El alcalde de Cartaya declara por presunta prevaricación en El Rompido

HUELVAINFORMACIÓN* : El alcalde de Cartaya, Juan Antonio Millán (PSOE), y tres concejales de su equipo de Gobierno declararon ayer ante el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de Ayamonte por un supuesto delito de prevaricación al otorgar una licencia de primera ocupación de viviendas de lujo ubicadas en una urbanización de El Rompido "sin que estuviesen finalizadas". Según informó a Europa Press José Luis Revilla, letrado del matrimonio denunciante, propietario de una de estas viviendas, en la vista celebrada este viernes, Millán, que declaró como imputado, se acogió a su derecho de no responder a ninguna de las preguntas formuladas y simplemente aseguró que "cuando otorgó las licencias, los informes eran favorables". Según los denunciantes, cuando se le entregó la vivienda, de un coste aproximado a los 600.000 euros, ésta "no estaba acabada y la urbanización tampoco, ya que aún había operarios trabajando en la zona".

El letrado informó que la constructora "iba a construir en un principio casi 200 viviendas y al final sólo ha entregado 80, quedándose en descampados las zonas verdes y de ocio, de las que iban a disfrutar en un principio".

Por su parte, el alcalde de Cartaya se negó a realizar cualquier tipo de declaración respecto al tema, ya que, según indicó, hablará cuando la jueza resuelva y se dicte la sentencia.

Juan Antonio Millán está imputado también, junto al teniente de alcalde, Miguel Novoa, por el caso Hiconsa sobre presuntas irregularidades urbanísticas en unos terrenos situados junto al centro de Cartaya, en la barriada de El Almendral.

La denuncia fue interpuesta por la oposición al "existir claros indicios de delitos, tales como prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios y contra la ordenación del territorio".

Según los denunciantes, la construcción de viviendas en esos terrenos, que miden 21.000 metros cuadrados, comenzó en 2006 sin que estuviese aprobada la normativa municipal que regula el urbanismo en esa zona del casco urbano y con un informe de la arquitecta municipal en el que señalaba que determinados aspectos del proyecto eran ilegales. En lo que se conoce como la valoración del diez por ciento de los aprovechamientos lucrativos, Hiconsa pagó al Ayuntamiento 1,3 millones de euros, valoración realizada por el arquitecto denunciado, quien al parecer trabajaba al mismo tiempo para esa empresa y para el Ayuntamiento. Sin embargo una valoración alternativa, encargada por la oposición y visada por el Colegio de Arquitectos, estima en 4,4 millones de euros lo que debió pagar Hiconsa. En este sentido, la oposición pide que la investigación judicial aclare "por qué no se cobró ese dinero y el pueblo de Cartaya perdió 3,1 millones".



* Huelva Información - 22.01.11
Foto: Entrada principal a la urbanización de lujo Villas del Rompido, objeto de la denuncia.- huelvainformacion