João Henrique Galvão* : "Los problemas para acceder al derecho básico a una vivienda digna, con un endeudamiento que puede alcanzar el 70% del salario en los sectores más jóvenes, fue la base de un importante movimiento surgido hace poco más de un año, en medio de la desmovilización general impuesta por una izquierda subordinada al gobierno Zapatero. Con el precio de la vivienda por las nubes (el último aumento, “moderado”, fue del 7,2%) y mientras el 55% de la población tiene dificultad para llegar a final del mes, el gobierno ZP presume de que el 2006 fue el mejor año económico de la “democracia”, mientras el movimiento por una vivienda digna sacó a la luz el debate sobre la situación de los hipotecados de por vida, de los jóvenes que no pueden emanciparse y de los inmigrantes hacinados en cuchitriles.
El boom especulativo toca a su fin
Sólo en el año 2006 se construyeron 830.000 viviendas, la mayor parte destinadas a la especulación. Los bancos, con un patrimonio inmobiliario equivalente a 14 veces las Islas Baleares, mantienen estrechas relaciones con las inmobiliarias y constructoras. El efecto dominó de abril con la devaluación de la inmobiliaria Astroc arrastró a otras inmobiliarias y a empresas como Telefónica, BBVA, Repsol e Iberdrola. Organismos como el FMI apuntan a un crecimiento futuro de la morosidad y comparan la evolución española con la de EEUU, donde prevén una situación de estancamiento. El escenario de recesión económica cobra así visos de realidad.
Los empresarios inmobiliarios esperan contar con la inestimable colaboración del gobierno para estabilizar el sector y garantizar que el sector inmobiliario siga siendo el “pilar de la economía” durante otros 10 años. Sin embargo, la previsión más razonable apunta a una disminución del ritmo de construcción, de modo que empezará a generarse desempleo masivo de obreros de la construcción, el cierre de gran número de empresas de sectores indirectos y un todavía mayor crecimiento de la precariedad.
Corrupción y demagogia
De este entramado de grandes negocios especulativos participan los partidos burgueses y socialdemócratas y las centrales sindicales, que los utilizan como una vía de financiación. El suelo, de recurso natural público pasa a convertirse en moneda de cambio a través de las recalificaciones, que son la base de los escándalos de corrupción que salpican a los ayuntamientos. La nueva Ley del Suelo de ZP entrega a la iniciativa privada los proyectos de urbanización. No por casualidad los principales asesores del Plan de Vivienda y de la Ley del Suelo son los mismos que asesoran a las grandes empresas inmobiliarias y constructoras. Así se entiende como el principal accionista de Astroc, Enrique Bañuelos, ha podido llegar a formar parte de la lista de las diez mayores fortunas del Estado Español, en contraste con el 45% de la población “mileurista” e hipotecada.
Sin duda alguna la falta de soluciones concretas para esta preocupación social fue uno de los factores determinantes del crecimiento de la abstención en las recientes elecciones, a pesar de los esfuerzos de todos los partidos institucionales (desde el PP o el PSOE hasta IU o ERC) por hacer creer lo contrario.
Intentando debilitar la lucha por la vivienda, la ministra Trujillo presentó la promesa de creación de 10.000 viviendas de 35 m2 para jóvenes universitarios. Esta cifra no supera el 2% de los universitarios que buscan pisos de alquiler. Esta medida de última hora, pensada para desactivar la presión que crecía en la calle en período electoral, evidencia la incapacidad del gobierno para impulsar políticas de vivienda pública y de alquiler. Sólo con el presupuesto de este año destinado a la vivienda se podrían construir 150.000 viviendas públicas en alquiler. Sin embargo, ese dinero se destina a apoyar la vivienda en propiedad.
Hay que continuar fortaleciendo la lucha por el derecho a una vivienda digna
El “derecho universal a la vivienda”, reconocido en el artículo 47 de la constitución española, es papel mojado. La única vía capaz de solucionar el problema de la vivienda es invertir radicalmente la lógica actual de promoción de viviendas para la venta, impulsando la vivienda pública en alquiler con precios que no superen el 20% del salario medio. Por el contrario, lo que vemos desde el gobierno ZP y su Plan de Vivienda es el refuerzo de la política de incentivo a la falsa propiedad a través de las Viviendas de Protección Oficial, mientras se favorece y desarrolla una política de viviendas de alquiler residual y cara.
Ante este panorama hay que seguir movilizándose. Las organizaciones de la clase trabajadora deben encabezar esta lucha estableciendo un puente entre la clase trabajadora y el combativo movimiento juvenil por una vivienda digna que, con sus manifestaciones y sentadas, viene demostrando su capacidad para enfrentar al gobierno, denunciando su política en relación a este derecho básico.
* Rebelión - A Luchar por el Socialismo - 08-06-2007
Sigue la lucha por el derecho a la vivienda
Calp vuelve a dar licencia de obra a un edificio en zona de protección
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N.GÓMEZ.- El País* : "El Ayuntamiento de Calp, presidido por Javier Morató, del PP, ha vuelto a conceder licencia de obra a un edificio cuya piscina, incluida en el proyecto, se sitúa en la zona de protección del dominio público marítimo terrestre. La historia se repite y es la segunda vez, en escasos dos meses, que el gobierno municipal otorga un permiso para edificar en zona protegida, ya que, con el consentimiento de la Consejería de Infraestructuras, el Ayuntamiento autorizó un hotel de 24 pisos de altura a seis metros del mar, lo que ha provocado que el Gobierno emprenda acciones judiciales para paralizar la edificación.
El Ministerio de Medio Ambiente considera esta obra ilegal e insta al Consell a que revoque la licencia inicial de obra para evitar consolidar esta irregularidad.
En esta segunda ocasión, la empresa Calport Marbella, SA, ha obtenido licencia del consistorio calpino para construir un edificio de 17 pisos de altura y piscina, ubicado a pie del paseo marítimo, a 10 metros del mar. El Ayuntamiento, además, tiene que hacer frente a contencioso en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana al haber sido denunciado por permitir un edificio de 20 plantas, promovido por esta empresa, Calport Marbella S. A., junto a los restos arqueológicos de los Baños de la Reina, en la misma zona donde va a levantar esta nueva construcción que se ha autorizado.
Pese a que en el acta del pleno en el que se otorgó la licencia a la promotora, el consistorio reconoce que la piscina se encuentra en zona de protección, el Ayuntamiento otorga la licencia instando a la mercantil que solicite autorización a la Consejería para la ubicación de la piscina, permiso que debe ser previo, según el PGOU. Mientras tanto, la promotora está publicitando a la venta su residencial, conocido como Edificio Bauprés, incluyendo la piscina.
Modificación PGOU
Las modificaciones realizadas por el grupo del PP en Calp en el PGOU, han permitido que varios promotores puedan levantar desproporcionadas edificaciones en las playas del municipio, al no obligar a retranqueos por estar en primera línea, desprotegiendo el litoral. Además de permitir que se pueda edificar en parcelas de 500 metros cuadrados, cuando antes se exigía un mínimo de 1000 metros cuadrados para levantar edificio en una parcela, como es el caso de esta construcción.
Este tipo de abusos urbanísticos, promovidos por el grupo popular, han favorecido que se urbanice en primerísima línea de playa o junto a restos arqueológicos protegidos, facilitando a los promotores a través del PGOU, ya que cumplen todos los requisitos legales, llegar incluso a proyectar una piscina en zona protegida, obteniendo el correspondiente visto bueno del Ayuntamiento.
* ELPAIS.com - Xàbia - 08/06/2007
Foto: Calpe (Alicante) /mma.es
La Audiencia apunta a que al menos un querellado por La Zerrichera se lucró con las «importantísimas plusvalías»
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R.F./M.B.- La Verdad* : «No se puede descartar una actuación concertada», recoge la resolución.
La investigación judicial sobre el caso Zerrichera seguirá adelante. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Murcia ha rechazado el recurso planteado por cinco altos cargos de la Administración Regional, el alcalde en funciones de Águilas y un ex concejal, que habían reclamado el archivo de la querella presentada por la Fiscalía del TSJ contra todos ellos.
La citada querella, admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia, imputa la comisión de delitos de prevaricación, falsedad en documento público, negociaciones prohibidas a los funcionarios, tráfico de influencias y cohecho a Encarnación Muñoz, que fue directora general de Medio Natural; Antonio Alvarado Pérez, director general de Calidad Ambiental; Manuel Alfonso Guerrero Zamora, director general de la Vivienda, Arquitectura y Urbanismo; José María Ródenas Cañada, subdirector general de Vivienda; Juan Ignacio Sánchez Gelabert, jefe de servicio de Calidad Ambiental; Juan Ramírez Soto, alcalde de Águilas; y José López Díaz, ex concejal del PP.
En el auto dictado por la Sección Primera de la Audiencia, integrada por los magistrados Andrés Pacheco, Francisco Carrillo y Álvaro Castaño, se rechazan todos los argumentos de los querellados, que habían alegado que la querella del fiscal jefe se había presentado fuera de plazo, que no se individualizaban los cargos para cada uno de los imputados y que los hechos relatados no están tipificados como delito, entre otras cuestiones.
Argumentos rechazados
Por lo que se refiere a la denuncia de que la querella estaba fuera de plazo, la Audiencia niega que sea así, ya que se presentó al día siguiente del día tope y ello, sostiene, es legalmente válido. Además señala que, aún en el caso de que realmente se hubiese presentado fuera de plazo, los hechos serían investigables de oficio por el juzgado.
Pero el párrafo más interesante de la resolución es el que se refiere a si los hechos relatados por el fiscal López Bernal pueden ser incluidos en la categoría de delitos. «No es éste el momento de entrar a examinar tales cuestiones, pues lo único que debe tenerse en cuenta es que la querella, en su conjunto, lo que viene a relatar es una actuación concertada de diversas personas, todas ellas con cargos de relevancia en las administraciones local y autonómica, para conseguir el cambio de calificación urbanística de determinados terrenos (los de la finca La Zerrichera), pasando de tener la consideración de no urbanizables a permitir la construcción de una gran urbanización con campo de golf, generando unas importantísimas plusvalías, de las que, al menos, se beneficia uno de los querellados».
Y todo ello, añade, «pese a tener la finca determinadas condiciones medioambientales que le reconocen especial protección, habiendo informes de técnicos y autoridades de la Administración que han mostrado la imposibilidad de tal cambio, pese a lo cual, en un expediente salpicado de irregularidades, se ha llegado finalmente a permitir dicho cambio».
Y concluye: «La mera lectura de la querella evidencia que el Ministerio fiscal atribuye a los distintos partícipes hechos que son susceptibles de encajar en tipos penales como los referidos, no pudiendo, en principio, descartarse que el cambio de calificación urbanística responda a una actuación concertada para conseguir alterar la protección de esos terrenos y conseguir determinados beneficios económicos».
* La Verdad - MURCIA - 7 de junio de 2007
Foto: La Zerrichera (Águilas - Murcia) /laverdad.es
Revalorización social de la corrupción
Manuel Marrero Morales* : "La población está saliendo aún del aturdimiento producido por la campaña electoral y su posterior resaca. La contaminación acústica ha sido excesiva, el cruce de improperios y descalificaciones se ha generalizado, convirtiéndose para algunos en el motivo central de su propio discurso. Programas vacíos de contenidos, sustituídos por declaraciones altisonantes, difamaciones y puesta en tela de juicio de las personas, ya que las ideas han estado prácticamente ausentes del debate electoral. Por todas partes, la imagen de cartón piedra de los candidatos, la frase del publicitario, que ha convertido a la política en un objeto de compra-venta, el intento denodado por convencernos de que hay que depositar una confianza ciega en sus personas, sin proponernos ideas, ni programas, ni alternativas para el cambio social. Sólo por ser ellos, que además ya se han convertido en unos profesionales de vivir de la cosa pública.
Se han acostumbrado a vendernos humo, a comerciar con los elementos identitarios de una sociedad, a disparar con pólvora ajena, a dirigirse a todos nosotros cada cuatro años, en una ceremonia de la confusión, para luego gobernar sólo para unos cuantos, que son los que les financian las costosísimas campañas, porque a cambio están seguros de que recibirán muchas prebendas: recalificaciones de terrenos, concesiones de obras, permisos vergonzantes, facilidades múltiples, adjudicaciones millonarias, favorecimiento de sus negocios privados (en sanidad, por ejemplo) en detrimento del servicio público. La acaparación de medios de comunicación es uno de sus exponentes de poder. Así se silencia y se amordaza la libertad de expresión y se aminora, llegando incluso a ignorarse, toda contestación social.
Esos mismos padrinos están fabricando en estas islas una especie de cosa nostra aliada estrechamente con algunos de los que se han presentado bajo el santo y seña de hecho en Canarias y con confianza en el futuro, cuyos primeros exponentes de presuntas corrupciones habían comenzado a aparecer en los casos de Telde, Mogán, Eolo, Marina deportiva, Fórum Filatélico, Las Teresitas... con encarcelados, imputados, y pendientes de juicios por delitos varios contra los intereses públicos.
Sin embargo, a la vista de los resultados electorales, parece que han desgastado más a algunos partidos sus propias disensiones internas que las imputaciones judiciales. La corrupción ha pasado a ser un valor añadido para muchos individuos que se presentan a los cargos públicos. De un político que no sea un chorizo parece que hay que empezar a dudar, porque es tonto. Esta sociedad está dando un salto cualitativo, que está comenzando a vaciar de contenido una de las esencias de la democracia: la del servicio público, la de la gestión transparente en beneficio de la mayoría. El reconocimiento a través del voto a algunos de los próceres imputados en diversas instituciones de estas islas ha venido a significar un espaldarazo a su manera de actuar, a una forma de gobernar en beneficio propio y de su círculo de influencia, en detrimento del conjunto de la ciudadanía. Nunca el panem et circenses había quedado tan patente en estos treinta años de democracia.
Definitivamente, podemos afirmar -y los resultados electorales así lo confirman- que estamos asistiendo a la revalorización social de la corrupción.
Por tanto, como sigo convencido de que importantes sectores de la sociedad o se han inhibido o han apoyado a los presuntos perdedores o han votado por prometidos cambios, y de que todos los descontentos juntos somos muchos, somos una inmensa mayoría, y que muchas veces hemos estado en las calles codo a codo, y lo vamos a seguir estando, y , además, vamos a seguir vigilando y denunciando los atropellos al paisaje y al paisanaje; por todos estos motivos, sigo esperanzado en que los corredores de fondo, al final, ganaremos esta partida. Como afirmaba el pedagogo brasileño Freire, sin esperanza no podemos ni siquiera empezar procesos transformadores, pero sin procesos la esperanza se corrompe y se convierte en trágica desesperación, y desesperanza es lo mismo que quietud, inmovilismo, mantener el statu quo. El proceso requiere reflexión crítica acerca de los contextos concretos, de los momentos, de los desafíos y de las dificultades que deben superarse. No podemos desertar, hay que seguir, erre que erre, trabajando unidos por la transformación social.
* Canarias7 - Las Palmas de Gran Canaria - 05/06/2007
Carreras de sacos de cemento y los treinta metros cuadrados lisos por una vivienda digna
AGENCIAS* : "Carreras de sacos de cemento, lanzamiento de ladrillo, asalto de altura, 'sogatira', los 30 metros lisos en piso piloto..., y una marcha en bicicleta. Acceder al mercado de la vivienda se ha convertido en toda una gesta olímpica y así quieren escenificarlo el próximo 16 de junio en el centro de Madrid una quincena de colectivos sociales unidos en la Mesa de Iniciativas por el Derecho a Techo y las Asambleas Vecinales, entre los que se encuentra la Plataforma por una Vivienda Digna. La 'bicicletada' y las 'Olimpiadas contra la especulación' se organizan con el objetivo de sensibilizar a los ciudadanos sobre un problema que ha convertido España "en la comidilla de la prensa europea".
No es la primera iniciativa de esta plataforma madrileña, que el pasado 10 de octubre promovió una marcha en bicicleta por las calles de Madrid; en febrero tomó parte en los carnavales de Madrid y hace una semana, varios activistas disfrazados de presidiarios se colaron en el Salón Inmobiliario de Madrid.
Según ha explicado a Europa Press el portavoz de la Plataforma, José Luis Carretero, las impresiones del colectivo al entrar en el SIMA fueron "positivas" en comparación con lo que presenciaron en la edición de "hace un par de años, cuando el 'boom' urbanístico estaba en plena efervescencia, el salón estaba abarrotado y por allí se paseaba gente con aspecto de haber salido de una película de mafiosos".
Ahora, por el contrario "siendo un viernes por la tarde, había más trabajadores del sector que visitantes" y, "aunque rebajas claramente no había, si se ofrecían regalos caros con la compra de viviendas", lo que a su juicio prueba que "el mercado inmobiliario esta en clarísimo retroceso".
'Las casas más caras del mundo'
Sin embargo "eso no le va a solucionar a la gente sus problemas para acceder a una vivienda porque España sigue teniendo el precio de vivienda más caro del mundo en comparación con los salarios" y mientras "la media de años íntegros de sueldo destinados para comprar una vivienda en el resto de Europa está en cuatro años, en Madrid y Barcelona se ha llegado a los veinte".
En este sentido, la 'bicicletada', que partirá de Nuevos Ministerios a las 18,00 horas con rumbo al Parque del Retiro, pondrá el acento en el hecho de que "la base de la pirámide, que son los jóvenes, ya no puede soportar más carga" y las 'Olimpiadas', que incluirán juegos como el 'lanzamiento del ladrillo', reivindicarán la responsabilidad de las administraciones autonómicas en el precio de la vivienda. Entre las organizaciones convocantes de la jornada se encuentran la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, las asambleas vecinales pro vivienda digna de distintos barrios del centro y la periferia de la región, así como asambleas de otras provincias como Murcia o Almería y los jóvenes de Comisiones Obreras.
* ELMUNDO.ES - 07/06/2007
Foto: Activista de la Plataforma por una Vivienda Digna en los pasados carnavales de Madrid /J.F.L. - ELMUNDO.ES
La financiación de la Comunitat Valenciana depende más del auge inmobiliario que de los ingresos por el IRPF
J.Ruiz.- Levante* : "Mientras los analistas vislumbran a medio plazo el ocaso del ladrillo como motor de la economía, la liquidación del sistema de financiación de las comunidades autónomas correspondiente a 2005 evidencia la alta dependencia de la valenciana al auge inmobiliario. Las cifras difundidas ayer por el Ministerio de Economía y Hacienda revelan que ese ejercicio la principal fuente de ingresos del Gobierno valenciano provino de los impuestos que gravan la vivienda. En concreto, el impuesto de transmisiones patrimoniales (que grava la transferencia de inmuebles de segunda mano) y el impuesto de actos jurídicos documentados (escrituras, etc) supusieron a las arcas autonómicas 2.046 millones de euros, 95 millones más de lo recaudado en concepto del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
Esta situación, en la que el impuesto ligado al cemento es el tributo más importante, sólo se produce en la Comunitat. Con todo tres autonomías más; Andalucía, Murcia y Baleares, cuyo crecimiento económico también ha estado muy relacionado con la construcción en la costa, ingresan más por el impuesto de transmisiones y actos jurídicos documentados que por la renta. En estas autonomías, sin embargo, la principal fuente de financiación es el IVA, un tributo en el que también tiene mucho peso la compra de vivienda nueva y que en 2005 proporcionó los mayores ingresos a casi una docena de comunidades. En 2005 supuso para la Comunitat Valenciana 1.969 millones, el segundo impuesto en importancia.
Cabe recordar que de todos los recursos que configuran el sistema de financiación de las comunidades, una parte es recaudada por los propios gobiernos, como es el caso de los impuestos de transmisiones, patrimonio o sucesiones; mientras que otra es recaudada por la Agencia Estatal Tributaria. Es el caso del IRPF y el IVA, impuestos sobre los que las comunidades autonónomas tiene cedido sólo el 33 y 40% , respectivamente. Respecto a los tributos gestionados por las comunidades autonómicas, el propio ministerio resaltó en su nota de prensa «la importancia cuantitativa» del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, que creció en toda España un 23% respecto a 2004. El Gobierno lo achaca «al crecimiento del sector inmobiliario y a los incrementos de los tipos impositivos aprobados por las comunidades autónomas» . Y cita los casos de Murcia, Baleares y Canarias. En términos generales, según la información proporcionada por el Gobierno central, la Comunitat Valenciana obtuvo en 2005, después de la liquidación del sistema de financiación correspondiente a ese año, unos recursos económicos por valor del 10.204 millones de euros, lo que supone un 14,2% más que el año anterior. Esta cifra situa a la Comunitat como la cuarta autonomía con mayor volumen de recursos después de Andalucía, Cataluña y Madrid.
Buen rendimiento
Además, con 7.191 millones de euros, la valenciana fue también la cuarta autonomía con mayor rendimiento de los recursos sujetos a liquidación. Según el ministerio y descontando ya los anticipos entregados en 2005, el Estado deberá pagar a la Comunitat 606 millones de euros.
La Conselleria de Economía y Haacienda destacó ayer en una nota de prensa que frente a los 582 millones de euros que la Generalitat presupuestó en la liquidación correspondiente al año 2005 como ingresos siguiendo la información remitida por el Ministerio de Economía y Hacienda, el cierre ha arrojado finalmente los citados 606 millones, lo que supone un 4,14 %, respecto a las previsiones iniciales. Para el Consell los resultados «han sido posibles gracias, entre otros factores, a la excelente gestión tributaria realizada por la Generalitat».
* Levante-EMV - Jueves, 07 de junio de 2007
El alcalde de Carnota denuncia presiones de las inmobiliarias
P.LÓPEZ.- El País*/Galicia : "Carnota es todavía una razonable excepción en la fiebre urbanizadora de la costa de Galicia. No sin esfuerzo. "En los últimos años, hemos recibido constantes presiones urbanísticas de decenas de promotoras inmobiliarias para urbanizar el litoral", denunció ayer su alcalde en funciones, Xosé Manuel García. Las empresas llegan a pagar hasta 200 euros por metro cuadrado. "Si las dejamos, nos urbanizan hasta la playa", ironiza.
Xosé Manuel García, del BNG, preside el gobierno local de Carnota desde 1999. En las pasadas municipales no optó a la reelección. Deja el cargo sin sucumbir a la fiebre urbanizadora que está arrasando el litoral gallego, a pesar de las peculiares características geográficas de Carnota, en una estrecha franja entre la Serra de Outes y el mar. Durante estos ocho años, asegura, ha recibido "decenas de proyectos" de promotoras que afectaban al litoral.
"Las empresas presionan para que se construya en la costa y también presionan los propios vecinos, para conseguir que se les revalorice el suelo", afirma el alcalde en funciones, que reconoce la necesidad de tomar medidas urgentes, como la suspensión de los desarrollos urbanísticos en la franja costera de 500 metros. Xosé Manuel García asegura que la presión que el Ayuntamiento recibe de las inmobiliarias ha ido creciendo a lo largo de estos ocho años, especialmente durante los últimos meses.
En estos años, se están promoviendo proyectos de inmobiliarias "sobre todo foráneas". "Vienen de Elche, Alicante, Madrid, Lugo, Vigo, Sanxenxo... Pero también llegan de empresas locales, de Fisterra, Cee o Corcubión". Xosé Manuel García considera que el Ayuntamiento "ha ido atajando" esta presión. "Pero como bajemos un poco la guardia, acaban con todo", apostilla.
El problema, describió el aún alcalde, se encuentra principalmente en los terrenos urbanizables, que van cayendo en manos de los promotores para presentar planes "al límite de la legalidad". El Ayuntamiento de Carnota, que se rige por normas subsidiarias, está tramitando un nuevo plan general de ordenación municipal.
Las declaraciones de García provocaron el asombro del futuro alcalde de Carnota, José Oreiro, del PP. "Si había presiones, no entiendo por qué no las ha denunciado antes", explicó el también diputado nacional, ganador con mayoría absoluta en las pasadas municipales. Pese a todo, Oreiro confirma la existencia de operaciones especulativas relacionadas con el suelo. "Se están pagando auténticas barbaridades por suelo que ahora figura como rústico", denuncia. ¿Información privilegiada? "Yo no he dicho eso, pero alguna referencia tendrían las promotoras para pagar tanto dinero". Oreiro aseguró que conocer la situación urbanística real de Carnota será su primera tarea cuando se siente en el despacho de la alcaldía, el próximo 18 de junio.
* ELPAIS.com - Santiago - 07/06/2007
Foto: Carnota /xunta.es
Inocua corrupción
ANTONIO PAPELL* : "Uno de los fenómenos más llamativos de estas pasadas elecciones, que no ha pasado ni mucho menos inadvertido para buena parte de la opinión pública, ha sido la indolencia con que el electorado ha tratado los numerosos episodios de corrupción, cuyos protagonistas no sólo no han recibido reprobación alguna en la mayoría de los casos sino que, con frecuencia, han sido amorosamente arropados por sus cómplices/víctimas en las urnas.
Esta pérdida de la ética colectiva es muy peligrosa y las fuerzas políticas no deberían ampararse en la generalización del problema para no abordarlo.
La lista es larguísima, y nos consumiría demasiado espacio detallarla. En el País Valenciano, por ejemplo, alcaldes imputados judicialmente por corrupción urbanística como los de Torrevieja u Orihuela han conseguido mayorías absolutas. La divulgación de escándalos protagonizados por Fabra, el sempiterno presiente de la diputación de Castellón, no ha perjudicado a su partido, el Popular, en la provincia, sino al contrario. El ex alcalde socialista de Ciempozuelos, expulsado del PSOE y también procesado, ha fundado un nuevo partido que ha conseguido relevantes apoyos... El propio alcalde de Santa Cruz de Tenerife, de Coalición Canaria, que acaba de ser confirmado con los votos del PP, está imputado por corrupción en el caso de la playa de Las Teresitas...
Incluso han conservado parte de la consideración social que un día alcanzaron algunos responsables de delitos socialmente inaceptables: el alcalde del municipio coruñés de Toques, condenado en 2004 por abusos a una menor, ha encabezado la lista más votada de su circunscripción...
Este estado de cosas constituye sin duda un fracaso de la política, y se ha debido a un uso maniqueo de la corrupción por parte de los partidos políticos. Éstos, abusando de la credulidad de las clientelas, han acusado al adversario de irregularidades y han alardeado de la propia virtud, sobre todo en aquellos casos en que la expansión urbanística irregular ha generado en el municipio sensación de prosperidad, de forma que los ciudadanos, indirectamente beneficiados, han creído oportuno disculpar a los promotores del desaguisado, que casi siempre han sido quienes se han enriquecido irregularmente de forma más inicua. Puesto que la mancha de aceite había contaminado casi todo, los electores han preferido no darse por enterados y mirar hacia otro lado.
Esta pérdida de la ética colectiva es muy peligrosa y las fuerzas políticas no deberían ampararse en la generalización del problema para no abordarlo. De hecho, el mencionado Fabra, al conocer sus buenos resultados y tras insultar a los medios de comunicación que han denunciado sus presuntos abusos, cometió la insensatez de declarar que aquel respaldo equivalía a una «absolución». Obviamente, ello no es así, ni social, ni jurídica ni políticamente. Aunque la tolerancia de los aparatos partidarios con quienes han sido judicialmente imputados. De hecho, es manifiesto que las formaciones que consienten en llevar en sus listas a sospechosos de delitos se arriesgan al escándalo de una ulterior condena, lo que redundará en un mayor descrédito del sistema representativo, ya no muy sobrado de prestigio.
Esta condescendencia malsana con la delincuencia urbanística es síntoma de una relajación moral inconcebible. Porque quien se vale de una información privilegiada o de una influencia para conseguir plusvalías urbanísticas no sólo comete, como parece a veces, una inocua infracción administrativa: está también defraudando a toda la colectividad, está cometiendo un delito que lesiona los intereses de sus convecinos. No es, en definitiva, un «listo» sino un «ladrón», y en definitiva un elemento antisocial, por mucho que estos sujetos -el paradigma era Jesús Gil- alardeen demagógicamente de «crear riqueza» y de fomentar el desarrollo de su comunidad, que de otra forma permanecería inerte y paralizada.
* La Voz Digital - 5 de junio de 2007
Activistas por la vivienda digna protestaron en el Salón Inmobiliario de Madrid
Disfrazados de presos y con billetes falsos de 500 euros adheridos a su indumentaria, varios simpatizantes de la Plataforma por una Vivienda Digna* se introdujeron en el Salón Inmobiliario de Madrid el pasado viernes 2 de junio. La “visita”, que fue pacífica en todo momento, se articuló como una protesta por la especulación desmedida y los elevados precios de la vivienda en España, inalcanzables para la gran mayoría de los jóvenes y no tan jóvenes. Entre los mensajes escritos que llevaban los miembros de la plataforma se podían leer frases como “Que levante la mano el que tenga derecho a una vivienda pero no la pueda pagar”, o “No somos tontos, la vivienda no vale lo que cuesta”.
Este último mensaje era corroborado de alguna manera por la publicidad de algunas empresas presentes en el salón, ya que si algo ha caracterizado al SIMA 2006 es la poca afluencia de público y la abundancia de descuentos por adquirir una vivienda. El grupo murciano MAN ofrecía 12.000 euros de descuento y el grupo Pinar llegaba hasta los 18.000 euros en algunas promociones. Otras promotoras han ofrecido también descuentos económicos y algunas lo han hecho en especie, como un año gratis de Digital +, muebles gratis o rebajas en la hipoteca.
Uno de los aspectos de la feria que más indignó a los activistas por una vivienda digna fue la falta de viviendas asequibles para los jóvenes, destacando que un joven con un salario medio sólo pueda aspirar a una vivienda a 50 km de la capital, y aún así pagando más de 120.000 euros. "Quieren que nos vayamos de Madrid, y por eso protestamos en este salón, porque nuestra vida y familia está aquí y no queremos malvivir a 50 km de distancia", declaraba uno de los presentes.
La Plataforma por una Vivienda Digna (www.viviendadigna.org) mantiene que las diferentes administraciones, en especial las autonómicas, tienen la principal culpa de la situación actual y reivindica medidas contundentes para atajar el gravísimo problema del acceso a la vivienda existente en España. Algunas de estas medidas son una mayor carga impositiva a las viviendas vacías (sólo en Madrid se estiman en más de 300.000), reformas profundas en la gestión del suelo para no fomente la especulación, reformas en la gestión de las cooperativas, fomento del alquiler y medidas para asegurar la protección medioambiental en los nuevos desarrollos urbanísticos, entre otras.
La Plataforma, no alineada a ninguna corriente política y con comités en las principales regiones españolas, pretende seguir movilizándose y mostrando su rechazo a los altos precios de la vivienda, que contrastan con la precariedad laboral en la que se desenvuelve la mayor parte de la juventud española.
* Plataforma por una Vivienda Digna
Comité territorial de Madrid
http://www.viviendadigna.org
madrid[arroba]viviendadigna.org
* DIario Rojo y Negro - Miércoles 6 de junio de 2007
Premios Atila Región Murciana 2007
Con ocasión del Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra el 5 de junio, Ecologistas en Acción* concede los Premios Atila Región Murciana con el objetivo de “distinguir y denunciar a aquellas personas, entidades o proyectos que más hayan destacado por su contribución a la destrucción del medio ambiente”. Los premios, que se concedieron por primera vez en 1992, tienen dos categorías denominadas “Atila” y “Caballo de Atila”. Los ganadores han sido elegidos por cientos de murcianos, que han nominado a numerosos candidatos mediante votación vía Internet propuesta por esta organización. En esta edición los ganadores, en función de los votos emitidos, son: Premio “Atila 2007”: Ramón Luís Valcárcel, Presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia. Premio “Caballo de Atila 2007”: Benito J. Mercader, Consejero de Industria y Medio Ambiente.
Premio “Atila 2007”: D. Ramón Luís Valcárcel, Presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia. No sólo ha sido reelegido en las recientes elecciones, sino que también repite primer puesto en estos premios. Los méritos que le hacen merecedor de este premio, de nuevo, son su apuesta por la especulación urbanística como base del modelo de desarrollo de la Región de Murcia, permitiendo y promoviendo la urbanización de todo el suelo de la Región, cambiando las Leyes regionales a su conveniencia. Al Gobierno Regional le trae sin cuidado la importancia ecológica y social de los suelos que urbanizan, desprotegiendo espacios naturales si es necesario, agotando los recursos hídricos, y haciendo desaparecer en los últimos años gran parte de la huerta tradicional murciana. Todo esto aderezado con los numerosos casos de corrupción urbanística, por algunos de los cuales están imputados varios cargos públicos de este gobierno.
Premio “Caballo de Atila 2007”: Benito J. Mercader, Consejero de Industria y Medio Ambiente, por seguir la estela de sus predecesores, permitiendo y aprobando la continua sustitución del suelo por ladrillos en todo el territorio regional, sin importar que sean espacios naturales, huerta tradicional, o la falta de recursos hídricos, la falta de previsión de infraestructuras y servicios (por ejemplo la depuración de aguas), e ignorando la desaparición de nuestros recursos naturales, arqueológicos, históricos, sociales, etc.
Accesit “Alcalde Modelo”: Miguel Ángel Cámara, Alcalde del Ayuntamiento de Murcia, por convertir a Murcia en una ciudad inhabitable e insostenible, cuyo aire está cada día más contaminado, cuyas calles son cada día más ruidosas e intransitables para las personas, cuyas plazas son remodeladas en solares de cemento y adoquines, cuyo tráfico aumenta día a día, etc. Por la continua apuesta por la urbanización de la huerta, a conveniencia de promotores, centros comerciales y del coche privado. Por ampliar aparcamientos en el centro y carriles de acceso para coches en detrimento del transporte público y de otras alternativas como la bici. Por malgastar el dinero en carísimas esculturas, cuya ubicación roza el insulto en algunos casos (léase sardina en el río Segura), en vez de invertir educación (escuelas infantiles públicas), en mejora del transporte público, en reducción de la contaminación y del ruido, etc.
* Ecologistas en Acción - Región Murciana 4 de junio
Foto: marina Cope (Murcia) /Ecologistas en Acción
El Defensor del Pueblo andaluz sugiere someter a referéndum los PGOUs
EuropaPress* : "El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, sugiere que se estudie la conveniencia de incluir en la normativa actual, previos trámites legales, la exigencia de convocar una 'consulta popular' no vinculante antes de la aprobación provisional de los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) por los plenos de los ayuntamientos, con el fin de que los responsables municipales y autonómicos conozcan la posición de la población en torno a la propuesta de ordenación que se vaya a realizar. En el informe de 2006 de la institución el Defensor propone este 'referéndum' como una de las medidas para incrementar la participación de los ciudadanos en el proceso de formulación de sus planeamientos urbanísticos, un asunto que a su juicio tiene "una enorme transcendencia para los derechos constitucionales de la ciudadanía".
No obstante, y como alternativa, el Defensor añade que, si no se considera oportuno contemplar ese trámite como preceptivo, "sería más que recomendable que los ayuntamientos voluntariamente se planteen incluir en sus normas de organización asumir el compromiso, dentro del respeto al marco legal que se establezca, de celebrar la mencionada consulta popular con carácter previo a la aprobación de los PGOU".
En su informe anual, Chamizo reflexiona en el capítulo dedicado al 'Desarrollo urbanístico y sostenibilidad en Andalucía' sobre "uno de los grandes debates sociales y políticos a los que hemos asistido en los últimos años" y realiza más de una decena de recomendaciones.
En primer lugar, "y reconociendo que en algunos modelos urbanísticos rechazables desde diferentes perspectivas han estado presente actuaciones ilícitas de agentes privados y responsables públicos", subraya que "la inmensa mayoría de los planeamientos urbanísticos cuyo modelo está causando rechazo por parte de colegios profesionales, amplios sectores de la población y no pocos responsables públicos, no hubieran tenido lugar si no hubieran sido aprobados formalmente con arreglo al ordenamiento jurídico en vigor por los órganos de gobierno competentes de los municipios y, en los casos en que ello era exigible, por los de la Comunidad Autónoma --Comisiones Provinciales de Ordenación del Territorio y Urbanismo--".
Por ello, entiende que "el sector publico y fundamentalmente los municipios han sido, cualquiera que sea la justificación de las decisiones adoptadas, los principales responsables de la situación creada".
Asimismo, afirma en el informe que, "pese a los esfuerzos realizados a través de las políticas públicas de vivienda, de infraestructuras y ambientales, los poderes públicos no han sabido garantizar, en plenitud y 25 años después de la aprobación de la Constitución, la consecución de los objetivos que, en aras a la protección de determinados derechos, les compelía, entre otros, los artículos 45, 46 y 47".
Así las cosas, destaca la necesidad de que, "de forma coordinada con los agentes sociales, los poderes públicos lideren modelos alternativos que, facilitando el desarrollo económico de la sociedad, no hipotequen, a medio y largo plazo, los valores inherentes de nuestro territorio".
Para ello, dice que se debe tener en cuenta, además del beneficio a corto plazo, la demanda de servicios, el coste de las infraestructuras externas que demandarán estas urbanizaciones, el gasto medio que realiza el turismo que se asienta sobre inmuebles residenciales en lugar de establecimientos hoteleros, el gasto sanitario o el consumo energético y de agua. Añade que, al mismo tiempo, es preciso valorar también, en términos de calidad de vida, de cara a la población residencial y al turismo, la apuesta por un desarrollo compatible con el medio ambiente.
Igualmente, demanda que se prive de urbanizar espacios con valor ambiental e indica que "es imprescindible apostar por otros modelos de edificación de menor consumo de suelo y localizables en espacios que, por su menor calidad ambiental y paisajística, se estimen más adecuados, generando, sobre todo en las áreas metropolitanas, espacios susceptibles de disfrute ambiental colectivo y que deben ser necesariamente preservados, como garantía de sostenibilidad para las generaciones futuras".
Debate
En definitiva, para la institución, la cuestión territorial, expresada en términos de desarrollo sostenible, "debe alcanzar en el debate cultural y político una preeminencia que, hasta ahora, no ha tenido", por lo que pide que "las instituciones defensoras de los derechos constitucionales deben fomentar la conciencia ciudadana sobre las consecuencias de tantas y tantas acciones y omisiones de los poderes públicos y de la sociedad en éste ámbito, criticar abiertamente el papel desempeñado hasta ahora por las Administraciones Públicas, realizar propuestas para una mayor y mejor tutela de tales derechos y articular mecanismos de colaboración con asociaciones ecologistas y otros colectivos interesados en la defensa de estos valores".
"Es necesario crear una nueva conciencia, no ya del problema, sino de la necesidad de afrontarlo con urgencia y, a partir de aquí, exigir las responsabilidades", concluye el Defensor en este capítulo.
* ABC - Sevilla - 4 de junio de 2007
La abstención como protesta frente al ladrillazo
Partiendo de la base de la complejidad y dificultad en la interpretación de los resultados electorales, lo que realmente llama la atención de lo sucedido el pasado 27-M es el elevado porcentaje de abstención. Una abstención que, unida al voto en blanco, es bastante mayor que en otros comicios, no sólo municipales o autonómicos. Este dato, que han pasado por alto gran parte de analistas y medios de comunicación, es esclarecedor y fundamental en la mayoría de circunscripciones donde se han dado escándalos y casos de corrupción urbanística. O bien donde existe un problema grave de acceso a la vivienda.
Porque, desde luego, la abstención puede estar motivada por pasotismo y apatía de la población ante la falta de credibilidad de los candidatos y sus programas públicos. O, incluso, por hartazgo ante el protagonismo excesivo del "monotema nacional" en una campaña orquestada de confusión mediática. Pero sin olvidar, naturalmente, que el tema estrella de estas elecciones era (y sigue siendo) el urbanismo salvaje y el problema acuciante de la vivienda. Algo que han repetido voces cualificadas y numerosas organizaciones ciudadanas, además de los propios afectados, según las últimas encuestas del CIS.
Así que hay que valorar convenientemente la opción democrática de esta abstención crítica como forma de protesta y castigo electoral, sobre todo en aquellos lugares y regiones golpeadas por la lacra social de la corrupción urbanística y el difícil acceso a la vivienda.
Los datos no mienten. Los resultados son concluyentes en distintos puntos del panorama estatal. Así, la abstención ha estado cerca o ha superado el 50% en ciudades como Barcelona (vivienda)... Málaga, Palma de Mallorca y Sta. Cruz de Tenerife (urbanismo). O en gran parte de las costas catalanas, coruñesas y andaluzas (urbanismo salvaje).
De la misma forma, la abstención ha rozado el 40% en Alicante y su costa (urbanismo salvaje). O en Asturias y Pontevedra (urbanismo). Quedando ciudades como Madrid, Valencia y Murcia (urbanismo salvaje) con más de un 30%. Porcentajes siempre comparativamente altos.
Esta llamada de atención abstencionista, junto a otros factores de voto crítico alternativo, debería hacer reflexionar a los responsables públicos sobre la necesidad de introducir cambios en el sistema actual y tratar de reducir la distancia abismal existente entre gran parte de la ciudadanía y los intereses de la clase política en general. Algo que también han corroborado los últimos datos del CIS, donde dicen que más de dos tercios de la población desconfía o no cree en lo que dicen los políticos.
Más claro... agua!
Cinco empresarios confiesan el pago de comisiones a concejales de Telde
F.MERCADO.- El País* : "La mayoría de los empresarios investigados por el pago de comisiones a la trama de corrupción municipal de Telde, ayuntamiento gobernado por el PP, han confesado la entrega de sumas en efectivo al recaudador de la ex concejal de Obras, Toñi Torres, presunta cerebro de la red. Su testimonio está reforzado por decenas de grabaciones y por la confesión de los dos principales intermediarios que usó dicha edil para exigir a las firmas sobornos para sí y para el partido. Según la respuesta de las empresas, les premiaban con contratos o les castigaban con retraso en el pago de facturas.
Los empresarios que han confesado el pago de comisiones en el caso Telde, según figura en el sumario al que ha tenido acceso este periódico, son los siguientes.
- María Luz Navarro, representante de Servicios Comunitarios de Telde. Fue la primera en denunciar la exigencia de la concejal de Obras Toñi Torres de comisiones ilegales a cambio de contratos. Dicha edil, con refrendo de la comisión de Gobierno, le otorga el 10 de noviembre de 2003 una obra para ensanchar aceras en Telde por 98.870 euros a Servicios Comunitarios. Al día siguiente, Francisco Gordillo, el cobrador de los peajes de Torres, se entrevista con María Luz Navarro. "Y le comunica que debe abonarle 19.714 euros por haber sido la adjudicataria de la misma (es decir, un 20% del presupuesto de la obra)". Ella dcide ignorar tal petición.
Su empresa va haciendo las obras adjudicadas y presenta para su cobro certificaciones en febrero y marzo de 2004. Pero el ayuntamiento retrasa su pago. La empresaria pregunta por la demora y se topa con la reclamación de la comisión. "Gordillo le responde que la empresa no había procedido al abono de la cantidad solicitada [comisión] en su día, reiterando en ese momento la solicitud". Gordillo le indica que "para que pudiera cobrar tenía que darle algo, que se lo metiese en una carpeta azul y se lo trajese como si fuese un documento". La empresaria, ante la necesidad de cobrar sus obras, entrega 6.000 euros a Gordillo en el propio despacho de Torres el 2 de abril de 2004 en un sobre dentro de una carpeta. "Señor Gordillo estos son los documentos que usted me pidió", le dice. María Luz confiaba en que ese pago desbloquearía sus certificaciones de obra y que no le reclamarían el resto de la comisión exigida. Se equivocaba.
Cuando reclama su última certificación por 32.778 euros, el ayuntamiento sólo le reconoce obras por 15.953 euros. Una diferencia de 16.824 euros, un calco de su deuda ilegal pendiente. María Luz no tiene ya dudas: el ayuntamiento le estaba cobrando el resto de la comisión impagada. Posteriormente, concursa por un proyecto, y su empresa no resulta adjudicataria, pese a ofrecer mejores condiciones. María Luz pregunta a Gordillo por qué su empresa fue rechazada y le despeja toda duda: "¡Haber pagado lo que debías!". María Luz denuncia tales hechos en julio de 2005 a la policía y da pie a la apertura del caso Telde tras ratificar su relato ante el juez.
- Antonio Nadal Moreno, directivo de Cobra Instalaciones y Servicios.
Este directivo detalla al juez que para su crecimiento empresarial en Canarias contrató al hijo de Francico Gordillo, el asesor de la concejal Toñi Torres, y que "se empezaron a contratar obras en el Ayuntamiento de Telde con una serie de presiones para hacer contribuciones monetarias a dicho ayuntamiento".
Las entregas se hacían de Gordillo hijo a Gordillo padre, siempre en efectivo y en un sobre. Calcula que desde finales de 2004 a principios de 2005 abonó comisiones por valor de 120.000 euros. "Me dijeron que el destinatario era el partido, interpretando que era el Partido Popular". En el momento de su detención, la policía requisa un sobre con tales pagos en la sede de Cobra. "Estaba destinado al pago de estas cantidades, pero estaba retenido en la empresa. El motivo del pago era seguir contratando". Gordillo padre o hijo le indicaban que el Ayuntamiento había abonado su factura. Ése era "el modo en el que presionaban para que pagara [la comisión]".
- Felipe Ojeda Pérez, dueño de la ferretería Felipe y Nicolás. Su relato es diáfano: "Tenía que pagar a Francisco Gordillo una comisión de un 20% de lo facturado una vez cobrado y que iba dirigido a financiar al partido". Sus entregas se hacían en efectivo, una vez que el Ayuntamiento de Telde abonaba sus facturas. Calcula haber pagado unos 120.000 euros en comisiones. Este empresario revela que financió directamente obras en la sede del PP en Telde. "Gordillo le propuso que los gastos de materiales destinados a la nueva sede del PP relativos a 20.000 euros por una compra de aire acondicionado, 3.900 por la compra de un techo, 800 euros por una compra de baúles, 140 por rodapiés, y 200 euros para esquineros fueran pagados con pedidos del Ayuntamiento no servidos".
- Abelardo Martínez Ripoll, directivo de Dragados. Este empresario reconoce haber pagado comisiones ilegales a la trama municipal para poder cobrar sus certificaciones de obras, ya que el Ayuntamiento de Telde, con su alcalde a la cabeza, el popular Francisco Valido, "incumplía sistemáticamente su promesa de pago en breve". Cifra en 60.000 euros el peaje entregado a Gordillo, que "le dijo que era para su jefa, María Antonia Torres y que ésta lo distribuía después".
- Alejandro Navas, directivo y dueño de Mazzoti. Su empresa ha ganado tres concursos de obras en Telde en los que fue único licitador. Confiesa que pagó 180.000 euros a Francisco Gordillo en concepto de comisión. "Tenían un pacto desde 2004 sobre la construcción del aparcamiento consistente en que si se adjudicaba la obra él pagaría entre un 3% a un 6% sobre el valor total de la obra ejecutada en concepto de comisión". Gordillo le explicaba que "esa cantidad era para la jefa y otros". No duda que la jefa era Toñi Torres.
LAS CONFESIONES DE LAS EMPRESAS QUE PAGARON A CAMBIO DE RECIBIR CONTRATOS O COBRAR OBRAS QUE REALIZABAN
Servicios comunitarios de Telde. "Cuando nos adjudicaron la obras, el asesor de la concejal, Gordillo, nos dijo que debíamos abonarle 19.714 euros por haber sido adjudicatarios (es decir, un 20% del presupuesto de la obra). Como al principio no abonamos esta cantidad, dejaron de pagarnos la certificación de Obras y cuando reclamamos este dinero, el asesor de la concejal de Obras me dijo que para cobrar [los trabajos realizados] tenía que darle algo, que se lo metiera en una carpeta azul y se lo trajese como si fuese un documento".Cobra Instalaciones y Servicios. "Empezamos a contratar obras en el Ayuntamiento de Telde con una serie de presiones para hacer contribuciones monetarias a dicho ayuntamiento".Ferretería Felipe y Nicolás. "Tenía que pagar a Francisco Gordillo [asesor de la concejal de Obras] una comisión de un 20% de lo facturado una vez cobrado y que iba dirigido a financiar el partido".Dragados. "El Ayuntamiento de Telde incumplía sistemáticamente su promesa de pago [de las obras que hacíamos] en breve. Tuvimos que pagar 60.000 euros como peaje entregado a Gordillo [asesor de la concejal de Obras], que nos dijo que era para su jefa, María Antonia Torres y que ésta lo distribuía después".Mazzoti. "Teníamos un pacto desde 2004 sobre la construcción de un aparcamiento consistente en que si se nos adjudicaba la obra, pagaríamos entre un 3% y un 6% sobre el valor total de la obra ejecutada en concepto de comisión. Gordillo [asesor de la concejal de Obras] nos decía que esa cantidad era para la jefa y otros".
* ELPAIS.com - Madrid - 05/06/2007
Foto: Nulo control urbanístico en Telde /turcon.org
Corrupción y corruptelas
Javier Ortiz* : "Sabiendo que paso una parte de mi tiempo a orillas del Mediterráneo alicantino, algunos lectores, perplejos por los resultados de las elecciones municipales y autonómicas en esta parte del mundo, me preguntan, tomándome por el experto que no soy, cómo puede ser que los escándalos inmobiliarios, las irregularidades urbanísticas y el maltrato del medio natural demostrado por la clase política local no hayan provocado el castigo electoral que merecen. Es un modo de abordar la cuestión que, por lo que veo, comparten bastantes medios y no pocos analistas políticos, que se muestran sorprendidos, cuando no abatidos, ante lo que perciben como una extraña y descorazonadora insensibilidad ciudadana.
Ya he dejado dicho que no soy especialista en la materia. Me limito a mirar el fragmento de la realidad que veo -que es limitado, por definición- y a reflexionar a partir de él.
Y, por lo que veo, me parece que hay un error de origen en la mayoría de esos comentarios. Establecen un foso entre la minoría responsable de los males denunciados y la ciudadanía en general, cuya tacha principal sería la falta de lucidez y la permisividad inconsciente.
En lo que un amplio sector de la población se refiere, ese foso no existe. Es muchísima la gente que vive gracias al actual estado de cosas. No son sólo las inmobiliarias ni las empresas de construcción. Ni siquiera la mano de obra que se sube al andamio, mucha de ella inmigrante. Son los abastecedores de material de construcción, los fontaneros, los electricistas, los carpinteros, los ferreteros, los herreros, los fabricantes de gres, los vendedores de sanitarios, los que instalan piscinas... y los que tienen restaurantes y bares por la zona, y los de los mini-markets...
Podría alargar la lista hasta llenar varias columnas. A buena parte de ese nutrido ejército de ciudadanos, la idea de que pudiera llegar una autoridad que dijera que ya está bien, que se acabó el desmadre, le pone los pelos de punta.
Téngase en cuenta, además, que una porción llamativa de ese trajín se realiza en condiciones de dudosa legalidad, cuando no de plena ilegalidad. Es muy probable que sean más las transacciones que se hacen sin declarar el IVA que las que lo hacen constar.
Supongo que no hará falta que diga que menudean los empleos que funcionan sin contrato de trabajo.
¿A quién podría interesar que salieran elegidos unos políticos que dieran prioridad al rigor urbanístico, a la preservación del medio y a las inspecciones fiscales y de trabajo? No, desde luego, a los beneficiarios del desorden imperante.
¿Son mayoría? ¡Desde luego que no! Incluso buena parte de quienes se ven atrapados en esa madeja de corrupción y corruptelas desearía librarse de ella. Pero los que la fomentan y disfrutan tienen peso suficiente como para inclinar la balanza electoral. Y lo hacen.
* Javier Ortiz es columnista de "El Mundo"
* javierortiz.net/jor/elmundo - 2007/06/04
Fadesa y G8, Premios Atila 2007
Con ocasión del Día Mundial del Medio Ambiente, el 5 de junio, Ecologistas en Acción*, confederación de 300 grupos ecologistas, ha concedido el Premio Atila a la inmobiliaria FADESA y al G 8, así como el Premio Caballo de Atila al Foro de la Industria Nuclear.
El Día Mundial del Medio Ambiente fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1972 coincidiendo con la primera cumbre mundial sobre medio ambiente: la Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano. Los fines de este evento anual son el aumentar la conciencia medioambiental, y fomentar la acción global en la protección del medio ambiente. Ecologistas en Acción concede los Premios Atila con el objetivo de “distinguir y denunciar a aquellas personas, entidades o proyectos que más hayan destacado por su contribución a la destrucción del medio ambiente”. Los premios se concedieron por primera vez en 1992 este año se conceden en dos ámbitos, nacional e internacional.
Miles de personas se han dirigido a esta asociación proponiendo numerosos candidatos, entre los cuales el jurado ha elegido.
Premio Atila Nacional 2007
FADESA, compañía inmobiliaria española pero de ámbito internacional. Tiene presencia en España, Portugal, Marruecos, Rumanía, Hungría, Polonia, Francia, México y Bulgaria. Esta empresa está especializada en la construcción de grandes complejos hoteleros y de campos de golf ligados a la actividad residencial. Gran parte de esta actividad se realiza en enclaves de gran belleza paisajística y con grandes valores ambientales, destruyendo el entorno y creando importantes impactos ambientales. En España son muchos los proyectos que se encuentran denunciados ante los tribunales: Costa Esuri en Ayamonte (Huelva), Alto del Cuco (Cantabria), Atalaya Dorada en La Oliva (Fuerteventura), El Molar (Madrid). Además colectivos marroquíes han denunciado la intención de FADESA de construir un gran complejo turístico en la playa de Saïdia, trasladando el modelo de esquilmación del litoral español a Marruecos.
Premio Atila Internacional 2007
G 8, por no reconocer la deuda ecológica que todos los Estados enriquecidos y sus empresas multinacionales tienen con los países empobrecidos. Así, como no realizar políticas efectivas para la prohibición del comercio armamentístico, y fomentar el gasto militar. Por no promover más y mejores iniciativas y ayudas para mitigar y prevenir los efectos del cambio climático, entre las que se encuentren apoyar con firmeza las energías renovables (eólica y solar básicamente); fomentar medidas de ahorro y eficiencia energética; promover los medios de transporte no motorizados; un modelo de producción y consumo basado en lo local; el cierre progresivo de las centrales nucleares; y realizar campañas de sensibilización ciudadana.
Premio Caballo de Atila
Eduardo González, Presidente de Foro de la Industria Nuclear Española, por la “tontería más destacable”, al declarar que “Las centrales nucleares cumplen un importante papel en el desarrollo sostenible”.
El jurado expresó su esperanza en que la concesión de estos premios llame a la reflexión a los premiados sobre el deterioro ambiental que sufre nuestro planeta.
* Ecologistas en Accion - 4 de junio
El fin del 'boom' del ladrillo costará un punto del PIB y 50.000 empleos
ConchaMARTÍN.- El País* : "Nadie lo discute ya: la era del boom del ladrillo vive sus últimas horas. Pero lo que para unos es el fin del milagro económico español, para otros es una cura necesaria. El escenario más probable es que el ajuste comience a finales de 2007 y se prolongue durante tres o cuatro años, con un coste en crecimiento económico anual de hasta un punto y 50.000 empleos. El Gobierno no muestra inquietud alguna al respecto. Habrá un "aterrizaje suave y hasta deseable", e incluso se prepara una revisión al alza del crecimiento para este año (3,7-3,8%) y se anticipa entre un 3,3% y un 3,4% en 2008.
Si el presidente del Gobierno tuviera que decidir un adelanto electoral por la situación económica, la respuesta, tajante, sería no. No se detecta inquietud alguna por lo que está sucediendo en el mercado inmobiliario. Incluso hay cierta esperanza en que el sector del ladrillo empiece a aflojar y la economía española baje algunos grados su temperatura.
Es más o menos la sensación entre los analistas, aunque ha habido momentos de cierto pánico. Por ejemplo, cuando la inmobiliaria Astroc se desplomó en Bolsa, hace unas semanas, y arrastró durante una jornada a todo el sector. O cuando la prensa internacional dio por terminado en sus editoriales lo que habían bautizado como "el milagro económico español".
Ahora los análisis están más sosegados, pero "no cabe duda de que las cosas están cambiando", dicen en el servicio de estudios de un gran banco. Los precios de la vivienda se desaceleran (ahora sólo crecen al 7%), también el crédito hipotecario (sólo aumenta el 19%) y disminuye en torno al 10% el número de hipotecas que se firman. Y hay señales, como el aumento de la morosidad (desde niveles todavía muy bajos), que dan el aviso.
¿Es grave el problema? Puede serlo si se considera de forma aislada. La construcción de vivienda (véase cuadro) y el consumo familiar han sido los dos grandes motores de la economía española y del empleo en la última década. Si ahora el primero de ellos se apaga, el crecimiento se va a resentir. El impacto puede estimarse en un punto al año de menor crecimiento y unos 50.000 empleos, que se compensarían en parte con la exportación y la inversión en bienes de equipo, como ya empieza a suceder.
"El proceso de maduración del sector inmobiliario es largo, de al menos 18 meses, y el año pasado todavía estábamos en pleno auge", señala un experto del INE. Estima, por tanto, que la desaceleración se va a notar sobre todo en 2008. Ahí empezaría el ajuste, "que se prolongará durante tres o cuatro años", señala Ángel Laborda, director del Servicio de Estudios de las Cajas de Ahorros.
El impacto en el crecimiento es un escenario que puede considerarse central y que descarta un ajuste brusco. Está calculado sobre la base de un ritmo de construcción de viviendas de unas 500.000 al año (frente a las más de 800.000 del pasado año). Un ritmo que cubriría las necesidades de nuevos hogares, sin el componente especulativo de los últimos años. Esta reducción, del 35%, se produciría de forma escalonada, en tres años.
David Vegara, secretario de Estado de Economía, no cree que se rebase ese suelo de las 500.000 viviendas por año: "En España hay una demanda sólida y se explica por la inmigración, las segundas residencias de españoles y extranjeros o el aumento de las familias monoparentales".
No está de acuerdo, sin embargo, en que ese parón en el mercado vaya a detraer una cantidad importante al PIB. "El impacto será limitado", asegura. Aunque así fuera "no sería un escenario dramático", añade Laborda. Sólo habría que empezar a preocuparse si se produce una recesión internacional, escenario que nadie prevé en estos momentos.
El límite está en un crecimiento del 2,5%, a partir del cual, en la economía española empieza a aumentar el desempleo. Es un escenario para 2008 al que sólo se acerca, de momento, la OCDE. En sus previsiones de primavera señaló un 2,7% de crecimiento para la economía española el año que viene por el frenazo inmobiliario. Una cifra que el vicepresidente segundo y ministro de Economía, Pedro Solbes, se apresuró a descalificar.
Relevo de las exportaciones
Solbes ya conocía que la economía española había crecido un espectacular 4,1% en el primer trimestre del año. Después de ese dato, publicado hace algo más de una semana, los ánimos se han tranquilizado un poco. Todos los analistas, incluido el Gobierno, coinciden en la tesis del aterrizaje suave y en que vamos a asistir, como ya se apunta, a un relevo ordenado de la construcción por las exportaciones y la inversión en bienes de equipo.
"Es lo mejor que nos puede pasar", dicen fuentes del Gobierno, "que los precios bajen, que ganemos competitividad y exportemos más". Si esto supone un crecimiento algo más bajo, es lo más normal que puede suceder. "No es lógico que una economía como la española, la octava del mundo, crezca a más del 4%", dice Vegara.
Las previsiones del Gobierno se revisarán al alza para este año, como han hecho la mayoría de los analistas tras el dato del primer trimestre. La estimación ahora (el dato se conocerá a finales de julio) es que la economía puede crecer un 3,7% o un 3,8% en 2007, frente al 3,4% inicialmente estimado. Para 2008, la previsión del Gobierno se situará entre el 3,3% y el 3,4%.
* ELPAIS.com - Madrid - 04/06/2007
Foto: Vivienda e hipotecas /ELPAIS.com
En 13 años habrá más del doble de casas en las costas andaluzas
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C.ORTEGA.- 20minutos* : "Ni leyes ni inspectores. No hay quien pare la masificación de ladrillos en las costas andaluzas. Según la Junta de Andalucía, en nuestro litoral hay construidas 1.440.967 viviendas; el año 2020, dentro de trece, serán 3.602.418; es decir, un 150% más que ahora. Son de tres tipos: principales (primera vivienda de la población autóctona), vacacionales (segunda vivienda) y climáticas (las que se utilizan durante largas temporadas del año, generalmente por ciudadanos europeos jubilados).
Es la fuerte demanda esperada de estas últimas, la que lleva a la Junta de Andalucía a realizar estas previsiones en su nuevo Plan General de Turismo Sostenible 2008- 2011, elaborado por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. Predice para ellas un crecimiento de un 1.450%; así, las 86.990 residencias climáticas repartidas por nuestra costa en la actualidad se multiplicarán hasta superar el 1.300.000 viviendas.
Seremos un 15% más
El crecimiento del número de viviendas afecta de hecho a toda la comunidad. Su número total en Andalucía, tanto en la costa como en el interior, casi se duplicará: crecerá hasta un 86%, al pasar de 3.477.026 viviendas de hoy a 6.468.292 en doce años.
Estas cifras superan con creces al crecimiento de población previsto para la región. En el año 2020, según los datos del plan de turismo, el número de habitantes será un 14,8% mayor, superando los nueve millones de personas. En el litoral crecerá más y habrá 3,9 millones de habitantes, lo que supone un 27,2% más.
Esta población andaluza futura demandará en doce años unos 3,2 millones de viviendas principales y unas 374.000 residencias secundarias. El resto, quedarían sujetas a la demanda turística.
Los efectos colaterales
El Plan de Turismo Sostenible alerta sobre los peligros de estas tendencias sobre el futuro del sector en Andalucía. Levantando tantos ladrillos y las infraestructuras que necesitan (agua, carreteras, etc.) se agotarán los suelos, se degradará la superficie y se destruirán los hábitats naturales. Aboga por moderar la construcción con planes territoriales y urbanísticos y advierte de que el cambio climático suavizará las temperaturas en el norte lo que puede llevar a una caída del turismo europeo.
* 20minutos - 04.06.2007
Foto: Benalmádena Costa /J.Rojas - ELPAIS.com
El precio de la vivienda
Joaquín Pérez Azaústre* : "Revisando el artículo 47 de la Constitución –“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho (…)”–, concluimos que somos víctimas silentes, sometidas, sumisas, de un sistema de enriquecimiento sustentado sobre el abuso de derecho de muchos constructores. Pero, ¿y los dirigentes municipales? ¿Y la urbanización sistemática de los terrenos rústicos, con el consabido aumento del precio del suelo? En esta campaña electoral nadie ha hablado, realmente, de vivienda. Todo ha sido una cortina de humo terriblemente cínica, consensuada, eficaz.
NO es lo mismo, pero si el precio del pan se disparara –15 euros la barra, por ejemplo–, una revolución sería posible. No se puede vivir sin pan, pero habría muchas familias, muchas economías domésticas visibles, que tampoco podrían permitirse el pago de 450 euros mensuales para su consumo, sencillamente porque hay muchas familias que viven, sobreviven o malviven con poco más, y esos 450 euros mensuales para abonar la barra diaria significarían un 70 por ciento del total de sus sueldos.
¿Se puede vivir sin pan? Seguramente, sí, como también se puede vivir sin libertad y sin casa. Los españoles, sin embargo, cuando nos hemos levantado ha sido, esencialmente, contra el aumento del pan: recordemos el motín de Esquilache, ese ministro ilustrado de Carlos III –recreado en el cine por Fernando Fernán Gómez– que quiso erradicar nuestra costumbre de capa y de sombrero de ala ancha donde guardar cuchillos, sables y pistolas embozadas. Ahora, un grupo tan levantisco como pacífico ha instalado sus tiendas de campaña en la Ciudad Universitaria de Madrid, como protesta ante su imposibilidad de acceder a una vivienda ya ni siquiera digna y adecuada –como reza el precepto constitucional–, sino vivienda sin más.
Si les ha parecido un disparate imaginar, sólo por un segundo, que el precio del pan se disparara hasta los 15 euros por barra –450 euros mensuales, entonces, lo que significaría un 70 por ciento del sueldo para muchas economías–, en el caso de la vivienda no hace falta imaginarlo: es lo que ha ocurrido, y lo que todavía sigue ocurriendo. En España, cualquier joven –¿qué se entiende por joven? ¿Quizá hasta los cuarenta en la vivienda?– que quiera comprarse cualquier ratonera tendrá que destinar, también, el 70 por ciento de su sueldo –el 80 en Madrid– con lo que quedará, para ese pulso diario, cotidiano, en la bancarrota más rotunda. Para no precipitarse por esa bancarrota, debería de ganar unos 2.700 euros al mes, un sueldo que se escapa, muy por lo alto, de la media española.
* Diario de Cádiz - 4 de Junio de 2007
La investigación de O Grove apunta a más concellos de las Rías Baixas
S.Luaña/X.Melchor.- LaVozdeGalicia* : "La irrupción en O Grove del Grupo de Delitos Urbanísticos no es más que la punta del iceberg de una investigación que se ampliará a otros municipios de las Rías Baixas, y que tiene como objetivo perseguir la corrupción urbanística y las presuntas irregularidades que se hayan podido cometer a golpe de ladrillo en la ya castigada costa gallega. El trabajo del grupo de élite creado dentro de la Guardia Civil para perseguir los delitos urbanísticos en Galicia no ha hecho más que empezar. Es más, la documentación recabada tras la irrupción en el consistorio grovense no está aún en manos de ningún juzgado, aunque fue la Fiscalía Anticorrupción la que puso en marcha la investigación. Pero sí ha trascendido que no es el único Ayuntamiento de las Rías Baixas en el que está previsto actuar, y que, después de O Grove, las pesquisas se ampliarán a otros municipios.
Indicios
La investigación en O Grove partió de diferentes indicios con los que trabaja el Grupo de Delitos Urbanísticos. Por una parte, ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) han sido presentadas varias denuncias por diferentes actuaciones investigadas por vecinos que antes estaban en el grupo socialista local y que ahora se presentaron a las elecciones como Alternativa Meca. También figuran las reiteradas acusaciones del BNG, que llevó al Parlamento las presuntas irregularidades de una urbanización en Raeiros, donde se construyeron a pie de playa 52 viviendas unifamiliares pese a tener licencia para apartotel.
A todo ello se suma un informe del Consello de Contas del 2003 en que se acusa al gobierno local de no actuar con diligencia ante las irregularidades urbanísticas y de no ordenar la demolición de lo construido ilegalmente. La memoria incide sobre el hecho de que, entre los años 1998 y 2001, no se haya tramitado ningún expediente de sanción urbanística y, en diferentes ocasiones, los grupos de la oposición al gobierno local del PP denunciaron que las arcas municipales no hayan cobrado un euro en los últimos años por multas relacionadas con la construcción.
El Grupo de Delitos Urbanísticos investigará si esa presunta dejación de funciones fue sólo por desidia de la Administración o si hay intereses que permitan hablar de una trama de corrupción urbanística.
* La Voz de Galicia - 02/06/2007
Foto: O Grove /ogrobe.blogspot.com
La doble cara del voto del cemento
El País*/Alicante : "Ante un similar prisma urbanístico (la masiva y caótica construcción), el voto de los electores en los municipios del litoral de Alicante presenta una doble cara: en el tramo norte han puesto fin a las hegemónicas mayorías absolutas del PP, mientras en el sur se ha reproducido el resultado electoral de 2003. En el área de La Marina Alta y Baixa está en juego la construcción de más de 50.000 viviendas (30.000 sólo en los municipios de La Vila y Altea), proyectos cuya ejecución está ahora en manos de gobiernos locales de izquierda. Mientras en el sur, la avalancha de nuevos proyectos se centra en prelitoral y en el área de Sierra Escalona, con más de 20.000 casas previstas. Sociólogos y representantes de colectivos cívicos justifican este diferente comportamiento del electorado en la influencia de la comunidad de residentes europeos, más sensible al desarrollo urbano sostenible y más organizados al norte que en el extremo opuesto de la costa.
La irrupción del colectivo Abusos Urbanísticos No (AUN), impulsado por residentes británicos en 2004 en Benissa, ha sido el primer ariete de ese vuelvo electoral en feudos del PP como Benissa, Calp o Altea. La provincia de Alicante es en la que más residentes extranjeros solicitaron poder participar en las elecciones municipales, en total sumaron más de 57.000, según los datos de la Oficina Electoral. La mayoría de éstos proceden del Reino Unido (34.113), Alemania (9.359), Países Bajos (4.378) y Francia (3.391).
No obstante, la influencia de la colonia foránea ha sido irregular y, mientras en La Marina Baixa y Alta los alcaldes que apoyaron macroproyectos urbanísticos han sufrido un revés en las urnas, en el sur todo sigue igual. "Quizá allí tienen más miedo a denunciar y criticar, también los alcaldes les prometen que solucionarán el caos urbanístico y se confían", explica Enrique Climent, presidente de AUN, plataforma que integra a centenares de residentes extranjeros. De hecho, desde AUN crearon una federación de partidos independientes que defendía un desarrollo sostenible. "En La Marina llevamos años trabajando en este tema, y al final se recogen frutos", subraya. Los residentes europeos empezaron a comprar casas e instalarse en estas localidades en la década de los 80 y han visto cómo su entorno se ha ido deteriorando. "Venían buscando la tranquilidad, la vida de pueblo y el paisaje mediterráneo", razona Joan Carles Poquet, de Veïns de Parcent, "y no macrourbanizaciones".
El catedrático de sociología de la Universidad de Alicante (UA), Antonio Alaminos, recuerda que el asociacionismo extranjero es mayor en La Marina Alta y Baixa, y los movimientos como Abusos Urbanísticos No, tienen su sede en Benissa y son muy activos. "La ley urbanística (LRAU) movilizó mucho más y más rápidamente en el norte que en sur", explica este experto que lleva años investigando el comportamiento de los residentes extranjeros. En las comarcas del litoral norte de Alicante, la comunidad foránea llegó en la década de los ochenta y están más integrados socialmente que los residentes en el sur, que llegaron en los años noventa.
En Torrevieja, Orihuela y en las localidades del sur las migraciones eran "sobre todo clase media-media y bastantes obreros. Precisamente emigraban siguiendo redes de familiares y amigos, o después de hacer turismo", explica Antonio Alaminos que compara esta realidad con el perfil de los residentes en el norte que son escandinavos, de clase media-media y media-alta. "Más jubilados cualificados y nivel educativo más elevado". En el norte la dimensión calidad de vida tiene más peso que en el sur, donde prima la economía. Son el núcleo históricamente "primario" de las migraciones de calidad en un entorno natural "salvaje", añade el catedrático de la Universidad de Alicante.
Tomás Mazón, profesor de sociología del turismo en la Universidad de Alicante, reconoce que en las Marinas se hicieron promociones inmobiliarias "de mucha más calidad, dirigidas preferentemente a un comprador de mucho más poder adquisitivo que en el sur, dirigidas a un público alemán, belga, holandés, suizo... es un segmento de clase media alta con alto poder adquisitivo y mayor formación" apunta Mazón. Pero contrariamente, en la zona sur, a partir de Santa Pola, las promociones inmobiliarias "se centraron en un patrón de mucha menor calidad, tanto de las edificaciones, como de las propias urbanizaciones, vendidas a unos precios muy inferiores y dirigidas sobre todo para el público inglés, con un perfil sociodemográfico de clase media baja, de menores recursos económicos y menor formación, más clase obrera y con un menor perfil de exigencia sobre los servicios municipales y de otras administraciones, básicamente se conforman con el clima", explica Mazón.
Juan Miguel Rafet, licenciado en Ciencias Políticas por la UNED, está haciendo una tesis doctoral sobre los movimientos ciudadanos contra la especulación urbanística en la Comunidad Valenciana, y su incidencia en voto. A su juicio, en cada localidad el comportamiento electoral es diferente. Mientras en Dénia, donde el Ayuntamiento defiende un urbanismo sostenible, el voto de los extranjeros ha ido a las grandes formaciones PSOE y PP, en Xàbia, tras una legislatura convulsa con temas como el catastrazo, la moción de censura, el escándalo del soborno de la basura o el PGOU, todo un conglomerado de pequeñas formaciones políticas, muchas de ellas con el apoyo de residentes extranjeros, han obtenido representación y serán claves. Fernando Díaz, profesor de sociología urbana, destaca "el papel de las plataformas ciudadanas contra los abusos urbanísticos que han servido para concienciar a la gente del problema".
El mapa del poder local surgido de los comicios del 27 de mayo no ha sufrido modificaciones desde El Campello hasta Pilar de la Horadada. En el primer municipio, el PP obtiene mayoría absoluta, al igual que en la capital y Santa Pola. En Guardamar, sigue el PSPV, al igual que el PP mantiene Torrevieja y Orihuela. En Pilar de la Horadada las urnas pusieron fin al breve mandato del PP merced al voto de censura del PP y dos tránsfugas del PSPV, y el socialista Ignacio Ramos recupera la mayoría. En el prelitoral de La Vega Baja, tampoco hay cambios, el PP refuerza sus feudos de San Miguel, municipio con un PGOU en marcha.
En la comarca de La Vega Baja el PP ha superado en 6.400 votos al PSPV y las formaciones extranjeras no han tenido representación. La alternativa con más opciones, a priori, era CLARO, surgida en la costa de Orihuela, pero apenas cosechó un millar de votos.
La continuidad en este tramo del sur de la costa contrasta con los cambios al norte. El ámbito de las marinas es la única demarcación de la provincia en la que los socialistas han superado en voto al PP, en concreto por 1.760. En Xàbia y L'Alfàs del Pi, dos formaciones extranjeras han logrado representación, con cuatro y dos ediles respectivamente. El caso de Nueva Jávea, liderado por la holandesa Ana Vasbinder, es el más llamativo y con 1.479 votos (el 18% de las papeletas).
El PP ha perdido la mayoría absoluta en La Vila, y posiblemente el gobierno si los independientes se suman al pacto de progreso con el PSPV y el Bloc. Los populares serán desalojados del poder en Calp. En Altea y Benissa, el PP ha sido desposeído de la mayoría absoluta, y su continuidad en el gobierno local está en el aire. Mientras, en Xàbia y Dénia, los vecinos han acentuado la apuesta por el urbanismo sostenible de los gobiernos de izquierda del último mandato. Ambos municipios tienen suspendidas las licencias en diversas zonas sobre las que pesaban proyectos urbanísticos a la espera de la redacción de sus nuevos planeamientos urbanos.
*Información elaborada por Ezequiel Moltó, Sergi Castillo y Santiago Navarro.
* EL PAÍS - Alicante - 04/06/2007
Foto: Orihuela /wikipedia
