegetación, que ha dado lugar a parajes de gran atractivo visual, caracterizados por los saltos de agua y elementos singulares como la Fuente del Elefante, el acueducto de Valdepuentes, los Baños de Popea, los Molinos y Caño de la Escarabita, al que se asocia el asentamiento romano de Cárbula.
* Terra Actualidad - VMT - 19/08/2007
Foto: Parcelaciones ilegales siguen destruyendo la Sierra de Córdoba - Ecologistas en Acción, Córdoba Abril 2006
