En su escrito al TSJCV, Anticorrupción apunta a Camps al conectar los contratos multimillonarios (14 millones) que recibieron las empresas ligadas a la red con los trajes que sus responsables regalaron al president. Y al subrayar que alguno de los contratos otorgados a Orange Market requirió la "preceptiva autorización por el Gabinete del presidente".
A Camps, Anticorrupción no le cita por su nombre. Sí lo hace con los otros nueve cargos conservadores cuya imputación reclama. Entre ellos se cuenta el vicepresidente Vicente Rambla, a quien atribuye dos delitos electorales por falsear las cuentas del PP valenciano. Y la actual presidenta de Les Corts valencianas y exconsejera de Turismo, Milagrosa Martínez. A esta última, el Ministerio Público la considera presunta autora de un delito de prevaricación por los supuestos contratos amañados en favor de Orange Market para los stands de Fitur en 2005 y 2006.
La lista de cargos del PP implicados por la Fiscalía se completa con varios aforados ante el TSJCV y otros cargos: David Serra, vicesecretario general del PP valenciano; Yolanda García, tesorera del partido; Ricardo Costa, ex secretario general y hoy coordinador de Economía del PP en Les Corts; Cristina Ibáñez, administradora de las autonómicas de 2007; Pedro García Gimeno, ex director general de Canal 9; Rafael Betoret, exjefe de gabinete de Turismo; y Luis Bárcenas, extesorero estatal del PP y administrador de la campaña de las municipales en 2007. Ese año, y según informes policiales y de Hacienda, el PP ocultó al fisco 2,5 millones de euros.
Soborno y prevaricación
En total, Anticorrupción enumera seis delitos: dos electorales, en 2007 y 2008; contra la Hacienda Pública, falsedad documental, prevaricación y cohecho. Los electorales, la prevaricación y el cohecho se atribuyen a los dirigentes políticos. El delito fiscal, a los seis miembros de la trama cuya imputación pide la Fiscalía, encabezados por Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez.
Y los delitos de falsedad en documento mercantil (falsificación de facturas) se atribuyen a la red y a los empresarios que supuestamente pagaron a Orange Market deudas del PP. Fuentes cercanas a la Fiscalía precisaron no obstante que el escrito no es "exhaustivo" ni en cuanto a la relación de actos ilegales ni en la de presuntos autores. Un ejemplo: la Fiscalía solicita que se incorpore a la causa un anónimo recibido por el Tribunal Superior de Madrid y que implica a otro vicepresidente valenciano, Juan Cotino.
Hechos inseparables
Las alegaciones de la Fiscalía ante el TSJCV se cierran con dos párrafos que, de forma explícita, vinculan los regalos hechos por la trama con los contratos otorgados por la Generalitat. Anticorrupción reclama al tribunal valenciano que una en un solo sumario el caso de los trajes, por el que Camps está ya con un pie en el banquillo, con el de la financiación del PP y la adjudicación de contratos amañados a Orange Market. Si el TSJCV aceptase las tesis de la Fiscalía, el juicio de los trajes se demoraría, pero la acusación contra Camps y los otros tres destinatarios de ropa (Ricardo Costa, Rafael Betoret y el exvicepresidente Víctor Campos) subiría de grado. Y pasaría a ser de cohecho sin adjetivos. O sea, de soborno en toda regla.
"Unos y otros hechos -remarca el escrito en referencia a trajes y contratos- han de ser objeto de valoración conjunta para la correcta calificación de uno de los delitos contra la Administración Pública (cohecho)". En otras palabras, Anticorrupción remacha la idea, rechazada con uñas y dientes por el TSJCV, de que los trajes sólo fueron una pieza más en el engranaje corrupto y no un acto de generosidad espontánea por parte de Álvaro Pérez, gestor de Orange Market y "amiguito del alma" de Camps.
Que a Camps le amenazan delitos de mayor gravedad que el de cohecho impropio, la modalidad más leve de soborno y sólo castigado con multa, lo prueba lo ocurrido ayer tras difundirse el escrito de Anticorrupción. La agencia Europa Press lanzó a media mañana un despacho titulado así: "La Fiscalía excluye a Camps de delitos en sus alegaciones a la inhibición de la causa de financiación". El PP se aferró de inmediato al titular. Y Anticorrupción tuvo que pedir a la agencia que corrigiese la noticia, que pasó a tener el titular inverso: "Anticorrupción no excluye a Camps como inculpado en la causa de financiación ilegal".
La Fiscalía añade otro dato sobre la conexión entre los trajes y las adjudicaciones fraudulentas: el relativo a cómo el contrato que Canal 9 adjudicó a Teconsa para la cobertura de la visita papal a Valencia en 2006 se produjo cuando el canal autonómico tenía por director a Pedro García. Y "de acuerdo con la documentación intervenida, además, a Pedro García Gimeno le fueron regaladas distintas prendas de vestir adquiridas por los imputados en los mismos establecimientos en los que se compraron los entregados a los cuatro imputados" en el caso de los trajes. El contrato de Teconsa reportó a la red tres millones. Y, según la Policía, Pedro García se embolsó medio millón.
De Sedesa a Enrique Ortiz
La Fiscalía, que hace suyas las tesis esgrimidas en mayo de 2010 por el juez Antonio Pedreira cuando se inhibió en favor del tribunal valenciano, solicita la imputación de los responsables de las ocho empresas que abonaron facturas supuestamente falsas a Orange Market para camuflar gastos electorales del PP.
En esa lista de empresarios figuran los responsables de las siguientes sociedades: Sedesa, empresa entonces ligada a la familia del vicepresidente Juan Cotino; Enrique Ortiz e Hijos, Enrique Gimeno (Facsa), Lubasa, Pavimentos del Suroeste, Grupo Vallalba, Hormigones Martínez y Piaf.
* Público - 2.04.11
Foto: El Presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, el viernes en un acto. EFE
4 comentarios :
Que todavía esta gente se permita el lujo de acusar y señalar a quien se le ponga en las narices, chulear a jueces y policías cuando hacen su trabajo y las investigaciones no les favorecen, cuando manipulan canal nou de forma vergonzosa que ya les ha valido varios toques de la comunidad europea, cuando la comunidad valeciana apesta a corrupción de norte a sur... y que todavía se les permita reirse en nuestra cara, imaginense, yo que vivo en Valencia y las encuestas señalan que esta panda (Fabra, Camps, Ripoll...) conbseguirán maloría absoluta en las urnas, i maginense el nivel, de mamones, arribistas, oportunistas, aprovechados y trepas que hay en esta comunidad.
A días del cierre oficial de las candidaturas para las elecciones de Mayo, cientos de imputados por delitos de corrupción aún podrían ser incluidos en las listas. Pero si logramos generar un enorme clamor ciudadano, podriamos forzar a los partidos a apartar a muchos candidatos imputados y tomar una acción eficaz contra la corrupción. Firma la petición urgentemente, y corre la voz:
¡Firma la Petición!
http://www.avaaz.org/es/spain_clean_up_politics_2/?vl
¡Es impresionante! En apenas una semana nuestra petición para limpiar las listas electorales superó las 80.000 firmas, y los medios de comunicación se hicieron amplio eco de la entrega de la petición a los principales partidos.
A pocos días del cierre oficial de las candidaturas para las elecciones de Mayo, la creciente presión pública está llevando a algunos líderes políticos a apartar de las candidaturas a personas involucradas en escándalos de corrupción, pero a su vez siguen anunciando la inclusión de candidatos imputados sobre los que pesan gravísimas acusaciones. Es hora de poner fin a esta hipocresía.
No tenemos mucho tiempo, pero aún quedan miles de candidatos por confirmar y un enorme clamor ciudadano podría volcar la balanza en muchos casos. Transmitamos un mensaje atronador a los partidos políticos: solo les votaremos si limpian sus listas e impulsan medidas contundentes contra la corrupción. Firma ahora por unas listas limpias y reenvía este email a todos tus conocidos -- haremos una entrega espectacular de la petición a través de los medios de comunicación antes del cierre oficial de las listas de candidatos cuando alcancemos las 125.000 firmas.
publico
La Fiscalía Anticorrupción ha aclarado que el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, no queda excluido entre las personas que podrían haber incurrido en presuntos delitos electorales, de falsedad en documento mercantil y contra la Hacienda y administración pública investigados en relación con el 'caso Gürtel' y sobre los que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se inhibió a favor del de la Comunidad Valenciana, aunque su nombre no se mencione en el escrito presentado ante la sala de lo civil y penal del alto tribunal valenciano.
Según han indicado fuentes de Anticorrupción a Europa Press, en el escrito, de fecha 24 de marzo, pide al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que acepte la inhibición en los mismos términos en los que se planteó por el magistrado instructor de la causa en el TSJM, Antonio Pedreira.
En esa resolución, de mayo de 2010, el instructor en el TSJM afirmaba que, en relación con la conexidad de los hechos investigados con los que son objeto de la 'causa de los trajes' que se sigue en el TSJCV, la correcta calificación jurídica de los hechos atribuidos en esa causa "impone su investigación conjunta con la contratación de Orange Market SL tanto con el PPCV como con la administración de esa comunidad autónoma a fin de comprobar la posible relación entre los regalos investigados" en el procedimiento tramitado ante el TSJCV y los cargos desempeñados por Rafael Betoret, Víctor Campos, Ricardo Costa y Francisco Camps en la Generalitat y en el partido.
VALENCIA, 1 Abr. (EUROPA PRESS)
publico
Permitidme ser vulgar: Estos g"orilas" de la política son los que optana gobernar el país. Nos meterán en una segunda crisis más corrupta y profunda....¿Llegará España a ser Rusia?
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