La piqueta amenaza los edificios fantasma

El salvajismo de un urbanismo depredador y los intereses político-financieros permitieron una 'burbuja inmobiliaria' sin precedentes en este país. Todo lo cual ha traído la conocida crisis-estafa en la que seguimos sumidos, pese a la propaganda 'oficialista' al uso. Se habla de cerca de un millón de pisos construidos, o a medio construir, vacíos. Seguro que son más, pero una solución para los casos más graves de ilegalidad manifiesta sería su derribo con lo que se recuperaría el medio destrozado. Otras viviendas, en cambio, podrían ser reutilizadas, como piden diversos colectivos, con destino al alquiler social, tan necesitado hoy en día.
"ELPAÍS* : A España le está costando varios años superar la resaca de la burbuja inmobiliaria. Y para dejar atrás la borrachera ha tenido que pasar por varias fases. En el país donde se suponía que la vivienda nunca perdía valor, las inmobiliarias —pero también los ciudadanos— tuvieron que asumir una rebaja general de los precios. Y las mayores compañías del mundo han tenido que someterse a una cura de humildad, encoger e incluso desaparecer. Ahora el sector, incluyendo a las entidades financieras y el banco malo, empieza a plantearse qué debe hacer con uno de los lastres que mantienen prácticamente varada la actividad: el enorme stock de viviendas sin vender, no solo las ya construidas, sino también las que están en camino.

Como ya sucediera en Irlanda o Estados Unidos, que también se despertaron de forma abrupta del boom, la piqueta podría ser la solución a parte del problema.

El parque de viviendas nuevas sin vender se sitúa entre las 675.000 que arrojan los últimos cálculos del Ministerio de Fomento y las 815.000 que estimó CatalunyaCaixa en su último informe. A esa cantidad de viviendas vacías se une cerca de medio millón de casas más que están en construcción, según las estimaciones del sector y las que hizo el propio ministerio antes de que empezara la crisis. Las zonas con mayor proporción de viviendas vacías sin vender son, por orden, Castellón —una de cada cuatro casas buscaba propietario, según el informe de CatalunyaCaixa—, Toledo, Murcia, Almería, Tarragona, La Rioja, Alicante y Málaga.

A pesar de que los inversores y los compradores extranjeros están volviendo al ladrillo, el ritmo de ventas todavía es muy lento para absorber todo ese stock. En el primer semestre de este año, según el Ministerio de Fomento, salieron al mercado 23.118 viviendas. La cifra es irrisoria en comparación con la época del boom, cuando en un semestre se levantaban cerca de 300.000 casas. A pesar de ello, no se consiguieron vender todas, solo 20.770 hasta junio. “Hay sitios donde las viviendas no valen nada por calidades o por ubicación y que solo tienen costes para el contribuyente”, explica el profesor de Economía de la Universidad de Barcelona, Gonzalo Bernardos.

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) aprobó el pasado mes de marzo un plan de negocio que reserva 103 millones de euros para demoliciones de edificios. Se trata de una cantidad algo inferior a la que se destina a mantenimiento de edificios (130 millones) y obras en curso (133 millones). Fuentes de la Sareb explican que las demoliciones nunca se realizarán con promociones terminadas, sino con obras que estén en curso, y que el derribo no será inmediato.

España no sería, no obstante, el primer país que recurre a esta medida. En Irlanda, con 4,5 millones de habitantes, hay unas 300.000 viviendas vacías, la mayoría de las cuales se hallan en grandes urbanizaciones hoy prácticamente deshabitadas que se conocen como ghost estates (polígonos fantasma). El banco malo irlandés (Nama) ya ejecutó el año pasado el derribo de varios inmuebles. “La demolición de casas ha sucedido en algunas localidades irlandesas. Esas áreas estaban lejos de los principales centros urbanos, donde la demanda todavía está presente. Tras cuatro o cinco años sin construcción, el mercado de Dublín muestra los primeros signos de estabilidad con una ligera subida después de que se produjera una rebaja de entre el 40% y el 50%”, afirma Brendan Williams, profesor de Urbanismo del University College de Dublín.

En EE UU también ha habido demoliciones. California, que igualmente sufrió los estragos del delirio inmobiliario, un banco tejano en 2009 decidió derribar 16 inmuebles en Victorville, una ciudad de 107.000 habitantes del sur del Estado, que estaban a medias porque el precio de venta no hubiera compensado los costes de construcción.

Tanto las entidades financieras como la Sareb están ahora dedicadas por completo a vender el stock de viviendas que está terminado. “Cualquier cosa a un determinado precio se puede vender. Con una condición: que esté terminado”, afirma el consejero delegado de Foro Consultores, Luis Corral. El paradigma de esa máxima es la promoción de El Pocero, en Seseña (Toledo), que heredaron Banco Santander y el Sabadell. Ambos se deshicieron de todos los pisos, pero a 60.000 euros. Quienes adquirieron uno de esos pisos antes de que estallara la burbuja abonaron unos 240.000 euros, aseguran fuentes del mercado. “Hay casos en los que se ha vendido el suelo a un valor de cero euros y con un coste de reposición superior al de venta”, afirma Corral.

Esas viviendas, pues, pudieron venderse a 60.000 euros porque los bancos asumieron pérdidas. Pero en España hay miles de casas en construcción, en muchos casos esqueletos de proyectos que llevan años abandonados. Francesc Muñoz, director del Observatorio de la Urbanización de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), pone el caso de una urbanización en La Muela (Zaragoza). “Allí hay dos enclaves. Uno con viviendas acabadas en el que hay solo un puñado de vecinos y otro con la urbanización terminada que dispone de servicios como el sistema eléctrico, alcantarillado e incluso mobiliario urbano pero en el que no vive nadie”, cuenta Muñoz. Esta semana, sus alumnos del máster en Intervención y Gestión del Paisaje deberán presentar un proyecto para recuperar ese complejo. “En solo dos años el espacio se ha degradado muchísimo”, explica Muñoz.

El deterioro de los edificios es, precisamente, uno de los motivos que justificaría derribos, puesto que estos acarrean un elevado coste de mantenimiento e incluso inciden en el precio del resto de inmuebles de la zona. En EE UU se ha analizado el coste de un edificio desocupado después de que entre 2000 y 2010 quedaran 4,5 millones de viviendas vacías, lo cual suponía un incremento del 44% del parque de casas sin ocupar, según la Brookings Institution. Este informe señala, además, que la ciudad de Filadelfia gasta cada año 20 millones de dólares (14,5 millones de euros) en mantener las propiedades vacías, que arrastran a la baja los precios del resto de inmuebles hasta provocar una depreciación conjunta de 3.600 millones de dólares (2.608 millones de euros).

Alan Mallach, investigador en Brookings, explica que en Estados Unidos se produjeron algunas demoliciones de edificios de obra nueva por parte de bancos que consideraron que iba a resultar muy caro acabar con las obras. Sin embargo, ciudades como Filadelfia, Detroit, Cleveland o Buffalo han tenido que adoptar la “demolición a gran escala” como “medio para reducir un exceso de oferta a largo plazo”. Las Administraciones han gastado, según sus cálculos, cerca de 200 millones de dólares (144,9 millones de euros) en estas operaciones de derribo.

El problema de La Muela, y de muchas otras urbanizaciones, es parecido, solo que en lugar de edificios antiguos se trata de inmuebles sin terminar que se hallan en zonas hoy sin apenas demanda. “No veremos derribos masivos ni inmediatos, porque el ciudadano todavía está en la fase de asumir que su vivienda no vale lo mismo que antes. Pero sí es sano que eso ocurra, que echen abajo inmuebles para que el contribuyente no deba mantener esos esqueletos a través de los impuestos municipales”, sostiene Fernando Encinar, de Idealista.com.

Gonzalo Bernardos, no obstante, considera que la picota no tiene por qué ser el único destino para estos inmuebles. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), por ejemplo, ha puesto de manifiesto las necesidades urgentes de vivienda social con la ocupación de un edificio de la Sareb en la localidad de Salt (Girona), cuyo desalojo fue parado por el Tribunal de Estrasburgo. “Como mínimo, la Sareb debería haber cedido las viviendas a los Ayuntamientos, porque tal vez es complicado ofrecer pisos por un alquiler de 100 euros al mes en Barcelona, pero no en Vilafranca del Penedès, donde hay viviendas de sobra”, señala Gonzalo Bernardos, quien propone realizar una nueva planificación con el stock que está en manos del banco malo. “Los solares sin edificar deberían destinarse a equipamientos y muchas viviendas podrían ser destinadas a tareas sociales”, expone.

Los derribos que se pueden planear desde la Sareb responden a criterios económicos. La sociedad, con un 45% de capital público, se ha dado un plazo de 15 años para liquidar los activos tóxicos procedentes de la banca nacionalizada y aportar los eventuales beneficios al conjunto de la sociedad. El economista Julio Rodríguez, expresidente del Banco Hipotecario Español, admite tener “dudas” sobre la cuenta de resultados del banco malo y recuerda que debería tener “un código de conducta” porque maneja dinero del contribuyente. De igual modo, Rodríguez es partidario de terminar las obras de inmuebles que estén avanzados y demoler los que todavía necesiten mucha intervención.

Hay colectivos que opinan, no obstante, que bancos, inmobiliarias y Sareb no solo deberían pensar en criterios económicos. “También están los ecológicos”, recuerda Lola Yllescas, portavoz de Ecologistas en Acción en Andalucía. Yllescas, precisamente, está en plena batalla con la Sareb por intentar salvar unos terrenos ubicados en la playa de El Palmar (Vejer, Cádiz). El solar es herencia de la especulación inmobiliaria que se produjo durante la época de la burbuja, y que llevó a Caja Madrid, luego integrada en Bankia, a adquirir la mitad del terreno en el que debe construirse un complejo turístico. Ese solar hoy se vende a precio de saldo.

Yllescas extiende a los solares la preocupación por lo que pueda suceder con las obras que han quedado a medias. Ecologistas en Acción, dice, está demandando que se revise el litoral para salvar todo aquello que esquivó el cemento por la crisis. Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace, recuerda que las normas obligan a restaurar “el daño producido”. “No siempre se debe pensar en términos económicos. Las obras en el litoral se han podido ralentizar, pero no ha habido un cambio en la política urbanística y las normas de medio ambiente se siguen flexibilizando”, lamenta.

El proceso aún puede ser muy lento. La banca acreedora sigue tratando de reducir su exposición al inmobiliario a base de reducir sus préstamos a las empresas del sector y, además, debe zafarse de las miles de viviendas que se ha ido adjudicando. Por ello, es complicado que se reanuden muchas obras a corto plazo. Los analistas consultados consideran que a medida que se vaya drenando el stock surgirá la duda de qué hacer con lo que hay por construir. Y en algunos casos, se acudirá a la picota. “Sin duda, un día veremos que el telediario abre con una demolición de una promoción a medio construir”, concluye Fernando Encinar.


* El País - LLUÍS PELLICER - 29.10.13
Foto: La sociedad de gestión de activos bancarios (Sareb) ha reservado 103 millones de euros para demoliciones. / CRISTÓBAL MANUEL

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El plan que anula 4.000 casas en el litoral de Málaga sigue adelante

Parece que la Junta de Andalucía se desmarca algo de la tendencia generalizada de municipios y gobierno central para permitir la continuidad de las edificaciones en primera línea de costa. Al menos, ahora, pretende proteger 1.700 hectáreas de suelo litoral, lo cual anularía unas 4.000 casas. Ya se verá cómo termina esta iniciativa pues las fuerzas en contra son numerosas: todos los señores del 'ladrillo'. En cualquier caso, si la Junta hubiera cumplido anteriormente con su obligación de respetar la Ordenación Territorial contra la masiva construcción ilegal, no se hubiera llegado a esta dramática situación costera actual.
*MÁLAGAHOY* : La Junta de Andalucía sigue adelante en su idea de proteger buena parte de los suelos del litoral libres del ladrillo. A pesar de las críticas emitidas por la práctica totalidad de municipios de la costa de Málaga, que cuestionan la afección del planeamiento sobre la autonomía local y sobre los proyectos residenciales programados, el documento dio ayer un nuevo paso administrativo tras recibir el aval de la Comisión Provincial de Urbanismo de Málaga.

El posicionamiento del ente, que estuvo presidido por la secretaria general de Urbanismo y Cambio Climático de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Nieves Masegosa, fue favorable al Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía. El apoyo, sin embargo, no fue total, puesto que los cuatro representantes del Partido Popular, tanto de la diputación como de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (Famp) votaron en contra del documento.

El objetivo de esta estrategia es el de preservar de la urbanización las franjas del territorio costero en actualmente no han sido ocupados. Todo ello, alegan desde la Junta, para "conseguir la preservación de los valores ambientales, paisajísticos y territoriales de los territorios costeros que aún no han entrado en procesos de degradación".

Y en qué modo estas herramientas de protección afectan a Málaga. Los datos indican que en la provincia malagueña son 1.700 las hectáreas en las que se salvaguardan de la ocupación sus primeros 500 metros, de un total de 9.000 hectáreas en toda Andalucía. Una superficie a repartir en trece ámbitos de suelo urbanizable, en los que se prevén 4.000 viviendas. La cifra, indicaron desde el Gobierno andaluz, suponen apenas el 7% de las previstas en los planeamientos urbanísticos de las localidades del litoral.

Estos números son empleados por la Administración regional para confrontar los argumentos empleados por los alcaldes de las localidades, que acusan a la Junta de paralizar el urbanismo con este planeamiento. Frente a esta exposición, desde la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio se alega que esos mismos municipios está programada la construcción de 54.000 viviendas de nuevo cuño.

La trascendencia de la medida contemplada por la Junta es mayor si se tiene en cuenta que la provincia malagueña es la que "mayor grado de ocupación" tiene, con un 68% de suelo urbano o urbanizable.

La evolución de esta colmatación urbanística, denunciada durante años por los colectivos ecologistas, es especialmente evidente desde finales de la década de los años 60 hasta 1998. En ese lapso de tiempo, el incremento registrado alcanza el 570%. Según el Sistema de Información Geográfica Litoral de Andalucía, mientras en 1956 apenas eran 800 las hectáreas ocupadas dentro de los primeros 500 metros de litoral, de un total de 8.232, en 2009 eran 5.492.

El plan litoral establece tres categorías con diferente grado de protección. En primer lugar, las Zonas litorales de Protección Ambiental son aquellos suelos que disponen de un régimen de protección por la normativa ambiental; las Zonas litorales de Protección Territorial 1, aplicable a los suelos que ofrecen características ambientales o paisajísticas relevantes, colindantes con el dominio marítimo o con espacios naturales protegidos, o que permiten la conexión de la costa con espacios naturales del interior y que deberán ser calificados como suelo no urbanizable de especial protección. Y, por último, las Zonas litorales de Protección Territorial 2, que son terrenos que cuentan con valores naturales o paisajísticos, pero en los que ya se ubican usos de naturaleza urbana, aunque irregulares, o que deben ser preservados de urbanización por sus valores agrícolas.


* Málaga Hoy - S. SÁNCHEZ - 26.10.13
Foto: Benalmádena Costa - J.Rojas (El País)



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Madrid.- Medio millar de edificios vacíos

La crisis, la desidia o el boom inmobiliario que impulsaron las nuevas construcciones en la periferia son la causa de los enormes huecos que han florecido en la zona consolidada de la capital, en el área central de la ciudad. La falta de una política de rehabilitación ha permitido que multitud de edificios queden abandonados, con las graves consecuencias que esto significa para el tejido vivo del centro urbano. Hay solares que llevan años (décadas) sin edificarse, mientras existen también construcciones en peligroso estado de conservación. En este blog se ha denunciado largo tiempo la necesidad de un Plan de Rehabilitación para Madrid (y otras ciudades) coincidiendo, además con este periodo de crisis galopante en Urbanismo.
"ELPAÍS* : En la almendra central de Madrid, la que queda dentro de los límites de la M-30, hay 421 grandes edificios vacíos y 573 solares sin construir. Una circunstancia que contrasta con las 1.496 licencias de obra nueva que se han pedido en la ciudad entre enero y septiembre de este año. El valor potencial de los inmuebles sin ocupar y de los solares no construidos es de unos 12.000 millones de euros, según un estudio elaborado por la Universidad San Pablo-CEU de Madrid. ¿Cómo se ha llegado a esta situación? Las respuestas son de lo más variado.

Como lo ocurrido con el Convento de las Madres Adoratrices, que saltó por los aires una mañana de julio de 1991. La demolición dejó un inmenso hueco en la parcela que ocupaba este cenobio de la calle Padre Damián, en el barrio de Tetuán. Veintidós años después, el solar continúa igual. Abandonado. Y eso que cinco años antes Patrimonio del Estado había adquirido el edificio y pretendía construir un bloque de oficinas tras la demolición controlada del edificio religioso. En aquel momento hubo algo de polémica porque algunos vecinos solicitaron un equipamiento municipal para el barrio, en lugar de una nueva construcción, pero pronto se zanjó, ya que el Ayuntamiento concedió los permisos para levantar un bloque administrativo. Dos décadas más tarde, el inmenso solar circundado por un muro de hormigón no ha resucitado. El suelo salió a subasta hace unos meses.

El informe universitario —que se ha elaborado tras un trabajo de campo de más de tres meses y en los que los participantes han recorrido Arganzuela, Centro, Chamartín, Chamberí, Fuencarral, Moncloa, Retiro, Salamanca y Tetuán— ofrece una imagen de Madrid de queso Gruyère: agujeros por doquier

La crisis, la desidia o el bum inmobiliario que impulsó las nuevas construcciones en la periferia son la causa de las caries que han florecido en la zona consolidada de la capital. En el caso del solar de la callePadre Damián, por ejemplo, el problema ha sido la dejadez de las instituciones por no dar uso a un terreno que sigue acumulando matorrales y del que, al final, han decidido deshacerse.

Los investigadores que han llevado a cabo el informe del San Pablo-CEU —Belén Hermida, Carlos Lahoz, Carlos Martínez-Arrarás y José Antonio Blasco— explican que el estudio quiere poner de manifiesto el “tesoro” que esconde Madrid. “Lo que se pretende es sacar a la luz el potencial del centro”, asegura Lahoz. “No habría que hacer fuertes inversiones en estas zonas porque ya cuentan con todos los equipamientos”, incide.

Tetuán, seguido de Moncloa, concentra la mitad de los terrenos sin uso, pero la mayor superficie de terreno vacía está en Arganzuela, donde las parcelas son más grandes. De hecho, en toda la almendra central hay más de 630.000 metros cuadrados de parcelas muertas (la mitad de la superficie del Parque del Retiro). El informe estima que si se edificaran estos solares, el valor total de los activos ascendería a unos 6.500 millones de euros.

Parte de estos millones se perdieron cuando Madrid falló en su segunda intentona de ser ciudad olímpica. Pero no solo, porque el dueño del solar ubicado en la calle de Fuencarral, a la altura del número 24, paralizó el proyecto de construir en esta céntrica vía madrileña hace diez años y desde entonces el solar comenzó a acumular kilos de basura. Hasta 50.000 llegaron a retirar una mañana de 2007 los servicios de limpieza urgente de Madrid. La parcela fue también hogar de indigentes y de alguna que otra manifestación artística por parte de colectivos locales que exigían la cesión del espacio para usos vecinales.

A veces el vacío no es tan fácil de encontrar porque no está a la luz del día, sino tras unos muros. Los investigadores del CEU también han detectado 421 edificios vacíos o con menos de un 20% de ocupación. Algunos de ellos tapiados, otros con un hilo de vida en su interior, como el bloque situado en la esquina de María de Molina con la plaza Gregorio Marañón. Lo anunciaban como el edificio de pisos más lujoso de Madrid. Corría 2007, la época de pensar a lo grande. La decena de viviendas propiedad del inmueble de la inmobiliaria Martinsa Fadesa —situado en la esquina de una de las zonas más lujosas de la capital— estaba destinado a ser ocupado por personas con un alto nivel adquisitivo. Seis años más tarde, el edificio con 26 pisos disponibles, tiene un inquilino que ocupa una casa desde hace unos meses. El resto del tiempo la única persona que habitaba en el inmueble unas horas al día era el conserje de un bloque sin vecinos.

Este edificio puede pasar inadvertido —incluso si uno se fija en la abundante vegetación de sus balcones podría parecer que está completamente habitado—, pero hay otros ejemplos mucho más llamativos, aunque tal vez precisamente por su tamaño han dejado de impresionar al ciudadano.

Basta levantar la vista en plaza de España para ver las inmensas moles cubiertas de grafitos que continúan desocupadas o pasear por la plaza del Carmen para constatar como el antiguo edificio del cine Madrid, con una fachada protegida, muere lentamente. Son los desgarrones de una ciudad que ha sufrido con la burbuja inmobiliaria y que ahora no encuentra proyectos que completen estos vacíos.

Una apuesta por la rehabilitación

El estudio universitario apuesta por la rehabilitación de edificios frente a la obra nueva como un medio para el futuro crecimiento de la ciudad, no solo para destinar los espacios vacíos a viviendas, sino también para darles nuevos usos que hoy Madrid necesita y tal vez, en su momento, no hacían falta.

Pilar Pereda, arquitecta experta en este tipo de proyectos, sostiene que en un momento en el que es inviable plantearse nuevos trabajos, hay que echar la mirada hacia lo que ya existe para mejorarlo o darle un nuevo uso: “Muchas constructoras se han visto obligadas a reciclarse y especializarse en la rehabilitación, porque ahora es donde está el futuro”.

Según datos proporcionados por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), las licencias de obra de reforma en Madrid ahora mismo duplican a las de las nuevas construcciones. Hasta mediados de septiembre se han atendido 3.049 solicitudes de remodelación frente a las 1.496 de obra nueva.

“Ahora mismo se ven más lonas que andamios”, resume José Antonio Blasco, arquitecto de Urban Networks. “Hace falta un plan de rehabilitación urbana para mejorar el parque edificado en Madrid, donde muchos de los edificios tienen más de 50 años”, apunta Pereda.

La arquitecta añade que con muy pocas medidas se puede mejorar notablemente la eficiencia energética de las casas de la ciudad. La especialista lanza un mensaje a sus compañeros acerca del atractivo de construir un proyecto desde cero: “Partir de un papel en blanco es maravilloso, pero intervenir en algo que ya está escrito también puede ser un mundo apasionante”.


* El País - PATRICIA PEIRÓ - 22.10.13
Foto: El edificio de la esquina se promocionó como un edificio de lujo y hoy está casi vacío. / SAMUEL SÁNCHEZ

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Ourense.- Sólo 24 concellos adaptaron su urbanismo a la ley de 2002

El urbanismo en Galicia sigue 'patas arriba' como se está demostrando día tras día. Hace 11 años se aprobó la Ley de Ordenación Territorial y una gran mayoría de municipios continúa todavía sin haber realizado su adaptación a esta normativa. Donde más en Ourense, pero también en otras provincias. Es decir, están actuando urbanísticamente, en bastantes ocasiones, al margen de lo que indica la propia Ley gallega. Para rematar la faena, la Xunta anuncia 'ahora' una nueva Ley de Suelo, con lo que el embrollo puede ser tremendo y difícil de digerir por una administración que demuestra otorgar una mínima importancia a la Ordenación Territorial.
"LAREGIÓN* : Transcurridos ya más de 10 años de la aprobación de la Ley de Ordenación urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia (Ley 9/2002), sólo 24 de los 92 concellos de la provincia de Ourense cuentan con planeamiento urbanístico adaptado a dicha normativa, frente a otros 20 que carecen de planeamiento, según los datos que recogen la Xunta y el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia. Los 48 restantes tienen planes antiguos todavía sin adaptar u otras figuras urbanísticas (como normas subsidiarias de planeamiento).

En el resto de provincias gallegas, la situación es diversa. A Coruña es la que cuenta con más municipios que ya se han ajustado a la normativa de 2002 (27), mientras en Lugo y Pontevedra sólo lo han hecho nueve y seis concellos, respectivamente, con lo que los 24 de Ourense lo sitúan como la segunda provincia con mayor nivel de adaptación a la normativa. Pero es también donde más municipios hay sin planeamiento, con 20, frente a 11 en Lugo, cuatro en Pontevedra y tres en A Coruña. La situación más frecuente es que los municipios estén regidos por unas normas subsidiarias de planeamiento (los concellos en este caso suman 105, de un total de 314 en Galicia).

En este contexto, la Xunta anunció la semana pasada una nueva Lei do Solo que, entre sus principales novedades, introduce la figura del planeamiento urbanístico básico para municipios de menos de 5.000 habitantes, a los que la Xunta redactará un plan básico que permita el desarrollo de actividad urbanística. Además, incluye cambios para agilizar la tramitación y reducir los largos periodos de tramitación que existían actualmente.


REGIDORES

Ante estos cambios, los alcaldes ven positivamente que se introduzcan facilidades para la elaboración de planes urbanísticos, en particular en los pequeños concellos, que reconocen que no tienen capacidad para sacarlos adelante por sí mismos y dependen de las subvenciones que les otorgan al efecto. Igualmente, reclaman más agilidad en la tramitación en otros organismos (la propia Xunta), recordando que es habitual que trámites ante Patrimonio, Medio Ambiente o Industria se demoren un año o año y medio. Cuestionan, no obstante, si la Xunta tendrá capacidad para realizar los planeamientos de pequeños municipios en el plazo de tres años, como ha anunciado.

Desde otros sectores profesionales vinculados al urbanismo, ven positivamente esta medida. Benito Iglesias, presidente de la Asociación de Inmobiliarias Adeido, indica que la aplicación de la ley de 2002 era difícil para los pequeños municipios, por lo que destaca que este cambio 'ponga medios y acorte el plazo de redacción de los planes'. Alega que así se podrá dar seguridad jurídica para el desarrollo urbanístico de los municipios, evitando la 'fuga de inversiones' de municipios que no tienen planeamiento o está suspendido.


* La Región - 18.10.13
Foto: Edifiaciones en el entorno de una gasolinera en Ponte Barxas, Padrenda.- MARCOS ATRIO

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140.000 casas podrán acogerse a la amnistía de obras de la Ley de Costas

La aberrante Ley de Costas causará estragos en el litoral del país, como ya se ha advertido en numerosas ocasiones. La inoportunidad de esta nueva Ley en un momento histórico clave, tras la gran estafa inmobiliaria de los últimos años, va a permitir que se legalicen verdaderos monstruos urbanísticos en la costa española. En vez de buscar una solución sensata para los excesos cometidos, el gobierno se decanta por la injusticia comparativa y el peligroso principio de crear precedentes políticos en la ilegalidad de la Construcción. Aunque todavía no hay conciencia real de su importancia, noticias como ésta seguiremos viendo en el futuro. ¿Actuará en algún caso la justicia?
"ELPAÍS* : La nueva Ley de Costas puede acabar teniendo más beneficiados de los que se esperaban y, en consecuencia, un mayor impacto en el litoral español. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, estima que unas 140.000 viviendas del litoral están situadas en zona de servidumbre —una especie de segunda línea de playa de las infracciones urbanísticas— por lo que podrían acogerse a una reducción de 100 a 20 metros de esta zona de protección, y pasar de estar sometidas a controles rigurosos para hacer obras, a tener vía libre para construir si cuentan con los permisos de sus Ayuntamientos o comunidades.

El cálculo ha subido en 15.000 construcciones desde mayo, cuando se aprobó la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litorial, que modifica la Ley de Costas de 1988. Entonces se decía que en esa zona de protección había unas 125.000 edificaciones. “Ha aumentado porque faltaban algunos datos por recabar”, explica un portavoz del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Las comunidades autónomas han redondeado la cifra, aseguran, ya que de ellas depende el control de las construcciones situadas en zona de servidumbre. Con todo, el Gobierno subraya que estas 140.000 viviendas no terminarán beneficiándose de la reducción de protección, sino que la medida tendrá un alcance “muy limitado”. Medio Ambiente siempre ha insistido en que no se permitirá aumentar el volumen, ni la altura, ni la superficie de las construcciones existentes. Esos controles quedarán en manos de los municipios y las comunidades, algo que ha hecho que muchos expertos recelen de que se aproveche para rellenar de cemento el poco hueco que queda en el litoral español.

Con esta medida, introducida cuando la ley estaba en el Senado, el Gobierno pretendía responder a las reclamaciones de Canarias y Galicia. Afectaría a núcleos de población preexistentes a la Ley de Costas de 1988, que no tenían calificación de suelo urbano entonces, pero cumplían con algunos de los requisitos que ahora se contemplan. Para beneficiarse, los propietarios de las casas deben acreditar que sus construcciones cumplían en esa fecha uno de los siguientes requisitos: tener acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica. O bien, estar “en áreas consolidadas por la edificación, al menos en un tercio de su superficie”.

Los Ayuntamientos tenían hasta finales de agosto para recabar toda esta documentación y presentarla al Ministerio. El secretario de Estado alegó el jueves en el Senado que todavía no cuentan con datos globales de los núcleos que lo han tramitado. Tras una pregunta del senador Miguel Fidalgo, del PSOE, Ramos aseguró que todavía tienen que llegar las solicitudes y estudiar caso por caso. “Es un trabajo que se está elaborando en estos momentos”, explicó.

El senador socialista mostró su inquietud por los equipos con los que cuenta la secretaría de Estado de Medio Ambiente para estudiar todas estas peticiones, ya que la nueva Ley de Costas da un plazo de 18 meses para resolverlas y contempla el silencio administrativo como una aprobación de las solicitudes. “La administración trabaja con los equipos que tiene la dirección general de Costas y con las distintas demarcaciones que tiene por todas las provincias del litoral”, comentó el secretario de Estado.

El trabajo de Medio Ambiente es ingente. Quieren tener listo para finales de año o inicios del 2014 el reglamento que desarrolle la Ley de Costas. Entre otros aspectos, se desarrollarán los criterios para conceder concesiones administrativas a las viviendas más cercanas al mar, teniendo en cuenta los efectos del cambio climático.

El Gobierno ha vuelto a presentar de forma general el número total de afectados por el cambio legislativo. En cifras totales, habló de 12.800 viviendas regularizadas en dominio público, prácticamente metidas en la playa, y cuyas concesiones administrativas se pueden prolongar hasta 75 años y vender o legar. La amnistía de los 12 núcleos costeros salvará otras 3.400 viviendas que también se enfrentaban a la piqueta. También pegados al mar hay otros 3.000 restaurantes y chiringuitos, 1.700 industrias y 100 hoteles que también podrán seguir trabajando.

En la segunda línea, la denominada zona de servidumbre de protección, están las 140.000 construcciones citadas y unos 900 hoteles que, si pasan los filtros impuestos, podrán renovarse haciendo obras. “Son cifras muy altas que merecían una respuesta y dar seguridad jurídica, dado que el limbo jurídico en el que estaban, o la falta de respuesta de la administración no beneficiaba a nadie, ni protegía el medio ambiente ni tampoco protegía a ellos”, comentó el secretario de Estado.

La ley ha sido muy criticada por la oposición, que ve en ella una nueva oportunidad para enladrillar la costa. Se han presentado cinco recursos ante el Tribunal Constitucional contra ella. El alto tribunal ha admitido a trámite los presentados por Andalucía, Canarias, Asturias y el PSOE, pero no se ha pronunciado todavía sobre los tramitados por el País Vasco y Cataluña.

Entre la protección de la costa y la de los propietarios

La Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral, aprobada el 29 de mayo, amplía hasta 75 años las concesiones administrativas de viviendas o negocios a pie de costa que debían ser devueltas al Estado en 2018, regulariza hasta 12.800 viviendas en dominio público, casi metidas en el mar, o abre la posibilidad de otras construcciones situadas en la zona de servidumbre de protección o hagan obras, algo hasta ahora muy controlado.

La oposición y los ecologistas la han criticado duramente por desproteger el litoral, justo lo contrario de lo que presume su título. El Gobierno defiende que refuerza la protección de la costa y al tiempo aporta seguridad jurídica a los que se relacionan con el litoral. Destaca otros aspectos como la exigencia de un informe medioambiental de las comunidades cuando exista un ámbito industrial potencialmente contaminante, o cláusulas, como la anti-Algarrobico, con las que el Estado se reserva la potestad de suspender licencias urbanísticas que atenten contra la protección del litoral.

La norma contempla soluciones ideadas para dar respuesta a numerosas quejas de ciudadanos extranjeros que adquirieron sus viviendas en primerísima línea de playa y que se sentían perjudicados por la anterior Ley de Costas, aprobada en 1988 por un Gobierno socialista, y que les privó de su propiedad privada. “Evita el llamado efecto 2018”, puntualiza Ramos. Prorroga hasta 75 años la concesión de 1.108 viviendas que habrían pasado a manos del Estado dentro de cinco años. En esa fecha se cumplían los 30 años del permiso administrativo fijado por la ley de 1988. A esta prórroga también se pueden acoger otros 96 hoteles, 211 industrias incluidas salinas y establecimientos de cultivos marinos, además de 89 restaurantes y chiringuitos, que también habrían tenido que entregar las llaves en esta fecha. Todos seguirán operando a cambio de un canon que justifique la ocupación de dominio público.

El PSOE critica que las concesiones se hagan infinitas. “Algo que es público se le da a un particular para que lo pueda transmitir a otros hasta 75 años”, critica el senador Miguel Fidalgo. Creen que el Gobierno busca solucionar la vida a negocios muy destacados como la papelera Ence, las eléctricas, los grupos hoteleros y otra serie de propietarios.


* El País - JUANA VIÚDEZ - 25.10.13
Foto: Construcciones en torno a la ría de O Burgo, en La Coruña. / XURXO LOBATO

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La caja b de una constructora de Almería apunta a la financiación irregular del PP

El Urbanismo suele estar en el ojo del huracán de la corrupción en este país; una y otra vez se vuelve a demostrar la estrecha relación entre constructores y promotores inmobiliarios y los capos de partidos políticos para beneficio ilegal de ambas partes. Después de haber visto ya numerosas irregularidades urbanísticas en la provincia de Almería, siguen apareciendo noticias preocupantes que denotan que han sido bastantes más de las que han aparecido públicamente. Ahora es todo el partido popular, dominante en la provincia, el que está bajo acusación de gravísimas actuaciones públicas. Veremos si la justicia se atreve y es capaz de tirar del hilo hasta el final.
"ELPAÍS* : La contabilidad interna de la constructora Hispano Almería apunta a pagos de comisiones ilegales cuyo destino han sido supuestamente las arcas del Partido Popular. El rastro de la contabilidad b de la empresa incluye recibos con abonos para las campañas municipales, pero también para campañas autonómicas o nacionales del PP, dado que hay recibos fechados en 2008. La Fiscalía Superior de Andalucía está investigando una denuncia sobre esta supuesta financiación ilegal del PP en Almería.

Las diligencias abiertas intentan determinar si Hispano Almería mantuvo un sistema de pagos a este partido durante una década a cambio de la adjudicación de obras, así como si ha habido enriquecimiento de algunos de sus dirigentes. Las pesquisas se centran en Roquetas de Mar, el segundo municipio más poblado de la provincia, con 90.000 habitantes, aunque es probable que se amplíe a otras localidades de la provincia. El alcalde de Roquetas es Gabriel Amat, el poderoso presidente provincial del PP y de la Diputación almeriense.

Se trata de un nuevo frente para Amat, que ya está siendo investigado judicialmente por sus relaciones con un entramado empresarial formado por más de un centenar de sociedades que durante años se benefició supuestamente de decisiones urbanísticas del Ayuntamiento de Roquetas, gobernado por Amat desde 1995. La juez que investiga este caso pidió en julio a la policía que estableciese un organigrama societario que permitiese “clarificar las conexiones existentes” entre las empresas implicadas, un caso que denunció la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (AMAyT).

Desde la semana pasada, la Fiscalía Superior andaluza investiga irregularidades en Roquetas y en otros municipios de Almería como Níjar. Estos datos apuntan a la constructora Hispano Almería, dirigida por el empresario local Miguel Ángel Morales.

Este empresario, según la documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS y los testimonios de dos exempleados de la constructora, ha estado pagando al PP y a dirigentes de este partido dinero a cambio de la adjudicación de obras desde 2001. Era un método de libro durante el boom del ladrillo: pagos en sobres blancos con billetes de 500 euros, entregados siempre en almuerzos o despachos privados a políticos. Esta empresa ha acaparado buena parte de las adjudicaciones tanto de Roquetas como de la Diputación de Almería en los últimos años.

Los pagos supuestamente se han realizado durante años de manera directa a dirigentes del partido, según esta contabilidad, entre los que figuran el exdiputado provincial de Obras Gonzalo Bermejo, el exconcejal de Urbanismo de Roquetas José María González (que este lunes declara como imputado en otra causa judicial) y Enrique Arance, expresidente del PP de Almería (ya fallecido).

El flujo del dinero es sencillo: la Diputación y los Ayuntamientos almerienses supuestamente han concedido cientos de obras a esta constructora, y tras los modificados (aumentos en estos casos injustificados del coste de las obras durante su ejecución) la empresa recaudaba ese dinero público y lo repartía en sobres para el partido y sus dirigentes. La financiación del PP almeriense ofrece pocas dudas:

“36.000 euros en concepto de CAMPAÑA ELECT. ROQUETAS (2003)” “CAMPAÑA MUNICIPAL - G. BERMEJO 12.000, ARANCE [Enrique Arance] 6.000” “12.020,24 euros en concepto de DADO A GONZALO B. [Bermejo] el 11-04-02”, “25.000 euros en concepto de PP NÍJAR ELECCIONES 2008”.

Son los conceptos de los cientos de recibís que componen la contabilidad b de Hispano Almería para pagar dichas comisiones ilegales. De este último pago de 25.000 euros al partido se infiere que los fondos beneficiaron también a la campaña del PP regional o nacional, dado que en 2008 se celebraron elecciones generales y autonómicas, no municipales.

Los pagos ilegales a los políticos presuntamente se endosaban al presupuesto de las obras hasta aumentar su coste en un 10%. “He recibido de Hispano Almería S. A. la cantidad de 169.000 euros en concepto de 125.000 euros POL. 0/375 bulevar C Parador y 44.000 euros POL 0/328 Fra. Toros”. Este recibí de 2003 pagaba presuntamente por haber favorecido la concesión de ambas obras en la localidad almeriense de Roquetas de Mar, gobernada por Gabriel Amat, hombre fuerte del PP en Almería y presidente de la Diputación.

Los testimonios de dos exempleados de la constructora confirman los pagos en metálico que durante años ejecutó el dueño de la empresa, Miguel Ángel Morales Duarte, tras extraer el dinero de la caja fuerte, donde se guardaba bajo el sello de contabilidad b. En la empresa, Amat era conocido con el apelativo de “el jefe”, según estos extrabajadores. Los testimonios ratifican las mordidas cobradas por los políticos por favorecer la adjudicación de las obras.

El dinero supuestamente salía de la empresa en sobres blancos con billetes de 500 euros

En los conceptos de estos recibís destacan el extenso listado de obras ejecutadas por la constructora, pero también el pago de 24.000 euros a Bermejo. “Campaña municipal – G. Bermejo (12.000), Arance (6.000)”, indica uno de los recibos. Los sobornos presuntamente alcanzaron cifras con muchos ceros. Tantos, como que la contabilidad interna de la empresa señala pagos ilegales de hasta un millón de euros solo en 2009. Exactamente 1.032.000 euros.

Los recibís tienen la firma del director de Hispano Almería, Miguel Ángel Morales, así como el contable de Hispano Almería, además del sello de “Contabilizado”. Cada uno de estos cientos de recibís dispone de un número de cuenta interna de cargo, así como la obra ejecutada por esta constructora, cuya numeración coincide con el listado interno de obras que manejó la empresa. Morales recibía siempre el dinero procedente de la caja fuerte de la empresa, donde el efectivo había sido ingresado a través de un complejo sistema de facturas falsas gracias a la colaboración de terceros empresarios.

Hacienda cazó a uno de estos empresarios en el fraude, Francisco Dil Martínez, y tras cruzar datos inició un procedimiento contra Hispano Almería que tramita la sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional y está a la espera de sentencia.

El actual gerente de Hispano Almería, Miguel Ángel Morales Carrillo, rechaza que durante la época de su padre como gerente (de 1986 a 2010) existieran recibos con comisiones ilegales. “Nunca jamás”, afirma. Sin embargo, Morales ha denunciado en los juzgados recientemente el robo de “variada y muy amplia información” desaparecida de su empresa, que incluía “facturas y libros de contabilidad”, según afirmó en conversación telefónica.

Mientras, Amat, al observar con detenimiento uno de los recibos con sobornos a políticos por obras en Roquetas, rechazó, en declaraciones a EL PAÍS, que este representara pagos ilegales a él o a miembros de su corporación porque “confío en la gente que tengo”. “Este recibo no me parece nada de nada. Esta empresa no trabaja solo con Roquetas (…) A mí me extraña que se hayan pagado comisiones por una obra hecha en mi pueblo. Es imposible que figuren cargos políticos. Es imposible. Es imposible. Es imposible”, repitió. Cuando se le recuerda que los empleados de Hispano Almería le llamaban “el jefe”, Amat replica: “También me dicen que soy socio de Hispano. Estoy cabreado”.

Solo en 2009 las mordidas presuntamente ascendieron a un millón

Gabriel Amat ha llegado a la cúspide del PP en Almería como presidente después de 18 años de alcalde de Roquetas. Y su influencia en Sevilla y Madrid es notoria. El dirigente popular presume en público de su amistad con Javier Arenas y de tener hilo directo con los ministros Cristóbal Montoro y Miguel Arias Cañete, así como con la dirección nacional del partido en Génova. De hecho, es presidente del comité electoral del PP andaluz y desde 2012 es miembro de la comisión censora de cuentas del PP nacional, tras el Congreso nacional que se celebró en Sevilla. Amat negó a este diario ser miembro de esta comisión que ratifica las cuentas del PP nacional, pese a que fuentes de Génova lo han confirmado. Hace dos años Hispano Almería realizó parte de una obra en el garaje de Amat, pese a que era la mayor contratista con el Ayuntamiento de Roquetas.

Mientras, políticos como Bermejo niegan la mayor: “De ninguna forma he recibido pagos. No tengo ni idea y lo habría recordado. Nunca he aceptado nada”, matiza. Bermejo fue concejal de El Ejido 12 años, entre 1991 y 1995 a las órdenes del exalcalde Juan Enciso, detenido en la Operación Poniente (“cuatro años maravillosos”, define) y ocho años diputado de la Diputación de Almería. “Yo intentaba que las obras no tuvieran modificados, pero siempre hay un porcentaje de situaciones que no se contempla”, reconoce.

Para explicar la asombrosa continuidad de este sistema de pagos sin que se levantaran sospechas durante toda una década, un exempleado ilustra que las entregas en metálico (de hasta 170.000 euros) se realizaban en cajas de proyectos o de zapatos: “¿Tú sabes lo que abulta un billete de 500 euros? Nada”, se responde.

El alcalde de la capital, salpicado

El senador y alcalde de Almería Luis Rogelio Rodríguez Comendador (PP) encargó en 2000 a la constructora Hispano Almería una obra en un ático suyo. Fuentes de la empresa sostienen que el regidor no pagó esta reforma, algo que niega Rodríguez Comendador. Este defiende que pagó en metálico la reforma de su terraza, aunque ahora no puede localizar la factura dado el tiempo transcurrido desde que se ejecutaron las obras.

En la relación interna de obras de Hispano Almería figura el nombre de “Luis Rogelio” escrito a mano y situado a pie de página, con el código 314. Pero no figura entre las obras cobradas por la constructora.
El alcalde asegura que carece de factura pero recuerda el pago de 200.000 pesetas en efectivo (1.202 euros) y un pago por un talón de “algo más de 100.000 pesetas” (601 euros). “Le pagué directamente al constructor Miguel Ángel Morales, que me presentó Gabriel Amat, con quien mantenía una relación de confianza (…) En Hacienda tiene que figurar el pago de la factura”, aseguró el regidor.

Rodríguez Comendador contrató con Hispano Almería cuando presidía la Diputación de Almería (de 1995 a 2003), y asevera que la razón era evitar a empresas con las que entonces esta institución mantenía contrataciones de obras. “No me gustó tener que llamar a gente que trabajara con Diputación, por eso contraté con ellos”, alegó. Sin embargo, durante aquella época el organismo que presidía Rodríguez Comendador contrataba de manera habitual con la constructora. En los años siguientes a la reforma en el ático del senador del PP, el volumen de las obras contratadas con la Diputación almeriense se multiplicó: ejecutó obras en los municipios de Lubrín, Garrucha, Laujar, Tres Villas, Lijas, Berja, Carboneras, Bentarique y Terque.


* El País - JAVIER MARTÍN-ARROYO / MARTA SOLER - 27.10.13
Foto: LOS RECIBÍS. La documentación de la constructora que investiga la fiscalía señala supuestos pagos de Hispano Almería al PP para las campañas electorales de 2003 y 2008.

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Álava.- Admiten una denuncia por delito urbanístico contra un parlamentario del PNV

Como se sigue viendo, la corrupción urbanística existe en todas las autonomías y partidos del país, si bien en ciertas zonas es más abundante que en otras o, por lo menos, se da un tratamiento especial en los medios. En este caso se trata del alcalde de Valdegovía (Álava) que parece otorgó una licencia de construcción por decreto, a pesar de los informes técnicos desfavorables. Es decir, lo de siempre, la casta política se cree por encima de todo y de todos, aunque habrá que ver cómo termina esta acusación y si no hay otros beneficiados constructores de la misma cuerda.
"ELCORREO* : El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha admitido a trámite una denuncia interpuesta contra el alcalde de Valdegovía (Álava) y parlamentario del PNV, Juan Carlos Ramirez-Escudero, por supuestamente otorgar en 2011 una licencia para reconstruir un edificio en contra del criterio del arquitecto municipal. La Sala de lo Civil y lo Penal del TSJPV ha hecho público un auto en el que se declara competente para conocer la denuncia interpuesta contra este edil en su calidad de parlamentario vasco y considera que los hechos que se le imputan podrían ser constitutivos de un delito sobre la ordenación del territorio y el urbanismo.

La Sala admite así a tramite este caso y designa magistrada instructora para continuar con el procedimiento.
Los hechos, que provienen de un juzgado de Amurrio (Álava), se iniciaron por una denuncia interpuesta contra el primer edil de Valdegovía por la Junta Administrativa de Caranca y Mioma por un permiso otorgado para rehabilitar un edificio en esta última localidad. El auto relata que el 25 de junio de 2009 el Ayuntamiento de Valdegovía inició un expediente para declarar en ruina un edificio en Mioma, cuyo propietario solicitó un año más tarde, en junio de 2010, permiso para poder reconstruirlo.
El 24 de febrero de 2011, la arquitecta municipal de Valdegovía emitió informe en el que se rechazaba la posibilidad de reconstrucción. A pesar de ello, en abril de ese año, el propietario del edificio volvió a solicitar permiso de obras para su reconstrucción con un presupuesto de 42.000 euros y la arquitecta emitió de nuevo informe desfavorable.
Licencia en contra de los criterios técnicos
Sin embargo, el alcalde de Valdegovía a través de un decreto de la Alcaldía concedió licencia municipal para poder llevar a cabo la reconstrucción del edificio "contraviniendo los informes referidos y la legalidad en ellos expresada", según se recoge en los fundamentos de derecho del auto.
Ante estos hechos, el Ministerio Fiscal pidió al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que emitiera opinión sobre su competencia y sobre la posibilidad de estimar si los hechos relatados pudieran constituir un delito de prevaricación o un delito sobre la ordenación del territorio y el urbanismo, al tiempo que reclamó que continuara la instrucción de la causa.
Ahora, la Sala de lo Penal y Civil considera que sí es competente para conocer esa denuncia por ser el acusado un parlamentario ya que el Estatuto de Autonomía establece que la "inculpación, prisión procesamiento y juicio" de los miembros del Parlamento Vasco corresponden al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Además, la Sala considera que examinado el relato de hechos se pudiera estar ante un delito sobre la ordenación del territorio y el urbanismo. Ante esta resolución, existe posibilidad de impugnación mediante recurso de súplica ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de tres días.


* El Correo - EFE - 15.10.13
Foto: Valdegovía (Alava) - sientealava



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Piden dos años de prisión para el exalcalde de Gerb por delitos urbanísticos

La corrupción urbanística en Cataluña es similar en número y calidad delictiva a la del resto del país, como lo demuestra este caso del alcalde pedáneo de Gerb (Noguera) en Lleida, que autorizaba licencias ilegalmente, estando además relacionado directamente con varias empresas constructoras. Un caso típico de que 'él se lo guisaba y él se lo comía'. También era reincidente en esta irregular actividad urbanística, a pesar de que solo se esté juzgando, inexplicablemente, una parte de su mandato.
"ELPAÍS* : El fiscal solicita una pena de dos años de prisión y diez de inhabilitación especial para el ex alcalde de la Entidad Municipal Descentralizada (EMD) de Gerb (Noguera), Jacint Tribó, como presunto autor de un delito continuado contra la ordenación del territorio por la concesión de licencias de obras contrarias a la normativa vigente. Tribó fue alcalde pedáneo de Gerb desde 1987 y 2007. Los hechos por los que está siendo juzgado en la Audiencia de Lleida se produjeron entre los años 2004 y 2006, cuando el acusado otorgó diversas licencias de obras sin tener potestad para ello y sin existir ninguna competencia legal o delegada.

El fiscal considera que el acusado, que también era administrador en tres empresas dedicadas a la construcción, efectuó varias ventas de terrenos a distintos compradores y les expidió una treintena de licencias de obras que habían sido denegadas por el Ayuntamiento de Os de Balaguer, al que pertenece la pedanía de Gerb.

El fiscal señala en su escrito de acusaciones que en este caso concurre el agravante de reincidencia, ya que Tribó fue condenado en marzo de 2008 a ocho meses de prisión y siete de inhabilitación por autorizar la construcción de viviendas en suelo no urbanizable y cometer actividades prohibidas a una autoridad pública.

El acusado ha explicado al tribunal que otorgó las licencias porque estaba convencido de que tenía competencias para hacerlo, según un convenio urbanístico firmado en 1997 con el Ayuntamiento de Os de Balaguer, y que era una práctica que se venía haciendo “desde toda la vida”.

El ex alcalde de Os de Balaguer, Ignasi Cortés, ha declarado que Tribó no tenía competencias para otorgar licencias y que en diversas ocasiones le requirió verbalmente y por escrito para que no lo hiciera.


* El País - LLUÍS VISA - 23.10.13
Foto: Gerb (Noguera-Lleida), vista - turismo



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¿Dimitir de qué? Dimite tú

Una frase que se suele aplicar a los países tercermundistas, donde predominan las dictaduras, la tenemos en este país aborregado, donde una casta política-financiera la aplica un día sí y otro también: "¿Dimitir de qué? Dimite tú". Además define a todos los órganos del poder, incluido al judicial, que debería ser garante de una cierta legalidad. Sin pretender hacer una larga exposición de las causas de este fenómeno tan 'tipical spanish', lo cierto es que sucede en todas las autonomías y zonas diferentes del país, como una especie de virus contagioso que actúa en el escalafón de arriba a abajo, lo contrario de lo habitual.
"JOSÉ MANUEL ATENCIA* : Antes de que Rafael Gómez Sandokán fuera condenado a seis meses de prisión y a una multa de 150.000 euros por un delito de cohecho en el caso Malaya, este empresario lideró una candidatura a las municipales en Córdoba con la que obtuvo 24.805 sufragios, convirtiéndose, con cinco concejales, en la segunda fuerza política con representación y en el primer partido de la oposición en el Ayuntamiento, por delante de Izquierda Unida y del PSOE. Fue la gran sorpresa de la cita electoral. Seis meses antes, su partido político, Unión Cordobesa, no existía. Y cuando lo creó, su propio fundador lo definió con dos palabras: “Una marabunta”.

Cuando se presentó a las elecciones estaba ya imputado por su presunta implicación en la trama de corrupción municipal que se había detectado en Marbella. Había sido detenido y sobre él pesaba la sospecha de un delito de cohecho. En la ciudad por la que se presentó como candidato a la alcaldía, había alcanzado el impresionante título de mayor deudor del Consistorio, que le impuso cerca de 40 millones de euros en multas por edificaciones ilegales. La principal, por construir naves sin licencias en las inmediaciones de Medina Azahara.

El día que Rafael Gómez conocía su condena por corrupción, se le cuestionó al alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto (PP), sobre si creía que su compañero de corporación debía dimitir. Nieto recordó que Gómez había contado con casi 25.000 votos en las elecciones y que la condena se debía a sus actuaciones “como empresario antes de ser concejal”. Y señaló: “Todo el mundo conocía que estaba inmerso en una causa judicial, por lo que así es la democracia, con su cara y su cruz y hay que aceptarlo como viene”. El PSOE no fue mucho más lejos en su crítica y optó por plantear el asunto como un problema de conciencia, pero sin pedirle la dimisión.

Décadas teorizando sobre el hecho de por qué no dimite nadie en España y llegó Rafael Gómez para resolver este dilema en una frase de apenas cinco palabras: “¿Dimitir de qué? Dimite tú”. En esta respuesta está resumida toda una filosofía de vida —la suya— y uno de los grandes problemas de la política en España —el nuestro—, que no es otro que la tolerancia frente a la corrupción. Esa frase hubiera sido inimaginable si los ciudadanos no hubieran premiado su candidatura con hasta cinco ediles. Y posiblemente también sus palabras hubieran sido distintas sin la tibieza del alcalde de Córdoba o el tímido reproche del PSOE tras la condena. ¿Hasta dónde hemos llegado para ver como normal que un representante público se mantenga en el cargo tras ser condenado por un delito de cohecho cometido contra otra administración pública? ¿Y cómo explicar que un concejal que se sienta en el Consejo de Urbanismo de un Ayuntamiento para velar por la legalidad urbanística sea una persona reiteradamente sancionada por incumplir esa misma legalidad?

Podría escribir una historia muy similar sobre el alcalde de Alhaurín el Grande, que abandona un año el Consistorio después de que el Supremo haya ratificado su condena por cohecho. Tras su detención, ganó dos elecciones municipales con más votos que nunca de sus ciudadanos y los mismos aplausos de siempre de su partido, el PP. Se va y anuncia que vuelve. El día de su despedida —temporal— medio millar de vecinos le hicieron un homenaje. Allí estuvieron para apoyarle un nutrido grupo de dirigentes del PP, entre los que se incluía un vicepresidente de la Diputación, una diputada, varios alcaldes y un grupo de históricos dirigentes.

Empieza a resultar alarmante esta tendencia a considerar que las urnas tienen la capacidad de convalidar cualquier irregularidad cometida por un representante público. Y provoca sonrojo invocar el amplio respaldo conseguido en unas elecciones para seguir aferrado al cargo. Tanto sonrojo, como la complicidad de los partidos hacia sus corruptos.

@jmatencia

* El País - Opinión - 18.10.13
Foto: caso'Malaya', Sandokán entrando como imputado - diariode sevilla.es



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Barcelona.- La Fiscalía pide 27 años de cárcel para Millet y Montull por el caso Palau

Parece que se van aclarando algo las cosas en el caso del saqueo del Palau de Barcelona, aunque el asunto haya tardado con la intervención judicial más de 10 años de iniciados los hechos. Otra vergüenza más para la justicia en una comunidad como la catalana. Con la petición de la fiscalía queda clara la imputación delictiva del partido Convergencia de Cataluña, entonces dirigido por J.Puyol y continuado por el presidente actual A.Mas. Otra cosa será que la sentencia definitiva llegue a inculpar a la cabeza de esta alta red de corrupción urbanística. Las influencias político-financieras son demasiado fuertes y la justicia demasiado débil.
"PÚBLICO* : En su escrito de acusación por el caso Palau, la Fiscalía reclama 27 años y medio de cárcel para los exresponsables del centro, y ejecutores principales del saqueo de sus arcas, Félix Millet y Jordi Montull. También solicita 1 año y medio para el exdiputado de CIU Jaume Camps por tráfico de influencias. El fiscal Anticorrupción Emilio Sánchez pide 7 años y medio de cárcel y multa de 20 millones de euros para Daniel Osàcar, extesorero de Convergencia Democrática de Catalunya, el partido de Artur Mas. Solicita además decomisar a dicha formación política 6.676.105,58 euros por las comisiones ilícitas que afirma que cobró de la constructora Ferrovial.

Las penas más altas se reclaman para los exresponsables del Palau de la Música Félix Millet y Jordi Montull, 27 años y medio de prisión para cada uno, y para la hija de este último y exdirectora financiera del centro, Gemma Montull, 26 años. También incluye una petición de pena de 1 año y medio de prisión para el exdiputado de CiU Jaume Camps. En total, acusa a 17 personas, entre ellas dos directivos de Ferrovial, y solicita al juez la apertura de juicio oral.

En el caso del extesorero de CDC Daniel Osàcar, le acusa de delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales en concurso con falsedad en documento mercantil.

En un comunicado difundido tras conocerse el escrito fiscal, CDC ha defendido la "irreprochable" actuación de su extesorero Daniel Osàcar y de su antecesor, el fallecido Carles Torrent, así como la absoluta inocencia del partido, ante el convencimiento de que no hubo ninguna irregularidad.

El partido de Artur Mas expresa su respeto por las actuaciones judiciales, pero remarca que utilizará todos los mecanismos a su alcance para defender su inocencia: por eso, se muestran dispuestos a continuar colaborando con la justicia para aclarar todos los hechos que se le imputan, que consideran "falsos y no probados", según informa Europa Press.

"Ni CDC, ni la Fundació CatDem, ni ninguna persona con relación orgánica con nuestro partido, nunca se han lucrado ni del Palau de la Música ni de las Instituciones que dependen de éste", ha apuntado.

En un extenso escrito, el fiscal pide además nueve años y seis meses de prisión para la exdirectora general del Palau, Rosa Garicano. Además, solicita decomisar 6.676.105,58 euros a CDC, que corresponde al total de comisiones presuntamente ilícitas pagadas por Ferrovial "y que se hicieron llegar a la órbita de CDC, con responsabilidad criminal de su tesorero".

El entramado en torno a la institución musical estaba encabezado por Millet, que ocupaba la máxima responsabilidad en todas las entidades que conforman el Palau, el cual dirigía "de forma personalísima y con un intenso cariz jerárquico a la vez que carismático".

Su segundo al mando y de absoluta confianza era Montull, que tenía bajo su dependencia a su hija Gemma, cuya relación familiar la amparaba para "la articulación y ejecución de los mecanismos defraudatorios "--desde su incorporación como directa financiera en 2003--, que Garicano consintió con su pasividad a cambio de suculentos y desmesurados pagos.

"Los acusados aprovecharon descaradamente la confianza pública generada por el prestigio cultural y social inherente al Palau de la Música, que envolvía con una aureola de aparente respetabilidad incluso los comportamientos más dudosos", asegura el fiscal.

Con fondos del Palau, Millet y Montull hicieron obras "suntuosas" en sus residencias, falsificando facturas para ocultar los trabajos reales y haciendo constar que eran recibos por supuestas reformas del Palau; el fiscal sostiene que no se ha podido acreditar que los proveedores fueran conscientes del fraude al dejarse llevar por el prestigio de los saqueadores.

Además, Millet pagó con fondos del Palau las "ostentosas" bodas de dos de sus hijas, viajes exóticos --Polinesia, Tailandia, Maldivas, Egipto, México y Dubai, por ejemplo--, y otros gastos suntuosos. El fiscal detalla también la presunta trama de comisiones ilícitas cobradas por CDC, a través de un acuerdo criminal que tilda de sencillo y demoledor con Ferrovial.

Cree que la empresa efectuó cuantiosos pagos a CDC para garantizar "un caudal relevante de adjudicaciones de obra pública" por parte de la Generalitat y otras instituciones públicas dominadas por el partido, y lo hacían camuflándolo como patrocinios a la institución musical.

Lo fraguaron el responsable de la constructora Pedro Buenaventura ayudado por el también responsable de Ferrovial Juan Elizaga, mientras que por parte de CDC participaron "como mínimo" el tesorero Carles Torrent --fallecido en 2005-- con la colaboración de Jaume Camps; el sistema fue continuado y perfeccionado por el siguiente tesorero Daniel Osàcar, según el fiscal.

"La lógica apunta a que tales dirigentes debieron contar como mínimo con el asentimiento de altos responsables del partido político, extremo que no ha podido ser suficientemente acreditado", dice el fiscal, situando el fraude al menos entre 2000 y 2008.

Entre CDC y Ferrovial, mediaron Millet y Montull para proporcionar "el disimulo que los pagos ilícitos requerían para llegar a su destino sin problemas", llevándose una mordida de los mismos.

El fiscal sostiene que la comisión ilícita cobrada era del 4% del importe de las adjudicaciones de obra pública, del que un 2,5% iba a a CDC y un 1,5% a Millet y Montull, que a su vez se lo repartían con el 80% para el primero y 20% para el segundo; Camps recibió al menos una remuneración puntual.

Según él, entre las adjudicaciones hay algunas "de inusitada envergadura de las más importantes acometidas en Catalunya" como la construcción de la Línea 9 del Metro y la Ciudad de la Justicia de Barcelona.

Para tapar estas comisiones se utilizaron presuntamente tres canales: entregas en efectivo, falsos convenios de colaboración con una fundación vinculada a CDC --entonces Trias Fargas, ahora rebautizada como CatDem-- y pago de facturas falsas por servicios inexistentes de empresas que se prestaron a tal fin, con los que llegaron 6.676.105 euros a las arcas convergentes.

El fiscal considera que Millet, Montull, y la hija de este, son coautores del delito continuado de malversación de caudales públicos, de falsedad en documento mercantil, de apropiación indebida y de blanqueo de capitales, de los cuales cree que es cómplice Garicano.

A Osàcar y a Camps los acusa de un delito de tráfico de influencias, e inductores a los responsables de Ferrovial Buenaventura y Elizaga, a los que también atribuye administración desleal; considera a las esposas de Millet y Montull, Marta Vallés y Mercedes Mir son partícipes a título lucrativo del expolio.

El portavoz del PSC en el Parlamento catalán, Maurici Lucena, ha exigido este jueves que CDC asuma responsabilidades políticas "muy arriba en el escalafón" del partido si se confirman, tras el juicio, penas de prisión que se piden para sus afectados en el saqueo del Palau de la Música.


* Público - ANDRÉS MUÑIZ/AGENCIAS - 24.10.13
Foto: Barcelona, Millet y Montull imputados caso Palau - elpais.com

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El gobierno valenciano entierra más de 350 millones en sus clubs de fútbol

Siempre se ha dicho que el deporte nacional por antonomasia, el fútbol, está involucrado en numerosos casos de corrupción, casi siempre urbanística pero también en forma de tráfico de influencias. Esto lo saben bien esos grandes magnates (mangantes), de dudosa reputación, que se hacen dueños de un club para manejar a su antojo los hilos políticos-financieros de una comunidad. En el caso valenciano es más que evidente, pero la broma pude salir por unos 350 millones a causa de los derechos televisivos y de avalar también la deuda de varios clubes de fútbol de 1ª categoría. Un asunto que se diluye siempre a costa de un supuesto 'interés público' que no puede ni debe existir de ninguna manera.
"ELDIARIO* : Una administración en quiebra es propietaria directa o indirectamente de varios de los clubs más importantes de su territorio. Esta situación kafkiana se produce en la Comunidad Valenciana, donde la Generalitat ha invertido cerca de 130 millones en la propiedad de varios equipos y directamente ha perdido 235 millones en la gestión de sus derechos de televisión a través de su televisión autonómica, Canal 9.

Valencia Club de Fútbol

En febrero de 2013 la Generalitat, que apenas atiende sus obligaciones con los proveedores, pagó 4,5 millones a Bankia por el aval que en 2009 le concedió el banco de la Generalitat –el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF)- a Bancaja para que la Fundación del club pudiera suscribir una ampliación de capital de 80 millones de euros.

En aquel momento, el club, en quiebra técnica, no podía pagar a sus acreedores, ni siquiera sus pagos corrientes. El gobierno valenciano, entonces presidido por Francisco Camps, urdió con Bancaja –ya desaparecida- una ampliación de capital que evitaba el concurso de acreedores de la entidad o su toma por inversores buitre de dudosas intenciones.

Lógicamente, el banco sólo prestó ese dinero con el aval de la Generalitat a través del IVF. La Fundación, ahora propietaria del club con el 70% de las acciones, no puede hacer frente a sus obligaciones. Bankia se plantea ejecutar el aval, algo que no puede hacer después de que un fallo de un juzgado de primera instancia lo considerara ilegal. La decisión está recurrida. Y el club, en el alambre.

Hércules

Más estrambótico, si cabe, es el caso del Hércules. La Generalitat pagó en enero de 2012 casi 19 millones de euros a la CAM por un crédito impagado por el club alicantino y que, previamente, había sido avalado por el IVF. El dinero fue, esencialmente, para pagar primas a los jugadores y a manos de Hacienda, el acreedor preferente del club propiedad, entonces, del empresario Enrique Ortiz.

La Generalitat, al responder por el préstamo, tenía derecho a quedarse el 82% de las acciones del club o la propiedad del estadio, pero un error jurídico y la entrada en concurso de acreedores de la empresa de Ortiz propietaria del estadio José Rico Pérez han dejando la situación en un punto de indefinición. Es decir, 19 millones después, los valencianos no tienen ni club ni estadio.

Elche

En marzo de 2012 la CAM ejecutó el aval del IVF que sirvió para que la Fundación del Elche pidiera un préstamo de nueve millones con el que cubrir los gastos corrientes del club. Aunque la Generalitat tenía pignoradas acciones por el 40% de la institución, nunca ha ejercido su derecho a quedarse con la entidad ilicitana que, de momento, atiende otro préstamo de 5 millones del Banco de Valencia también avalado por los contribuyentes.

Levante

El Levante, que entró en concurso de acreedores en 2008 con una deuda de 88 millones de euros, también recibió un aval de la Generalitat: 5,5 millones de euros frente a un préstamo de Caixa Penedés. De momento, la Fundación de la entidad azulgrana está cumpliendo con sus pagos sin problemas.

Villarreal

Es el único club de élite sin avales de la administración. Es más, renunció en noviembre de 2012 a 5 millones en ayudas públicas. Ahora bien, es cierto que, después del Valencia, es el club al que más dinero ha inyectado la televisión pública valenciana en su ruinosa incursión en la gestión de derechos de televisión.


* El Diario - Voro Maroto - 23.10.13
Foto: Estadio del Valencia C. F. (Nou Mestalla) abandonado y sin terminar por impagos - lasprovincias.es

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Gibraltar trae piedras de Portugal para su proyecto urbanístico

Más allá de banderas y políticas nacionalistas, en este blog se trata del grave problema urbanístico que representa la actividad ilegal del gobierno de Gibraltar. El ir rellenando terrenos, ganados al mar, para construir salvajemente en los alrededores de 'La Roca' es un atentado contra la delimitación costera que lleva consigo delitos medioambientales y urbanísticos. Debido a la boyante situación de 'paraíso fiscal' se continúa edificando en Gibraltar más allá de lo razonable en Urbanismo, con ello se crean problemas de falta de dotaciones estructurales de largo alcance para un terreno tan limitado geográficamente.
"ELPAÍS* : El Gobierno de Gibraltar sigue adelante con los rellenos que permiten ganar terreno al mar en la cara este del Peñón, con objeto de continuar las obras en Sandy Bay. El proyecto que pretende convertir la bahía en la gran zona de ocio de Gibraltar incluye la construcción de una treintena de edificios de apartamentos, varios hoteles, un lago artificial y hasta 15 muelles. El ejecutivo de Fabian Picardo ha decidido burlar la prohibición del Gobierno español que impide la entrada de piedras y arena a través de la aduana de La Línea de la Concepción (Cádiz), con la adquisición de un cargamento de 40.000 toneladas de piedra procedentes de Portugal.

Un carguero navega actualmente rumbo a Gibraltar con un pedido de 2.700 toneladas de piedra de entre 300 y 1.000 kilos adquiridos a la empresa portuguesa Sofareia (Sociedade Farense De Areias).

El cargamento es el primero de varios que la contratista holandesa Van Oord, concesionaria de las obras, ha comprado para completar las 40.000 toneladas de piedra y 7.000 de grava que servirán para realizar los rellenos denunciados por España. Según el diario Europa Sur, el barco llegó ayer desde Argelia a Faro (Portugal), donde la empresa portuguesa tiene una cantera con un muelle en el que se cargó el material que entrará en la Bahía de Algeciras (Cádiz) en las próximas horas.

Mientras tanto, los ecologistas de Verdemar en el Campo de Gibraltar han anunciado que la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea ha admitido a trámite la denuncia presentada a mediados de junio por la posible vulneración por parte del Gobierno de Gibraltar de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres del Lugar de Interés Comunitario del Estrecho Oriental, lo que incluye los rellenos de áridos en la zona este del Peñón.

Según el portavoz de Verdemar-Ecologistas en Acción, Antonio Muñoz, “en el escrito de la Unión Europea se comunica que la denuncia será examinada por los servicios de la comisión a la luz del derecho de la UE aplicable en la materia”. “También están realizando un informe sobre la utilización de arena procedente de Marruecos para los rellenos al este del Peñón, por lo que pedimos una actuación urgente de la Comisión Europea para que paralice estos trabajos”, apuntó Muñoz, satisfecho por el momento con la respuesta comunitaria.


* El País - CÁNDIDO ROMAGUERA - 22.10.13
Foto: Fabian Picardo ante una vista aérea de Gibraltar. / MARCOS MORENO

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Piden dos años de cárcel para el exalcalde y el exedil de Urbanismo de Gondomar

El municipio de Gondomar, muy cerca de Vigo, tiene una larga trayectoria de ilegalidades urbanísticas, siempre con gobiernos 'populares'. Ahora está acusado el anterior alcalde por irregularidades en la concesión de más una treintena de licencias, en contra de la opinión de la secretaria municipal y de la técnico de la administración general de Urbanismo. Ni corto ni perezoso el alcalde los sustituyó, contratando un asesor externo para conceder las polémicas licencias. Más ilegalidades delictivas no se pueden pedir ya que, además, la Xunta permaneció ajena a este cambalache urbanístico.
"LAVOZDEGALICIA* : El exalcalde de Gondomar Martín Urgal, del PP, y el exconcejal de Urbanismo y tránsfuga socialista Alfonso de Lis Fiuza se enfrentan a una petición de condena de la Fiscalía de dos años de cárcel y al pago de una multa de 22.500 euros por un presunto delito continuado de prevaricación urbanística. Del mismo modo, el abogado José Martínez Torea también se encuentra imputado como cooperador necesario.

El ministerio público solicita además la anulación de 38 licencias que el anterior gobierno local otorgó sin contar con los preceptivos dictámenes jurídicos municipales. El juicio se celebrará los próximos días 22 y 23 en el Juzgado de lo Penal número 2 de Vigo.
Los dos responsables políticos serán juzgados por haber apartado a la secretaria municipal y a la técnico de administración general de sus funciones para informar sobre la concesión de licencias urbanísticas. En su lugar contrataron al abogado José Martínez Torea, que era el encargado de realizar los informes con los que concedieron las licencias entre los meses de febrero y junio del 2011.
Las malas relaciones de ambos responsables municipales con las funcionarias comenzaron poco después de que se auparan al poder mediante una moción de censura que desalojó al BNG de la alcaldía en el año 2009.
Entre septiembre y diciembre de ese año, el abogado particular cobró 5.568 euros por emitir informes jurídicos y otros 1.416 euros por otros dos informes firmados en el año 2010. Todas estas facturas tuvieron el informe de reparo de la interventora municipal, quien consideró que existía una duplicidad en el gasto, toda vez que el Ayuntamiento cuenta con su propio servicio jurídico. La situación no cambió hasta el final del mandato. El 22 de febrero del 2011, el alcalde suscribió con el abogado un contrato para que continuara informando la concesión de licencias por un importe de 17.500 euros durante seis meses.
Nuevamente la gestión municipal de este ayuntamiento de O Val Miñor vuelve a sentar en el banquillo a sus responsables políticos. El juzgado ya inhabilitó en el año 2008 a otro alcalde, Carlos Silva, por un delito de prevaricación urbanística por dar licencias sin PXOM.


* La Voz de Galicia - ALEJANDRO MARTÍNEZ - 19.10.13
Foto: Gondomar (Pontevedra), vista - urbact




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España se rinde y confía su recuperación al 'ladrillo'

Algo que parecía inconcebible hace poco tiempo: hay bastantes síntomas de que se vuelva a apostar por el ladrillo en este país. Tras la debacle de la reciente 'burbuja inmobiliaria', que nos sumió en la mayor crisis-estafa que se ha visto en décadas, los mismos que la produjeron, políticos y financieros especuladores, están dispuestos a exprimir más aun el territorio hasta que no quede ni un centímetro libre de su nefasta influencia. Porque es evidente que no se trata de racionalizar la Ordenación Territorial sino de seguir especulando con ella, tratarla como otra mercancía más, cuando debería ser la base de una mejora de la calidad de vida para todos. Terrible panorama el que se avecina.
"MARÍA VEGA* : Nos hundió en la crisis y ahora parece estar llamado a sacarnos de la miseria. En un país sin apenas industria, sin consumo interno y sin financiación para proyectos empresariales, el ladrillo se perfila, seis años después del estallido de la burbuja, como el único motor capaz de atraer inversión a la economía real española. Tras cerrar el peor capítulo de esta crisis financiera en 2012, España ha vuelto a entrar en el radar de las firmas de capital riesgo, fondos de inversión y grandes inversores internacionales dispuestos a inyectar miles de millones de euros allí donde vean una oportunidad.

Ni el turismo, ni las empresas exportadoras del país de las que tanto alardea el Gobierno parecen capaces de sacar provecho a esta nueva coyuntura. Ese dinero fresco que ha devuelto el optimismo a Emilio Botín quiere aterrizar en España con un destino claro: el sector inmobiliario.

Desde la vuelta de vacaciones, no hay banco de inversión que no saque a relucir en privado el fuerte interés de los fondos extranjeros por entrar en el ladrillo. "Están todos esperando a que toque fondo. Pasa como en Cuba: todos quieren estar listos para comprar casa justo antes de que muera Castro", ironiza el directivo de un banco de inversión español.

Las ventas cerradas por el banco malo (Sareb) con fondos como HIG o las de la Comunidad de Madrid con Goldman Sachs han encendido las alarmas de sus competidores que no quieren quedarse atrás en esta carrera.

"Cuando un par de fondos entran en un sector, se produce un efecto dominó. El resto empieza a comprar para no quedarse fuera si la cosa funciona. Nadie quiere perderse la fiesta", resume un ejecutivo que trabaja con estos inversores.

En Bolsa, las empresas del ladrillo también han sido las que más han subido en los últimos seis meses. Mientras, en el Ibex Sacyr Vallehermoso es la que más gana desde mediados de abril, en el Mercado Continuo, la inmobiliaria Quabit es la estrella en ese tiempo.

La incapacidad de la clase política y empresarial para encontrar una alternativa de crecimiento en España deja la recuperación del país en manos de esos inversores.

Para entender el impacto que puede tener esa inversión a medio plazo en el bolsillo de los españoles, basta con analizar el caso de Estados Unidos. El crecimiento del 2,5% del PIB de la primera economía mundial ha sido posible gracias al consumo (que ha aportado 1,2 puntos), la inversión (con una contribución de 0,9 puntos), la Bolsa (con 0,6 puntos) y se ha visto lastrada en 0,2 puntos por los problemas de la Administración, según los datos que BlackRock manejaba en septiembre.

En España, con el sector público ahogado por las deudas y el consumo interno sumido en una depresión por el paro y las continuas rebajas salariales, empresarios y Gobierno han tirado la toalla a la espera de que esa inversión reactive la economía.

Lejos queda el discurso que con poco tino abanderó José Luis Rodríguez Zapatero sobre el cambio de modelo productivo. Ahora, lo que se lleva entre las grandes fortunas es volver a comprar pisos.


* El Mundo - Opinión - 21.10.13
Foto: El Roto, viñeta ladrillo - elpais.com 20100911



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Ourense.- Los alcaldes hacen cola en los juzgados

La provincia de Ourense está repleta de municipios con delitos urbanísticos, siempre a la sombre del presidente 'popular' de la Diputación, Baltar, auténtico cacique de la misma y que ha ejercido su nefasta influencia sobre numerosas causas delictivas, ahora en los juzgados provinciales. Casi todos son temas de prevaricación urbanística de mayor o menor cuantía según cada municipio, pero la coincidencia de alcaldes del PP da mucho que pensar sobre la actitud de dicho partido político con la corrupción.
"ELPAÍS* : Rogelio Martínez lleva casi ocho años entrando y saliendo impertérrito de un juzgado de Ribadavia. Tiene que dirimir ante la Justicia el desvío de fondos públicos cometido en 2000. Martínez es el máximo representante de la Xunta de Galicia en la provincia de Ourense: el hombre de confianza del presidente, Alberto Núñez Feijóo, que lo ha mantenido en el cargo en sus distintas y cada vez más incómodas posiciones de investigado, imputado y finalmente procesado por las que ha ido pasando, lentamente, en este largo periplo judicial.

El superdelegadoestá acusado de haber desviado más de 51.000 euros de ayudas de Bruselas en su etapa de alcalde de Arnoia y presidente de una agrupación local, un hecho que la Audiencia Nacional consideró ya probado en 2009 y por el que lo condenó, en vía administrativa, a la devolución del dinero.

Pero el alto responsable institucional, inmerso ahora en el proceso penal, no se inmuta; no desiste de los constantes recursos contra todos los autos judiciales que le son adversos y que la Audiencia Provincial ordena sistemáticamente reabrir; no se cansa de reivindicar su inocencia o, según el caso, la prescripción del delito; no se aparta del cargo. Como él, una decena más de representantes institucionales ourensanos, casi en su totalidad del PP y encabezados por el que fue su máximo líder, el “cacique bueno” José Luis Baltar, desfilan estos días por los juzgados de la provincia implicados en causas que, salvo condena a la inhabilitación, jamás los arrancan de sus puestos. En algún caso, cuando la Justicia los arroja a la vida civil, tiran de sus parientes más cercanos para que los sucedan temporalmente al frente de las instituciones.

Fue lo que hizo el exalcalde de Melón, Alberto Pardellas (PP), inhabilitado por prevaricar al autorizar un polideportivo a 10 metros del monasterio cisterciense de su municipio. Pardellas miró entonces a su entorno inmediato y decidió colocar a su mujer, Cristina De Francisco, neófita en política, de candidata-sucesora a la alcaldía. Ganó las elecciones. El exregidor condenado la ha acompañado en las jornadas laborales al frente de la institución, cuyas obras ha supervisado él personalmente (lo nombró asesor) y también en la visita al juzgado: De Francisco ha acabado imputada por falsedad en documento público y por colaboración en quebranto de condena por firmar, “en falso”, según la acusación, convenios con Instituciones Penitenciarias para que determinados presos hicieran en su municipio labores para la comunidad “que jamás llegaron a realizar”. La alcaldesa sigue gobernando asesorada por su marido condenado.

Junto a la regidora de Melón desfilaron la semana pasada ante los jueces ourensanos otros alcaldes del PP: el de Baltar, José Antonio Feijóo (acusado de acoso y coacciones a militantes del PSdeG) y el de Rairiz de Veiga, Xaquín Rodríguez Ambrosio, por desobediencia a la justicia, acusado de incumplir las sentencias que le obligaban a pagar a una trabajadora municipal. Rodríguez (que se estrenó en la alcaldía por el BNG y acabó en el juzgado tras ser reelegido para el mismo cargo por el PP) tiene aún otra causa pendiente. Está procesado por un supuesto delito de prevaricación: la secretaria-interventora dictó contra él en un solo año 88 reparos de legalidad correspondientes a un buen número de contratos y facturas. El alcalde de Rairiz se expone a una pena de diez años de inhabilitación para el cargo. De momento, no se inmuta.

Tampoco se inmuta el alcalde de Baltar. Su causa ha quedado vista para sentencia mientras el regidor continúa al frente de la alcaldía y ocupando el escaño de diputado provincial en donde mantiene la estricta disciplina de grupo pese a que la dirección del PP anunció, al conocer su procesamiento, que le abría expediente disciplinario.

Entre los cargos que, como el de Rairiz de Veiga, hacen doblete ante la justicia está el superdelegado Martínez que en breve repetirá experiencia como imputado. La orden de procesamiento emitida hace unos días por el juez que instruye la causa de la presunta malversación de los fondos comunitarios cometida desde la agrupación local coincide con la apertura de una nueva investigación judicial que también lo señala. Tendrá que responder por otra denuncia, auspiciada por los especialistas en anticorrupción de la UE, por los supuestos delitos de malversación, prevaricación, falsedad en documento público y fraude en relación con la adjudicación a dedo a una empresa de 106 depuradoras en la provincia durante la misma etapa en la que era alcalde de Arnoia y vicepresidente de la Diputación.

Esta es ya la foto fija de la provincia: una decena de alcaldes y tenientes de alcalde investigados, imputados o procesados hacen cola a la puerta del Palacio de Justicia para responder, en buena parte de los casos, por la gestión que realizaron con el dinero público. A los alcaldes populares que ya acudieron estos días a los juzgados le seguirán en breve otros. Entre ellos, el de Barbadás, José Manuel Freire Couto y su teniente de alcalde, Manuel García González. La juez instructora los ha imputado tras analizar la acusación de prevaricación y enriquecimiento (entre ambos se hicieron con el 30% de un polígono urbanístico en el municipio que gobiernan) presentada por el PSOE provincial.

Todo es limbo

No solo los populares tienen asuntos pendientes con la Justicia aunque hasta el momento eran ellos quienes se fundían especialmente con el cargo en espera de una sentencia que los arrancara de cuajo. A la larga lista de políticos del PP con causas abiertas se suman, en el otro bando, las imputaciones, en el marco de la Operación Pokémon, del exalcalde ourensano Francisco Rodríguez y del exconcejal del BNG Fernando Varela. Ambos dimitieron; el socialista, tras forcejear con la dirección gallega de su partido. No renunció sin embargo el alcalde de O Carballiño, Argimiro Marnotes, del PP, imputado en la misma causa.

Pero los socialistas se han topado ahora con una nueva brecha judicial y han reculado en el hábito de las dimisiones. Un juez de instrucción ourensano ha imputado a la teniente de alcalde y concejala de Benestar del Ayuntamiento de Ourense, Marga Martín (PSOE) un delito de malversación de fondos públicos y el alcalde (Agustín Fernández, sustituto del procesado en la Pokémon) se ha apresurado a arroparla: Martín no ha dimitido.

En esta vorágine de imputaciones y procesamientos judiciales se lleva la palma el “cacique bueno”, el otrora todopoderoso presidente de la Diputación y del PP de Ourense José Luis Baltar. Como su íntimo rival en el PP provincial, el superdelegado Martínez, Baltar atenderá dos frentes en los juzgados: de una parte se sentará en el banquillo acusado de prevaricar por colocar a dedo en la institución provincial a 104 personas y, por otra, como Martínez, tendrá que explicar ante un juez de instrucción por qué firmó desde ese mismo cargo la adjudicación a dedo a una misma empresa de 106 depuradoras financiadas por la UE.

Pero a Baltar, las comparecencias judiciales lo han encontrado jubilado. “A mí no me inhabilita nadie, que ya me inhabilité yo”, presumió de cintura política al conocer la primera de las imputaciones que ha acabado sentándolo en el banquillo. Sin contar este oportuno despeje del cacique, desde el superdelegado Martínez hacia abajo todo es limbo: ese lugar en el que los cargos imputados o procesados se agarran al mástil de la institución que sujeta desde la base el propio partido. No hay quien dimita.


* El País - CRISTINA HUETE - 19.10.13
Foto: Rogelio Martínez tropieza al levantarse de un aparato de feria en presencia de Baltar, en Ourense en 2009. / NACHO GÓMEZ

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Valencia se queda sin Fórmula 1 tras enterrar 300 millones

Valencia ha ganado un nuevo e inmenso solar repleto de basura, palés, bloques de hormigón y hasta vallas y señales de tráfico tiradas. Se trata del destinado al fallido circuito de Fórmula 1, con la particularidad de que ha costado al menos 89 millones de euros de todos los valencianos, a pesar que el expresidente Camps y la alcaldesa Barberá lo anunciaran como 'a coste cero'. Ahora se aprecia el enorme despilfarro público de estos pésimos gobernantes que, como suele ocurrir, se han ido 'de rositas' sin que desde instancias judiciales nadie haya planteado alguna imputación delictiva.
"ELDIARIO* : El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, da por hecho que Valencia no organizará más pruebas de la Fórmula 1 al tener un preacuerdo con Bernie Ecclestone, el organizador de la prueba, para rescindir el contrato firmado en su día por Francisco Camps sin tener que acometer el pago de la rescisión, cifrado en 54 millones de euros. Aunque la opacidad del gobierno valenciano, que, exceptuando la prueba de 2012, nunca desveló el coste real de la competición, hace difícil el cálculo, el circo de las cuatro ruedas le ha costado al contribuyente 300 millones de euros. Estas son, aproximadamente, las cifras.

Canón de la prueba: 110 millones

Hasta este año se había ocultado sistemáticamente cuanto le pagaba la Generalitat a Formula One Management –la organizadora del mundial- por tener su gran premio. Sin embargo, la consellera de Educación, María José Catalá, desveló en respuesta a la oposición el importe del cánon en 2012. 27 millones y medio. En total, de 2009 a 2012, 110 millones. Se supone, sólo se supone, que el cánon del primer año fue asumido por una empresa privada, Valmor.

Coste del circuito urbano: 89 millones

Francisco Camps y Ecclestone acordaron que, para diferenciarse y poner en valor la ciudad, la prueba de Valencia no debería disputarse en el cercano circuito de Cheste sino en la ciudad, concretamente en un circuito que pasaría por parte de la fachada marítima y la fastuosa Ciudad de las Artes y las Ciencias. Según el conseller de Fomento de la época, el coste del circuito fue de 89 millones de euros.

Otros: 46 millones

Sólo en 2012 el Consell reconoce haber gastado casi 12 millones en partidas inevitables como el arrendamiento de las gradas, la conservación y reparación del circuito, el mantenimiento de algunas instalaciones técnicas, publicidad o impuestos. Sin contar el año de la primera prueba, más de 45 millones, asumiendo, claro, que los costes hayan sido parejos entre 2009 y 2012.

Rescate de Valmor: 41 millones

En 2007 las expectativas parecían positivas. Sin apenas explicaciones, Camps otorgó la organización de la Fórmula 1 a Valmor, una empresa recién creada y constituida a partes iguales por Bankia, el empresario Fernando Roig (hermano del propietario de Mercadona, Juan) y el expiloto y manager de MotoGP Jorge Martínez, más conocido como Aspar.

Cuando el negocio se reveló ruinoso, de nuevo sin apenas explicaciones, la Generalitat compró Valmor por un euro…..y la asunción de todas sus deudas. Coste de la operación: 41 millones.

Retransmisiones de Canal 9: 22 millones

En una operación tachada de incomprensible por los expertos en televisión y al parecer auspiciada por Camps, Canal 9 compró los derechos de retransmisión para la Comunidad Valenciana de la Fórmula 1, que estaba (y siguió estando) entonces en la programación de La Sexta. La audiencia fue paupérrima, no así el coste: 22 millones (más IVA) por tres años de competición.

Ahora, Ecclestone, según publica el diario Levante-EMV, aceptaría la ruptura del contrato y se conformaría con llevarse las vallas, los tinglados y parte de los boxes para reutilizarlos en otros circuitos del campeonato. Después de 5 años de dispendio, parece que el magnate británico se ha apiadado de una administración en quiebra.


* El Diario - Voro Maroto - 16.10.13
Foto: Valencia, ruina en el circuito F1 - 20minutos



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