El Defensor del Pueblo andaluz sugiere someter a referéndum los PGOUs

EuropaPress* : "El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, sugiere que se estudie la conveniencia de incluir en la normativa actual, previos trámites legales, la exigencia de convocar una 'consulta popular' no vinculante antes de la aprobación provisional de los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) por los plenos de los ayuntamientos, con el fin de que los responsables municipales y autonómicos conozcan la posición de la población en torno a la propuesta de ordenación que se vaya a realizar. En el informe de 2006 de la institución el Defensor propone este 'referéndum' como una de las medidas para incrementar la participación de los ciudadanos en el proceso de formulación de sus planeamientos urbanísticos, un asunto que a su juicio tiene "una enorme transcendencia para los derechos constitucionales de la ciudadanía".


No obstante, y como alternativa, el Defensor añade que, si no se considera oportuno contemplar ese trámite como preceptivo, "sería más que recomendable que los ayuntamientos voluntariamente se planteen incluir en sus normas de organización asumir el compromiso, dentro del respeto al marco legal que se establezca, de celebrar la mencionada consulta popular con carácter previo a la aprobación de los PGOU".

En su informe anual, Chamizo reflexiona en el capítulo dedicado al 'Desarrollo urbanístico y sostenibilidad en Andalucía' sobre "uno de los grandes debates sociales y políticos a los que hemos asistido en los últimos años" y realiza más de una decena de recomendaciones.
En primer lugar, "y reconociendo que en algunos modelos urbanísticos rechazables desde diferentes perspectivas han estado presente actuaciones ilícitas de agentes privados y responsables públicos", subraya que "la inmensa mayoría de los planeamientos urbanísticos cuyo modelo está causando rechazo por parte de colegios profesionales, amplios sectores de la población y no pocos responsables públicos, no hubieran tenido lugar si no hubieran sido aprobados formalmente con arreglo al ordenamiento jurídico en vigor por los órganos de gobierno competentes de los municipios y, en los casos en que ello era exigible, por los de la Comunidad Autónoma --Comisiones Provinciales de Ordenación del Territorio y Urbanismo--".
Por ello, entiende que "el sector publico y fundamentalmente los municipios han sido, cualquiera que sea la justificación de las decisiones adoptadas, los principales responsables de la situación creada".

Asimismo, afirma en el informe que, "pese a los esfuerzos realizados a través de las políticas públicas de vivienda, de infraestructuras y ambientales, los poderes públicos no han sabido garantizar, en plenitud y 25 años después de la aprobación de la Constitución, la consecución de los objetivos que, en aras a la protección de determinados derechos, les compelía, entre otros, los artículos 45, 46 y 47".

Así las cosas, destaca la necesidad de que, "de forma coordinada con los agentes sociales, los poderes públicos lideren modelos alternativos que, facilitando el desarrollo económico de la sociedad, no hipotequen, a medio y largo plazo, los valores inherentes de nuestro territorio".
Para ello, dice que se debe tener en cuenta, además del beneficio a corto plazo, la demanda de servicios, el coste de las infraestructuras externas que demandarán estas urbanizaciones, el gasto medio que realiza el turismo que se asienta sobre inmuebles residenciales en lugar de establecimientos hoteleros, el gasto sanitario o el consumo energético y de agua. Añade que, al mismo tiempo, es preciso valorar también, en términos de calidad de vida, de cara a la población residencial y al turismo, la apuesta por un desarrollo compatible con el medio ambiente.

Igualmente, demanda que se prive de urbanizar espacios con valor ambiental e indica que "es imprescindible apostar por otros modelos de edificación de menor consumo de suelo y localizables en espacios que, por su menor calidad ambiental y paisajística, se estimen más adecuados, generando, sobre todo en las áreas metropolitanas, espacios susceptibles de disfrute ambiental colectivo y que deben ser necesariamente preservados, como garantía de sostenibilidad para las generaciones futuras".
Debate

En definitiva, para la institución, la cuestión territorial, expresada en términos de desarrollo sostenible, "debe alcanzar en el debate cultural y político una preeminencia que, hasta ahora, no ha tenido", por lo que pide que "las instituciones defensoras de los derechos constitucionales deben fomentar la conciencia ciudadana sobre las consecuencias de tantas y tantas acciones y omisiones de los poderes públicos y de la sociedad en éste ámbito, criticar abiertamente el papel desempeñado hasta ahora por las Administraciones Públicas, realizar propuestas para una mayor y mejor tutela de tales derechos y articular mecanismos de colaboración con asociaciones ecologistas y otros colectivos interesados en la defensa de estos valores".
"Es necesario crear una nueva conciencia, no ya del problema, sino de la necesidad de afrontarlo con urgencia y, a partir de aquí, exigir las responsabilidades", concluye el Defensor en este capítulo.




* ABC - Sevilla - 4 de junio de 2007