Además, se ha condenado a siete años de inhabilitación a la diputada regional Esperanza Rozas; a Julia López Jiménez; a María del Mar González Romero; a Josefina Ginovart Amorós; a María de los Desamparados Gallego Alfaro; y a Francisco Montero Almirón.
Los abogados de Rollán y de Rozas, Antonio González Úbeda y Wilfredo Jurado, han anunciado que recurrirán el fallo ante el Tribunal Supremo al estar en desacuerdo. "Habrá un recurso seguro para luchar contra esta sentencia porque es una injusticia manifiesta", ha aseverado Jurado al conocer la resolución.
La ex Corporación Municipal de Torrejón de Ardoz fue juzgada en el mes de diciembre por el TSJM. El teniente fiscal Carlos Ruiz de Alegría pedía para todos los imputados ochos años de inhabilitación por la firma de un convenio entre el Ayuntamiento y Patrimonio Siglo XXI para la construcción de unas viviendas sociales, ya que consideraba que, al salir adelante, se había incurrido en un delito de prevaricación.
MECANISMO ENGAÑOSO
En la sentencia, la Sala explica que en el Pleno se aprobó "un convenio tendente, entre otros extremos, a la enajenación de ciertos terrenos de propiedad municipal que tenían consideración jurídica de bienes patrimoniales", por lo que se rige conforme a la normativa reguladora de la contratación de Corporaciones locales.
Según la Ley, "las enajenaciones de bienes patrimoniales habrán de realizarse por subasta pública", con la excepción de "la enajenación mediante permuta con otros bienes de carácter inmobiliario".
"Se establece así con toda evidencia una tajante línea de partida cuyo incumplimiento nos sitúa de lleno en el ámbito de la ilicitud", ha recalcado la Sala, que añade que "el recto acatamiento de la regulación hubiera debido impedir que la Corporación municipal implicada pudiere predeterminar de antemano, a través de sus mandatarios, la identidad del contratante con el que se habría de concertarse el negocio jurídico que sus redactores buscaban".
La sentencia señala que "el procedimiento intentado para defraudar los sensatos mandatos del legislador consistió en acudir al juego de la única excepción que se repite en todas las disposiciones aplicables, esto es a la añeja figura convencional del canje, trueque o permuta".
"Acaece, sin embargo, que el contenido concreto del pacto al que a través de tal vestidura se trataba de legitimar, no encajaba, ni de lejos, dentro de las costuras de tan vetusto como, en general, lícito negocio jurídico".
Así, concluye que "la pretensión de calificar este pacto como constitutivo de un trueque o una permuta, no entrañaba en realidad sino el recurso, similar al de los juegos de prestidigitación, que consistía en acudir a un mecanismo engañoso, y hacerlo, además, de una forma rudimentaria para ignorar la Ley".
"Se trató, en fin, de una forma de proceder que esta sala debe considerar como una farsa pseudo-jurídica inconsistente, burda, clamorosa y, en suma, esperpéntica".
Por ello, el TSJM da validez al informe del secretario municipal en su informe de 23 de noviembre de 2001 en el que indicaba que "no puede existir permuta si no existe una reciprocidad de dar y recibir una cosa".
INFORME MUNICIPAL
En el juicio, que se celebró el pasado mes de diciembre, Rollán recalcó ante la sala de lo Civil y Penal que el secretario municipal en ningún momento intervino en el Pleno para hacer constar que había elaborado un informe contrario a la legalidad del convenio a votar, así como de su contenido.
Además, indicó que no tenía constancia de que ese informe estuviera incluido en el expediente y en la carpeta de los puntos a debatir en el Pleno del 26 de noviembre de 2001, algo que también declararon otros acusados como el ex concejal de Urbanismo y actual portavoz socialista, Francisco Martín Rojas, y Julián López Jiménez.
A preguntas del fiscal sobre si tenía conocimiento de la ilegalidad del convenio, Rollán reseñó que "en ese momento no había motivo de dudar de la legalidad del expediente", puesto que había sido planteado por el concejal de Urbanismo en la comisión previa y en la reunión de grupos municipales, a lo que se añadía los informes técnicos que avalaban la firma.
"En el momento de votar, no tenía elemento que me llevase a dudar de la legalidad. Estaba absolutamente convencida de solucionar un problema grave de 107 familias en peligro. Si no hubiera habido informes favorables, no se hubiera realizado", indicó en su momento Rollán.
* Qué - 13.01.11
Foto: Torrejón de Ardoz (Madrid) - elpais.com
4 comentarios :
La gente, incluso los más acérrimos del psoe, se está empezando a dar cuenta del recochineo de la justicia pepera. Y eso es mala cosa, porque mientras la cúpula sociata vive del cuento, las bases soportan la humillación de ver como una y otra vez a los peperos se les aplica con chulería indispensable la nulidad, la prescripción y la impunidad absoluta al tiempo que se cargan las tintas contra los del psoe en casos judiciales que ni siquiera tienen comparación. La misma sentencia recoge explícitamente que no hubo ánimo de lucro personal. O sea, que lo del arramble de la pastuqui sigue siendo la señal de identidad pepera junto con la imppunidad. Y la humillación con chulería a la que están sometidas las bases del psoe, y por supuesto los ciudadanos decentes, no es sólo ver cómo los peperos hacen lo que quieren y cuando quieren con la justicia, o sea siempre, sino que el psoe colabora con su silencio y seguramente algo más, porque, hasta ahora, no han dicho ni mu sobre la corrupción judicial. En fin, uno de los más graves problemas de esta socialchacha es precisamente ése, el complejo de chacha de los fachas. Esa cobardía cómplice e indecente. Lo peor vendrá cuando los propios sociatas de base empiecen a visualizar a Caamaño diciendo con la voz de Gracita Morales: Qué bonitu el señoritu cuando prevarica. O a Zp desempolvando con el plumero el reclinatorio de Dívar y sacándole brillo al lomo del misal con gesto furtivo, deprisa, antes de que llegue el señoritu.
elpais
EL TSJM es lo que es, y no solo por esta sentencia. Acepto que los jueces sean de derechas, pero el sectarismo y la injusticia de sus actuaciones es que clama al cielo. En el juicio quedo probado que el causante del embrollo incluyo el informe en cuestion fuera de plazo de forma que no pudieron verlo y sin comunicarselo a los que iban a votar, y no es mas que un informe frente a otro que sostenia lo contrario. No es que haya dos pesas y dos medidas, es que no hay verguenza. Mi apoyo para Trinidad Rollan y mi mas profundo desprecio para los que presentan el caso como uno de los repugnantes sobornos practicados en el PP, con el PP y para el PP.
elpais
YO ACUSO DE PREVARICACION A LOS QUE DEJAN PRESCIBIR DELITOS. YO ACUSO DE PREVARICACION A LOS JUECES QUE HAN CONDENADO CON TANTA CELERIDAD A ESTA MUJER QUE NO HA TOCADO NI UN CENTIMO QUE NO FUERA SUYO. La extrema derecha de este pais controla la justicia, la prensa, los medios de comunicación, la iglesia, el sector empresarial, y todos juntos han emprendido una cruzada contra todo lo que huele a izquierda, hasta que no terminen con ella no pararan, pobre España, yo abandono no quiero vivir en un pais de fascistas donde no se puede respirar por la axfisia al que nos someten.
elpais
Para Rollán, a lo largo del proceso han quedado algunas cosas claras, entre las que ha destacado la existencia de "al menos" informes contradictorios."Ha quedado absolutamente claro que está el informe de la abogada de Urbanismo durante dos meses en el expediente a disposición de los concejales. La abogada ha venido, se ha ratificado en el mismo, y ha dicho que evidentemente lo consideraba absolutamente legal", ha sentenciado. A ello, ha unido el expediente presentado por el secretario del Ayuntamiento, Saturio Hernández, del que ha dicho que no se puede acreditar "en qué momento apareció en el expediente". "Ni él mismo ha podido acreditarlo porque además confirmó que lo había metido más tarde, si es que lo metió más tarde que la convocatoria del pleno", se ha quejado. A este respecto, ha insistido en que Hernández no pasó este informe al equipo de Gobierno "por registro" ni se lo hizo llegar por escrito a la Corporación. Además, ha comentado que no habló ni de su existencia ni de su contenido en el Pleno. Por todo ello, ha precisado que "la doctrina del Tribual Supremo es clara al respecto" y entiende que con la existencia de informes contradictorios "es imposible que se pueda producir una situación de prevaricación".
elpais
Publicar un comentario