El juzgado de instrucción número 1 de Valladolid mantiene abierta una causa penal por este asunto, impulsada también por el PSOE municipal, en la que está imputado el ex concejal de Urbanismo José Antonio García de Coca.
La sentencia conocida ayer deja claro que las modificaciones realizadas en el planeamiento no fueron inocentes, «ni se trata de equivocaciones elementales en la transcripción de los documentos». Como prueba, en uno de los planos modificados se pasó de poder edificar únicamente nueve viviendas en un terreno de la avenida de Madrid a dar cabida a 124. Los actuales propietarios de esta parcela reclaman al Ayuntamiento ocho millones de euros en concepto de responsabilidad patrimonial después de que el Consistorio se viera obligado a corregir el plano y volver al original.
El cambio en el artículo 6 del PGOU, por ejemplo, comporta otra alteración de gran calado a juicio de los magistrados en cuanto que habilita al Ayuntamiento para obviar la intervención de la Junta en la descatalogación de un bien.
La sentencia subraya la «gravedad relevante» de estos retoques. Primero, por la trascendencia económica que tienen las determinaciones urbanísticas alteradas. Segundo, «porque se han quebrado las más elementales reglas de un estado de derecho, vulnerando, además del principio de seguridad jurídica garantizado en el artículo 9.3 de la Constitución, el principio de confianza legítima en que lo publicado en los diarios oficiales se corresponde con lo aprobado por quienes se indica en la publicación». La sala de lo Contencioso del TSJ remitirá la sentencia a Instrucción 1 para que la incorpore en el procedimiento.
«¿Quién es la equis?»
El presidente del Grupo Municipal Socialista pidió ayer la dimisión del consejero de Fomento, Antonio Silván, y exigió a León de la Riva que explique por qué y quién realizó estas «manipulaciones», que han generado beneficios a determinados promotores y han supuesto la pérdida de ingresos a las arcas municipales, según destacó. «Pedir que dimita también el alcalde es de primero del PSOE , pero no lo voy a hacer para que no me acusen de que nuestro interés en este asunto es electoral», afirmó Puente, quien recordó que su formación lleva mucho trabajando este tema.
«El que se ha jugado el tipo para hacer esta barbaridad no lo ha hecho gratis», recalcó el líder socialista, quien reclamará de inmediato la ejecución de la sentencia para que se realice una revisión del oficio del Plan General y se coteje artículo por artículo.
Puente considera que alguien ha tenido que «urdir esta trama» y se preguntó por qué Francisco Javier León de la Riva autorizó la tramitación en la Junta de Castilla y León como errores materiales «si quienes promovieron las alteraciones son ajenos al alcalde». Puente recalcó que en dos ocasiones el PP rechazó abrir una comisión de investigación sobre el asunto y aseguró que de haber reconocido desde el primer momento que eran manipulaciones se habría podido detectar al culpable o culpables y el Consistorio no tendría que asumir las consecuencias económicas que puede conllevar esta sentencia respecto a peticiones de responsabilidad patrimonial.
Los socialistas quieren saber «quién es la equis» en esta operación que deja «muy dañado» el principal instrumento urbanístico de la capital y aprovecharon su comparecencia para mostrar su disgusto por la fianza de 20.000 euros que el juez les ha solicitado para estar presentes en el procedimiento penal. «Si estuviéramos personados, inmediatamente llamaríamos a declarar al alcalde», afirmó Puente.
Javier Izquierdo destacó el que en su opinión es uno de los aspectos más graves: haber usurpado al pleno su capacidad de decisión al manipular un texto que fue aprobado por 29 concejales elegidos democráticamente, «algo que ocurre solo en una dictadura o en un estado bananero».
IU solicitó ayer a León de la Riva que dé explicaciones sobre esta sentencia, «que corrobora la continua vulneración del planeamiento urbanístico realizada por el alcalde en estos 16 años de mandato, plagados de múltiples incumplimientos».
* Norte Castilla - 5.02.11
Foto: Valladolid, ayuntamiento plaza mayor - wikipedia.org
1 comentarios :
"Se han quebrado las más elementales reglas de un estado de derecho", dice la sentencia. En este asunto sí que se ha metido la mano en la caja porque como bien dice la oposición nadie se juega el tipo gratis haciendo esta chapuza. Añadiendo párrafos enteros a los artículos y quitando frases que no interesaban. García Coca va a ir palante fijo. ¿Alquien se cree que el ex concejal de Urbanismo actuó de forma autónoma sin informar al alcalde de estos pequeños cambios? Señores del PP limpien a fondo porque esto huele mal. Bueno o no lo hagan porque ya sabemos como va esta ciudad. "Pero que malos son los jueces con lo bonita que el señor alcalde me ha dejado la plazoleta de enfrente de casa". Bufffff
nortecastilla
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