El fiscal halla indicios de precios inflados en obras públicas de Verín

La misma especulación urbanística, ahora en el municipio orensano de Verín, con precios inflados en facturas y concursos amañados para los amiguetes de turno. Todo convenientemente sazonado por la corrupción de otro alcalde 'popular' en la provincia, que se está destacando por el alto nivel de actividades delictivas relacionadas con el urbanismo. Bien desde la Diputación del cacique condenado del PP, Baltar, o desde los principales municipios, los ejemplos de atentados contra la Ordenación del Territorio son numerosos y graves, como para decretar el estado de excepción en la provincia y que casi todos los altos cargos, jefes o caciques 'populares' fueran desterrados inmediatamente y cumplieran unas penas judiciales más elevadas, devolviendo previamente lo afanado irregularmente a la ciudadanía. Así está de penosa la situación en la Galicia interior, dejando de momento la costa para otro día.
"ELPAÍS* : Facturas presumiblemente infladas y un concurso con indicios de haber sido amañado. El juez de Verín ha abierto diligencias para investigar una posible prevaricación del alcalde de esta localidad ourensana y senador del Partido Popular, Juan Manuel Jiménez Morán, en la adjudicación a la empresa constructora Vipeca Obras y Servicios, SL —receptora de buena parte de las obras de ese Ayuntamiento—- de la urbanización de dos calles financiadas con las ayudas del Plan E. La investigación judicial también ha puesto bajo sospecha las certificaciones de esas mismas infraestructuras que fueron rubricadas por una funcionaria del Ayuntamiento de Ourense.

La apertura de diligencias se produce tras un periplo de reclamaciones iniciado en 2012 por un vecino del municipio que, al percatarse de algunas irregularidades en la ejecución de proyecto, alertó al Ayuntamiento de Verín y a la constructora.

Según consta en la denuncia, el alcalde hizo oídos sordos a la reclamación después de haber adjudicado los trabajos ahora investigados por la justicia a Vipeca Obras y Servicios, SL, mediante un procedimiento negociado sin publicidad. El regidor cumplió el trámite legal de invitar a participar a tres empresas —la mencionada Vipeca, Orvi Verín, SL, y Agemat, SL— pero las tres resultaron ser solo una: Agemat, que no declara ningún empleado en su inscripción en el Registro Mercantil, se encuentra en proceso de liquidación, mientras que Vipeca y Orvi están vinculadas a través de Josefa Silva Martínez, que en la primera figura como administradora con su marido y en la otra con su hijo.

A esas anomalías se une el hecho de que la directora de obra, María Dolores Arteche —ingeniera en el departamento de Infraestructuras del Ayuntamiento de Ourense— retocó la memoria inicial tras recibir un burofax del particular alertando de la irregularidad pero, según detallaba el vecino en su denuncia, mantuvo, sin embargo, el mismo “coste inflado” y certificó, junto con el arquitecto municipal, la devolución del aval a la empresa. En la denuncia inicial presentada en la fiscalía, que ahora investiga ahora el juez de instrucción de Verín, consta que Arteche certificó 26 acometidas de saneamiento y 19 de abastecimiento para una pequeña calle con nueve familias residentes cuando en la memoria se especificaba que se repondrían solo 16. Tras recibir la notificación del particular avisando de que los números “no cuadraban”, la directora de obra rebajó a 15 las acometidas de saneamiento y a nueve las de abastecimiento pero mantuvo el mismo precio final. “Aumentó el número de metros cuadrados de la actuación para justificar el precio”, sostiene el denunciante.

Las irregularidades que el vecino documentó fueron confirmadas por el perito designado por la fiscalía ourensana. El particular sostiene que el sobrecoste fue de al menos 35.000 euros en las obras de una de las calles, presupuestada en 200.000, y de 20.000 euros en la otra, presupuestada en 140.000, aunque el particular afirma que la cantidad es considerablemente más elevada teniendo en cuenta que el informe pericial confirma que se utilizaron materiales distintos de los presupuestados.

Alertada ya en 2012 por la denuncia del vecino, la concesionaria del servicio municipal de aguas, Espina y Delfín, realizó una inspección de la red de saneamiento. El denunciante sostiene que, pese a que el gerente de la empresa concesionaria —casado con la secretaria municipal— entregó el informe en el Ayuntamiento, el documento “jamás apareció”. Cuando, en el verano de 2012, los sumideros se desbordaron e inundaron una de estas calles, el vecino acudió a la Fiscalía, que encargó el peritaje.

El juez de Verín comenzó a investigar una denuncia por amenazas que presentó el particular aportando grabaciones para probar las presiones a las que fue sometido cuando comenzó a alertar de las irregularidades detectadas en las obras. Finalmente, el juez instructor reclamó a la fiscalía el informe pericial y abrió las diligencias que ahora está practicando, a las que se incorporó el sindicato CIG como acusación popular el pasado febrero.



Amenazas de muerte

Desde que comenzó a alertar de las supuestas irregularidades de las obras municipales, comenzó un calvario para el vecino de Verín que denunció los hechos a las autoridades. Un año después de acudir con la documentación de las obras a la fiscalía, se personó en el cuartel de la Guardia Civil para presentar una nueva denuncia penal. En este caso, por amenazas de muerte relacionadas con los mismos hechos.
El particular aseguró —y documentó con grabaciones de sonido— haber recibido llamadas telefónicas en la que “una voz distorsionada” le anunciaba que “sería liquidado” si no retiraba la denuncia por supuestos sobrecostes en la remodelación de las calles. El juzgado de Verín corroboró la veracidad de la amenaza recibida por el vecino aunque ante la imposibilidad de identificar al autor (se comprobó que las llamadas habían sido realizadas desde una cabina telefónica), acabó sobreseyendo provisionalmente esa denuncia mientras continuó investigando la relacionada con la supuesta prevaricación del alcalde y senador.
Juan Manuel Jiménez Morán es hombre de la estrecha confianza del presidente de la Xunta. A él recurrió Feijóo para postularlo como candidato al congreso provincial del PP de 2010 en un intento fallido de frenar la sucesión dinástica del baltarismo. Después lo premió designándolo senador en representación de la comunidad autónoma.


* El País - CRISTINA HUETE - 8.8.14
Foto: Juan Manuel Jiménez Morán, alcalde PP de Verín / NACHO GÓMEZ

3 comentarios :

monterrios dijo...

El juez debiera investigar la fortuna del alcalde de de Verín y la procedencia del dinero que utilizó Feijóo para hacer la campaña contra Baltar. Tambien debieran investigar la etapa de este señor en el Consejo de CRTVG y de los "negocios " que hizo con otros consejeros del PP.

skepticalside dijo...

y...seguimos...los 'funcionetas' sabidos de que esto pasa, nada dicen ... son unos vendidos.... cómplices pasivos de todo el latrocinio cometido en este y otros muchos casos... a la espera de ser recompensados de una u otra forma .... ya no digamos el acusador público que en muchos casos se inhibe....o archiva...

Blogger dijo...

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