Galicia.- Los ecologistas acusan a Hernández ante el fiscal de prevaricación en el 'caso Barreiros'

ELPAÍS/Lugo* : Si con el bipartito Barreiros se convirtió en el modelo urbanístico que se debía evitar, con la Xunta del PP se ha erigido en un ejemplo de legalización del mismo modelo con fondos públicos. Primero con un plan sectorial de dotación de infraestructuras básicas y después con un convenio para financiar esas obras con cargo a la Xunta, la Diputación de Lugo y el Ayuntamiento de Barreiros. El objetivo es impulsar las 3.174 viviendas que paralizó el anterior Gobierno gallego en una localidad de 3.244 habitantes.
A la indignación política de la oposición en el Parlamento gallego se le ha unido la de los ecologistas. La asociación Adega presentó ayer una denuncia al fiscal ante lo que considera un caso de prevaricación y de delito contra la hacienda pública del conselleiro de Territorio, Agustín Hernández. "Esperamos de la justicia un compromiso con la legalidad para impedir que este tipo de actuaciones puedan quedar impunes", advirtió el secretario general de Adega, Froilán Pallín.

El desmedido incremento de las licencias otorgadas desde enero de 2006 por el Ayuntamiento de Barreiros, gobernado por el PP, provocó un decreto de la Consellería de Política Territorial de febrero de 2007 que suspendía la vigencia de las normas subsidiarias de planeamiento municipal y aprobaba una ordenación provisional. Con el plan sectorial aprobado por la Xunta de Feijóo, la Administración renuncia a la cesión obligatoria del 10% y asume costes de urbanización que deberían ser asumidos por los promotores, según recoge la ley y como recuerdan los ecologistas en su denuncia. El simple reconocimiento de que esas infraestructuras no existen, subraya Adega, es la mejor prueba de que el suelo en el que se levantaron los edificios era no consolidado.

El escrito trasladado al fiscal advierte que, una vez comprobadas las irregularidades en Barreiros, la Xunta "no puede dejar de continuar con la incoación del correspondiente expediente de reposición de la legalidad hasta su resolución final". El plan sectorial, añade Adega, supone una "recalificación encubierta" del suelo, que implica "un inaceptable trato de favor" a unos promotores a los que se les permite triplicar la edificabilidad de sus terrenos. El posterior convenio de colaboración para financiar las obras de urbanización propone costear con fondos públicos (14 millones de euros) unas obras que correspondería ejecutar a los promotores.

En sus conclusiones, la denuncia de los ecologistas considera el plan sectorial "manifiestamente contrario a la legalidad vigente" y "un desacato y desafío" a la justicia, ya que existen sentencias de los juzgados de Lugo que confirman que el suelo afectado no puede considerarse urbano consolidado.


* El País - 30.06.11
Foto: Barreiros (Lugo), edificios denunciados - lavozdegalicia.es