El mismo delito, aunque por omisión, imputa el juez al secretario del Ayuntamiento en aquellas fechas, César Saiz Alonso, al que acusa de haber "favorecido" con "su pasividad" la actuación del equipo de gobierno y de no haber cumplido con las obligaciones de su cargo.
El juez Sánchez Lázaro establece además una conexión directa entre este caso y las irregularidades urbanísticas que investiga en otros procedimientos penales, ya que considera que se contrató a Dirsur con la finalidad de "maquillar las ilegalidades que se estaban cometiendo" en materia de urbanismo.
A lo largo del auto, el Juzgado relata cómo se contrató a Dirsur sin tramitar expediente alguno un trabajo que, por su cuantía (25.520 euros), requería, al menos, que se hubiera abierto un procedimiento negociado sin publicidad, "lo que es tan sencillo como pedir no menos de tres ofertas".
Explica además que el trabajo objeto de ese contrato -reunir en un solo documento el plan general vigente en el municipio y todas las modificaciones aprobadas hasta ese momento- podía haberle salido gratis al Ayuntamiento, si hubiera pedido esa información a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU). Y añade que, en paralelo, se estaba tramitando siguiendo un procedimiento correcto un expediente para contratar al redactor del nuevo plan general de urbanismo, al que se iba a hacer, entre otros encargos, el mismo que a Dirsur: un texto refundido del PGOU.
Indicios suficientes
El juez defiende que hay suficientes indicios de que los concejales imputados actuaron a sabiendas de que infringían la ley por varios motivos: primero, porque la auditoría que habían encargado poco antes para fiscalizar la actuación del anterior equipo de gobierno del PSOE les prevenía expresamente contra ese tipo de prácticas; y segundo, porque también les había advertido contra esas actuaciones el interventor del Ayuntamiento.
Además, añade, consta en el expediente que los funcionarios municipales formularon reparos contra ese contrato y su pago, pero sus objeciones fueron levantadas por decreto de la Alcaldía.
"En síntesis, de lo instruido resulta indiciariamente acreditado que se ha prescindido de la legalidad para adjudicar de manera directa un contrato a una empresa previamente elegida por los imputados, con conocimiento de ello y al margen de los supuestos en que excepcionalmente hubiera sido lícita", argumenta el juez.
El instructor resalta también que el texto refundido que presentó dos años después Dirsur "no se ajusta a la realidad urbanística (del municipio) y oculta modificaciones de hecho del PGOU realizadas al margen de cualquier procedimiento", entre las que cita "un mínimo" de seis. De hecho, sostiene que ese trabajo no responde a una "utilidad pública", sino a la intención de "maquillar las ilegalidades que se estaban cometiendo".
En cuanto al secretario municipal César Saiz Alonso, el juez asegura que las explicaciones que ha dado de por qué se actuaba de esa manera en el Ayuntamiento en materia de contratación resultan "altamente incriminatorias" y no le disculpan de su responsabilidad.
El auto imputa a Saiz Alonso un delito de prevaricación por omisión por "su pasividad en las juntas de gobierno" y por haber hecho "dejación de sus funciones". El juez considera que existen indicios de que esa "pasividad" del secretario del Ayuntamiento se debía a que "conocía la ilegalidad que se estaba cometiendo y cooperó de manera necesaria dándole trámite".
* El Correo - 2.02.11
Foto: Castro Urdiales (Cantabria), ayuntamiento - eldiariomontanes.es
1 comentarios :
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Un saludo desde Castro Urdiales
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