Sta. Cruz.- Urbanismo, obligada a pagar más de dos millones en intereses a Dragados

ELDÍA/Tenerife* : La Gerencia Municipal de Urbanismo celebró a mediodía de ayer una sesión extraordinaria y urgente de su consejo rector para dar salida antes de que finalice el año a 29 expedientes administrativos que habían quedado pendientes de aprobación. Entre ellos, los de seis ejecuciones de sentencia dictadas por juzgados de lo contencioso-administrativo solicitando a la Gerencia que abone a la empresa constructora Dragados los intereses de demora por el retraso en el pago de certificaciones de obras ya ejecutadas y que formaban parte de varios proyectos. El importe total del pago de las certificaciones de obras ejecutadas y los consiguientes intereses de demora asciende a más de dos millones de euros. Las obras con parte de sus certificaciones impagadas corresponden a los proyectos "Acciones puntuales en barrios 2003", "Reparación y restitución de infraestructuras dañadas por el temporal del 31 de marzo de 2002", "Campo de tiro, gimnasio y vestuarios en la Unidad Especial de la Policía Local" y "Piscina cubierta de Añaza".

Estas seis ejecuciones de sentencia contaron con la abstención de los ediles del PSC, José Ángel Martín y Marián Franquet, quienes criticaron que las citadas obras disponían de presupuesto cuando salieron a licitación pero que "por la mala praxis de la administración" no se pudieron pagar en tiempo y forma. Por ello, la empresa concesionaria acudió a la vía judicial, que le ha dado la razón en los seis procesos. Además, Martín recriminó que no sólo se paguen los intereses de demora sino también los intereses legales "castigando a los ciudadanos a pagar una obra dos veces más cara por no haber pagado puntualmente".

Por otro lado, el consejo rector aprobó (con el voto negativo del PSC) tres expedientes de reconocimiento de la obligación por la prestación de servicios de asistencia sanitaria, seguridad de las dependencias y limpieza ya que al finalizar la vigencia de los contratos suscritos con las tres empresas que realizaban los citados servicios, así como sus respectivas prórrogas, la Gerencia se vio condicionada a reconocer la obligación de pago para que las empresas adjudicatarias siguieran prestando los servicios.

Así, la Gerencia reconoció la obligación de abonar los servicios prestados de enero a septiembre en el caso de la asistencia sanitaria (unos 38.000 euros), de febrero a julio en el caso de la seguridad (63.000 euros), y de febrero a abril en el caso de la limpieza (50.000 euros). El PSC tachó de "negligente" la actitud de Urbanismo por no prever la necesidad de sacar a concurso en tiempo y forma los contratos de servicios básicos.


* El Día Tenerife- 31.12.10
Foto: Santa Cruz de Tenerife, ayuntamiento - pueblos-espana.org