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MarcelinoGUTIÉRREZ.- El Comercio* : "El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha anulado el plan urbanístico de Llanes por segunda vez en menos de diez años y a menos de dos meses de las elecciones. Los magistrados de lo Contencioso-Administrativo consideran que la elaboración y aprobación del documento comportaron una «directa vulneración de la legalidad urbanística». El fallo señala que las notables modificaciones que introdujo la CUOTA deberían haber pasado a información pública. El tribunal cree injustificada la inclusión de nuevos núcleos urbanos y urbanizaciones de la norma derogada en 1997. El documento constituía el soporte legal para la construcción de cinco mil viviendas en el municipio.
El fallo supone la contundente respuesta al recurso presentado en 2002 por Andecha Astur. Esta formación política denunció la aprobación por parte de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) de un Plan General de Ordenación Urbana que incluía las grandes áreas residenciales de las normas anuladas por la misma instancia judicial cinco años antes.
La resolución de la sala que preside Julio Luis Gallego incluye una amplia enumeración de las razones por las que el texto, que pretendía servir de soporte legal a la construcción de cinco mil viviendas, «no se ajusta al ordenamiento jurídico». Su principal argumento es la decisión del Principado de aprobar por unanimidad el texto el 10 de julio de 2002 con la condición de que la Administración local aceptase 16 de los 54 recursos presentados por los particulares e importantes limitaciones en las principales áreas de actuación. Con estos cambios, el equipo de gobierno de Llanes, del PSOE, presentó un texto refundido que fue ratificado en abril de 2003.
Según el criterio de los jueces, la propuesta municipal vulneraba la legalidad y la Administración regional no podía aprobarla en ningún caso. «Tendría que haber aplazado la aprobación hasta que se garantizara la participación de los ciudadanos».
El tribunal señala que las «deficiencias» corregidas por la CUOTA fueron tan importantes que deberían haber sido sometidas a alegaciones. Entre otros aspectos, pidió justificar de nuevo el carácter urbano de los suelos de Niembro, Barro, Nueva, Poo y Toró. También sometió a numerosas condiciones el desarrollo de las urbanizaciones previstas en Celorio, La Llavandera, Llanes y Posada, y reclamó la ampliación de los informes urbanísticos, históricos, etnográficos y económicos que sustentaban las propuestas del equipo redactor. Para subsanar estos errores, el Pleno de Llanes remitió al Principado una nueva propuesta acompañada de un informe del redactor del plan, otro del arquitecto municipal y un dictamen del secretario municipal.
Informes
A juicio del Superior de Justicia, las abundantes carencias aún estaban muy lejos de quedar solventadas por estos informes. «Y en definitiva, la Administración autonómica aprueba la clasificación como suelo urbano de unos terrenos que no se acredita que tengan tal carácter y sustrae relevantes elementos de juicio al debate en fase de información pública, que constituye una de las más importantes formas de control democrático del planeamiento», concluye la sentencia, que incluso reprocha a la Administración haber convertido «la participación ciudadana en una simple formalidad o apariencia».
Otro de los elementos que sustentan la decisión de los jueces es la inclusión de las urbanizaciones previstas en las normas subsidiarias anuladas en 1997. El fallo establece que este intento de «convalidación», defendido tanto por los técnicos que realizaron el plan como por el entonces alcalde de Llanes, Antonio Trevín, no respeta la exigencia de elaboración de planes parciales para cada una de las actuaciones.
Las cinco promociones más importantes de la ordenación derogada fueron 'legalizadas' con una única y somera referencia: «Se declaran vigentes los instrumentos de planeamiento y gestión aprobados con anterioridad a la entrada en vigor de este plan, cuyas determinaciones se ajusten al mismo y que son los siguientes: Plan Parcial de La Talá, Plan de La Huertona, La Llavandera, el Polígono Industrial de Posada y la Unidad de Actuación de El Sablón». Cada una estas actuaciones también debería haberse sometido a información pública de forma independiente.
De 'coste cero'
Ni siquiera la memoria inicial de la que parte el Plan General resulta bien librada. En este punto, el tribunal indica que es «forzoso reconocer» que estos criterios básicos, planteados ya al inicio de la tramitación «no son congruentes» con las soluciones adoptadas. Sobre este aspecto, destaca que no se recogen las fuentes de financiación con las que se pretenden acometer actuaciones de «coste cero», como dotaciones deportivas al aire libre en Celorio o en espacios libres de Pancar, Barro, Niembro o El Humedal. Aún más: «la capacidad inversora del Ayuntamiento no permite asegurar la viabilidad financiera del plan», a pesar de que la aportación municipal es sólo el 3,39%.
Este varapalo judicial fue recibido ayer con evidente preocupación por las administraciones responsables de su tramitación y los empresarios. En cambio, el PP ve en la decisión de los magistrados una de sus principales bazas electorales en Llanes. La norma hasta ayer considerada «ejemplar» por el Ayuntamiento y el Gobierno asturiano queda a expensas de un posible recurso ante el Tribunal Supremo. Y cinco mil viviendas, la base del desarrollo del municipio en los próximos quince años, se cobijan ahora bajo una absoluta incertidumbre legal. Igual que hace diez años. ANTONIO TREVÍN
*El Comercio - 12 de abril de 2007
Foto: LLANES. Zona Este de la villa, donde el Plan General de Ordenación Urbana autorizaba la construcción de quinientas viviendas. / DAVID ESPINOSA
El TSJA anula el plan urbanístico de Llanes por su «directa vulneración de la legalidad»
Los planes de la costa malagueña prevén urbanizar hasta el último metro del litoral
ABC.- Malaga* : "Braulio Asensio, biólogo y responsable de la presentación de conclusiones del «Congreso andaluz de sostenibilidad, urbanismo y turismo: binomio sostenible» que se celebra en Marbella, alertó ayer de que el 97% del litoral malagueño está construido y que todos los avances de los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) de los municipios presentan este fenómeno en su totalidad y proponen edificar «hasta el último centímetro del litoral que no está protegido».
Esta es una de las conclusiones al que han llegado los 150 especialistas participantes en este congreso, que subrayan que la saturación urbanística está generando la «degradación evidente de los elementos naturales que hacían atractivos estos destinos». Por ello, en un documento elaborado por un panel de expertos tres meses antes del encuentro, sugiere la «inevitable» necesidad de plantear una «desaceleración drástica» del proceso de ocupación del territorio.
Síntomas de saturación
Su diagnóstico refleja que el crecimiento actual de las zonas turísticas «es inestable y muestra síntomas de saturación» y advierten de la necesidad de buscar «urgentemente» alternativas. Por ello, recomiendan, entre otras cuestiones, construir ciudades más saludables.
Algunas de esas medidas las contempla el Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Costa del Sol, cuyo redactor, el arquitecto José Seguí, aseguró que el documento «establece unas reglas del juego» que permite que los municipios «crezcan de manera más controlada». En ese sentido, Seguí afirmó que con los planteamientos vigentes de los municipios de la Costa del Sol existe suelo disponible «para crecer en los próximos 15 o 20 años».
Para Seguí, la aprobación definitiva y entrada en vigor del POT «deja todavía un largo recorrido para esta costa a pesar de las enormes turbulencias que ha soportado».
También subrayó «la necesidad de que haya condiciones de infraestrucutra para que se construya con garantías» en cuestión de abastecimiento y viales, y abogó por un «crecimiento físico ordenado», ya que «después nos encontramos con demasiadas casas y pocos espacios públicos».
En su opinión, el POT «limita el crecimiento para que no siga produciéndose como antes, sin el control supramunicipal». Y destacó que «el turismo tiene otro tipo de crecimiento distinto al de una ciudad, basado en el medio natural».
Medidas contra la especulación
En términos similares se expresó también en este congreso el delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Marcos, quien aseguró que el mantenimiento del urbanismo en la Costa del Sol «no es igual a crecimiento cero y a la paralización de la construcción», sino que pasa por «establecer medidas para frenar la especulación».
Marcos destacó, además, que con la aprobación del POTA por parte de la Junta «se prevé» que el desarrollo residencial sea proporcional al de equipamientos y servicios. En ese sentido, recordó que el crecimiento residencial «no ha respondido a necesidades demográficas», de forma que en toda la provincia de Málaga «existen 116.000 viviendas vacías a precios inalcanzables para jóvenes y familias medias».
*ABC - 12 de abril de 2007
Foto: Benalmádena - Torrequebrada (Malaga) /UrbPatasArriba
"Un empresario en España encarece el precio de la vivienda en más de un 30 %"
DavidCORRAL* : "El pocero de Fuenlabrada, que ha charlado con los lectores de ELPAIS.com, ha puesto en jaque el mercado inmobiliario al ofrecer viviendas cuatro veces más baratas. "El precio de una vivienda son diez millones de pesetas, y con eso ya está bien pagada", de forma rotunda y con lenguaje llano, el 'otro pocero' intenta explicar que su milagro es más mundano que divino. Para José Moreno la clave de la burbuja inmobiliaria comienza con la falta de terreno liberado por las comunidades autónomas y el porcentaje que cobran los empresarios, ya que hasta un 40% del precio de un piso acaba en sus bolsillos. "A mí me resulta abusivo el porcentaje del 3,6% que hemos cobrado, de hecho cuando nos den nuevas promociones lo bajaremos al 2,5%".
Entre pregunta y pregunta a Moreno le suena el teléfono. Los medios de comunicación le acosan. Nada más atender la llamada de otro medio, el móvil vuelve a sonar, esta vez al otro lado de la línea una señora que pregunta: "¿Es usted José Moreno el de los pisos baratos de Fuenlabrada?" Él afirma y acto seguido, la pregunta que se hace toda España: "¿Qué tengo que hacer para conseguir uno de sus pisos?".
Moreno, que atiende con amabilidad y paciencia a la desconocida, pregunta a su interlocutora si es de Fuenlabrada. Al obtener la respuesta negativa, responde un sentido "lo siento. Debe estar empadronada al menos tres años en Fuenlabrada y estar apuntada al Instituto de la Vivienda".
La charla con los internautas se reanuda y el constructor del milagro vuelve a la carga para defender la realidad de sus pisos de tres habitaciones, trastero y piscina por 84.000 euros. "Empecé en esto porque mi Asociación de Vecinos consideraba prioritario el acceso a la vivienda por parte de los jóvenes. Por ello fundamos una cooperativa entre los vecinos. El precio de los terrenos obtenidos fue de 1.050 millones de pesetas". Moreno siempre se maneja en pesetas y recalca que el problema de que justo enfrente de su promoción los pisos cuesten 420.000 euros y los suyos 84.000 es que "el mercado inmobiliario en un 99% es privado", sumando la liberación de terrenos por parte de las comunidades y los beneficios del empresario.
"Mi fórmula se puede aplicar a promociones privadas"
El hecho de que sus promociones estén realizadas sobre terreno público no quita que su idea se pueda exportar al mercado privado. "Alguna vez he pensado en aplicar esta fórmula a promociones privadas. Se podría abaratar el coste de la vivienda por lo menos en un 30%, ese porcentaje se reduce de los beneficios del empresario". De ahí que Moreno ya haya escuchado algunos comentarios en el sector: "Están preocupados, nerviosos, me han comentado que me ande con cuidado".
Pero a Moreno no sólo le han llegado amenazas, también ofertas de otros ayuntamientos interesados en exportar su sistema. "En concreto el ayuntamiento de un pueblo de León, que pone incluso los terrenos gratis, y no tendríamos que pagar impuestos. Además gente de Ciudad Real, de Ávila..." La avalancha de peticiones ha sorprendido a Moreno: "Jamás pensé que además de Fuenlabrada hubiese tanta necesidad real en todos los pueblos".
Este extremeño de 57 años entiende las hipotecas como un receso "a la época de Espartaco, han vuelto las cadenas. Una hipoteca supone encadenar a los jóvenes durante 40 años", asegura, y no duda en citar siempre a su querida Fuenlabrada y los avances que ha alcanzado gracias a la cooperativa que el preside. "En Fuenlabrada se está construyendo hasta un 60% de vivienda pública, creo que ahora que hay elecciones hay que exigir a los candidatos que se comprometan a construir como mínimo un 50% de vivienda protegida. Que se comprometan ante notario y si no lo cumplen, sed su peor pesadilla".
¿Y si alquilamos?
Saúl: ¿Por qué cree que en España nos resistimos tanto a vivir de alquiler y preferimos 'atarnos' como usted dice durante 40 años a una hipoteca cuando por la mitad de dinero podríamos alquilar un piso?
José Moreno: Estamos en lo mismo, hay que diferenciar entre iniciativa privada y pública. Si son las viviendas de Fuenlabrada van a pagar una media de 300 o 400 euros al mes por compra. De alquiler en Fuenlabrada cuesta entre 750 y 1.100 euros. Como consecuencia lo suyo es luchar en el compromiso de los diferentes pueblos, que los concejales y alcaldes se comprometan ante notario por escrito a construir como mínimo el 50 % de vivienda pública. Así tanto en los Ayuntamientos como en las Comunidades Autónomas. En la Comunidad de Madrid es por ley que el mínimo del 50% tiene que ser vivienda pública.
*ELPAIS.com - Madrid - 11/04/2007
El PE aprueba el informe que denuncia los abusos urbanísticos en la Comunidad Valenciana, Madrid y Almería
EUROPA PRESS* : "El informe ha sido elaborado por la delegación de la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que visitó entre el 27 de febrero y el 3 de marzo pasados Almería, localidades de la sierra de Madrid y de la Comunidad Valenciana para ver sobre el terreno los abusos urbanísticos que desde hace años han denunciado miles de ciudadanos españoles y de otras nacionalidades. Es el tercero que denuncia abusos urbanísticos en la Comunidad Valenciana desde el año 2003 y el primero que habla de otras regiones.
La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo aprobó ayer con el respaldo de todos los grupos políticos salvo el Partido Popular el informe que denuncia los abusos urbanísticos en la Comunidad Valenciana, Madrid y Almería y reclama que se creen comisiones independientes para mediar en disputas sobre proyectos de urbanización y que se compense adecuadamente a los propietarios perjudicados. En total, 15 eurodiputados votaron a favor y 3 en contra.
El PP votó 'no' después de que el presidente de la comisión y coautor del informe, Marcin Libicki, rechazara su petición de retrasar la votación para poder presentar nuevas enmiendas a un texto "con el que básicamente estamos bastante de acuerdo", según dijo el eurodiputado, Luis Herrero. Más duro se mostró el parlamentario popular Carlos Iturgáiz, que rechazó de plano el informe al considerar que su único objetivo es "intentar desgastar al Gobierno del PP en Valencia".
El otro ponente del texto, el laborista británico Michael Cashman, hizo traer a la sala donde se celebraba la reunión de la comisión de Peticiones dos grandes baúles que contenían las "15.000 peticiones" recibidas de ciudadanos europeos por abusos urbanísticos en la Comunidad Valenciana para demostrar que no son "una invención" como sostiene el Gobierno valenciano. Asimismo, explicó que siguen llegando denuncias y que durante su visita le entregaron otras 60 que "describen los desproporcionados sueños urbanos de los urbanizadores que se han convertido en pesadillas para los ciudadanos".
Cashman destacó que "la aplicación de las leyes urbanísticas que rigen los derechos de las personas sobre sus propiedades legítimamente adquirida sigue siendo problemática en varias comunidades autónomas españolas". "Los residentes locales, sean o no españoles, son los más afectados por estos programas de urbanización y son los que tienen más que perder", señaló.
Estos problemas "son más comunes en la región de Valencia que en ningún otro lugar", prosiguió el coautor del informe, que señaló que precisamente los representantes de esta comunidad autónoma fueron los que recibieron a la misión de la Eurocámara "con más arrogancia y con menos explicaciones sobre los proyectos de urbanización que han llevado a la destrucción de muchas áreas costeras", y tuvo duras críticas contra el conseller valenciano de Territorio, Esteban González Pons por el desprecio mostrado hacia la delegación. También afirmó que llevará a los tribunales a los que repitan los insultos contra él.
ALMERÍA Y MADRID
Las críticas de Cashman se centraron en el caso de la Comunidad Valenciana y fueron mucho más benévolas para Almería o Madrid. En el primer caso destacó que, aunque la visita de los parlamentarios coincidió con el día de Andalucía y era una jornada festiva, representantes del Gobierno regional en la provincia aceptaron reunirse con la delegación "para discutir las leyes urbanísticas andaluzas y su aplicación en varios municipios y el tema de la compra legal de edificios ilegalmente construidos".
Sobre su visita a Madrid, el eurodiputado destacó que fue recibido también por las autoridades regionales y que la misión visitó Torrelodones y Galapagar, localidades de las que habían llegado quejas al Parlamento. La misión expresó a las autoridades madrileñas su "preocupación" por el impacto de los programas de urbanización en los espacios protegidos por la red Natura 2000 en el río Guadarrama y por los problemas de tratamiento de aguas residuales.
RECOMENDACIONES
Para resolver estos abusos, la comisión de Peticiones aprobó un catálogo de recomendaciones en el que reclama a las autoridades españoles y a los Gobiernos regionales, especialmente el de la Comunidad Valenciana, que "reconozcan el derecho legítimo de las personas a su propiedad legítimamente adquirida" y que definan de manera precisa el "interés general" que puede justificar una apropiación.
También pide la creación de comisiones especiales, con la participación de los defensores del pueblo regionales, que tengan un poder de arbitraje en las disputas sobre proyectos de urbanización, y a los que puedan acceder de manera gratuita los afectados. Finalmente concluye que, cuando haya que otorgar una compensación por la pérdida de propiedad, se haga a un nivel adecuado que se ajuste a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE y del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, y exige a la Comisión que investigue cualquier denuncia.
En el debate previo a la votación, la eurodiputada del PP Cristina Gutiérrez Cortines aseguró que la legislación española da excesivas competencias a los Ayuntamientos en materia de urbanismo. "Sólo un pacto entre todos los partidos políticos sería capaz de conseguir que la administración pública del Estado adquiriera mayores competencias que las que tiene actualmente", dijo.
Por su parte, el socialista Carlos Carnero expresó su "satisfacción" por el informe porque a su juicio ha tenido una "gran utilidad" en la Comunidad de Madrid por "impedir que culminaran planes de urbanismo salvaje particularmente en Galapagar y Torrelodones". Asimismo, explicó que, aunque el consejero de Presidencia, Francisco Granados, recibió a la delegación "con una sonrisa", tras su marcha la calificó de "espectáculo cómico-taurino".
El eurodiputado socialista Joan Calabuig lamentó "la actitud de las autoridades de la Comunidad Valenciana y en concreto del conseller González Pons, que hizo ruedas de prensa para atacar a la delegación, que se reunió de manera absolutamente absurda con los promotores inmobiliarios, cuando él tiene la obligación de defender el interés general y no sólo el de una parte".
El representante de Los Verdes, David Hammerstein, denunció que "la democracia local ha sido fagocitada por unos Ayuntamientos en la sombra de las constructoras". "El interés público se ha sustituido por la idea de que urbanizar por urbanizar siempre es bueno. No se defienden los derechos fundamentales, hay blanqueo de capitales de forma masiva, hay muchos casos de corrupción y especulación y esto es un asunto europeo", recalcó, al tiempo que pedía una intervención más decidida de la Comisión.
Finalmente, la verde danesa Margrete Auken negó que la comisión de Peticiones esté desprestigiando a la Comunidad Valenciana. "En Dinamarca sabemos, se hacen eco los medios de comunicación, de que una zona maravillosa ha sido destrozada debido a esa especulación", aseguró.
*EUROPA PRESS - BRUSELAS, 12 Abr.
Foto: Parlamento europeo /juntadeandalucia.es
El Juez admite la querella contra altos cargos por La Zerrichera
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M.BUITRAGO.- La Verdad- Murcia* : "El caso de la polémica urbanización de La Zerrichera ha recibido otro empujón judicial con la decisión del magistrado Antonio Alcázar Fajardo de admitir a trámite la querella presentada por el fiscal jefe del TSJ contra altos cargos del Gobierno regional y el alcalde de Águilas, por los presuntos delitos de prevaricación, falsedad en documento oficial, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, tráfico de influencias y cohecho.
Las diligencias practicadas por el fiscal jefe Manuel López Bernal, a raíz de sendas denuncias presentadas por la Asociación de Naturalistas del Sureste y el PSOE, estiman que no se debió autorizar la recalificación de unos terrenos protegidos -que se extienden sobre 2,4 millones de metros cuadrados en un paraje situado a unos diez kilómetros de Águilas- y que el proceso administrativo para facilitar la urbanización promovida por el Grupo Hispania está plagado de supuestas irregularidades.
Los imputados son el alcalde de Águilas, Juan Ramírez Soto, del Partido Popular; el ex concejal del mismo partido, José López Díaz; la ex directora general de Medio natural, Encarnación Muñoz Martínez; el director general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado Pérez; el director general de la Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, Manuel Alfonso Guerrero Zamora; el subdirector general de la Vivienda, José María Ródenas Cañada; y el jefe de Servicio de Calidad Ambiental y presidente de la Comisión Técnica de Impacto Ambiental, Juan Ignacio Sánchez Gelabert. Este último fue incluido en la querella por el fiscal en una comunicación del 16 de marzo pasado.
El juez de Lorca se abstuvo
El titular del juzgado de Instrucción número 3 de Murcia da cursdo así a la querella después de que otro juez de Lorca, Juan Alcázar, rechazara hace un mes la instrucción del caso -el fiscal jefe del TSJ presentó la querella en los juzgados lorquinos- por falta de competencia territorial y por entender que los delitos se habrían cometido en la capital, donde tienen sus sedes las direcciones generales implicadas y las consejerías de Medio Ambiente y de Política Territorial que aprobaron la recalificación de los terrenos para facilitar la urbanización impulsada por el Grupo Hispania, propiedad de Trinitario Casanova Abadía, que pretendía alcanzar las 4.000 viviendas, junto con un hotel y campo de golf en unos terrenos protegidos como LIC y ZEPA.
Ahora, a mes y medio de las elecciones autonómicas y municipales, el juzgado de Instrucción número 3 de Murcia ha decidido que se cite a declarar a los imputados y que se practiquen «las actuaciones necesarias para la averiguación y esclarecimiento de los hechos, los autores y sus circunstancias». El magistrado Antonio Alcázar Fajardo rehusó hablar el pasado lunes con La Verdad y se remitió al gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia.
El delito principal
Al considerar la competencia territorial del caso, Antonio Alcázar acepta básicamente los argumentos expuestos el pasado día 5 de marzo por so colega lorquino. Las razones por las que ha admitido a trámite la querella se fundamentan en que los hechos denunciados reúnen los requisitos que establece el artículo 277 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sin perjuicio del principio de presunción de inocencia. En cuanto a la jurisdiccionalidad, entiende que el supuesto delito más grave, el de falsedad documental, se pudo haber cometido en Murcia.
Sobre la existencia de concertación o no entre las administraciones públicas -léase del Ayuntamiento de Águilas y de las consejería implicadas- el magistrado murciano apunta que «según el relato fáctico contenido en la querella los hechos supuestamente delictivos se habrían cometido tanto en la localidad de Águilas como en Murcia, pudiendo calificarse apriorísticamente de conexos por cuando, aparentemente, persiguen todos ellos la misma finalidad. Ciertamente», añade el auto judicial, «no consta explícitamente en el texto fáctico de la querella que hubiera concierto previo... Sin embargo, no se entendería esa coordinación sucesiva de las distintas administraciones a que alude el Ministerio Fiscal sin una previa concertación».
Añade asimismo que «pese a las dudas que suscita el lugar de inicio de la supuesta actividad delictiva como criterio de atribución de competencias, es inobjetable que el delito más grave imputado en la querella, el de falsedad documental, se habría cometido presuntamente en Murcia».
*La Verdad - 11 de abril de 2007
Foto: PARALIZADA. El proyecto de urbanización está paralizado desde mayo del año pasado. En la foto, plantaciones de lechugas de La Zerrichera en octubre del 2005. / PACO ALONSO/ AGM
Los afectados de Alto del Cuco dan por perdidas las viviendas pero esperan recuperar todo el dinero
Terra.- Cantabria* : "Los afectados por la anulación del Plan Parcial del Alto del Cuco piden recuperar el dinero que han entregado por las viviendas, una media de entre 48.000 y 60.000 euros, una vez que dan las mismas por perdidas si 'no cambian mucho las cosas'. Así lo señalaron al término de la reunión que mantuvieron esta mañana representantes de los afectados con el consejero, en la que éste les informó y entregó documentación sobre las actuaciones llevadas a cabo por la Comisión Regional de Urbanismo (CROTU) y el Gobierno regional en contra de la aprobación de dicho Plan.
También el consejero de Presidencia y Urbanismo, Vicente Mediavilla, ve 'muy difícil' o 'casi imposible' que la actuación se pueda legalizar, aunque sí cree que los afectados puedan recuperar el dinero. Además consideró que éstos deberían instar la resolución del contrato.
Según explicó el portavoz de los afectados, Oscar Gutiérrez, su objetivo ahora es recuperar el dinero que han entregado por las viviendas, todavía no escrituradas y sobre las que existen contratos de compraventa. 'Nosotros hemos actuado conforme a la legalidad y exigimos recuperar lo que hemos entregado, no menos', señaló.
Los afectados culpan 'a todos' de lo ocurrido y 'todos se culpan a todos, pero las víctimas reales somos nosotros', afirmó Gutiérrez, quien añadió que 'al final, todos han actuado legalmente, pero existe una sentencia de derribo y, realmente, los que hemos actuado legalmente y comprado legalmente somos nosotros y tenemos derecho a que se nos resarza', recalcó.
El portavoz señaló por otro lado que van a pedir una reunión con los responsables del Ayuntamiento de Piélagos que, según dijo, aún no se han puesto en contacto con ellos; 'todavía es un poco pronto, porque nos estamos constituyendo como asociación', dijo. Respecto a la empresa constructora, recordó que este viernes representantes de Fadesa se reunirán con todos los afectados.
Resolución de contrato
Sobre las posibles alternativas que tienen los compradores, Mediavilla afirmó que 'si estuviese en su pellejo, instaría la resolución del contrato por propio sentido común, porque nadie quiere comprar un pleito y en este caso estarían comprando un pleito'. Señaló al respecto que el Ejecutivo ha pedido la suspensión del Plan como medida cautelar y, si el TSJC lo acepta y se paraliza la obra, es 'obvio' que la promotora no va a poder cumplir su contrato, por lo que surgiría una causa de resolución.
En su opinión, existe posibilidad de que los afectados recuperen su dinero, no obstante destacó que quien tiene que plantear alternativas no es el Gobierno, que informó en contra del Plan, requirió al Ayuntamiento para que no lo aprobara y después lo recurrió, sino que tendrán que ser la promotora y el alcalde de Piélagos los que pongan 'sobre la mesa' sus propuestas, 'si es que existen, que lo veo muy difícil en este caso', subrayó, dado lo 'contundente' de la sentencia.
Mediavilla reiteró que el 'único culpable' de lo ocurrido es el alcalde y el equipo de gobierno del PP Piélagos que, 'en contra del sentido común y de la legalidad' aprobaron el Plan sin hacer caso de los informes 'contundentes y desfavorables' de la CROTU y del posterior requerimiento del Gobierno para que lo anulara. Un plan que, recordó, no sólo es nulo por el 'impacto paisajístico', como señala la sentencia del TSJC, sino porque 'incumple' la Ley del Suelo de Cantabria y la de supresión de barreras arquitectónicas, cuestiones 'todas ellas' que se reflejaban en los informes de la CROTU y del Ejecutivo regional.
Para Mediavilla, esta sentencia es 'muy distinta' a otras de derribo que se han producido en la comunidad autónoma, porque 'aquí no ha habido ninguna corresponsabilidad por parte del Ejecutivo', que 'siempre ha luchado' en contra de esta actuación y 'desde el primer momento' advirtió de que se trataba de una 'aberración' y un 'auténtico despropósito urbanístico'.
El consejero recordó por otro lado que los compradores no han elevado a escritura pública sus contratos y 'seguramente surgirá una causa de resolución del contrato', que podrán ejercer o no. Desde el punto de vista de la responsabilidad, consideró que los afectados podrían iniciar acciones en contra del Ayuntamiento de Piélagos, por conceder licencias 'manifiestamente ilegales'.
'Vemos muy difícil o casi imposible cualquier actuación legalizadora en este ámbito', añadió el consejero, quien subrayó que desde el Gobierno regional 'no vemos ninguna alternativa que no sea el derribo'. Señaló además que el Ejecutivo no tiene intención de hablar con la promotora, ya que 'si el Ayuntamiento y Fadesa no nos hicieron caso en un primer momento, ¿por qué nos van a hacer caso ahora?', se preguntó. Recordó al respecto que 'mucho antes' de que se ejecutase el Plan Parcial expuso a los responsables de la empresa el 'demoledor' informe de los técnicos de la Consejería y les advirtió del impacto paisajístico de la actuación y de que incumplía la Ley del Suelo, 'y no me hicieron caso Fadesa ni el Ayuntamiento', reiteró.
Indicó que los nuevos propietarios de la empresa han pedido cita con el presidente regional y con el propio consejero, 'pero yo no pierdo el tiempo' después de que el 'máximo órgano' en materia de urbanismo de la comunidad autónoma se pronunciara en contra del Plan. 'Es más, el Ayuntamiento corrió a aprobarlo para que no entrara el Plan de Ordenación del Litoral en ese ámbito', recalcó.
'El que haya concedido licencias y haya aprobado el plan que plantee las soluciones, si es que existen, no va a ser el Gobierno, que ha dicho no a una cosa que se ha hecho en contra de nuestro criterio', insistió.
Por último, el consejero recordó que el PP le ha acusado en varias ocasiones de 'invadir la autonomía municipal', que 'ya veo como la ejercen algunos', en referencia a la aprobación por el Ayuntamiento de Piélagos del Plan pese a los informes de la CROTU. Sin embargo, consideró que 'no es un problema de ley, sino de cómo se ejercitan las competencias'.
La Asociación Ecologista ARCA anunció hoy que seguirá adelante con los recursos interpuestos contra las licencias de construcción de las 395 viviendas del Alto del Cuco -cuyo plan parcial ha sido anulado por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria -, con el objetivo de conseguir su demolición. Además, instó al PP de Cantabria a que deje de mostrar su apoyo al alcalde de Piélagos, Jesús Angel Pacheco, y le 'destituya' por haber 'incumplido la ley'.
En rueda de prensa, el presidente de ARCA, Gonzalo Canales, consideró 'un detalle de mal gusto' que el PP, después de la sentencia del TSJC, haya mostrado su apoyo a Pacheco y consideró que casi 'el 100 por ciento de la responsabilidad' de la construcción de la urbanización 'es del Ayuntamiento' de Piélagos, que 'además tiene un historial gravísimo de incumplimientos de la legalidad urbanística'.
* Terra, 10 Abril 2007
Foto: Piélagos - Alto del Cuco /Terra.es
El desarrollo urbanístico amenaza a Castilla-La Mancha
*Ecologistas en Acción ha elaborado un informe bajo el título “Urbanismo y depredación del territorio en Castilla-La Mancha” que pone de relieve con datos como el desproporcionado crecimiento urbanístico y de grandes infraestructuras está depredando el territorio de Castilla-La Mancha, destruyendo el medio ambiente e hipotecando las posibilidades de poner en práctica un modelo de desarrollo sostenible. El informe denuncia la trama que enlaza los potentes intereses económicos que mueve el urbanismo con las debilidades del control político, judicial y de los procedimientos administrativos que afectan a la gestión del suelo y termina realizando una serie de propuestas a las Administraciones y a los agentes sociales y económicos implicados.
Según los datos del informe y que publica la propia Consejería de Vivienda y Urbanismo, en Castilla-La Mancha desde el año 2000 se reclasifican como promedio 3.500 hectáreas/año, o lo que es lo mismo, 35 millones de m2 / año o el equivalente a la superficie que ocupan 3.500 campos de fútbol.
No obstante, estos promedios se han incrementado significativamente en el periodo 2004-2005 ya que según la misma Consejería se han reclasificado 60 millones de m2, 35 de ellos para las 45.000 viviendas anuales que se han construido.
A la vista de los ingentes planes y proyectos de urbanización en marcha en toda Castilla-La Mancha este último parece ser el ritmo de crecimiento a mantener. Así, de la recopilación de datos realizada se deduce que en la actualidad hay una previsión mínima para dar lugar a la construcción de 700.000 viviendas en Castilla-La Mancha. Considerando las dificultades de acceso a información urbanística actualizada y el ritmo de aparición de nuevos proyectos no resulta descabellado decir que en Castilla-La Mancha se están generando proyectos urbanísticos que podrían suponer que en 20-30 años el parque de vivienda se duplique sobre el actual, esto es, que alcance la cifra de 2.000.000 de viviendas.
El análisis de la situación urbanística en Castilla-La Mancha pone de manifiesto también el cambio de modelo urbanístico, ya que prolifera la vivienda unifamiliar y los desarrollos ligados a campos de golf.
Ecologistas en Acción calcula que puede haber en proyecto en Castilla-La Mancha del orden de 50 nuevos campos de golf. Considerando que estas instalaciones ocupan entre 50 y 150 hectáreas de superficie y vienen a consumir una cantidad de agua al año entre 600.000 y 1.000.000 m3, equivalente a lo que gasta una localidad de entre 9.000 y 12.000 habitantes, cabe inferir el impacto que suponen.
A la vista de los datos, el modelo urbanístico por el que actualmente apuesta Castilla-La Mancha, liderada por la Consejería de Vivienda y Urbanismo, no se diferencia gran cosa del de otras Comunidades Autónomas. En primer lugar tiene como objetivo transformar una buena parte del territorio de la Comunidad de Castilla-La Mancha en una serie de grandes áreas urbanas continuas, extendidas en horizontal. Las más de 300.000 nuevas viviendas que se proyectan en La Sagra o en el Corredor del Henares son del estilo de las grandes áreas metropolitanas, como Los Ángeles de California o de la más cerca área metropolitana de Madrid. De otra parte, en las zonas rurales de Castilla-La Mancha se favorecen actuaciones singulares y macrourbanizaciones desconectadas de los cascos urbanos y, las más de las veces, acompañadas de campos de golf.
Por otra parte, asociadas al desarrollo urbanístico, existen un buen número de proyectos de infraestructuras que se están realizando o se pretenden realizar en Castilla-La Mancha, fundamentalmente de comunicación y de abastecimiento de agua y de energía. Es el caso, por ejemplo, de las numerosas autovías y autopistas, como las de la Sagra y la de la Alcarria, de trasvases como el Tajo-La Mancha y de abastecimientos de agua como Picadas a Toledo y desde el Alto Tajo a la Alcarria y a la Sagra. Todas ellas dan lugar al beneficio de los especuladores inmobiliarios.
Se prevé que en el año 2.020 Castilla-La Mancha cuente con 2.790 kilómetros de carreteras de alta capacidad y 1.000 kilómetros de líneas de alta velocidad, de los cuales en la actualidad están en servicio respectivamente 1.000 y 300 kilómetros. Además, está en construcción afectando severamente a un área protegida el primer gran aeropuerto de iniciativa privada en España, el de Ciudad Real.
Los enormes efectos territoriales y medioambientales de esta vorágine desarrollista se ponen de manifiesto igualmente en el informe ay que la actividad urbanística implica la completa destrucción del ecosistema en el espacio directamente ocupado por la misma. En Castilla-La Mancha, a razón de 3.500 hectáreas/año, se prevé que en los próximos 20 años esto ocurra en las 70.000 hectáreas se prevén recalificar como superficie destinada a viviendas.
Además, se generan otra serie de impactos indirectos que ha de soportar el entorno circundante, así, de las áreas urbanizadas parten conducciones de aguas residuales que van a contaminar los cursos de agua, incluso aunque haya depuración, y de éstas áreas también surgen nuevos focos de contaminación atmosférica ligados al tráfico. Por último, con la aprobación de los nuevos desarrollos urbanísticos ha crecido notablemente la preocupación por los negativos impactos que éstos puedan tener en el rico patrimonio cultural castellano-manchego y, en particular, en las dos localidades declaradas Patrimonio de la Humanidad, esto es, Toledo y Cuenca.
En cuanto al efecto sobre las demandas de agua, Castilla-La Mancha consume actualmente entre 175 y 200 hm3 al año en abastecimientos urbanos y 60-70 hm3 al año en industrias. Con las previsiones de desarrollo urbanístico actuales la demanda de agua para uso urbano podría llegar a triplicarse.
En definitiva, el gran crecimiento urbanístico que se está produciendo supone la ocupación de grandes superficies, la destrucción de una parte de las áreas naturales existentes y compromete la calidad de vida a medio-largo plazo, pero a la vez puede llegar a producir en Castilla-La Mancha una auténtica crisis medioambiental que pone en riesgo la propia viabilidad del modelo de desarrollo social.
Uno de los indicadores más significativos del impacto del desarrollo urbanístico lo encontramos en las afecciones a los espacios de la Red Natura 2000 europea en Castilla-La Mancha, a este respecto se ha comprobado que más del 50% de los Lugares de Interés Comunitario y el 75% de las Zonas de Especial Protección para Aves están afectadas de una u otra manera por planes urbanísticos.
Ante esta situación, Ecologistas en Acción considera necesario afrontar este problema a partir de una toma de conciencia profunda sobre las causas y los efectos de lo que está pasando y de una voluntad real para tomar medidas que den lugar a una modificación sustancial de las normas legales, de los procedimientos administrativos y de los mecanismos económicos que operan en el mercado inmobiliario. Desenredando a su vez la trama que enlaza los potentes intereses económicos que mueve el urbanismo con las debilidades del control político, judicial y de los procedimientos administrativos que afectan a la gestión del suelo.
Para el caso de Castilla-La Mancha, donde llama la atención la escasa reacción de los Gobiernos Autonómico y Locales ante el fenómeno urbanístico, Ecologistas en Acción ha elaborado una serie de propuestas para hacer frente al problema, de todas ellas las más importantes son:
* Fijar límites absolutos y por ley al crecimiento urbanístico.
* Aumentar el control sobre los ayuntamientos y las comunidades autónomas en materia urbanística.
* Incrementar las investigaciones y las actuaciones judiciales.
* Facilitar la transparencia y la participación pública en las Comisiones de Urbanismo
* Aumentar la protección medio ambiental del suelo rústico y las competencias de medio ambiente para paralizar planes urbanísticos,
* Frenar la especulación mediante la asignación de las plusvalías de la recalificación del suelo a fondos públicos.
* Eliminar las figuras del convenio urbanístico y del agente urbanizador
* Racionalizar mediante planes de ordenación territorial rigurosos el crecimiento a escala regional,
* Hacer responsables económicos directo a los cargos públicos que aprueben planes u obras ilegales, y a los técnicos que las informen favorablemente.
*Ecologistas en Acción, Castilla-La Mancha 10 de abril
Encuesta electoral: el urbanismo y la gestión corrupta lo más grave para los mallorquines
Diario de Mallorca* : "Construcción y corrupción son los problemas de mayor gravedad a que se enfrenta Balears. La mitad de los habitantes de Mallorca colocan en cabeza de sus preocupaciones el "excesivo desarrollo urbanístico" y la gestión política corrupta. Ambos asuntos se sitúan a considerable distancia de clásicos como inmigración, terrorismo o paro. Así se desprende de la encuesta de Grup Marest para Diario de MALLORCA, que complementa la intención de voto con una radiografía del estado de opinión ciudadana.
A juzgar por el sondeo, cabe hablar en puridad de un auténtico clamor contra el urbanismo desenfrenado. El 82.6 por ciento de los mallorquines creen que la isla padece "un exceso de construcción". Esta percepción masiva desborda a cualquier sospecha de inducción mediática de una toma de postura, y sobrepasa también las posibilidades argumentales de una campaña política. Desde la oposición a la guerra de Irak no se obtenía un resultado tan unánime sobre un asunto de actualidad.
Sólo un 15.5 por ciento de los encuestados -uno de cada siete mallorquines- considera por el contrario que la invasión de cemento resulta asumible. Si se compara ese porcentaje con los apoyos electorales prometidos al PP, se concluye que dos de cada tres votantes de la marca conservadora se declaran también abrumados por el auge de la construcción, que ha convertido a Mallorca en la isla más poblada y con mayor número de viviendas del Mediterráneo.
Los casos de corrupción política -protagonizados mayoritariamente por el PP, aunque sólo sea por su preponderancia en las instituciones- también constituyen una preocupación transideológica. El fenómeno viene simbolizado por el caso Andratx, que no ha sido nombrado explícitamente en la encuesta. Sin embargo, el sesgo de la opción mayoritaria sirve como indicio, para calibrar el peso del escándalo en la localidad mallorquina sobre el resultado de las elecciones autonómicas.
En el ámbito mallorquín, tres de cada cinco encuestados consideran que ni el Govern ni el PP que lo sustenta han actuado correctamente frente a la corrupción. Dado que sólo un 26.9 por ciento se felicitan por la gestión de esos escándalos, resulta que la mitad de los votantes conservadores definidos como tales no aprueban explícitamente a su partido en este terreno.
A partir de estas consideraciones, no puede extrañar que uno de cada tres mallorquines señale al desarrollo urbanístico como el problema más acuciante de la isla, ni que uno de cada cinco apunten hacia la corrupción. Se observa aquí una dislocación con los asuntos que absorben al resto de España. El Govern obtiene otro suspenso estrepitoso en el campo de la inmigración. A cambio, los encuestados de Mallorca valoran positivamente su política sanitaria. También es aprobada, con un 56.4 por ciento, la política de carreteras "del Govern y el Consell".
*Diario de Mallorca - Palma, 10 de abril de 2007
Foto: Andratx /guides
El informe del PE subraya los conflictos medioambientales del urbanismo en la Comunidad de Madrid
EUROPA PRESS* : " El informe que debatirá mañana la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) subraya los conflictos medioambientales del urbanismo en la Comunidad de Madrid, tras la visita que realizaron dos de sus miembros el mes pasado a Torrelodones y Galapagar, además de Comunidad Valencia y Almería. El informe del Parlamento Europeo indica que la evolución urbanística en Madrid ha traído consigo, al igual que en otras regiones de España, "acusaciones de prácticas ilícitas y predatorias y denuncias de corrupción".
No obstante, en todo momento subraya que la situación es mejor que la de la Comunidad Valenciana.
"La Comunidad Autónoma de Madrid no ha sido inmune al proceso urbanístico, todo lo contrario. El auge de la economía española durante los últimos 20 años ha supuesto una afluencia masiva de personas procedentes de muchos países europeos y del resto del mundo. Esta creciente afluencia ha dado lugar asimismo a la formación de un importante sector de la población urbana que ha adquirido una segunda vivienda alejada del ruido de la ciudad, en las hermosas estribaciones de la Sierra de Guadarrama", señala el texto.
Y añade, que los promotores se han dado prisa en aprovechar la oportunidad que esta situación brinda y los ayuntamientos se han visto obligados a reconsiderar sus planteamientos urbanísticos para atender las necesidades de las próximas décadas.
La Comisión de Peticiones subraya que no pudo visitar Rascafría, localidad sobre la que se le había facilitado documentación relativa a la urbanización de una zona de protección especial con arreglo a la Directiva sobre aves.
El informe relata que, a diferencia de la situación en la Comunidad Valenciana, las principales preocupaciones de los peticionarios que participaron en la reunión previa a la visita en Madrid se centraron en la falta de respeto por el medio ambiente, incluidas las zonas de protección especial, y en los problemas vinculados al acceso adecuado a los servicios de suministro de agua y aguas residuales en estas.
REUNIÓN SUPERFICIAL PERO UTIL
"Afortunadamente, la delegación pudo celebrar una reunión con el Consejero de Presidencia y responsable de urbanismo de la Comunidad Autónoma de Madrid, Francisco Granados", subrayan los eurodiputados en el informe mañana a debate. No obstante, creen que "el intercambio de puntos de vista con él fue más bien superficial, aunque en todo caso útil, en la medida en que permitió a la delegación conocer las prioridades y los procedimientos de la región en relación con el medio ambiente y los derechos de los propietarios de terrenos, con cuyo respeto el consejero dijo estar personalmente comprometido".
El texto mantiene además que Granados informó a la delegación de que el plan de Torrelodones se ha retirado de momento y que el de Galapagar está pendiente de recibir aún la aprobación final. Asimismo, recuerda que el consejero de Presidencia sostuvo que "los procedimientos de designación de los agentes urbanizadores se basan en las Directivas comunitarias".
En la Comunidad Autónoma de Madrid "se abonan indemnizaciones a los propietarios de terrenos afectados por los proyectos de urbanización basados en recalificaciones, a diferencia de lo que sucede en la Comunidad Valenciana", indica el informe.
En Galapagar, la delegación se reunió con el alcalde y varios concejales, a quien pudo expresar sus preocupaciones urbanísticas, sobre todo, la relativa a los lugares de la red Natura 2000 situados a lo largo del cauce del Guadarrama y al problema del tratamiento de las aguas residuales. Asimismo, los eurodiputados manifiestan que el alcalde, José Luis González (PP), consideró que la construcción de 6.900 nuevas viviendas a lo largo de los próximos quince años, es una cifra sostenible y no desproporcionada para la población actual.
"La delegación quedó satisfecha con las explicaciones del alcalde, que contrastaban con el planteamiento adoptado por las autoridades valencianas con las que se había reunido previamente", recoge el informe.
En este punto, subrayan que el Ayuntamiento ha decidido actuar, de aprobarse el plan, sin intervención de un urbanizador, por no considerarlo necesario, aunque asegura que en todo momento se ha prestado plena atención a la evaluación de impacto ambiental. En este sentido, el informe se hace eco de 16 informes sectoriales distintos, entre cuyos temas se incluye el posible impacto en el parque regional del Manzanares y en la cuenca del Guadarrama.
"El alcalde comunicó que en el registro municipal constaban 12.201 alegaciones al plan que contaban con el apoyo de 1.691 signatarios. Las objeciones se dividían en 63 categorías distintas. A su juicio, para una población de 33.000 habitantes, este número de objeciones no era sorprendente", plantea el informe.
Según informó a la delegación, en casi tres cuartas partes del término de Galapagar se aplican medidas de conservación que se respetarán.
TORRELODONES
Respecto a la visita a Torrelodones, los parlamentarios la califican de "sumamente útil e informativa", pese a que su relevancia era menor toda vez que el proyecto urbanístico propuesto, que preveía la construcción de un campo de golf y de unas 1.500 nuevas viviendas en una zona de protección especial, se había retirado. "Pese a lo cual existe el temor de que resucite tras las elecciones de finales de mayo", añaden.
En una reunión pública, la delegación comparó y contrastó las explicaciones dadas por el alcalde de Galapagar con los sentimientos expresados por un gran número de vecinos. "Se pronunciaron dieciocho declaraciones, algunas de las cuales incluyeron serios comentarios sobre proyectos urbanísticos en localidades próximas como El Escorial", dice el texto de la Eurocámara.
CONCLUSIONES
Una vez analizada la situación urbanística en Valencia, Andalucía y Madrid, la Eurocámara concluye que "en ningún otro país de la UE se han violado de tal modo y en tal magnitud los derechos de propiedad de los ciudadanos, ni se han recibido peticiones sobre este tema de ningún otro Estado miembro de la UE". "El motivo de preocupación más parecido se localiza en los Estados miembros del antiguo bloque oriental y se refiere a la restitución de los inmuebles confiscados durante los regímenes políticos previos a su adhesión a la UE", apunta.
La Comisión de Peticiones subraya que abordó este tema "sabiendo que sus propias responsabilidades son relativamente limitadas con arreglo al Tratado" y que corresponde a las comunidades autonómas y a nacionales españolas, al igual que la obligación política y jurídica de corregir este abuso tan ampliamente percibido, "si es preciso a través de los tribunales".
*EUROPA PRESS - MADRID, 10 Abril
Foto: Torrelodones /20minutos.es
Vivienda: ¿derecho fundamental o inversión?
ManuelMoralesGarcía*.- Diario de Avisos** : "Dice el artículo 47 de la Constitución española que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada” y que “los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación... ”. Sin embargo, es evidente que todavía hoy existen derechos fundamentales de las personas consagradas en la Carta Magna, que en absoluto han sido desarrollados por los poderes públicos, que han dejado en manos del “libre mercado” un tema tan importante como es el derecho fundamental a la vivienda.
La vivienda es algo más que una cosa, es algo que está estrechamente ligado a la idea misma de dignidad de la persona, algo que va a centrar el área de la intimidad y el lugar donde ha de desarrollarse la vida personal y familiar.
La vivienda es la adquisición más importante para la vida de una persona o familia, meta de sus ahorros, que va a comprometer la capacidad económica de sus miembros durante décadas.
Sin embargo, constantemente oímos por los medios de comunicación, los precios tan alarmantes que la vivienda, bien de primera necesidad, ha alcanzado en los últimos años. Es una realidad constatada que en los últimos cinco años se ha duplicado el precio de este bien necesario.
Nos encontramos en un momento en el que por una vivienda de segunda mano, de superficie media comprendida entre 90 y 100 metros cuadrados, de calidad sencilla y ubicada en zonas de nivel socioeconómico medio, se piden precios de 2.700 euros el metro cuadrado (450.000 pesetas el metro cuadrado).
Y esto ocurre mientras los poderes públicos intentan corregir los precios de la vivienda con medidas “de libre mercado”, como son las políticas liberalizadoras en materia de suelo que se apoyan en conceptos teóricos, que reiteradamente muestran su ineficacia.
Se afirma desde el Ministerio competente en la materia, que aumentar la oferta de suelo disponible, traerá como resultado una bajada de los precios de la vivienda por el simple juego de la oferta y la demanda. Pero la realidad constata contrario. Que liberalizar el suelo es una gran noticia para los promotores y constructores que ven ampliadas sus expectativas de negocio, toda vez que consiguen precios más baratos por el suelo, disminuyen los costes de producción y así, manteniendo los mismos precios, su beneficio industrial aumenta considerablemente.
Normalmente, el beneficio industrial de los promotores, sobrepasa como mínimo el 50% del coste total.
La primera de estas medidas que adoptó el antiguo Gobierno de la Nación, tuvo como marco legal la Ley sobre régimen del Suelo y Valoraciones, Ley 6/1998 de 13 de abril, que consideró como suelo urbanizable aquel que no tuviera la condición de urbano o rústico y, por lo tanto, podría ser objeto de transformación en los términos establecidos en la legislación urbanística y el planeamiento aplicable.
Nueve años después de la aprobación de esta Ley, en ningún caso se ha conseguido el objetivo perseguido de abaratar el precio de la vivienda, que no ha hecho más que aumentar hasta máximos históricos al igual que el endeudamiento de las familias a pesar de las continuas advertencias del Banco de España y, hace unos días de técnicos cualificados de Hacienda, sobre los riesgos de un sistema económico basado en la construcción y en la financiación bancaria.
Tradicionalmente, los poderes públicos, al hablar de la problemática del precio de la vivienda, tienden a incluirla dentro de otro concepto más amplio que es “el mercado inmobiliario” y precisamente ahí puede encontrarse el error. Se habla del mercado inmobiliario y de la vivienda como un “totum revolutum” como si uno y otro concepto debieran necesariamente recorrer el mismo camino y suerte. Sin embargo, dentro del mercado inmobiliario hay que distinguir distintos tipos de bienes inmuebles, de distinta naturaleza y usos como por ejemplo el comercial, industrial, de oficinas, residencial, de garajes, etcétera.
Precisamente dentro del que nos ocupa (residencial), existen distintas tipologías como son las viviendas plurifamiliares (pisos), unifamiliares adosadas, unifamiliares aisladas (chalets), apartamentos, etc. e incluso existen distintos tipos de demandas según sea la finalidad de la compra. Así existe en materia de vivienda una demanda de primera vivienda, una demanda de segunda vivienda, una demanda de mejora, una demanda de inversión, etc.
Ante esta situación es un error que las medidas adoptadas por los entes públicos vayan dirigidas sólo al suelo o al mercado inmobiliario en general y no a la vivienda en particular. A nuestro modo de ver, la única política posible es la política intervencionista de los entes públicos en lo que se refiere a vivienda, pero no a cualquier tipo de vivienda ni a cualquier finalidad de compra que la motive, sino sólo y exclusivamente a viviendas de primera necesidad destinada a domicilio y hogar permanente de las personas y sus familias.
Evidentemente los poderes públicos deberán mejorar la actual gestión del importante Patrimonio Municipal del Suelo en dos niveles distintos:
- Interviniendo directamente en la promoción y construcción de viviendas de protección oficial, de promoción pública y de régimen especial y general con destino a venta o alquiler y con precios máximos de venta y renta.
- Fomentando, mediante subvenciones suficientes dirigidas a promotores y constructores, la construcción de viviendas de protección oficial de promoción privada, de manera tal que se logre el objetivo de hacer más atractiva la inversión de los promotores y que los márgenes de beneficio industrial sean más razonables sin que ello afecte a los valores máximos de venta o renta que este tipo de viviendas debe tener por Ley.
La actual problemática de la vivienda hace necesario que cualquier política que se precie como tal, y sea del corte que sea, tenga como principal objetivo, (junto con la sanidad), salvaguardar el derecho fundamental a que nos referimos.
Pero más allá de la intervención administrativa referida a viviendas de protección oficial, cuyos destinatarios serán siempre personas con salarios mínimos bajos, hoy el precio de la vivienda ha alcanzado tal magnitud, que es ya un problema para cualquier ciudadano de tipo medio y con un sueldo razonable.
Por ello se debe intervenir el mercado libre de viviendas mediante medidas fiscales y de fomento que preserven la vivienda de primera necesidad de la especulación a la que las reglas del libre mercado nos tiene acostumbrado.
Y que nadie se alarme. Se trata justamente de desarrollar el mandato constitucional en la forma y manera que el propio texto indica, mediante medidas eficaces, dictando normas. Actitud ésta legislativa positiva contraria al libre mercado. No se trata de intervenir todo el mercado inmobiliario, sino de proteger un tipo de vivienda que habrá que definir, para que cumpla su misión de ser digna y adecuada y sólo aquella cuya demanda es la primera vivienda con destino a domicilio y hogar permanente de los ciudadanos.
A la hora de definir que tipo de vivienda es merecedora de protección, se debería tener en cuenta para ello la superficie como dato principal.
Estas medidas de tipo fiscal y de fomento, deben estar dirigidas a canalizar la inversión privada causante del aumento de precios, a otro tipo de productos inmobiliarios (locales, oficinas, naves industriales, etc.) donde especular no sea perverso, sino una opción legítima aunque más arriesgada como por definición lo es toda inversión.
Y es que la demanda de inversión en vivienda es la principal causante de la actual situación de precios leoninos. Es este especial tipo de demanda sobre todo de empresas o de particulares con muchos recursos económicos, la que ha disparado los precios hasta límites inimaginables, puesto que la realidad constata que la mejor inversión, la más segura que hoy se puede realizar, es la compra de viviendas para revender incluso antes de ser entregadas, o para destinarlas a alquiler ya que además de generar rentas, genera plusvalías, e incluso supone un ahorro de tipo fiscal sobre todo si por motivo del especial régimen económico y fiscal de Canarias hacemos una dotación a la reserva de inversiones (RIC). Es éste el problema y no otro.
Es obligación de los poderes públicos evitar precisamente que la mejor opción de los inversores sea la vivienda de pequeñas dimensiones, simple y llanamente por el efecto perverso que produce en los precios que se ven obligados a pagar aquellas personas que no pretenden invertir, sino adquirir una vivienda digna que será destinada a domicilio y hogar permanente.
Se podrá decir que éste también es un planteamiento teórico. Efectivamente lo es, pero necesita de decisiones valientes de los poderes públicos que no contentarán a quienes se vean beneficiados por la situación actual y no de decisiones absurdas como la del Gobierno de Canarias de principios de 2006 que aumentó aun más el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales que pasó del 6 al 6,50% y el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados que paso de 0,50 al 0,75%. Estas medidas aplicadas a la generalidad de las personas y familias sin tener en cuenta los salarios e ingresos de las mismas, no van en la dirección del mandato constitucional sino justamente lo contrario.
Hablamos de decisiones eficaces, como aumentar la fiscalidad de las operaciones de compraventa de viviendas cuya finalidad sea la inversión hasta tal punto que haga inviable la inversión misma. Se trataría de aumentar los tipos de gravamen en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para este tipo concreto de inversión inmobiliaria especulativa y mantener, o incluso bajar, los tipos de gravamen cuando la demanda sea de vivienda de primera necesidad.
Probablemente, los inversores dirigirían sus ahorros a otros usos inmobiliarios como los locales comerciales, las oficinas, las naves industriales, las viviendas suntuosas, etc. o bien dirigirían sus ahorros a operaciones bancarias o de bolsa, propiciándose así una menor demanda de vivienda que incidiría directamente en el precio de las mismas.
Por otro lado, en la situación actual de precios de las viviendas, existe otro dato alarmante. La bajada de los tipos de interés en los préstamos hipotecarios de los últimos años propició un aumento ficticio de la capacidad de compra de los individuos que ha aumentado la demanda y consiguientemente los precios de la vivienda.
Sin embargo, este aumento de la capacidad de compra no se correspondió con un aumento de los ingresos por razón del trabajo, sino por una política bancaria de tipos de interés bajos que incitaba a tomar la decisión de comprar viviendas necesarias a precios abusivos sólo porque en aquel momento se podía hacer frente a una cuota hipotecaria mensual contratada a 30 o 40 años y con tipos de interés variables.
Ante esta situación ¿se imaginan los poderes públicos qué ocurriría en este país, si los tipos de interés bancarios siguieran aumentando como lo ha hecho el Euribor 16 veces consecutivas, producto, de un momento de recesión económica o por una situación de crisis internacional motivada por una guerra alegremente consentida como las que ya conocemos tanto? Ni más ni menos que miles de familias perderían su hogar.
Razón por la cual procedería también intervenir administrativamente en la política crediticia de los bancos en lo que se refiere a financiación para la compra de primera vivienda que se destina a domicilio y hogar permanente de las personas y familias, bien con subvenciones, o bien con tipos de interés subsidiados por los entes públicos, de forma que una subida de tipos de interés no repercuta en este concreto tipo de viviendas.
Paradójicamente en cualquier Comunidad de Estado español existen miles de viviendas desocupadas que ni siquiera se destinan a alquiler, mientras una parte de la población carece de ella, siendo esta situación la contraria a la prevista por el texto constitucional. También en este aspecto se debería intervenir con medidas fiscales gravando a los propietarios que no colocan estos inmuebles en el mercado y favoreciendo a aquellos que sí lo hacen.
En definitiva, las reglas del libre mercado han demostrado ser ineficaces para influir en los precios de la vivienda y, por tanto, deberán ser medidas fiscales, de fomento e intervencionistas las que intenten paliar este preocupante panorama.
Ayer tuve conocimiento de una compraventa en Barcelona de un piso céntrico cuyo precio fue de 90.000 euros (14.974.740 pesetas). Habría que aplaudir a este propietario, o levantarle un monumento en las Ramblas de Barcelona, si no fuera porque la vivienda en cuestión medía 12 metros cuadrados de superficie construida. Si, han leído bien, 12 metros cuadrados que son 10 de superficie útil.
*Manuel Morales es agente de la propiedad inmobiliaria
**Diario de Avisos - Tenerife, 10 de abril de 2007
El alcalde de Foz redobla su desafío a la Xunta y convalida las licencias denunciadas
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ArcadioSILVOSA.- EL PAÍS- Galicia* : "El alcalde socialista de Foz, José María García Rivera, redobló ayer su desafío a las directrices urbanísticas de la Consellería de Política Territorial. Tras negarse a anular 40 licencias para construir 1.350 viviendas, por las que la Xunta ha entablado un proceso contencioso-administrativo, el alcalde reunió a su junta de gobierno y acordó convalidar esos permisos para dotarlos de "seguridad jurídica". "Hoy es un día grande para el equipo de gobierno", proclamó un exultante García Rivera, enfrentado a una consellería dirigida por sus compañeros del PSdeG.
El alcalde recurrió a la ley que regula el régimen jurídico de las administraciones públicas para convalidar unas licencias que Política Territorial considera "nulas de pleno derecho". El artículo 67 de la citada ley, según explicó el alcalde basándose en informes del secretario municipal y de una consultoría externa, establece que las administraciones pueden convalidar los actos anulables "subsanando los vicios de que adolezcan". Las licencias fueron otorgadas en una comisión de gobierno celebrada el 29 de marzo de 2006, justo unos días después de que se hubiera acordado la suspensión de permisos de construcción para evitar, según Rivera, la presión urbanística sobre este municipio. La Dirección Xeral de Urbanismo sostiene que se infringió el ordenamiento jurídico e instó al ayuntamiento a decretar a su nulidad.
Desde el primer momento, el alcalde tan sólo admitió la existencia de un error administrativo que se comprometió a subsanar, aunque nunca decretó la nulidad interesada por Urbanismo, con lo que se llegó al contencioso planteado por la Xunta. Mientras tanto, la mayor parte de las construcciones continuaron adelante. Pero el quipo de gobierno, con mayoría socialista, esperó a que concluyera el plazo de suspensión de licencias y convocó para ayer una junta de gobierno extraordinaria en la que acordó la "convalidación" de los actos anulados, que, dijo el alcalde, "eran anulables, pero nunca nulos de pleno derecho". Política Territorial no quiso pronunciarse sobre la decisión del gobierno local de Foz a la espera de recibir oficialmente el acuerdo de convalidación.
García Rivera espera ahora que la Administración autonómica no continúe con el contencioso y presumió de que su forma de gobernar es "transparente y ética". Entre las licencias convalidadas se encuentran las que autorizan un hotel de 14 habitaciones propiedad de la familia del alcalde. En este caso, Rivera exhibió el acta donde se recoge que se "ausentó y abstuvo" de la votación. "Estaría preocupado", señaló el alcalde, "si me hubiera otorgado licencias como hicieron alcaldes del PP". "El Partido Popular", añadió, "tiene problemas con el urbanismo por todas partes, y se dedica a atacar a un ayuntamiento como el de Foz por un simple error administrativo".
Rivera no se quedó ahí y aprovechó para anunciar que el próximo 26 de abril se celebrará un pleno para aprobar inicialmente el plan general de ordenación municipal, que será, dijo, "el primero que se aprueba en A Mariña".
Precisamente en otro municipio de esa comarca de la costa de Lugo, Viveiro, el grupo municipal popular presentó ayer una denuncia en el juzgado de lo penal contra la junta de gobierno, que integran PSdeG y BNG y preside el socialista Melchor Roel, por una supuesta prevaricación urbanística. El encargado de formalizar la denuncia fue el portavoz y senador popular, César Aja, quien afirmó que este ayuntamiento otorgó cinco licencias para construir unas 300 viviendas por "silencio administrativo" en una comisión de gobierno celebrada el 26 de septiembre de 2006.
Aja y los servicios jurídicos del PP sostienen que se trata de licencias que se otorgaron pese a contar con "informes contrarios", tanto jurídicos como técnicos y de patrimonio, con lo que, indicó, "contravienen toda la normativa, tanto estatal como autonómica".
El portavoz del PP justificó la iniciativa judicial ante la inhibición de la Consellería de Política Territorial y la Dirección Xeral de Urbanismo, a las que se informó de todas las incidencias en el pasado mes de febrero. Las cinco licencias se ubican en la zona de Cobas, la de mayor expansión urbanística de Viveiro en los últimos años, y una de las edificaciones, con unas 100 viviendas, está, según Aja, a punto de concluir.
*ELPAIS.com - Lugo - 10/04/2007
Foto: Vista Foz (Lugo) /lugotur.com
Manifiesto por un nuevo urbanismo en Jerez
*Este manifiesto, que acompañamos, pretende ser una declaración de principios consensuada entre todas las organizaciones sociales que conforman la plataforma ciudadana “Jerez no se vende”. Declaración que trata de ofrecer una critica razonada a un PGOU elaborado por la Gerencia Municipal de Urbanismo, el cual y sin lugar a dudas no responde a las necesidades reales de una ciudad y de una población como la de Jerez. Un PGOU claramente contrario al principio de sostenibilidad medioambiental, y que sólo persigue claros objetivos especulativos en el futuro urbanismo de la ciudad.
El manifiesto que presentamos ofrece un decálogo de actuaciones y principios fácilmente asumible, con el fin de elaborar el PGOU para el este s. XXI.
POR UN NUEVO URBANISMO EN JEREZ.
En estos momentos, Jerez de la Frontera está revisando su Plan General de Ordenación Urbana (P.G.O.U), el documento que establece el modelo de ciudad para los próximos años. Los principios del nuevo plan aspiran a conseguir una ciudad y un urbanismo sostenible, una ciudad más compacta y más densa, una ciudad participativa, una participación equilibrada. Sin embargo, viendo cómo se ha gestado el Plan y quienes lo han hecho, el resultado final no tiene nada que ver con los principios sobre los que se asienta el PGOU.
El nuevo Plan General ha sido elaborado entre los promotores urbanísticos y la Gerencia de Urbanismo, la participación de los ciudadanos ha sido nula. El mercado inmobiliario ha hecho valer sus influencias y las pretensiones del nuevo PGOU son, entre otras, duplicar el tamaño de la ciudad, construir un número disparatado de viviendas (40.000) sin saber para quién, convertir a Jerez en una nueva ciudad litoral, promover el uso del coche privado…El consumo desmedido y voraz del territorio y el crecimiento indefinido vuelven a ser elementos claves del nuevo Plan, a la vez que sigue manteniendo y aumentando los problemas sociales y ambientales de la ciudad, que de nuevo vuelven a ser ignorados. Por lo visto, las pretensiones del Ayuntamiento son vender Jerez.
Por todo esto, creemos que al nuevo Plan General hay que hacerle frente con un nuevo urbanismo, que ponga de manifiesto que Jerez no se vende, y que la ciudad es de los ciudadanos y para satisfacer las necesidades reales de los ciudadanos. Por ello, entendemos que el nuevo Plan debe tener en cuenta una serie de puntos que consideramos imprescindibles para elaborar el PGOU del siglo XXI.
Decálogo para la elaboración de un PGOU del siglo XXI
1.-Un nuevo modelo de ciudad y un urbanismo comprometido.
Las prácticas urbanísticas en nuestra ciudad, necesitan y requieren una profunda renovación. La política urbanística abarca mucho más que “la planificación del ladrillo”. Entendemos que el urbanismo debe abordar los problemas sociales, ambientales y económicos que existen en la ciudad, y darles una solución, teniendo en cuenta que existen unos límites ecológicos y territoriales que ya han sido superados. Además, el urbanismo debe ser un medio para facilitar la participación ciudadana y contribuir a la ecuación cívica.
En nuestra sociedad actual el principal núcleo de convivencia es la ciudad. Frente al individualismo y la competencia instaurada en la sociedad actual, el urbanismo tiene que planificar el medio urbano con el fin de favorecer un modelo de convivencia solidaria y creativa que posibilite la cooperación y el encuentro entre ciudadanos y el desarrollo de la ciudadanía de forma participativa.
Apostar por una ciudad abierta a la diversidad, al intercambio, al respeto, a la tolerancia requiere una planificación urbana que cuente con la gran diversidad de agentes que intervienen en el desarrollo del medio. Es fundamental para lograr estos objetivos, anteponer los derechos de la población (derechos a una vivienda digna y asequible, a trabajar en el lugar en el que se ha nacido, a tener una educación y asistencia sanitaria adecuada, a tener espacios de ocio y encuentro,…) a los intereses de los propietarios de suelo y/o agentes económicos.
2.-Rescatar el valor social de la vivienda.
La vivienda no puede seguir siendo considerada como un bien para negociar y especular, tiene que dejar de ser un activo económico para recuperar su valor social. El nuevo Plan tiene que entender la vivienda para vivir y no para sufragar la política de quienes nos gobiernan.
Las 40.000 nuevas viviendas previstas no están dirigidas a la población de una ciudad donde abunda la precariedad laboral, el paro y bajos niveles de rentas. En Jerez es necesaria una política de vivienda que ponga freno a la especulación, promueva las viviendas de VPO y fomente el alquiler.
3-Un proceso transparente y participativo.
La elaboración de un PGOU debe ser un proceso de participación que favorezca la reflexión profunda sobre el tipo de ciudad a la que se aspira y la intervención de toda la ciudadanía. Para ello se debe garantizar igualmente un proceso de difusión e información suficiente, así como poner en marcha campañas y acciones encaminadas a educar en la participación y especialmente en la participación urbanística. También es necesario un seguimiento y control ciudadano del desarrollo del PGOU a través de órganos de participación, que garantice la coherencia del mismo y su cumplimiento.
4-Repensar el crecimiento.
Jerez no puede seguir creciendo sin control alguno y consumiendo de forma voraz suelo de la campiña y de las vegas, agua de la Sierra de Grazalema, piedras del Guadalete, la Sierra de San Cristóbal y San José del Valle, y energía producida en la térmica de Arcos ¿Cuántas sierras, ríos, vegas y centrales térmicas harán falta para saciar la sed de desarrollismo de Jerez de 2020?
El nuevo Plan General de Jerez debe tener una gran dosis de autolimitación del crecimiento. Los recursos naturales como el agua, el paisaje, el suelo agrícola… son limitados y necesitan de una gestión responsable, medida y equilibrada. Jerez debe invertir el desarrollo a desandar parte del camino andado y apostar por el aprovechamiento de los espacios ya existentes, por la renovación, la rehabilitación, la reconstrucción. Es necesario definir el espacio público consolidando la ciudad existente frente a crecimientos territoriales desmesurados. Como principio básico de sostenibilidad, la reutilización, renovación y reciclaje de la ciudad actual debe predominar frente a la expansión descontrolada.
5-Una nueva forma de moverse por la ciudad.
El modelo de transporte en nuestra ciudad debe plantear poner fin al crecimiento indefinido del coche, invirtiendo solamente en actuaciones encaminadas a ganar accesibilidad a pie, en bicicleta y en transporte público colectivo.
El principio de movilidad sostenible no puede seguir privilegiando al coche, sino que debe potenciar un transporte público que de respuesta a las necesidades de la ciudadanía, rehabilita viales para su uso peatonal de forma equilibrada, y garantice la accesibilidad y la movilidad a los colectivos desfavorecidos (ancian@s, enferm@s, embarazadas…) en la ciudad.
Así mismo, el urbanismo debe fomentar la cercanía y reducir los desplazamientos. Un nuevo plan de movilidad tiene que fomentar la vida en los barrios y evite que la ciudadanía tenga que ir a la periferia para conseguir servicios básicos.
6.-El desarrollo integral de la ciudad.
Un PGOU debe apostar por mejorar y completar la ciudad existente. Los barrios no deben dejar de ser recepcionadores de servicios públicos tanto en infraestructuras básicas como en equipamientos. Un análisis profundo de las demandas y necesidades permite compensar y equilibrar las deficiencias detectadas en el territorio con el fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadan@s.
No se puede aspirar a crear nuevos desarrollos urbanísticos sin antes haber dotado a todos los barrios de la ciudad existente de las dotaciones y los equipamientos básicos.
7-Recuperar la mezcla de usos y actividades de la ciudad mediterránea.
El planeamiento urbanístico debe tener entre sus objetivos el aprovechamiento y conservación de sus recursos naturales y fomentar sus potencialidades desde la óptica de la generación de empleos sostenibles y de calidad.
Igualmente el planeamiento urbanístico debe proponer de forma eficaz la creación de espacios donde se integren usos residenciales y actividades económicas, con el objeto de facilitar la vida en, dirigidas no sólo a la disposición de equipamientos sino también al ámbito laboral. La concentración de las actividades económicas en la periferia de las ciudades y su separación radical de las zonas residenciales contribuye a la pérdida de vida en los barrios y al aumento de la movilidad en coche privado.
8.-Protección activa del patrimonio natural y cultural.
El PGOU debe de proteger y conservar los elementos medioambientales y culturales del entorno, ya sea urbano o rural. Está demostrado que la calidad de los espacios naturales de los barrios contribuye notablemente a mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía.
El suelo agrícola que rodea la ciudad es un recurso de primer nivel por su valor agronómico, cultural, histórico, natural y paisajístico, y no puede ser sembrado de hormigón y destruido por el asfalto. Por ello hay que proteger los enclaves agrícolas que rodean a la ciudad y fomentar el uso agroecológico del mismo.
El río Guadalete debe ser uno de los principales elementos a preservar y recuperar. Se tiene que acabar con el expolio de la vega por las graveras y con el olvido de la sociedad jerezana hacia el río.
9.-Responsabilidad con las generaciones futuras.
La planificación del territorio no sólo desde una perspectiva urbanística sino también social y ambiental, es un proceso con una proyección en el tiempo que no debe olvidar que las actuaciones de hoy pueden hipotecar el futuro de los ciudadan@s del mañana y hacia ell@s debe orientarnos un ejercicio de responsabilidad.
NO HEREDAMOS LA TIERRA DE NUESTROS PADRES, SINO QUE LA PEDIMOS PRESTADA A NUESTROS HIJOS. (Proverbio Masai)
*Ecologistas en Acción de Jerez de la Frontera - Jerez 5 de abril de 2007
Foto: Jerez / Ecologistas en Acción
El Consell aún no ha hecho las fotos aéreas para cazar ‘ladrillazos’
J.L.OBRADOR.- 20minutos- Valencia* : "Cinco meses después, «siguen trabajando» en el álbum que prometieron para diciembre. Iban a fotografiar todo el territorio. Palmo a palmo y desde el aire, así anunció en Les Corts el conseller de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, que iba a controlar su departamento las casas ilegales a finales de octubre del año pasado. Fue entonces cuando fijó un plazo de mes y medio para tener listo un álbum de toda la Comunitat que, a día de hoy, sigue siendo un proyecto.
Así lo indicaron fuentes de la Conselleria a 20 minutos, al ser preguntadas por este material, que fue encargado al Instituto Cartográfico Valenciano. Su objetivo, tal y como señaló el propio conseller, era buscar viviendas y piscinas al margen de la ley.
Pero este álbum, que mostraría 2,2 millones de hectáreas de suelo, no era la única medida anunciada a bombo y platillo por la Generalitat. También se iba a crear un cuerpo especial de inspectores, cuya misión iba a ser recorrer la Comunitat a la caza y captura del infractor. Varios meses después, la Conselleria tampoco sabe nada.
El anuncio se produjo pocas semanas después de que el Consell destapara el caso de Catral, un municipio del sur de Alicante (gobernado por el PSOE) donde afloraron 1.200 casas en suelo protegido y sin licencia. El Consell le retiró las competencias urbanísticas.
Dinos... cómo atajar el ladrillazo
Cuéntanoslo en... e-mail nosevendevalencia@20minutos.es correoXàtiva, 15, 8 A; 46002 Valencia o en www.20minutos.es
Instantáneas en vez de denuncias
Las fotos que aún no tiene la Conselleria de Territorio iban a servir, según anunció el 4 de diciembre, como denuncias policiales. Una vez detectadas las infracciones de los «grandes depredadores», con fotos recientes y antiguas, se pararía, primero, la casa y, luego, pedirían a las compañías que cortaran luz y agua, y el proceso podría acabar en demolición.
Casos sonados
Orihuela: La Fiscalía ha imputado al alcalde, José Manuel Medina (PP), por disfrutar coches y casas de lujo. Lo relaciona con la aprobación de varios planes urbanísticos.
Riba-roja: El PAI de la ciudad deportiva del Valencia, que incluye 2.700 casas, está en el juzgado.
Sueca: Su primer edil, Salvador Giner (PSOE), autorizó, presuntamente, 25 casas en La Albufera. El fiscal le imputa tres delitos.
*20minutos - 09.04.2007
Foto: Orihuela /Martin Röll (Wikipedia)
El Gobierno tiene 610 viviendas sin habitar
EUROPA PRESS* : " El Gobierno tenía a mes marzo 610 viviendas sin habitar, propiedad de cinco Ministerios y de sus organismos públicos, según datos manejados por el Ejecutivo y difundidos hoy por IU-ICV, cuyo portavoz parlamentario, Joan Herrera, dirigió al Ejecutivo una pregunta parlamentaria en la que se interesaba por el número de viviendas de titularidad pública vacías en todo el Estado español.
Según esta formación, en su respuesta, el Ejecutivo precisa que Fomento es el Ministerio que posee más viviendas deshabitadas, con un total de 359 repartidas en varias provincias. Le sigue el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con 148 viviendas, de las que 50 pertenecen al patrimonio sindical acumulado.
En este sentido, IU-ICV recuerda que, de acuerdo con la ley vigente, estos bienes inmuebles deben ser cedidos en uso a los sindicatos y a las organizaciones empresariales sin que puedan destinarse a otras finalidades.
Tras estos dos Ministerios se encuentran los de Economía y Hacienda, con 70 viviendas de patrimonio estatal, Administraciones Públicas, con 32 viviendas procedentes de los extinguidos patronatos de casas de funcionarios civiles de la Administración General del Estado y de la mutualidad general de funcionarios civiles del Estado, y Educación y Ciencia, con un inmueble en el que se ubicaba la Inspección de Enseñanza Primaria y la vivienda del inspector del Ministerio de Educación y Ciencia de Ceuta.
Sin embargo, IU-ICV denuncia en un comunicado que el Gobierno no precisa en su respuesta a Herrera el número de viviendas que en la actualidad se encuentran vacías pertenecientes, por ejemplo, al Ministerio de Defensa y que no fueron declaradas "no enajenables".
A este respecto, el Ejecutivo informa al portavoz parlamentario de IU-ICV que estas residencias desocupadas vinculadas hasta ahora a usos militares serán ofrecidas "en venta mediante concurso o, en su caso, subasta, una vez finalizados los trámites de segregación liberación de cargas y división horizontal".
Según IU-ICV, el Ejecutivo ofrece "sucintas explicaciones" sobre los motivos por los que las viviendas de los distintos Ministerios se encuentran vacías. Así, dice esta formación que sobre las de Fomento señala que es intención de este Departamento dar uso adecuado a las viviendas desocupadas que no se precisen para el cumplimiento de sus funciones, mediante proyectos concretos de colaboración con organismos de las diferentes Administraciones Públicas.
IU-ICV apunta además que, según el Gobierno, la mayoría de las viviendas de Fomento se corresponden con las utilizadas por personal caminero cuya gestión y administración corresponde a la Dirección General de Carreteras.
PARA LA SPA.
El Ejecutivo aclara en su respuesta que 19 viviendas del Ministerio de Administraciones Públicas y la totalidad de las que tiene Trabajo y Asuntos Sociales ya han sido puestas a disposición de la Sociedad Pública de Alquiler (SPA), de acuerdo con los protocolos firmados entre estos dos Departamentos y el Ministerio de la Vivienda.
Sin embargo, IU-ICV denuncia que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no aporta dato alguno del resto de Departamentos, sin especificar si es porque carecen de residencias a su cargo u otros motivos.
*EUROPA PRESS - MADRID, 8 Abril
La revisión de licencias ilegales en Marbella afecta a 6.000 casas
CristinaGONZÁLEZ.- SUR* : "A pocos días de que la comisión gestora cumpla un año al frente del Ayuntamiento de Marbella, los responsables de las distintas delegaciones municipales comienzan a echar la vista atrás para hacer balance de los doce meses de arduo trabajo para poner en orden del caos heredado del gilismo. De todos los frentes, uno de los más difíciles ha sido, y sigue siendo, el urbanismo, donde la legalidad brilló por su ausencia durante 15 años.
Los datos así lo demuestran. Desde agosto de 2006, fecha en que se llevó a la aprobación del pleno la primera tanda de permisos, la gestora ha aprobado la revisión de un total de 140 licencias consideradas ilegales. Todas contravienen de una u otra manera el planeamiento vigente, ya sea por exceso de edificabilidad, por falta de planes urbanísticos o por utilizar el suelo para un uso distinto al que está destinado. En total, estos permisos otorgados por los equipos de gobierno del GIL amparan a 6.676 viviendas, muchas de ellas construidas e incluso habitadas, a ocho centros comerciales y de oficinas, a cinco hoteles, a siete gasolineras y a dos residencias privadas para la tercera edad, entre otro tipo de construcciones.
No serán las únicas a revisar. Según señalaron fuentes municipales, en los dos meses que restan para las elecciones y para el relevo al frente del Consistorio está previsto dar luz verde al inicio del procedimiento para repasar otro buen número de licencias ilegales, con la finalidad última de anularlas y también de forzar a los promotores a negociar compensaciones como salida para regularizar sus viviendas en el nuevo Plan General del Ordenación Urbana (PGOU), en los casos en que sea posible.
'Caso Malaya'
Algunos de estos empresarios tienen nombres y apellidos de sobra conocidos tras su imputación en el 'caso Malaya' contra la corrupción municipal en el Ayuntamiento. No en vano, detrás la revisión de los permisos para construir urbanizaciones o bloques de viviendas en los lugares más inverosímiles han aparecido empresas propiedad de José Ávila Rojas, Emilio Rodríguez, Fidel San Román o Cristóbal Peñarroya, todos ellos imputados en la misma causa.
*SUR Digital - 8 de abril de 2007
Foto: MARBELLA. La revisión de permisos ilegales ha sido constante desde la constitución de la gestora. / JOSELE-LANZA /SUR
