Pero esta actuación de la APLU es la primera de otros 33 expedientes de ilegalidad incoados, la mayoría en los años noventa, y que también acabarán en derribo, aunque sin fecha de ejecución. Los propietarios están agotando todas las vías legales para retrasar la orden y recurren, por ejemplo, al cambio de domicilio para eludir las notificaciones. Mientras, las medidas coercitivas siguen su curso, multas acumuladas a lo largo de los años. Aunque las demoliciones deberían ser acometidas por los propios infractores, en la práctica casi nadie cumple el requerimiento y hacen caso omiso a la ejecución forzosa, lo que supone un elevado gasto para la Administración autonómica que, en el mejor de los casos, puede tardar años en cobrarlo.
En los casos de omisión, la APLU tiene que aprobar previamente un proyecto técnico para ejecutar las obras de demolición. El derribo que se llevó a cabo en el lugar de Con Cerrado, una de las playas protegidas y propuesta para su inclusión en la Red Natura 2000, fue resuelto y notificado por la agencia a los infractores en octubre de 2010. Como ese requerimiento se incumplió, la APLU decretó la ejecución forzosa, encargó el proyecto técnico de las obras de demolición y luego las sacó a licitación pública. La contratación de este último derribo fue presupuestado en 35.000 euros. En una parcela donde el uso residencial está prohibido, los propietarios levantaron un cierre y después instalaron una casa prefabricada y una roulotte. También hicieron un galpón con sótano y sobre la placa de hormigón construyeron un aseo y un porche. Ahora, el terreno ha vuelto a su estado primitivo.
El alcalde, el socialista Manuel Vázquez, considera que este derribo es la mejor medida disuasoria para los infractores a los que tarde o temprano les caerá el peso de la ley. "El tiempo llega y el resto no pueden estar tranquilos porque el derribó llegará", advierte. Pero Vázquez lamenta la lentitud de la Administración en estos casos. "Habría que cambiar la legislación y los instrumentos de que dispone, en este caso la APLU, que no le queda otra que cumplir unos plazos y unos formalismos que retrasan las ejecuciones mientras los ayuntamientos no podemos intervenir porque escapa de nuestras competencias, solo podemos denunciar ", explica.
Además de la ilegalidad, Vázquez está decidido a poner fin al feísmo de estas construcciones que la APLU define como edificaciones pero que popularmente son conocidas como chabolas, alboios, galpones o barracones. "Estamos hablando de zonas protegidas de gran valor ecológico y somos los responsables de velar para poner fin al chabolismo", añade. Con 27 playas que se concentran en apenas un tercio de su perímetro de costa, A Illa es uno de los espacios costeros urbanísticamente más protegidos, donde un 70% de su superficie esta vedada a la construcción, como el entorno de la playa de Carreirón, uno de los más concurridos por los turistas y declarado reserva natural por la Unión Europea.
La construcción del puente que une A Illa con Vilanova fue el principal motor económico para los habitantes de este pequeño archipiélago y un descubrimiento para los habitantes de las poblaciones de su entorno, hasta convertirse sus playas en un verdadero imán de bañistas.Con el boom del ladrillo, muchos compraron terrenos en zonas no urbanizables para instalar tiendas de campaña o caravanas pero que, poco a poco, acabaron siendo viviendas con apariencia de galpones pero con todo lujo de servicios en su interior.
* El País - ELISA LOIS - Vilagarcía - 26/08/2011
Foto: Arousa, illa - farodevigo.es
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