La pieza separada que investiga las supuestas ilegalidades en el PGOU (que fue aprobado inicialmente por el ayuntamiento y que entrará en vigor cuando la Generalitat Valenciana dé el visto bueno) es una de las cerca de veinte ramificaciones de la operación Brugal, y es instruida por el juzgado de instrucción número 5 de la ciudad, del magistrado Manrique Tejada.
Se da la circunstancia de que Castedo y Díaz Alperi han sido elegidos en las elecciones del 22 de mayo como diputados en Les Corts Valencianes, por lo que en unos días serán aforados y, en su caso, sólo podrían ser investigados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
En unas diligencias con fecha del 26 de marzo de 2010 en base a unas escuchas policiales, el fiscal señala que Castedo, que en el momento de la investigación (2008) era concejala de Urbanismo, da a Ortiz datos sobre la tramitación del Plan "en gran cantidad de ocasiones".
En una de las llamadas Castedo informa a Ortiz del "apaño" en la zona existente entre el "APA-9" y "Lomas Garbinet", así como en la zona del estadio de fútbol Rico Pérez, mientras que otro día el constructor pide a la popular que "le pinte de azul" tres parcelas.
La fiscalía apunta que la alcaldesa recibió como dádiva varios viajes y un turismo de la marca Mini Cooper, así como la contratación de personal en sociedades de la órbita de Ortiz.
En cuanto a Díaz Alperi (en la etapa de la investigación alcalde de Alicante), el fiscal se refiere a numerosos encuentros con Ortiz sobre el PGOU, como uno el 10 de julio de 2008 en el que, al parecer, el exalcalde proporciona el plano del Plan al promotor.
Se apunta a que, coincidiendo en el tiempo con el traspaso de información, Díaz Alperi pudo recibir de la esposa de Ortiz una "cantidad grande de dinero no determinada", mientras que le abonaron un viaje a Creta en jet privado y le pagaron las viviendas de sus hijos.
En cuanto al constructor, la investigación le considera "el solicitante y receptor" de información del planeamiento urbanístico y añade que ese material le eran aportados de manera repetida por Castedo y Díaz Alperi.
Según el sumario, Ortiz compró terrenos valiosos por su futura recalificación y revalorización en base a la información privilegiada recibida.
El fiscal ve un supuesto delito de asesoramiento ilegal, información privilegiada y tráfico de influencias en el jefe redactor del PGOU, Jesús Quesada, por participar en el favorecimiento de Ortiz, y también en los abogados Javier Gutiérrez (exconcejal del PSPV-PSOE) y José Luis Castedo (hermano de la alcaldesa), por ser intermediarios a través de su bufete.
El expresidente de Caja del Mediterráneo (CAM) Vicente Sala podría haber cometido un delito de aprovechamiento de información privilegiada para obtener beneficios en actuaciones urbanísticas de "Aguamarga" y "la Condomina".
Situaciones similares se aprecian a favor del director general adjunto de Bancaja José Cortina; del director general de Inversiones Inmobiliarias de CAM, Daniel Gil, y del director general adjunto de Bancaja, Juan Zurita, entre otros.
* levante - 3.06.11
Foto: Alicante, alcaldesa Castedo y empresario Ortiz (archivo) - elmundo.es
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