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Ecologistes en Acció del País Valencia* considera escandaloso e inaudito el auto aclaratorio del TSJ de la Comunidad Valenciana donde se le da la vuelta al auto anterior que aceptaba nuestra petición de suspensión cautelar del Plan Parcial PAU 21 de Orihuela. No encontramos otra explicación a esta sorprendente rectificación que las supuestas presiones ejercidas por la empresa urbanizadora sobre el Tribunal Superior de Justicia, que han conducido al ridículo con este auto “aclarador” y contradictorio, que cambia el sentido del fallo anterior, con la excusa de “una serie infortunada de circunstancias informáticas”, por la cual se “coló” un fallo que correspondía a otro procedimiento judicial.
La empresa GMP Nueva Residencial SL (compradora de la Torre del BBVA del Paseo de la Castellana de Madrid), que pertenece a la familia Montoro, con relaciones económicas con Ricardo Romero de Tejada, exnúmero 2 del PP madrileño, pidió una rectificación del fallo porque, según ellos, encontraban contradicciones significativas, y a partir de aquí se revisó el expediente y entonces se dieron cuenta del “error” informático.
Ante esta situación, Ecologistes en Acció del País Valencià presentará un recurso de suplica ante el TSJ, donde se pedirá la nulidad del auto “aclaratorio”, ya que según el art. 267 de la Ley Orgánica del Poder Judicial nunca una aclaración puede suponer un cambio en el sentido del fallo judicial. También se solicitará de nuevo la suspensión cautelar del Plan Parcial PAU 21 porque no está garantizado el abastecimiento hídrico al sector por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura ni de la Mancomunidad de Canales del Taibilla.
Posteriormente, si este recurso no prosperara, se presentará una queja ante el Consejo General del Poder Judicial para que se abra una investigación tras la emisión por parte de la sala de lo Contencioso Administrativo, sección 1, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), de estos dos autos contradictorios sobre el PAU 21 de Orihuela, un plan urbanístico que se está ejecutando en el corazón del futuro Parque Natural de Sierra Escalona. Ambos autos están dictados por Edilberto Narbón Lainez como presidente y por los magistrados Juan Luis Lorente Almiñana y Carlos Altarriba Cano (ponente).
Desde ámbitos jurídicos se ha comentado que no existen precedentes en los últimos 25 años de una actuación judicial como esta y nos han trasmitido su sorpresa ante una situación inédita en la jurisprudencia, ya que un auto aclaratorio, no puede cambiar el sentido del ya emitido, sino puntualizar o aclarar ciertos aspectos oscuros o rectificar errores numéricos.
En resumen, consideramos un auténtico escándalo judicial esta situación que supone un duro golpe para la credibilidad del sistema judicial valenciano, así como para el medio ambiente del País Valenciano.
* Ecologistas en Acción - País Valencià 3 de julio
Foto: Foto aérea del pau21, cedida por Amigos de Sierra Escalona (ASE) /ecologistasenaccion.org
Noticia relacionada: Suspensión cautelar del PAU 21 de Orihuela en el futuro P.N. de Sierra Escalona
Escandalosa rectificación del TSJCV sobre el PAU 21 de Orihuela
Casi la mitad de los ayuntamientos catalanes no tienen reservas de suelo público
C.Blanchar.- El País/Barcelona* : "El síndic de greuges, Rafael Ribó, pidió ayer a los ayuntamientos catalanes que hagan un mayor uso del patrimonio público de suelo para construir vivienda social. Ribó presentó en el Parlament un informe de vivienda realizado a partir de las quejas recibidas y de una encuesta de la fundación Un Sol Món, de Caixa Catalunya, que afirma que el 46,2% de los 41 ayuntamientos de más de 10.000 habitantes preguntados no ha constituido su patrimonio municipal de suelo y vivienda.
El 48,7% de los ayuntamientos encuestados sí tiene reservas para edificar vivienda pública y el 5,10% no respondió. Inventariar el suelo procedente de las cesiones (el 10% que deben entregar los privados) y ponerlo a disposición de políticas públicas de vivienda es una obligación de los ayuntamientos de acuerdo con la nueva Ley de Urbanismo, apunta el director de Ordenación del Territorio y Relaciones Locales del Síndic, Matias Vives. Antes, recuerda, los consistorios solían vender este suelo.
La razón que explica que casi la mitad de los ayuntamientos no cumplan con esta obligación es que todavía trabajan con Planes Generales de Ordenación Urbana antiguos y no tendrán que realizar las reservas hasta que redacten los nuevos Planes de Ordenación Urbana Municipal. El síndic también instó a los consistorios para que agilicen los trámites y para fijar calendarios en la vivienda social.
Ribó, que el año pasado ya emitió un informe centrado en el asedio inmobiliario, afirmó que el estudio de 2007 obedece a que el asunto de la vivienda "es una preocupación social" y a que las quejas al respecto aumentan "año tras año". Recibió 132 en 2005 y 207 en 2006. El síndic comparó los problemas de la vivienda con la percepción del paro que se tenía en los años ochenta. "El derecho a una vivienda digna está reconocido en la Constitución y en el Estatuto, pero hoy es un derecho inaccesible para mucha gente", dijo.
En opinión del síndic, para resolver el problema "es precisa una implicación seria de todos los actores, desde las administraciones hasta los privados". La voluntad del informe de 2007, El derecho a la vivienda: obstáculos y límites, es "incidir en las políticas públicas". Ribó insta a las administraciones para que potencien el alquiler social, que implanten una ventanilla única de solicitudes, que den prioridad al sorteo como forma de adjudicación y que apuesten por la rehabilitación y el control del parque de viviendas existente. Algunas de estas medidas están previstas en la Ley por el Derecho a la Vivienda que está en el Parlament, pero Ribó declinó ayer comentarla precisamente porque está en trámite.
* ELPAIS.com - Barcelona - 05/07/2007
Cáritas denuncia «la especulación que impide el acceso a una vivienda digna»
N.Bolado.- ElDiarioMontañés* : "Las diferentes agrupaciones de Cáritas Parroquiales de Torrelavega, se han unido para dar un paso adelante y denunciar públicamente la «carencia de viviendas dignas» para determinados grupos sociales y presentar un manifiesto «para reivindicar el derecho a una vivienda digna, una necesidad básica que, sin embargo, no es accesible para muchas personas de nuestro entorno». Cáritas recuerda «que el derecho a un hogar es un elemento constitutivo de la dignidad de todo ser humano». Para promover este manifiesto, Cáritas de Torrelavega emprende una campaña. Desde esta institución de la Iglesia se añadió que «el acceso a una vivienda digna, por desgracia, es un derecho que para muchas personas está siendo negado. Esta situación -agregan- la padecen colectivos como el de los inmigrantes, cierto tipo de matrimonios, personas jóvenes, adultos solteros, minorías étnicas, mujeres con cargas familiares y, en general, todos aquellos que tienen dificultades para acceder o para mantener una vivienda adecuada», se puntualiza en el manifiesto.
«Aunque es cierto que en el mundo entero se ha levantado un clamor que exige justicia ante esta situación, también observamos que se están produciendo enormes beneficios derivados de la especulación urbanística. Esta situación es un insulto a la dignidad de la persona», se resalta. Ante lo que se consideran «una injusta realidad», las agrupaciones parroquiales de Cáritas de Torrelavega se han unido para promover una campaña mediante este manifiesto que recoge cinco acciones concretas de solidaridad y denuncia.
En el primer punto se pide el acceso a una vivienda digna como un derecho constitucional para los colectivos más vulnerables. En el segundo punto se solicita «el compromiso de las administraciones locales y autonómicas para la creación de una oferta seria y efectiva de alquiler social destinada a los sectores más vulnerables y empobrecidos».
Tercera propuesta
La tercera propuesta resalta la necesidad de «colaborar en la sensibilización pública para frenar y controlar el peso desmesurado del entramado financiero constructor que favorece la compra de la vivienda como inversión especulativa, en lugar de como un valor de uso».
Impulsar entre la comunidad cristiana iniciativas solidarias de alquileres asequibles para las personas y familias más desfavorecidas es el cuarto punto del Manifiesto de Cáritas que, por último, pide «mejoras de las condiciones de habitabilidad de las viviendas antiguas situadas en los centros históricos de las ciudades, principalmente de aquellas ocupadas por personas mayores y por población de escasos recursos», concluyen.
Esta agrupación recordó que Cáritas está formada por una amplia red internacional, con 162 Cáritas nacionales, más de 5.000 parroquiales y 68 diocesanas, que tienen como principal objetivo la ayuda al desarrollo integral de la dignidad humana de todas las personas que se encuentran en situación de precariedad social.
Por este motivo, «las Cáritas de Torrelavega -añaden- creemos adecuado insistir en la campaña que desde la Navidad pasada se viene proponiendo a nivel nacional bajo el lema general 'Los derechos humanos son universales, las oportunidades deberían serlo'», campaña que se desarrolla en dos etapas.
Desde Cáritas se recuerda que en la pasada Navidad se puso el acento «en el derecho a la vivienda digna como elemento constitutivo de la dignidad de todo ser humano y en el día del Corpus se incidió en el derecho a la educación como elemento fundamental para el desarrollo».
* El Diario Montañés - 5 de julio de 2007
Las abuelas del Ventorrillo resisten
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P.ÁLVAREZ.- El País/Madrid* : "Vecinas de entre 62 y 85 años del barrio de Embajadores se unen contra una inmobiliaria para evitar que las echen de la corrala en la que viven desde hace décadas. "Si me voy será muerta". Luisa Martín, 82 años, se sienta en una silla en su casa de menos de 20 metros cuadrados. Delante, un televisor junto a una nevera vieja. Una fina pared separa el electrodoméstico de un vestidor al que hay que entrar de lado. Otro tabique y su habitación. Junto a la cama, un váter a motor que instaló tras décadas usando el baño común del patio de la corrala. Cuando falla la corriente, la cisterna no funciona. Y nada más. O nada menos. Luisa Martín lo considera su único hogar posible. Una carta tipo de la inmobiliaria que ha comprado la corrala donde vive le pide que se marche. "Le requerimos", solicita la misiva, que la invitaba a dejar el piso "completamente vacío, expedito, libre de enseres" antes del 13 de junio.
Todo lo contrario. En su casa no cabe un alfiler. Y su historia no sería más que otra más en un vecindario antiguo desalojado para convertir el inmueble en un lugar nuevo. Pero no es la historia de siempre. Y no lo es porque Luisa Martín ha dicho no. "De aquí no me voy", repite.
No está sola. Otras cuatro vecinas, con edades comprendidas entre 62 y 85 años, han rechazado marcharse de la corrala, construida en 1900 en la calle del Ventorrillo (Embajadores). Aseguran que están en lucha. "Hemos aguantado una guerra, una posguerra y ahora aguantaremos esto", comenta enfadada la más veterana, Ernestina Salcedo, de 85 años. "Estamos dispuestas a recoger firmas, pondremos pancartas o lo que haga falta, pero nos quedamos", prosigue.
Las abuelas del Ventorrillo han contratado abogados, están dispuestas a salir en televisión, han pedido ayuda al Defensor del Pueblo y apelan al apoyo del barrio. "En el mercado nos conoce todo el mundo, a mí me dan ánimo todos los días", dice Luisa Martín. Ella llegó a la corrala en plena Guerra Civil, en 1937. Eran otros tiempos. "He vivido aquí con mis padres, mis tíos, mis sobrinos y con mis hijos, soy gata de pura cepa y pertenezco a este barrio", explica del tirón. Paga renta antigua (75 "euros", detalla), como la mayoría de las familias que aún ocupan el edificio, no más de una quincena.
Vive sola. Tiene seis nietos y cuatro biznietos, pero prefiere que vayan de visita antes que instalarse con ellos. "No quiero incordiar. Que hagan su vida, que disfruten, que son jóvenes".
Entre las puertas y ventanas de los pisos clausurados con ladrillos, los puntales del patio, los sacos de obra y los tablones de madera, las mujeres del Ventorrillo juegan a la vida normal. La misma que comparten desde hace décadas. Su ropa sigue colgada en las cuerdas, a pesar del polvo. La corrala "está en rehabilitación", según el Ayuntamiento. El edificio pertenece al Conjunto Histórico de la Villa de Madrid y tiene protección "estructural".
Los muros son intocables. También la fachada, cubierta de arriba abajo por una red verde desde hace meses. "Salimos a la calle con miedo, ese armatoste no nos deja ver los coches", añade Ernestina Salcedo. La responsable de la reforma, la inmobiliaria Sistema 23, declina especificar su proyecto. En su página web, ofrecen alquileres de estudios por un mínimo de 600 euros mensuales. "Está claro que tienen que hacer negocio, pero se puede buscar una solución intermedia, dejar a las vecinas allí los años que les queden". Es la reflexión de José Antonio Fernández, el abogado contratado por la familia de Luisa Martín.
Fernández quiere llevar al juzgado el caso de su clienta. Piensa que tiene posibilidades de ganar. Pero hace todo lo posible para que la anciana mantenga los pies en el suelo. "Para una mujer de su edad, estar pendiente de una demanda no es plato de buen gusto, pero tiene que estar preparada por si la desalojan y yo le recuerdo cada vez que hablamos que eso puede ocurrir". Aunque no se lo recordaran, a Luisa no se le olvida. "Como mal y duermo poco, lo único que quiero es quedarme aquí", repite.
La que más ánimos da es Ernestina, que está "de vuelta" en este asunto. La veterana llegó a la corrala en 1982. Antes vivía a pocos metros, en la calle de Mira el Sol, una perpendicular, en la que le ocurrió algo parecido.
Una inmobiliaria compró el edificio y se tuvo que marchar. Resistió siete años. "Nos echaron porque se iba a caer, pero sigue en pie 20 años después. Desde mi balcón veo mi antigua casa", explica. De fondo se escucha el ajetreo de los obreros, que derriban las paredes y clausuran las puertas de los bajos, ya vacíos. Pertenecían a vecinos que llegaron a algún tipo de acuerdo con la inmobiliaria, que no ha respondido a las llamadas de este
José Antonio Martínez, de 65 años, es uno de los vecinos que accedió a irse. Se acaba de jubilar y en menos de una semana se traslada a Ávila, con su familia. "A mí no me dan nada, me han perdonado dos meses de alquiler", cuenta.
A Juanita Fernández le ofrecieron 12.000 euros, dos millones de pesetas. No los quiere. Prefiere su vecindario "de toda la vida", dice bajito mientras se ajusta las gafas. Tiene 62 años, es la más joven del grupo de resistencia. Trabajaba de costurera y ahora vive con una pensión de 500 euros, de los que 33 son para el alquiler de su casita.
Lleva en la corrala desde 1969. "Este polvo me mata", añade en la puerta de su vivienda, impregnada del olor del repollo que hierve en la cacerola. Los "malabarismos" que hace para llegar a fin de mes justifican su dieta. "Hoy y mañana, repollo, otro día tocará huevo". Es la única que se emociona a ratos, a punto de soltar una lágrima. Las demás aprietan los dientes.
Como Ángela Guallart, que tiene 73 años y lleva un mes con mal cuerpo. "Me estoy poniendo enferma", se queja. A ella le ofrecieron cambiar su piso por un alquiler en Cuatro Caminos. Su casa está en la última planta. "Me dijeron que ofreciera la cantidad que pudiera, cuando les dije que unos cien euros, ya no hubo respuesta", añade.
Su pensión roza los 500 euros. Vive puerta con puerta con sus dos hijas. La menor y su nieta, por un lado. La mayor por otro. Toda la familia en la misma planta. La historia se repite en el caso de María Solís, que tiene 74 años y rostro amable. Casi es la hora del almuerzo. La mujer aparece con un trozo de pan para Ernestina que, con el revuelo, ha olvidado comprarlo. "Para eso estamos", dice sin más.
Es la más tímida, se esconde detrás de sus vecinas para las fotos. También la más antigua en el portal. Su abuela era la portera de la finca, en la que ella nació y por la que correteó de niña con sus cuatro hermanos. La misma por la que ahora juega su nieta.
Las cinco han compartido sus vidas en la corrala. Las alegrías de antaño cuando el patio se llenaba de visitas en la verbena de San Cayetano, con los niños y la música.
Las penas, las enfermedades, la viudez, los almuerzos, las confidencias. Ahora comparten una lucha. Pelean para que las dejen en su casa, en el lugar que han elegido para vivir y morir en paz.
* ELPAIS.com - 02/07/2007
Foto: Las vecinas de la corrala del Ventorrillo - C. M. /El País
La juez se lleva cinco cajas con documentos urbanísticos del Ayuntamiento de Fuente Álamo
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A.Rubio/EFE/Murcia* : "Una delegación judicial se personó ayer en el Ayuntamiento de Fuente Álamo para recoger documentación de planes parciales sobre suelo industrial tramitados en este municipio. El requerimiento partió de la titular del Juzgado número 4 de San Javier, Aránzazu Moreno, la misma que ordenó el 19 de junio pasado la incautación de casi 200 expedientes sobre la gestión urbanística del Ayuntamiento de Torre Pacheco entre los años 2004 y 2006, de los que poco después devolvió dos terceras partes. En concreto, han recogido unas cinco cajas de documentación sobre varias empresas que trabajan con el Ayuntamiento, así como sobre planes parciales que afectan a suelo industrial.
La alcaldesa, María Antonia Conesa, explicó que confía en la actuación judicial y espera que se esclarezca de forma rápida y correcta para evitar incertidumbres y rumores. Conesa se mostró tranquila y aseguró estar «dispuesta a colaborar» con la justicia en este caso.
La alcaldesa explicó ayer que la delegación que realizó la acción estaba encabezada por un secretario judicial, quien informó de que se trata de un requerimiento de entrega de documentos ordenado por Moreno.
Fuentes de la investigación señalaron que los agentes pidieron una relación de empresas que trabajan con el ayuntamiento de Fuente Álamo, y entre ellas los expedientes relacionados con la sociedad Construcciones Torre Pacheco, del empresario Facundo Armero, ex propietario del grupo urbanístico Polaris World.
«Estricta legalidad»
Según la alcaldesa los cinco expedientes «son varias carpetas, que caben en una caja», pero los funcionarios recogieron varias cajas, que cargaron en un monovolumen. Conesa desmintió que se produjera un despliegue policial «como ocurrió en Torre Pacheco», en referencia a la operación ordenada por la misma juez en el ayuntamiento de esa localidad el pasado 19 de junio, En este caso sólo estaban el secretario, un auxiliar, y otras dos o tres agentes, todos de paisano.
Hace tan sólo unos días, cuando se incautaron documentos al Ayuntamiento de Torre Pacheco, la alcaldesa aseguraba no le podían acusar de cobrar comisiones ilegales al consistorio fuentealamero, porque «las adjudicaciones de obras siempre se han hecho de acuerdo a los informes técnicos y a la más estricta legalidad». Según Conesa «los expedientes son públicos y «cualquier vecino o autoridad que desee verlos están a su entera disposición, nunca ha habido comisiones ilegales, ni tratos de favor».
Los expedientes incautados ayer se suman a los documentos sobre planes parciales del Ayuntamiento de Torre Pacheco de los que, a pesar de haber devuelto la mayoría, aún hay unos 60 en poder de la Fiscalía. Y es que forma parte de las investigaciones del Juzgado número 4 de San Javier, que, de momento, se encuentran bajo secreto sumarial.
María Antonia Conesa, que a la llegada de los agentes judiciales no se encontraba en el consistorio, se enteró de la operación sobre las 11.30 horas cuando llegó a la sede, y afirmó que el secretario judicial la había requerido información sobre varios planes parciales que afectan a suelo industrial.
Aránzazu Moreno ha decretado el secreto sumarial de este caso, que se inició a raíz de una denuncia presentada por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia.
* La Verdad - 4 de julio de 2007
Foto: Fuente Álamo (Murcia) /ayto-fuentealamo.es
El PGOU de Marbella lo legaliza todo: desde la mansión de Antonio Banderas al Hipercor de Puerto Banús
F.Martín.- ElConfidencial* : "Los VIP’s con mansión, negocio o terreno irregular en Marbella, tal que Antonio Banderas, Isidoro Álvarez (El Corte Inglés) o Luis Portillo (Colonial), están de enhorabuena. El nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), cuya aprobación inicial ya ha entregado la Junta de Andalucía al Ayuntamiento de Ángeles Muñoz, lo legaliza casi todo. Pero la normalización no será gratis: a cambio, los empresarios deberán ceder suelo al Consistorio por cada edificación ilegal. Al menos, ése es el punto de partida del Plan. Sólo se queda fuera del mismo el Banana Beach de Ávila Rojas, cuya demolición se deja en manos de los tribunales. El constructor granadino es el gran perjudicado de esta ‘pax’ urbanística firmada entre Junta socialista, Ayuntamiento popular y empresariado.
En el ‘todo vale’ del Plan se incluyen hoteles NH, Guadalpines, Hipercor y Opencors, La Cañada de Tomás Olivo, el Senator de Hoteles Playa, todo tipo de promociones denunciadas, como Los Jardines del Príncipe, de Gaelco, o la Guadalmina de Fadesa, y mansiones con irregularidades, como la de Antonio Banderas en Los Monteros, o la de Amusátegui en Nagüeles.
La idea de los muñidores del plan, con el otrora prestigioso arquitecto andaluz Manuel Fustegueras y el director gerente de la Oficina de Planeamiento Urbanístico de la Junta, José María Ruiz Povedano a la cabeza, era normalizar los desmanes urbanísticos con un peaje muy concreto: la cesión de cien metros cuadrados por cada vivienda ilegal.
De ese trueque sale la legalización del Hotel Senator, propiedad de Hoteles Playa, mientras las 99 viviendas aledañas, propiedad de una sociedad participada por Luis Portillo, pasarán a ser de dominio público. Del mismo modo, la tercera fase del centro comercial La Cañada de Tomás Olivo será el precio a pagar por la regularización de las dos anteriores. Todo sea con tal de recuperar el antiguo esplendor de Marbella ahora que la Costa del Sol está plagada de carteles de ‘se vende’.
El gran perdedor de este plan inicial es José Ávila Rojas, cuyo Banana Beach se queda en el limbo. El edificio promete dar mucho juego, no ya porque esté habitado, sino porque entre sus propietarios se encuentran personajes como Yola Berrocal o Carmen Sevilla, quien en la reforma de su ático se cargó dos ascensores.
Dos años de negociaciones
Pero las rebajas no han terminado. Hasta su aprobación definitiva, al patrón del plan que regirá el urbanismo de Marbella de aquí en adelante le queda mucha tela que cortar. “Es un punto de partida”, reconocen tanto políticos como empresarios, que contarán con dos años para negociar las contrapartidas a sus irregularidades.
Pese a los esfuerzos, la aparente vuelta a la normalidad urbanística de Marbella no ha agradado a todo el mundo. Quienes llevan más de 15 años luchando contra los ‘giles’ y sus trapacerías destacan que las edificaciones que tienen sentencia de no deberían entrar en el plan. “La no demolición de las edificaciones irregulares supone una demolición del Estado de Derecho”, claman. Pero estos ‘aguafiestas’ son minoría. Más del 70% de los marbelleros se manifestaron contra las demoliciones tanto en encuestas como en las urnas.
* El Confidencial - 04/07/2007
Foto: Marbella Ayuntamiento /UrbPatasArriba
En el origen del urbanismo salvaje
J.MOTA.- El País/Crítica* : "Hay que excavar un poco entre la prosa a veces pedregosa, pero enseguida aparece el hilo conductor de La gallina de los huevos cemento. El ensayo toma como motivo la distorsión económico-política que, entre otros desmanes, ha pavimentado gran parte del litoral mediterráneo y ha empollado casos graves de corrupción municipal y autonómica. Martín Mateo dibuja con precisión las causas de tan descomunal despropósito, hoy ya muy conocidas, y lo hace sin dramatizar el alcance de la corrupción urbanística del litoral, aunque no se oculte la importancia del fenómeno. Salvo mejor interpretación, el hilo conductor mencionado que está en la raíz institucional del caos urbanístico empieza por el monopolio municipal de las decisiones de recalificación del suelo, fuente de inagotables plusvalías, continúa por la destrucción de la estructura funcionarial independiente de los ayuntamientos, sustituida por cuadrillas de políticos, y casi termina en la incapacidad de instancias políticas superiores para enfrentarse a la tumescencia del urbanismo salvaje. Las dos primeras causas parecen muy acertadas y cualquier autoridad dispuesta a contener la escalada imparable del cemento debería tenerlas en cuenta.
El mal, según esta tesis, radica en el modelo según el cual los municipios disponen de impunidad para calificar los destinos del suelo. Durante quinquenios los políticos electos en los municipios se han dedicado a neutralizar cualquier atisbo de control que pudiera imponérseles desde las, por otra parte, muy débiles barreras erigidas por secretarios e interventores de Ayuntamiento. No es que los cuerpos burocráticos hayan presentado gran resistencia al progreso de la corrupción, el soborno y la arbitrariedad de alcaldes y concejales. Pero cuando lo han hecho han recibido una sentencia fulminante. A este respecto se cita en el libro la espeluznante declaración del celebrado Jesús Gil, cuando anunció que iba a destituir al secretario de Marbella "porque está parando el Ayuntamiento".
Así que uno de los procedimientos para recuperar el buen orden urbanístico consiste en restaurar a toda prisa el poder de los funcionarios locales independientes. A todos los efectos la independencia debe entenderse en este caso como la imposibilidad de que los secretarios o los interventores sean destituidos por los gestores políticos del concejo. En apariencia, y por el momento es mejor dejarlo ahí, ese criterio de independencia debería implicar necesariamente que secretarios e interventores dependiesen de una instancia nacional. De esta forma, quedaría garantizado al menos un equilibrio nominal de poderes.
Ramón Martín Mateo, con indudable audacia, propone que los ciudadanos participen activamente en la definición del urbanismo de su localidad; y el procedimiento de participación que menciona es el referéndum. No es una mala idea, aunque pueda parecer liosa y segregue en los cuerpos de políticos encallecidos las consabidas protestas de desorden, carestía, alboroto o desinformación. La argumentación del autor es de peso; los votantes no encuentran los planes urbanísticos reales en los programas electorales. Así que la forma más segura de evitar las tropelías del cemento en forma de hechos consumados es la consulta popular. Es decir, que los políticos electos abandonen las cómodas exposiciones en círculos reducidos de profesionales del ramo y estén obligados a defender sus planes en el ágora, directamente ante los ciudadanos.
La lectura del ensayo tiene interés porque enumera sin pasión las causas legales y burocráticas del abuso del cemento y, por lo tanto, de la corrupción. Hay otras causas importantes que el texto sugiere, pero que son igualmente importantes y que deberían ser atajadas desde un cambio legal de cierta envergadura. Las más importantes son los imperfectos, por no decir desdichados, sistemas reconocidos de financiación de los ayuntamientos y de los partidos políticos. Los no reconocidos, por supuesto, lindan con el soborno y la corrupción descarada.
* ELPAIS.com - 01/07/2007
Los 'okupas' protestan ante la EMVS de Madrid por la falta de vivienda
MDO/Agencias* : "Los activistas del grupo 'Rompamos el Silencio', que aglutina a más de 50 organizaciones civiles de izquierdas, 'tomaron' este lunes la fachada del edificio de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), en el distrito de Arganzuela, para protestar por los problemas de vivienda en Madrid y no abandonaron su protesta hasta conseguir hablar con el coordinador de Vivienda del Ayuntamiento, Juan José de Gracia. Sus reivindicaciones son bien vistas por muchos como los vecinos del colegio del barrio de Malasaña que ha sido "okupado" este domingo por unos 80 jóvenes.
La acción en el inmueble de la EMVS, que se ha saldado sin detenidos, comenzó alrededor de las 12:45 horas al grito de 'Madrid, capital de la especulación' cuando tres 'okupas' se subieron a una marquesina del edificio municipal y amenazaron con no abandonar su protesta hasta que no consigan un compromiso para hablar con un responsable político sobre el problema de la vivienda entre las instituciones y la ciudadanía. Los activistas gritaron sus iniciales, edad, ingresos y el porcentaje de dinero que destinan a vivienda.
Sobre las 13:00 horas, hasta el lugar llegaron al lugar varias patrullas de la Policía Nacional y varios furgones de la Unidad de Intervención Policial (UIP), los conocidos como antidisturbios. No obstante, la protesta acabó cuando el responsable municipal accedió a reunirse con los activistas y escuchar las propuestas sobre vivienda que pretendían transmitir.
Los 'okupas' pertenecen al mismo grupo que se encerró en un colegio abandonado de Malasaña como parte de su Semana de Lucha Social. Sin embargo, esta primera reivindicación ha sido vista con buenos ojos por los vecinos del número 8 de la calle del Acuerdo, lugar donde se alza el edificio, abandonado desde hace siete años. A pesar de que por la tarde varios efectivos de la Policía Nacional y antidisturbios se presentaron en el lugar, no se produjo ningún altercado, y la mayoría de los residentes del barrio no se enteraron de la okupación hasta este lunes.
Una vecina del número 10 manifestó que "ayer sí que hubo un poco de jaleo", aunque añadió que "los bares de alrededor son mucho más molestos que estos jóvenes" y casi todos coincidieron en que "lo peor es el botellón" de los fines de semana. Jilaly, un vecino de origen magrebí, comentó que este tipo de iniciativas sociales son muy "positivas", y aseguró que está "dispuesto a participar" en las actividades que el colectivo "Rompamos el silencio" pretende organizar estos días.
Cristina, la portavoz del Eje de Okupación, manifestó, por su parte, que las 80 personas que pasaron la noche en el edificio estuvieron "muy animados, entre celebración y cansancio", indicó. Apuntó que esta iniciativa lucha contra la "especulación inmobiliaria" y denunció que existen "otros 200.000 edificios vacíos como este en Madrid". En cuanto a la relación mantenida con la policía, informó de que "las cosas están muy tranquilas" y aseguró que se les permitió "pasar agua, comida y productos de limpieza básicos", pese a que no se podía entrar o salir "sin documentación".
Respecto a las conversaciones con la delegación del Gobierno, Cristina aseguró que el "mando policial está esperando órdenes", por lo que expresó su "incertidumbre", aunque dijo que "pensamos que no van a venir". "Es una pena tener un sitio cerrado así, no hay derecho", indicó otro residente de la zona, quien explicó que el edificio, de unos 1.800 metros cuadrados y seis pisos de altura, "lo tapiaron hace años y no sabemos quién lo compró", al tiempo que lamentó su abandono, porque "es un sitio hermoso".
Jóvenes del colectivo okupa explicaron que el edificio fue comprado por el arquitecto Leopoldo Arnáiz, una persona según ellos "afín al PP" y que está relacionada con una supuesta trama urbanística en Alcorcón, en la que también estaría implicado el ex alcalde Pablo Zúñiga. Otro vecino se mostró favorable a que "si hay pisos libres en Madrid, que los ocupen los que no tienen", mientras que una viandante, también residente del barrio, discrepó sobre las formas: "todos tenemos derecho a una vivienda, pero no de esta manera, porque yo estoy pagando una hipoteca". Los jóvenes okupas, que esperan pasar toda la semana en el edificio y se levantaron con "una visita" de una patrulla de la Policía Municipal, contaron con agua corriente y luz y durmieron en los primeros pisos del edificio, donde se encuentran las aulas, el comedor y la cocina.
* Madridiario.es - 02-07-2007
Foto: okupas EMVS Madrid/madridiario.es
Destrucción del medio ambiente y corrupción en Andalucía, ¿a alguien le importa?
Antonio J. Torres* : "Destrucción del medio ambiente y corrupción urbanística son dos elementos que no se pueden desligar en Andalucía, especialmente, en su franja costera, el interior más cercano a éstas, así como en las grandes ciudades andaluzas y sus alrededores próximos. La especulación del suelo, y las consiguientes promociones y construcciones inmobiliarias, han venido produciendo unos beneficios extraordinarios que de ninguna manera hubieran sido tales sin la corrupción de cargos públicos municipales, permitiendo no sólo todo tipo de atropellos legales, sino también todo tipo de atentados contra el medio ambiente, aunque debemos tener en cuenta que muchos de esos atentados contra el medio ambiente han sido legales, así como muchos “pelotazos urbanísticos”.
En esta semana, la organización ecologista Greenpeace ha dado a conocer su informe anual sobre el estado del litoral del Estado español titulado “Destrucción a toda costa”; el diario malagueño Málaga Hoy del miércoles 27 de junio lo recogía de esta manera: “La costa andaluza es la peor valorada de todo el litoral español con 41.800 viviendas ilegales y con el número más elevado de casos de corrupción urbanística, según recoge el informe Destrucción a toda costa de Greenpeace”. En el propio informe podemos leer: “El agotamiento del suelo y de los recursos naturales parece imparable en Andalucía”, y con ello, siguiendo el mismo informe, nos encontramos que: “Con casi 24 millones de turistas visitando su territorio anualmente, Andalucía se enfrenta a una grave disyuntiva respecto al modelo de turismo que quiere: naturaleza o cemento. Los datos indican que, aunque los políticos se llenan la boca con el respeto al medio ambiente, lo que se impone es el ladrillo”.
Frente a esto, debemos constatar un hecho muy preocupante: la inmensa mayoría de concejales y alcaldes acusados de corrupción urbanística en Andalucía, muy especialmente en la provincia de Málaga, han repetido sillón de concejal o alcalde, y en determinados casos, consiguiendo amplias mayorías absolutas o aumentando el número de votos obtenidos en las pasadas elecciones municipales del 27 de Mayo.
Debemos preguntarnos hasta qué punto el pueblo andaluz es consciente de los peligros que le acechan, ¿acaso falta información sobre lo que está sucediendo?, ¿falta una cultura política crítica y defensora del medio ambiente en Andalucía?, ¿simplemente no interesa?, ¿o hasta qué punto el pueblo y los trabajadores son cómplices directos o indirectos de esta situación? Estamos hablando de cuestiones sumamente importantes que afectan al empleo, el desarrollo económico y social, la calidad de vida, la cultura, etc., en definitiva estamos hablando de la situación de un país, Andalucía, mostrando una vez más en toda su crudeza su realidad dependiente con todas sus consecuencias, su papel subordinado, sin una voz propia que defienda los intereses del pueblo y la clase obrera de Andalucía, en este mundo del capitalismo en su fase imperialista global, del capitalismo parasitario y destructor de lo más importante: la vida.
Algunos datos del informe de Greenpeace
Si los datos del informe “Destrucción a toda costa” son demoledores para todo el litoral del Estado español, para Andalucía lo son aún más.
Andalucía consume alrededor de 12,81 hectáreas de suelo al día, de las que 9,23, es decir, el 72% corresponde a las provincias costeras y tiene al ladrillo como uno de sus principales motores económicos.
Según el Informe Económico y Financiero de Andalucía 2005, el 17,8% del capital invertido en Andalucía procede de paraísos fiscales como Liechtenstein, el vecino territorio andaluz ocupado por Gran Bretaña de Gibraltar, y las Islas Vírgenes, en resumen, una cuarta parte del volumen total imputable al Estado español.
El porcentaje medio andaluz de suelo urbanizado en la primera franja de 500 m. está en un 22,2%, superando con creces esa media, como no, la provincia de Málaga con un desorbitado 59,9% (destacando localidades como Mijas con un 85% y Marbella con un 82%), y Cádiz con un 32,5%.
Andalucía vierte anualmente 3.273 millones de metros cúbicos de aguas residuales, industriales, agrícolas y urbanas. Destacando la Bahía de Algeciras y el polo químico de Huelva como auténticos puntos negros.
Andalucía es el lugar del Estado español con mayor densidad de campos de golf, de los 92 campos existentes, el 83% llevan asociadas promociones urbanísticas, y de estos el 12% son campos de golf residenciales. Además hay proyectos de construir casi 200 campos de golf más según la Federación Andaluza de Golf, que podrían llevar aparejadas la construcción de 160.000 viviendas, una tercera parte de las cuales en la provincia de Málaga, a pesar de las prohibiciones y limitaciones de la Junta en este sentido.
Cuevas de Almanzora (Almería) tiene previsto un crecimiento de población de un 3.600%, Vera (Almería) en un 2.960%, y Mijas (Málaga) en un 460%. A pesar también de las limitaciones que el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA) imponen en este sentido.
El consumo de agua es el segundo más alto del Estado, con 180 litros por persona y día, cifra que en la Costa del Sol y Almería llega a los 400 litros.
El informe destaca a la provincia de Cádiz y dice que: “Ostenta el dudoso honor de ser el tramo de litoral con más infracciones urbanísticas, en zona de servidumbre de protección de la costa tiene en su haber 306 entre 2005 y la primera mitad de 2006”.
Algunas conclusiones de este informe
Andalucía sigue teniendo en el ladrillo como uno de sus principales motores económicos, a pesar del descenso en su aportación en el PIB del 2006 con respecto al 2005.
La franja costera andaluza es una de las más saturadas de ladrillo de todo el Estado, especialmente en las provincias de Málaga y Cádiz; en los 817 km de costa andaluza se han contabilizado 683.350 viviendas y plazas turísticas proyectadas, de las que casi la mitad corresponden a Almería.
A pesar de que el POTA limita los incrementos de población en un 30% en los próximos 8 años, sólo el 9% de los municipios andaluces cumplen dicho Plan, concebido según la Administración andaluza para evitar los procesos urbanizadores insostenibles. Pero según pone de manifiesto este informe la implicación de la Junta en estos procesos urbanizadores insostenibles, que dice querer evitar, es incuestionable, el caso del El Algarrobico, en Carboneras, Almería, es paradigmático en este sentido: la Junta autoriza la construcción de un hotel en primera línea de costa, pero ante la presión del movimiento ecologista interviene, aunque aún no lo ha demolido. Lo mismo podemos decir de Marbella y de la mayoría de las viviendas ilegales, que por cierto, han sido “indultadas” en un 90%. La implicación de la Junta es evidente y clara.
En la franja costera andaluza es donde más se concentran las investigaciones de la Justicia relacionadas con delitos urbanísticos, 16 alcaldes están siendo investigados por las diferentes fiscalías por delitos urbanísticos. Siendo Marbella y la famosa “Operación Malaya” el paradigma absoluto de la corrupción urbanística.
De nada pues vale el artículo 203.1 del nuevo Estatuto de Autonomía para Andalucía cuando dice que: “Los poderes públicos de Andalucía velarán por un unos eficiente y sostenible del suelo, a fin de evitar la especulación urbanística y la configuración de áreas urbanizadas insostenibles”. Todo un brindis al sol, por eso hubo gente que no nos lo creímos, y por eso y por muchos más motivos, votamos no a ese Estatuto. Los hechos nos dieron y nos dan continuamente la razón.
Reforzando el poder de la corrupción
Siguiendo el ejemplo señalado anteriormente, el Alcalde de Carboneras (Almería), del PSOE, dimitió cuando la Junta decidió intervenir en el asunto del hotel de El Algarrobico, pero ha salido de nuevo elegido alcalde en las pasadas elecciones del 27 de Mayo.
Pero los casos más sangrantes se dan, una vez más, en la provincia de Málaga, por ejemplo, Juan Vera resultó nuevamente elegido Alcalde de Tolox con una impresionante mayoría absoluta, consiguiendo 9 de los 11 concejales, cambiando al Partido Andalucista (PA) por la candidatura de Convergencia Andaluza (CA), una formación política de reciente creación, que dice ser andalucista pero que en realidad está formada por los sectores más españolistas y más de derecha salidos del PA y del PSA, además de oportunistas salidos del PSOE andaluz, entre otros oscuros personajes independientes de la escena política municipal andaluza. Los votantes, por tanto, no han tenido en cuenta que Vera está imputado por delito urbanístico, y un juzgado tiene paralizados los proyectos de construcción de varias urbanizaciones que suman cerca de 2.500 viviendas.
Otro ejemplo, este más conocido por toda la repercusión mediática que ha tenido, es el del Alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón (PP), que ha revalidado su mayoría absoluta con 12 concejales, uno más de los que tenía hasta ahora. Martín Serón y su edil de Urbanismo, Gregorio Guerra, que también repite, están en libertad bajo fianza de 100.000 euros e imputados por los presuntos delitos de prevaricación y cohecho por, presuntamente, hacer uso de sus cargos para cobrar sobornos a empresarios. Aún recordamos las imágenes televisivas de Martín Serón asegurando ser víctima de un complot del PSOE y recibiendo el apoyo de numerosos vecinos del pueblo.
En Manilva, Salvador Zotano, Alcalde y candidato del PSOE, ha amortizado su paso por la Alcaldía y ha subido de uno a cuatro concejales tras las elecciones del 27-M. Todo ello pese a que está imputado en un par de causas, una por presunto tráfico de influencias por la contratación de una empresa de electricidad de la que era apoderado y otra por votar en 2004 a favor de la construcción de un recinto ferial en un suelo de protección oficial. En este sumario también están imputados los cuatro ediles de IU, que repetirán, y el candidato del PP, Francisco Miguel Álvarez, hasta hace pocas semanas en el Partido Democrático de Manilva, es decir, que en Manilva no se libra nadie, ni la derecha, ni las más que presuntas izquierdas (PSOE e IU).
El Alcalde de Torremolinos, Pedro Fernández Montes (PP), también con causas judiciales abiertas, ha barrido y se ha colocado en 17 concejales. El de Mijas, Agustín Moreno (PSOE), mantiene su mayoría absoluta, aunque ha perdido votos en una durísima campaña donde Moreno se ha caracterizado por ejercer el poder absoluto, cual cacique en su cortijo, en los medios de comunicación mijeños, persiguiendo a la oposición, especialmente a la candidatura de izquierda nacionalista andaluza representada por Alternativa Mijeña, que ha venido denunciado sistemáticamente todas las barbaridades cometidas por este auténtico cacique; por su parte, el de Estepona, Antonio Barrientos (PSOE), ha obtenido once ediles, cinco más que en 2003, también con causas pendientes. En este sentido, también podemos señalar al Alcalde de la ciudad de Málaga, Paco de la Torre, que ha conseguido revalidar su mayoría absoluta, a pesar del descenso de votos, y del que se sospecha su implicación en varios casos de corrupción, en concreto en un caso de “mobbing inmobiliario”, que el programa de Telecinco CQC puso de manifiesto.
Nadie se libra, las líneas divisorias entre la derecha y la izquierda, y también entre españolistas y andalucistas, están desdibujadas, prácticamente se han borrado, y con ellas, los principios de una defensa del medio ambiente, del derecho a la participación democrática activa del pueblo y los trabajadores en los asuntos que le incumben, la tan cacareada “democracia participativa”; el principio de la defensa de los trabajadores contra la precariedad, la temporalidad, los accidentes laborales, a favor de salarios dignos y en contra de toda discriminación. La constatación de que al margen de partidos políticos se comparte en esencia un mismo modelo de desarrollo económico basado en la especulación de terrenos, la masiva ocupación del suelo con construcciones urbanas, la super especialización en el turismo (de playa o rural), y la consiguiente explotación masiva de una mano de obra precarizada y temporal en condiciones indignas, es evidente, salvo honrosas excepciones.
¿A alguien le importa?
Habrá quien diga que todo esto ocurre por la falta de una cultura crítica en el pueblo andaluz, cayendo no pocas veces en tópicos difundidos sobre la más que presunta indolencia del pueblo andaluz, o por una falta de conciencia de lo que puede suponer en un futuro no ya muy lejano la destrucción brutal del medio ambiente, o la especialización absoluta en muy pocas actividades económicas que se sobre explotan al máximo, sin ton ni son, y sin importar el futuro más inmediato. Sin embargo, las razones hay que buscarlas en la especialización productiva impuesta sobre todo a la Andalucía costera y los estados de conciencia, por supuesto no automáticos ni mecánicos que generan el pueblo y en los trabajadores. En palabras de Karl Marx, y sin caer en la cita repetitiva de los clásicos del socialismo científico, “El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general. No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario el ser social es lo que determina su conciencia”.
En el “Informe sobre la Situación Socioeconómica de Andalucía 2005”, del Consejo Económico y Social de Andalucía, se indica que el VAB (Valor Agregado Bruto, que equivale a los valores que se agregan a los bienes y servicios en las distintas etapas del proceso productivo) del sector secundario andaluz es el 23,1% del total, indicando que su evolución ha sido positiva, y que este sector empleaba en el 2005 a 763.825 trabajadores (¿se contarían también a los inmigrantes ilegales?), algo más de la cuarta parte del total, experimentando un crecimiento del 7,71% respecto al 2004. En cuanto a la construcción el Informe dice literalmente: “Efectivamente, este sector ha sido el principal motor de la economía andaluza por octavo año consecutivo, siendo el sector que ha aumentado su VAB en mayor proporción”, situándose en algo más del 7%. En el 2005, el 93% de las construcciones de vivienda fueron de renta libre, el resto fueron de protección oficial, disminuyendo incluso su construcción en algunos casos con respecto al 2005. Según datos de este Informe, en el 2005, Andalucía concentró 61.805 unidades de viviendas de obra nueva, una cifra superior a otros lugares del Estado. La construcción se situaba en el 2005 en el 14,1% (¿se habrá contabilizado a los trabajadores inmigrantes ilegales?) de los ocupados en Andalucía. En cuanto al sector servicios nos dice: “Un año más, el Sector Servicios sigue predominando sobre el conjunto de los sectores económicos de la economía andaluza, encabezando la ordenación sectorial según el peso que representa en el total regional tanto desde el punto de vista de la producción como del empleo”.
Así las cosas, a pesar de los índices de precariedad y temporalidad, o las penosas condiciones de trabajo que pueda abundar en estos sectores, no es menos cierto que estos sectores por su fuerte demanda continúa de puestos de trabajo han tirado del empleo. Si observamos, por ejemplo, las autovías veremos las furgonetas que transportan trabajadores a los tajos de la Costa del Sol venidos diariamente de los pueblos del interior de las provincias de Málaga, Cádiz, Sevilla, Córdoba o Granada. Existe constancia de pueblos del interior andaluz que quedan entre semana literalmente vacíos porque una parte importante de su población está trabajando en la costa, regresando al pueblo los fines de semana. Igual podemos decir de la hostelería. A todos ellos se une una importante población trabajadora inmigrante.
Nadie se cuestiona el modelo, ya que es el modelo económico que da de comer y vestir, que da para comprarse un terreno, un chalet o un piso, que da para un coche, a ser posible de lujo para aparentar, o que da para los whiskys de los fines de semana; para los trabajadores inmigrantes es el modelo que sirve para enviar dinero a casa,para los planes de futuro en el país de origen, o para empezar una nueva vida en otro lugar. La dependencia es brutal y las alternativas no se vislumbran, y más si tenemos en cuenta la planeada destrucción del campo (la pesca está ya prácticamente destruida), y la industria andaluza, con todo el desmantelamiento industrial en zonas como la Bahía de Cádiz, o en la Málaga y la Sevilla metropolitanas.
También en este sentido, no son pocos los habitantes autóctonos de zonas costeras o de zonas de interior próximas a la costa, o a grandes metrópolis andaluzas, que se han beneficiado de la venta de sus terrenos, o de determinadas ilegalidades consentidas por los alcaldes o los concejales de turno. El caso de Alhaurín el Grande (Málaga) y su Alcalde Martín Serón puede ser paradigmático.
Pero nada se mantiene para siempre, todo está sometido al cambio. El parón de la construcción es ya un hecho, el exceso de oferta es evidente y ni siquiera puede ya ser absorbida por extranjeros comunitario y su alto poder adquisitivo, como ha ocurrido en las zonas costeras andaluzas, a ello se añade el ascenso continuado de los tipos de interés. Aunque las consecuencias del estallido de la denominada “burbuja inmobiliaria” pueda ser más o menos suave, nos encontraremos con un territorio saturado hasta no poder más de ladrillo y cemento, sin a penas lugares que explotar,con escasas opciones productivas porque han sido o trasladadas o desmanteladas, un turismo que no podrá disfrutar de nuestro envidiable clima, ni de nuestra naturaleza, en definitiva, un medio ambiente destrozado y degrado, un lugar donde no va a valer la pena vivir y trabajar.
El caso es que pocos piensan en eso, y en estas elecciones municipales se ha demostrado claramente, apostando por el mismo modelo desarrollo en sus diferentes versiones. A esto debemos añadir la escasez de opciones políticas transformadoras de izquierdas que apuesten y den a conocer un modelo diferente de desarrollo, e igualmente, la inexistencia en Andalucía de un sindicato único de clase, defensor de los derechos de los trabajadores en una perspectiva de acción sindical sociopolítica.
La destrucción de un país, la destrucción de Andalucía..., y la Humanidad
No se puede separar todos estos hechos de la situación de Andalucía como una nación dependiente en todos los sentidos. Se trata de una situación de opresión nacional.
El papel subordinado de Andalucía hace que las coyunturas económicas propicias sean excesivamente positivas, y que las negativas sean sencillamente desastrosas. En este caso incluso hablamos de la destrucción de un país debido a su papel dependiente y no es exagerado.
Evidentemente, estos problemas afectan no sólo a Andalucía, sino a todo el Estado español, y a otras muchas zonas del mundo, pero estos problemas no se presentan exactamente de la misma forma en todos los lugares, de una forma mecánica y matemática independientemente del territorio. En Andalucía, el triunfo de este modelo de desarrollo no se puede desligar en ningún momento de su papel histórico dependiente y subordinado, a merced de decisiones externas. Como consecuencia, si observamos el propio informe de Greenpeace nos encontramos con que Andalucía presenta una situación cuantitativa y cualitativamente peor que otros lugares del Estado.
En este sentido, no podemos olvidarnos de la desvirtuación, como forma de destrucción, de las señas de identidad nacional-culturales andaluzas, nuestra cultura, como parte esencial del sector servicios, especialmente, en las zonas costeras; en definitiva, nuestra cultura como una mera mercancía que se produce y que se realiza en el mercado, como toda mercancía. Pero no sólo eso, sino la desvirtuación/destrucción de las señas de identidad andaluzas en el objetivo de una sociedad funcional, sin antecedentes, sin memoria histórica de lucha y conflicto, ni de combates entre opresores y oprimidos. Un pueblo alienado que obedezca las ordenes del gran capital imperialista y sus pautas de comportamiento: consumismo, egoísmo, racismo, xenofobia, hipocresía, etc.
La alternativa de izquierda revolucionaria y nacional andaluza urge, ya que los pasos hasta ahora dados son insuficientes, Andalucía necesita una auténtica transformación política, económica, social y cultural para evitar su destrucción, un movimiento capaz de concienciar y levantar a este pueblo. El lema “socialismo o barbarie” que lanzaran los bolcheviques en 1917 sigue estando de actualidad, quieren la barbarie, la destrucción de la civilización humana, a costa de aumentar sus beneficios, y en esa perspectiva socialista y transformadora en Andalucía tenemos que tener muy presente la letra de nuestro himno: “Sea por Andalucía libre, los pueblos y la Humanidad”. Tenemos que salvar Andalucía porque tenemos que salvar a la Humanidad entera del desastre que se nos avecina.
* Antonio J. Torres, “Antón”
* Kaos en la Red - 01.07.2007
Prisión para el concejal Guedes y un empresario por corrupción en Tirajana
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EFE/GranCanaria* : "El concejal del CCN Francisco Guedes y el empresario Alejandro Navarro ingresaron la noche del domingo en prisión provisional acusados de diversos delitos relacionados con una trama de corrupción destapada en el Ayuntamiento grancanario de San Bartolomé de Tirajana, el más turístico del sur de Gran Canaria. La juez instructora de la operación Paraíso, que dictó auto de prisión sin fianza contra los dos principales acusados, mantuvo los cargos de cohecho, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias para el edil Francisco Guedes, ex concejal socialista de Vías y Obras, y el de cohecho para el empresario Alejandro Navarro Miñón, dueño de la constructora Mazzoti.
Asimismo, la magistrada dejó en libertad con cargos a los otros cuatro detenidos: el hijo del edil, Jonás Guedes López, acusado de cohecho y blanqueo de capitales, y el secretario municipal del ayuntamiento, Antonio Muñiz González, y los empresarios Antonio Hernández Rodríguez y su hijo Antonio Esteban Hernández Perera, estos tres imputados por cohecho, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Los acusados que han sido puestos en libertad deberán comparecer los días 1 y 15 de cada mes ante la autoridad judicial, añadieron las fuentes.
Francisco Guedes, conocido como Pacuco, fue expulsado del PSC-PSOE el año pasado por su polémica gestión municipal que le hizo acumular diversas denuncias por irregularidades, mientras que el dueño de la empresa Mazzoti ya fue imputado el año pasado en el Caso Faycán por presunta corrupción urbanística en el ayuntamiento de Telde, la tercera ciudad más poblada de Canarias.
Familiares y amigos de los principales acusados, que permanecieron durante todo el día en las inmediaciones de los juzgados, rompieron a llorar cuando, sobre la una de la madrugada del domingo, conocieron la decisión judicial contra Guedes y Navarro.
La juez, que comenzó a tomar declaración a los detenidos a las 09.00 horas del sábado y acabó a medianoche, autorizó a la esposa del edil y a los familiares del empresario para que pudieran visitarlos en los calabozos. La larga jornada judicial entró en su recta final cuando el último imputado en ser trasladado a los juzgados, el concejal Francisco Guedes, llegó a las 19.05 horas en el interior de un todoterreno policial camuflado y desde dentro del coche saludó y lanzó besos a los vecinos que habían acudido para apoyarlo.
Para acceder al edificio judicial, y ante la presión de este público, la policía tuvo que formar un control para evitar cualquier incidente como el ocurrido el día de las detenciones cuando los vecinos del concejal, del barrio de El Castillo del Romeral, agredieron a un cámara de televisión.
Mientras pasaba frente a ellos, los vecinos de Francisco Guedes le gritaron "¡Jonás está en casa!", a fin de avisar al principal imputado de que su hijo Jonás Guedes López, también detenido y acusado, había quedado en libertad tras declarar ante la juez que instruye el caso.Ya en la zona del garaje de los juzgados, y cuando salía del todoterreno, el concejal acusado levantó las manos para saludar a los medios de comunicación presentes en la zona.
* Diario de Avisos - 02 de julio de 2007
Foto: San Bartolomé de Tirajana (GranCanaria) /wikimedia
La nueva ley del suelo. Un paso adelante, pero insuficiente
La Plataforma por una Vivienda Digna* ha presentado un documento en el que valora la nueva ley del suelo aprobada por el Congreso de los Diputados que entra en vigor el 1 de julio. Las opiniones parten de un grupo de trabajo formado por integrantes de la plataforma de toda España.
Desde la Plataforma por una Vivienda Digna* hemos seguido con sumo interés el desarrollo de la nueva ley del suelo, por su capacidad de influencia en el grave problema de acceso a la vivienda que tenemos una gran parte de los ciudadanos de este país. La opinión de consenso de la mayoría de miembros de en la Plataforma es que esta ley es objetivamente mejor que su predecesora. Sin embargo, una vez más no se abordan reformas de fondo, por lo que el Gobierno y los grupos parlamentarios que han participado han dejado escapar la oportunidad de sentar las bases de un cambio de modelo. Un modelo que avance hacia la consecución del derecho a la vivienda recogido en nuestra Constitución.
Reservas de suelo protegido insuficientes.
La reserva de suelo que debe destinarse a vivienda protegida en los nuevos desarrollos queda finalmente en un 30% (tras el 25% anterior al trámite parlamentario). Para la Plataforma por una Vivienda Digna este porcentaje es claramente insuficiente, ya que la cantidad de ciudadanos demandantes de vivienda que cumplen los requisitos para acceder a una vivienda de protección oficial suponen una demanda superior a las reservas que plantea la ley. Tal es así que las leyes autonómicas de algunas comunidades establecen porcentajes de reserva superiores.
Además, desde la Plataforma por una Vivienda Digna pensamos que el modelo de reserva de un porcentaje fijo de la edificabilidad (30% según la ley) no contribuye de forma eficaz a solucionar el problema, y que la reserva de suelo de protección oficial debería establecerse en función de estudios de necesidad que fijaran el número de demandantes en disposición de acceder a este tipo de viviendas.
Puerta abierta a una vivienda protegida “cara”.
La nueva ley no hace referencia a las características del régimen de protección de las futuras viviendas que se ubicarán en un suelo protegido. Actualmente existen comunidades autónomas, como la Comunidad de Madrid, que han “inventado” tipologías de viviendas protegidas cuyos precios están fuera de lo que se puede permitir una persona con un sueldo normal, especialmente si hablamos de una persona joven, inmigrante, divorciada, o en alguna otra situación de necesidad especial.
En este sentido, aunque la ley reserve suelo para vivienda protegida, se deja la puerta abierta a que ese suelo sea ocupado finalmente por viviendas protegidas que la mayoría de los demandantes no podrán pagar, con lo que la reserva de suelo acaba siendo inútil desde el punto de vista de la función social de la vivienda protegida.
Faltan medidas para evitar retrasos.
Otro problema que están sufriendo los demandantes y adjudicatarios de viviendas de protección oficial es la “pereza” de los promotores a la hora de construir este tipo de vivienda frente a la vivienda libre. Esto tiene como consecuencia retrasos de hasta más de 10 años en la entrega de la vivienda protegida. Desde la PVD llevamos tiempo reclamando la vinculación de permisos administrativos de construcción de vivienda libre al estado de las promociones de vivienda de protección oficial pertenecientes al mismo plan. Sin embargo la nueva ley del suelo no recoge este punto, que sí tienen en cuenta algunas leyes de suelo de carácter autonómico.
Coladeros legales para escapar a la obligatoriedad de crear vivienda protegida.
Es un paso atrás importante el hecho de que los artículos que fijan las reservas y los usos de los suelos que forman parte del patrimonio público del suelo permitan como alternativa a la construcción de vivienda protegida “otros fines de interés social”. A nuestro entender, esta excepción será un coladero que contribuirá al modelo actual de financiación de las administraciones públicas por medio del urbanismo, que como hemos venido denunciando, es un “tributo” sumamente injusto y desigual, que reposa en la necesidad vital de vivienda de las personas.
Deben primarse los espacios ya urbanizados.
En cuanto a la sostenibilidad que la ley pretende conseguir en los nuevos desarrollos, pensamos que también se han dado pasos adelante con los nuevos informes necesarios y la implicación de las administraciones involucradas. No obstante, la ley debería haber introducido alguna medida efectiva para discriminar positivamente la reutilización de espacios ya urbanizados sobre los nuevos desarrollos. Esta medida contribuiría también de forma notable a la sostenibilidad, tanto medioambiental como económica.
Aspectos positivos
Nos parece positivo que queden regulados por siempre los precios de venta o alquiler de las viviendas de protección construidas en los patrimonios públicos de suelo, de forma que no se pierda nunca su estatus de vivienda protegida. Sin embargo nos preguntamos porqué no se ha extendido esta medida a la totalidad de la viviendas sujetas a algún régimen de protección oficial.
El hecho de que la totalidad de viviendas protegidas tengan esa calificación de forma permanente es fundamental para que siempre exista un parque extenso de vivienda de protección oficial, que contribuya a solucionar futuras situaciones de dificultad de acceso a la vivienda.
Sujeta al desarrollo de las Comunidades Autónomas
El resto de los puntos relevantes de esta ley son medidas que no podemos valorar desde la PVD ya que son herramientas que serán positivas o negativas en función de cómo sean desarrolladas por las comunidades autónomas. Se trata de puntos como la diferencia del derecho de superficie y de la propiedad del suelo y su regulación, el papel del agente urbanizador, o la nueva valoración del suelo en las expropiaciones, por ejemplo.
En cualquier caso, desde la Plataforma por una Vivienda Digna somos conscientes de que la principal responsabilidad de los problemas actuales de acceso a la vivienda en España es de los gobiernos de las comunidades autónomas, al estar transferidas la mayoría de las competencias sobre urbanismo y vivienda. Así, es lamentable que en la mayoría de comunidades autónomas, se siga apostando por un modelo que ignora el derecho a una vivienda digna y apoya la creación de más viviendas innecesarias, la especulación y el mantenimiento de la burbuja. La nueva ley hubiera debido también establecer mecanismos que aseguraran el cumplimiento de su espíritu también a nivel regional, pero no lo ha hecho suponemos que por evitar el riesgo de inconstitucionalidad. Seguiremos esperando a que nuestros gobernantes formalicen un pacto que separe al urbanismo de los intereses especulativos de manera uniforme en todo el Estado.
Por tanto, a partir de de la entrada en vigor de esta ley nacional, demandamos a los gobiernos de las comunidades autónomas el desarrollo de leyes del suelo que sigan el espíritu recogido en el artículo 47 de nuestra constitución y que sean la base de un mercado de vivienda asequible para todos, en lugar de buscar vías con las que apuntalar un modelo tan insostenible como el actual.
Tímidos avances, sin cambio de modelo
En resumen, lo deseable en esta nueva ley del suelo hubiera sido un cambio de paradigma en el que se pusiera al derecho humano a la vivienda como base inspiradora de las actuaciones de gestión del suelo, dejando en segundo plano la vocación exclusivamente seguidista del mercado que tienen las leyes actuales, algo en lo que ha puesto énfasis el relator de vivienda de la ONU en su contundente nota emitida recientemente. Sin embargo hay que decir que la nueva ley es objetivamente mejor que sus predecesoras y que por lo tanto, supone un avance.
Sin duda estos tímidos avances se están dando en parte por las manifestaciones y la presión de los movimientos sociales que buscamos una sociedad mejor y más justa en una materia fundamental como es la vivienda. Por ello animamos al conjunto de la sociedad, y en especial a los jóvenes, a seguir saliendo a la calle y tomando iniciativas para defender el cumplimiento de artículo 47 de la Constitución.
* www.viviendadigna.org
* Kaosenlared.net - 01.07.2007
Entra en vigor la Ley de Suelo con la incógnita de si influirá o no en los precios de las casas
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J.F.LEAL.- El Mundo* : "Algo bueno tendrá esta Ley cuando no deja satisfechos del todo ni a promotores, ni a las administraciones autonómicas y municipales, ni a los colectivos de consumidores", afirmaba recientemente un agente de sector inmobiliario. ¿Útil o estéril? ¿Conflictiva o de consenso? La cuarta 'Ley de Suelo' dictada por un gobierno español en 50 años (1956,1975, 1998 y 2007) entra en vigor hoy, 2 de julio, en la práctica -legalmente lo hizo ayer domingo- tras años de debate, encuentros y desacuerdos. Polémico donde las haya, el texto aprobado en el Congreso el pasado 10 de mayo con la inesperada presencia de José Luis Rodríguez Zapatero marca un antes y un después en los objetivos fundacionales del Ministerio de Vivienda, del que se llegó a decir que desaparecería tras la puesta en marcha de la Ley.
Agentes urbanizadores, constructores y consumidores barajan las mismas preguntas –manidas ya– asociadas con el devenir de los precios de las casas y del suelo y el aumento del parque de vivienda protegida. Incógnitas que un potencial comprador de una casa resume en una sola: ¿Podré comprármela a un precio asequible?
Váyase olvidando, al menos en esta legislatura y parte de la siguiente. Las casas construidas sobre suelos comercializados al abrigo de esta ley no empezarán a venderse como poco hasta dentro de tres o cuatro años.
Durante los meses previos a su entrada en vigor, María Antonia Trujillo, ministra de Vivienda, no se ha cansado de cantar las bondades y el espíritu conciliador de una Ley que, ante todo, busca desincentivar la especulación salvaje, generar transparencia en el proceso urbanizador y aumentar la construcción de viviendas protegidas a un precio asequible. Todo, en la medida que puede una Ley estatal donde las políticas de suelo están en manos de los Ayuntamientos en primer lugar y de las comunidades autónomas en segundo orden.
Descontento general en el sector
Según una encuesta realizada el pasado mes de junio por el Instituto de Práctica Empresarial, el 80% del sector inmobiliario se muestra en desacuerdo con el texto y con la idea de que conseguirá bajar los precios de la vivienda.
En un recorrido parlamentario salpicado de críticas –especialmente las asociaciones de promotores y constructores–, el Partido Popular fue finalmente el único grupo político en ambas cámaras que se negó a aprobar la Ley. Fuera del ámbito político, numerosas voces se han alzado contra el sistema de expropiaciones que propone el texto, el cual prescribe que el suelo se debe vender por su valor real y no por el potencial que ofrece, pero no acota el margen especulador del comprador del terreno.
Otro de los puntos que ha generado mayor controversia es la obligación de reservar un 30% del suelo de los proyectos urbanísticos para vivienda protegida, un porcentaje insuficiente, para algunos, que ya superan muchas comunidades autónomas, como Madrid, que reserva el 40%.
Sus detractores también critican el punto que obliga a los promotores a ceder hasta el 20% del suelo a los ayuntamientos, ya que consideran que éstos tendrán que vender las casas más caras para amortizar sus inversiones.
Escepticismo entre los consumidores
Para los colectivos de consumidores, la ley está llena de buenas intenciones pero se ha quedado corta en su intento de frenar la especulación, pues "impide que el suelo se venda a los agentes urbanizadores a precios desorbitados pero no que estos puedan especular a la hora de comercializar las viviendas", señala Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).
Para García, se trata de "una ley imperfecta, consciente de los problemas de base del suelo pero a los que difícilmente podrá hacerles frente".
Facua, por su parte, reivindica que se cumpla el principio de coordinación de las administraciones públicas y que se apliquen las medidas previstas en caso de incumplimiento de la ley, especialmente en lo que se refiere a las viviendas protegidas.
* El Mundo - Su Vivienda - 02/07/2007
Foto: Seseña (Toledo) macrourbanización /A.Heredia (El Mundo)
Hartos de autovías
Joaquín Arce Fernández* : "Los españoles y los asturianos estamos ya empachados, gordos y enfermos de consumir compulsivamente tantas autovías, suelo y energía. A estas alturas de la historia, y en nuestra situación económica actual, las autovías, la construcción y el derroche energético no son, ni de lejos, una buena alimentación para una sociedad que quiera vivir largo tiempo, tener un desarrollo sano y equilibrado y administrar bien los escasos presupuestos disponibles. El Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes, aprobado en 2005 por el Gobierno de España, ya señalaba que somos el país de Europa con más asfalto por habitante y nuestra dotación de autovías y autopistas es de las más altas de Europa: España es el segundo país de la UE con más kilómetros de autopistas (sólo superado por Alemania) y el primero en términos relativos con relación al número de kilómetros por vehículo o de kilómetros por habitante. Y no por eso estamos más desarrollados. También somos, según el Informe de 2006 del Observatorio para la Sostenibilidad, de los que peor usamos la energía en Europa y los que más suelo natural urbanizamos de forma irreversible.
Por eso mismo, el PEIT, aunque todavía contempla la construcción de 6.000 nuevos kilómetros de autovía en su periodo de vigencia hasta 2020, se fijó como objetivos principales mejorar las redes ferroviarias, fomentar la intermodalidad, realizar planes de movilidad sostenible y reducir los impactos ambientales del transporte.
Así, el PEIT, pese a sus limitaciones, denunciadas por las asociaciones ecologistas españolas, estableció como objetivos ambientales: limitar las emisiones de CO2, reducir los contaminantes atmosféricos, limitar el uso de los vehículos privados, evitar la fragmentación de ecosistemas y el efecto barrera para la fauna, etcétera.
Estos objetivos no son improvisados. Responden a la preocupación profunda de la Unión Europea, y quizás del propio Gobierno español, por los impactos ambientales y la sostenibilidad del transporte, sector muy relacionado con la crisis energética, el cambio climático, las enfermedades provocadas por la contaminación y la pérdida de biodiversidad.
En ese contexto, sorprende el gran retraso y desinterés con el que se plantean todas estas cuestiones en Asturias, tanto por parte de la sociedad como del propio Gobierno regional. Por una parte, se hacen pomposas declaraciones públicas sobre el desarrollo sostenible como objetivo de la acción del Gobierno regional, y se promocionan mascotas turísticas, como el oso Yogui, con las que se quiere dar una imagen externa de buena salud ambiental. Pero, por otra, se impulsan proyectos de infraestructuras agresivas como la nueva autovía-carretera La Espina-Ponferrada o el embalse de Caleao, actuaciones urbanísticas consumistas y desarrollistas como las que se proponen estos días para Llanera y Siero, y proyectos industriales-energéticos como el contaminante y peligroso tinglado de regasificadora-centrales térmicas de ciclo combinado-líneas de alta tensión o la macroincineradora de residuos de Cogersa, todos ellos ejemplos de manual de lo que no hay que hacer en estos tiempos, si se tiene una mínima sensibilidad ecológica y de sostenibilidad.
En una época en que en la UE y los países más desarrollados de nuestro entorno se promueven sobre todo el ahorro y la eficiencia energética, las energías renovables, el reciclaje, la educación y la investigación, el transporte público y la conservación de la naturaleza, y se lucha por la salud y contra el consumo y el cambio climático, aquí seguimos obcecados en fomentar el transporte por carretera, la construcción y las industrias contaminantes del siglo pasado.
Es difícil explicar por qué somos tan catetos. Sobre todo en un momento en la que la información se difunde libremente y llega a todas partes. Los gobernantes, por lo menos, no deberían tener excusas. Quizás la causa de este desfase temporal en nuestro modelo de desarrollo tenga que ver con la persistente mentalidad que se generó en la difícil época de la posguerra española y el franquismo, en la que se pasó hambre y todo escaseaba. Esa situación nos hizo insaciables. Sería la misma postura que la de los nuevos ricos. O la de aquellas madres que, a toda costa, querían que sus hijos comiesen y engordasen, ignorando que, alcanzado un nivel de vida como el actual, está más extendido el problema de la obesidad que el de la desnutrición infantil.
Con las autovías, los proyectos 'ilusionantes'de crecimiento urbanístico y la industria energética nos está pasando lo mismo. Nuestros gobernantes nos quieren 'fartucar', hasta que no podamos más y 'nos salgan por las orejas'. Porque una parte de la gente lo pide, es verdad (sin ser conscientes de los costes y las alternativas), pero también porque muchos de ellos tienen mentalidades anticuadas, de épocas pasadas (clientelismo e inauguraciones), y no conocen ni entienden otros modelos de desarrollo sostenibles y actuales.
Habría que sustituir a esos políticos por otros. O, como mínimo, enviarlos a un cursillo de 'nutrición pública para la sostenibilidad'. Para que aprendan a poner a régimen el Presupuesto: disminuir los proyectos desarrollistas, pesados e indigestos, con mucho colesterol malo, como las nuevas carreteras y las grandes infraestructuras, y aumentar los proyectos inteligentes, sanos, pequeños y variados, las frutas y verduras de la gestión pública, la I+D, la educación, la gestión eficiente y el mantenimiento adecuado de los recursos, infraestructuras e instalaciones ya existentes, el ahorro, etcétera.
Y para que vayan haciendo prácticas de lo que debe ser la movilidad sostenible y el consumo responsable, estaría bien que, cuanto antes, nuestros políticos regionales renunciasen al coche oficial y empezasen a ir andando a los sitios, o usando, aunque sólo fuera de vez en cuando, el transporte público. Así, además, igual se animaban a mejorarlo.
* JOAQUÍN ARCE FERNÁNDEZ/MIEMBRO DE LA MESA FEDERAL DE LOS VERDES DE ASTURIAS
* El Comercio Digital - 14 de marzo de 2007
Movilización contra la especulación inmobiliaria
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D.PLACER.- ElPeriódico/Barcelona* : "Unos 150 jóvenes marcharon ayer por varias calles del barrio de Sants para protestar contra los desalojos de siete inmuebles producidos esta semana y se esforzaron por dejar su rastro en cada rincón. Los contenedores de basura, las señales de tráfico, las vallas de las obras, las paredes, las aceras, los pasos de cebra y las agencias inmobiliarias no se pudieron salvar de la pintura de los manifestantes, en cuya limpieza deberán emplearse ahora a fondo los operarios municipales. "Contra la especulación, okupación", "Ningún desalojo sin resistencia" e "Inmobiliarias sanguijuelas fuera del barrio" fueron los lemas más repetidos durante la marcha que fue escoltada desde lejos por la Guardia Urbana.
Además, varias furgonetas de los Mossos aguardaban detrás de la estación de Sants.
Los okupas cortaron un sentido del paseo de Sant Antoni durante unos minutos, mientras pintaban y colgaban carteles. El momento de tensión de la jornada lo protagonizaron unos comerciales de la inmobiliaria Tecnocasa que intentaron impedir que su entrada fuera pintada por los manifestantes. Los empleados forcejearon con varios jóvenes y uno de ellos les arrojó un pote de pintura negra. La policía, que vigilaba de lejos, no intervino.
'REOKUPACIÓN' FUGAZ
La inmobiliaria Look&Find también sufrió la embestida de los manifestantes y en su entrada quedó reflejado el rechazo del colectivo a este tipo de empresas. La mayoría de los vecinos salieron a los balcones a contemplar la marcha. Algunos aplaudieron a rabiar.
Los jóvenes reokuparon por unos minutos las casas que fueron desalojadas en la calle de Miquel Àngel. Algunos recuperaron objetos personales que aún quedaban dentro de la nave La Breva, donde celebraban actos culturales, y prosiguieron la marcha hacia la plaza de Sants, punto de inicio de la protesta.
DENUNCIA AL JUZGADO
El colectivo okupa también denunció ayer que durante el desalojo del pasado miércoles se produjeron abusos policiales. Hibai Arbide, abogado de los okupas, presentó una denuncia al Juzgado de Guardia por la actuación de tres agentes que presuntamente agredieron a uno de los miembros más activos del movimiento.
El colectivo dijo que las autoridades estaban aplicando una nueva forma de desalojo más contundente y sin previo aviso. Arbide cree que fue "mucha casualidad" que dos procesos judiciales diferentes (uno civil y otro penal) tuvieron el desenlace final en el desalojo. Los okupas se quejaron de que la policía revisó sus cámaras de fotos, ordenadores y teléfonos móviles.
* El Periódico de Catalunya - 30/6/2007
Foto: protesta okupa barrio Sants (Barcelona) /A.Olivé (EFE)
Noticia relacionada: Centenares de okupas se manifiestan en Barcelona por los desalojos de la calle Miquel Àngel
Rebeldes mileuristas (quien llegue) sin casa
RAFAEL LEONISIO* : "El 15 de mayo se cumplió el primer aniversario de aquellas sentadas que, convocadas anónimamente por Internet, dieron el pistoletazo de salida a lo que se viene conociendo como movimiento por una vivienda digna. Éste agrupa fundamentalmente a dos colectivos: la Plataforma por una Vivienda Digna (PVD) y la red de Asambleas 'v' de vivienda. Ante la súbita aparición de un movimiento que parece surgir de la nada y que en menos de un año consigue movilizar a miles de jóvenes, a cualquiera pueden surgirle una serie de preguntas: ¿de dónde surge este movimiento? ¿Tiene detrás alguna fuerza o ideología política que lo impulsa? ¿Tan mala es la situación de la vivienda en España como para que la gente tenga que salir a la calle? ¿Son todos estos jóvenes unos vagos que quieren una casa a cambio de nada? Antes de contestar a todo esto repasemos acontecimientos.
A finales de marzo de 2006 empezó a circular un correo electrónico que convocaba a todos los jóvenes a un 'macrobotellón' en diferentes ciudades españolas. La reacción de la prensa fue unánime: dar una importante cobertura a la noticia y llegar a una misma conclusión, a saber, que los jóvenes de este país no piensan más que en su propia diversión y que es vergonzoso que con todos los problemas que hay en el mundo sólo se junten de manera masiva para emborracharse. Poco después se lanzó otro 'e-mail' en el que se instaba a la juventud a demostrar, ante la mala imagen que se había dado de ella, que también sabía movilizarse por otras causas. Se la convocaba a reclamar por medio de unas sentadas el incumplido derecho constitucional a una vivienda digna.
La convocatoria fue un éxito, máxime si tenemos en cuenta que se hacía de forma anónima, por Internet y que los medios no le prestaron ni la mitad de atención que a la anterior. La asistencia fue muy desigual: unas pocas decenas en ciudades pequeñas y varios centenares en algunas más grandes. Sin embargo, en Barcelona y Madrid fueron varios miles, formándose en esta última una manifestación espontánea que acabó (más bien fue 'acabada' por la policía) en la puerta del Congreso de los Diputados. Por la forma en que había surgido todo parecía indicar que este movimiento de protesta acabaría ahí mismo, donde empezó, quedando relegado a mera anécdota de fin de semana. Sin embargo no fue eso lo que ocurrió. Siguieron convocándose sentadas todos los domingos siguientes a la primera y quienes acudían a ellas comenzaron a organizarse. Unos contactaron con la ya existente y hasta entonces inédita PVD mientras que en otros lugares se formaron asambleas que poco después formarían la red 'v' de vivienda. Estas organizaciones empezaron a convocar unas movilizaciones que fueron respaldadas de forma masiva por miles de ciudadanos. En septiembre más de 10.000 jóvenes se manifestaron en Barcelona y un mes después un número parecido lo hacía en Madrid. El 23 de diciembre miles de jóvenes se manifestaban simultáneamente en toda España, sucediendo lo mismo el pasado 24 de marzo. Lo mismo pero con más gente, porque una de las sorprendentes características de este movimiento es que no para de crecer.
Llegados a este punto conviene hacer un alto y preguntarse ¿tan mal está el acceso a la vivienda en España? 'Los jóvenes quieren que se lo den todo hecho, a nosotros también nos costó mucho esfuerzo comprar una casa', suele argumentar alguno ante estas movilizaciones. Pero sólo hay que remitirse a los datos. Hace veinte años las hipotecas eran a 10-15 años con un solo sueldo; hoy se necesitan dos salarios y el plazo de amortización no baja de los 30 años cuando no son 40 o 50. 'La juventud quiere un pisito gratis sin trabajar, y eso es tener mucha caradura'. Pues tampoco es eso. Nadie en todas las manifestaciones y demás acciones ha pedido que le regalen una casa. Tan solo se exige que se cumpla el artículo 47 de la Constitución, que reza lo siguiente: «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación».
¿Tenemos todos los ciudadanos acceso a una vivienda digna y adecuada? Está claro que no. ¿Todo el que accede a una vivienda digna lo hace en condiciones dignas? Sólo si consideramos que una hipoteca a 50 años es un modo digno de acceder a una vivienda, lo cual es mucho considerar. ¿Promueven los poderes públicos las condiciones necesarias y establecen normas pertinentes para hacer efectivo este derecho? Aquí está la clave del asunto.
España es ya el país con la vivienda más cara del mundo en relación a los salarios, lo que por necesidad implica que los poderes públicos no lo están haciendo muy bien. Por acción u omisión algo de culpa tienen que tener. Las movilizaciones juveniles han apuntado una serie de medidas concretas que, inspiradas en países de nuestro entorno, podrían mitigar el efecto de la ya por todos llamada burbuja inmobiliaria. Pongamos como ejemplo la última manifestación convocada por la PVD de Euskadi, en la que se proponían a los poderes públicos tres medidas concretas: 1. Ley de Hipotecas, donde se impida que éstas superen un número concreto de años (15-20) para su amortización. Esto ocurre actualmente en Francia e impide la escandalosa escalada de precios (150% en 10 años) que tenemos en este país. 2. Gravar fiscalmente los pisos vacíos para así incentivar su venta o puesta en alquiler, como pasa en otros muchos países europeos. 3. Que toda la VPO sea para alquiler. La VPO en régimen de compra es un despropósito ya que con el dinero de todos los hipotecados se financia una vivienda asequible para muy pocos.
¿Quién está detrás de todo esto? Habrá quien sospeche que este movimiento está politizado y que responde a determinados intereses políticos. Nada más lejos de la realidad. Una de las características más sobresalientes de este movimiento es el apartidismo. Los partidos que llevan gestionando la democracia desde hace treinta años ni están ni se les espera y, aunque lo intentaran, les resultaría muy difícil hacer una OPA. Quienes se han manifestado profusamente durante este último año han venido dejando bien claro que reparten la culpa entre todas las fuerzas políticas. Unas con más responsabilidad que otras pero todas, al fin y al cabo, culpables, por acción u omisión, de este gravísimo problema que hoy tenemos en España. Problema además muy peligroso para nuestra economía, que posiblemente no aguante sin una crisis el estallido de la burbuja. ¿Pero estallará la burbuja? El futuro siempre es incierto, pero si nos fijamos en los casos de Japón y Estados Unidos (donde la burbuja estalló y de verdad) combinándolo con el 'que nadie se alarme' del Gobierno ante la crisis en bolsa de las inmobiliarias, la verdad es que es para echarse a temblar.
Una vez hechas las aclaraciones, ¿qué balance se puede hacer de este movimiento? Es evidente que no ha quedado en saco roto. Si miramos atrás podemos recordar cómo hace un año las noticias que hablaban del precio de la vivienda y, sobre todo, de la escasa posibilidad de los jóvenes de acceder a ella eran escasas. Hoy día cada dos por tres algún periódico, revista o programa de televisión incluye algún espacio para este tema. Por otro lado los políticos ya han empezado a competir por ver quién es el que hace la mejor promesa para resolver esta situación (ejemplos claros los tenemos en los gobiernos vasco y catalán, que ya han lanzado alguna propuesta en lo que respecta a los pisos vacíos; o en esta última campaña electoral, donde la idea de 'vivienda digna' ha aparecido por todas partes). Pero de momento estamos en eso, en la fase de las propuestas, y todavía nos quedará un tiempo para ver las soluciones (si es que llegan). En cualquier caso todo este movimiento básicamente juvenil ha demostrado que con la ayuda de las nuevas tecnologías (fundamentalmente Internet) es posible crear un movimiento exclusivamente ciudadano, y por tanto sin impulsos políticos, con capacidad para influir tanto en los poderes públicos como en la ciudadanía. Sin duda un paso adelante hacia una mayor democratización de una sociedad que, cuando se ha movido de manera masiva, lo ha hecho casi exclusivamente por el influjo de los grandes partidos políticos.
* RAFAEL LEONISIO /INVESTIGADOR DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIA POLÍTICA DE LA UPV-EHU
* El Correo Digital - 29 de mayo de 2007
