Marbella.- El tribunal de Ballena Blanca descalifica la instrucción y dicta una sentencia leve

SUR/Málaga* : Una condena para cinco de los 19 acusados y otra para la instrucción. La macrocausa de 'Ballena Blanca', abierta hace 6 años como la mayor operación contra el blanqueo de capitales y que supuso una inédita conmoción mediática y social en Marbella, ha terminado en una sentencia condenatoria que apenas alcanza al principal acusado, el abogado Fernando del Valle, y a otras cuatro personas que blanquearon a través del despacho del primero un total de 1,6 millones de euros obtenidos a través de actividades delictivas. Una cantidad muy alejada de los 250 millones a los que la policía aludió en el momento de la operación. La sentencia establece una pena de seis años de prisión para el letrado, hallado culpable de un delito continuado de blanqueo y otro contra la Hacienda Pública. Deberá pagar además multas por un millón y medio de euros por el primer delito y de un millón por el segundo, además de indemnizar a Hacienda con 342.000 euros.

La sentencia establece el decomiso de 70.000 euros intervenidos a Del Valle en su vivienda y en su despacho. El abogado anunció ayer tras conocer la sentencia su intención de recurrir.
Los otros condenados son un narcotraficante francés, una amiga de éste, un finlandés condenado por delitos económicos en Suecia y su mujer.
Del Valle, a quien se acusaba de haber organizado una trama que permitió blanquear fondos procedentes de 13 tramas delictivas, solo ha sido condenado por su relación con una de ellas. En el resto, el tribunal considera que no consta que Del Valle tuviese conocimiento de que los fondos hubiesen sido obtenidos mediante la comisión de delitos. En algunos casos, tampoco considera probado la propia procedencia ilícita del dinero.
La sentencia supone un durísimo varapalo contra la instrucción de la causa. La mayor parte de los 524 folios dados a conocer ayer por el tribunal están salpicados de duras críticas a la labor del juez instructor, el fiscal y la unidad policial que llevó adelante la investigación. Es más, el ponente reconoce que la causa estuvo a punto de ser anulada por las numerosas deficiencias que presentaba.
Una de las decisiones adoptadas por el tribunal es la de anular las escuchas telefónicas, por entender que en el momento de solicitarlas al juez instructor la policía no había agotado aún otros medios de investigación. No obstante, la crítica más contundente a la instrucción se refiere al tratamiento dado a la documentación intervenida en los diferentes registros. «Las características de la investigación, dominada por la iniciativa policial, han llevado al Juzgado a descuidar tanto la custodia de la referida documentación como su organización con vistas a la posterior celebración del juicio oral».
En ese sentido, recuerda que los documentos venían unidos por anillos de plástico (bridas) cuya utilización fue muy criticada, ya que si bien el sistema no deja que se añadan folios, sí permite que se arranquen sin que queda constancia alguna.
La sentencia señala también que faltaba la digitalización de varios tomos, de los autos principales y de abundante documentación, lo que supuso «un problema de gran calado jurídico que a punto estuvo de dar lugar a la devolución de la causa al juzgado de instrucción».
Para el tribunal, el sistema seguido por la policía y el juez instructor, Miguel Ángel Torres, condujo a crear tal grado de confusión que varias bridas no se incorporaron al procedimiento, sino que fueron consideradas parte del 'caso Malaya', que se instruía en el mismo juzgado.
En relación con la documentación bancaria utilizada en la causa, la sentencia recuerda que los agentes trabajaron con información remitida por las entidades de manera telemática que nunca fue impresa. Según el tribunal, en algunos de los casos en los que finalmente fue posible disponer de los documentos en papel se revelaron «relevantes diferencias» entre esos datos y los incluidos en los informes policiales.
«Confianza desmedida»

La condena también arremete contra el fiscal, a quien acusa de haber actuado con una «confianza desmedida» en el contenido de los informes policiales, que según el tribunal no contaban con el suficiente respaldo documental.
A pesar de estas deficiencias, el tribunal considera probado que el despacho de Del Valle, especializado en inversiones inmobiliarias por personas extranjeras, utilizaba como sistema la creación de sociedades patrimoniales de responsabilidad limitada en España. En muchos casos, estas sociedades estaban participadas por los inversores a través de otras sociedades que se constituían en el estado norteamericano de Delaware, cuya legislación permite que los dueños de la inversión no figuren en la escritura. El despacho de Del Valle contaba con una cartera de estas sociedades dispuestas para ser utilizadas por sus clientes, que se garantizaban de esa manera el anonimato.
Según el tribunal, el fiscal «ha pretendido criminalizar» este sistema, actitud que reprueba al considerar que la utilización de sociedades constituidas en Delaware «no constituye por sí misma delito alguno», y que por lo tanto no puede ser enjuiciada en términos generales. Es más, en la sentencia se argumenta que la adquisición de propiedades por medio de sociedades patrimoniales «era y es algo común en una zona tan conocida como la Costa del Sol».
En este sentido, la sentencia considera que uno de los aspectos más descuidados por la acusación fue el relacionado con el posible conocimiento que Fernando del Valle podía tener de las actividades ilícitas de las personas a las que les facilitaba las inversiones inmobiliarias a través de este sistema. De hecho, la única operación por la que se lo condena es la realizada por el francés Sophiane Hambli. En este caso, Del Valle no pudo argumentar que ignoraba que trataba con un delincuente. Su cliente ordenaba las operaciones desde la cárcel francesa donde cumplía condena por tráfico de drogas.



* SUR - HÉCTOR BARBOTTA - 1.04.11
Foto: Del Valle atiende la consulta de otro letrado antes de la lectura de la sentencia - Sur