Los embargos fueron acumulándose y los terrenos con las concesiones, subastados en diversos lotes, pasaron finalmente a dominio de los ex trabajadores de la conservera como compensación de la deuda salarial que tenían contraída.
Todos los inmuebles, con sus derechos y cargas, fueron adquiridos después a los ex trabajadores de Massó por Conservas y Frigoríficos del Morrazo, que anunciaba su propósito de desarrollar en ellos un proyecto industrial que daría continuidad al que Massó Hermanos había iniciado en los años 30 del siglo pasado. En 2003, sin embargo, Frigoríficos del Morrazo presentó un "proyecto básico de remodelación y adecuación ambiental de las instalaciones portuarias de la factoría Massó para usos náutico-recreativos", que la Autoridad Portuaria sometió a información pública el 31 de julio de 2004. El día anterior su consejo de administración ya había aprobado el cambio de titularidad de la concesión que ostentaba Frigoríficos del Morrazo a favor de Marina Atlántica.
El cambio de titularidad se registró ante el notario José Luis Prieto Fenech el 22 de octubre de 2004 en dos escrituras distintas. En la primera no es posible concluir la superficie total que Frigoríficos fue adquiriendo a los particulares; Marina Atlántica pagó por ellos unos 580.000 euros. En la otra escritura, por la compra de los 16.992 metros de superficie del dominio público marítimo-terrestre, que Frigoríficos había comprado a los ex trabajadores de Massó por 65 millones de pesetas (unos 391.000 euros), Marina Atlántica pagó 1.127.080 euros.
De esta segunda escritura no había constancia en la Autoridad Portuaria ni en el Ayuntamiento de Cangas, según se deriva de sus respectivas respuestas a las peticiones de que la aportaran para incorporarlas como prueba a los procedimientos judiciales abiertos. Esa opacidad ha contribuido a alentar las sospechas de que se estaba ocultando algo. Finalmente ambas escrituras han sido remitidas al juzgado por Marina Atlántica, tras reiterados requerimientos.
Frigoríficos del Morrazo, según la escritura de compraventa, "es dueña de la concesión administrativa" que describe, con la citada extensión de 16.992 metros en la zona marítimo-terrestre de Cangas; a término seguido, la escritura señala que ambas partes (Frigoríficos y Marina Atlántica) "tienen convenida la compraventa de la finca descrita", para concluir, en la primera de las cláusulas, que Marina Atlántica "compra y adquiere, en pleno dominio y como cuerpo cierto, la finca y la concesión descritas".
Fuentes de Marina Atlántica consultadas al respecto desmienten "categóricamente" que, pese a la literalidad señalada, la escritura registre una transmisión de los terrenos, que solo se refieren en el documento como el emplazamiento físico de la concesión que se transfiere. A mayor abundancia, señala la misma fuente, esa finca mantiene en el proyecto de puerto deportivo su uso público, ya que se le da un uso de paseo marítimo.
Fuentes de la cofradía de pescadores, opuesta a la construcción del puerto deportivo, subrayan sin embargo una serie de incongruencias que subrayarían "la chapuza administrativa y jurídica" que ha acompañado el desarrollo, hasta donde ha llegado, del proyecto de Marina Atlántica. Así, que el "pleno dominio" cabe aplicarlo a bienes raíces, como los suelos, pero no a una concesión administrativa, de la que se es meramente "titular" o "concesionario".
Además, la concesión administrativa que Frigoríficos del Morrazo vende a Marina Atlántica es la que previamente había comprado a los ex trabajadores de Massó, dedicada a fines industriales pesqueros y que, en el momento de esa primera compra, ya había caducado por falta de uso: sindicatos y Administraciones fabricaron en su momento la componenda para permitir a los ex trabajadores de Massó percibir parte de los salarios que se les adeudaba, pero "¿cómo puede una concesión administrativa caducada valer más de un millón de euros?", preguntan desde la cofradía de pescadores, para concluir que ese precio que pagó Marina Atlántica "solo puede referirse a los terrenos".
En consecuencia, según la cofradía de pescadores, la escritura sería "nula de pleno derecho" y motivo suficiente para anular los expedientes derivados de su reconocimiento.
Parcela incluida en un convenio urbanístico
Residencial Marina Atlántica obtuvo la concesión administrativa para la construcción y explotación del puerto deportivo en O Salgueirón, la finca antes ocupada por el complejo conservero de Massó Hermanos, en marzo de 2005. El proyecto se complementa, junto con esa variable para la lámina de agua, con el desarrollo en tierra de un conjunto residencial y terciario diseñado por el arquitecto Norman Foster. Pero no acaba de salir de la incertidumbre.
El proyecto náutico está pendiente del fallo del Tribunal Supremo, al que recurrieron la cofradía de pescadores y el Foro Social de Cangas por considerar que la tramitación del cambio de usos de la concesión -de industrial pesquera a náutico recreativa- incumple requisitos normativos imprescindibles, tanto de competencia de la Autoridad Portuaria (inexistencia de Plan de Utilización de los Espacios Portuarios) como municipal, en su variante urbanística.
A su vez, el proyecto de urbanización residencial y terciaria en tierra ha sido llevado a un limbo poco menos que inextricable, máxime con la sucesión de disposiciones autonómicas que afectan a la ordenación del litoral. Inicialmente, en el anterior mandato municipal, dio cuerpo a un convenio urbanístico aprobado por Frigoríficos del Morrazo y el Ayuntamiento y luego asumido por Marina Atlántica, que adelantó al Ayuntamiento más de un millón de euros para la construcción de una piscina municipal que no ha llegado a materializarse. La eficacia de este convenio estaba supeditada a la aprobación de un plan general de urbanismo que finalmente fue retirado. El nuevo plan general duerme en los cajones municipales y ni siquiera ha pasado la fase de aprobación inicial.
Frigoríficos del Morrazo incluyó los 16.992 metros cuadrados de dominio público marítimo-terrestre en el convenio urbanístico, lo que reforzaría la tesis de la cofradía de pescadores de que los consideraba privados. Un informe de la Dirección General de Costas sobre el particular, en 2005, reforzó esa tesis al observar que tales terrenos de dominio público "deberán quedar excluidos" del polígono incluido en el convenio.
* El País - 10.01.11
Foto: Cangas (Pontevedra), protesta contra puerto Massó - elpais
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