El investigador y ex director del Colegio de la Frontera Norte (Colef) en Ciudad Juárez, Gustavo Córdova Bojórquez, plantea que el argumento para promover el desarrollo extendido en esta frontera ha descansado esencialmente en razones de tipo económico, pues los terrenos son mucho más baratos que en la zona consolidada de la ciudad, lo que propicia una feroz batalla para forzar la autorización de construir vivienda económica en esos terrenos.
"El motor principal de todo esto es lo barato del suelo en sectores como el suroriente, en detrimento del costo que representa para la ciudad construir en aquellas zonas", afirma el investigador quien expone que de este modo, con la complicidad de las autoridades, se privilegia el beneficio de unos cuantos por sobre el interés social, a través de componendas de grupo y de mecanismos especulativos que además, en este objetivo, han ido forzando cambios de los planes parciales y los usos de suelo originalmente autorizados.
"Para los desarrolladores es más conveniente construir una vivienda económica que en ese sector le cuesta no más de 60 mil pesos con todo y terreno y que luego vende a 180 ó 190 mil pesos, mientras que en el centro de la ciudad el puro terreno les costaría unos 100 mil pesos más el costo de la construcción; para ellos es una ganancia mucho mayor construir en El Barreal o Riberas del Bravo con el beneficio de que además el Infonavit le paga a la inmobiliaria un enganche de aproximadamente 50 mil pesos y el trabajador paga el resto. Es decir que prácticamente de inmediato los desarrolladores recuperan casi el total de su inversión", aseveró.
Asegura que los planes parciales para ser autorizados deben contemplar desarrollos integrales con espacios específicos para vivienda económica, vivienda de interés social y vivienda residencial o media residencial que además debe ir acompañada de sectores destinados al esparcimiento y la actividad deportiva, además de áreas de uso comercial y de tipo industrial.
"¿Pero qué es lo que pasa" que por cuestiones económicas los desarrolladores construyen primero todo lo que corresponde a vivienda económica y dejan el resto para después, y así se van construyendo sectores llenos de viviendas económicas que van quedando espaciadas entre grandes cantidades de terreno sin construir", explica.
Señala que con el paso del tiempo los desarrolladores presionan para que se autoricen cambios de uso de suelo para más vivienda en los terrenos destinados a otro fin con el argumento de la existencia de demanda de vivienda propia para nuevos matrimonios y de que esos terrenos tienen mucho tiempo solos, y una vez que obtienen el cambio de uso de suelo, de nuevo presionan para que se autorice más vivienda económica "y así es como se la llevan, ganándole a la especulación", indicó.
"El problema es que los desarrolladores están obligados a invertir sólo en la infraestructura interna de los fraccionamientos, mientras que los costos de la infraestructura externa y los servicios como vialidades, recolección de basura, seguridad pública, transporte, agua o alumbrado eléctrico corren por cuenta de la ciudad, y si vemos que el presupuesto es por ejemplo de mil 500 millones de pesos, pues ese dinero se tiene que repartir también para esos desarrollos, lo que incrementa el déficit presupuestal para la ciudad", puntualiza.
PRODUCTO DE LA CORRUPCIÓN
El empresario y representante del Plan Estratégico de Ciudad Juárez, Miguel Fernández Iturriza, comparte este criterio y considera que el crecimiento extendido ha sido factor para, junto con las actuales condiciones de violencia y crisis económica imperantes, provocar un empobrecimiento generalizado y el paulatino deterioro de la calidad de vida de los fronterizos, aspecto en el cual la corrupción ha jugado el papel más importante, según dice.
"Desde antes de haber empezado con el Plan Estratégico había información de que Ciudad Juárez no podía seguir creciendo así, que la dispersión de la ciudad era una cosa espantosa y todos los técnicos han hablado de lo que esto tiene aparejado en cuestión de mala calidad de vida y los costos económicos y sociales que representa", aseguró.
Dice no ser una autoridad en el tema, pero el hecho de tratarse de una de las personas que más preocupación ha mostrado en la búsqueda de mejores condiciones de vida para la ciudad a través del proyecto que preside y los estudios que a través del mismo se han realizado, lo convierten en una voz fundamentada para hablar sobre este aspecto.
"En este sentido es en el que nos hemos interesado nosotros en Plan Estratégico, con el objetivo de buscar opciones para que haya mejor calidad de vida en la ciudad, pero el desarrollo urbano (el desarrollo extendido que se ha dado en los últimos 15 años) ha empobrecido totalmente a esta comunidad y eso no es más que una consecuencia de la corrupción que existe entre empresarios y autoridades", afirmó.
En tono reflexivo expone luego que el juego de intereses ha llevado a la ciudad al empobrecimiento social en aspectos como infraestructura urbana, seguridad, educación, salud y calidad de vida en general, todo lo cual que viene acompañado de efectos socialmente nocivos como la violencia, el desempleo y jóvenes sin educación y sin oportunidades que al ser fácilmente atraídos por el crimen, contribuyen a generar condiciones que luego pueden desembocar en un acrecentamiento de la violencia.
"Tenemos la ciudad abandonada en una gran parte, y lo peor es que las decisiones no se están tomando desde el punto de vista del desarrollo urbano en sí, sino desde el punto de vista de la corrupción que existe en torno a unas cuantas personas y entre los políticos, y los políticos están accediendo a eso por el interés personal que tienen, y eso es corrupción, pura corrupción", señaló enfático.
TIENDAS EN LUGAR DE PARQUES
La investigadora Elvira Maycotte, coordinadora de la Maestría en Planificación y Desarrollo Urbano de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), dice no tener conocimiento de casos específicos en los cuales los desarrollos habitacionales más recientes cuenten con un mayor número de viviendas económicas de las originalmente autorizadas en los planes parciales correspondientes.
Expresa que sin embargo en observaciones de campo se han detectado casos en los cuales se han autorizado cambios de uso de suelo para uso comercial que van en detrimento de las áreas verdes y los espacios destinados al esparcimiento.
"Hemos visto que por ejemplo en el caso de Riberas del Bravo el plan parcial no corresponde con lo que está construido, vamos y confrontamos el documento con la realidad y es otra cosa, al ver que en el espacio donde debería haber un parque lo que hay es una tienda de conveniencia, donde debería haber un equipamiento de tipo social, lo mismo. Lo que vemos nosotros es que las áreas de donación, destinadas originalmente para equipamiento, con cierta frecuencia cambian a uso comercial, sobre todo para tiendas de conveniencia que no son precisamente las que van a llevar los productos de la forma más barata a esas colonias, si confrontamos eso sí hay una discrepancia entre lo que se planea y lo que se hace", argumenta.
A diferencia de opiniones que han acusado al Infonavit de formar parte de este círculo de corrupción y de afectación social producto del desarrollo extendido al autorizar créditos destinados a la adquisición de vivienda en los nuevos desarrollos, la académica considera que el instituto se vio envuelto en el fenómeno más por información directa de los promotores locales y de decisiones tomadas por inercia burocrática, que por prestarse al juego especulativo ahora denunciado.
"He visto que a la gente de Infonavit le duele que hayan invertido en esto y están dispuestos a diversificar productos y ofrecer atención a los futuros o potenciales beneficiarios acerca de donde es mejor vivir. Esas políticas a la mejor a Ciudad Juárez le vienen muy tardías porque ahora se están viendo los efectos negativos de esas cuatro veces que ganamos el premio a la mayor producción de vivienda económica de 2004 a 2007", expresó.
* Norte Digital - Opinión - 3.06.11
Foto: Panoramica de la ciudad - norte
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