El informe del PE subraya los conflictos medioambientales del urbanismo en la Comunidad de Madrid

EUROPA PRESS* : " El informe que debatirá mañana la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) subraya los conflictos medioambientales del urbanismo en la Comunidad de Madrid, tras la visita que realizaron dos de sus miembros el mes pasado a Torrelodones y Galapagar, además de Comunidad Valencia y Almería. El informe del Parlamento Europeo indica que la evolución urbanística en Madrid ha traído consigo, al igual que en otras regiones de España, "acusaciones de prácticas ilícitas y predatorias y denuncias de corrupción".


No obstante, en todo momento subraya que la situación es mejor que la de la Comunidad Valenciana.

"La Comunidad Autónoma de Madrid no ha sido inmune al proceso urbanístico, todo lo contrario. El auge de la economía española durante los últimos 20 años ha supuesto una afluencia masiva de personas procedentes de muchos países europeos y del resto del mundo. Esta creciente afluencia ha dado lugar asimismo a la formación de un importante sector de la población urbana que ha adquirido una segunda vivienda alejada del ruido de la ciudad, en las hermosas estribaciones de la Sierra de Guadarrama", señala el texto.

Y añade, que los promotores se han dado prisa en aprovechar la oportunidad que esta situación brinda y los ayuntamientos se han visto obligados a reconsiderar sus planteamientos urbanísticos para atender las necesidades de las próximas décadas.

La Comisión de Peticiones subraya que no pudo visitar Rascafría, localidad sobre la que se le había facilitado documentación relativa a la urbanización de una zona de protección especial con arreglo a la Directiva sobre aves.

El informe relata que, a diferencia de la situación en la Comunidad Valenciana, las principales preocupaciones de los peticionarios que participaron en la reunión previa a la visita en Madrid se centraron en la falta de respeto por el medio ambiente, incluidas las zonas de protección especial, y en los problemas vinculados al acceso adecuado a los servicios de suministro de agua y aguas residuales en estas.

REUNIÓN SUPERFICIAL PERO UTIL

"Afortunadamente, la delegación pudo celebrar una reunión con el Consejero de Presidencia y responsable de urbanismo de la Comunidad Autónoma de Madrid, Francisco Granados", subrayan los eurodiputados en el informe mañana a debate. No obstante, creen que "el intercambio de puntos de vista con él fue más bien superficial, aunque en todo caso útil, en la medida en que permitió a la delegación conocer las prioridades y los procedimientos de la región en relación con el medio ambiente y los derechos de los propietarios de terrenos, con cuyo respeto el consejero dijo estar personalmente comprometido".

El texto mantiene además que Granados informó a la delegación de que el plan de Torrelodones se ha retirado de momento y que el de Galapagar está pendiente de recibir aún la aprobación final. Asimismo, recuerda que el consejero de Presidencia sostuvo que "los procedimientos de designación de los agentes urbanizadores se basan en las Directivas comunitarias".

En la Comunidad Autónoma de Madrid "se abonan indemnizaciones a los propietarios de terrenos afectados por los proyectos de urbanización basados en recalificaciones, a diferencia de lo que sucede en la Comunidad Valenciana", indica el informe.

En Galapagar, la delegación se reunió con el alcalde y varios concejales, a quien pudo expresar sus preocupaciones urbanísticas, sobre todo, la relativa a los lugares de la red Natura 2000 situados a lo largo del cauce del Guadarrama y al problema del tratamiento de las aguas residuales. Asimismo, los eurodiputados manifiestan que el alcalde, José Luis González (PP), consideró que la construcción de 6.900 nuevas viviendas a lo largo de los próximos quince años, es una cifra sostenible y no desproporcionada para la población actual.

"La delegación quedó satisfecha con las explicaciones del alcalde, que contrastaban con el planteamiento adoptado por las autoridades valencianas con las que se había reunido previamente", recoge el informe.

En este punto, subrayan que el Ayuntamiento ha decidido actuar, de aprobarse el plan, sin intervención de un urbanizador, por no considerarlo necesario, aunque asegura que en todo momento se ha prestado plena atención a la evaluación de impacto ambiental. En este sentido, el informe se hace eco de 16 informes sectoriales distintos, entre cuyos temas se incluye el posible impacto en el parque regional del Manzanares y en la cuenca del Guadarrama.

"El alcalde comunicó que en el registro municipal constaban 12.201 alegaciones al plan que contaban con el apoyo de 1.691 signatarios. Las objeciones se dividían en 63 categorías distintas. A su juicio, para una población de 33.000 habitantes, este número de objeciones no era sorprendente", plantea el informe.

Según informó a la delegación, en casi tres cuartas partes del término de Galapagar se aplican medidas de conservación que se respetarán.

TORRELODONES

Respecto a la visita a Torrelodones, los parlamentarios la califican de "sumamente útil e informativa", pese a que su relevancia era menor toda vez que el proyecto urbanístico propuesto, que preveía la construcción de un campo de golf y de unas 1.500 nuevas viviendas en una zona de protección especial, se había retirado. "Pese a lo cual existe el temor de que resucite tras las elecciones de finales de mayo", añaden.

En una reunión pública, la delegación comparó y contrastó las explicaciones dadas por el alcalde de Galapagar con los sentimientos expresados por un gran número de vecinos. "Se pronunciaron dieciocho declaraciones, algunas de las cuales incluyeron serios comentarios sobre proyectos urbanísticos en localidades próximas como El Escorial", dice el texto de la Eurocámara.

CONCLUSIONES

Una vez analizada la situación urbanística en Valencia, Andalucía y Madrid, la Eurocámara concluye que "en ningún otro país de la UE se han violado de tal modo y en tal magnitud los derechos de propiedad de los ciudadanos, ni se han recibido peticiones sobre este tema de ningún otro Estado miembro de la UE". "El motivo de preocupación más parecido se localiza en los Estados miembros del antiguo bloque oriental y se refiere a la restitución de los inmuebles confiscados durante los regímenes políticos previos a su adhesión a la UE", apunta.

La Comisión de Peticiones subraya que abordó este tema "sabiendo que sus propias responsabilidades son relativamente limitadas con arreglo al Tratado" y que corresponde a las comunidades autonómas y a nacionales españolas, al igual que la obligación política y jurídica de corregir este abuso tan ampliamente percibido, "si es preciso a través de los tribunales".




*EUROPA PRESS - MADRID, 10 Abril
Foto: Torrelodones /20minutos.es