Las casas ilegales son un complicado reto para los ayuntamientos

LAMAÑANA/Lleida* : El Col·legi d’arquitectes de Lleida acogió ayer una jornada técnica sobre la disciplina urbanística en suelo rústico con la participación de técnicos y políticos relacionados con esta problemática. Se llegó a la conclusión, según el consultor ambiental Ramon Queralt, de que “esta competencia municipal es muy difícil de llevar desde un ayuntamiento”, por lo que el centenar de asistentes se comprometieron a “dedicar esfuerzos y mejorar la coordinación entre los Mossos d’Esquadra, agentes rurales, municipios, Seprona y los inspectores de la Dirección General de Urbanismo”. Son muchas las localidades que tienen dificultades para afrontar los casos de viviendas implantadas ilegalmente. Desde el Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya (COAMB), señalan como ejemplos a l’Horta de Lleida, Alcarràs, Balaguer, Golmès, les Borges Blanques, Cervià de les Garrigues y Juneda.

Según el COAMB, es un problema ambiental que se intuye pero no se valora en la medida real hasta que los problemas para los ayuntamientos empiezan a aflorar de formas diversas, como la demanda de servicios, conflictividad administrativa o dificultad de control sobre la población. A esto se añaden una serie de impactos colaterales, como son la distorsión del mercado del precio de la tierra, la inseguridad o los vertidos incontrolados de escombros y de aguas residuales.
El objetivo de la jornada era poner de relieve la problemática y la normativa existente, además de mostrar el caso del Consorcio para la protección de la legalidad urbanística de Menorca, que desde el 2006 ha abierto 380 expedientes y ha conseguido frenar e incluso revertir este fenómeno en la zona.
Queralt, uno de los conferenciantes de la jornada, señaló al respecto que, aunque este fenómeno viene de antiguo, “se va incrementando si no se pone freno”.


* La Mañana - 9.04.11
Foto: Alcarràs (Lleida), aérea - turismorural

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Fuente Palmera .- El Pleno inicia la regularización de suelo desarrollado "al margen de la legalidad"

ELDÍADECÓRDOBA* : Las sospechas sobre la gestión del urbanismo municipal en Fuente Palmera en la década de los 90 y los primeros años del siglo XXI sigue generando expectación. Así, el Pleno de la Colonia ha aprobado el expediente para poder regularizar distintas unidades del casco urbano cuyos espacios para dotaciones -zonas verdes y servicios- no se contemplaron o incluso se vendieron para otros fines -como vivienda-. Esta aprobación inicial contó con el voto favorable de PSOE, Olivo e IU, mientras que el PP se abstuvo en la votación. El posicionamiento de los grupos se justifica en un informe encargado por el Ayuntamiento colono en el que se recoge cómo regularizar esos suelos, un estudio con apreciaciones sobre la situación legal de las actuaciones. De hecho, uno de los subgrupos es el que está formado por unidades de ejecución "que han entrado en carga haciendo caso omiso a la ordenación establecida, consolidando edificaciones o privatizando reservas de equipamientos y espacios libres".

El texto añade que estos suelos se han desarrollado "al margen de la legalidad urbanística, encontrándose las edificaciones plenamente consolidadas". En otro de los párrafos, los redactores se refieren a estos terrenos que faltan como "suelos dotacionales usurpados".

En cuanto a la solución propuesta, consiste en agrupar todos esos terrenos que deberían haber sido dotacionales -3.208 metros cuadrados- y reubicarlas en otro sector, "restableciendo el equilibrio dotacional perdido".

El grupo que más ha alzado la voz con este asunto ha sido el de Izquierda Unida, cuyo portavoz, Manuel Ruda, ha señalado a El Día que "nuestra visión es que ese informe recoge hechos gravísimos, que ratifican la política que en aquellos años desarrolló en el plano urbanístico y contable el PSOE y su alcalde en aquel tiempo, Antonio Guisado". Ruda recordó que Guisado está relacionado con varias causas por asuntos urbanísticos y reiteró que "hechos como los que recogen este informe, que lo ha solicitado el propio Ayuntamiento, no se pueden olvidar, por lo que la Fiscalía tiene que conocer estos hechos y que luego decida qué hacer". Ruda apuntó que su voto afirmativo estaba condicionado precisamente a que se remita al fiscal toda la documentación de este informe. El edil dijo que en caso de que el Pleno no actúe en este sentido "estudiaremos si lo remitimos nosotros, aunque la Corporación no puede mirar para otro lado".

En cuanto a la posición del alcalde de Fuente Palmera, Juan Antonio Fernández (PSOE), dijo que "está siendo miedoso" con este asunto y aventuró que "da la sensación de que está recibiendo presiones de su propio partido para que esto no se airee en exceso". En cuanto a los trámites a seguir a partir de ahora, el portavoz de la coalición de izquierdas explicó que tras un periodo de exposición al público, el asunto volverá de nuevo al Pleno, que deberá elevar la modificación de las Normas Subsidiarias a la Comisión Provincial de Ordenación de Ordenación del Territorio y al Consejo Consultivo, ambos dependientes de la Junta.

Al margen de las actuaciones judiciales, el portavoz de la coalición recordó que "para nosotros tiene gran valor el hecho de que se pueda solucionar este asunto" y recordó que esos terrenos "usurpados" se recuperarán en la zona Oeste del casco urbano de Fuente Palmera, en el entorno de la carretera de Palma del Río.

Mientras, Juan Antonio Fernández precisó que "no voy a entrar a valorar lo que dice el informe, porque la realidad es la que es; lo que está claro que estamos intentando buscar soluciones y que con esta aprobación inicial casi cerramos el círculo de los problemas urbanísticos de Fuente Palmera". El alcalde no quiso referirse a la gestión de otros regidores colonos e insistió en que "nosotros no miramos al pasado, sino al futuro". También recordó que el PGOU de la localidad "ya recoge la reubicación de estos terrenos, un dato muy importante" y comentó que "llevamos más de un año trabajando" para solucionar esta problemática.


* El Día Córdoba - 9.04.11
Foto: Fuente Palmera (Córdoba) - vegaguadalquivir

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Ceuta.- El borrador del PGOU quiere urbanizar la zona ‘inundada’ en el simulacro

ELFARO* : Asociaciones como Septem Nostra o Los Verdes han llamado la atención respecto al simulacro ‘Baraeco 2011’ que se desarrolló el jueves en García Aldave.
En concreto, respecto a la intención que tiene la Ciudad Autónoma de, a través del nuevo PGOU, declarar urbanizable una amplia superficie aledaña a los pantanos del Infierno y del Renegado, justo bajo ellos (zona coloreada en marrón del mapa). Precisamente, una presa que por un fallo se desbordaba el jueves inundando las viviendas bajo el pantano. “Cómo puede ser que quieran hacer chalets bajo el pantano del Infierno y en un simulacro en el que piensan en las peores emergencias pongan como ejemplo un desbordamiento de la presa”, expresó Juan Redondo, de Los Verdes. Por su parte, el presidente de Septem Nostra, José Manuel Pérez Rivera, comentó que se trata de una “incongruencia”.

“Queremos llamar la atención de que es incongruente que mientras montas un dispositivo catastrófico y asumes el reiesgo de los pantanos y después quieres urbanizar la cabecera de ambos embalses”, aseguró Pérez Rivera.
De hecho, esta asociación en defensa del patrimonio medio ambiental e histórico hizo alegaciones al respecto cuando se presentó el borrador del próximo PGOU. Esto fue lo que dijeron: “El segundo de los aspectos relacionados con la clasificación como suelo urbanizable el denominado ‘sector noroeste’, situado en las inmediaciones de los embalses del Renegado y el Infierno, tiene que ver con la consideración de ambas zonas como dominio público hidráulico. Tal consideración no entraña ningún tipo de duda si nos atenemos a la definición de dominio público hidráulico que hace el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio de Aguas”.
Además, en esas alegaciones se especifican otras normas. “La pretendida construcción de más de 700 viviendas en el entorno de los embalses del Renegado y el Infierno tiene difícil encaje legal a tenor de lo dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto 9/2008 [...]. Esta modificación supone restringir, aún más si cabe, las construcciones en las zonas de servidumbre del Dominio Público Hidráulico, al declarar que “con carácter general no se podrá realizar ningún tipo de construcción en esta zona salvo que resulte conveniente o necesaria para el uso del dominio público hidráulico o para su conservación y restauración. Sólo podrán autorizarse edificaciones en zonas de servidumbre en casos muy justificados”, explicaba Septem Nostra.

El ejercicio al que se refiere Septem Nostra fue el primero de todos, una avería en el sistema hidráulico de la presa del pantano del Infierno que inundaba edificios. De hecho, el propio simulacro ensayaba con la búsqueda de víctimas atrapadas entre escombros y entre un coche volcado, presumiblemente a causa del efecto de las aguas. “Tanto la Delegación como la Ciudad deberían explicar su incoherencia en un asunto tan delicado como la seguridad de las personas”, asegura Pérez Rivera, presidente de Septem Nostra. Y si menciona a Delegación es porque las competencias en materia de Urbanismo no están transferidas a la Ciudad Autónoma, sino que actualmente pertenecen al Ministerio de Fomento. Además, en sus alegaciones al borrador del PGOU, Septem Nostra explicaba que se podría incurrir en una ilegalidad si se urbanizan los aledaños de ambos pantanos. Esto sucedería si el Reglamento del Dominio Público Hidráulico catalogara estos pantanos en la categoría ‘A’ (“cuya rotura o funcionamiento incorrecto pueden afectar gravemente a núcleos urbanos o a servicios esenciales, o producir daños materiales o medioambientales muy importantes”). Según Septem Nostra, es “evidente” que una rotura afectaría, ya de por sí, a barriadas como “Benítez o Postigo”.


* El Faro - 9.04.11
Foto: Ceuta, panorámica desde G.Aldave - google

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Alhaurín.- La Audiencia fija en septiembre el juicio del «caso Troya» contra la corrupción

LAOPINIÓN/Málaga* : La Audiencia Provincial de Málaga ha demostrado tener una gran capacidad para digerir: el «caso Minutas» está en su recta final; ya ha dictado sentencia en «Ballena Blanca»; «Malaya» avanza a pasos agigantados y ha fijado fecha para otro macroproceso, la conocida operación «Troya» contra la corrupción urbanística y política en Alhaurín el Grande. En concreto, su alcalde, Juan Martín Serón (PP), el edil de Urbanismo, José Gregorio Guerra, dos funcionarios y dieciséis empresarios se sentarán en el banquillo de los acusados a partir del 22 de septiembre. El fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero reclama cuatro años y medio de cárcel, medio millón de euros de multa y diecinueve años de inhabilitación para Martín Serón por cinco supuestos delitos de cohecho pasivo y prevaricación.

La Sección Octava de la Audiencia Provincial, la misma que ha rechazado recientemente un macrocaso enviado por la Audiencia Nacional, estima que el proceso durará tres meses y las sesiones se celebrarán los jueves y viernes de cada semana para no coincidir con «Malaya», que tiene lugar de lunes a miércoles. En cualquier caso, está por ver qué sala albergará el caso: la del Jurado, donde se celebra la trama de corrupción, estará libre entonces los dos últimos días de la semana. La que ha acogido «Ballena Blanca» hasta ahora, también.

El supuesto cabecilla en el caso

El titular de Urbanismo, a quien el fiscal considera el cabecilla de la trama, se enfrenta a siete años y medio de cárcel, a una multa de 1,6 millones de euros y a 21 años de inhabilitación por once delitos de cohecho pasivo y catorce contra la ordenación del territorio.

Al asesor jurídico que más informes supuestamente falsos rubricó se le piden 18 meses de cárcel y nueve años de inhabilitación por doce delitos contra la ordenación del territorio, mientras que para su compañero se propone un año de cárcel.

Cómo era la trama, según el fiscal

Los dieciséis constructores que pagaron los supuestos sobornos se enfrentan a dos años cada uno por cohecho, amén de al pago de multas que oscilan entre los 15.000 y los 180.000 euros, a lo que habría que sumar otro ejercicio de privación de libertad por ilícitos contra la ordenación del territorio. En total, se piden 63 años de privación de libertad y multas por más de 2,8 millones de euros.

El acusador público considera que en el Consistorio de Alhaurín el Grande, al menos desde 2002, ha venido funcionando «una trama cuyo objeto no era otro que obtener el enriquecimiento personal ilícito de ciertas autoridades municipales, y que consistía en ofrecer a los constructores y promotores inmobiliarios que estuviesen interesados la posibilidad de obtener una mayor edificabilidad respecto de la legalmente prevista en la norma de planeamiento, a cambio de la oportuna retribución económica».

Al frente de la trama estaría José Gregorio Guerra, «quien se encargaba de negociar las nuevas condiciones urbanísticas a aplicar a los proyectos de obra y las contrapartidas a abonar a los empresarios, recaudando los fondos procedentes de tales pagos». Los sobornos aparecen recogidos en las anotaciones manuscritas y en los archivos informáticos intervenidos en el registro del despacho municipal del edil popular, efectuado en enero de 2007.

El acusado había tasado el precio a pagar por el incremento de edificabilidad y el número de viviendas respecto de lo legalmente establecido para esos parámetros, sostiene el acusador, «de modo que el metro cuadrado de techo de más se cifraba en 80 euros, mientras que a la vivienda proyectada en exceso se aplicaba la suma de 60.000 euros».

«Por fin podremos defendernos»

El Ayuntamiento de Alhaurín el Grande afirma que «por fin» podrán defenderse «ante un tribunal más profesional y más garantista que el juzgado de instrucción de Coín», que se encargó de la investigación del «caso Troya».
«Hemos sido víctimas de una instrucción que ha parecido estar dirigida por la Udyco y la Fiscalía de Málaga, ambas en este caso al servicio del gobierno socialista», señalaron desde el Consistorio a través de un comunicado.

«Así se demostrará que nuestra detención fue ilegal, así como los registros y que se nos ha mantenido acusados con intereses puramente políticos y electorales», indicaron en la nota, en la que precisaron que este caso «será una vergüenza para las instituciones que injustamente están haciendo tanto daño a personas honradas, que tanto progreso y bienestar han conseguido para Alhaurín el Grande». «Somos totalmente inocentes, está más que demostrado que la Fiscalía no debía haber mantenido sus acusaciones», dijeron.


* La Opinión Málaga - 8.04.11
Foto: Alhaurín el Grande, ayuntamiento - EFE

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Tenerife.- El teatro del Puerto de Granadilla y sus actores

AGAPITO DE CRUZ FRANCO* : Los poderosos intereses económicos que consideran la naturaleza un recurso a destruir en beneficio de un mal llamado progreso, una izquierda extraparlamentaria que vio en la oposición a aquellos una causa por la que luchar y, a la vez, una tabla de salvación ante su desaparición de la escena electoral, y el ecologismo como nuevo movimiento social -el único capaz actualmente en Canarias de unir en torno a sus reivindicaciones a toda una sociedad plural- conforman el drama sobre el que se ha desarrollado el conflicto de construcción de un nuevo puerto industrial y comercial en Granadilla de Abona (Tenerife). Drama, en el que ha sido de vital importancia la eclosión de una sociedad concienciada con el medio ambiente, en la que las nuevas tecnologías han sido un elemento aglutinador de voluntades, y heredera, en el fondo, pero no en la forma, del Movimiento Ciudadano “Toda la Isla es Vilaflor”. Un drama, con una triple paradoja: A la sombra de la lucha contra el Puerto de Granadilla se han desarrollado proyectos de extrema gravedad hacia los ecosistemas del Archipiélago, el ecologismo –elemento clave en el conflicto- ha terminado perdiendo su independencia, y los poderes conservadores –que no conservacionistas-, han crecido a medida que lo hacía el rechazo social hacia esta gran infraestructura.

En este contexto, y a medida que avanzaba el proceso ciudadano, la oposición a dicho puerto, dejó de tener a la ecología como guión, pasando esta a ser un elemento más, entre otros, del mismo. Y aunque los argumentos han tenido en parte que ver con ella, su espacio comenzó a ser ocupado por los contenidos conceptuales de la izquierda del siglo XX. Si estructuramos las organizaciones políticas, claro está, en izquierdas y derechas. Porque estas coordenadas electorales surgidas a finales del siglo XVIII, es posible que ya no respondan a la realidad de una sociedad global inundada por las aguas del cambio climático, con la polis –ciudadanía- como punto de encuentro de múltiples identidades, y la economía sustituyendo al Estado-nación.
De hecho, el movimiento ecologista –con su bagaje social acumulado in crescendo desde la década de los 70 hasta el Movimiento Toda la isla es Vilaflor el 23-N de 2002-, era el último de los territorios de los nuevos movimientos sociales surgidos del 68 que la vieja izquierda trashumante aún no había conseguido fagocitar.
Así, a medida que crecía la oposición al Puerto de Granadilla, la acción medioambiental pasaba en Canarias a oxigenar el arco electoral extraparlamentario y a tratarse desde la óptica de los partidos de izquierda. El ecosistema como paradigma, era sustituido por los valores tradicionales de estos, que ponían de nuevo en escena conceptos ya superados como eco-socialismo o desarrollo sostenible –junto a otros tardíamente asumidos- en unas islas que sobrepasaron los límites de tal desarrollo hace más de 50 años.
En este drama, la lucha contra la destrucción del mar y de la tierra, junto a la prioridad de las políticas sociales frente a los intereses urbanísticos y de infraestructuras, son, sin embargo, unos conceptos que –entre otros valores-, el ecologismo consiguió introducir a lo largo de tres décadas en las agendas de diferentes grupos sociales y electorales, tanto de un arco como de otro, que otra cosa es la práctica política de cada cual. De hecho, hasta la llegada de este acontecimiento, el ecologismo vivía un empuje del que una de sus consecuencias fue precisamente la oposición a este macro-puerto.
Sin embargo, desde su puesta en escena, se ha vuelto cada vez más difícil situar en el proceso los argumentos ecologistas (rechazados parte de ellos por algunos ámbitos de la oposición a esta obra), o poner en marcha en el caso de la isla de Tenerife, otras dedicaciones que no sean las relativas al Puerto de Granadilla y por ende, a las diferentes infraestructuras insulares. La causa habría que buscarla en esa deriva partidaria que ha aprovechado el empuje del ecologismo para sus propios fines y que tras manipularlo, lo ha convertido en un departamento de sus programas, al tiempo que barnizaba su burocracia electoral de cierta coloraina ambiental. Lo que, dicho sea de paso, ha demostrado la confusión entre movimiento político electoral y no electoral.
Este carnaval verde de algunos partidos ha resultado así un reality-show, donde el protagonismo que han ido adquiriendo ha sido, paradójicamente y cara a sus intereses tradicionales de anhelo de poder, irrelevante y virtual. Incluso favorecedor de todo lo contrario, aupando al poder a sectores más conservadores. Dentro de esta óptica, han tratado hipócritamente de atraerse un voto verde que nada tiene que ver con ellos, y de lo que, en parte, tienen la culpa Los Verdes –verdadero referente de la ecología política electoral- por no separar con claridad su proyecto del de la izquierda, aparecer a menudo dividido en las elecciones o diluirse en plataformas de partidos donde quedan desactivados.
Un análisis ecológico de la situación dice que el Puerto, aún con la gravedad que conlleva, y como estandarte de los poderes económicos más destructivos con el medio ambiente, tiene una importancia menor frente a otros del ecosistema como: la población, la energía (cuya lucha por una Canarias 100% limpia duerme el sueño de los justos), el agua y el acceso a los recursos (de una gravedad extrema en Canarias) el territorio y la destrucción del suelo, el urbanismo y la propia industria turística (en la raíz de todos los problemas ambientales en Canarias), la agricultura, los espacios naturales, los incendios forestales, los problemas migratorios, la desestructuración social y laboral de uno de los componentes del ecosistema, la cuestión de Canarias como plataforma neo-colonial hacia África, la identidad cultural, la alimentación, los derechos de los animales desde las ballenas piloto hasta los perenquenes, la extinción de diferentes especies vegetales y animales o la contaminación, por no hablar de la propia vida y de todo lo que supone una dimensión ecológica profunda y la reducción del ser humano a su lugar no central en el ecosistema.
Esta es la razón de que, ante varias manifestaciones ecologistas (la oposición al Puerto de Granadilla, los derechos de los inmigrantes, o el rechazo al gas natural, por ejemplo), a la primera hayan acudido 30 mil personas y a las otras 30, si llega, y si se convocan, cuando estas últimas, tienen como ecología, una importancia mucho mayor que la primera, que de por sí ya es grave. Lo que lleva también a la conclusión de lo decisivo del elemento mediático como condicionante en la formación de la conciencia colectiva.

* Canarias Actual - Opinión - 9.04.11


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