MiguelFontRosell* : "Cuando un ciudadano, un organismo, entidad u organización cualquiera, requiere de la justicia el que algo no llegue a llevarse a cabo, está pidiendo únicamente eso, que no se produzca un hecho del que aún no se derivan graves consecuencias económicas, sociales o de cualquier otro tipo. Si la justicia lo es, la rápida respuesta evitaría cualquier tipo de consecuencia grave, bien por razones de unos o de otros. Cuando no ocurre así, las consecuencias son catastróficas, y no por la vulneración o no de la ley o por culpa o no de los ciudadanos, sino por la lentitud en impartir justicia, por culpa de ese Poder, cuya dotación presupuestaria le impide obtener los objetivos a los que ha de tender, impartir Justicia.
Uno de los pilares de la democracia, sino el principal, lo constituye la teoría de los tres poderes del Estado y la independencia de los mismos.
En nuestro sistema, para que las cosas funcionen, en puridad, el Estado debe articularse a partir de un poder legislativo, otro ejecutivo y otro judicial, absolutamente independientes uno del otro, sin jerarquías y autónomos en sus cometidos.
El Poder Legislativo lo constituyen el Parlamento y el Senado, donde se confeccionan las leyes, y en definitiva las reglas del juego por las que nos hemos de regir. El Poder Ejecutivo es el gobierno, desde el que partiendo de las leyes, se lleva el timón de la nave del país, tomando decisiones y ejecutándolas, mientras que el Poder Judicial es el que vela por el control de la legalidad, para que todo, y todos, actuemos en consonancia con las leyes aprobadas por el Poder Legislativo. La Constitución ordena toda la trama y el mas alto tribunal, el Tribunal Constitucional, funciona como garante de que el sistema se adapte a nuestra ley de leyes, la Constitución. Como jefe de todo el sistema, aunque en este caso, de forma únicamente representativa, en España, por ser una monarquía parlamentaria, está el Rey, que hace las funciones formales de Jefe del Estado y poco mas. Hasta aquí la teoría.
Considerando que según nuestra Constitución, el poder emana del pueblo y, que en nuestro caso, únicamente se llevan a cabo elecciones al poder legislativo, a través de partidos políticos y de forma poco participativa (listas cerradas, blindadas y organización interna de partidos ajena al procedimiento democrático); la torticera interpretación que en su momento se llevó a cabo sobre el particular, ha hecho que esas elecciones sean la base de la "designación" de los otros poderes, ajenos directamente a ningún tipo de voluntad popular. Así, finalmente, los partidos políticos, en función de la aritmética de los resultados y de una política de alianzas, nombran el poder ejecutivo, de forma totalmente ajena a ningún tipo de voluntad popular, que para nada se ha manifestado a la hora de nombrar al Presidente del Gobierno y en consecuencia a su equipo. "Designado" dicho poder, el judicial se acaba "designando" también en función proporcional al equilibrio o desequilibrio de fuerzas resultantes del poder legislativo, en lo que acaba siendo una mezcla, absolutamente dependiente (la dependencia deriva principalmente de los presupuestos) de la alianza de minorías en el poder legislativo.
En este marco de dependencia, el Poder Judicial, dispone únicamente del presupuesto que le asigna el poder ejecutivo, careciendo de capacidad de decisión en cuanto a su cuantía, presupuesto absolutamente disconforme con los objetivos y necesidades de funcionamiento que exige la independencia y la eficiencia del poder controlador que supone aquel que debería ser mas independiente para el buen funcionamiento del sistema.
Evidentemente, nuestra democracia está ordenada de una forma bastante chapucera y distante del ideal elaborado por Montesquieu, aunque lo peor de todo es que ese Poder, de cuyo buen funcionamiento más dependemos y que constituye la prueba evidente de la buena o mala salud del Estado de Derecho, muy interesado en "equilibrios" políticos, poco hace para que sus necesidades sean atendidas, sobre todo cuando el poder legislativo ha hecho de España un país enormemente garantista y consecuentemente de una burocracia abasalladora (pocos juzgados, pocos jueces, faltos de experiencia, alejados de la realidad, nada permeables, con obsoletas infraestructuras, etc.), limitándose a mendigar cada año, un poco mas de dinero del poder ejecutivo, consintiendo que el sistema sea alterado por el poder predominante (no elegido), y que ellos, y como consecuencia los ciudadanos, seamos los destinatarios de tamaño atropello al sistema.
Como consecuencia, todo el aparato montado para emitir justicia, que debería dar pronta respuesta a los problemas de los ciudadanos, se eterniza y cuando se manifiesta lo hace extemporáneamente, fuera de contexto y gran parte de las veces de forma injusta, desproporcionada, absurda a veces y ajena a las soluciones de los problemas de la vida real.
En esta situación, y con independencia de las realidades más o menos pintorescas de cada ciudad, es en la que hay que centrar los problemas del urbanismo y sus consecuencias.
Cuando un ciudadano, un organismo, entidad u organización cualquiera, requiere de la justicia el que algo no llegue a llevarse a cabo, está pidiendo únicamente eso, que no se produzca un hecho del que aún no se derivan graves consecuencias económicas, sociales o de cualquier otro tipo. Si la justicia lo es, la rápida respuesta evitaría cualquier tipo de consecuencia grave, bien por razones de unos o de otros. Cuando no ocurre así, las consecuencias son catastróficas, y no por la vulneración o no de la ley o por culpa o no de los ciudadanos, sino por la lentitud en impartir justicia, por culpa de ese Poder, cuya dotación presupuestaria le impide obtener los objetivos a los que ha de tender, impartir Justicia.
En Vigo, las pruebas de ello son abrumadoras y los ejemplos abundantes. Como ilustración al caso, vamos a poner como ejemplo, uno de los que actualmente la prensa refleja con mayor asiduidad, los edificios de la calle Jacinto Benavente.
En aplicación del PGOU-93, una empresa solicita la construcción de un importante edificio, reordenando la edificabilidad permitida a través de un Estudio de Detalle, de manera que ocupe menos espacio de suelo a costa de construir mayores alturas, algo permitido por medio de un Plan Especial de Reforma Interior, pero no a través de un Estudio de Detalle, figura urbanística que el concejal de urbanismo de entonces, a través de un dictamen por él confeccionado (¿), recomendaba a los técnicos municipales que estos informasen a través de esa figura y no de la correcta (la inmensa mayoría de las sentencias son debidas a eso). Así las cosas, el recurridor de turno, ejerce su derecho y, con toda la razón del mundo, se opone a que se lleve a cabo tal edificio utilizando tal figura urbanística propuesta (con mayor ocupación y menor altura, pero con la misma edificabilidad, utilizando un PERI, no había problema). Si la justicia hubiese actuado en unos meses, posiblemente el edificio ni se hubiese comenzado, la única indemnización para el Ayuntamiento sería la de costear el proyecto presentado, pedir un proyecto nuevo, conceder una licencia correcta, sacarle los colores al concejal de turno, y aquí paz y después gloria. Al pronunciarse la justicia un porrón de años más tarde, y pedir la ejecución de sentencia el denunciante (¿con qué propósito?), el resultado es el siguiente: Derribo del edificio, 200 familias a la calle, una indemnización a pagar por los vigueses de varios miles de millones de las antiguas pesetas, amenaza de cárcel al alcalde si no ejecuta la sentencia, el causante de todo de rositas y el recurridor subido en un pedestal.
Pero, ¿quién le pedía eso a la justicia? ¿Porqué por la ineficiencia del Poder Judicial, los vigueses (Ayuntamiento), hemos de echar a la calle a cientos de nuestros vecinos y escudriñar en nuestros bolsillos para pagar errores ajenos (del concejal de turno, nadie se acuerda, ni de nada se responsabiliza), mientras que los jueces, en esto no sólo se lavan las manos, sino que si no se ejecuta algo que nadie les había pedido, amenazan incluso con la cárcel, sin responsabilidad alguna por su parte, aunque su decisión nada tenga que ver con lo pedido, mientras la cúpula de su organización, discute si tiene mayoría de conservadores o de "progresistas" en su seno, al amparo de la limosna que cada año le asigna el poder ejecutivo. ¿Hasta cuando?.
El PGOU-93 es un desastre, los responsables de su aprobación otro desastre, la aplicación que el Ayuntamiento ha hecho del Plan otro desastre, etc. Pero aun así, si la Justicia, lo hubiese sido, ahora Vigo sería otra ciudad, sin ilegalidades, sin indemnizaciones, sin derribos, sin irresponsables, sin chantajes, sin recurridores profesionales, sin concejales que se van de rositas, sin amenazas de cárcel a nuestros gobernantes, etc.
¿Poder Judicial?
*Gerente de Aproim
FarodeVigo.es, JUEVES 08 MARZO 2007
El urbanismo y la judicatura ¿Poder judicial?
Riba-roja ligó planes urbanísticos a pagos para "cualquier finalidad de interés local"
LydiaGARRIDO* : "El Ayuntamiento de Riba-roja, que preside Francisco Tarazona, del PP, aprobó varios convenios con promotores en los que condiciona la adjudicación de planes urbanísticos a aportaciones económicas a la Corporación para "cualquier finalidad de interés local". Tarazona ha sido imputado por un posible delito de cohecho junto al empresario que le denunció por esa exigencia. Documentos municipales revelan que la necesidad de un pago para lograr la adjudicación quedó reflejada por escrito. El hecho de que no se especifique el destino concreto de la aportación incumple la Ley de Régimen Local y la LRAU.
La investigación de un posible delito de cohecho por exigir pagos a promotores a cambio de la adjudicación de planes urbanísticos en la que está imputado el alcalde de Riba-roja tiene varias aristas. De una parte, si esos pagos fueran donativos voluntarios, como asegura Tarazona, o comisiones ilegales camufladas. Y de otra, el destino que el Ayuntamiento dio a ese dinero, ya que la ley obliga a especificar el destino de la aportación y justificar su interés local.
La donación en sí misma no es un delito. En este caso, tal como consta en la denuncia presentada por el empresario Vicente Pérez Saura, administrador de Ribalge SL, no sería una aportación voluntaria sino el pago que condiciona la consecución de una licencia.
Pérez Saura explicó a la Fiscalía cuando denunció los hechos el pasado verano que había tenido que pagar 120.350 euros por la adjudicación del programa de actuación integrada (PAI) de Gallipont. Y aseguró que Tarazona llegó a pedirle hasta ocho millones de euros para que obtuviera la adjudicación de otros planes urbanísticos. Su negativa a continuar realizando esos pagos le ha supuesto, asegura, la paralización de todas las actuaciones en las que participa. Tarazona negó la mayor.
Sin embargo, Tarazona dejó constancia por escrito de las exigencias de aportaciones económicas, que él defiende como absolutamente legales, en relación con Pérez Saura y con otras dos empresas promotoras. Los cuatro pagos suponen una recaudación por este concepto de casi 1,7 millones de euros.
Como recogen los documentos a los que ha tenido acceso este periódico, Tarazona firmó con Javier Soler Luján, en representación de la empresa Polígono Mas Valo S.A. un convenio el 1 de agosto de 2003. En él, consta que el convenio se firmaba tal como había sido previamente aprobado en el pleno del ayuntamiento de fecha 30 de julio. Se refiere a la Unidad de Ejecución número 2 del sector Masia de Valo. En el punto quinto se recoge que la adjudicación es provisional y que para que sea definitiva "se condiciona el citado acuerdo a que el urbanizador realice la aportación económica a favor del Ayuntamiento con destino a cualquier finalidad de interés local de 841.416,95 euros".
En ese mismo documento se fija la entrega del aval, un día después de la aprobación en el Diario Oficial correspondiente de la aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento urbanístico, y se especifica el precio al que el ayuntamiento venderá al promotor el metro cuadrado de la zona de aprovechamiento que le corresponda, a 116 euros. Con esta misma empresa suscribió otro convenio en el que el promotor debía pagar 300.506,05 euros.
Otro de los convenios en los que ha quedado constancia de la obligatoriedad de los pagos se recoge en el suscrito en la misma fecha con Jorge David Langa, en representación de Urbanizador Baló Plus S.A. respecto a la Unidad de Ejecución número uno del mismo sector. También se recoge que fue un acuerdo del pleno municipal que condiciona la adjudicación al pago por parte del promotor de 420.710,04 euros para el mismo destino: "Cualquier finalidad de interés local".
Además, otro documento del Ayuntamiento recoge la supeditación del pago de 120.350 euros a favor del Ayuntamiento por el empresario que presentó la denuncia para la adjudicación definitiva del plan urbanístico de Gallipont.
*ELPAIS.com - Valencia - 08/03/2007
Foto: Riba-Roja, víaspecuarias.org
El Puerto de Granadilla y el Estado de Derecho
RamónPérezAlmodóvar* : "Algunos políticos profesionales de Canarias, que sólo se preocupan de seguir en el cargo, años y años, desde la transición, saben también que el Estado de Derecho es otra falacia. Por eso, aunque estén imputados en gravísimos casos de corrupción, por recibir dinero a cambio de licencias urbanísticas, por ejemplo, siguen utilizando todo su poder navegando en un mar de impunidades.
Que la transición sólo fue un traspaso de poderes, con el rey Juan Carlos I atado bien en corto por el Caudillo, es algo que empieza a ser tan evidente como que no existe eso que los teóricos denominan 'Estado de Derecho'.
Es claro el ejemplo que se da a los ciudadanos. Estoy imputado pero no sólo me voy a presentar a las elecciones sino que voy a arrasar es la interpretación de las declaraciones de Miguel Zerolo (ATI-CC) tras conocerse la querella de la fiscal anticorrupción por el pelotazo de Las Teresitas. Políticos así pretenden hacer cómplices de sus presuntos delitos a sus ingenuos, manipulados o desinformados electores. Los que votan a un personaje así de forma consciente viven del clientelismo, de las migajas del reparto del botín, hipotecando el futuro de todos los chicharreros y sumergiéndonos a todos en la corrupción moral –más allá de la política- hacia la que conducen a esta sociedad.
De confirmarse la candidatura de Zerolo a la alcaldía de Santa Cruz, estaríamos ante otra anomalía en una supuesta democracia como fue la candidatura de Dimas Martín tras sus sucesivas condenas. Ya ni siquiera disimulan, porque no hay necesidad de definir este sistema como democrático: hacemos los que nos da la gana, a ver si se enteran. Es la corrupción como valor, como relata Ramón Trujillo (1).
Si además de estar imputados siguen tomando decisiones fundamentales para el futuro de todos los tinerfeños, adjudicando cientos de millones de euros en obras a otros imputados (entre Las Teresitas y Granadilla hay todo un mundo de corrupción) con la necesaria participación de la Banca, es porque deben pensar que, efectivamente, pueden hacer lo que les da la gana, presentarse a las elecciones otra vez y gracias a una inversión multimillonaria en propaganda, bailes y cuchipandas, repetir en el cargo.
Aceptar conscientemente lo que está pasando en Tenerife y en Canarias y quedarse cruzado de brazos sólo contribuye al deterioro de esta sociedad. No se puede permitir que dure más tiempo esta impunidad, este régimen antidemocrático sustentado en una vieja Constitución y en un Estatuto de Autonomía que la mayoría de la sociedad ni conoce ni ha votado. Es inútil esperar sólo a lo que suceda el 27 de mayo, porque el alucinante sistema electoral canario consagra un régimen antidemocrático y deja sin representación a decenas de miles de personas.
Mientras movimientos sociales, organizaciones ecologistas, culturales, deportivas, vecinales, sindicales y hasta empresariales denuncian que detrás de la adjudicación de las obras en Granadilla hay un enorme pelotazo (y se especula con que en realidad será una base de la OTAN para la guerra por el petróleo en que estamos inmersos), mientras es vox populi que el expediente del Puerto de Granadilla está plagado de irregularidades e ilegalidades los funcionarios de la Administración de Justicia no se enteran, igual que los burócratas de la Unión Europea o del Ministerio de Fomento. Deben estar mirando para Antequera. No, no es en Antequera; es en Granadilla. Miren para Granadilla, señores fiscales, y si es que estamos en un Estado donde todavía prevalece el Derecho levanten las alfombras…que debajo está la mierda.
Su pasividad les hace cómplices de un régimen corrupto donde sólo van al talego los que pegan un tirón en la calle. La conservadora Administración de Justicia es producto de la misma transición, por lo que esto sólo tiene arreglo democratizando todas las instituciones y derogando una Constitución antidemocrática redactada en un Parador Nacional.
(1) La corrupción como virtud pública, Canarias 7, 21 de febrero de 2007.
*canariasahora.es, 8 DE MARZO DE 2007
Viñeta: nopuertogranadilla.org
El Alcalde de Níjar imputado por delito urbanístico
E.A.* : "La Sección Segunda de la Audiencia provincial de Almería ha dictado un Auto de fecha 9 de febrero de 2.007 por que el imputa a D. Joaquín García Fernández, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Níjar, D. Manuel Rodríguez Montoya, Concejal de Urbanismo y D. Federico García González, Jefe del Área de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Níjar por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad en documento público.
El origen de los hechos está en la firma del Convenio número 2 de la Normas Subsidiarias, entre el Ayuntamiento de Níjar y el ex concejal D. José Cayuela Carrique.
Este Convenio tiene por objeto que D. José Cayuela Carrique “ceda” al Ayuntamiento una zona verde de 12.100 metros cuadrados de superficie, superior al tamaño de un campo de fútbol, situado en el centro del pueblo de Aguamarga.
A cambio de esta “cesión” de zona verde, el Ayuntamiento de Níjar autorizó a su ex concejal la construcción de una urbanización cuatro veces más grande de lo permitido.
La sorpresa ha surgido cuando puestos a buscar ese enorme solar de 12.100 m2, difícil de ocultar en una barriada tan pequeña como Aguamarga, no aparece.
El ex concejal ha aportado al Ayuntamiento una finca de 12.100 m2 inscrita en el Registro de la Propiedad, el problema es que esta finca no existe físicamente, son dobles inmatriculaciones (incas inscritas dos veces en el Registro de la Propiedad).
Preguntado el Ingeniero municipal sobre la ubicación de esta enorme zona verde ha manifestado que no puede ubicarla porque no existen planos de la misma.
Sobre estos mismos hechos se celebrará, el jueves día 8 a las 10 de la mañana, juicio oral contra el ex concejal Sr. Cayuela en el Juzgado de lo Penal número 2 de Almería. Se le piden 7 años de cárcel y una indemnización al Ayuntamiento de 1.880.000 €.
Ecologistas en Acción recuerda al PSOE que el Secretario de Organización, D. José Blanco, prometió públicamente que el PSOE no presentaría a las elecciones a personas imputadas en delitos urbanísticos.
*Ecologistas en Acción, Almería 6/03/2007
Foto: faro Cabo de Gata
¿Falla el mercado o fracasan las políticas?
ANTÓN COSTAS* : "España ha sido el país europeo que más viviendas nuevas ha puesto en el mercado durante los últimos cinco años, un número mayor que toda la vivienda construida en Francia, Alemania e Italia juntas. En todo caso, una cantidad superior a la demanda procedente de la formación de nuevos hogares, contando con la inmigración. Sin embargo, cada vez es mayor el número de personas que tienen dificultades para acceder a una vivienda.
Como señalé en el artículo de ayer, si hoy tuviesen que comprarla contando sólo con los recursos provenientes de los ingresos del trabajo y de las prestaciones sociales (desempleo y pensiones), aproximadamente el 25 % de la población estaría en esa situación. Esta dificultad la sufren ya los hijos de las clases medias. Ante esta situación, la pregunta surge de inmediato: ¿falla el mercado o fallan las políticas?
Una economía que ha sido capaz de poner en el mercado ese volumen de viviendas nuevas no puede ser un mercado donde el volumen de oferta es rígido. En todo caso, el problema de la oferta está en la tipología de la vivienda que se ha construido (superficie inadecuada y régimen de propiedad en vez de alquiler), en la localización y función de muchas de ellas (viviendas no principales utilizadas como segundas residencias en la costa y en parajes del interior y de la montaña) y en los precios (astronómicos en relación con las rentas de los colectivos más débiles).
Pero en esa inadecuación de la oferta han tenido mucha influencia las políticas públicas. Por un lado, por la inacción de los poderes públicos en la promoción de vivienda adecuada para estos colectivos. Probablemente algo ha tenido que ver la espectacular mejora de las condiciones financieras del crédito a la vivienda (bajos tipos de interés y alargamiento del plazo de la hipoteca) que se produjo con la entrada en vigor del euro a finales de la década de 1990. Esas condiciones crediticias hicieron creer a nuestros gobiernos que el mercado por sí solo era capaz de suministrar independientemente vivienda a todo aquel que la demandase, independientemente de su nivel de ingresos. La famosa frase de Francisco Álvarez-Cascos afirmando que si los precios subían era porque la gente podía comprar reflejaba esa política de laissez faire. ¿Para qué actuar desde la política pública si el mercado era eficiente?
Llevados también por esa creencia, muchos ayuntamientos se dedicaron a desarrollar lo que podríamos llamar un urbanismo fiscal; es decir, a obtener ingresos con el planeamiento urbanístico y con la venta del suelo público donde deberían haberse construido viviendas de protección oficial a precio asequible para la gente con escasos recursos o directamente pobres, para financiar (en los casos de mayor honestidad) otros equipamientos sociales, como polideportivos y todo tipo de mejoras y eventos.
Por otra parte, las políticas de vivienda estatales no han tenido, en general, el objetivo de mejorar la calidad de vida y el bienestar de los pobres y de las familias de rentas bajas. Sus objetivos básicos han sido, en primer lugar, favorecer el acceso a la propiedad de las clases acomodadas; es decir, crear una sociedad de propietarios. En segundo lugar, utilizar la política de vivienda como un instrumento de política económica para estimular el crecimiento y el empleo. Con este objetivo es indiferente para quién sean las viviendas que se construyen.
Hay muchas razones para defender que las políticas públicas incentiven a los ciudadanos a consumir más vivienda de lo que harían si no existiesen esos incentivos. Sabemos que la vivienda hace a las familias mejores padres, mejores ciudadanos y mejores vecinos. Además, se trata de una forma de ahorro que permite a sus titulares afrontar contingencias inesperadas y hacer frente a necesidades relacionadas con la vejez y la dependencia, liberando parcialmente de esa carga al sector público. Sin olvidar que las leyes protegen más la propiedad de la vivienda que otros activos en los que una familia también puede ahorrar, lo que hace de la vivienda un activo más seguro frente a contingencias como, por ejemplo, un posible embargo por impago de una multa.
El problema es que la forma a través de la cual el Estado canaliza este apoyo a la vivienda no favorece a los más pobres. Por un lado, las deducciones en el IRPF por compra de vivienda -el principal instrumento de apoyo a la misma- no tienen efecto directo sobre las familias con ingresos bajos por un motivo muy sencillo: no tienen rentas suficientes que les permitan deducir nada en el IRPF. Tanto es así que muchos hogares no llegan ni al límite de rentas que obliga a declarar.
Además, el precio de las viviendas de protección oficial (VPO) de régimen general o especial, tanto de venta como de alquiler, están por encima de lo que sería el precio asequible que deberían pagar las familias con menores recursos si dedicasen como máximo el 35 % de sus ingresos al pago de la hipoteca o del alquiler. Así, el precio asequible para una familia de rentas bajas en Barcelona en 2004 era de 68.157 euros, mientras que el precio de una VPO de régimen general era de 97.269 euros, y de régimen especial, de 70.146 euros. En los dos últimos años la cosa no ha mejorado.
La conclusión parece clara. El resultado conjunto del urbanismo fiscal practicado por los ayuntamientos, de los incentivos fiscales del IRPF y de la orientación que hasta ahora ha seguido la VPO es lo que estamos viendo: si sólo cuentan con sus ingresos actuales, los hogares de rentas bajas y las familias pobres no tienen capacidad de acceder a una vivienda digna y asequible, ya sea de compra o de alquiler. Esa es la causa de la rebelión de los mileuristas de la que les hablaba ayer.
Actualmente, ya nadie duda de que sin un mayor activismo público en el mercado de la vivienda de protección oficial (especialmente la VPO de alquiler de precio asequible), el problema de acceso para los grupos sociales más débiles irá en aumento. Para lograrlo hay que dar contenido al derecho a la vivienda del que habla nuestra Constitución. Pero el problema que se plantea al llegar a este punto es qué debemos entender por derecho a la vivienda y cómo debemos financiarlo. De eso les hablaré mañana.
*Antón Costas es catedrático de Política Económica de la Universidad de Barcelona.
*ELPAIS.com, Miércoles, 7/3/2007
TRIBUNA: El problema de la vivienda / 2 / ANTÓN COSTAS
Manos Limpias denuncia un nuevo pelotazo urbanístico en Roquetas
A24H* : "El Colectivo Manos Limpias en el Urbanismo de Roquetas de Mar ha señalado que cuando un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) se aprueba, los equipamientos que se han de desarrollar los tienen que financiar los propietarios de los sectores a urbanizar, pero las grandes obras como una carretera, un gran parque, un hospital u otras deben financiarse a cargo de los sistemas generales.
El puente de la Rambla El Cañuelo es una gran obra. Los sistemas generales se deben pagar con el aprovechamiento global de todo el PGOU, con casi todas las parcelas nuevas que se autoricen a urbanizar tienen que financiar estas grandes obras de los sistemas generales.
El Colectivo Manos Limpias quiere denunciar que cuando se aprobó el PGOU de Roquetas vigente la zona donde se quiere construir el macro-puente de la Rambla El Cañuelo era un área marginal, y en la actualidad es la zona que más revalorización económica ha tenido, y donde más metros de techo se han construido. Desde el Colectivo Manos Limpias entendemos que en los sectores de la Rambla El Cañuelo hacia Aguadulce, es donde mayor beneficie económico han obtenido los promotores, ellos deberían haber construido el puente y las demás necesidades viarias dentro de los sistemas generales, y esto no se ha hecho por la mala gestión del equipo de gobierno municipal.
Este puente no tiene más interés para el Ayuntamiento de Roquetas de Mar que beneficiar un futuro pelotazo urbanístico que se dará a 400 metros de distancia del puente y a 300 metros de la rotonda que se quiere soterrar en el centro comercial Gran Plaza. Con el puente de la Rambla El Cañuelo y la futura rotonda soterrada de Gran Plaza se va a revalorizar el pelotazo urbanístico que se está fraguando para los herederos de la empresa Inmaculada Algaida, hoy Predios del Sudeste. El Colectivo Manos Limpias anuncia que en los próximos días ofrecerá más detalles de este pelotazo.
Entre la inversión municipal en la rotonda soterrada de Gran Plaza y en el puente de la Rambla de El Cañuelo el Ayuntamiento de Roquetas de Mar va a invertir en unos 800 metros de distancia alrededor de 5 millones de euros del bolsillo de los roqueteros. El Colectivo Manos Limpias en el Urbanismo de Roquetas quiere denunciar que a pesar de esta gran inversión en un espacio reducido de terreno en los 100 kilómetros de caminos rurales del municipio el Ayuntamiento de Roquetas no se ha gastado ni un euro, y son los agricultores roqueteros los que aportan gran parte de los impuestos municipales de Roquetas.
Para el Colectivo los agricultores de Roquetas son los que pagan siempre los tiestos rotos y alguna culpa tendrá el Ayuntamiento de Roquetas de Mar de los problemas de residuos fitosanitarios, ya que no invierte nada en la limpieza rural, y con una buena limpieza del campo se usarían menos productos fitosanitarios.
Es lamentable el estado de abandono del sector agrario roquetero por parte del Ayuntamiento al no invertir nada en este sector, pues sólo invierte en mejoras y acondicionamientos para grandes proyectos de “sus amigos”.
Además, para el Colectivo Manos Limpias en el Urbanismo, la inversión en los barrios periféricos de Roquetas por parte del Ayuntamiento es también inexistente pese a los grandes ingresos que tienen las arcas municipales roqueteras.
Con la nefasta política del concejal de Urbanismo de Roquetas de Mar, José María González, lo único que se logra es que declare literalmente en el registro de la propiedad de Roquetas con fecha de 18 de agosto de 2003 “que se dirá donde se tomó el acuerdo de aprobación del proyecto” (de Gran Plaza para otorgar a Tomás Olivo los 10.000 metros cuadrados de aprovechamiento urbanístico).
Esta anotación en el Registro de la Propiedad del concejal de Urbanismo sólo tiene tres caminos: enmarcarla en un cuadro para la posteridad; llevársela al Colegio de Registradores de España; o llevársela al fiscal anticorrupción. El Colectivo Manos Limpias en el Urbanismo de Roquetas no pierde la esperanza de que el fiscal anticorrupción vea esta anotación.
*Andalucía24Horas, 06/03/2007
"Burgos No Se Vende"
"Burgos No Se Vende" es una iniciativa ciudadana puesta en marcha por un grupo de personas que vivimos en Burgos. Al igual que muchos burgaleses y burgalesas, creemos que la especulación y los serios indicios de corrupción urbanística en Burgos y su entorno están alcanzando cotas alarmantes. Por esa razón decidimos estudiar más a fondo una serie de actuaciones y planes urbanísticos.
Sabemos que son muchas las personas y colectivos que también están trabajando en este campo o sienten preocupación por aspectos relacionados con vivienda, especulación... en definitiva inquietud por el desarrollo constructivo de la ciudad que planean los poderes políticos y económicos.
Nos dirigimos a estas personas y la población de Burgos en general, con la idea de generar un movimiento ciudadano contra la corrupción urbanística y la especulación, o lo que es lo mismo en defensa de un territorio qué es patrimonio de todos los que habitamos en esta ciudad.
¿Qué tipo de organización es y quién forma parte?
Es una asamblea ciudadana. Es decir está formada por todas aquellas personas que quieran formar parte de ella. Pretende ser un espacio abierto para la reflexión y sobre todo para actuar. Se trata de que las personas que lo formen puedan aportar sus conocimientos y sabiduría. Trabajar desarrollando el tipo de labores que mejor sepa hacer y las que el tiempo y las ganas le permitan.
Forman parte de “Burgos no Se Vende”, todas aquellas personas que han querido involucrarse. Hay gente que proviene de movimientos sociales, vecinales, ecologistas y personas que sin pertenecer a ningún colectivo o grupo encuentran en este tipo de propuesta una formula de participación en la lucha contra la especulación y la destrucción del territorio.
En los últimos tiempos han aparecido en diferentes puntos de Burgos multitud de luchas qué tratan de combatir este modelo de desarrollo urbanístico. Cada caso tiene sus particularidades pero también una serie de aspectos en común: Falta de información, actuaciones con intereses alejados de los ciudadanos, daños al medioambiente, indicios de corrupción. En definitiva operaciones facilitadas por los poderes públicos y que benefician a los dueños del ladrillo y el suelo.
Muchas de estas reivindicaciones han sido silenciadas o manipuladas por instituciones y medios de comunicación de sobra conocidos. Por esta razón es importante qué todos nos incorporemos a una visión global de la ciudad y sus conflictos. Conocerlos y apoyarnos mutuamente. Esto no debe suponer la anulación de colectivos vecinales y sociales existentes en la actualidad. Al contrario, son las personas directamente afectadas las que nos deben informar y proponer las formulas de intervención más eficaces.
Ante la cercanía de las elecciones municipales, es inevitable que surjan voces que nos acusen de estar manipulados por intereses políticos o que directamente nos incluyan dentro de la estrategia de determinados partidos. Nada más lejos de la realidad. Las personas que integramos esta iniciativa entendemos que independientemente de los resultados electorales, los problemas que abordamos han persistido a lo largo del tiempo y seguirán ahí después de las elecciones. Por lo tanto no se trata de hacer política partidista, sino intervenir en las cuestiones qué de forma cotidiana nos afectan como habitantes de esta tierra.
No podemos restar responsabilidad a los políticos que nos “gobiernan”, pero detrás de cada pelotazo urbanístico o caso de corrupción, existen tramas que incluyen a constructores, especuladores del suelo, medios de comunicación... y por supuesto, funcionarios, alcaldes, concejales y un sinfín de cargos institucionales. Son estas redes mafiosas, las que realmente nos gobiernan, y persisten más allá de los periodos electorales.
¿Qué objetivos se persiguen?
La anterior razón nos lleva a pensar que iniciativas como la de “Burgos no Se Vende” deben sostenerse a lo largo del tiempo con varios objetivos:
* Investigar los diferentes planeamientos y actuaciones urbanísticas
Informar de aspectos ocultos o silenciados por los promotores de estos planes.
* Controlar a los poderes públicos que promueven operaciones cuyos intereses responden al beneficio del constructor-especulador.
* Denunciar todos aquellos atropellos que sufrimos como ciudadanos: vivienda, especulación, destrucción del medioambiente, movilidad, corrupción...
* Actuar para tratar de parar operaciones urbanísticas como las que se describen en la campaña informativa.
Burgos 6/03/2007
*Más información "BURGOS NO SE VENDE"
La rebelión 'mileurista'
Antón COSTAS* : "Una incipiente rebelión comienza a recorrer las grandes urbes españolas. Es la de los mileuristas airados, movidos por la dificultad para acceder a un alojamiento digno y asequible. Una rebelión que encontrará nuevo aliento con la proximidad de las elecciones municipales. En gran parte son hijos de las clases medias. Pero prestan su voz a otros colectivos sin capacidad de movilización, para los cuales la vivienda está agravando situaciones personales y familiares de riesgo.
Dentro de ese grupo se encuentran jóvenes, divorciados, familias monoparentales, hogares con un solo miembro, familias sin núcleo, desempleados de larga duración, prejubilados con bajas pensiones, personas mayores en régimen de alquiler, personas con necesidades especiales e inmigrantes. Especialmente aquellas nuevas tipologías de familia en las que sólo entra un sueldo o una pensión.
Esa dificultad para acceder a una vivienda está comenzando a producir efectos sociales indeseados. Los medios de comunicación se hacen eco diariamente de casos de exclusión social por motivos de vivienda, de sobreocupación y hacinamiento, de alojamiento en espacios insalubres e inhabitables y de mobbing inmobiliario.
Pero quizá la patología social más sorprendente es el retraso en la emancipación de los jóvenes, que al afectar ya a los hijos de clases medias da a la vivienda una carga política de profundidad. En mi generación, el 75% de los jóvenes de entre 25 y 35 años vivíamos emancipados, es decir, fuera del domicilio de nuestros padres. Hoy ese porcentaje ha caído al 50%, algo que no tiene comparación con ningún otro país de nuestro entorno.
Probablemente, la vivienda está siendo la señal visible de un malestar más profundo que se está inoculando en las sociedades desarrolladas. Es un malestar cuyo origen está en la pauperización de los salarios y en el empleo precario que la globalización y el cambio técnico están introduciendo en nuestra economía. Es un malestar que, por cierto, me recuerda lo ocurrido a finales del siglo XIX y primeras décadas del XX, cuando la primera oleada de cambio técnico y la globalización trajeron, a la vez, más riqueza y mayor desigualdad.
Por primera vez desde los "felices sesenta", ahora los salarios reales (descontada la inflación) no han seguido la expansión de la economía. Al contrario, han disminuido. Los beneficios del crecimiento se han ido a las rentabilidades de las empresas. De ahí los días de vino y rosas que vive la Bolsa española. Es verdad que se ha creado mucho empleo, pero es un empleo de bajos salarios. Por ese motivo, la participación de los salarios en la distribución de la renta nacional no deja de caer desde principios de la década de 1990, a pesar del aumento en el número de empleados.
Frente a esta depresión de los salarios ha emergido el pico de los precios de la vivienda. De ahí el abismo que se ha ido formando entre lo que ganan los jóvenes y lo que tienen que pagar por la vivienda. Ese abismo es lo que mueve a la rebelión mileurista, una rebelión que, al menos de momento, no va contra las causas del malestar, sino contra una de las consecuencias: la dificultad de acceder a la vivienda.
El ejemplo de Barcelona puede ilustrar la magnitud de ese abismo. La Agencia Tributaria publica la estadística Mercado de trabajo y pensiones en las fuentes fiscales, que nos permite conocer los ingresos laborales, por desempleo y pensiones. Esos datos nos dicen que el 25% de los residentes de Barcelona tenían en 2004 (año más reciente para el que tenemos estos datos) ingresos anuales muy bajos, iguales o inferiores a 6.000 euros. Esta situación ha cambiado poco en 2005 y en 2006.
He de advertir de que la estadística no nos permite conocer si esas personas viven solas o comparten hogar con otras que tengan ingresos adicionales. Pero si transformamos esos ingresos individuales en renta familiar, los datos señalan que en Barcelona existían en 2004 un 25% de hogares con ingresos medios inferiores a 10.000 euros. Si ahora comparamos estos ingresos con los precios de la vivienda comenzamos a comprender las causas del malestar.
Otra forma de ver la gran dificultad con que se encuentran los hogares de menores rentas es calcular el esfuerzo económico que han de hacer para acceder a una vivienda económica. Ese esfuerzo, medido en el número de años que le cuesta a una de esas familias pagar la vivienda utilizando para ello toda la renta anual, era en 2004 de 21 años, frente a 15 años en el 2001. Para las clases medias ese esfuerzo era de nueve años y para las de rentas altas de siete años. De 2004 hasta 2006 la cosa más bien ha empeorado.
Ahora bien, y esta aclaración es importante, eso no significa que todos los hogares comprendidos en ese 25% de rentas bajas o muy bajas no tengan vivienda propia, o no puedan acceder a ella en el futuro. Muchos, entre ellos, los pensionistas o personas mayores prejubiladas o en desempleo, tienen una vivienda en propiedad comprada hace años. Si la tuviesen que comprar o alquilar hoy con las rentas de la pensión o del desempleo les sería imposible. Por otro lado, muchos jóvenes mileuristas reciben ayudan de sus familiares o tienen riqueza para acceder a la vivienda. De hecho, un elevado porcentaje de jóvenes que viven emancipados en Barcelona declaran no pagar nada por alquiler o hipoteca de la vivienda en que viven. Por lo tanto, o la vivienda es de algún familiar o alguien de ese núcleo familiar les ayuda a pagarla.
Lo que dicen esos datos es que de entre ese 25% de rentas muy bajas, aquellos que no tengan vivienda previa, ayuda familiar u otro tipo de ingresos, lo tienen mal si las políticas públicas de vivienda no hacen algo para facilitárselo.
Pero el problema es que las políticas de vivienda, tanto los incentivos fiscales a la vivienda como la vivienda de protección oficial, están dirigidas a facilitar el acceso a la vivienda de las clases medias y altas, pero no tienen efecto directo sobre los hogares de rentas bajas ni sobre los pobres. Comprender por qué ocurre esto es el paso previo para poder diseñar nuevas políticas que posibiliten a los jóvenes el acceso a un alojamiento digno y asequible. Mañana veremos por qué fracasan las políticas.
*Antón Costas es catedrático de Política Económica de la UB.
ELPAIS.com, 06/03/2007
TRIBUNA: El problema de la vivienda / 1 / ANTÓN COSTAS
El concejal de Urbanismo de Calvià deja su cargo por dar contratos a su hermano
P.AGUILO MORA/J.ROSSELLO*: "El alcalde de Calvià, Carlos Delgado (PP), cierra en falso la crisis de gobierno provocada por ecaso Leymen tras mostrarse ayer incapaz de conseguir que su amigo personal y hombre de confianza en el gobierno municipal, Alberto León (PP), entregase su acta de concejal días después de que Ultima Hora desvelara que, tanto León, como el Consistorio, han adjudicado a dedo contratos municipales por valor de 108.550 euros a una empresa administrada por el hermano del edil: Leymen SL.
Según se desprende de un escueto comunicado de prensa remitido por el Ajuntament de Calvià, Delgado no fue capaz de conseguir que León presentase su dimisión como concejal de Consistorio calvianer. Sólo logró que el edil renunciase a seguir gestionando las áreas municipales de Urbanismo y Medio Ambiente que ahora dirigirá la teniente de alcalde de Bienestar Social, Teresa Martorell (PP); quien el próximo 12 de marzo deberá estrenarse en el cargo defendiendo la aprobación provisional de la adaptación del PGOU al Plan Territorial de Mallorca.
Según fuentes del PP de Calvià, Carlos Delgado y el director general del Ajuntament Joaquín Legaza mantuvieron a primer hora de ayer una reunión con Alberto León quien en todo momento se mostró contrario a dimitir. Sólo después de muchas idas y venidas, León, en contra de su voluntad, sólo decidió renunciar al control de las áreas de Urbanismo y Medio Ambiente. Una vez concluida la reunión, rebasado ya el mediodía, el alcalde convocó a todo el equipo de gobierno para comunicar a todos sus miembros que, «por el bien del proyecto», Alberto León debía dimitir. Estas mismas fuentes mostraron su malestar ante la doble vara de medir del alcalde ya que no actuó de igual manera con el concejal Luis Marín (PP) cuando se detectaron irregularidades en los cursos de formación del INEM que éste organizaba.
Desde las filas de UM, el primer teniente de alcalde Isidre Cañellas manifestó ayer que con la renuncia de León «se confirman las sospechas sobre la falta de transparencia en Urbanismo, especialmente desde que Carlos Delgado tiene mayoría absoluta tras el acto de transfuguismo de Joan Thomàs. A la situación actual se suman otros expedientes poco claros y transparentes como la recepción de Nova Santa Ponça o la cesión de una parcela a la familia Nigorra», añadió el portavoz nacionalista. Cañellas también declaró que «quien marca el paso al alcalde es el diario El Mundo. Primero, todo estaba correcto. Cuando El Mundo ha opinado que Delgado debía forzar la dimisión de León, así ha sido», concluyó el edil.
UltimaHora Digital,6 de marzo de 2007
Foto aérea Calviá
Gobierno y oposición se alían en Santomera para construir un resort en zona forestal
*Ecologistas en Acción denuncia públicamente que en el Ayuntamiento de Santomera (Murcia), gobernado por el PSOE, se han puesto de acuerdo los dos partidos que componen la corporación municipal, PSOE y PP, y han decidido recalificar una zona forestal y convertirla en urbana, con el fin de construir un resort de más de 3.500 viviendas y un campo de golf de 18 hoyos. La entidad financiera que está detrás de este proyecto es la Caja de Ahorros del Mediterráneo.
Este resort se añade a un PGOU desmesurado e insostenible, que prevé multiplicar casi por diez la población de Santomera, pasando de 13.000 a 125.000 habitantes, en un territorio relativamente pequeño y sin los necesarios estudios demográficos, sociológicos y medioambientales que justifiquen semejante incremento y prevean las necesarias infraestructuras, servicios y dotaciones colectivas para una población de ese tamaño.
Además, el resort proyectado va a destruir una zona forestal denominada Rincones de Cuadros y una zona de regadío con plantaciones de cítricos que recibe agua del trasvase Tajo-Segura, con un total de más de 2 millones de m2. A esto hay que añadir el despilfarro de agua que conlleva el mantenimiento del campo de golf.
La zona forestal de Rincones de Cuadros es limítrofe con el Coto los Cuadros, amenazado por un proyecto de autovía, y posee ricos valores naturales: cuenta con especies de flora protegidas y es área de campeo de Búhos Reales, Águilas Perdiceras, etc.
La Caja de Ahorros del Mediterráneo ha adquirido estos terrenos forestales a bajo precio, obteniendo un gran beneficio especulativo por su recalificación como suelo urbano. Así es como entiende la CAM su “obra social” y su apoyo a la “protección del medio ambiente”.
En el anexo que acompaña a la aprobación por parte de la Consejería de Medio Ambiente del Estudio de Impacto Ambiental del nuevo PGOM, se dice textualmente:
f) En el desarrollo del Suelo Urbanizable Sectorizado en el paraje denominado “Rincones de Cuadros”, se deberán aplicar normas especiales de protección con el fin de garantizar la conservación de los terrenos de naturaleza forestal existentes en el sector. Para la delimitación de esta zona de terreno forestal se deberá consultar previamente a la Dirección General del Medio Natural.
Ecologistas en Acción va a solicitar de la Dirección General del Medio Natural que se apliquen las medidas necesarias para evitar que la zona forestal de Rincones de Cuadros sea recalificada como suelo urbanizable para beneficio exclusivo de unos cuantos especuladores.
La Coordinadora La Región de Murcia No Se Vende, el Grupo Senderista de Murcia, Ecologistas en Acción de Santomera y la Plataforma Vecinal No a las Cumbres, se darán cita en la ruta senderista organizada el próximo domingo 11 de marzo, para intentar evitar la urbanización del terreno entre la Alcayna y el pretendido trazado de autovía por el Coto de los Cuadros y la Urbanización Santomera Golf Resort en Rincones de Cuadros.
*Ecologistas en Acción, Murcia 6/03/2007
Foto: Ayuntamiento de Santomera
Manifestación contra la violencia urbanística en Granada
Klinamen* : "Varios colectivos y personas de GRANADA, hemos decidido salir a la calle para mostrar nuestro malestar ante el desastre urbanístico que estamos viviendo y padeciendo. Hacemos un llamamiento general para que tod@s salgamos a manifestarnos este 10 de marzo, y demostrar nuestro rechazo a este modelo de urbanismo destructor. Entre tod@s, y con el trabajo en común: ¡Paremos la violencia urbanística!
SI ESTÁS INTERESADO DALE LA MÁXIMA DIFUSIÓN A ESTA CONVOCATORIA
Entre los colectivos que han organizado esta propuesta se encuentran (para
que sirva de referencia, pues el cartel no está firmado por ninguna
organización ya que debe ser una manifestación de todos y todas): Adobe
(arquitectos por el compromiso social), Masa Crítica, Casa del Aire,
Asamblea contra la destrucción del territorio, Vecinos/as de Dilar afectados
por el parque temático, vecinos/as de las Cuevas de San Miguel, vecinos/as
de Monachil afectados por el teleférico, entre otros.
MANIFESTACIÓN PAREMOS LA VIOLENCIA URBANÍSTICA
10 DE MARZO |12.00 HS. | PZA. AYTO.
Las diferentes administraciones públicas (Ayuntamiento de Granada, Junta de
Andalucía, etc.), en manos de los partidos políticos, y los intereses
privados de todo tipo (inmobiliarias, constructoras, bancos, etc.), están
produciendo un espacio metropolitano caracterizado por el crecimiento de los
complejos residenciales, la multiplicación de grandes infraestructuras, la
destrucción de espacios verdes y naturales, la especulación inmobiliaria y
el sometimiento creciente del espacio urbano a los beneficios empresariales
y los movimientos motorizados. De esta manera, nos impiden que nos
encontremos y relacionemos, que usemos las plazas y las calles para
reunirnos, para actuar, para jugar, para vivir.
Se está convirtiendo el centro de la ciudad en un “parque temático”
impersonal y agresivo, donde los diferentes planes de urbanización y
vivienda han ayudado a incrementar en poco tiempo el precio del suelo,
acelerando los procesos especulativos inmobiliarios, amenazando y expulsando
a las poblaciones con menos recursos ("asusta viejas", demoliciones, cuevas
tapiadas, etc.).
Pero este modelo de urbanismo descontrolado y destructor no sólo se ceba con
el centro, sino que extiende sus intereses especulativos y prácticas
demoledoras por todos los barrios: eliminación de espacios verdes (como en
el Paseo de la Bicha y del Salón, árboles de la Av. de la Constitución,
etc.), sometimiento de solares a los intereses privados (privatización -con
escuela de golf incluida- de los equipamientos deportivos de la Chana,
violencia inmobiliaria sobre el Centro Social Ocupado de los 15 Gatos, etc.)
Más allá de los límites difusos de la capital, el panorama metropolitano es
desolador: destrucción de la Vega por carreteras, multitud de innecesarias
viviendas, grandes complejos comerciales e industriales, deterioro de los
entornos naturales y rurales de Gójar-Dilar con la construcción de campos de
golf y urbanizaciones bajo la excusa de Parques Temáticos Medio Ambientales
y Sostenibles; el proyecto del Teleférico en Monachil; en la Alpujarra, el
robo de su agua para el turismo de masas de la costa; la contaminación
visual y atmosférica que supone la fusión de los diferentes núcleos urbanos
y pueblos... y sigue un largo etcétera.
Por todas estas razones, hemos decidido manifestar nuestro hartazgo.
Queremos recuperar el espacio que nos es arrebatado cotidianamente, y
queremos invitarte a que también tú lo hagas. Para ello, la mejor manera que
hemos encontrado es recuperando la experiencia del trabajo en común, entre
tod@s. Juntándonos, discutiendo entre l@s que nos sentimos atacad@s por esta
dictadura del cemento y estrechando lazos. Viéndonos las caras y buscando lo
que nos une. Gritando bien alto ante el desastre ecológico y humano que se
nos avecina, que al urbanismo destructor y especulativo lo decimos: NO
Klinamen.org, 1 de Marzo del 2007
Foto: Granada NO se vende
Una casa o una condena
P.ORTEGA DOLZ* : "De nada ha servido el acuerdo al que ha llegado Ana Botella, concejal de Empleo de Madrid, con la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) para sacar adelante la llamada "Hipoteca Joven del Ayuntamiento de Madrid". De nada, porque los jóvenes de la Plataforma por la Vivienda Digna le han salido al paso diciéndole que lo único que consigue con esas ofertas, que "ayudan a los jóvenes a hipotecarse durante 50 años", es "contribuir a sostener y aumentar los desorbitados precios" de las viviendas. El movimiento por una vivienda digna se inició a través de Internet convocando una sentada para el 14 de mayo de 2006.
Está claro: hay un problema con el acceso a la vivienda, el de un derecho (artículo 47 de la Constitución) convertido en un bien de lujo. Y, como casi siempre, cada problema tiene más de una solución.
Está la opción Botella: ofrecer, a través de la CAM, las mejores condiciones de compra posible. Es decir, financian el 100% del valor de tasación, cuando lo normal es el 80%. O sea, el banco presta todo el dinero (incluido IVA, gastos de notario...) y no es necesario tener un ahorro previo para la entrada. Y el plazo de devolución es de 50 años, cuando lo habitual son 40. O sea, dan 50 años para pagar la casa de su vida. Además, ofrece un interés bajito, menor al Euribor (el que marca el mercado y que no ha dejado de subir en los últimos años), durante los seis primeros meses y, después, el Euribor más un margen (los beneficios del banco) de entre un 0,35% y un 0,85% en función de los riesgos que la entidad considera que asume con el cliente.
Visto por expertos inmobiliarios es una oferta golosa, aunque se puede encontrar también en el mercado en algunas cajas. Visto por los promotores es "un producto muy bueno que no se puede encontrar en el mercado en su conjunto".
Pero la cuestión es que es un producto para comprar no recoge otras opciones para vivir en una vivienda digna. Y, por otra parte, el ayuntamiento, de ese modo, no tiene que invertir un euro en la solución del problema de acceso a la vivienda. Le basta con invitar a las cajas y bancos a hacer sus ofertas, como hizo, y publicitar la que considera mejor. Bien visto.
Sí, bien visto, si la voluntad de los jóvenes fuera comprar. Pero deja de ser una buena oferta y una buena solución cuando huyen de la opción de compra por miedo a "la condena" de la hipoteca, casi vitalicia. "La intervención de la administración debe ir en sentidos radicalmente distintos como limitar la cuantía y los tiempos de retorno de los préstamos hipotecarios, satisfacer la necesidad de alojamiento de las familias con menos recursos, potenciando las viviendas protegidas, y fomentar el alquiler grabando a quienes mantienen los tres millones de viviendas vacías en España, como ocurre en otros países. Además, crear más demanda de compra, implica más especulación y más burbuja inmobiliaria", dicen.
Dos filosofías, dos conceptos. El de Botella, que tiende a perpetuar la tendencia del español medio de tener una vivienda en propiedad, y el de la Plataforma por la Vivienda que busca vivir en un sitio digno sin hipotecarse de por vida.
LA 'HIPOTECA JOVEN'
El banco "lo da todo": 100% del valor de tasación y plazo de devolución hasta 50 años
Interés bajo: Los seis primeros meses el tipo de interés será del 3,75% y, después, el Euríbor más un margen de entre 0,35% y el 0,85%
Sin comisiones: ni de estudio, ni de apertura
*ELPAIS.com, Madrid - 06/03/2007
La mitad de los ingresos del Ayuntamiento de Riba-roja son donaciones de los promotores
ComunitatValenciana.- VoroContreras*: "El Ayuntamiento de Riba-roja aprobó ayer los presupuestos del año 2007 en los que casi la mitad de los ingresos provendrán de las «aportaciones económicas de los agentes urbanizadores para fines de interés local»; es decir, del dinero que entregan de forma voluntaria a las arcas consistoriales las empresas encargadas de desarrollar los proyectos urbanísticos en el municipio. El punto se aprobó con el voto de calidad del alcalde al no presentarse uno de los ediles del equipo de Gobiierno del PP.
Precisamente, el alcalde de Riba-roja, Francisco Tarazona, está llamado hoy a declarar como imputado en el juzgado de Llíria después de que un empresario urbanístico del municipio le denunciase por obligarle a donar dinero al consistorio para acelerar los trámites de varios PAI.
Así, este año, de los 36,5 millones de euros que constan en la partida presupuestaria de ingresos, 16,8 provienen de este «impuesto revolucionario» (como, según asegura la oposición y algún empresario «voluntario», lo califica el mismo equipo de gobierno), mientras que 2,2 millones de euros provienen de la enajenación del patrimonio municipal. El resto proviene de los impuestos y tasas municipales.
De esta forma, alrededor del 46,6% de los ingresos municipales de Riba-roja están donados por los agentes urbanizadores, cifra que si se le añade lo que gana el consistorio con la enajenación del patrimonio, supone que el 53,59% de los ingresos de 200 7 forman parte del capítulo de ingresos patrimoniales. En los presupuestos de 2006, el consistorio ingresó unos 13 millones de euros en este concepto, y en el 2005 alrededor de 5 millones de euros.
¿Cuál es el destino de este dinero Según aseguró ayer antes del pleno el alcalde Francisco Tarazona, «mejorar el patrimonio del Ayuntamiento». Y enfatizó que este tipo de aportaciones son «completamente legales. Lo ilegal es deber dinero a los trabajadores o al servicio de recogida de basuras».
Por su parte, fuentes expertas en administración local señalaron a Levante-EMV que esta vía de financiación permite «eludir la ley urbanística que regula los patrimonios públicos de suelo». Tanto la LRAU como LUV obligan a que el dinero obtenido por la venta de patrimonio público se reinvierta en propiedades municipales y que se destine a la promoción de VPO. Pero al aceptar aportaciones voluntarias «se adscriben a partidas presupuestarias de libre disposición por lo que el dinero se gasta en lo que quiere el ayuntamiento y se distraen los recursos públicos», señalan las fuentes consultadas.
No marca cifras para los donativos
En cuanto a la cuantía de los donativos, Tarazona aseguró ayer que el ayuntamiento no marca ninguna cifra en concreto. «Nosotros firmamos un convenio con la empresa cuando se aprueba el proyecto y ellos incluyen el dinero que nos quieren dar». Como ejemplo, el primer edil señala el PAI de la antigua fábrica Pacadar, donde esta firma construirá 555 viviendas en el casco urbano. «Gracias al convenio, Riba-roja consigue 2.000 metros de plantas bajas, 2.800 para VPO y 200 millones de pesetas en metálico». Otro ejemplo. En los convenios para adjudicación a las empresas Urbanizadora Balo Plus SA, (cuyo consejero delegado era Carlo Cicchela, ex vicepresidente del Valencia CF); Polígono Mas Való SA, (representada por Javier Soler Luján, hermano del presidente del Valencia CF) y la agrupación de interés urbanístico Pla de Quart, (que presidía Cicchella) de la urbanización del polígono Masía de Baló, además de la venta del suelo público (que se hizo sin subasta), también se acordó una aportación voluntaria por cada una de las tres unidades de ejecución del sector, que ascendió a un total de 1,5 millones.
*LEVANTE-EMV, Martes, 06 de marzo de 2007
Lección 1ª de urbanismo canario
FuerteventuraLimpia*: "Somos conscientes de que el urbanismo y la corrupción circulan por caminos paralelos y muchas veces se utiliza terminología muy técnica. Por tal motivo, queremos realizar una labor pedagógica y explicar algunos de los conceptos más utilizados para que nuestros comentarios puedan ser entendidos por todos nuestros lectores, sin que tengan la necesidad de recurrir a un socorrido Master en Urbanismo.
*Ordenar el Territorio: Dícese de la acción tendente a ORDEÑAR el Territorio. Intervienen en la misma varias instituciones, el Parlamento con sus Leyes de Ordeñamiento, el Gobierno con la COTMAC y la APMUN del Cabildo y los Ayuntamientos, todos en compañía de los Empresarios Elegidos.
Se trata de descalificar el territorio para cualquier actividad económica mediante figuras ficticias de protección en la compra a bajo precio de los empresarios elegidos, y luego, tras el paso por caja registradora, recalificar el mismo. El territorio es sacado así a goteo y a un precio RAZONABLE para los intereses de los construgobernantes.
*COTMAC: Organismo para la ORDEÑACION del territorio del Gobierno de Canarias. Se encarga de recalificar el suelo para permitir las acciones de los Empresarios Elegidos.
*APMUN: Agencia consorciada entre el Gobierno y distintas corporaciones. Es el organismo complementario de la COTMAC.
Se encarga de disuadir el uso del territorio por parte de sus legítimos propietarios. Así se consigue que éste sea cedido a los Empresarios Elegidos a un precio módico. Es también un instrumento de PROPAGANDA, cuya función es dar la falsa impresión de que se está luchando contra la ilegalidad. Esto lo consiguen mediante el anuncio de los miles de expedientes que abren a los que construyen un corral de gallinas, los que arreglan o amplían una casa en suelo rústico, los que hacen una pared, un camino, un invernadero. Nunca se meten con los que están en el poder ni con los Empresarios Elegidos.
*ESTRIBILLO:
"EL Zurrón del GOFIO yo lo tengo aquí, el que quiera GOFIO ME LO PIDE A MI."
Interpretación:
-¿Usted quiere usar el territorio, para una actividad de ocio, industrial, residencial?.
-Pues va a ser que NO.
-Yo (Los construgobernantes) somos los únicos que podemos hacerlo.
-¿Quiere vivienda, pídanosla; quiere un recinto para un restaurante, una nave industrial, una granja fotovoltaica, un aerogenerador, etc etc. ?
-Pues señor, yo (construgobernante) soy el titular de todo eso, pídamelo.
Esperamos que ninguno de nuestros pacientes lectores se vean reflejados en nuestra gramática urbanística. Y, sinceramente, hayamos sido al menos tan didácticos como don Casto "el arquitecto".
MÁS INFORMACIÓN: http://fuerteventuralimpia.blogspot.com
*Fuerteventura Limpia, 22 de febrero de 2007
Foto: Mogan
Corrupción en Petra: el caso Son Roca
LibertadBalear*: "Corrupción y Petra son dos palabras a las que los baleares nos hemos acostumbrado a ver unidas. Actualmente el alcalde de este municipio de Manacor, Jaume Font i Massot, del PSM, cuenta con un prolijo historial de presuntas corruptelas en su historia más reciente y cuatro causas abiertas. Son Canals, Son Roca, la ferretería Bonany, el pago de horas extras en negro, subvenciones no justificadas o facturas ficticias son solo algunos ejemplos de las múltiples corruptelas que están teniendo lugar allí.
Lo más llamativo es que todos estos asuntos que han salido a la luz se están quedando empantanados en los juzgados de Manacor o simplemente las órdenes de la justicia son obviadas por la alcaldía y no pasa nada. libertadbalear.com elabora una entrega en capítulos coleccionables de todos los asuntos de corrupción del municipio
Capítulo 1: Caso Son Roca
Son Roca es el caso de corrupción más llamativo del alcalde pesemita, quien está imputado por prevaricación al permitir construir un chalé en zona protegida. La génesis de este caso es la denuncia interpuesta por un vecino de Petra contra el Ayuntamiento y su alcalde por agravio comparativo, ya que mientras él tiene prohibido mover una piedra en su finca del Area Natural de Especial Interés (ANEI) de Son Roca, el primer edil se ha negado a paralizar las obras cercanas en esta área protegida de la vivienda de Miquel Febrer, propietario de varias gasolineras y otros negocios.
Unas obras en las que, en la actualidad, se está edificando una vivienda anexa para el personal de servicio y empleados que se encuentran trabajando desde hace varios meses. De hecho, grupos ecologistas y proteccionistas y la propia asociación de vecinos de Petra hicieron llegar al alcalde su protesta ante la construcción en esta área protegida.
En la denuncia se hacía constar que la casa que se está construyendo el promotor había sobrepasado en un 25 por ciento el volumen de edificabilidad permitido por la Ley de Espacios Naturales del Govern balear. El vecino se dirigió en primer lugar a la Policia Local y a la Guardia Civil. Debido a la pasividad de la policía municipal, el denunciante puso en manos del Consell Insular de Mallorca el asunto.
Con posterioridad, la Comisión Insular de Urbanismo del Consell de Mallorca actuó de oficio, abrió un expediente de infracción urbanística y sancionó con casi 42.000 euros (siete millones de pesetas) al promotor Miquel Febrer, cantidad inferior a los 60.000 euros, tope competencial del Ayuntamiento de Petra.
Fue entonces cuando el denunciante se dirigió al Juzgado número 3 de Primera Instancia e Instrucción de Manacor e interpuso una querella contra Miquel Febrer y contra el alcalde de Petra, Joan Font, del PSM, “por un delito por la ordenación del territorio, un delito contra el Medio Ambiente” y luego también una denuncia al alcalde de Petra por prevaricación. La segunda denuncia pone de manifiesto que el padre del alcalde trabajó en el chalet en una primera etapa y luego contó con la ayuda de su hijo, hermano del primer edil.
Miquel Febrer, según la versión del vecino que los denuncia sólo por agravio comparativo y que no tiene interés en “perseguir a nadie”, aprovecha el periodo electoral y el vacío de poder existente para edificar una construcción anexa a la ya denunciada mansión de Son Roca, que excede aproximadamente en cubicaje más del 32 por ciento de lo ya permitido.
Además, varios vecinos del municipio de Petra han firmado la denuncia que el vecino del ANEI de Son Roca ha interpuesto en el Juzgado. Varios notarios han dado fe de lo que allí se cuenta es la “pura realidad” y que en 2000 no había ninguna mansión ni mucho menos viviendas anexas.
En la misiva, los vecinos se mostraron sorprendidos de que la coalición EU/EV, el GOB, grupos proteccionistas, PSM o PSOE no hayan hecho el “ruido que hacen para otros proyectos”. En una construcción diez veces menor en Petra realizaron una completa “demonización” contra su propietario, a quien no le quedó más remedio que parar las obras.
Situación actual:
El alcalde de Petra, Joan Font i Massot, que ha sido imputado por negarse a paralizar una obra que llevan a cabo miembros de su familia en una zona protegida, ha logrado que el tema esté actualmente embarrancado en la Audiencia Provincial. La defensa (Rafel Parera defiende al promotor e infractor Miguel Febrer Brunet, mientras que el penalista de la UIB, Garcias, defiende al alcalde de Petra) ha pedido que se archivase la causa en dos ocasiones. El fiscal ha decidido que continuara. Ahora mismo estamos esperando la respuesta de la Audiencia antre la tercera petición de archivar la causa por parte de la defensa. El tema está embarrancado en la Audiencia Provincial desde hace año y medio. La instrucción ha terminado. El proceso empezó en abril de 2003.
*libertadbalear.com, 5 Marzo 2007
Lozoyuela, de 1.000 habitantes, planea construir 20.000 viviendas nuevas
EUROPAPRESS* -MADRID: "Ecologistas en Acción ha denunciado que Lozoyuela, un pequeño municipio que tiene 967 habitantes y que está incluido parcialmente en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) previo a la declaración de la Sierra de Guadarrama como Parque Nacional, planea la construcción de 20.000 viviendas nuevas. Así figura en el Avance del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que fue redactado recientemente y "aparece firmado" por la Dirección General de Urbanismo, según informó la organización ecologista.
Por ello, exigió al Ayuntamiento la retirada del documento, por considerarlo "injustificado, sobredimensionado e irracional", y pidió "explicaciones" a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio sobre "su participación en la elaboración de un planeamiento tan descabellado y plagado de irregularidades".
Desde Ecologistas se advirtió además de que "el Avance carece del correspondiente Estudio de Incidencia Ambiental, documento obligatorio y cuya ausencia debería ser motivo suficiente para anularlo".
"El documento está firmado por la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, lo que indicaría que ha sido esta administración la redactora del avance. De ser así, supondría que el documento se ha realizado durante la dirección de Enrique Porto Rey, ex director general de Urbanismo que dimitió por verse salpicado por diversos escándalos urbanísticos en la región", subrayó la entidad.
Lozoyuela está situado al norte de la Comunidad de Madrid, entre la Sierra de Guadarrama y la Sierra Norte, y está formado por tres núcleos de población, Lozoyuela, Las Navas de Buitrago y Sieteiglesias.
La autovía A-1 divide el término municipal en dos zonas y la oeste se encuentra incluida en el ámbito del PORN de la Sierra de Guadarrama, concretamente 998 hectáreas.
Desde Ecologistas en Acción se precisó que "el nuevo Plan General plantea "la duplicación de la edificabilidad en las zonas urbanas de los tres núcleos urbanos y la reclasificación de más de 10 millones de metros cuadrados".
La Comunidad niega la mayor
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha asegurado en un comunicado que "lamenta la utilización de falsedades y el desconocimiento del proceso de creación de un plan urbanístico por parte Ecologistas en Acción, y asegura que en ningún caso se construirán 20.000 viviendas en Lozoyuela".
La Comunidad de Madrid niega haber redactado el Avance del Plan de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio de Lozoyuela. Este documento urbanístico, que supone el primer paso para la creación de un PGOU, ha sido redactado por el Ayuntamiento y se encuentra en fase de exposición pública, explica la Consejería.
La Consejería "lamenta la utilización de falsedades por parte de Ecologistas en Acción para atribuir este documento de ordenación urbana a los técnicos de la Comunidad".
Ecologistas afirma que el avance está firmado por la Dirección General de Urbanismo, "cuando un Avance nunca pasa por ese departamento, lo que denota un profundo y grave desconocimiento del procedimiento de creación de un plan urbanístico", dice la Consejería.
*elmundo.es, lunes 05/03/2007
Foto: entorno Lozoyuela
Proteger el entorno y desarrollo sostenible
JoséR.ORTIZ* : "El Estado, el Gobierno vasco, las diputaciones y los ayuntamientos se reparten competencias, legislan, llegan a acuerdos... y, desgraciadamente, a consecuencia de este 'trabajo' nuestro paisaje se urbaniza a marchas forzadas mientras el precio de las viviendas no deja de subir. Los ciudadanos debemos recordarles que la única justificación de la ordenación urbanística debe ser el interés público consistente en hacer realidad el derecho de todas las personas a acceder a una vivienda digna, y que no están cumpliendo con sus obligaciones porque las recalificaciones de suelo no están al servicio de este interés general sino que se están utilizando como una forma de adquisición privada de las plusvalías urbanísticas.
Debemos denunciar su paradójico comportamiento que les lleva a planificar y a autorizar miles y miles de viviendas (hipotecando el futuro) mientras en Bizkaia la población sigue disminuyendo... y además lo hacen sin atajar la especulación inmobiliaria a pesar de que esta tarea constituye para ellos una obligación legal.
Asimismo debemos rechazar su intento de manipulación cuando aseguran que la excesiva ocupación del suelo será solucionada al sustituir la construcción tipo chalé por el edificio de pisos. Es cierto que la 'cultura de la vivienda unifamiliar y del adosado' consume gran cantidad de territorio y genera modelos urbanos poco funcionales y, por lo tanto, poco sostenibles. Pero lo que ahora se propone desde las instituciones (Getxo, Sopelana, Gorliz, Lemoiz...) no es el remedio. Lo que se propone, a modo de ejemplo, no es sustituir la construcción de diez chalés en 10.000 m2 por la ocupación de 300 m2 con un edificio de diez viviendas dejando el resto del terreno 'libre' (parques, zonas recreativas...). Se fomenta aumentar la densidad con más edificios de pisos ocupando al final todo el suelo (lo que se supone que se quería evitar). Ante este cambio los especuladores, los promotores, los constructores y más de un alcalde se están frotando las manos (aún más) ya que el cambio de tipología de las edificaciones responde sólo a los intereses del mercado. Es evidente: todos ellos van a ganar mucho, muchísimo más dinero. Sólo se conseguirá ocupar menos el suelo no reclasificándolo como urbanizable y, por tanto, no edificando en él.
Ni siquiera los espacios emblemáticos quedan fuera del alcance de esta fiebre urbanizadora. Así, en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, el Gobierno vasco no sólo modificó en 2003 el Plan Rector para dejar fuera de su ámbito 27,8 hectáreas (de las que 14,6 eran zonas de protección) y posibilitar la construcción de chalés y un hotel en Kanala, sino que cuando el TSJ, a instancia de varios grupos ecologistas, ha declarado nulo su decreto, recurre ante el Supremo para continuar con los planes urbanísticos. Este desarrollo actual no puede calificarse como 'sostenible' ya que no asegura el uso racional y sostenible de los recursos naturales, no preserva el suelo no urbanizable, no protege los recursos naturales propios del suelo, y no contempla la rehabilitación (regeneración del patrimonio ya construido y urbanizado) ni la reutilización (uso de viviendas vacías como opción preferente sobre el nuevo crecimiento). Las instituciones han transformado la vivienda en un bien de consumo, de ahorro y de especulación y la han despreciado como bien de necesidad. Y ello es una grave irresponsabilidad con las generaciones futuras, que sufrirán el desarrollismo de la década del 2000 con resultados mucho más devastadores que los de los 60-70 de la dictadura.
*JOSÉ RAMÓN ORTIZ/COMISIÓN JURÍDICA EKOLOGISTAK MARTXAN BIZKAIA
elcorreodigital, Domingo, 4 de marzo de 2007
Detenido el concejal de urbanismo de Alhendín por presunto delito urbanístico
Efe* : "El concejal de Urbanismo del municipio de Alhendín (Granada), Manuel Fernández (PP), ha sido detenido hoy por agentes del Cuerpo Nacional de Policía acusado de un presunto delito urbanístico, según informaron a Efe fuentes del cuerpo armado.
La detención de Fernández se enmarca en la denuncia presentada por el PSOE ante la Fiscalía por diversas irregularidades urbanísticas cometidas presuntamente por el edil en el polígono industrial de Marchalendín, y en una urbanización en construcción.
El pasado 29 de diciembre, el PSOE remitió a la Fiscalía una nueva denuncia sobre el polígono industrial Marchalendín, tras constatar que en éste se seguían ejecutando obras un mes después que fueran paralizadas por orden del Ayuntamiento de Alhendín (PP).
Los socialistas, que instaron en varias ocasiones a la dirección del PP a tomar medidas sobre las presuntas irregularidades urbanísticas en Alhendín, denunció que el proyecto del polígono industrial, que ocupa tres millones de metros cuadrados, se ejecutase sin haberse aprobado un proyecto que permitiese acometer las obras, entre otras supuestas ilegalidades.
*GranadaDigital, 05/03/2007
Foto: archivo
El ladrillo cerca 10 parques naturales
ELPAÍS*: "El urbanismo depredador: Al menos 10 parques naturales españoles se ven acechados por el urbanismo. Hoteles, campos de golf, viviendas, centros de ocio: los promotores inmobiliarios han puesto sus ojos en estos parajes como valor añadido a un turismo que cada vez se dirige más hacia estas zonas ante la saturación del litoral. Las organizaciones ecologistas sostienen que estos proyectos no encuentran el freno que deberían por parte de las Administraciones públicas, e intentan pararlos en los tribunales.
Los Gobiernos de las comunidades autónomas que los han autorizado y las empresas constructoras interesadas en ellos alegan en muchos casos que este nuevo modelo de urbanismo es una forma de luchar contra la despoblación que viven muchas zonas rurales en España.
En varios municipios que bordean las 50.000 hectáreas del parque natural de Cabo de Gata se han proyectado más de 25.000 viviendas
"Es una manera de luchar contra la despoblación", opina el consejero de Medio Ambiente de Castilla y León sobre el proyecto de una estación de esquí
La fauna se resentirá. No sólo por la construcción; también por la avalancha de turistas", dice la asociación Dalma
"Podían haber dicho antes que no se podía construir aquí", lamenta el comprador de una casa en Costa Verde
CASTILLA-LA MANCHA
'Spa' en paraje bucólico
En Los Heros no vive nadie. Sólo algún musgaño de la cabrera -una musaraña acuática de la zona- se baña en las aguas del río Dulce y un buitre leonado sobrevuela su vieja fábrica, una de las primeras en elaborar papel moneda en España. Los Heros fue una antigua pedanía de Sigüenza (Guadalajara) donde vivían los trabajadores de la fábrica y sus familias. El parque natural Barranco del río Dulce es un paraje bucólico que el naturalista Félix Rodríguez de la Fuente plasmó en sus documentales antes de que la zona, unas 8.250 hectáreas, fuese declarada espacio protegido en 2004. Es domingo y no hay ruido de obras. Hace dos años que una promotora inmobiliaria compró la propiedad para instalar en su interior un centro de biosalud: un spa con cafetería, 20 habitaciones de hotel y 40 apartamentos. Las obras de restauración de la fábrica -algo que permite el reglamento del parque- ya han comenzado. Este reglamento aprueba, además, "el establecimiento rústico sobre los conjuntos de edificaciones rurales preexistentes", algo que, para la asociación ecologista Dalma, parte del patronato del parque, "no tiene nada que ver con un spa, con cafetería y hotel". El proyecto está a la espera de recibir el visto bueno de la delegación de Medio Ambiente de la Junta de Castilla-La Mancha, tras la presentación del estudio de impacto ambiental. El parque cuenta con una importante población de aves, águilas perdiceras, alimoches, halcones peregrinos y buitres leonados que sobrevuelan y anidan en la zona. Un territorio donde viven otros animales protegidos como la gineta, el gato montés, el tejón o la nutria. "La fauna se resentirá. No sólo por lo que implica la construcción; también por la avalancha de turistas que traerá", dice Marco Nieto, presidente de Dalma. Rosalía Martínez, administradora de Laymar, la empresa propietaria del terreno, le contradice. "Buscamos clientes que aprecien la naturaleza. Si no, sería matar a la gallina de los huevos de oro", asegura. "En una situación límite tendríamos una población menor que cualquiera de los pueblos de la zona en verano", explica. Teo es vecino de La Cabrera, el pueblo más cercano a Los Heros, que cuenta en invierno con cinco habitantes y en verano con unos 300. Tiene 70 años y trabajó de joven en la fábrica. No quiere que lleguen más turistas. "Estropean todo y arrancan las plantas. Qué les parecería si yo fuese a su balcón y les arrancase los geranios", exclama.
MADRID
Un encinar amenazado
En el parque regional de la Cuenca Alta del Manzanares, una zona que formará parte del futuro parque nacional de Guadarrama, el Ayuntamiento quiere recalificar suelo no urbanizable para edificar 900 viviendas y un campo de golf. Los suelos a recalificar son los encinares de la zona de Torrelodones que el Plan Rector de Uso y Gestión del parque establece que deberían protegerse por su importancia biológica.
CANTABRIA
Urbanización con vistas a parque natural
Urbanización con vistas. Con unas vistas muy especiales. Las ventanas de los 400 chalés de la urbanización Costa Verde, en la zona del Alto del Cuco de Piélagos (Santander), dan al parque natural de Liencres (1.911 hectáreas). La asociación ecologista Arca presentó el pasado octubre un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria contra estas construcciones.
La urbanización es "perfectamente legal", según Miguel Ángel Alegría, teniente de alcalde de Piélagos (PP). Sin embargo, si la sentencia es favorable a los ecologistas, las viviendas tendrán que ser derribadas. Según Alegría, todo se ha hecho según el Plan General de Ordenación Urbana de 1993, que permitía construir en estos terrenos.
El Gobierno de Cantabria ha recurrido el plan parcial de Costa Verde y ha emitido un informe desfavorable a la construcción en la zona. Un portavoz de la empresa subraya que las obras se han hecho ajustándose a la legalidad, tanto local como autonómica. Varios propietarios de las viviendas de Costa Verde han creado una asociación para hacer frente al posible derribo de sus casas. Javier Manrique es uno de ellos. "Estoy preocupado. Podían haber dicho antes que no se podía construir ahí. A mí me parece muy buen sitio para vivir", dice.
CASTILLA Y LEÓN
Osos pardos y esquiadores
La Junta de Castilla y León modificó hace un año el plan de ordenación de recursos del Parque Natural de Fuentes Carrionas y Cobre Montaña Palentina para permitir la construcción de pistas de esquí. Esto dio luz verde a la presentación del proyecto de la estación de esquí de San Glorio. El pasado 8 de febrero, la Junta de Castilla y León anunció que la futura estación es un proyecto de interés regional. Cincuenta kilómetros de pistas, 21 remontes mecánicos con capacidad para 30.000 personas por hora y unas 16 instalaciones hoteleras harán de San Glorio una de las mayores estaciones de España. Las organizaciones ecologistas han dado la alarma contra la construcción en la zona, habitada por una especie en peligro de extinción, el oso pardo.
Para Tres Provincias -la empresa constructora- y para la Junta de Castilla y León, San Glorio traerá prosperidad a la zona. "Es una manera de luchar contra la despoblación", explica el consejero de Medio Ambiente, Carlos Fernández Carriedo. Boca de Huérgano, Velilla del Río Carrión, Triollo y otros pueblos de la zona acogerán los hoteles, viviendas y áreas de servicio, ya que, según la empresa, no se edificará en alta montaña.
San Glorio está a la espera de la presentación del informe de impacto ambiental, que levantaría la última barrera. Sin embargo, varias organizaciones ecologistas han presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León contra el proyecto. "Una estación requiere una serie de servicios, tiendas, aparcamientos... Esto es contrario a la protección del parque", dice Juan López de Uralde, presidente de Greenpeace España.
BALEARES
Ganar hectáreas a la naturaleza
El ex ministro de Medio Ambiente Jaume Matas (PP), tras regresar a la presidencia de Baleares en 2003, como gozaba de mayoría absoluta en el Parlamento, deshizo de inmediato algunas de las medidas de protección que el Gobierno del PSOE y la izquierda habían aplicado entre 1999 y 2003. Matas consideró "confiscaciones" el parque natural de Cala d'Hort de Ibiza y el de la península de Llevant de Mallorca, que fueron reducidos a la mínima expresión, afectando sólo a las fincas de propiedad pública. El Gobierno de Matas pactó ayudas de conservación con dueños de fincas de zonas de interés natural. Así, Matas liberó de su protección unas 22.469 hectáreas en todo el territorio balear.
En Mallorca, Matas anuló una ampliación del Parque Natural de S'Albufera de Muro para no bloquear la construcción de un campo de golf. En la zona cercana a Es Trenc, la playa virgen simbólica de la protección de Baleares, área natural de especial interés, se tramitan varias urbanizaciones, que supondrían un impacto de 5.000 habitantes, sobre 93 hectáreas.
COMUNIDAD VALENCIANA
Humedales en peligro
Los parques naturales del Hondo d'Elx y de las lagunas de La Mata y Torrevieja forman parte de un triángulo de humedales en el sur de Alicante de relevancia internacional. Las lagunas -3.700 hectáreas y cerca de cien especies animales- son víctimas de la presión urbanizadora. En el perímetro de protección del parque proliferan desde hace años nuevas urbanizaciones, y su Plan de Ordenación de Recursos Naturales, ahora en revisión, consolida como urbanizables más de dos millones de metros cuadrados en los alrededores de las dos lagunas. Allí está prevista la construcción de más de 10.000 nuevas viviendas que invaden gran parte del perímetro de protección del parque. Estos complejos esperan la autorización de la Consejería valenciana de Territorio.
También en los alrededores del Parque Natural del Hondo -1.100 hectáreas- se proyecta la macrourbanización Dolores Golf. El Ayuntamiento de Dolores (PP) dio en 2005 el visto bueno a la construcción de más de 2.600 viviendas y un campo de golf en 1,6 millones de metros cuadrados fronterizos con la zona de salinas y carrizales del Hondo. La Generalitat valenciana acaba de paralizar el plan parcial por la falta de documentación necesaria para emitir la declaración de impacto ambiental.
MURCIA
Desprotección de zonas verdes
La Ley del Suelo autonómica de 2001 permitió la desprotección de 15.000 hectáreas de terrenos que el Gobierno socialista había propuesto como zona verde. Así, el Ejecutivo murciano (PP) pudo aprobar por ley una Actuación de Interés Regional mediante la cual proyecta construir Marina de Cope, una nueva ciudad en los municipios de Lorca (PSOE) y Águilas (PP), a semejanza de Marina d'Or Ciudad de Vacaciones. Esta ley fue recurrida por el grupo parlamentario socialista en el Congreso ante el Tribunal Constitucional.
En la finca de la Zerrichera, en la sierra de Almenara, lugar de interés comunitario y zona de protección para las aves, están proyectadas 2.000 casas y un campo de golf. El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Murcia se ha querellado contra cinco cargos del Gobierno regional por autorizar la urbanización. Tras abrir investigación el fiscal, el Gobierno autónomo congeló el plan parcial que permitía las obras.
CANARIAS
Construcciones ilegales
En La Gomera, Ecologistas en Acción denuncia la construcción de un apartahotel ilegal en la finca La Enchereda, en el Parque Natural de Majona (1.757 hectáreas), situado en los límites del Parque Nacional de Garajonay. El hotel ya está prácticamente construido, pero las obras se han paralizado por una denuncia de la Agencia de Protección del Medio Ambiente.
En el parque rural Valle Gran Rey, organizaciones ecologistas advierten del desmonte de una montaña para extraer material para la construcción del nuevo puerto de Valle Gran Rey (1.992 hectáreas). En la zona han proliferado viviendas particulares, autorizadas como cuartos de aperos y reconvertidos en chalés de tres plantas. Además, el lugar de interés comunitario Franja Marina Costera de Mogán, hábitat de delfines mulares y tortugas bobas (Caretta caretta, en peligro de extinción), está en riesgo por la construcción de un puerto deportivo con 492 atraques, un campo del golf y una urbanización.
ANDALUCÍA
Cercos urbanísticos
Más de 411 habitaciones en una mole de hormigón blanca. Es el hotel El Algarrobico, en pleno Parque Natural de Cabo de Gata. Una imagen que se ha hecho famosa como símbolo de la especulación urbanística en España. El Algarrobico será expropiado por el Ministerio de Medio Ambiente. El caso de este hotel no es el único ejemplo del urbanismo que acecha a los parques naturales en Andalucía. Cerca de él, en varios municipios que bordean las 50.000 hectáreas del parque de Cabo de Gata, se han proyectado más de 25.000 viviendas. La mayoría de ellas, unas 20.000, en Níjar, un pueblo de 26.300 habitantes. Organizaciones ecologistas de la zona alertan de que estas edificaciones perjudicarán el entorno. El Ayuntamiento nijareño sostiene que las casas se construirán fuera del parque.
También el urbanismo cerca al que, con 210.000 hectáreas, es el parque natural más grande de España, el de Cazorla. Sus 23 municipios proyectan unas 7.200 viviendas -1.975 dentro de los límites del espacio protegido- en una de las comarcas más despobladas de España. Los 14 municipios que rodean el Espacio Natural de Doñana (104.429 hectáreas) también tienen previsto un fuerte crecimiento. Varios planes urbanísticos prevén la construcción de 48.174 casas en sus bordes. Así, las viviendas en torno a Doñana podrían pasar de 105.440 a más de 153.400 en 16 años.
*Reportaje elaborado con informaciones de Andreu Manresa, Tono Calleja, J. M. Pardellas, Cristina Vázquez y M. R. Sahuquillo.
EL PAÍS - Madrid - 05/03/2007
Foto: Cañón del río Dulce- MARÍA R. SAHUQUILLO
Esperanza Aguirre quiere impedir que los agentes forestales sigan denunciando delitos urbanísticos
Bottup* (Servimedia): "Los agentes forestales de la Comunidad de Madrid han denunciado hoy que el gobierno de Esperanza Aguirre pretende anular su capacidad para denunciar delitos urbanísticos y ambientales, cuando este colectivo es el origen del 70% de las demandas sobre estas materias en la región.
En un comunicado conjunto, UGT y CCOO recuerdan que los agentes forestales, a nivel de todo el Estado y en base a la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley de Montes, tienen reconocida la condición de policía judicial genérica y, como tales, están obligados a la denuncia y persecución de los delitos ambientales y urbanísticos en el ejercicio de sus competencias, poniéndolos en conocimiento de la autoridad judicial competente, atribución que la Comunidad de Madrid quiere prohibirles.
Según diversos informes jurídicos solicitados a este respecto, el Gobierno regional no puede arrogarse unas funciones que la Ley de Enjuiciamiento Criminal encomienda directa y personalmente a cada uno de los funcionarios que actúan en el ejercicio de su cargo con la consideración de policía judicial, sin prejuicio de su comunicación interna dentro del Cuerpo de Agentes Forestales.
Los forestales tienen reconocida la función de policía judicial genérica, según CCOO y UGT
En opinión de los agentes forestales, "esta última maniobra del Gobierno regional delata en primer lugar un desprecio absoluto por el ordenamiento jurídico vigente, así como un intento grosero de controlar un aspecto para el cual sólo son competentes las instancias judiciales, en base a la actual separación de poderes en la que se fundamenta la democracia".
Por todo ello, los agentes forestales denuncian que "la pasividad e ineficacia en la persecución de la delincuencia urbanística y ambiental, por parte del actual Gobierno regional es evidente" y advierten sobre "la alarma social que este hecho provoca en amplios sectores de la población".
Bottup, sábado, 03 de marzo de 2007
